Infortelecom

Noticias de venezuela

25-06-2018 | Fuente: abc.es
La UE sanciona a los dos vicepresidentes venezolanos y otros nueve altos cargos por represión
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes sancionar a otras once personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han «violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho». La UE amplía así la lista de responsables del Gobierno de Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión. En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas. En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez. También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación. Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE. En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas «selectivas» y «reversibles» que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró «ni libres ni justas». En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios «de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano». La UE también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover «soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población». El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la decisión de la Unión Europea«no excluye en ningún caso la voluntad de diálogo» y aseguró que el Gobierno pondrá «más énfasis» en «intentar encontrar soluciones políticas». «El nuevo Gobierno español va a poner más si cabe el énfasis en la necesidad de encontrar soluciones políticas a la situación en Venezuela que no se van a resolver únicamente a base de sanciones», afirmó en una rueda de prensa durante el consejo de ministros europeos de Exteriores. Caracas rechaza la «agresión» de la UE Sin embargo, el Gobierno venezolano rechazó lo que consideró como una «agresión continuada e injerencista» por parte de la UE y dijo que no aceptará «amenazas». «Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano», según un comunicado de la Cancillería venezolana. El Ministerio de Exteriores venezolano indicó que «es sorprendente la flagrante subordinación» de la UE al Gobierno de Donald Trump y aseguró que «no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales».
25-06-2018 | Fuente: elpais.com
Marruecos, Colombia y Venezuela lideran las migraciones a España
La población residente creció en 2017 por segundo año consecutivo, según el INE
25-06-2018 | Fuente: abc.es
Huelga indefinida de enfermeras en los hospitales de Caracas
La salud y la educación universitaria en Venezuela convocaron un paro laboral. El primer sector es con carácter indefinido y el segundo es por dos días, que puede ser el comienzo de una huelga general y nacional que arrinconaría al régimen de Nicolás Maduro tras más de un mes de haber sido reelegido en su cargo. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, fue la primera al convocar el paro gremial sanitario en Caracas de sus 19 hospitales públicos, llamando a que todos los sectores profesionales y gremiales del país se sumen a la causa. El motivo es protestar lo poco que decretó Maduro la semana pasada como incremento del salario mínimo del 103% (5.196.000 bolívares igual a 1,57 dólares al cambio de 3.300.000 en el paralelo) para los funcionarios civiles de la administración pública, cuando para la tropa de soldados y suboficiales de sargento y cabo el incremento fue de 2.400 % (17.000.000 bolívares igual a 5,15 dólares). El sector universitario también se suma a la protesta de los bajos salarios que ha motivado la deserción del 60% de los estudiantes y profesores de las 45 universidades nacionales, engrosando las filas de la diáspora venezolana de casi cuatro millones de técnicos y profesionales que han emigrado en masa en los últimos años. La presidente del gremio de enfermeras considera que Maduro se ha burlado con los trabajadores de la salud al aumentarles solo el 103%. «Maduro está divorciado con la realidad del país que vive una hiperinflación galopante de 13.000%, según el FMI, desde hace 10 meses». También le dio a Maduro un ultimátum: «Si no nos ajusta el salario, entonces vamos a renunciar de manera colectiva o masiva». En Venezuela hay un total de 300 hospitales públicos y 241 dependen del Ministerio de Salud, el resto está vinculado al Seguro Social y Sanidad Militar. El servicio es gratuito, pero los pacientes deben llevar todos los insumos médicos. Ningún centro se ha salvado de la crisis hospitalaria. Deterioro de los hospitales Las graves aristas del deterioro progresivo de los centros públicos siguen siendo la infraestructura, en mayor grado la escasez de medicamentos, insumos y equipos médicos, inseguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos y el deterioro de los sistemas eléctricos, ascensores y aire acondicionado, esto último es vital en quirófanos y terapia intensiva. La gremialista Contreras señala que con Maduro «seguimos trabajando con las uñas. Muchas veces pagamos de nuestro bolsillo las inyectadoras porque no hay en los hospitales. No tenemos material médico quirúrgico para trabajar. Y el personal paramédico ha emigrado al exterior». El político Andrés Velásquez, de la Causa R, integrante de la alianza opositora MUD, califica la crisis de «tragedia social agravada y continuada». Dice que el país requiere de soluciones urgentes para atender la emergencia de hambre y de salud. «Los servicios públicos han colapsado. Maduro no puede seguir gobernando, sólo puede arruinar. Es necesario convocar un gran paro nacional contra la tragedia que nos agobia». Este es apenas el comienzo del conflicto laboral. El régimen de Maduro debe enfrentar la crisis y tiene pocos chances de reemplazar al paro de las enfermeras en los hospitales, por lo que el impacto sería serio y grave para los venezolanos, que ya de por si sufren los embates del 90% de desabastecimiento de medicinas y material médico.
