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Noticias de terrorismo

12-06-2020 | Fuente: abc.es
Trump autoriza sanciones a la CPI por investigar al Ejército de EE.UU.
La Administración Trump está en guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI) y este jueves dio un paso más con la autorización de sanciones a miembros del organismo. EE.UU. no forma parte del tribunal ?creado en 1998 para el procesamiento de crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad?, pero está bajo investigación por su papel en la guerra de Afganistán, en la que está involucrado desde 2003. El pasado marzo, el CPI autorizó a su fiscal general, Fatou Bensouda, abrir investigaciones al Ejército de EE.UU., la CIA, el Ejército de Afganistán y los grupos talibanes. Este jueves Donald Trump firmó una orden ejecutiva que «autoriza la imposición de sanciones contra autoridades de la Corte Penal Internacional involucrados de forma directa con la investigación de personal militar de EE.UU.» y permite la «expansión de restricciones a visados» contra miembros de la CPI y sus familiares, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Kaileigh McEnany. A Bensouda ya se le retiró en abril su visado. «No nos alegra castigarles», aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. «Pero no podemos permitir a las autoridades de la CPI que vengan a EE.UU. de compras, de viaje o a disfrutar de las libertades estadounidenses mientras esas mismas personas busca perseguir a los defensores de esas libertades». «Corrupción y malas prácticas» El Gobierno de Trump contraatacará además con una investigación contra la CPI por corrupción y exceder sus funciones. Las sanciones, aseguró el fiscal general, William Barr, «son un primer paso en la rendición de cuentas de la CPI por excederse en su mandato y violar la soberanía de EE.UU.». «El Gobierno de EE.UU. tiene razones para dudar de la honestidad de la CPI», añadió. «El Departamento de Justicia ha recibido informaciones sustanciales y creíbles que levantan preocupaciones serias sobre una larga historia de corrupción financiera y malas prácticas en la oficina de su fiscalía», defendió Barr, que no dio detalles de esas pruebas. Pompeo también criticó que la CPI abriera en diciembre una investigación por posibles crímenes del Ejército de Israel y las fuerzas de Palestina, lo que calificó de «intento de poner a Israel en el punto de mira por razones políticas». A su vez, advirtió a los socios de EE.UU.: «Los próximos podéis ser vosotros, especialmente aquellos países de la OTAN que han luchado contra el terrorismo en Afganistán a nuestro lado».
11-06-2020 | Fuente: abc.es
Las consecuencias del Covid-19 provocarán un ««importante» retroceso de la paz en el mundo
No son buenos tiempos para la paz mundial, y parece que en un futuro próximo esta tendencia no va a mejorar. En 2020 el nivel de paz mundial se deterioró por novena vez en doce años. Así lo certifica el informe anual del Índice de Paz Global (IPG) que elabora el Institute for Economics & Peace (IEP) desde 2007 y que fue hecho público ayer. «Hubo una ligera disminución en la paz de manera global, con un deterioro en 80 países [de un total de 163 países], y la calificación promedio de los países se deterioró en un 0,34 por ciento», explica a ABC S erge Stroobants, director de Europa y MENA (Norte de África y Oriente Próximo) del Instituto. «El principal impulsor de este deterioro fue una caída en el indicador de Seguridad y Protección, así como un deterioro menor en el indicador de conflictos continuos». También han contribuido a este empeoramiento, según Stroobants, «que el nivel de terror político, la intensidad del conflicto interno y los indicadores de refugiados y desplazados internos tuvieron el mayor deterioro». El IEP, un centro de investigación internacional e independiente, presenta cada año un análisis acerca de la paz, su valor económico, tendencias y cómo desarrollar sociedades pacíficas. El informe cubre el 99,7% de la población mundial, y utiliza 23 indicadores que se agrupan en tres dominios principales: Conflictos continuos, Seguridad y Militarización. Un año marcado por las protestas Según el último informe, y aunque sus niveles de paz han empeorado, Europa sigue siendo la región más pacífica. Lidera el ránking como ya es habitual Islandia, seguida por Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca. Según el informe, 16 países europeos han mejorado su puntuación -entre ellos se encuentra España, que sube del puesto 39 al 38- respecto a 2019. Su empeoramiento se debe, sin embargo, al incremento de las protestas internas, como ha sido el caso, por distintos motivos, de Polonia, Hungría, Rumania y Francia. «El aumento de los disturbios civiles está surgiendo como un factor de riesgo futuro clave, con disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales aumentando sustancialmente desde 2011», señala el documento. Si bien las protestas en Europa no fueron de carácter violento, no sucedió lo mismo en otros puntos del planeta, como Hong Kong y Chile. Es precisamente la región de Latinoamérica la que sufre el mayor empeoramiento en los índices de paz del mundo, debido a un incremento de las muertes en conflictos internos así como un empeoramiento de los índices de terror político, a lo que hay que añadir el aumento de los desplazamientos de refugiados. «A medida que los conflictos a largo plazo han disminuido, los conflictos internos en algunos países, especialmente en América Latina, se han incrementado con el aumento de las protestas, lo que lleva a una mayor represión por parte de los gobiernos -señala Stroobants-. Aunque los conflictos en el Medio Oriente han comenzado a disminuir, estamos viendo mayores tensiones políticas e inestabilidad en otras partes», reconoce. Según el informe, el número de manifestaciones violentas aumentó en un 282% de 2011 a 2019 (en este último año al menos 60 países sufrieron una protesta violenta). «En América del Sur, en particular, hemos visto manifestaciones notables y disturbios civiles en Chile y Venezuela en los últimos años». Este empeoramiento queda reflejado en que tres de los cinco países que bajan más puestos en el IPG pertenecen precisamente a esta región, como es el caso de Nicaragua, que tras la gran caída del año pasado debida a las protestas de abril de 2018, vuelve a descender 15 puestos, situándose en el número 135, de un total de 163 países; le sigue Venezuela, que baja al puesto 149; y Chile, que sufre la caída más notable, al descender 17 puestos, lo que le sigue situando, sin embargo, en el primer tercio de la tabla al ocupar el puesto número 45. Cinco millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años - ACNUR El mayor