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Noticias de protestas sociales

02-11-2019 | Fuente: abc.es
EE.UU. suspende la ayuda para seguridad a Líbano tras la salida de Hariri
El Gobierno de Donald Trump ha congelado la entrega de 105 millones de dólares en ayuda de seguridad a Líbano. La decisión, de la que ha tenido conocimiento Reuters, se produjo este jueves, tres días después de la salida de Saad al Hariri como primer ministro del país de Oriente Medio, sacudido desde hace semanas por fuertes protestas. El Departamento de Estado informó al Congreso de que la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional habían decidido la suspensión del envío, según las fuentes oficiales de la agencia de noticias. No hubo explicación de la decisión, pero se enmarca en la tensión política que vive Líbano y la creciente preocupación de Washington por la presencia de Hizbolá, que EE.UU. considera un grupo terrorista respaldado por Irán, en los órganos de Gobierno del país. El paquete de ayuda de seguridad estaba pendiente de aprobación desde el pasado mayo. Washington ha tenido en Líbano un apoyo en la convulsa situación en Oriente Medio y considera crucial que el ejército del país tenga medios para proteger sus fronteras. Entre la ayuda que ahora queda congelada hay gafas de visión nocturna y armamento utilizado en la frontera. Antes de que empezaran las protestas en Beirut, la capital del país, Israel pidió a EE.UU. y a otros aliados occidentales que condicionaran el envío de ayuda a Líbano a que su Gobierno actuara contra centros de fabricación de misiles de precisión de Hizbolá. En la Asamblea General de la ONU, el hasta ahora primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció la existencia de dos fábricas de fabricación de misiles. Israel considera además que Hizbolá se ha infiltrado en el ejército libanés y que la ayuda de seguridad solo beneficiaría a los intereses de la organización chií. Protestas sociales En una reunión del mes pasado en Beirut, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mostró a Hariri su preocupación por estos centros armamentísticos. Tras la salida de Hariri del poder, Pompeo ha exigido a los líderes políticos libaneses que formen un Gobierno que responda a las exigencias de la sociedad libanesa, que ha protestado por el empeoramiento de sus condiciones de vida, mientras la elite económica se enriquece a través de una corrupción endémica. La incertidumbre política con la salida de Hariri es el trasfondo del congelamiento de envío de ayuda, una decisión que podría empeorar la situación en la región. Según una de las fuentes de Reuters, la asistencia en seguridad no es solo importante para Líbano, sino para la región en su conjunto, todavía impactada por la crisis humanitaria generada por la guerra en Siria. En este último país Rusia ha ganado influencia y podría pasar algo similar con Líbano.
29-10-2019 | Fuente: abc.es
Diosdado Cabello asegura que las protestas en Chile persiguen implantar el modelo de Venezuela
Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, vinculó este lunes las protestas sociales que sacuden Chile desde hace días con el ejemplo de Venezuela. Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, los manifestantes chilenos reclaman un modelo político con beneficios sociales similar al chavista. «En Chile la gente está pidiendo la Asamblea Nacional Constituyente y ¿sabes qué piden? Pensiones igual al salario mínimo, reconocimiento de los pueblos originarios, educación libre y gratuita, ¿a qué suena eso? a Venezuela», afirmó Cabello en rueda de prensa desde Bolívar. Cabello considera que no se trataría de «un proceso constituyente dirigido por un presidente cuestionado, asesino de su propio pueblo, sino dirigido por el propio pueblo, un gran proceso de emancipación y reconocimiento de un pueblo que ha sufrido durante años, 17 años de dictadura y hoy día todavía gobiernan en Chile con la Constitución hecha por (Augusto) Pinochet», informa Europa Press. Las «brisas bolivarianas» Precisamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, relacionó hace unos días las protestas contra gobiernos elegidos democráticamente en el continente con las llamadas «brisas bolivarianas». «Las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas», según Almagro. Por otra parte, Cabello celebró el triunfo el pasado domingo del candidato peronista Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina. «La brisa de (Juan Domingo) Perón, de Néstor Kirchner se siente en Argentina; un pueblo que fue capaz de salir a votar y cambiar por la vía de los votos el terrible destino al cual lo estaba llevando el anterior presidente. Triunfa en Argentina el pueblo. Triunfa en Argentina la fuerza liberadora de un pueblo», remachó.
