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Noticias de seguridad ciudadana

03-12-2019 | Fuente: abc.es
Trump pasará, pero ¿y AMLO?
El populismo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en sus formas personales, es muy semejante al de Hugo Chávez o Evo Morales. Las «mañaneras» del presidente mexicano ?esos mensajes diarios televisados que en el fondo convierten el Estado en patrimonio del mandatario, sujeto a sus humores y arbitrariedades? son comparables al «Aló, presidente» de Chávez o a la intervención cotidiana en Nicaragua de Rosario Murillo, esposa-vicepresidenta de Daniel Ortega. López Obrador muestra un talante tan similar en muchos aspectos al de esos líderes, que en última instancia la pregunta es si, creyéndose insustituible, forzará su permanencia en el poder, como Chávez-Maduro, Ortega y Morales. En Latinoamérica también ha habido algún presidente de derecha que ha propiciado un cambio legislativo para obtener la reelección presidencial (en Honduras se aprobó una reelección consecutiva), pero ha sido la izquierda de tinte bolivariano la que principalmente ha hecho bandera de este asunto, con un hiperpresidencialismo que incluía la reelección indefinida. Por su parte, el particular populismo de Trump tiene fecha segura de expiración (enero de 2021 o de 2025, según sea o no reelegido el próximo mes de noviembre). Si en su discurso de inauguración, la influencia de Steve Bannon parecía otorgar a Trump el deseo de pilotar un movimiento que cambiara el sistema, poco después quedó claro que el presidente estadounidense no está en ninguna revolución y que tras pasar el tiempo estipulado en la Casa Blanca se seguirá dedicando a sus negocios. López Obrador sí quiere transformar el sistema político, y para ello cuenta con mayoría en las dos cámaras del Congreso. Una reelección tras el sexenio único choca contra uno de los pilares del México moderno ?la revolución de 1910 se hizo precisamente para imponer la no reelección?, pero AMLO también podría mantener su influencia gobernando a través de un sucesor suyo en la presidencia, como en los inicios del PRI. Es aún pronto para que López Obrador haya definido una estrategia. Su alta popularidad le deja abierta ciertas opciones, pero la celebración de su primer año como presidente, este 1 de diciembre, deja un balance negativo en economía y seguridad que puede atarle las manos. Recesión económica El Gobierno se vanaglorió a comienzos de año de que la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México (NAICM) no estaba afectando a las inversiones y por tanto a la economía. Pero la situación pronto cambió. De vender que la economía de México crecería un 4% anual durante el sexenio, AMLO ha llegado a su primer aniversario como presidente con el país en recesión. Durante el último trimestre de 2018 y los dos primeros de 2019 el PIB del país cayó un 0,1%; desde el verano el crecimiento está en 0,0%, según las propias cifras gubernamentales. Esto podría hacer revisar incluso la mejora del 1,3% que inicialmente preveían el FMI y la Cepal para 2020. La deuda pública, que en los últimos de Peña Nieto fue decreciendo, ahora vuelve a estar en ascenso: puede alcanzar el 53,8% del PIB al término de 2019 y el 54,6% a final de 2020, de acuerdo con la estimación del FMI. Unas cifras ligeramente más bajas han obligado a los gobiernos de Ecuador y de Colombia a aplicar paquetes de reformas, que han causado protestas callejeras contra Lenín Moreno e Iván Duque, respectivamente. Si la fortaleza de líderes como Chávez, Correa y Morales se basó en el ciclo de bonanza de las materias primas ?el incremento de los precios financió el clientelismo del sistema?, AMLO se enfrenta a un ciclo menos expansivo. Incluso en la cuestión petrolera parte de una situación menos ventajosa que Chávez, que cogió PDVSA con un nivel de producción suficiente, a cuya promoción el dirigente venezolano no dedicó inversiones, mientras que el mexicano hereda un PEMEX bajo mínimos, que requiere aportaciones públicas para que tenga un mayor impacto en las cuentas del Estado. Récord de homicidios La seguridad ciudadana ha empeorado y México va camino de superar este año el récord de homicidios dolosos, tanto el marcado por Felipe Calderón (PAN) como luego por Enrique Peña Nieto (PRI). Los 36.685 homicidios de 2018 fueron una importante palanca dialéctica en la campaña electoral del líder de Morena, pero con una gestión luego adversa López Obrador primero cuestionó las cifras para luego mirar hacia otro lado. Como aspectos positivos de la presidencia está una relación de trabajo con Estados Unidos que, aunque no fácil, ha dado sus resultados, como la renovación del tratado de libre comercio de América del Norte (el aumento del salario mínimo en México busca superar las reticencias de los sindicatos estadounidenses) o la aceptación mexicana de contribuir a limitar la llegada de migrantes centroamericanos a EE.UU. En otros asuntos la gestión de López Obrador no ha resuelto problemas que pretendía solucionar, como acabar con el robo de gasolina que se realiza perforando los conductos de combustible (se siguen robando 5.000 barriles diarios). Y en cuento al recién anunciado plan de infraestructuras, de 42.000 millones de dólares para todo el sexenio, aportado principalmente por la iniciativa privada, aún no está cerrada la inversión para el tan prometido Tren Maya.
