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Noticias de salario minimo

15-10-2020 | Fuente: abc.es
Condenan a 31 años de cárcel a la directora de un colegio mexicano por la muerte de 26 personas en un derrumbe
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha condenado a la directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, a 31 años de prisión por el homicidio culposo de 26 personas, 19 de las cuales eran menores de edad, después del derrumbe del inmueble tras un sismo en 2017. La sentencia también impone una multa de 402.000 pesos mexicanos (unos 16.000 euros) a cada una de las familias de los fallecidos en concepto de reparación de daños y la condena a otra multa de mil unidades de salario mínimo por un delito de responsabilidad de obra. Durante el juicio, en el que ha participado virtualmente, y antes de saber la condena, García Villegas, conocida como 'Miss Moni', ha asegurado ser inocente, por lo que «no tengo por qué pedirles perdón, soy inocente», en referencia a los padres de los niños que murieron el 19 de septiembre de 2017, según declaraciones recogidas por 'El Universal'. Por su parte, uno de los abogados de los padres de los niños fallecidos, Noé Franco, ha tildado a la condena como «mínima e irrisoria», ya que «únicamente permanecerá en prisión 14 meses por cada víctima mortal», según informa el medio citado. La acusación pedía una sentencia de 130 años, es decir, cinco años por cada fallecido, por lo que Franco ha anunciado que apelarán la decisión ante un Tribunal de Alzada, mientras que la Fiscalía había solicitado una pena de 57 años. La condenada fue capturada y enviada a la cárcel de Santa Martha Acatitla en mayo de 2019, tras pasar 19 meses escondida huyendo de la justicia. La Procuraduría ofreció una recompensa de 5 millones de pesos (200.000 euros) a quien proporcionara información, lo que finalmente facilitó su localización. A su vez, la Interpol emitió una «alerta roja» contra García Villegas en 190 países. El 20 de septiembre de 2017, un devastador terremoto de 7,2 en la escala de Richter sacudió México y dejó más de 350 fallecidos, una semana después de que otro de magnitud 8,2 dejara más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tras el segundo terremoto, las instalaciones del colegio privado del que era dueña García Villegas colapsaron después de una ampliación ilegal del inmueble.
03-10-2020 | Fuente: as.com
El impactante nuevo salario mínimo de Ginebra
Fue aprobado el último domingo en referéndum local tras obtener el apoyo del 58,16% de los votantes, pese a que en 2011 habían dicho no a una propuesta similar.
30-09-2020 | Fuente: abc.es
Maduro culpa a EE.UU. de que Venezuela perdiera 99% de los ingresos en divisas en seis años
Nicolás Maduro ha vuelto a responsabilizar a Estados Unidos de la destrucción en la economía de Venezuela. Para el líder chavista, las sanciones del país norteamericano han afectado los ingresos en divisas de su país en los últimos seis años, perdiendo un 99% del volumen de admisión. En la entrega del proyecto de la «Ley antibloqueo» a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Maduro ha dicho que «de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno», lo que supone para la nación sudamericana una «gigantesca» caída en las cifras de ingresos, que habría dejado de recibir 56.000 millones de dólares, a menos de 400 millones de dólares en 2019. «» Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y poco tiempo después Venezuela entró en una recesión, de la que siete años más tarde no ha podido salir, y en ese lapso tampoco ha podido recomponer la economía que está sumida en una crisis sin precedentes, asfixiada por una hiperinflación que ha dinamitado el bolívar (moneda local). En 2019, el bolívar se depreció en un 97,36% con relación al dólar, mientras que la escalada de la crisis económica ha dejado al 96% de los venezolanos en la pobreza, una cifra que ha sido comparada con los niveles de África, según un informe desvelado recientemente por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela 2019-2020 (Encovi). Venezuela está consolidada como el país con más corrupción en América y el Caribe, pero aún así, el régimen venezolano no cesa de achacar el malestar que sufre la economía de su país a las sanciones que ha aplicado Estados Unidos desde hace apenas cinco años. El Gobierno de Maduro ha puesto en marcha varias medidas económicas como un mecanismo de defensa a la llamada «guerra económica». Pero, lo cierto es que todos esos intentos han sido en vano. Los venezolanos tienen actualmente un salario mínimo que los deja ganando menos de un euro al mes, un monto que está remotamente fuera del alcance para cubrir la canasta básica alimentaria. En la entrega del proyecto de la ley «antibloqueo», Maduro ha dejado por fuera una explicación del contenido del instrumento legal, pero ha pedido a la ANC «la aprobación de una ley para enfrentar la más perversa y brutal agresión que ha sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana». Días atrás había dicho que los venezolanos verían los resultados de la ley a finales de año, fecha que coincide con las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Además, se ha limitado a decir que se trata de «un mecanismo para garantizar que los activos internos se mantengan en las manos del Gobierno venezolano». En palabras del presidente chavista, el «bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta en contra de nuestro país desde 2015, tiene como objetivo asfixiar la economía venezolana y así crear una crisis interna que justifique una intervención externa». «El ritmo de caída de los ingresos externos, desde 2015, se eleva a 30.000 millones de dólares al año», ha dicho Maduro la noche de este martes, al tiempo que aseguró «no tener dudas» de que «es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía, que tuvo como cauce inicial la guerra declarada a los precios del petróleo (y) posteriormente, cuando los precios iniciaron una relativa recuperación (..) se pasó entonces a la fase dos: el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país».