deterioro de todos lo sufre el país africano Benin, que desciende 35 puestos (baja al número 106) debido a la inestabilidad política y las protestas. Este dato confirma la realidad de lo que sucede en el norte de ese continente que junto a Oriente Próximo son las regiones menos pacíficas por sexto año consecutivo. Afganistán sigue en el último lugar de la tabla, una posición que ha ocupado durante dos años, seguido de Siria, Irak y Sudán del Sur. Solo dos regiones del planeta mejorarían su índice de paz: América del Norte y Rusia y Euroasia. A esta precisamente pertenecen países como Azerbayán y Armenia, que son los que más ascienden en la tabla, doce y quince puestos, respectivamente, pese a encontrarse muy por debajo de la media (120 y 99, respectivamente). Militarización Uno de los indicadores de paz mundial que mejoraron en este último año, según el IPG, fue el de militarización que lo hace en un 4,4% desde 2008. Sin embargo, empeora en lo referente al gasto militar, al incrementarse por primera vez en cinco años. «Aunque el gasto militar en efecto aumentó ligeramente, disminuyeron tanto las importaciones como las exportaciones de armas, y mejoró el apoyo a la financiación de mantenimiento de la paz de la ONU -argumenta optimista Stroobants-. Esta es la continuación de una tendencia a más largo plazo, que ha visto caer tanto la tasa de las fuerzas armadas como el gasto militar casi de manera continuada durante la última década». En el ránking de militarización, el país con menor inversión militar vuelve a ser Islandia, que ocupa el primer puesto, mientras que Israel repite en el número 163, seguido de Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos. Terrorismo y homicidios Otros indicadores que mejoran en el Índice de Paz Gloal de este año son los relativos a terrorismo y homicidios en el mundo. Segun el último informe, la cifra de muertos por terrorismo también sigue disminuyendo, situándose en 15.952, muy lejos de las 33.555 que fueron contabilizados hace cinco años. Lo mismo sucede con la tasa de homicidios, un indicador que mejora en 57 países, mientras que empeora en 42. En El Salvador, el país con mayor número de homicidios por cada 100.000 personas, la tasa de homicidios disminuyó en un 25%. Impacto económico de la violencia Por segundo año consecutivo, el impacto económico de la violencia se reduce, situándose el coste en 14.500 billones de dólares, es decir, el 10,6% del PIB mundial. Esa cifra supone un descenso del 0,2% respecto al año anterior, esto es, 29.000 millones de dólares. Esta reducción es consecuencia del descenso de muertes causadas por conflictos armados (que cayeron un 29%), especialmente en las regiones de Oriente Próximo y del Norte de África. También contribuye a esta caída, la reducción del impacto económico del terrorismo, que cayó un 48% entre 2018 y 2019. Las consecuencias del Covid-19 y cómo afrontarlas Junto al informe sobre el Índice de Paz Global, el IEP ha realizado una proyección de cómo va a afectar la crisis del coronavirus a la paz mundial. El resultado no es nada optimista y puede suponer un grave retroceso. Según el IEP, el Covid-19 está impactando de forma negativa en todo el mundo, «con las naciones estando cada vez más polarizadas en su capacidad de mantener la paz y la seguridad. Esto revela el potencial del virus para anular años de desarrollo socio-económico, exacerbar las crisis humanitarias y agravar e instar a conflictos y malestar».   El IEP identifica el impacto económico de los confinamientos como una amenaza importante para la paz, derivado de la gran pérdida de empleos. Las reducciones de la ayuda interna se espera que contraigan las economías de la OCDE, desestabilizando a los países frágiles y afectados por los conflictos. Los gobiernos más estables no serán tampoco ajenos a las presiones a la hora de dar una respuesta adecuada a las carencias y problemas provocados por la crisis del Covid-19. «El aumento de la inestabilidad política se espera que se produzca en Europa, con previsión de aumento de los levantamientos y huelgas generales», indica el documento. A esto se suma las ya existentes tensiones entre Estados Unidos y China, y la fricción dentro de las organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Seguridad de la ONU. Para Stroobants, la pandemia «definitivamente» tiene el potencial de ser un factor importante a la hora de deteriorar el índice de paz mundial. «Aunque hubo una caída inicial en los disturbios civiles durante las primeras etapas de la pandemia, hemos visto un aumento de las manifestaciones violentas en las últimas semanas, especialmente en los Estados Unidos. A medida que las ramificaciones económicas de la pandemia y los confinamientos posteriores se manifiesten por completo en los próximos meses, la probabilidad de nuevos disturbios civiles solo aumentará». En cuánto a qué países están más preparados para afrontar la consecuencias de la crisis del Covid-19, el director de Europa y MENA del IEP opina que aquellos que tienen «economías fuertes, bajos niveles de endeudamiento y una menor dependencia de las importaciones y exportaciones» serán los que estén mejor situados «para regresar más rápido a los niveles de crecimiento económico previos a la pandemia, aunque esto no garantiza la recuperación económica. También se necesitarán altos niveles de Paz positiva (las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas)», explica. Y considera que «la resiliencia» es un factor clave que permitirá a las sociedades «hacer los sacrificios necesarios para volver a la normalidad». Finalmente, le preguntamos sobre las capacidades de España para gestionar la etapa post-pandemia: «Hay tres dimensiones en las que se analiza un país en términos de su capacidad para recuperarse de los cierres de emergencia. Son el económico, el control soberano y la resiliencia social. Cuando los tres se agrupan, España se encuentra a la mitad de los 42 países analizados. Sin embargo, es baja en la dimensión económica», concluye. Cambio climático Las presiones medioambientales continúan afectado negativamente a la paz. El Registro de Amenazas Ecológicas de IEP indica que el 27% de los países afrontarán presiones catastróficas en el agua y el 22%, presiones catastróficas en los alimentos para 2050.   El informe también indica que hubo unos 2.260 millones de personas viviendo en zonas con alta o muy alta exposición a los peligros climáticos en 2019, con 1.240 millones de estas personas ya viviendo en países con bajos niveles de paz. Para 2050 el cambio climático generará hasta 143 millones de migrantes globalmente, especialmente en el África subsahariana (86 millones), Sur de Asia (40 millones) y Latinoamérica (17 millones).