24-06-2018 | Fuente: elpais.com
Venezuela, las penurias de un país que se queda sin autobuses
La grave crisis económica ha golpeado el transporte público y han empezado a proliferar las ?perreras?, vehículos de todo tipo que operan en condiciones de riesgo
23-06-2018 | Fuente: abc.es
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros cabecillas de las bandas criminales que componen la cúpula del régimen socialista bolivariano de Venezuela están desde ayer un poco más cerca de un banquillo de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI). La cúpula de la dictadura fue acusada en Ginebra de graves crímenes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra?ad al Hussein. Este pidió a la CPI que «se implique» en la investigación de gravísimos casos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que se cometen con «impunidad generalizada» contra la población. El informe relata diversas prácticas criminales habituales por parte de policía, grupos parapoliciales y militares y documenta ejecuciones sumarias, asesinato de reclusos, torturas y tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y prácticas para aterrorizar a la población civil. Lentamente se acumulan los cargos por los que es de esperar que algún día habrán de responder Maduro y sus cómplices por haber sojuzgado, destruido y saqueado Venezuela en una labor de devastación prácticamente sin parangón en la historia. Estas denuncias son también un mensaje a unas Fuerzas Armadas cómplices, algunos de cuyos mandos podrían evitar compartir la suerte de Maduro si colaboran para acabar con la pesadilla del socialismo chavista. Ni el régimen cubano fue tan devastador en tan poco tiempo. En tres lustros ha llevado al país más rico de Iberoamérica, con las mayores reservas de petróleo del mundo, a niveles de miseria de Haití. Para ello ha contado con una especial colaboración de políticos comunistas españoles. Es de desear que cuando caiga el régimen y Maduro y sus sicarios se sienten en el banquillo en La Haya les acompañen sus cómplices españoles que, a cambio de paquetes de dólares, ayudaron a sembrar terror, hambre y muerte en aquel querido país hermano.
23-06-2018 | Fuente: abc.es
La ONU denuncia los asesinatos y torturas impunes en Venezuela
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estrechó este viernes, aún más, el cerco sobre el régimen de Venezuela. En un informe demoledor, urge tanto al Gobierno de Nicolás Maduro como a la comunidad internacional a tomar «medidas inmediatas» ante las «graves violaciones de los derechos humanos» por las autoridades bolivarianas, entre las que incluye desde homicidios a torturas, pasando por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias y malos tratos. A ello suma la negativa del Gobierno a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria en el país y a adoptar reformas para atajar la crisis económica y social. «Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia» aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra?ad Al Hussein, en un comunicado. Así mismo, Al Hussein recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre Venezuela. La Fiscalía de la CPI ya abrió el pasado febrero un «examen preliminar» sobre la situación en Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por la Policía en las protestas contra el régimen y los «graves abusos» cometidos sobre los detenidos. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó a finales del pasado mes de mayo que existen indicios suficientes para llevar al propio Maduro ante la Corte, con sede en La Haya, por crímenes de lesa humanidad. El pronunciamiento ahora de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pone al día las violaciones de derechos humanos que ya había denunciado en un informe anterior sobre Venezuela en agosto de 2017. Testimonios «impactantes» Entonces se centró en el uso excesivo de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas, y en este caso documenta también testimonios «creíbles e impactantes» sobre ejecuciones extrajudiciales en el curso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), presuntas actuaciones contra el crimen desde 2015. El informe apunta que entre julio de 2015 y marzo de 2017, la Fiscalía General venezolana registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad, que según testimonios seguían un patrón: incursiones en barrios pobres para detener «criminales» sin orden judicial, muerte de jóvenes que correspondían a cierto perfil, en ocasiones en sus propios hogares, y manipulación del escenario de los hechos para simular que las muertes habían sido fruto de intercambios de disparos. De acuerdo con el informe, las autoridades «no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad». Tampoco pasa por alto los comicios presidenciales del 20 de mayo, en los que salió reelegido Nicolás Maduro y en los cuales, señala la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, «dos importantes partidos de oposición habían sido inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos de oposición, había sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia». El alto comisionado para los derechos humanos insta al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a «tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro» de la situación de los derechos humanos, que califica de «sombría». «Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia», advirtió Zeid Ra?ad Al Hussein. El Gobierno de Maduro rechazó anoche el informe por considerarlo «arbitrario» y emplear, a su juicio, una «metodología altamente cuestionable».