25-09-2020 | Fuente: abc.es
Bachelet denuncia más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en 2020
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU, recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales que se han saldado con el asesinato de más de 2.000 jóvenes en lo que va de año. La expresidenta de Chile presentó su informe de actualización, donde «le preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020». Calificó de positivas la detención de cinco miembros de la Faes, presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. «Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento», citó en su informe. Bachelet resaltó que el Ministerio Público venezolano informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las Faes en distintos estados del país. Su preocupación coincide con el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas, quien en rueda telemática con los miembros de Caracas Press Club, entre ellos ABC, dijo que «funcionarios de las Faes confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar». El informe de Bachelet actualizado fue presentado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra donde se denuncian las graves violaciones de los DD.HH. que se han ejecutado en Venezuela durante la pandemia del coronavirus. Su oficina en Caracas siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del Estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Subrayó que aún existen restricciones a la libertad de expresión. «Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas», refirió. Sobre el retorno de los migrantes venezolanos al país, reconoció los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de algunas autoridades que los responsabilizan de introducir la Covid-19 en Venezuela. Al referirse a la crisis generada por el Covid-19, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias previas, como la alimentaria. «Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo», acotó. El salario mínimo cayó hoy a menos de 1 dólar (0,90) que solo alcanza para comprar una docena de huevos, y la inflación a más de 3.000%. Muerte de personal sanitario La Alta Comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la Covid-19 en los centros de detención, se deben mejorar las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad. Asimismo, Bachelet informó que el 33% de las muertes por Covid-19 han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales. Elecciones libres y democráticas Bachelet también criticó la falta de libertad en la selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la modificación de la representación indígena, los cambios del sistema electoral y el incremento de escaños de la Asamblea Nacional, violentando los derechos políticos consagrados en la constitución venezolana. Destacó que «es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos». «Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos», concluyó.
13-09-2020 | Fuente: abc.es
Líbano: El ocaso de la antigua Suiza de Oriente Medio
«Esto es peor que la guerra», es la frase que más repite Gaby Jammal a la hora de analizar la situación que vive Líbano un mes después de la brutal explosión en el puerto de Beirut, que mató a 192 personas y arrasó media ciudad, y a falta de unas semanas para el primer aniversario de la «revolución del 17 de octubre», la oleada de protestas sociales anticorrupción que recorrió todo el país. Veterano de la guerra civil, Jammal forma parte de la ONG Combatientes por la Paz en la que decenas de exmilicianos de distintas facciones, que pelearon entre ellos durante la guerra civil, se han unido para que nuca se repita la lucha armada entre libaneses. «Durante la guerra no había seguridad, pero la calidad de vida era mejor que hoy, que vivimos en paz. Podías encontrar vida normal lejos de la línea del frente, pero ahora nada es normal», sentencia Jammal, quien alerta de la situación de «locura en la que nos encontramos muchos libaneses que hemos visto cómo en los treinta años de paz nuestros políticos han destrozado el país, ¿qué nos han hecho?». Líbano despierta poco a poco de la pesadilla del 4 de agosto, cuando reventaron 2.700 toneladas de nitrato almacenadas de manera incomprensible en el puerto, aunque esta semana un nuevo mega incendio en el almacén donde la Cruz Roja Internacional