22-11-2019 | Fuente: elpais.com
15.000 euros de sanción para los ultras que intentaron boicotear ?Mientras dure la guerra? en un cine
Delegación de Gobierno en Valencia considera que los cinco militantes de España 2000 cometieron una infracción grave "contra la seguridad ciudadana en actos públicos"
10-11-2019 | Fuente: abc.es
«La Policía de Bolivia defiende la democracia frente al manoseo del Gobierno»
Pedro Gareca dimitió en 2006 como fiscal general de Bolivia al no querer plegarse a la presión del Gobierno de Evo Morales para «suavizar» la investigación al presidente de la petrolera estatal por un contrato con sobreprecio. «Estoy para servir al país y aplicar la Constitución a todos por igual», asegura que respondió. Ya entonces advirtió la deriva del mandatario. Trece años después, en declaraciones a ABC desde Sucre, pide su renuncia por no respetar la Constitución ni el voto de los ciudadanos. ¿Por qué cree que Morales debe dimitir? Ha consolidado su cuarta violación de la Constitución con un Tribunal Supremo Electoral sometido a él, que no es imparcial. Se interrumpió el recuento y al día siguiente se retomó con una tendencia de aumento a favor de Morales, cuando las auditorías indican que esa tendencia no debía variar. Para permanecer en el Gobierno ha violado cuatro veces la Constitución y ha desconocido el valor del derecho al voto de los bolivianos. ¿Está demostrado el fraude? Las evidencias son muy fuertes: la auditoría previa contratada por el Tribunal Supremo Electoral dice que las elecciones son nulas. Hay otras tres o cuatro auditorías que dicen que hubo adulteración y supresión, favoreciendo a Evo Morales, como las de la universidad, la fundación Milenio y el ingeniero Edgar Villegas. La auditoría de la OEA, mediante un acuerdo de su secretario general con el canciller boliviano, es extemporánea y el pueblo boliviano no la va a reconocer. Luis Almagro dijo en Bolivia que no podía impedir su postulación y esa declaración lo inhabilita como autoridad imparcial. La ciudadanía no cree en Almagro. En vez de nombrar auditores, debería pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete si es un derecho postularse indefinidamente por encima de la Constitución. Los derechos humanos son de los ciudadanos. Hay diferencias entre el candidato opositor Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho. ¿Perjudica esa división el objetivo común de defender la democracia? De ninguna manera. Los movimientos cívicos empezaron en cabildos en todo Bolivia, que permite la Constitución, y las resoluciones han sido votadas democráticamente. Se ha pedido la nulidad absoluta de las elecciones por fraudulentas y la renuncia del Tribunal Supremo Electoral por no ser imparcial ni transparente. La unidad sigue en torno a la democracia. ¿Cómo es la situación en el seno de la Policía? Como institución que resguarda la seguridad ciudadana por mandato de la Constitución, defiende la democracia y el respeto a la Constitución, los derechos de los ciudadanos, no al Gobierno. La Policía se ha amotinado para que no haya más manoseo de la institución y está marchando con su pueblo. ¿Teme un baño de sangre? Sería un error. Ya se ha perdido la vida de tres jóvenes y hay más de 50 heridos. El Gobierno tiene que ser inteligente y no llamar a los mineros y cocaleros para lanzar dinamita. Los militares no saldrán en defensa del Gobierno y saben las consecuencias si salen a reprimir al pueblo. ¿Cuál es la salida a esta crisis? Ante la magnitud del fraude electoral y las pruebas irrebatibles, Morales debe renunciar. Ha perdido la legitimidad y debe dar un paso al costado, declararse la nulidad de las elecciones y nombrar un nuevo Tribunal Electoral que garantice el proceso.
