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Noticias de violencia

09-11-2017 | Fuente: abc.es
Maduro refuerza su control a la oposición con una «ley contra el odio» que prevé penas de 20 años de cárcel
El régimen de Nicolás Maduro ya tiene su «ley contra el odio» para castigar al infractor con penas de hasta 20 años de prisión por delitos de «odio e intolerancia». El control oficial ya no se circunscribe a los medios de comunicación sino a las redes sociales y todo lo que opere con internet. Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente de Maduro, que ha sido cuestionada por la oposición tanto dentro como fuera de Venezuela, anunció la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que va a restringir aún más la libertad de expresión. Esta es la primera ley que lanza la constituyente, integrada solo por chavistas, desde que se instaló en agosto pasado. «Venezuela pone hoy esta Ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia», dijo Rodríguez. Su hermano el ex alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, recién nombrado ministro de Información y Comunicación, va a estrenarse en el cargo con un nuevo instrumento jurídico. El capítulo V, «de las responsabilidades, delitos y sanciones», establece en el artículo 20 que «quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados». En otro artículo, relacionado con los partidos políticos que «promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual (..) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia», se ordena que no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Además, se «revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan» con lo previsto en la ley. De igual manera, se le ordena a esas organizaciones incluir en sus estatutos «la medida preventiva de suspensión» y de «expulsión» de sus militantes si cometieran alguno de los delitos establecidos en la Ley. «En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar tramitar o decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción», fija en ese sentido. Sobre las sanciones, señala que el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra, o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza será sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En el caso de las redes sociales y medios electrónicos, si el mensaje no es retirado dentro de las 6 horas siguientes a su publicación «la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde 150.000 a 100.000 Unidades Tributarias». Eso también «dará a lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que diera lugar». En el artículo siguiente se dispone que los dueños de los medios de radio y televisión que se nieguen a publicar contenidos que promuevan «la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco», deberán pagar multas desde 3% hasta 4% de los ingresos fiscales brutos «causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción».
08-11-2017 | Fuente: elpais.com
Poesía para sacar el dolor de las víctimas de ETA y los GAL
La compañía Proyecto 43-2 cierra con ?Viaje al fin de la noche? su trilogía sobre la violencia en el País Vasco
08-11-2017 | Fuente: abc.es
Los fallos clamorosos que permitieron la masacre en la iglesia de Texas
La masacre del pasado domingo en una iglesia de Sutherland Springs podía haberse evitado. Más allá del debate sobre la facilidad para el acceso a las armas en Estados Unidos, hubo una serie de errores clamorosos que permitieron lo que nunca debió suceder: que Devin Patrick Kelley, de 26 años, se presentara en el templo con un rifle de asalto y acabara a tiros con la vida de 26 feligreses y dejara heridos a otra veintena. 1. Pudo comprar el arma pese a estar condenado Mientras servía en la Fuerza Aérea de EE.UU., Kelley fue condenado en 2012 por un tribunal militar por violencia doméstica contra su mujer y el hijo de esta, por lo que cumplió un año de cárcel y expulsado del cuerpo por mala conducta. Sin embargo, la propia Fuerza Aérea ha reconocido que no incorporó este historial violento a la base de datos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), como era obligatorio, de modo que pudo comprar armas y equipamiento legal de forma legal. La armería que se lo vendió hizo la comprobación pertinente en el registro, sin que sus antecedentes figurasen en él, de modo que el joven pudo realizar la compra sin problemas. «Las informaciones iniciales indican que los delitos de violencia doméstica de Devin Kelley no fueron incluidos en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal» del FBI, ha reconocido una portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek. El secretario de Defensa, Jim Mattis, ha solicitado al inspector general del Pentágono que revise las circunstancias en torno al caso de Kelley para «definir cuál fue el problema» exactamente. Tras la masacre se recuperaron tres armas del vehículo de Kelley, si bien en los últimos cuatro años se había hecho con un total de cuatro. 