guardaba cerca del puerto la ayuda humanitaria volvió a despertar de nuevo los fantasmas del desastre. La explosión de agosto fue la guinda final de una crisis económica y política que se destapó en octubre cuando los libaneses se echaron a las calles para protestar por la subida de los precios y contra la corrupción endémica de un sistema basado en el reparto de poder por sectas, un sistema implantado hace treinta años para poner fina a la guerra civil. El malestar se agravó con el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus y todo saltó por los aires con la catástrofe del puerto. En un país que durante sus años de esplendor fue bautizado como «la Suiza de Oriente Medio», se estima que hoy el 50 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El valor de la lira ha caído un 80 por ciento desde octubre y el sueldo medio de un funcionario no llega al equivalente a los 500 dólares. Los precios, que llevaban meses subiendo debido a la enorme inflación, se han disparado tras la explosión y por ello «el coste de los materiales básicos necesarios para reconstruir hogares y negocios esta fuera del alcance de miles de personas que ya estaban luchando por sobrevivir antes de la explosión. Si bien el salario mínimo es poco menos de 380 euros al mes, el coste de reemplazar una ventana ahora es de casi 422 euros y una puerta de hasta 844 euros», señaló Bachir Ayoub, portavoz de Oxfam en el Líbano. «La crisis nos une a todos, seamos de la confesión o el partido que seamos. La libra libanesa se ha hundido, los precios se han disparado y la gente no tiene para comer, ¿cómo va a tener para reparar sus viviendas?», se pregunta Jammal con amargura. Este excombatiente podría optar por emigrar, como lo están haciendo los miles de libaneses que colapsan el aeropuerto internacional Rafik Hariri cada día, pero ha decidido quedarse porque «de estas ruinas nacerá un Líbano nuevo y quiero trabajar para conseguirlo». La importancia de la reconstrucción Carmen Gea opina como Jammal y se queda. La vida de esta profesora de Administración Pública la Universidad Americana dio un giro radical el 4 de agosto y desde entonces compagina la tarea docente con su labor de activista en Khaddit Beirut. Esta iniciativa social nació 24 horas después del desastre y Gea considera que «estos primeros seis meses son clave porque debemos ser capaces de liderar nosotros la reconstrucción, no podemos permitir que las organizaciones y empresas vinculadas al sistema sectario corrupto que nos gobierna sean las responsables de los proyectos porque eso hará más difícil cualquier cambio en el futuro». El grupo se ha enfocado en ofrecer cobertura médica a las víctimas, garantizar la educación, apoyar al pequeño negocio y cuidar el medio ambiente y vigila la llegada de la ayuda internacional para intentar evitar que caiga en manos equivocadas. «Apoyar al Estado no es malo, pero hay que exigir responsabilidad, somos conscientes de que no se puede reconstruir una ciudad solo con activistas, las instituciones son fundamentales, pero las que tenemos deben cambiar mucho y para eso es importante la presión internacional», piensa Gea. Sin dinero y sin electricidad Como el resto de libaneses, esta profesora ha visto cómo su sueldo en moneda nacional ha ido menguando con la subida del dólar y «ya no llego a final de mes y eso que soy soltera y no tengo hijos, ¡no entiendo cómo pueden sobrevivir las familias!» A los problemas financieros se suman los energéticos ya que los cortes de luz son permanentes y no hay dinero para comprar combustible para los generadores. El panorama puede complicarse aun más sin el Banco Central ejecuta su plan de retirar los subsidios a la gasolina y medicamentos. Según los datos de Acción Contra el Hambre (ACH), el precio de la cesta de la compra alcanzó en agosto un precio récord, con una subida de 336 por ciento respecto a agosto del pasado año. «Además de la necesidad apremiante de cubrir las necesidades básicas en términos de alimentos, agua y saneamiento y refugio para quienes se han visto afectados por la explosión, estamos viendo cómo muchas personas han perdido su empleo y no pueden comprar alimentos cada vez más caros, lo que va a tener un efecto a corto y medio plazo, sobre todo en términos de seguridad alimentaria», explica Aurélie du Châtelet, coordinadora de ACH en Líbano.