31-10-2019 | Fuente: abc.es
Piñera cancela dos cumbres mundiales por la crisis social
El presidente chileno Sebastián Piñera ha anunciado este miércoles la cancelación de las cumbres APEC y COP 25 sobre el cambio climático que se realizarían en Santiago en noviembre y diciembre, respectivamente, por la crisis que vive Chile desde hace casi dos semanas y que ha derivado en agudos problemas de orden público, junto a masivas movilizaciones ciudadanas en todo el país. «Esta ha sido una decisión muy difícil, nos causa mucho dolor, porque entendemos la importancia que significa APEC y COP para Chile y el mundo», dijo el gobernante, flanqueado por el canciller Teodoro Ribera y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Piñera explicó, visiblemente afectado, que «dadas las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país, y que hemos vivido todos los chilenos durante las últimas semanas, y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarse absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social; segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos; y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas». La Cumbre APEC, que reúne a líderes de 21 economías del Asia Pacífico, esperaba ser el escenario del acuerdo que suscribirían los presidentes Donald Trump de EE.UU. y Xi Jinping de China para avanzar en el término de guerra comercial y tarifaria entre ambos países. Trump había confirmado el martes su asistencia a la cita de Santiago pese a la crisis social chilena. «Sé que tienen algunas dificultades en este momento. Pero conozco a los chilenos y estoy seguro de que podrán resolverlo», dijo el estadounidense. Piñera esperaba proyectar un liderazgo internacional a nivel de la región con la realización de ambas cumbres en Santiago, el que ha venido trabajando con su activa participación en la crisis venezolana, primero con su viaje a Cucutá (Colombia), y luego la creación de ProSur, en marzo pasado. «Cuando un padre tiene problemas siempre tiene que privilegiar a su familia (?), como un presidente tiene que privilegiar a sus compatriotas», dijo Piñera para fundamentar su decisión. En esa misma línea, el excanciller y ahora senador socialista, José Miguel Insulza, dijo que desde el gobierno le dijeron que resultaría inexplicable para la ciudadanía que el presidente se volcara a una agenda internacional mientras millones de personas en las calles reclaman por mejores condiciones de vida y reformas profundas para reducir la desigualdad. Golpe a la política exterior El también exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo que la decisión de Piñera es «un golpe a la política exterior, particularmente por la cancelación de la COP 25, que trataría sobre las medidas urgentes para controlar el cambio climático». Mariano Fernández, excanciller y destacado diplomático, puntualizó: «No me gusta la decisión, además es una señal muy negativa respecto de cómo está la situación chilena. Esto no es bueno para la imagen país». La decisión gubernamental, que ya fue comunicada a los jefes de Estado que participarían en la APEC, se produce después de 11 días de movilizaciones, nueve días bajo estado de emergencia con militares en las calles -medida levantada el domingo-, graves actos de violencia y vandalismo, y una dura represión que ha dejado 20 muertos, millares de detenidos y un número creciente de denuncias por tortura. La crítica situación de vulneraciones a los derechos humanos será examinada esta semana cuando una misión de Naciones Unidas llegue a Santiago, mientras en el Congreso chileno este miércoles fue presentada una acusación constitucional en contra del dimitido ministro del Interior, Andrés Chadwick. La oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, también está evaluando una eventual acusación contra el propio Piñera.
