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Noticias de salario minimo

01-06-2020 | Fuente: abc.es
La Asamblea de Guaidó rechaza el aumento del precio de la gasolina anunciado por Maduro
La Asamblea Nacional, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, acordó en una reunión extraordinaria rechazar por unanimidad el incremento de la gasolina tanto en bolívares como en divisas anunciado por Nicolás Maduro por considerarlo inconstitucional, especulativo y discriminatorio, y factor que favorece la corrupción de mafias y grupos de enchufados del régimen chavista. La reunión parlamentaria extraordinaria se realizó de forma telemática con una hora de retraso, en un domingo convulsionado por los anuncios que hizo Maduro este sábado. El líder chavista lanzó un incremento de 50.000 millones por ciento por litro de gasolina sin anestesia ni consideración hacia un país que goza de las mayores reservas petrolíferas del mundo y que ahora el régimen importa de su aliado Irán. Así, la gasolina pasó de costar 0,00001 el litro a 5.000 bolívares (2,5 centavos de dólar) subvencionada y exclusiva únicamente para los chavistas con «carnet de la patria», mientras que el resto de los venezolanos tendrán que pagarla a 0,50 dólares el litro. El salario mínimo de un trabajador es de 4 dólares al mes y la cesta familiar asciende a 232 dólares. En el debate parlamentario, tras 21 años transcurridos sin ningún ajuste en los precios del combustible por temor a una revuelta como la del «caracazo» de 1989, participaron siete diputados, incluído su jefe el presidente interino Juan Guaidó, quien reiteró la necesidad urgente de instalar un gobierno de emergencia nacional previa salida de Nicolás Maduro. El diputado Elías Mata abrió el fuego de la discusión seguido de Robert Alcalá, José Pratt, Carlos Bastardo, Deyalitza Aray, Marco Aurelio Quiñones y Juan Pablo Guanipa y con la clausura de Juan Guaidó que leyó el «acuerdo de rechazo al inconstitucional aumento de la gasolina anunciado por el usurpador Nicolás Maduro como consecuencia de la corrupción y de la destrucción de PDVSA por parte de su régimen». «Inviable» El primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa destacó cómo durante el chavismo «los medios de comunicación fueron reducidos a su mínima expresión (200 medios cerrados), años saqueando la industria petrolera y ahora no tenemos gasolina. Lo de PDVSA es uno de los crímenes más grave de nuestra historia». «La economía ha sido destruida por la dictadura, ustedes son una plaga», dijo Guanipa al referirse al socialismo siglo XXI. Guanipa también subrayó que el régimen de Maduro «condenó y obligó a seguir una cuarentena que el pueblo no tenía como sostener, porque no hay agua, ni gasolina, ni comida, ni medicinas, ni transporte, ni luz, si no que quieren estimular la hiperinflación con unos aumentos que son impagables, los venezolanos rechazan este aumento». Por su lado el diputado Marco Aurelio dijo: «Juntos todos debemos conformar ese Gobierno de Emergencia Nacional que permita atender la crisis del coronavirus, la crisis de la energía eléctrica, del agua y del gas, este aumento es la guinda de la torta». El diputado Carlos Bastardo recordó que el régimen no ha invertido en la industria petrolera, «pone como excusa las sanciones de EEU pero Irán que también está sancionado tiene a sus refinerías funcionando y puede llevar gasolina a Maduro». Bastardo sostiene que el modelo de comercialización de la gasolina propuesto por Maduro es «otra estafa y un golpe al bolsillo de los venezolanos para favorecer la corrupción a los 200 empresarios enchufados de Maduro» Por todo esto destacó la necesidad de aplicar el artículo 187 de la constitución para pedir ayuda militar internacional a través del TIAR.