10-06-2020 | Fuente: abc.es
Guaidó denuncia que el avión del rebelde libio Khalifa Haftar aterrizó en Venezuela
El presidente interino, Juan Guaidó, denunció la presencia del avión del jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio (ENL) en Venezuela, Khalifa Haftar, que estaría siendo protegido y financiado por el régimen de Nicolás Maduro con el contrabando del oro. El Avión P4-RMA, utilizado por el militar libio, que comanda la ofensiva contra el Gobierno de unidad nacional en Libia, aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, a 25 kilómetros de Caracas, este domingo, según informaron medios locales. El jet del general libio, un Falcon 900 partió desde el aeropuerto internacional de Nuakchot, de la capital de Mauritania en el continente africano, directamente hacia territorio venezolano. Guaidó quiso alertar a la comunidad internacional sobre la extraña presencia del militar libio, considerado como el hombre fuerte del extinto dictador Muamar Gadafi. Denunció el «financiamiento directo e indirecto» que el régimen de Maduro hace al terrorismo mundial a través del oro de sangre, con el cual han generado una herida en el Arco Minero de Venezuela, ubicado en el estado Bolívar, al sur del país. Captura del rastreador Flight Radar24«Desde Venezuela, ha habido intentos de generar desestabilización en algunos países de la región. Levanto estas banderas de alerta porque tiene que ver con cada una de las naciones de la región», añadió el también presidente de la Asamblea Nacional al resaltar que «no es poco» lo que se puede hacer desde los Parlamentos de Latinoamérica, «no es poco» levantar las voces ante las injusticias. Además, el líder opositor volvió a denunciar la presunta ayuda de Maduro a la guerrilla colombiana del ELN y a las disidencias de las FARC, así como sus lazos con Irán, indicando que en los últimos dos meses han llegado hasta 17 vuelos iraníes a Venezuela. Detenciones The Wall Street Journal informó en abril pasado que Estados Unidos y otras potencias están investigando los supuestos esfuerzos del líder de la milicia libia Khalifa Haftar para recaudar fondos a través de acuerdos petrolero s con corredores emiratíes y el régimen de Venezuela, de acuerdo a funcionarios estadounidenses, europeos y libios. «EE.UU. también ha comenzado a analizar un viaje que Haftar pudo haber hecho a Caracas en lo que algunos funcionarios dicen que fue un esfuerzo para negociar acuerdos de petróleo y combustible. Venezuela, que está sujeta a amplias sanciones de EE.UU, está luchando por vender su petróleo crudo e importar la gasolina y otros productos derivados del petróleo que necesita para abastecer al país», señaló el artículo. El avión privado del mariscal libio estuvo en Caracas, la capital de Venezuela el 24 de abril, según el rastreador Flight Radar24. Y por segunda vez el pasado domingo. Ese mismo día, cuando aterrizaba el Falcon 900 de Haftar, la contrainteligencia militar venezolana (Dgcim) se llevó detenidos a los controladores aéreos Derbys Rodríguez y Oriana Rojas, que trabajan en la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, sin explicación alguna y luego fueron presentados a los tribunales. Al día siguiente, el lunes, un tercer controlador aéreo, Albert Brache, también fue detenido y presentado a tribunales.
09-06-2020 | Fuente: abc.es
La revuelta de Hong Kong cumple un año amenazada por la ley de seguridad china
Aquel día no se sabía pero, hace justo un año, estalló en Hong Kong la revuelta más peligrosa para el autoritario régimen chino desde de las protestas de Tiananmen en 1989. Aquel domingo 9 de junio, se calcula que un millón de personas inundaron las calles de Hong Kong para manifestarse contra la ley de extradición a China, que consideraban una pérdida de su libertad y autonomía judicial frente a Pekín. Como otros grandes acontecimientos de la Historia, ha hecho falta todo un año para ver con perspectiva la trascendencia de aquella gigantesca marcha. Su asistencia doblaba a la que, hasta entonces, había sido la manifestación más multitudinaria vivida en esta antigua colonia británica: la del 1 de julio de 2003 contra el primer intento chino de imponer una ley de seguridad nacional. Pero, al siguiente domingo, 16 de junio, volvió a quedarse pequeña cuando tomaron las calles dos millones de hongkoneses. Lo que ocurrió durante esa semana, y sobre todo lo que no sucedió, cambió para siempre el destino de esta ciudad y, probablemente, del régimen chino. Pero todavía nos hace falta más tiempo para verlo con su justa perspectiva y comprobar sus consecuencias. Tras aquella manifestación, que mostraba el enorme rechazo social a la ley de extradición a China, grupos de jóvenes acamparon alrededor del Parlamento local (Legco) para sitiarlo e impedir su debate el miércoles, 12 de junio. A pesar de esta fuerte oposición, el Gobierno siguió adelante con sus planes de celebrar la sesión parlamentaria ese día. Finalmente, no pudo hacerlo por la batalla campal que se desató alrededor del edificio entre miles de manifestantes, la mayoría jóvenes pertrechados con máscaras y gafas de protección, y los antidisturbios, que les dispararon gases lacrimógenos y se emplearon con contundencia durante toda la tarde para dispersarlos. Desde la «Revuelta de los Paraguas» en el otoño de 2014 no se veían tales enfrentamientos en Hong Kong, que siempre había sido