29-10-2019 | Fuente: abc.es
Chile y la vulnerabilidad de la clase media latinoamericana
La vulnerabilidad de la creciente clase media latinoamericana es algo que venía siendo advertido por algunos organismos internacionales. La llamada «década de oro» de la economía regional (2004-2014), motivada por el boom de las materias primas que sobre todo benefició a Sudamérica, dada su economía extractiva, hizo que la población en situación de pobreza bajara del 45% al 27% y que, por primera vez, esta se viera sobrepasada por la clase media, que se expandió del 20% al 34%, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID destacaba, no obstante, que el mayor grupo era la población vulnerable (37%): aquellos que habían mejorado sus condiciones, pero que podían recaer en la pobreza si empeoraba el marco económico. Ese empeoramiento es lo que ha ocurrido desde entonces. Si la gran recesión internacional de 2008 tuvo un efecto muy transitorio en Latinoamérica, la caída de los precios de las commodities (no solo el petróleo, básico para algunos países como Ecuador, sino por ejemplo también el cobre, esencial en las exportaciones de Chile y Perú) ha adelgazado los ingresos de los Estados. Sin apenas fuelle presupuestario (la recaudación fiscal en la región solo llega al 23% del PIB, diez puntos por debajo de la media en la OCDE, en general por el gran tamaño del sector informal), los gobiernos han tenido que aplicar medidas de austeridad, no solo fallando en una mejora de los servicios a los que aspira la nueva clase media, sino afectando a los propios ingresos familiares. Sin perspectiva de mejora Y el problema es que no hay perspectiva de mejora. El FMI prevé que Latinoamérica cierre este año con un crecimiento económico del 0,2% y que en 2020 pueda crecer un 1,8%, claramente por debajo de lo que se venía anticipando. No solo Ecuador y Argentina han tenido que pedir rescates al FMI, sino que otros países han experimentado una fuerte caída en su crecimiento: algunos de los que mejor iban en 2018 ?Bolivia, Chile, Perú y Paraguay? bajan del 4% en 2019, de modo muy pronunciado en el último caso, lo que está poniendo sobre aviso a las autoridades paraguayas ante posibles protestas sociales. La «década de oro» fue una «oportunidad perdida», como indica el investigador boliviano Sergio Daga, pues en esos años de bonanza la mayor parte de países no llevaron a cabo las reformas necesarias. Hubo mayor gasto social, pero en muchos casos fue clientelar, sin que realmente se consolidasen los avances alcanzados. El caso de Chile En Chile tampoco las presidencias previas de Sebastián Piñera y Michel Bachelet se esforzaron por afinar un modelo económico que, aunque normalmente ha venido sosteniendo un buen crecimiento, no ha mejorado la vulnerabilidad de la clase media. Las quejas de hoy en Chile podían haberse levantado igualmente contra Bachelet, pues aunque la última subida del precio del metro la ha ejecutado el Gobierno de Piñera, en realidad este no está aplicando un plan de recortes severo. Esto último hace que la derecha chilena se crea injustamente tratada, pues la izquierda no activó masivamente la calle contra Bachelet a pesar de que se daban las mismas circunstancias. La reacción en Chile ha sorprendido internacionalmente. Visto el país como un modelo de desarrollo, la vulnerabilidad de su clase media sirve justamente de símbolo de lo que está ocurriendo a nivel regional. Los chilenos aprobaban la economía No es cierto que se trate de una sociedad especialmente desigual: Chile se encuentra en la mitad de la tabla regional en cuanto al coeficiente Gini, con una desigualdad menor que la media latinoamericana. Tampoco es cierto que el Estado, a pesar de un modelo económico más liberal que el que tienen los países del entorno, abandone a su suerte a los ciudadanos: el 27% de los chilenos asegura recibir algún programa de ayudas públicas (la segunda mayor cifra en la región), de acuerdo con los datos del Latinobarómetro. Esta encuesta, además, muestra que la valoración de la situación económica del país venía siendo positiva. En el Latinobarómetro de 2018, Chile era el país de la región donde más gente consideraba que la situación económica era buena o muy buena (el 26% de la población) y donde menos gente estimaba que era mala o muy mala (el 16%). Era también el país con más ciudadanos que mostraban satisfacción sobre la marcha de la economía (el 30% de los chilenos). Insatisfacción personal No obstante, más allá de valorar positivamente la evolución económica general, a la hora de pronunciarse sobre la situación personal y familiar, los chilenos sí evidenciaban una brecha entre los datos macroeconómicos y las perspectivas individuales. Así, solo el 39% de los chilenos pensaban que experimentarían un progreso económico personal y familiar en el futuro, por debajo de la media latinoamericana (45%). Además, únicamente el 8% creía que la distribución de la riqueza fuera justa (el 16% en el caso de la media latinoamericana), situando a Chile en el tercer país por la cola, junto con Brasil y Venezuela. Y en cuanto a la satisfacción con la vida, los chilenos figuraban los penúltimos (el 64%, frente a la media de la región del 73%). Si bien estos datos no son determinantes ?y por lo que se refiere a los ingresos subjetivos Chile estaba en la mitad de la tabla de los países latinoamericanos (un 54% afirmaba que sus ingresos le alcanzan para vivir y un 44% decía que no)?, lo cierto es que la percepción de la gente asumía un progresivo deterioro en las circunstancias económicas personales. Por más que organismos como el BID consideran que Chile cuenta con un 62% de clase media consolidada, a la que podría sumarse un 23% de personas que han salido de la pobreza, aunque su situación es vulnerable (distribución que el BID completa con un 6% de pobres y un 9% de ricos), el Latinobarómetro de 2018 reflejaba que los chilenos tienen otra percepción de sí mismos: el 59% se autodescribían como clase baja (seis puntos más que el año anterior) y solo el 37% como clase media (cuatro puntos menos).