31-05-2020 | Fuente: abc.es
Putin busca recobrar el pulso político y acometer la consulta que avale su continuidad en el poder
La actual pandemia de Covid-19 sigue acaparando toda la atención y esfuerzos de las autoridades rusas. Pero pese a que la situación no está en absoluto superada y una parte importante de la población del país continúa en confinamiento domiciliario y sometida a restricciones en la libertad de movimientos, el presidente Vladímir Putin intenta recobrar el pulso político y restablecer su agenda de cara al futuro. «La situación -en relación con la pandemia- está cambiando, y esto nos da la oportunidad de centrarnos nuevamente en nuestra agenda actual y a largo plazo», dijo Putin a mediados de mes en una reunión con miembros del Gobierno. Destacó la necesidad de no levantar la guardia con el coronavirus, pero señaló que «es extremadamente importante proporcionar una solución dinámica y efectiva a las tareas estratégicas, a nuestros proyectos a gran escala, con un horizonte amplio y obtener rápidamente impulso en ello». De momento, el máximo dirigente ruso ha ordenado a las Fuerzas Armadas organizar para el 24 de junio el gran desfile de la victoria sobre la Alemania nazi, que debió celebrarse el pasado 9 de mayo y que tuvo que posponerse por culpa de la crisis sanitaria. Y no se trata de un desfile cualquiera, ya que conmemora el 75 aniversario del final de aquella contienda y Putin quería haberlo festejado por todo lo alto con presencia en Moscú del mayor número posible de líderes extranjeros. Contactos bilaterales Con ellos, además de hacer la habitual exhibición de músculo militar, mantendría contactos bilaterales con la intención de posibilitar un acercamiento que pudiera favorecer un levantamiento de las sanciones que Rusia sufre por la anexión de Crimea y su implicación en la guerra en el este de Ucrania. El Kremlin intenta además propiciar una «cumbre» de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, China, Rusia, Reino Unido y Francia) como sustitutivo del G8, de donde Rusia fue expulsada tras estallar la crisis con Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró esta semana que se están enviado nuevas invitaciones a los dirigentes de diversos países del mundo, entre ellos a los presidentes francés y chino, Emmanuel Macron y Xi Jinping, para que acudan el 24 de junio a la parada militar en la Plaza Roja. Por ahora, no ha habido ninguna confirmación oficial de asistencia al evento. Antes de que se desatase la actual epidemia, Macron y Xi ya anunciaron su intención de trasladarse a Moscú para el desfile. Lo hizo también el primer ministro japonés, Shinzo Abe, pero el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que no asistiría. A la que sí esperan es a la canciller alemana, Angela Merkel. Pero mucho más importante para el presidente ruso que ése hipotético cónclave de líderes mundiales en Moscú el 24 de junio es la votación por parte de la ciudadanía de las enmiendas constitucionales que le permitirán permanecer en el poder hasta 2.036. Debería haber tenido lugar el pasado 22 de abril y se tuvo que suspender. Sin embargo, el diario «Kommersant» y la agencia Interfax, que citan fuentes próximas al equipo que prepara la consulta popular, estiman que podría celebrarse el 1 o el 8 de julio. Si Putin logra la reelección en los comicios de 2024 y en los de 2030, al finalizar esos dos mandatos adicionales, se pondría en los 83 años de edad y sumaría 16 años a los más de 20 que ya lleva al frente de Rusia. Dios en la Carta Magna Todo este tinglado de cambios constitucionales lo lanzó el jefe del Kremlin el pasado 15 de enero durante su discurso anual sobre el estado de la Nación. Desde entonces, muchas fueron las propuestas presentadas por un «grupo de trabajo» creado al efecto, entre ellas incluir el concepto de Dios en la Carta Magna, garantizar en su texto que el único matrimonio legal será el que contraigan un hombre y una mujer, la prohibición de que los funcionarios puedan tener propiedades en el extranjero, enmienda ya retirada definitivamente, y muchas otras no menos pintorescas. Sin embargo, a juicio de la oposición, el verdadero objetivo de Putin con la reforma, además de desbrozar el camino para que pueda seguir mandando después de 2024, consiste en fortalecer todavía más sus poderes en detrimento del Gobierno y poner bajo su control los tribunales Constitucional y Supremo. Como señuelo para que la gente vaya a votar, la nueva Constitución incluirá en su texto la obligación de actualizar cada año las pensiones y el salario mínimo. El líder carismático del partido liberal Yábloko, Grigori Yavlinski, lamenta en un artículo en su página web el hecho de que, con o sin nueva Constitución, «Rusia carece de un Estado de calidad y de una política competente». Según su opinión, «Putin no invertirá en la economía en la cantidad objetivamente necesaria, ya que considera la lucha contra Occidente como su misión histórica, y no la creación de una economía moderna y la mejora del bienestar de los ciudadanos».
30-05-2020 | Fuente: abc.es
«En Perú, el hambre ya ha vuelto»
Perú fue uno de los primeros países que se pusieron en guardia para afrontar la crisis del coronavirus. Solo un día después de que en España se decretara el confinamiento, el 14 de marzo, el país andino hacía lo mismo. Mientras los primeros casos en nuestro país fueron detectados a finales de febrero, Perú declaró el primero el 6 de marzo. Nueve días después decretaba el estado de emergencia. Sin embargo, esta rápida actuación no pudo cubrir las profundas carencias que venía arrastrando, lo que le ha convertido actualmente en el segundo país con más contagios en Iberoamérica, por detrás de su vecino Brasil. Según las cifras de este viernes recopiladas por el Instituto Johns Hopkins, el número de contagios se eleva a 141.779 (ha superado ya la barrera de los seis mil casos diarios), mientras que el de fallecidos asciende a 4.099. «Aquí esto se ha llamado la Paradoja peruana. Para entenderlo hay que raspar debajo de las cifras macroeconómicas del país y mirar la