una de las ciudades más cívicas y pacíficas del planeta. Junto al malestar general por la ley de extradición, la indignación por la actuación policial levantó a buena parte de la sociedad. Aunque muchos denunciaron la brutalidad de las cargas de los antidisturbios, distaron mucho de lo que solemos ver en Europa o, estos últimas días, en Estados Unidos. Pero los civilizados hongkoneses se rebelaron contra aquella violencia que, solo dos meses después, iba a ser habitual en la ciudad. Cadena de errores Con otra manifestación convocada para el domingo, la jefa ejecutiva del Gobierno local, Carrie Lam, compareció de urgencia la tarde anterior para hacer un anuncio importante. Tras tragarnos los gases lacrimógenos del miércoles y ver el mayoritario rechazo a la ley que había en Hong Kong, todos los periodistas que acudimos a aquella rueda de prensa pensábamos que iba a retirarla. Como en 2003, fin del proyecto de ley y se acabó el problema. Pero, en lugar de retirarla, lo que hizo Lam fue suspenderla, en el primero de una cadena de errores que se han ido agrandando como una bola de nieve hasta la deteriorada situación actual, con el diálogo roto entre el Gobierno y la oposición y la sociedad polarizada a extremos cada vez más radicales. Aunque Lam insistió en que la suspensión de la ley equivalía a su retirada, pues ya no se podría tramitar, su testarudez encendió aún más los ánimos. Al día siguiente se manifestaron dos millones de personas no solo contra la ley de extradición, sino pidiendo una investigación de la fuerza policial, la dimisión de la jefa ejecutiva y, lo más importante, el sufragio universal. Apagada desde el fracaso de la «Revuelta de los Paraguas» en 2014, dicha demanda volvía con fuerza y convertía en una lucha política lo que hasta entonces había sido una protesta contra una ley. La cerrazón del régimen chino fue respondida con una efervescente agitación social en forma de concentraciones, marchas y cercos al Parlamento, a sedes gubernamentales e incluso a la comisaría central de Policía. Jugando su baza como capital financiera de Asia, los manifestantes hasta pidieron ayuda a las democracias del G-20, que a finales de junio se reunía en la ciudad japonesa de Osaka. Aunque su llamamiento planeó sobre el encuentro, la guerra comercial entre Estados Unidos y China monopolizó la cumbre y Trump prefirió acordar una tregua con Xi Jinping en lugar de sacarle los colores por Hong Kong. Un grupo de antidisturbios intenta contener las protestas del 9 de junio de 2019 - AFP Por el sufragio universal Con los manifestantes quejándose de que nadie les hacía caso porque eran «demasiado pacíficos», era solo cuestión de tiempo que la violencia estallara. Y así lo hizo el 1 de julio, durante el aniversario de la devolución a China por parte del Reino Unido, cuando miles de jóvenes asaltaron el Parlamento como si fuera la Toma de La Bastilla. Con la duda de saber si la Policía lo permitió para socavar la imagen pacífica que cultivaba el movimiento democrático, ni siquiera los destrozos que causaron les valieron la repulsa de la sociedad. En lugar de rechazar el vandalismo, muchos hongkoneses entendieron y hasta disculparon a los manifestantes. Desde entonces, la violencia se propagó con enfrentamientos cada fin de semana con los antidisturbios y hasta entre partidarios y contrarios al régimen chino, como se vio en el brutal ataque de las triadas a los manifestantes de Yuen Long el 21 de julio. Cuando la jefa ejecutiva retiró finalmente la ley de extradición en septiembre, ya era tarde. Como le recordaron las continuadas protestas, la lucha era por el sufragio universal para elegir su cargo, hasta ahora designado por un comité afín a Pekín. Tras los graves disturbios en el Día Nacional de China, que aguaron al régimen su 70º aniversario, y las batallas campales en las universidades y la politécnica, la oposición demócrata arrasó en las elecciones municipales a los consejos de distrito en noviembre. Su victoria abrió una tregua que se rompió en Navidad y que solo pudo imponerse cuando la epidemia del coronavirus paró la ciudad. La ley de seguridad Pero el control de la enfermedad y los planes de Pekín de imponer una ley de seguridad nacional sin pasar por el Parlamento local han reactivado durante el último mes las protestas. Con dicha ley, el régimen del Partido Comunista penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras. Debido a su carácter autoritario, muchos temen que la use la use para aplastar la revuelta, silenciar a los activistas políticos como hace en el continente y recortar las libertades de Hong Kong, mayores que en el resto del país. Pero la batalla no ha terminado un año después de aquella masiva manifestación del 9 de junio. Además de recordar con concentraciones callejeras el aniversario de esta «Segunda Revuelta de los Paraguas», los sindicatos y grupos estudiantiles han convocado este domingo un referéndum popular sobre la celebración de una huelga general para presionar al Gobierno. Reviviendo los tiempos de la Guerra Fría, la Casa Blanca ha amenazado con retirarle a la ciudad su trato comercial como castigo al régimen chino, pero también dañará a la economía local. Con más de 8.300 detenidos y dos muertos en este año convulso y la economía hundida, primero por las protestas y luego por el coronavirus, Hong Kong se prepara para otro «verano caliente».