25-10-2019 | Fuente: abc.es
Claves de las elecciones en Uruguay, qué se debate entre la izquierda y la derecha
La disyuntiva ideológica entre un oficialismo de izquierda que lleva 15 años en el poder y el retorno de la derecha mediante de una coalición encabezada por el opositor Partido Nacional (PN), fuera del Gobierno desde hace un cuarto de siglo, se pondrá a prueba este domingo en las elecciones de Uruguay. Economía, seguridad, diversidad y educación son algunos de los asuntos fundamentales que están en juego en estos comicios que, según las encuestas, serán los más reñidos de los últimos años. Algunas de las claves políticas para estas elecciones: 1. SEGURIDAD Y "VIVIR SIN MIEDO" Uno de los focos de la votación del domingo estará en el plebiscito "Vivir Sin Miedo", impulsado por el senador del PN Jorge Larrañaga, que busca reformar la Constitución con artículos centrados en la seguridad pública. Esta propuesta, que logró más de 405.000 firmas, plantea crear una Guardia Nacional con 2.000 militares para participar en la seguridad ciudadana junto a la Policía, permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de determinados delitos y la pena de reclusión permanente revisable. La lucha contra el narcotráfico y los delitos violentos son algunos de los asuntos más cuestionados en estos 15 años de Gobierno del Frente Amplio (FA), para los que ni Daniel Martínez (FA) ni Luis Lacalle Pou (PN) son partidarios de dicha reforma, que cuenta con un apoyo de en torno a la mitad de la población, según las encuestas. 2. DÉFICIT FISCAL Y GASTO PÚBLICO Una de las mayores dificultades por las que atraviesa Uruguay es su déficit fiscal, que actualmente roza el 5 %. Desde el oficialismo proponen incentivar la innovación, capacitar a 400.000 trabajadores en la "transformación productiva" y fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Lacalle Pou, por su parte, habla de un "shock de austeridad", con el que llegar a ahorrar en poco tiempo 900.000 millones de dólares, sin que ello afecte a políticas sociales, según afirma. Ernesto Talvi (Partido Colorado), el tercer candidato con posibilidades de llegar a la segunda vuelta, tiene como modelo en materia económica a Chile, fundamentalmente en el manejo del dinero público y en la apertura comercial al resto del mundo. 3. DIÁLOGO EN LAS CRISIS INTERNACIONALES La región vive diversos problemas a nivel político, social o económico, desde el conflicto en Venezuela pasando por la crisis económica en Argentina o las recientes protestas en Chile. Uruguay sigue al margen de estos hechos e intenta mantener una postura neutra en cada conflicto, asumiendo siempre su postura de "llamar al diálogo" entre las partes como manera de solucionar las dificultades. Sin embargo, la crisis regional es algo que preocupa a los candidatos. Lacalle Pou no ha dudado en decir que en Venezuela hay una dictadura que debe ser condenada por todos y que en Argentina preferiría un Gobierno de Mauricio Macri ya que Cristina Fernández no mantuvo buenas relaciones con su país. Martínez, en tanto, se afilia a la política internacional de su Gobierno, aunque ha criticado al Gobierno de Venezuela. Asimismo, respecto a Chile, dijo que la situación era una "olla a presión" por la desigualdad de su desarrollo económico. 4. NO HABRÁ PRESIDENTA De los once candidatos a presidente, no hay una sola mujer, si bien los dos principales partidos, el FA y el PN, tienen a Graciela Villar y a Beatriz Argimón como aspirantes a la Vicepresidencia. La igualdad de género ha estado ausente en las agendas de los candidatos e incluso en el cara a cara entre los dos aspirantes con más opciones -el primero desde 1994- ni se mencionó. 5. ABORTO, MARIHUANA Y EXTINCIÓN DEMOGRÁFICA El FA ha basado su campaña en defender la "agenda de derechos" que ha desarrollado en estos 15 años, entre los que se incluyen la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario o la ley integral para personas trans. Y acusa a los opositores de querer derogarlas. Lacalle Pou insiste en estar en contra de alguna de estas normativas, pero enfatiza que no derogará ningún derecho adquirido si llega a presidente. El exmilitar Guido Manini Ríos, candidato por Cabildo Abierto (derecha), asegura que volverá a prohibir la marihuana mientras que Talvi dijo que no derogará el aborto pero sí trabajará en políticas "de disuasión" para convencer a las mujeres de mantener el embarazo. Uruguay sigue perdiendo población, y la legislación abortista podría acelerar la "extinción" democráfica del país y la incapacidad de sostener una pirámide de población tan invertida 6. ACUERDO UE-MERCOSUR El Mercado Común del Sur (que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ha estado en el tapete en los últimos tiempos, con algunos políticos pidiendo salir de él y otros queriendo modificar su estructura. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) mitigó las críticas hacia el bloque y generó la esperanza de poder avanzar en mayores acuerdos económicos regionales e internacionales. 7. EDUCACIÓN En materia educativa los partidos opositores han sido muy críticos con los resultados. Talvi propone crear 136 liceos públicos en los lugares más vulnerables del país mientras que Lacalle Pou pretende una reforma organizativa de la educación y nuevos planes de gobierno. El oficialismo, en tanto, busca expandir el Plan Ceibal (que otorga un portátil a cada estudiante de primaria y ciclo básico de secundaria) y que alcance a los de bachillerato, entre otras medidas.