2. Se fugó de un hospital psiquiátrico El autor del tiroteo en la iglesia texana se fugó de un centro de salud mental tras atacar a su mujer y a su hijo en 2012, según un informe de la Policía. La cadena de televisión KPRC, que ha tenido acceso a una serie de documentos al respecto, ha indicado que Kelley habría escapado del centro, que se encuentra en el estado de Nuevo México, unos cinco años antes de que se produjera la masacre del domingo, según recoge Ep. El informe del Departamento de Policía de El Paso señala que Kelley fue recogido en una parada de autobús a medianoche el 7 de junio de 2012, la noche en que se escapó del centro de salud mental de Santa Teresa, el cual tiene una unidad destinada a miembros de las fuerzas de seguridad y veteranos. Xavier Álvarez, que entonces dirigía los asuntos militares del centro, explicó a los agentes que Kelley, de 21 años, «sufría desórdenes mentales y tenía intención de escaparse de las instalaciones» tras hacerse con un billete de autobús que lo sacara del estado. Asimismo, Alvarez afirmó que Kelley «era un peligro para sí mismo y para los demás» y aseguró que en anteriores ocasiones había intentado hacerse con armas de fuego en la base de la Fuerza Aérea de Holloman, que se encontraba a poca distancia de la estación de autobuses. El documento establece que Kelley «trataba de llevar a cabo actos a cargo con las amenazas de muerte» que había hecho a sus superiores en el Ejército, que fueron quienes solicitaron su internamiento. El centro se encuentra en un área aislada. «En varias ocasiones aseguró que estaba preparándose para correr 20 kilómetros. Así que el día que se escapó le pregunté a Siri a cuánta distancia se encontraba el centro de salud de la estación de Greyhound. La distancia era de 20 kilómetros», ha aseverado Álvarez. Amenazas a su suegra antes de la matanza Las fuerzas de seguridad que investigan el caso consideran que la matanza se produjo entre problemas entre el autor del tiroteo y los padres de su segunda mujer, sin que en apariencia el ataque estuviera motivado por cuestiones raciales o religiosas. En concreto, las autoridades apuntan que Kelley había estado enviando «textos amenazantes» a su suegra, que solía acudir a la iglesia en cuestión, pero que justo el día del ataque no se encontraba en su interior. El autor del tiroteo se había vuelto a casar en abril de 2014, en esta ocasión con una mujer llamada Danielle Shields, cuando él tenía 23 años y ella 19. Problemas para acceder al teléfono móvil Agentes del FBI han reconocido este miércoles que tienen dificultades para acceder al teléfono móvil de Devin Kelley, una prueba que podría descifrar las incógnitas que persisten en relación a este tiroteo masivo. «Desafortunadamente en este momento no podemos ingresar a ese teléfono», lamentó Christopher Combs, agente especial de esta oficina federal a cargo de San Antonio (Texas), en una rueda de prensa enfrente del templo donde se produjo el crimen.
08-11-2017 | Fuente: abc.es
Un estudio expone cómo Los Zetas controlaban a los gobernadores mexicanos
La Universidad de Texas (UT) ha publicado un informe que recoge los relatos de diferentes miembros de Los Zetas en los que detallan cómo la organización criminal sobornaba y extorsionaban a los gobernadores de los estados mexicano de Coahuila y Veracruz. La UT ha recopilado 24 testimonios de testigos en tres juicios entre 2013 y 2016 contra integrantes de Los Zetas en Estados Unidos, donde los criminales explicaron como la organización sobornó y contribuyó en campañas electorales para continuar sus negocios ilegales. Bajo el título: «Control?Sobre Todo el Estado de Coahuila», los testigos describieron en los interrogatorios millonarios sobornos que cobraron los hermanos Moreira, miembros del Partido Revolucionario Institucional y quienes han gobernado esta entidad federativa en la última década. Mientras que Rubén Moreira es el actual gobernador de Coahuila, su hermano Humberto ocupó este puesto hasta el 2011. Ambos han rechazado las informaciones publicadas en el informe y lo han calificado como injusto y mal fundado. Tras analizar las declaraciones que realizaron los testigos, los investigadores de la UT resaltan dos conclusiones principales. En primer lugar, quedan evidenciados los abusos a derechos humanos cometidos por Los Zetas, una poderosa organización de tráfico de drogas con base en México y que se ha diferenciado por ser una de las más sanguinarias que operan en todo el país. Sus operaciones se extienden desde Centroamérica hasta varias ciudades en EE.UU. y su actividad genera millones de dólares de ingresos cada año, destaca el informe. Y la segunda conclusión es el papel, ya sea por acción u omisión, que desempeñaron las instituciones o funcionarios públicos mexicanos al dejarse influenciar por el narcotráfico. Los Zetas han asesinado a decenas de personas en Coahuila y el estudio saca a la luz los fuertes vínculos y pactos que existen entre servidores públicos y la organización criminal. «Muchos funcionarios, incluyendo al ex gobernador y el gobernador actual de Coahuila, aceptaron sobornos para permitirle al cártel operar con impunidad», asegura el informe. Asimismo, los juicios que han analizado los investigadores de la universidad estadounidense subrayan además el carácter transnacional del tráfico de drogas y la violencia que acompaña a este lucrativo negocio ilegal. Por ello, el informe acaba diciendo que, si se quiere poner fin a las violaciones de derechos humanos en México, se requiere voluntad política y, sobre todo, mucha participación de la comunidad internacional.