infraestructura con la que hemos recibido la pandemia», explica a ABC en conversación telefónica América Arias, responsable de Acción contra el Hambre en Perú. «La red sanitaria no era la adecuada ya en tiempos pre covid, ni lo sistemas logísticos y había unos niveles de corrupción altos. Algo que siempre ha sido un problema en el país -señala-. Y había una bolsa de pobreza, que incluso estaba censada, de más de 6 millones de personas para un país de entre 33 y 34 millones de habitantes». Todo esto hizo que a pesar de las medidas del Gobierno de Martín Vizcarra, «que han sido rápidas y adecuadas para algo tan desconocido», estas no han tenido el impacto que se esperaba. Trabajo informal Si bien al principio del confinamiento este era respetado por la población de manera general, según se prolongaba la gente se impacientaba y salía más a la calle: «Porque era o covid o hambre», justifica Arias. En Perú el trabajo informal supera el 70%. Un cifra muy superior a la de otros países, como México, donde no llega al 60%; Colombia, donde se sitúa en el 48%; Argentina rondaría el 50%; en Brasil es del 40%, mientras que en Chile representan el 30%, por citar solo unos ejemplos. «Poca cuarentena se puede mantener frente a eso», señala Arias. «No se trata solo de que no hay soporte entre el empleado y el empleador, que te permitiría tener cierta protección social, también existe mucha economía callejera, mercados, comercio ambulante.. que mueve mucha economía. Y la gente que vendía comida o ropa en la calle no tenía dinero para mantener el confinamiento». A esto se suma la cultura del día a día que vertebra a la sociedad peruana. «Aquí la gente llega a comprar el jabón o el champú en sobres individuales porque es lo que va a utilizar ese día. Se hace comida para el día, no en grandes cantidades». Para Arias esta es una consecuencia de la crisis económica que sufrió el país en la década de los años 90, «cuando los fósforos se compraban por unidades. Gastabas lo que necesitabas». Esa manera de gestionar la economía doméstica, también se extiende al sistema financiero. «No existe la cultura de tener una cuenta bancaria ni tampoco de ahorrar» Lo que también ha ocasionado problemas durante la pandemia. Para ayudar a esas economías informales que se tenían que quedar en casa, el Gobierno de Vizcarra aprobó una serie de bonos, que comenzaron siendo de 380 soles (unos 110 dólares) hasta alcanzar los 760 soles (el salario mínimo en Perú es de unos 950 soles), que no daban para sobrevivir. Una medida que también se convirtió en un foco de contagio pues gran parte de la población, que no tiene cuenta en el banco, debía salir y hacer cola delante de oficinas para poder cobrar el dinero. Colapso sanitario La intención del Gobierno de Vizcarra al adelantarse con las medidas de confinamiento habría sido la de evitar el colapso del sistema sanitario, muy frágil, sin conseguirlo. El alto número de contagios entre los sanitarios, «hasta el 40% en algunas zonas del país», habría llevado esta semana al Ministerio de Salud a intentar movilizar a los enfermeros y enfermeras de más de 60 años (antes considerados entre la población en riesgo) para cubrir la emergencia sanitaria. Especializada en salud pública, Arias confirma ese colapso:«En todo el país hay menos camas UCI de las que puede haber en Madrid». El país afrontó la pandemia «con menos de 300 camas UCI a nivel nacional. Ahora, con inversión y un gran esfuerzo se ha llegado a 1.000 camas». La precariedad del sistema sanitario es un problema que viene arrastrando Perú desde hace décadas. Parece un mal endémico del país, en el que tan solo s e invierte en Sanidad un 5% del PIB. «Ya antes de la pandemia teníamos un ratio de profesionales por debajo de lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y esto es mucho peor si hablamos de especialistas». Esta tendencia no se ha rectificado a pesar de que en los tres o cuatro últimos años Perú ha vivido varias emergencias sanitarias (Guillain-Barré, dengue, climáticas..). «Y ya sabíamos que no estabamos preparados de forma adecuada para dar una respuesta. Esto es un problema de la infraestructura de Estado». Esa falta de respuesta a las pequeñas emergencias se ha replicado a gran escala con la llegada del coronavirus. «En todo el país hay menos camas UCI de las que puede haber en Madrid. Empezamos la pandemia con menos de 300» A la escasa inversión en Sanidad, se suma el problema de la dispersión de la población de un país, Perú, que es tres veces más grande que España. «Hay una gran concentración en Lima, donde viven diez millones de personas, pero el resto está muy diseminado y muchas competencias están descentralizadas en los municipios, cuyos alcaldes requieren una preparación y un apoyo que logísticamente es difícil de dar. A veces se necesitan varios días para acceder a muchos de ellos». Esa es una de las dificultades con las que se han encontrado las brigadas de sanitarios enviadas a monitorizar la pandemia fuera de la capital. «Los sanitarios solo pueden estar en cada brigada 15 días, creo, y a veces en llegar a una zona de selva tardan 4 o 5 días, si todo va bien». La «tormenta perfecta» La burocracia tampoco facilita que se cubran esas necesidades logísticas. «Ya el contexto no era favorable, pues los indicadores de la FAO decían que volvía un poco el hambre, que a pesar de la cifras macroeconómicas la inequidad existía y era potente. El mismo censo indicaba una bolsa de siete millones de personas, entre pobre y muy pobres», reconoce Arias. Datos que ha utilizado el Gobierno para distribuir los bonos de ayuda. Para la responsable de ACH en Perú, se ha dado la tormenta perfecta. «Macroeconómicamente podíamos ser potentes gracias a la minería, a políticas de ahorro, a una buena gestión financiera que nos ha dado cierta solidez.. Pero de puertas adentro, la casa está sin barrer», lamenta. «Macroeconómicamente podíamos ser potentes gracias a la minería, a políticas de ahorro, a una buena gestión financiera que nos ha dado cierta solidez.. Pero de puertas adentro, la casa está sin barrer» Las