19-10-2019 | Fuente: abc.es
Piñera decreta estado de emergencia en Santiago tras las fuertes protestas
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro. «Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (..) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana», dijo el mandatario. Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos. «El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos», señaló el presidente. Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público. «Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas», agregó el jefe del Ejecutivo chileno. Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos. Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público «las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente» y asumirá atribuciones y deberes. La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por la radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.
19-10-2019 | Fuente: abc.es
Chile decreta estado de emergencia en Santiago tras las fuertes protestas
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro. «Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (..) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana», dijo el mandatario. Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos. «El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos», señaló el presidente. Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público. «Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas», agregó el jefe del Ejecutivo chileno. Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos. Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público «las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente» y asumirá atribuciones y deberes. La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por la radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.
02-09-2019 | Fuente: elmundo.es
Ciudadanos pide la reforma del Código Penal para que los atracadores terminen entrando en prisión
El partido de Rivera arremete contra Marlaska y Colau por no atajar la inseguridad ciudadana 
02-09-2019 | Fuente: abc.es
El Salvador cierra su mes menos sangriento desde los Acuerdos de Paz en 1992
El Salvador, que suele ser noticia por encabezar la lista de los países más violentos del mundo y por la inmigración y los dramas que esta desencadena, como la muerte de un padre y su hija de dos años en el río Bravo hace unos meses, lo es ?o debería de serlo? ahora por algo positivo: haber concluido agosto como el mes menos sangriento (131 homicidios) desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. (la anterior fecha con menos muertos fue abril de 2013 con 143, según informó hace unas semanas el periodista Roberto Valencia en «El Faro»). Así lo confirmó el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter en la madrugada del domingo, cuando acababa de concluir el mes: «Termina agosto y podemos confirmar que hemos cerrado el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz». Termina agosto y podemos confirmar que hemos cerrado el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz.? Nayib Bukele (@nayibbukele) September 1, 2019 Unos días antes, el presidente que llegó al poder el 1 de junio pasado y se ha convertido en el más popular de la historia de El Salvador (las últimas encuestas le dan un apoyo del 90% de la población), vaticinaba ya el pasado 24 de agosto que esto podía ocurrir: «Este día El Salvador cierra con dos homicidios. A pesar de las adversidades y el largo camino que falta por recorrer, seguimos bajando el promedio. De seguir así, agosto se convertiría en el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz» en el que se refiere a las cifras del día 23 de agosto, cuando el promedio de homicidios en el mes se reducía a 3,8, una cifra histórica, pero inestable, que en los últimos días ha subido ligeramente, situándola en 4,2 homicidios diarios de promedio. El total ha ascendido finalmente a 131 muertos el pasado mes, según los datos de la Policia Nacional Civil. Una cifra exorbitada para cualquier país europeo, pero muy inferior a la del mismo periodo de 2018 en El Salvador, que se situó en 272. Tirando siempre de cifras, es importante subrayar que si bien el descenso de estas semanas es histórico, la bajada en el número de homicidios es una tendencia que viene produciéndose en los últimos años. Así lo muestran las estadísticas del InSight Crime, que en 2016 situaba al Pulgarcito de Centroamérica, como se conoce a El Salvador, como el país más violento con 81,2 homicidios por 100.000 habitantes, cantidae que pasó a reducirse en 20 homicidios en 2017, y siguió bajando el año pasado, situándose en 51 homicidios, lo que colocó al país en segundo lugar por detrás de Venezuela. Causas del descenso Con un presidente que a pesar de su popularidd ha polarizado a la sociedad, entre una gran mayoría que lo apoya y una minoría muy crítica, la pregunta inmediata es dónde residen