07-06-2020 | Fuente: abc.es
El Supremo de Maduro asume las competencias para nombrar al poder electoral
Otra autoridad electoral a su medida. El régimen de Nicolás Maduro se prepara para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar elecciones legislativas antes de diciembre ?corresponde este año renovar el poder legislativo para un nuevo periodo de cinco años?, lo que ha sido rechazado por inconstitucional por la oposición que lidera el presidente interino y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Hace un mes, Maduro dio la orden de convocar unas nuevas elecciones parlamentarias para desbancar finalmente a Guaidó y a los opositores, que son mayoría en la Cámara, y así poder recuperar el control de la misma. El procedimiento utilizado por el chavismo es manipulador y violador de la Constitución nacional. En primer lugar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el brazo jurídico del régimen, ratificó al usurpador Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, despojando a Juan Guaidó del cargo, y luego a traves de la sentencia N° 0068-2020 de la Sala Constitucional ordenó asumir el desarrollo normativo al Consejo Nacional Electoral y declaró «omisión legislativa» para asumir las competencias y nombrar directamente a los nuevos rectores. Esta sería la quinta vez que el Supremo de Maduro nombra a la autoridad electoral pasando por encima del poder legislativo. La última en 2016 al cuando ratificó a Socorro Hernández y Tania D? Amelio en sus cargos. En diciembre del 2014, cuando Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional y la oposición había ganado por mayoría las elecciones legislativas de ese año, se declaró «omisión legislativa» y, antes de que el periodo chavista terminara, el Supremo aceleró el procedimiento y nombró a los rectores del Consejo Electoral. Ahora, nuevamente, invoca la figura de la «omisión legislativa» con la excusa de que el Parlamento venezolano se encuentra en desacato desde 2017. Elecciones fraudulentas La reacción de la oposición ha sido contundente. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió que «cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo». «Esta decisión no solo es ilegítima por su origen (un poder judicial usurpado) sino que también carece de cualquier razonamiento lógico o jurídico, puesto que no se puede hablar de omisión legislativa cuando existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE a través del comité de postulaciones electorales», dijo. Reconocido por 60 países, Guaidó llamó a los venezolanos a aumentar la presión, con protestas de calle, para impulsar un gobierno de emergencia nacional. También pidió a sus aliados internacionales ejercer «la mayor presión posible» para desconocer al CNE chavista. «Pueblo de Venezuela y comunidad internacional cada día se hace más necesaria la presión conjunta de las fuerzas democráticas en torno a la protesta interna junto a la mayor presión posible de parte de la comunidad internacional para impulsar un gobierno de emergencia nacional que salve a los venezolanos de una catástrofe sin precedentes y permita llevar al país al retorno de la democracia», señala el comunicado del Parlamento opositor. Guaidó acusa a Maduro de pretender «organizar un proceso fraudulento electoral parlamentario, con autoridades electorales controladas por la dictadura y la colaboración de supuestos adversarios elegidos o fabricados por el régimen». Llamó a los militares a plegarse a la Constitución: «Basta de seguir siendo los protectores de una mafia de narcotraficantes, corruptos y aliados del terrorismo internacional que oprimen a todos los venezolanos, incluyendo a la familia militar». «Esta decisión solo traerá mayor aislamiento internacional de Venezuela y mayor crisis para nuestro pueblo», reza. Por su lado, el exgobernador de Miranda y opositor Henrique Capriles, también rechazó el fallo del Supremo chavista y lo tildó de nueva farsa electoral: «Si los que están hoy en Miraflores quieren que haya una farsa electoral otra vez en el país, vayan con su farsa. Vayan allá y monten un parapeto de supuesto cambio en el CNE que lo único que hará es agravar la crisis, porque mientras se alejen de la Constitución y mientras más profundicen la crisis institucional más dura será la crisis del país», aseguró.
02-06-2020 | Fuente: abc.es
¿Qué son los Antifa, el movimiento que Donald Trump considera terrorista y Pablo Iglesias defiende?
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acusado los últimos días a la Antifa de estar detrás de la organización de los disturbios que sacuden a las mayores ciudades del país tras la muerte de un ciudadano afroamericano por la actuación de un policía. Estas protestas contra la violencia policial, que comienzan de manera pacífica, suelen desembocar en altercados con los agentes, actos de vandalismo y saqueos, cuya organización Trump atribuye al movimiento antifascista conocido como Antifa. ¿Qué y quiénes son? La Antifa, básicamente no es un grupo ni una organización política al uso tradicional, sino un movimiento de corte anarquista que no cuenta con una estructura jerárquica ni un programa definido, y cuyos objetivos van desde la lucha antisistema más radical a la búsqueda de la justicia social más idealista. Pero el objetivo común de sus partidarios pasa por anular a los grupos fascistas, racistas, neonazis y de extrema derecha reventando sus manifestaciones y evitando que promuevan o hagan gala de sus posturas supremacistas, contrarias a las minorías, a las mujeres o a los miembros de la comunidad LGTB. Los activistas de la Antifa son a menudo identificados por Trump y sus seguidores como "alt-left", contrapuestos a la "alt-right" (derecha alternativa) que apoyan al gobernante y que engloba a los grupos ultranacionalistas bancos. Sus orígenes Aunque sus antecedentes históricos en EEUU pueden estar en las luchas antirracistas de la segunda mitad del siglo XIX, los orígenes del antifascismo se remontan a las décadas de 1920 y 1930, con la lucha contra el fascismo italiano de Benito Mussolini, el nazismo de Adolf Hitler y el franquismo antes, durante y después de la Guerra Civil española, según los académicos. Pese a sus ruidosas protestas, durante mucho tiempo la Antifa pasó prácticamente inadvertida en Estados Unidos, un país en el que la izquierda radical es una rareza. La llegada de la notoriedad Y como Trump se encargó de recordar días atrás, su mayor notoriedad la consiguió gracias a su vinculación con el movimiento ciudadano "Occupy Wall Street", que en 2011 ocupó el Zucotti Park de Nueva York para protestar contra la desigualdad económica. Sin embargo, con el auge del conservadurismo del Tea Party y luego la llegada de Trump a la Presidencia, en enero de 2017, fue cobrando fuerza en los últimos años, en los que ha visto cómo se han multiplicado sus grupos, según el historiador y académico Mark Bray, autor de "Antifa: El Manual del Antifascista". Bray, que también fue activista en "Occupy Wall Street", llama "autodefensa preventiva" a esa táctica de la Antifa de usar la violencia contra los fascistas antes de que ellos sean violentos y lleguen a agredir a los colectivos minoritarios. Un antes y un después En los últimos años la Antifa ha puesto en práctica esa filosofía ante demostraciones de fuerza de la ultraderecha, pero posiblemente la más sonada ha sido la contramanifestación de agosto de 2017 ante una marcha de supremacistas y neonazis en Charlottesville (Virginia). Ese día se produjeron altercados violentos entre ambos bandos y un supremacista mató a una mujer y causó una veintena de heridos al arrollar con su vehículo a un grupo de contramanifestantes. Tras los acontecimientos de Charlottesville, el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, una de las voces académicas más reconocidas de la izquierda de EE.UU., se refirió a los antifascistas como "un gran regalo para la derecha". Pese a la mayor fuerza que ha venido cobrando, otros académicos, como Todd Gitlin, profesor de Periodismo y Sociología de la Universidad de Columbia, la Antifa sigue siendo un fenómeno "relativamente pequeño" desde el punto de vista de la historia del antifascismo y de la actual "resistencia" contra el "Trumpismo". Trump anunció este domingo que declararía la Antifa como un grupo terrorista, aunque en Estados Unidos no hay un estatuto de terrorismo interno, y el Gobierno sólo tiene una lista de organizaciones internacionales y países a los que considera terroristas o que fomentan el terrorismo.