06-07-2019 | Fuente: abc.es
Críticas contra el informe de la ONU por no dar soluciones para Venezuela
Para la diplomacia norteamericana y los opositores a Nicolás Maduro afincados en Estados Unidos, que son quienes más han defendido de forma coordinada la necesidad de un cambio de régimen urgente en Venezuela, el informe presentado ayer por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aqueja de un grave problema: detecta violaciones gravísimas, «que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos», pero no propone medidas urgentes para ponerle coto a estas. Dijo ayer el jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, que «Venezuela está en jaque a causa de una dictadura asistida por extranjeros no invitados por el pueblo y expoliadores». En sus primeras declaraciones sobre la crisis en el país caribeño tras el informe presentado a la ONU, el secretario de Estado pidió de nuevo que haya elecciones «libres y transparentes», es decir, sin la injerencia del régimen, que sembró de irregularidades las presidenciales de 2018. Según dijo ayer en Washington el embajador venezolano en EE.UU., el veterano opositor Carlos Vecchio, «después de este informe, debemos entender claramente que la única forma de detener estas atrocidades es a través de un cambio de régimen y de responsabilizar a todos los que cometieron estos delitos». Bachelet, sin embargo, ha decepcionado a los opositores que encabeza Vecchio al limitarse a proponer que el régimen «adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos», sin pedir la marcha inmediata de Maduro. Cree la diplomacia norteamericana, que mantiene reuniones habituales con Vecchio y otros opositores, que la materia prima sobre la que trabajó Bachelet es pobre de por sí. El representante especial de EE.UU. para Venezuela, el embajador Elliott Abrams, le recomendó hace días a la alta comisionada que visitara las cárceles del régimen, incluidas las de la inteligencia civil ?el Sebin? y militar ?el Dgcim?, algo que esta no hizo. Después, Abrams ha dicho que esperaba que en el informe se instara «como han hecho tantas democracias del mundo, a que se lleven a cabo elecciones libres como factor central para la solución de la crisis en Venezuela». Aunque no ha sorprendido en Washington, en el informe de Bachelet, de 18 páginas y plagado de detalles sobre graves violaciones de derechos humanos, no se habla de elecciones en ninguna ocasión. Para EE.UU. no hay otro orden de hechos que el de que Maduro salga del país y quienes queden de su Gobierno acepten a Juan Guaidó como presidente legítimo y faciliten así, a medio plazo, la convocatoria de elecciones libres, no manipuladas ni controladas por el régimen. Según Abrams, «el obstáculo a la posibilidad de una resolución pacífica sigue siendo la negativa de Maduro a dar un paso al costado». Cómplice silencio Opina Pedro Mario Burelli, un veterano e influyente opositor afincado en Washington, que fue director de Pdvsa, que «el informe Bachelet es devastador y hace imposible seguir en la indolencia. El contenido desnuda a una tiranía que merece un trato mucho más contundente y definitivo de la comunidad internacional. Si bien la responsabilidad de los miles de crímenes que se denuncian es de Chávez, Maduro y sus personeros, el mundo ha observado con cómplice silencio la destrucción criminal de un país y el maltrato sistemático a sus ciudadanos». Caracas marcha Venezuela cumple 208 años de su independencia, y el presidente interino, Juan Guaidó, aprovechó para convocar a una gran manifestación que reavive las protestas sociales a favor del cese de la usurpación. La marcha tuvo además el objetivo de denunciar el asesinato, mientras recibía torturas, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando estaba detenido por una supuesta conspiración para atentar contra las vidas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Una multitud comenzó a concentrarse al mediodía (hora local) en los alrededores de la oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicada en Caracas. Se tenía previsto marchar hasta la sede militar del Dgcim, pero una barrera humana de la Policía Nacional impidió el paso de los manifestantes. El recorrido transcurrió con normalidad. Guaidó en su discurso aseguró que un alto cargo del Dgcim le habría dicho «ya basta», sin embargo, no reveló más información. Del mismo modo, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro ha sido el responsable de la muerte del capitán Acosta: «¿Quién dio la orden?», preguntó. «Funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas, formalmente se convierten en cómplices de Nicolás Maduro», expresó. Asimismo, dijo que el país «no aguanta más, necesitamos un cambio de Gobierno» y que no es solo en Caracas que se protesta sino en los otros 24 estados del país. «La gran pregunta: ¿por qué llevan a un capitán en silla de ruedas a un tribunal? ¿Para que lo vea el mundo?», cuestionó Guaidó con relación a la aparición de Acosta, horas antes de su muerte. «Aquí con nosotros hay muchos presos políticos hoy (..) vamos a sanar el país a nuestra tierra», agregó. Conmoción por la noticia La muerte del capitán desató una ola de protestas, incluida la de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien expresó haber estado conmocionada por la noticia. Pues la muerte de Acosta ocurrió días después de que ella visitara Venezuela para constatar el estado de los derechos humanos en el país petrolero. Todo apunta a que Acosta Arévalo recibió una brutal paliza que le provocó la muerte. Los hallazgos médicos filtrados por el director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, evidencian que el capitán de corbeta tenía fracturadas «dieciséis costillas, el tabique nasal y un pie; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en los abductores, lesiones similares a latigazos en la espalda y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, que se presumen de electrocución». Fuentes militares conocedoras del caso revelaron a ABC que el mayor Alexander Gramko Arteaga, director de Asuntos Especiales del Dgcim, «es el ejecutor de las operaciones de tortura y procedimientos especiales» y que bajo su mando se realizaron las «desapariciones forzadas y ejecuciones contra los militares enemigos del régimen».
28-03-2019 | Fuente: abc.es
«La visita de Bachelet a Venezuela dependerá del régimen de Maduro tras la lectura del informe»
El pasado miércoles 20 de marzo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo lectura de un duro informe en el que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de violar los Derechos Humanos en el país. En la presentación del informe asistió el defensor de Derechos Humanos y director del Observatorio venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, quien conversó con ABC en Madrid a su regreso de Ginebra. El año pasado documentaron 12.700 protestas en todo el territorio nacional, Ponce afirma que es un récord histórico y «reconoce que hay un subregistro muy grande». ¿De qué se encarga el Observatorio de Conflictividad Social? Nosotros hacemos un monitoreo diario y sistemático de la situación de la conflictividad venezolana, por qué protesta la gente, cuáles son las modalidades de protesta, qué exigen los venezolanos y las variaciones en sus exigencias, y cuál es la respuesta del Estado frente a las movilizaciones. En el 2011 nace el Observatorio, y desde esa fecha sacamos un informe mensual, trimestral, semestral y anualmente a nivel nacional. ¿Qué exigen en estos momentos los venezolanos? El año 2018 fue muy consistente: 12.700 protestas de las cuales el 90% fueron por derechos económicos, sociales y ambientales (agua potable, derechos laborales, medicinas, alimentos). Más del 50% de las protestas fue laboral y, seguidamente, por los servicios básicos que son agua potable, gas doméstico y electricidad. Con estos datos, se pone en evidencia la emergencia humanitaria que vive Venezuela. ¿Y cuál es la respuesta del régimen? El régimen de Maduro cuando responde a las manifestaciones lo hace con violencia. En 2018, dejó como resultado a 14 venezolanos asesinados. Personas que salieron a manifestar porque no les llegaba una bolsa de alimentos o porque no tenía agua. ¿Ha cambiado la protesta en 2019? Los venezolanos no han dejado de exigir derechos sociales, sin embargo, se le sumó la protesta política. Con al alzada de los militares en Cotiza el pasado mes de enero, comenzó una inmensa protesta popular exigiendo la renuncia de Maduro. La gente en los sectores populares están asistiendo a las convocatorias de Juan Guaidó. En estos tres