las causas de esta importante bajada en los asesinatos. El gobierno salvadoreño no ha tardado en atribuirlo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele, que ha desarrollado bajo el nombre del Plan de Control Territorial, que contempla dos fases: una represiva y otra preventiva, aunque los resultados de esta última se verán más a largo plazo. «Contrario a gobiernos pasados, hoy con la voluntad política del Presidente @nayibbukeley el #PlanControlTerritorial cerramos agosto como el mes con menos homicidios. Falta mucho por hacer, pero es innegable que estos resultados son satisfactorios para todos«, ha afirmado este domingo Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, en la cuenta de Twitter de la institución, en la que incluye un gráfico con el ránking de meses con menos homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz. "Contrario a gobiernos pasados, hoy con la voluntad política del Presidente @nayibbukele y el #PlanControlTerritorial cerramos agosto como el mes con menos homicidios. Falta mucho por hacer, pero es innegable que estos resultados son satisfactorios para todos": @RogelioRivasSS. pic.twitter.com/mqloRFPjEz? Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) September 1, 2019 No todos se muestran tan optimistas y ponen en cuarentena estos datos: «El descenso es real. Para los parametros de este país es histórico, pero somos y seguiremos siendo una de las sociedades más violentas del mundo», explica a ABC Roberto Valencia, periodista español afincado en El Salvador desde hace casi dos décadas, especializado en información sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de las pandillas (es autor de «Cartas desde Zacatraz). Valencia, que escribe en el diario digital de investigación «El Faro», a diario cuelga en su cuenta de Twitter las estadísticas de los homocidios en el país. Cifras solventes y contrastadas, que hasta el propio Bukele ha retuiteado. ? Violencia homicida en #ElSalvador en AGOSTO 2019: 4.2 / día ?? Julio: 5.0 ?? Junio: 7.7 ?? Mayo: 9.2 ?? Abril: 10.9 ?? Marzo: 7.7 ?? Febrero: 7.4 Fuente: Policía Nacional Civil.@_ElFaro_? Roberto Valencia (@cguanacas) September 1, 2019 A pesar de estas últimas, el periodista reconoce que El Salvador está muy lejos de quitarse la etiqueta de ser uno de los países más violentos del mundo. «Naciones Unidas establece que a partir de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes un país, una ciudad o una región ya sufre una epidemia de violencia ?España normalmente tiene 1,8?», explica. Para evitar esa epidemia en El Salvador «deberían producirse dos homicidios al día», matiza. «Hay razones para la celebración, pero seguimos estando al doble de los estándares que el sistema de Naciones Unidas tiene para etiquetar la violencia de un país». No olvida, sin embargo, que en 2015, el promedio de muertos era de 18, lo que hace este mes de agosto algo excepcional. También matiza, que, mientras Bukele y su gobierno extienden el periodo comparativo hasta 1992, prefiere circunscribir este récord en la bajada de homicidios a este milenio, pues en los últimos años del siglo XX, tras firmarse los acuerdos de Paz, tras doce años de guerra, tuvo lugar «un periodo un poco oscuro, pues los sistemas de conteo eran otros. Los datos no eran tan confiables». Sí señala, sin embargo, que los años de posguerra «fueron la época más violenta que ha vivido El Salvador». Políticas ya ensayadas ¿Pero a qué se debe el descenso actual? Esa es la pregunta del millón para la que parece que nadie tiene una respuesta definitiva. Valencia, periodista independiente y crítico con el nuevo gobierno, está convencido de que Bukele ?que intentó «manipular» hace unas semanas las estadísticas, excluyendo los muertos de las fosas comunes y los que son productos de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad? venderá los cuatro homicidios al día de promedio durante el mes de agosto como un triunfo. Sin embargo, él considera que este profundo descenso, «que nadie discute», no tiene que ver con las políticas de seguridad implementadas por el presidente. «Bukele dirá que sí, pero yo no lo creo. Los problemas de violencia que tiene esta sociedad son muchos más profundos y graves como para que se resuelvan en ocho semanas, y sin haber hecho nada excepcional». Con esto se refiere a que el grueso del Plan de Control Territorial, «especialmente la parte represiva», son fórmulas que ya ensayaron gobiernos anteriores. «Lo que sucede es que Bukele le ha puesto un envoltorio más bonito y lo presenta en las redes sociales casi a tiempo real». «Es de sentido común, añade Valencia, no atribuir el descenso a las mismas fórmulas». En su opinión, «hay otros factores» que considerar. Entre ellos, menciona a las pandillas o maras, «los grupos delincuenciales que más impacto tienen en esta sociedad», y que Valencia conoce bien a través de su trabajo como periodista. «Está ocurriendo algo en las