01-09-2020 | Fuente: abc.es
El Instituto Electoral de México ordena a López Obrador retirar un vídeo por citar al Papa Francisco
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ordenó este lunes al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, retirar un vídeo publicitario en el que cita al papa Francisco porque el organismo considera que vulnera el laicismo del Estado mexicano. Con motivo del informe de su segundo año de Gobierno, López Obrador ha lanzado una serie de vídeos promocionales y en uno de ellos asegura: «Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio». «Se hacen alusiones al Papa Francisco y al evangelio, lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró como expresiones que contrarían el principio de laicidad», expresó el organismo en un comunicado.<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eXtLJTGFuXc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Además, «atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas». El organismo considera también que el uso de los términos «conservadores» y «comunismo» no tienen nada que ver con «la información de la gestión pública» hecha por el presidente en su segundo año de Gobierno. Y que «menoscaban a las fuerzas políticas opositoras» en periodo electoral, pues se celebrarán elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila el próximo octubre. Por todo ello, dio la razón a la denuncia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ordenó retirar el vídeo de medios de comunicación y redes sociales. Segundo año de gobierno Como marca la tradición, el presidente presentará el 1 de septiembre al Congreso de México el informe de su segundo año de gobierno. Con motivo de este evento, López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha difundido esta semana varios vídeos promocionales en los que resume su gestión. En uno aseguró que las obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearán 150.000 empleos y en otro dijo que «es buena la relación con los empresarios de México», con quienes se acordó el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la subida del salario mínimo y de las pensiones. En otro, también dijo que trabaja «de día y de noche para garantizar la seguridad» y para que «ya no sea la delincuencia la que gobierne en México».
12-07-2020 | Fuente: abc.es
El ultraconservador Andrzej Duda gana las elecciones en Polonia por la mínima
Los primeros resultados y sondeos a pie de urna publicados anoche en Polonia daban por escasa diferencia la mayoría a Andrzej Duda, que sería reelegido presidente con el 50,4% de los votos. El margen era demasiado estrecho como para que en la sede del partido gubernamental fueran celebrados con entusiasmo. Ganar las elecciones con casi un 70% de participación es algo fantástico, quiero agradecérselo a todos mis compatriotas (..) Quiero continuar con las políticas que he llevado a cabo hasta ahora. Mantendré el diálogo con mis compatriotas y eso no cambiará», declaró aun así Duda al darse como ganador. Pero esos sondeos a pie de urna tienen un margen de error de dos puntos, por lo que todavía será necesario verificar la eventual victoria de Duda con el escrutinio de los votos hasta el final y el liberal Rafal Trzaskowski con un resultado preliminar del 49,6%, afirmó en Varsovia que «estoy absolutamente convencido de que cuando se cuenten todos los votos ganaremos». Además recordó que «las elecciones tendrían que haberse celebrado hace dos meses», en alusión a rápidas decisiones del Gobierno, motivadas por la crisis sanitaria y que podrían no superar una estricta revisión judicial. «Todo se suponía que tenía que estar decidido. Afortunadamente la sociedad civil despertó, todos despertamos y esa es la razón por la que ganaremos», desafió a Duda. Respaldado por el partido ultranacionalista y socialista Ley y Justicia (PiS) en el Gobierno, Duda reforzaría con su victoria una estructura de poder que ha alterado profundamente la relación de Polonia con las autoridades europeas y cuyo principal programa es mantener el país al margen de la voluntad de lo que Duda ha llamado en campaña «los burócratas de Bruselas». Duda se ha posicionado como un conservador, defensor de los valores familiares católicos y directamente en contra de la comunidad LGTB, que abanderaba la candidatura del alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, según los resultados al cierre de esta edición con el 49,6% de los votos. Un país dividido El programa de Duda está articulado, además, en torno a un considerable aumento del gasto social y de la inversión pública. Es más que probable que la continuidad de su apoyo a nuevos pasos de la controvertida reforma judicial del Gobierno sigan enfrentando a Polonia con las autoridades de Bruselas y probablemente también siga profundizándose la grieta que divide en dos a un país dividido entre quienes desean seguir siendo la reserva espiritual de Occidente y quienes aspiran finalmente a una integración y homologación con los derechos y libertades imperantes en Europa, a quienes Duda no duda en calificar como «ajenos a la cultura polaca». Para el PiS esta victoria de Duda era cuestión de vida o muerte, puesto que carece de la mayoría de tres quintas partes del Parlamento, necesarias para anular el veto presidencial y hubiesen sufrido como el principio del fin de su capacidad ejecutiva y legislativa una victoria de Trzaskowski. La compenetración entre el Gobierno del PiS y Duda llega hasta tal punto que el profesor de la Univesidad Jagellonica, Antoni Dudek, considera que una victoria de Trzaskowski habría implicado «un colapso de la política nacional polaca». «Nuestro sistema político no permite un Gobierno eficiente si el presidente no está de su parte», explica, por lo que una derrota de Duda habría significado parálisis institucional y, posiblemente elecciones generales anticipadas. Duda ha cosechado en estas elecciones, aunque con pérdida de votos, la aceptación de varios cambios introducidos en Polonia en los últimos cinco años, como el aumento del salario mínimo y la edad más baja de jubilación. La Polonia católica le agradece su oposición a las uniones civiles de parejas del mismo sexo y al final de la campaña ha propuesto que la prohibición de adoptar para estas parejas sea incluida en la Constitución, un último golpe de efecto con el objetivo de movilizar a todo el electorado posible. La controvertida reforma judicial Hasta ahora, en la Presidencia ha sido la alargada mano del hombre fuerte en la sombra del PiS, Jaroslw Kaczynski, con actuaciones clave como su decisión de respaldar la introducción de las controvertidas reformas judiciales del gobierno, acusadas de reducir la independencia judicial. Solo en dos ocasiones se ha permitido mostrar cierto desapego de la mano que le dio de comer, como cuando vetó el proyecto de ley que habría puesto en peligro la independencia de las administraciones locales y cuando se opuso a una reforma que habría fortalecido significativamente el poder del ministro de Justicia frente a los jueces, algo que contrarió al titular de la cartera y antiguo compalero de partido Zbigniew Ziobro. No son pocos los analistas que sus posiciones extremas mantenidas en campaña tenían un carácter puramente electoral y que, una vez de vuelta en el Palacio Koniecpolskich, no solamente moderará sus posturas más polémicas sino que además incrementará ese nivel de independencia respecto al PiS, al que ya no necesita para la reelección. Trzaskowski, sin embargo, de hacerse con la Presidencia, realizaría su primer viaje al exterior a Bruselas y restablecería el diálogo regular del Triángulo de Weimar, junto con Francia y Alemania. Aunque está dispuesto a aceptar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, se opone a que estas parejas puedan optar a la adopción de niños y, según ha prometido en campaña, se centraría en reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres y mejorar el acceso a la atención médica, especialmente para los habitantes de la Polonia rural.
08-07-2020 | Fuente: abc.es
El 96% de los venezolanos está en la pobreza y llega a niveles de África
Venezuela llega a niveles de África en pobreza e inseguridad alimentaria, según un estudio revelado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela 2019-2020 ( Encovi ), una medición que realizan varias universidades venezolanas desde 2014, a raíz de que el régimen de Nicolás Maduro dejara de mostrar estadísticas en 2011. El país es por lo tanto este año el más pobre de América Latina, con el 96% de pobreza, mientras que 79,3% de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, que puede llegar a rebasar los 500 euros, inalcanzable para alguien que gana el salario mínimo, que se sitúa en menos de dos euros mensuales. La encuesta fue realizada en más de 9.000 hogares, y sirvió además para ver que el país es el segundo más desigual de la región, detrás de Brasil. «Para cerrar la brecha de la pobreza extrema harían falta 5.000 millones de dólares al año para financiar un programa focalizado de transferencias, a razón de dos dólares diarios para 6,5 millones de hogares venezolanos», afirmó el sociólogo y director del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Pedro España. De acuerdo con el informe presentado esta semana, el 54% de los hogares consultados se encuentran en el renglón de pobreza reciente y 41% en pobreza crónica. La pobreza multidimensional (relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda) afecta al 64,8% de los hogares y creció un 13,8% entre 2018 y 2019. La abrupta caída del Producto Interno Bruto (PIB) ha acentuado aún más la pobreza en el país. Entre 2013 (año que llegó Nicolás Maduro al poder) y 2019 Venezuela ha registrado una caída del 70%, que ha puesto en riesgo a una población que disfrutó de las bonanzas petroleras y cuyo país llegó a ser llamado (antes del chavismo) «la Venezuela saudita» por sus riquezas. De acuerdo con el sociólogo, al no haber «riqueza que repartir ni bienestar que disfrutar (..) aumenta la pobreza. Todos somos pobres desde el punto de vista de las entradas, pero no todos tenemos el mismo tipo de pobreza», agregó. Éxodo de venezolanos Los datos publicados por Encovi dan muestra de que Venezuela ha adquirido condiciones más propias de países de Centroamérica, el Caribe y África en materia de pobreza y desnutrición. Por tal motivo Venezuela, además de ser el país más pobre de la región, aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países que encabeza Nigeria y termina con Irán, seguida de Chad, Congo y Zimbabue. El estudio reveló además información relacionada en materia demográfica y migratoria. Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Iies) de la UCAB y una de las coordinadoras de la Encovi, explicó que hay una nueva demografía en el país, cuya población es de 28,4 millones de habitantes y no los 32 millones que se proyectaban para esta época. Las estimaciones reflejadas en el informe son consistentes con los datos ofrecidos por la ONU, que indican que cinco millones de personas han huído de la crisis de Venezuela, mientras que la población de personas mayores de 60 años subió del 10 al 12% entre 2015 y 2020.