consecuencias de esta «tormenta perfecta» dejarán importantes daños en el país, que se verá golpeado por el aumento del desempleo como está sucediendo en tantos otros Estados, pero con el handicap de que sus estructuras están mucho menos preparadas para soportarlo: «Las personas que estaban consiguiendo estabilidad en la clase media la van a perder; muchos negocios pequeños de emprendemiento se van a hundir; va a haber más hambre; va a aumentar la desprotección, tanto de mujeres como de niños, algo que nos preocupa mucho. Ya se está viendo. La mujer aquí tiene un papel muy importante en la economía de la supervivencia. Son las que sacan adelante la economía del hogar. Las que se dedican a empleos peor pagados pero mucho más ágiles..» La pandemia también va a dejar un sistema sanitario aún más debilitado. «Se ha llevado la atención que se necesitaba para otro tipo de población: las gestantes, los ancianos.. Muchos de los cuales han fallecidos solos porque ya no existía un sistema de supervisión». El único aspecto que puede mejorar con esta crisis, en opinión de Arias, es «que se haga limpieza en los mecanismos del Estado para controlar y supervisar las compras. Con la Covid han salido mucho más rápido los temas de corrupción que con otras crisis». Como representante de ACH en Perú, el hambre es su mayor preocupación y su mayor reto de cara al futuro, aunque ya están viviendo las consecuencias de la pandemia. «El otro día estuvimos atendiendo a una madre con un bebé de dos años que tuvo que ser ingresado por desnutrición porque llevaban días sin comer. Y pudimos apoyarles gracias a un proyecto que tenemos con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Pero nos están llegando cada vez más alertas de gente que lleva días sin comer. Y enfermos crónicos que no han podido comprar sus medicamentos, que sufrirán las consecuencias en el futuro y se convertirán también en una carga para el sistema sanitario». Cooperación internacional Una de las reclamaciones que hace Arias es la necesidad de volver a incluir a Perú dentro del mapa de la cooperación internacional, de donde ya había salido por los indicadores de su macroeconomía que le permitían optar a entrar en la OCDE. «Pero en Perú se necesita apoyo para el desarrollo agrario, también para la incorporación a un mercado laboral formal, se necesita limpiar las bolsas de pobreza dándoles unas herramientas para que se incorporen al mercado laboral, y un apoyo para el sistema sanitario, sobre todo en las zonas rurales.. Hay que mejorar la situación del agua y del saneamiento. Hay todavía millones de personas que no tienen acceso al agua segura, incluso en la propia capital». «Hay que mejorar la situación del agua y del saneamiento. Hay todavía millones de personas que no tienen acceso al agua segura, incluso en la propia capital» En cuanto al futuro «de los próximos dos o tres años», Arias lo ve complicado. «No solo es arreglar lo que la pandemia ha dañado sino poner las bases para hacer las cosas bien. Eso implica cambiar todas las estructuras del Estado. Eso va a ser difícil. En Perú, el hambre ya ha vuelto. Esperemos que el motor de la economía sea capaz de mantener el país, pero a nivel de la economía familiar esto va a ser muy duro. En el agro se han perdido cosechas o no se han podido recoger. No se trata del hambre de ahora, sino vamos a ver lo que sucede de aquí a unos meses». Según un informe de la ONG, el coronavirus dejará más de 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica. Concluye haciendo un llamamiento para que se visualice que el impacto social del covid-19 en Perú y en toda Latinoamérica va a ser mayor que el impacto sanitario. «Eso hace imprescindible enviar ayuda económica, fondos, y apoyos que permitan fortalecer capacidades. Si para todo el mundo la pandemia ha sido, clínicamente, arrasador, el impacto social que está teniendo aquí.. Vamos a tardar años en recuperarnos».
27-04-2020 | Fuente: abc.es
Los demócratas, los que más emplean el español en EE.UU. para ganarse a los votantes hispanos
La realidad se impone y el idioma español gana terreno en la política de Estados Unidos . En vídeos, anuncios, redes sociales o contenidos en web, cargos públicos y candidatos se expresan cada vez más en la lengua de Cervantes, reflejo del imparable aumento de la población hispana y, por tanto, de votantes de esta comunidad. De los 441 miembros de la Cámara de Representantes (incluyendo seis sin derecho a voto), 69 utilizan el español en sus comunicaciones, el 16% del total, según un estudio publicado por The Hispanic Council con motivo del 23 de abril, Día Mundial del Idioma Español. En el Senado, lo ha hecho al menos el 15%, es decir, 15 de los cien senadores que lo integran, indica este think tank con sede en Madrid que estudia la comunidad hispana de EE.UU. y promueve los lazos entre este país y España. Los datos analizados se refieren a la composición de las dos cámaras del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato (midterm) de 2018. Antes los porcentajes respectivos eran del 14% y del 13%, lo que indica que el uso del español entre los políticos estadounidenses sigue en aumento. «En el nuevo Congreso de Estados Unidos, que es el que cuenta con más hispanos de la historia, se utiliza más que nunca el español», subraya The Hispanic Council en la segunda edición de su informe bianual «El español en la política de EEUU: análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el Senado». El 18% de la población Como apunta el estudio, los últimos datos de la Oficina del Censo recogen que la población hispana es de casi 60 millones de personas, el 18,3% de los 330 millones de habitantes de EE.UU. Al menos 22 estados superan ya el 10% de población hispana, no solo en lugares donde tradicionalmente son numerosos, como Texas, Florida o California.Y el Instituto Cervantes señala que más de 41,1 millones de personas en ese país hablan español de modo nativo, con capacidad oral y escrita. Si se suman aquellos con competencia limitada, el número asciende a 55 millones. Además, las proyecciones