31-05-2020 | Fuente: abc.es
Hong Kong se resiste a ser como la China de Xi Jinping
Como centro financiero global y meca del capitalismo, Hong Kong era una de las ciudades más prósperas, seguras, eficientes, vibrantes y libres de la Tierra. Con más de 1.200 rascacielos, esta espectacular megalópolis celebraba cada año un sinfín de congresos y exposiciones y en 2018 atrajo a 65 millones de turistas. Cuatro de cada cinco venían de China continental para gastarse un dineral en sus restaurantes y «boutiques» de marca, que copaban el 5 por ciento de las ventas de lujo en todo el mundo. Pero Hong Kong lleva un año sumido en una agitación social que venía de antes y ya había hundido el turismo y la economía antes de que el coronavirus le diera la puntilla. Con permiso de Vargas Llosa, «¿cuándo se jodió el Perú?». En la memoria colectiva aparece un año, 2012, a partir del cual las cosas empiezan a torcerse. Curiosamente, o no, es el mismo en que Xi Jinping sucede a Hu Jintao, primero como secretario general del Partido Comunista y, al año siguiente, como presidente de China. Justo antes del primer relevo, las masivas protestas estudiantiles contra una ley de educación patriótica que quería imponer Pekín obligaron finalmente a retirarla en el verano de 2012. En el año más duro tras la «Gran Recesión» de 2008, que agravó las desigualdades que sufre esta ciudad con la vivienda más cara del mundo, nació una generación de jóvenes muy comprometidos políticamente. Tras este éxito inicial, la promesa incumplida del sufragio universal desató la Revuelta de los Paraguas en el otoño de 2014, cuando los manifestantes bloquearon durante casi tres meses tres puntos neurálgicos. Aquella protesta fracasó cuando sus campamentos fueron levantados por la Policía y sus cabecillas condenados por los tribunales. «¡Volveremos!», prometieron mientras se apagaba la llama del descontento sin haber logrado sus objetivos. Pedían pleno sufragio universal para elegir al jefe ejecutivo de Hong Kong, escogido por un comité afín a Pekín, y libre presentación de candidatos, ya que el régimen solo permitía una terna de aspirantes filtrados para no perder el control de la ciudad. Tras un lustro de relativa calma, en la que continuó la siempre problemática inmigración de chinos del continente y se acrecentó el control de Pekín con el «secuestro» de los libreros críticos, el malestar volvió a estallar hace un año. Una polémica ley de extradición a China sacó a millones de personas a las calles en las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la excolonia británica. Aunque empezaron de forma pacífica y con el civismo de los hongkoneses por bandera, desembocaron en una violencia nunca vista en la ciudad. Desde la toma del Parlamento local el 1 de julio, aniversario de la devolución a China, una «guerrilla urbana» formada sobre todo por jóvenes tomó por costumbre enfrentarse cada fin de semana con la Policía. Cuando la ley de extradición fue retirada en septiembre, era tarde. Con batallas campales que dejaron dos muertos, un hombre quemado vivo, 8.500 detenidos y una sociedad polarizada, las protestas se pararon con la epidemia del coronavirus. Como todo. Pero su control y el anuncio de China de una Ley de Seguridad Nacional, que penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras, las han reactivado con la misma fuerza que antes. Dentro de esta vorágine «acción-reacción», Pekín se ha saltado al Parlamento de Hong Kong para imponerla directamente en su Ley Básica, mini-Constitución de la ciudad. Tan controvertida decisión ha encontrado una fuerte oposición social y el rechazo internacional por considerarla una violación del principio «un país, dos sistemas», que otorga al antiguo enclave británico autonomía y más libertades de las que tiene el resto de China. Dicho principio, piedra angular de la Declaración Conjunta Sino-Británica suscrita en 1984 para acordar la devolución en 1997, está vigente cincuenta años. Bajo el autoritarismo de Xi Jinping, que persigue con dureza a los disidentes y aspira a perpetuarse en el poder, Pekín parece haber perdido la paciencia y no esperará hasta 2047 para la integración completa de Hong Kong en China. Con esta Ley de Seguridad Nacional no solo pretende aplastar la revuelta, sino mantener el control de la ciudad ante la previsible victoria de la oposición demócrata en las elecciones de septiembre al Parlamento autónomo. Espoleado por las protestas, su arrollador triunfo en los comicios municipales de noviembre augura un vuelco en el Consejo Legislativo (Legco), que podría bloquear al Gobierno local y volverse intratable como se ha visto en los últimos enfrentamientos entre sus diputados. «Quieren un control administrativo total: establecer oficinas y agencias (de la seguridad pública) en Hong Kong. Enviarán cuadros del Partido Comunista para supervisar al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Es solo el principio», alertó el viernes en la cadena pública RTHK Martin Lee, veterano demócrata que estuvo en el comité redactor de la Ley Básica de 1985 a 1989. A su juicio, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional es inconstitucional pese a que la jefa ejecutiva, Carrie Lam, prometa que respetará todos los derechos. Pero el Ministerio de Seguridad Pública de China ya ha anunciado que «guiará y apoyará a la Policía de Hong Kong a detener la violencia y restaurar el orden», lo que hace temer una represión contra los activistas políticos como en el continente. Para este domingo había convocada una marcha en recuerdo de la matanza de Tiananmen, cuyo 31º aniversario se conmemora el jueves, pero no ha sido aprobada. Veremos si se repiten los incidentes del domingo pasado. Mientras más control impone China, más se resiste Hong Kong, y viceversa.