meses, desde que Guaidó asumió la presidencia interina, ¿las protestas sociales se han mermado? Solo entre enero y febrero documentamos 4.000 protestas, es decir, el índice de protesta continúa en los estándares de crecimiento. Hay una efervecencia de todos los ciudadanos exigiendo un cambio político. Desde el 22 de enero hasta el 12 de marzo hemos registrado el asesinato de 50 personas en el contexto de las manifestaciones por los organismos policiales del Gobierno. ¿Nicolás Maduro está depositando su permanencia en el poder y su seguridad a los colectivos armados? Maduro perdió el pueblo que heredó de Chávez y solo se sostiene a través de la fuerza. De las Fuerzas Armadas es indiscutible, pero la represión la está ejerciendo por medio de los colectivos armados y por la policía nacional. Durante los apagones de hace dos semanas, pudimos documentar la presencia de colectivos en 21 de los 24 estados del país, luego del llamado que hizo Maduro para que defendieran la revolución. Estuvo en Ginebra durante la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros hemos estado en constante contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas suministrando información y exigiéndoles que fueran a Venezuela. Asistimos el pasado miércoles a la presentación oral de la Alta Comisionada, quien reconoció y denunció claramente la violación sistemática de los Derechos Humanos en todos los ámbitos en Venezuela. ¿Y qué pasa ahora? Los organismos internacional ya han reconocido que en Venezuela se violan los derechos humanos y se han cometido crímenes de lesa humanidad, esto va a tener consecuencias directas sobre los responsables de la crisis que vive nuestro país. De manera que todas estas personas tarde o temprano tengan que ir a la justicia. ¿La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, tiene previsto visitar Venezuela? Su visita va a depender del resultado del informe de la Comisión técnica que estuvo en Venezuela durante dos semanas que se presentará en junio. Ellos evaluarán si Bachelet puede ir al país y hacer un trabajo independiente. Además, también depende de Maduro de si la deja entrar después de la lectura del informe.
26-07-2018 | Fuente: abc.es
El camaleón sandinista
Pocos caciques latinoamericanos pueden presumir de contar con un currículum tan epatante y variado como Daniel Ortega, el contestado presidente de Nicaragua. Revolucionario marxista en los 70, líder de un gobierno filocomunista en los 80, opositor democrático en los 90, presidente electo a partir de 2006 y ahora -como broche del círculo y vuelta a sus orígenes, pero en el bando contrario- dictador y fundador de una dinastía familiar al estilo de la de Somoza que él derrocó con sus camaradas sandinistas. O más bien al modo de la de los Castro. El estoico pueblo nicaragüense, que lleva muchas décadas sin levantar cabeza, soportó los excesos de Ortega -que nombró número dos a su mujer, y cambió la Constitución para ser vitalicio- hasta que el Gobierno aplicó en abril de este año medidas de asfixia económica. El colapso de Venezuela, el régimen amigo, que puso fin a su generosa ayuda, llevó a Managua a decretar una reducción sustancial de las pensiones y un aumento de impuestos a los trabajadores. Desde hace tres meses las protestas sociales («Las calles son del pueblo y el pueblo debe defenderlas», rezaba hasta entonces el lema de Ortega en el friso de la prensa sandinista) han sido reprimidas con una dureza insólita en el continente americano. Bajo el paraguas de una ideología marxista-leninista (que manipuló el mensaje y la épica del héroe nacionalista y liberal Sandino), Daniel Ortega ha utilizado técnicas camaleónicas para no bajarse del machito desde el triunfo de la revolución en 1979. Su primera fase fue calamitosa en términos económicos, pero la lucha contra los «contra» le otorgó oropeles. Tras un breve interludio democrático, Ortega y sus mariachis dieron a finales de los 90 un giro copernicano: pactos de gobierno con los liberales, acercamiento a la jerarquía católica (no al aborto, boda religiosa del líder con Rosario Murillo) y coqueteos con los empresarios. El triunfo en las urnas en 2006 animó a Ortega a quitarse la careta. El líder «nica» es el más débil de los tres pilares del bolivarismo, y ahora el que tiene más sangre en las manos.