demográficas apuntan que esta tendencia continuará, ya que la comunidad hispana de EE.UU. tiene la media de edad más joven que las demás. Se calcula que para 2060 supere los 111 millones de personas, el 28% de la población. El aumento del peso demográfico se traduce en un claro crecimiento del electorado hispano. En las presidenciales previstas el 3 de noviembre de este año, habrá 32 millones de hispanos con derecho a voto, el 13,3% del total, con lo que superarán por primera vez a los afroamericanos, según el centro de investigación Pew, de EE.UU. Aunque la campaña estará dominada por la gestión por Donald Trump de la crisis sanitaria y su impacto económico, «los hispanos van a tener un papel determinante», recalca a ABC el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña. «En 2016 Hillary Clinton no consiguió el mismo nivel de apoyo que Obama entre los votantes hispanos y Trump logró un resultado bastante razonable entre estos electores», explica. La abstención suele ser alta entre los hispanos, por lo que, añade, «uno de los factores a tener en cuenta será el nivel de participación de los hispanos en la votación y un elemento importante puede ser el conectar con ellos a través del idioma español». En las primarias demócratas se ha podido ver ya un gran esfuerzo de los candidatos por acercarse a los hispanos. Por ejemplo, señala Ureña, «Bernie Sanders trabajó durante mucho tiempo la creación de la plataforma ?Unidos con Sanders?, que le fue muy útil en varios estados donde se alzó con la victoria. De hecho, se presentó como el ?Tío Bernie?, apostando por uno de los valores esenciales para la comunidad hispana: la familia». Más entre los demócratas De acuerdo con The Hispanic Council, los senadores y congresistas demócratas son quienes más emplean el español. Mientras que lo utiliza el 4% de los republicanos de la Cámara, entre los demócratas son el 26%. En el Senado, lo hacen el 8% de los republicanos y el 23% de los demócratas. «Históricamente, el Partido Demócrata ha tenido más facilidad para captar el voto hispano y ha presentado tradicionalmente a más candidatos hispanos a los comicios», explica el informe. En este sentido, como recoge el gráfico en esta página con datos del centro Pew, los hispanos conectan más con los postulados demócratas en cuestiones como el endurecimiento de las leyes de armas, la subida del salario mínimo o una mayor cobertura sanitaria. Sin embargo, The Hispanic Council indica que «cuando el Partido Republicano ha utilizado estrategias para apelar al voto hispano y ha utilizado el español también ha obtenido buenos resultados», como hicieron en el estado de Florida el hoy senador Rick Scott y el actual gobernador, Ron DeSantis, ninguno de ellos hispano. En el ránking de The Hispanic Council destacan por el uso del español los senadores demócratas Catherine Cortez (Nevada), Tim Kaine (Virginia), Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Dianne Feinstein (California), y los republicanos Marco Rubio (Florida) y John Cornyn (Texas). En la Cámara, los demócratas Nanette Díaz Barragán (California), Lucille Roybal-Allard (California), Lori Trahan (Massachusetts), José E. Serrano (Nueva York), Dina Titus (Nevada), Albio Sires (Nueva Jersey), Nydia Velázquez (Nueva York), así como el republicano Mario Díaz-Balart (Florida). «Muchos miembros del Congreso que no utilizan el español en su comunicación habitual sí lo hicieron para apelar al voto hispano durante el proceso de campaña», explica el estudio.
22-04-2020 | Fuente: abc.es
Sudáfrica anuncia un paquete de apoyo social y económico sin precedentes contra el coronavirus
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció anoche un ambicioso plan para inyectar más de 24.300 millones de euros (500 mil millones de rands) en un paquete de apoyo social y económico para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus. Se trata del «desembolso fiscal único» más grande del país y es casi diez veces la cantidad gastada en la preparación para organizar la Copa Mundial de Fútbol hace diez años. En su quinto discurso a la nación desde el primer caso de Covid-19 en el país, Ramaphosa habló sobre tres asuntos claves que preocupan a los sudafricanos: la naturaleza de las intervenciones económicas, el alcance del apoyo social y cómo será la «vida después del confinamiento». El líder sudafricano prometió una prestación para la manutención de los hijos (de 15-25 euros) y otras subvenciones durante los próximos seis meses, cuando está previsto que la economía sufra más estragos debido a la pandemia. Los sudafricanos desempleados que no reciben otras subvenciones recibirán un total de 2.100 rands (poco más de 100 euros) cada uno en pagos mensuales de manera temporal, el primero de su tipo en el país. La cantidad que cobrarán es de menos de 18 euros al mes, una décima parte del salario mínimo. Se estima que cerca de 10 millones de sudafricanos se beneficiarán de esta corona-subvención para desempleados y más de 13.000 millones, lo harán de los subsidios por manutención infantil. En total, Ramaphosa dijo que el gobierno ha presupuestado 2.500 millones de euros para aliviar el impacto del coronavirus en los más vulnerables, lo que se traduce en el 10% del presupuesto total y alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB) de Sudáfrica. El jueves está previsto que el presidente Ramaphosa vuelva a dirigirse a la nación para anunciar nuevas medidas; se contempla la posibilidad de que las áreas más afectadas por los contagios del virus Covid-19 puedan continuar experimentando un «bloqueo total», mientras que otras zonas menos afectadas puedan entrar en una nueva fase. Para hacer cumplir las medidas impuestas por su administración, Ramaphosa informó al Parlamento que había autorizado el despliegue de 73.180 miembros adicionales de la Fuerza de Defensa Nacional (SANDF) ?casi todo el Ejército- hasta junio. El país, que lleva confinado 27 días, tiene un total de 3.465 casos (+165) y 58 muertes (no se registró ninguna muerte durante el martes). En total se han realizado 126.937 test.