08-11-2017 | Fuente: abc.es
El político galés que se suicidó por acusaciones de acoso sexual era un azote contra la violencia de género
Carl Sargeant, el político laborista galés de 49 años que se quitó la vida este martes tras ser ser investigado por acoso sexual, estaba casado, tenía dos hijos y vivía desde que nació en la circunscripción que representaba en el Parlamento galés, Alyn and Deeside. Antes de dedicarse a la política trabajó en una planta de fabricación de productos químicos, como auditor de calidad ambiental y bombero industrial. Fue elegido por primera vez como miembro de la Asamblea en 2003 y, tras ascender en apenas unos años, llegó al gabinete del Gobierno galés en diciembre de 2009 como secretario de estado del Gobierno regional en materia de justicia social y gobierno local. También ha desempeñado el cargo de secretario de estado de vivienda y recursos naturales, antes de ser nombrado ministro del gabinete para la Comunidad e Infancia en mayo de 2016. Ese era el cargo que ocupaba hasta que se le apartó hace cinco días al estar investigado por unas supuestas acusaciones de acoso sexual. Hechos que el mismo negaba poco después de conocerse su suspensión y que catalogaba de «falsos». Además había confirmado que volvería a la política tras demostrarse que todo era un «error». Calificó a los agresores de «sociópatas narcisistas» Sargeant fue clave para impulsar una ley más dura contra la violencia de género, instando a las personas a identificar a los responsables, a los que catalogó de «sociópatas narcisistas» en un discurso ante el Parlamento galés en febrero. Descrito por sus colegas de partido como «apasionado», «buen compañero» o «gran persona», encabezó la respuesta del Ejecutivo galés al incendio de la Torre Grenfell en Londres y lideró la acción para garantizar que los bloques de gran altura en Gales fueran lo más seguros posible. El ministro principal galés, Carwyn Jones, le ha descrito en las últimas horas como «amigo y colega», además de asegurar que está profundamente conmocionado por su muerte.
08-11-2017 | Fuente: elpais.com
El PSOE pide investigar cómo responden los jueces a los delitos de agresiones y acoso sexual
1,5 millones de mujeres aseguran haber sufrido violencia sexual en España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015
07-11-2017 | Fuente: as.com
El exfutbolista Báez irá a la cárcel por audio de Whatsapp
El uruguayo que jugó gran parte de su carrera en el Cerro Porteño, fue condenado a cuatro años y seis meses por un delito de incitación a la violencia cometido en 2014
07-11-2017 | Fuente: abc.es
El autor de la matanza en Texas pudo comprar armas de forma legal por la dejadez de la Fuerza Aérea
El autor de la masacre de este domingo en una iglesia de Texas (EE.UU.), Devin Kelley, pudo comprar armas legalmente porque la Fuerza Aérea no introdujo sus antecedentes violentos en un registro del FBI tal y como dictan sus protocolos, reconoció el lunes esta unidad militar. Kelley había sido condenado hace unos años a 12 meses de cárcel por violencia doméstica contra su mujer y el hijo de ella y expulsado de la Fuerza Aérea por mala conducta. Producto de esta condena, Kelley debió ser incluido en un registro del FBI que le hubiese impedido adquirir armas y equipamiento militar de forma legal. «Las informaciones iniciales indican que los delitos de violencia doméstica de Kelley no fueron incluidos en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal» del FBI, reconoció en un comunicado una portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek. Según The Washington Post, Kelley compró varias armas en una armería que comprobó sus antecedentes en susodicho registro antes de vendérselas. Kelley mató este domingo a 26 personas e hirió a otras 20 en una iglesia baptista de Sutherland Springs, una pequeña comunidad rural del centro de Texas. Después se suicidó de un disparo en la cabeza. Las autoridades han confirmado que Kelley perpetró la masacre con un potente rifle semiautomático Ruger AR y vestido con un chaleco antibalas. El Pentágono anunció la apertura de una investigación por la no inclusión de Kelley en el registro del FBI, que también incluirá «la revisión de políticas y procedimientos para garantizar que los datos de otros casos en el Departamento de Defensa se han introducido correctamente».