22-06-2018 | Fuente: abc.es
España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del venezolano Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para su enjuiciamiento por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los hechos por los que Rafael Reiter es reclamado por Estados Unidos para su enjuiciamiento se produjeron entre 2011 y 2013. Según la acusación que pesa sobre él, en esos años se asoció con un grupo de funcionarios de alto nivel de la petrolera para solicitar sobornos a vendedores y empresas que hacían negocio con ésta a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y cobro en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana. Blanqueo inmobiliario Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas mediante una serie de complejas transacciones financieras internacionales y, en algunos casos, con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre las empresas afectadas por esta práctica delictiva figuran algunas radicadas en el estado de Texas. El reclamado fue detenido en Madrid el 27 de octubre de 2017 junto a un ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez y tres antiguos directivos de empresas públicas venezolanas y está actualmente en prisión provisional. Reiter forma parte de un grupo de ciudadanos venezolanos detenidos a comienzos por la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial acusados de blanquear grandes cantidades de dinero en España procedentes de la petrolera Pdvsa, que fue quien denunció los hechos. Entre los arrestados se encontraba también José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, envuelto en ese país en un proceso judicial relacionado con las mismas actividades delictivas.
22-06-2018 | Fuente: abc.es
La ONU pide a la Corte Penal Internacional que se «implique» más contra los abusos en Venezuela
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha publicado este viernes un nuevo informe sobre Venezuela, en el que denuncia cientos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad y la «impunidad» con que se cometen, al tiempo que denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ignora la magnitud de la «crisis alimentaria» en el país, donde la mayoría sufre «pobreza extrema». En este sentido, Zeid Ra'ad al Hussein, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomienda que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la inacción del Estado. «Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado. El documento, titulado «Violaciones de los Derechos Humanos en la Republica Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin», es el segundo informe a distancia sobre la situación en Venezuela que publica la Oficina de Alto Comisionado, después del publicado en agosto del pasado año. En el informe, denuncia la «impunidad» que reina en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad llevan años supuestamente cometiendo abusos sin que el Estado rinda cuentas por ello. La Oficina del Alto Comisionado subraya que las autoridades venezolanas no detiene a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen asesinatos, uso excesivo de la fuerz contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. Con este nuevo documento, la ONU pone al día las denuncias de violaciones realizadas en agosto, en aquella ocasión centrado en el uso excesivo de la fuerza y supuestos asesinatos extrajudiciales en el contexto de las manifestaciones. Ahora pone el foco en informes convincentes e impactantes de asesinatos extrajudiciales en el transcurso de supuesetas operaciones contra el crimen llevadas a cabo desde 2015, llamadas de Liberación del Pueblo (OLP). Desde julio de 2015 a marzo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega, había registrado el asesinato de 505 personas por las fuerzas de seguridad en esas operaciones, indica el informe de la ONU. De acuerdo con testimonios que menciona, el patrón que se repite consiste en incursiones en barrios pobres para detener ?criminales? sin orden judicial; el asesinato de jóvenes que encajan en el perfile, en algunos casos en sus propias casas, y finalmente alteración del escenario de los hechos para que los asesinatos parezcan haber ocurrido en un intercambio de fuego. «El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela», afirmó en el comunicado Zeid Ra'ad Al Hussein. «Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar», añadió.