28-05-2020 | Fuente: abc.es
Li Keqiang rechaza «la mentalidad de la Guerra Fría porque el desacoplamiento no hará bien al mundo»
En los tiempos del coronavirus, las ruedas de prensa gubernamentales en China son por videoconferencia y con un reducido grupo de periodistas, que han pasado horas antes la prueba para que no haya contagios incluso aunque estén delante de un pantalla. Lo de las preguntas filtradas para evitar cuestiones espinosas no es nuevo; eso ya viene de antes. Así ha comparecido este jueves el primer ministro, Li Keqiang, al término de la Asamblea Nacional Popular, la reunión anual del Parlamento orgánico de China. Suspendida en marzo por la epidemia desatada en Wuhan y acortada de dos a una semana, en su clausura ha dado luz verde a la controvertida Ley de Seguridad Nacional que el régimen quiere imponer a Hong Kong sin pasar por su Parlamento autónomo. Una decisión que ha reactivado la revuelta por la democracia en la antigua colonia británica y recibido numerosas críticas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Con la sombra de esta ley y de la pandemia sobrevolando el encuentro, el único del año que mantiene con los medios, Li Keqiang ha analizado el deterioro de los lazos con la Casa Blanca, que culpa al régimen del coronavirus y le presiona con Hong Kong. «Es cierto que nuestras relaciones han encontrado problemas, pero hay también muchos intercambios en lo económico, el comercio, la ciencia, la tecnología, la cultura y otros campos», se mostró conciliador ante una pregunta de la cadena americana de televisión NBC. A su juicio, «es justo decir que hay muchos intereses comunes entre China y EE.UU. y ambos países ganan con la cooperación y pierden con la confrontación». Por ese motivo, aseguró que, «dada la importancia de esta relación, cualquier problema que ocurra es causa de preocupación para la comunidad internacional». Ante el riesgo de regresar a un mundo bipolar por culpa de la pandemia, como ya pregonan muchos en Occidente, insistió en que «rechazamos desde hace tiempo la mentalidad de la Guerra Fría, porque el desacoplamiento entre las dos mayores potencias económicas no le hará bien a ninguna parte y es también dañino para el mundo». Recordando que el consorcio industrial estadounidense acaba de abrir un centro de innovación precisamente en Wuhan, Li se congratuló de que «las economías de nuestros dos países están estrechamente conectadas» y destacó que «ese ejemplo muestra que sus comunidades de negocios se necesitan mutuamente porque la cooperación es beneficiosa». Guerra comercial y conflicto político Junto a la «guerra comercial» que les enfrenta, el conflicto político de Hong Kong ha abierto un nuevo frente entre EE.UU. y China como si fuera el Berlín de la antigua «Guerra Fría». Ante la nueva Ley de Seguridad Nacional que Pekín impondrá en la excolonia británica, Washington ya ha advertido de que revisará el trato económico preferente que le concede a esta ciudad, uno de los centros financieros del planeta, por considerar que viola la autonomía que le otorga el principio de «un país, dos sistema». Recalcando que dicho modelo es «una política estatal de China que el Gobierno ha implantado fielmente», Li Keqiang argumentó que la polémica ley lo respetará y «está diseñada para conseguir la estabilidad y prosperidad a largo plazo de Hong Kong». Pero la normativa, que será redactada por el Consejo Permanente de la Asamblea y promulgada en la mini-Constitución de la ciudad entre finales de junio y agosto, ha disparado el miedo a que Hong Kong pierda sus libertades políticas, mayores que en el resto del país. Con el fin de perseguir la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras, a las que Pekín acusa de estar tras las protestas reclamando democracia que empezaron hace un año, la ley prevé el establecimiento de oficinas de la seguridad china. Su fama de «hacer desaparecer» a los disidentes ha alarmado a los activistas políticos que critican al régimen del Partido Comunista. Para hacer frente al coronavirus, Li Keqiang apeló a la colaboración internacional. A pesar de su negativa inicial, China respaldó en la reciente asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la investigación sobre sus orígenes una vez que la pandemia esté controlada. Asegurando que «cualquier contagio, una vez detectado, debe ser tratado de inmediato» y que «no se permitirá ningún encubrimiento», pidió «trabajar juntos para controlar el virus» y que «las vacunas y medicamentos sean bienes públicos que deberían ser compartidos por toda la humanidad».