09-04-2020 | Fuente: abc.es
Mujeres y hombres de Bogotá se alternarán los días pares e impares para salir de casa
A simple vista, sin tener que sacar la identificación, a puro ojo y sin complicaciones: a partir del lunes 13 de abril, las mujeres de Bogotá saldrán momentaneamente de la cuarentena los días pares y los hombres, los impares, y solo una persona por familia. La población transgénero podrá ir al mercado o al banco de acuerdo con su identidad de género y no con la cédula, con lo que se respetan sus derechos. Así lo anunció ayer la alcaldesa Claudia López, quien indicó que el proceso pedagógico empieza este jueves 9 de abril y que a partir del lunes de Pascua la multa de un millón de pesos (unos 240 euros, poco más del salario mínimo en Colombia) se hará efectiva a quien desacate a orden. De esa forma, López soluciona el asunto de cómo apretar la cuarentena sin ahorcar a los más de siete millones de habitantes, y lo que es más apremiante, le pone freno a la salida a la calle de personas que, especialmente en sectores populares de la ciudad, siguen desafiando el encierro preventivo impuesto por la Alcaldía desde el pasado 20 de marzo y que el presidente Iván Duque extendió esta semana hasta el 27 de abril para todo el país, con posibilidades de extenderlo. La idea de la alcaldesa no es nueva. En Panamá, país vecino a Colombia, entró en vigencia el pasado 1 de abril, como forma de detener el contagio en el istmo, ya que es el país centroamericano con mayor número de casos positivos por coronavirus. Allí, mujeres y hombres se rotan los días de salida y el domingo, solución salomónica, nadie sale a la calle -excepto en caso de necesidad extrema-. Si bien a nadie le gusta que le restrinjan la movilidad, en Panamá el debate ha sido fuerte porque las autoridades locales han detenido a personas transgénero para pedirles la identificación, y como en ella puede aparecer su sexo de nacimiento ?no hay cambio en la documentación oficial a menos que se sometan a cirugía para cambio de sexo-, les multan con 200 dólares. En Bogotá ?que tiene casi el doble de la población de toda Panamá-, en cambio, los que protestan ahora son los políticos con el «pico y género», en alusión a la medida de «pico y placa» a la que están tan familiarizados los bogotanos y con la que se trata de disminuir el tráfico en la ciudad de acuerdo con el número final ?par o impar- de la placa del automóvil. Sus argumentos giran básicamente sobre casos como los que se presentan en Panamá, temiendo que la transfobia determine acciones arbitrarías de la policía y afecte a los derechos de los ciudadanos. Otros concejales de la ciudad cuestionaron el porqué de establecer las salidas por género y no por cédula, dado que esa idea por identificación la habían propuesto los partidos de la oposición; y otros más cuestionaron la valoración técnica de la medida. Cifras capitales El 8 de abril la ciudad reportó 992 casos, de los cuales 490 son de mujeres y 502 de hombres. Es decir, la capital tiene prácticamente la mitad de los positivos registrados del país. El 13% de los afectados está hospitalizado, un 4.1% adicional está en la UCI y el 82% permanece en casa. Lo que empezó como un contagio importado hoy no se conoce bien cómo se ha dado, solo que deambula por todos lados y se multiplica con las interacciones humanas y la falta de previsión y acatamiento de los protocolos. Y hay una particularidad: la mayoría de las personas con síntomas o positivas están en un rango de edad entre los 30-39 años, seguidas por los grupos de 40-49 y 20-29, es decir, una población joven, muy activa y clave en la fuerza laboral que se requerirá para sacar adelante la ciudad tras el paso de la pandemia. Si bien cambian las salidas, el resto de las medidas y las 32 excepciones se mantienen. Es decir, todo el personal de salud, servicios ciudadanos, domicilios, transporte de alimentos y seguridad quedan exentos de esta restricción. A los taxistas, en cambio, les exige controles y el registro de cada pasajero que utilice un taxi, con datos completos, como medida de seguimiento.