calles. El factor grupos delincuenciales y el factor maras está jugando su propia partida en este tema. La disminución puede ser el resultado de un trabajo efectivo o que los propios grupos delincuenciales hayan decidido calmarse». Sobre este aspecto, hay quienes han lanzados las sospechas de una supuesta negociación o una tregua entre el Gobierno de Bukele y las maras, para que estas paren la violencia a cambio de algo, como ya sucedió en 2012 durante el Gobierno de Mauricio Funes. Sin embargo, desde el gobierno de Bukele, que siempre ha negado haber negociado con ellas cuando fue alcalde de la capital, San Salvador, ha salido a desmentir que existiera algún tipo de tregua. Maro dura o estrategia de las maras Muy al contrario, su política, de cara al pueblo salvadoreño, ha sido implantar unaas medidas que acaben con los privilegios de las maras, bloqueando sus comunicaciones en los penales, evitando así las extorsiones y los asesinatos por encargo, además de redistribuirlas en las cárceles, evitando que los penal sean el reino exclusivo de cada grupo, como la Mara Salvatrucha y Barrio-18, como había sucedido hasta ahora. «Los críticos aquí hablan de una tregua, pero yo no lo creo. Una negociación con las pandillas, en que estas se hayan comprometido a disminuir la violencia homicida, como pasó hace siete años, creo que ya nos habríamos enterado pues es una negociación que hay que trasladar a la calle, en la que según cifras oficiales hay 60.000 pandilleros ?20.000 encarcelados y 40.000 en la calle?. Me parece imposible, después de lo que pasó ya en 2012, que no nos hayamos dado cuenta si esto realmente ha sucedido», subraya Valencia. «Creo, personalmente, que no está pasando». Otra cosa es que las pandillas, un actor político con muchísimo peso en El Salvador, hayan decidido «calmarse», utilizando esto como «una estrategia». Esta cambio de comportamiento sí podría ser consecuencia de la presión ejercida por el gobierno. «Por citar un ejemplo, Ciudad Barrios, que es el penal por excelencia de la Mara Salvatrucha desde 2004, tiene ahora alrededor de 900 personas de la 18. Las han mezclado la semana pasada». Dicho en plata, «le están tocando los cojones al tigre», bromea Valencia. A esto se suma que todos los días hay conteos de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad con pandilleros muertos. «Esto refuerza mi idea de que no hay una negociación. Creo que las pandillas han visto que ahorita les conviene estar calmados». Aclara que este descenso no empezó el 1 de junio, sino que este viene siendo sostenido desde hace cuatro años. «Ahora se ha acentuado el fenómeno. Si hace más de tres meses me hubieran dicho que ibamos a cerrar con cuatro homicidios diarios no lo hubiera creído». El descenso de homicidios también incluye los feminicidios ?«ha sido más pronuciado la disminución de asesinatos de mujeres». confirma Valencia?, así como también se ha apreciado un importante descenso en el capítulo de las desapariciones. «Sigue siendo un problema gravísimo en este país, pero este año la Fiscalía, un organismo que no depende del gobierno, dice que hay menos denuncias. Todos los actores han alcanzado el consenso de que el descenso de la violencia es real, y la cuestión es «por qué ha sucedido». La pregunta del millón para la que no parece haber una respuesta definitiva. Ejecuciones extrajudiciales A pesar de que la ONU ha criticado las medidas de represión del Plan de Control Territorial, el pueblo salvadoreño no se ha mostrado crítico con él. «Es lo que exige la sociedad salvadoreña. Somos una de las más violentas del mundo ?asevera Roberto Valencia?. Y lo es porque cree que la solución a los problemas de violencia es con más violencia. Por eso han tenido tanto éxito los programas de Mano Dura, de Super Manodura, las medidas extraordinarias..» que han llevado a cabo diferentes gobiernos. La existencia de esta represión ha quedado evidenciada hace unos días con la presentación de un informe, avalado por la Procuraduría de Derechos Humanos, que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Policía de El Salvador entre 2014 y 2018, y que se habrían saldado con la muerte de 116 personas en un total de 48 casos de los que solo fueron llevados ante los tribunales 14. En cinco años tan solo hubo dos condenas. «Las conclusiones a las que han llegado es que de los 116 muertos, el promedio de balazos en el cuerpo era de nueve. El dato ya invalida el argumento del uso legítimo de la fuerza», señala Valencia. El contudente informe ha provocado un sinfín de reacciones en las redes sociales, algunas muy lejos de escandalizarse ante este abuso de la fuerza, en el que ven la solución a la violencia de las pandillas que desangra El Salvador, y una de las principales causas que han llevado a miles de personas a abandonar el país. «El tema de las ejecuciones extrajudiciales en este país no te cuesta un voto, es más, te lo puede dar», reconoce Valencia.