05-07-2020 | Fuente: abc.es
Al menos 350 ejecuciones extrajudiciales se registraron en Venezuela durante el primer trimestre del año
Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no han cesado y las fuerzas de seguridad del régimen siguen siendo las responsables de las atroces operaciones que han sido denunciadas incluso por organismos como Human Rights Watch y por Naciones Unidas. Desde 2012 hasta marzo de este año, la ONG venezolana Cofavic ha registrado más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado; y solo en el primer trimestre de 2020, la organización que defiende los derechos humanos, ha contabilizado 357 casos, todos ellos ocurridos en sectores populares o deprimidos, conocidos como barrios. Los procedimientos especiales iniciaron en 2015 en los barrios populares con despliegues policiales, ordenadas por el régimen, y con ellos nacieron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia. Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zona hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos. La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo en conversación con ABC que el 99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años, y quienes denuncian son en su mayoría pensionados que viven en precarias condiciones y cuyo ingreso económico es el salario mínimo -casi dos euros mensuales-. Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños, y las familias sobrevivientes se ven obligados a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver. «La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega. En un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) en septiembre del año pasado arrojó que desde 2016 hasta la fecha de publicación, las FAES habían ejecutado a casi 18.000 personas por supuestamente «resistirse a las autoridades». En ese momento, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que «las fuerzas de seguridad venezolanas matan y detenienen arbitrariamente a quienes son acusadas de cometer delitos sin mostrar ninguna evidencia». Las denuncias realizadas por Cofavic y por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio y expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes. Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo» y «parcializado». El informe detallaba que los miembros de las FAES llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto. Se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas. Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan. También detalló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios. Familias víctimas En julio de 2018, Ruth Pérez perdió a su hermano cuando unos funcionarios de las FAES le quitaron la vida luego de irrumpir en su vivienda con golpes y amenazas durante un presunto allanamiento ilegal donde reside con su familia. Pérez contó a ABC que han vivido siempre en Petare, una de los barrios populares más grandes de Latinoamérica, y recordó que ese día l os encapuchados sometieron a su hermano Jesse Pérez, de 29 años, antes de ejecutarlo. «A mi hermano lo encerraron en la casa y luego se lo llevaron para asesinarlo», dijo. Posteriormente, la mujer comenzó a recibir amenazas y maltratos verbales y psicológicos sistemáticos por parte de las FAES por denunciar su caso. La voz de Ruth Pérez fue escuchada también por Bachelet cuando se reunieron mientras la Alta Comisionada estuvo en Venezuela a mediados del año pasado. Pérez sufrió en agosto de 2019 otra pérdida, esta vez la de su sobrino. Los funcionarios volvieron a su zona residencial e irrumpieron nuevamente en su vivienda de donde se llevaron al joven detenido. En el operativo, los uniformados preguntaban a los vecinos por ella y a plena luz del día fue ejecutado Jondry Pérez, de 18 años de edad, en la parte baja del edificio. El 27 de agosto de 2017, a las 6.00 de la mañana, fue la última vez que Elibeth Pulido vio a su hijo. La madre salió ese día de su casa rumbo a su trabajo, pero antes de cruzar la puerta, su hijo le advirtió de unos disparos que hacían eco cerca del barrio Santa Rosalía (oeste de Caracas), donde viven. «Hijo ten cuidado, no vayas a salir y cuida a los niños», le dijo la mujer al joven. Pulido narró aquel día en el que las FAES asesinó a su hijo José Daniel Bruzual, de 27 años, que dejó dos niños de 3 y 4 años. Regresar a su casa fue un desafío. Su vida también estuvo en riesgo, pero la preocupación que tenía por su hijo la hacía superar cada amenaza de los encapuchados mientras la apuntaban y le impedían entrar al barrio. «Cuando por fin llegué, me bloqueó el paso uno de esos hombres. Yo escuché tres disparos. Jamás pensé que mi hijo podría estar muerto. Ellos (policías) solo me dijeron que estaban buscando a un secuestrador que había entrado a mi casa». «A mi hijo lo vieron asomado en el balcón, fumándose un cigarrillo, y los policías lo obligaron a bajar». José Daniel murió de un disparo en el pecho, en su propia vivienda y la ejecución fue hecha por un policía delante de sus hijos. Elibeth, al igual que Ruth, clama justicia.
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