03-03-2020 | Fuente: abc.es
Putin presenta al Parlamento unas enmiendas constitucionales de marcado carácter conservador
La nueva Constitución que el presidente, Vladímir Putin, se propone sacar adelante mediante la aprobación de una veintena de enmiendas tendrá un marcado carácter conservador. Según el texto presentado por Putin el lunes a la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), el paquete de modificaciones a la Carta Magna incluye el reconocimiento de que el matrimonio podrá legalizarse solamente como unión entre un hombre y una mujer. Las enmiendas que el máximo dirigente ruso promueve, tras ser discutidas por un pintoresco «grupo de trabajo» en donde hay nada más que una quincena de juristas y muchas estrellas del deporte y el mundo del espectáculo, introduce además el concepto de Dios en la Constitución pese a reconocer en su artículo 14 que Rusia es un «Estado laico». Además, en el artículo 28 deja a los ciudadanos completa libertad de credo y también la posibilidad de no profesar ninguna religión. «La Federación Rusa (..) conserva la memoria de sus antepasados, que nos transmitieron sus ideales y la fe en Dios», reza la enmienda remitida por Putin a la Cámara Baja. La idea de incluir a Dios en la Carta Magna partió de Kiril, el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. El matrimonio, solo heterosexual También la jerarquía eclesiástica ha inspirado la enmienda a la Ley Fundamental en cuanto a que un matrimonio pueda ser sólo heterosexual, aunque formalmente fue presentada por una diputada y emana de la idea negativa que el jefe del Kremlin y su régimen tienen de la homosexualidad. El mes pasado, cuando el asunto fue discutido en el «grupo de trabajo», Putin dio a entender que no hace falta que la naturaleza de lo que, según él, debe ser un matrimonio quede reflejado en la Constitución, ya que, aseguró «mientras yo sea presidente, en Rusia nunca se legalizarán las uniones entre personas del mismo sexo». «No habrá progenitor uno y progenitor dos, habrá papá y mamá», recalcó. Otra enmienda incluida en el paquete remitido el lunes a la Duma habla de la «prohibición de ceder territorio a un país extranjero», iniciativa que partió del actor ruso, Vladímir Mashkov, conocido por sus posicionamientos nacionalistas. Tal modificación tiene como objetivo blindar la soberanía rusa sobre la península de Crimea y sobre las islas Kuriles, territorios reivindicados respectivamente por Ucrania y Japón. Atañe también a Kaliningrado, la antigua Prusia Oriental, aunque en este caso Alemania no ha solicitado su devolución. Otra enmienda que ha levantado cierta polémica, incluso en el seno del Tribunal Constitucional, es la que hace referencia a Rusia como sucesora jurídica de la desaparecida Unión Soviética. Putin ha querido también cerrar el paso a lo que considera una ola de revisionismo sobre el papel de la URSS en la II Guerra Mundial con un artículo que defiende la «verdad histórica». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que todas estas enmiendas «han superado el análisis jurídico de los expertos». Reforzar poderes Sin embargo, a juicio de la oposición, el verdadero objetivo de Putin con la actual reforma constitucional consiste en reforzar los poderes del presidente en detrimento del Gobierno y poner bajo su control los tribunales Constitucional y Supremo. Aún no está del todo claro qué prerrogativas tendrá el nuevo Consejo de Estado, un estamento que actualmente es meramente consultivo, pero que podría ver aumentadas sus atribuciones. Se prevé también limitar el número de mandatos presidenciales a dos y fijar en la Carta Magna la obligación de actualizar cada año las pensiones y el salario mínimo, artículos que parecen señuelos para lograr que la población acuda a las urnas el próximo 22 de abril para ratificar las enmiendas en una consulta popular que no es necesaria. Ninguno de los cambios propuestos afectan a los títulos 1,2 y 9 de la Ley Fundamental, cuya modificación sí hubiese requerido un referéndum en toda regla, además de la formación de una Asamblea Constituyente, y no una simple votación «plebiscitaría», como la ha llamado Putin. Las enmiendas deberán pasar por la Duma con mayoría cualificada, en segunda lectura el próximo 10 de marzo y con no menos de los dos tercios de la Cámara, y después por el Consejo de la Federación, también con mayoría cualificada. Las asambleas legislativas regionales también deberán aprobarlas, antes de la votación del 22 de abril. Tras lo cual, si recibe el apoyo de más del 50% de los que acudan a las urnas, El jefe del Estado procederá a firmar los cambios introducidos. Esta reforma fue anunciada por Putin el pasado 15 de enero en su discurso anual sobre el estado de la Nación, el mismo día que dimitió el Gobierno en pleno. Las enmiendas fueron aprobadas en primera lectura en la Duma el pasado 23 de enero.