27-08-2019 | Fuente: abc.es
El «Plan Marshall» para Centroamérica se enfrenta a la falta de fondos
El «Plan Marshall» para Centroamérica que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está encontrando dificultades de financiación. La cifra de 10.000 millones de dólares anuales a lo largo diez años ?un total de 100.000 millones de dólares en el decenio? es muy ilusoria, teniendo en cuenta que México espera que la mayor parte de esos fondos los aporte Estados Unidos. Washington ha destinado a Centroamérica (especialmente al Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, países de los que procede la ola migratoria que está presionando la frontera sur estadounidense) unos 3.800 millones de dólares entre 2008 y 2018; es decir, que en diez años otorgó ayudas a Centroamérica por la mitad del valor que México pretende que EE.UU. aporte ahora cada año. Algo así es impensable que vaya a ocurrir. La política cambiante de López Obrador El presidente mexicano ha mostrado una política cambiante respecto al flujo de migrantes centroamericanos hacia EE.UU. Cuando a finales de 2018 varias caravanas de migrantes salieron de Honduras y El Salvador para entrar en Guatemala y avanzar hacia la frontera estadounidense, López Obrador les ofreció quedarse en México. Ahora ya no los quiere en su país y ha reforzado la seguridad en la frontera mexicano-guatemalteca, al tiempo que está dispuesto a ayudar a Guatemala a que ejerza de tercer país seguro, donde los migrantes esperen su admisión o no en EE.UU. El plan para Centroamérica concebido por López Obrador ha sido acogido y hecho suyo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el organismo de las Naciones Unidas ocupado de promover el desarrollo de la región, pero difícilmente la Administración Trump va a ir más allá en la cuantía de las ayudas del esquema que puso en marcha la Administración Obama. Alianza para la prosperidad de Obama George W. Bush primó el desarrollo de la región a través de acuerdos de libre comercio ?sustancialmente el CAFTA?; luego, al final de su segundo mandato, orientó la ayuda hacia un programa de seguridad ciudadana, la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), continuada por Barack Obama. Entre 2008, que es cuando ese programa se puso en marcha, hasta 2015, en que Obama lo transformó, EE.UU. concedió ayudas a la región por valor de casi 1.200 millones de dólares. En 2016 Obama dejó de circunscribir las aportaciones a medidas de seguridad para ampliar el espectro de la ayuda al desarrollo, en lo que se llamó la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El Congreso estadounidense aprobó dotar la iniciativa de 750 millones de dólares para 2016; después la cantidad la redujo con la llegada de Donald Trump: 655 millones para 2017, 615 millones para 2018 y 527 millones para 2019. Así, la Alianza para la Prosperidad ha contado con una dotación por parte de EE.UU. de 2.600 millones de dólares. En realidad, Washington no ha hecho efectiva la totalidad de esos montos, pues el revisionismo de Trump ha llevado a retener y reprogramar ciertas partidas. Continuando a la baja, en el presupuesto para 2020 las ayudas han descendido a 445 millones de dólares, a la espera además de si Trump materializa su anuncio de cortar completamente esas asignaciones como castigo a unos gobiernos que no han sido capaces de detener la emigración hacia EE.UU. Ayuda extranjera La novedad de la Alianza para la Prosperidad era que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se comprometían a destinar fondos propios que superaran ampliamente las cuantías aportadas por Washington (los tres países presupuestaron conjuntamente 2.647 millones de dólares en 2016 y casi 2.900 millones en 2017) para la realización de los proyectos de infraestructuras y de desarrollo social que se determinaran. También se contaba con aportaciones del sector privado y la mediación de instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. De esta forma, la ayuda gubernamental estadounidense era solo una parte del monto requerido, mientras que los países centroamericanos se responsabilizaban de una parte sustancial de los fondos necesarios para los distintos programas. En cambio, el plan de López Obrador, que a los tres países del Triángulo Norte añade el sur de México (sobre todo los estados de Tabasco y Chiapas), pretende que el dinero llegue del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de organismos internacionales, según ha expuesto el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. En el mejor de los casos podrá haber algún tipo de estructuración de ayudas internacionales destinadas a las áreas más pobres de América Central, con la participación de EE.UU., pero no parece que Washington vaya a ir mucho más lejos de lo que ya era la Alianza para la Prosperidad, por lo que hablar de «Plan Marshall» es un gran exceso verbal de ciertos políticos.
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