02-07-2018 | Fuente: elpais.com
El superagente marroquí al que Europa rinde honores
El director general de la policía es clave en la lucha contra el yihadismo y en la represión de protestas sociales
01-07-2018 | Fuente: elpais.com
El superagente marroquí al que Europa rinde honores
El director general de la policía es clave en la lucha contra el yihadismo y en la represión de protestas sociales
04-06-2018 | Fuente: elpais.com
La revuelta contra una reforma fiscal fuerza la dimisión del primer ministro de Jordania
Abdalá II deja caer al veterano Al Mulki para contener una de las mayores protestas sociales de su reinado
26-10-2017 | Fuente: abc.es
Libertad con cargos para diez de los «once de Estambul»
Un tribunal turco ha dejado en libertad con cargos a diez de los once activistas de derechos humanos, entre ellos los dirigentes de Amnistía Internacional (AI) en el país, que están siendo juzgados desde hoy por colaboración con grupos terroristas, en un proceso que varias ONG califican de político. La medida significa la puesta en libertad inmediata de diez activistas detenidos en julio, entre ellos el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, acusados junto a ocho activistas turcos. Dos de estos ya se hallaban en libertad provisional, mientras que los otros ocho han pasado más de tres meses en detención preventiva. Sin embargo, continuará entre rejas el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç, detenido en junio bajo la acusación de formar parte de la red de simpatizantes del predicador islamista Fethullah Gülen, al que Ankara imputa la responsabilidad del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Kiliç tiene pendiente otro juicio que se celebrará mañana en Esmirna, por los que continúa en detención preventiva. Durante el juicio, todos los acusados se declararon inocentes de los cargos de colaboración con organizaciones terroristas, que les pueden acarrear hasta 15 años de cárcel. «Nosotros esperamos que todos los defensores de los derechos humanos sean puestos en libertad hoy», había indicado a Efe Andrew Gardner, representante de AI en Turquía, antes del juicio. «Las acusaciones son absurdas. En el escrito de acusación no hay prueba alguna. Esperamos que, después de tres meses en prisión preventiva, al menos se les ponga en libertad provisional para que puedan volver con sus familias», agregó. Steudtner, Gharavi y la directora de AI en Turquía, Idil Eser, fueron detenidos el pasado 5 de julio pasados en la isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos. Todo el grupo está acusado de mantener vínculos tanto con la cofradía gülenista como con la guerrilla izquierdista Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y con el DHKP-C, un grupo armado ultramarxista, tres organizaciones enfrentadas entre sí. La Fiscalía afirma que durante el taller, los acusados hablaron de «cómo almacenar información en un teléfono móvil de forma segura si lo confisca la Policía, cómo impedir que la Policía u otras personas accedan a esa información y cómo encriptarla». El escrito de acusación asevera, además, que algunos de los participantes hablaron sobre qué se puede aprender de las revueltas antigubernamentales de 2013 y cómo organizar protestas sociales. La Fiscalía concluye que los acusados querían «transformar la situación política actual suscitando nuevas revueltas similares a las 2013 a través de organizaciones que actuasen como ONGs pero estuvieran dirigidas por organizaciones terroristas». «Está totalmente claro que esto es un caso político, un caso impulsado por las declaraciones del Gobierno y las campañas contra las organizaciones de derechos humanos. No hay nada legal, no hay nada fundamentado en la ley que permite mantener a estas personas encarceladas", denunció Gardner. «Todas las acusaciones se basan en mi trabajo para Amnistía Internacional. No tengo nada que reprocharme. Solo hice mi trabajo como defensora de los derechos humanos», se defendió Idil Eser. También Steudtner y Gharavi se describieron como activistas pacíficos y exigieron su liberación. «Imagino que algunos de los acusados serán liberados. Pero como sabemos, desafortunadamente es nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) quien da hoy día instrucciones a los tribunales» , había adelantando en conversación con Efe Garo Paylan, diputado del partido izquierdista HDP, que acudió como observador al juicio. «En Turquía no funciona el Estado de derecho. El presidente está tomando a los extranjeros como rehenes. Desafortunadamente, estos dos defensores de los derechos humanos son los rehenes de nuestro presidente», insistió Paylan, antes de iniciarse la sesión. Andrew Gardner recordó que «bajo el estado de emergencia (vigente en Turquía desde el fallido golpe), el acceso a los detenidos está muy restringido. Sus familiares los pueden ver una hora por semana, al igual que los abogados. Y ahora llevan en prisión ya más de tres meses. Queremos que los liberen ya». «La Judicatura no puede tomar una decisión, están esperando a que el presidente dé alguna señal, para ver si los pueden liberar o no», opinó Paylan.