27-02-2020 | Fuente: abc.es
Austria suaviza las condiciones para la llegada de inmigrantes
Al igual que Estados Unidos tiene la tan deseada Green Card, el Gobierno austriaco de Sebatian Kurz ha implementado la tarjeta «roja-blanca-roja», con los colores de la bandera austriaca, que otorga permiso de trabajo y residencia en el país alpino. El objetivo era seleccionar inmigración cualificada y bien pagada, en detrimento de trabajadores extranjeros más precarios, pero los requisitos para obtener la tarjeta han puesto en aprietos a la patronal austriaca y el consejo de ministros de Kurz los ha rebajado en su reunión de hoy. El salario mínimo que los inmigrantes extracomunitarios deberán poder acreditar para la obtención de la tarjeta pasará a partir de ahora de los 3.200 euros mensuales a solamente 2.685. En lugar del 60% de la base de contribución máxima, será suficiente con el 50%. El Gobierno quiere aliviar así la escasez de trabajadores no cualificados y atender las demandas de la patronal, puesto que las empresas estaban encontrando verdaderos problemas para contratar en algunos sectores, como la construcción y la hostelería. «La escasez de trabajadores no calificados se está convirtiendo en un obstáculo para el crecimiento, el 88% o de las empresas se ha resentido de la escasez de personal», justificó ayer la ministra de Economía Margarete Schramböck, del Partido Popular Austriaco (ÖVP). El 40% de las empresas ya se queja de una caída en los ingresos porque no puede cubrir las vacantes. Formados en Austria La tarjeta ha sufrido además modificaciones para que su aplicación sea más rápida y menos burocrática en el futuro. La palabra clave es «digitalización». Schramböck calificó de «absurdo» que las solicitudes debían ser procesadas por las misiones diplomáticas austríacas en el extranjero y por correo y para los graduados de una universidad austriaca, aunque no tengan la nacionalidad, el salario mínimo requerido previamente será eliminado por completo. «No tiene sentido enviar a casa a las personas que han sido formadas en Austria», dijo Schramböck, que anunció que revisaría el esquema de puntos actual como evidencia de calificaciones. «Debería basarse explícitamente en la experiencia profesional relacionada con el trabajo en el sistema de puntos», explicó, y añadió que el conocimiento del inglés también debe considerarse equivalente al conocimiento del alemán en el futuro. El vicecanciller Werner Kogler, del Partido Verde, ha defendido que «la inmigración controlada servirá para aliviar la escasez de trabajadores calificados». Junto a un paquete de medidas para reducir las emisiones de CO2, las restricciones en la política de inmigración son las principales líneas del programa acordado por el conservador Partido Popular de Austria (ÖVP) y los ecologistas Verdes para gobernar juntos en una alianza inédita hasta ahora.
20-02-2020 | Fuente: elpais.com
Oxfam Intermón propone una renta contra la pobreza del 30% del salario mínimo
La ayuda sería compatible con otros ingresos, como el salario, y otras ayudas hasta que se resuelva la situación
20-02-2020 | Fuente: abc.es
«Si lo ponen tan difícil, mi hermano no va a poder venir a Londres»
Pablo Sánchez tiene 23 años y trabaja desde hace dos meses como dependiente en una tienda de Londres. Tardó solo un par de semanas en encontrar trabajo desde su entrada al Reino Unido. Llegó al país siguiendo los pasos de su hermana mayor, que vive en la capital británica hace ya cuatro años y que, aunque ahora es administrativa en una empresa, también empezó como vendedora, sobre todo porque no hablaba inglés cuando salió de España. La pregunta sobre qué opinión le merece el nuevo sistema de inmigración que pondrá en marcha el gobierno de Boris Johnson a partir de enero de 2021 pilla a Sánchez por sorpresa. «No tenía idea, la verdad es que no leo los periódicos y mi hermana no me ha dicho nada», asegura. Pablo: «Antes de enero no creo que hable inglés» Después de conocer el plan en líneas generales, se muestra preocupado. «La verdad es que no lo sabía, y tampoco creo que antes de enero hable bien inglés, seguro que esto es culpa del Brexit, me parece que es bastante injusto». Además, explica que el próximo año pensaba venir también su hermano menor, de 18 años y que está estudiando Formación Profesional. «Pero tal vez no pueda venir si al final lo ponen tan difícil, no sé lo va a creer cuando se lo cuente», afirma. Paloma: «Es muy injusto que nos traten así» También como «injusto» calificó el nuevo mecanismo Paloma López, que lleva en Mánchester un año. «He cambiado de trabajo un par de veces, siempre como camarera. Ya hablo bien inglés, pero no tengo ningún título universitario», dice, y asegura que está «un poco agobiada» por su futuro. «Hice el trámite del settle status (permiso de residencia) pero no me han respondido, creo que está mal y es muy injusto que nos traten así a los europeos». Marcos: «Me parece fenomenal que exijan inglés» De otra forma ve el panorama Marcos, un madrileño que no quiere dar su apellido y que trabaja en el sector de la banca en la City londinense desde hace una década. «Me parece fenomenal que exijan que la gente hable bien inglés y que demuestre que vale para su puesto», afirma. «Mira, yo aquí he visto de todo: gente que se inventa el currículum, que dice que habla inglés y es mentira?», señala, y añade que «en España deberían hacer lo mismo, que le exijan a los inmigrantes al menos hablar el idioma del país en que están». Además, se muestra convencido de que la exigencia de un salario mínimo es algo muy positivo: «Muchos inmigrantes están explotados y eso se va a acabar». Silvia: «Dejan de lado lo que la inmigración aporta» Silvia González, miembro de The 3 million, organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido, asegura que «no vemos la propuesta con buenos ojos», porque divide a los inmigrantes «en más cualificados y menos cualificados, parece que eres mejor en función del dinero que ganas o de cuántos años hayas estado en la universidad». Según González, esto «deja de lado lo que la inmigración puede aportar a este país. Por ejemplo, hay muchísimos inmigrantes comunitarios que dan servicio en el sector de los cuidadores, una necesidad básica ahora mismo debido a la población envejecida del Reino Unido». Asimismo, se muestra contrariada, ya que mientras el gobierno ha tratado a los comunitarios como «sus amigos y sus vecinos, ahora hablan de los inmigrantes en términos mercantiles», algo que considera «bastante negativo, y la gente está afectada y preocupada».
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