22-06-2018 | Fuente: elpais.com
La ONU pide investigar ?las graves violaciones de los derechos humanos? en Venezuela
Naciones Unidos publica un informe en el que denuncia homicidios, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad
21-06-2018 | Fuente: abc.es
Maduro aumenta los salarios para compensar la hiperinflación
En menos de un mes el presidente Nicolás Maduro tuvo que decretar un aumento del salario mínimo integral de 5.196.000 bolívares (2 dólares al cambio paralelo) del 103% y de 4.200.000 bolívares igual a 200% para las pensiones y jubilaciones porque la hiperinflación se tragó el ajuste anterior. La locura que vive Venezuela con la hiperinflación ha superado todos los pronósticos hechos por el Fondo Monetario Internacional de 13.000% para este año. Pues el índice anualizado va por 25.000% según la Asamblea Nacional que proyecta una inflación de 200.000% para este año. El Parlamento ha informado que la inflación de mayo fue de 100% y la de junio será de 200% por el incremento salarial. Estas cifras alucinantes y sin precedentes en la historia de Venezuela y de América Latina ha obligado a Maduro a hacer un ajuste en el salario mínimo integral (incluye el básico más el cesta ticket o food stamp) y las pensiones que se han quedo rezagados ante el acelerado incremento de los precios, de un día para otro. Antes del 20 de mayo, Maduro incrementó el salario básico y ofreció un bono electoral para los que fueran a votar por él, sin embargo, se quedó corto porque en menos de un mes tuvo que lanzar otro aumento duplicando el anterior porque la hiperinflación, que él mismo ha causado, no lo perdona. Los ajustes galopantes que van en dos bandas, la salarial y la de los precios de consumo, no dan tiempo de asimilar porque no son sincronizados. El incremento de los precios va más rápido que el de los salarios, lo que ha irritado a los venezolanos que han salido a la calle a protestar. Ayer miércoles los trabajadores sanitarios de Portuguesa, situado al centro de Venezuela, de la Misión Barrio Adentro, regentado por los médicos cubanos, protestaron el ajuste salarios decretado porque no les alcanza para comprar comida ni medicinas. Pero en Caracas los trabajadores sanitarios protestaron en las puertas del Ministerio de la Salud, que dirige Luis López, para manifestar su descontento con sus bajos salarios y exigir un aumento salarial acorde con la inflación real, que el régimen de Maduro no reconoce. Los médicos expresan su descontento con la gestión del ministro de Salud, Luis López, y piden su renuncia. El decreto del incremento fue anunciado por Maduro durante un acto con motivo de la clausura del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Maduro explicó que el nuevo monto que recibirán los pensionados será de 3.000.000 bolívares más el bono de guerra económica el cual asciende de 400.000 a 1.200.000 bolívares (cambio paralelo de 2.600.000 bolívares). El 19 de junio, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas FVM) señaló que, en mayo, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 220.138.620,81 bolívares (84,66 dólares). Es decir, se requerirían al menos 42 salarios mínimos integral al mes para poder cubrir la Canasta. El nuevo salario mínimo integral alcanzaría para adquirir un kilo de café, que de acuerdo con el Cendas, se ubica en 4.531.891 bolívares, y un kilo de azúcar, cuyo precio registrado a finales de mayo fue de 642.878 bolívares, en promedio. Algunos precios establecidos en el mercado en cuanto a los rubros de la Canasta Alimentaria Familiar son: el bistec, en 4.549.265 bolívares; el kilo de pollo, en 2.045.312 bolívares; la margarina, en 1.052.833,33 y el kilo de queso blanco que se sitúa en 2.289.000 aproximadamente.
1
...