28-05-2020 | Fuente: abc.es
Aumenta la tensión social en Italia: tres políticos bajo escolta por graves amenazas
El termómetro de la tensión social en Italia muestra fiebre alta. Tres políticos están bajo escolta por graves amenazas relacionadas con la gestión del coronavirus: El presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, de 68 años; el viceministro de Sanidad, médico de profesión, Pierpaolo Sileri (47), senador del Movimiento 5 Estrellas; y la ministra de Educación, Lucia Azzolina (37), diputada del M5E. Loas insultos y amenazas se han realizado en las redes sociales y también con frases en muros. Las amenazas crean preocupación en el Gobierno. Una investigación ha sido abierta por los Servicios del Antiterrorismo. El viceministro de Sanidad Sileri, después de intentos de corrupción relacionados con la gestión de fondos públicos para el coronavirus, había recibido presiones e intimidaciones, incluyendo una nota en el parabrisas de su coche. La ministra Azzolina ha recibido insultos sexistas y escritos amenazantes por los retrasos en la reapertura de las escuelas y sobre la incertidumbre del inicio del año escolar, previsto para septiembre. La tensión se traslada también a la política y al Parlamento. Hoy, en una sesión parlamentaria, Lucia Azzolina ha tenido que sufrir frases sexistas de un diputado de Forza Italia, Giuseppe Moles: «La credibilidad es como la virginidad, si se pierde no se puede tener de nuevo», una frase que ha suscitado rechazo general y ha obligado a Moles a pedir excusas a la ministra. Azzolina ha tenido que sufrir frases sexistas de un diputado de Forza Italia, Giuseppe Moles: «La credibilidad es como la virginidad, si se pierde no se puede tener de nuevo» Contra el presidente de Lombardía, la región más afectada por el coronavirus, se han repartido octavillas firmadas por el partido de los Comités de apoyo a la resistencia por el comunismo (Carc), llamándole «asesino». Con la misma firma se ha escrito «Fontana asesino» en diversas paredes de Milán. Rabia y tensión social Para el presidente de la Cámara de diputados, Roberto Fico, del M5E, se trata de «amenazas cobardes; en nuestra democracia hay siempre espacio para confrontarse dialécticamente, pero esto no se puede transformar en odio». La ministra del Interior, Lucia Lamorgese, viene anunciando desde hace días en los medios italianos sobre el riesgo de tensiones sociales por la crisis del coronavirus. A los delegados del Gobierno en toda Italia la ministra Lamorgese ha enviado directivas precisas, advirtiendo que «las dificultades en el mundo de las empresas y del trabajo podrían verse acompañadas de graves tensiones sociales». «Las dificultades en el mundo de las empresas y del trabajo podrían verse acompañadas de graves tensiones sociales», ha dicho la ministra del Interior La preocupación del Gobierno es grande, hasta el punto de que un representante del Ejecutivo con acceso a los informes de los servicios de seguridad ha comentado: «Y todavía no hemos visto nada», según refiere el Corriere. La rabia en muchos sectores crece, ante el aumento de las dificultades económicas. De ahí que se considere indispensable, para aplacar el evidente malestar que se percibe, sobre todo entre los parados, pequeños y medianos empresarios, que las ayudas económicas prometidas por el Gobierno (un paquete de 55.000 millones de euros) llegue cuanto antes a las familias, trabajadores y empresarios
28-05-2020 | Fuente: abc.es
China aprueba oficialmente la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong
Sin debate alguno, por 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, el Parlamento orgánico del régimen chino ha aprobado este jueves imponer a Hong Kong una controvertida Ley de Seguridad Nacional que ha desatado una fuerte oposición en la excolonia británica y entre la comunidad internacional. El motivo es que muchos la consideran una violación del principio de «un país, dos sistemas» que concede a la ciudad autonomía y más libertades que al resto de China, vigente en teoría hasta 2047 por el acuerdo de devolución suscrito con el Reino Unido. Con esta moción, la Asamblea insta a su Comité Permanente a promulgar una Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que, introducida en el Anexo III de su mini-Constitución sin pasar por el Parlamento local, penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las intromisiones extranjeras. Su anuncio ha reactivado la revuelta por la democracia que vive desde el año pasado Hong Kong, donde han estallado nuevas protestas en los últimos días. Por miedo a perder los derechos políticos, sociales y económicos que caracterizan a esta ciudad, una de las más libres de Asia, la Bolsa ha sufrido sus mayores perdidas en cinco años y el Colegio de Abogados ha desmontado jurídicamente que Pekín tenga potestad para imponer dicha normativa sin pasar por el Parlamento local. Teniendo en cuenta el calendario del Comité Permanente de la Asamblea, se calcula que la ley será promulgada entre finales de junio y agosto. Miedo de los hongkoneses La polémica ley prevé establecer en Hong Kong oficinas de la seguridad pública china, algo que horroriza a los habitantes de la ciudad por su fama de intimidar y hacer «desaparecer» a los disidentes en el continente, donde la Policía puede retener legalmente a los sospechosos hasta seis meses para interrogarlos sin pasar por un tribunal. Además de desatar protestas en las calles, la normativa ha suscitado las críticas internacionales y Estados Unidos ya ha anunciado que no considera a Hong Kong un territorio autónomo de China. Como castigo a Pekín, se trata del primer paso para retirarle a la ciudad el estatus económico especial que le permite ser un centro financiero global, pero también dañará sus negocios. Con la aprobación de un Código Civil y de la moción instando a promulgar una Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, concluye la Asamblea Nacional Popular, reunión anual del Parlamento orgánico del régimen chino. Retomada tras su suspensión en marzo por la epidemia del coronavirus, pero acortada de dos a una semana, finaliza con la rueda de prensa del primer ministro, Li Keqiang, que será por videoconferencia y con la presencia de los medios reducida para evitar riesgos de contagio. Aunque esta es la única comparecencia del año en que el primer ministro responde a los periodistas, todas las preguntas han sido pactadas para eliminar las más problemáticas.
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