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Noticias de protestas sociales

21-02-2020 | Fuente: abc.es
Latinoamérica tiene políticas contra la pobreza, pero no para la nueva clase media
De alguna manera, Latinoamérica está muriendo de un relativo éxito. Las protestas sociales registradas en varios países de la región en los últimos meses tienen una explicación de fondo: hablan, sí, de la decepción de las expectativas de una creciente clase media, pero también del extraordinario aumento de esta. En Latinoamérica ha habido un excelente resultado de los programas de reducción de la pobreza (las llamadas transferencias monetarias condicionadas, copiadas en otros lugares del mundo), pero también de la excesiva fijación en esos programas cuando el histórico crecimiento de la clase media requería complementarlos con nuevas políticas para hacer frente al surgido problema de la vulnerabilidad de esa nueva mayoría social. El diagnóstico lo hizo a finales de enero el director del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner: «El haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no el abatimiento de la pobreza extrema». Según Werner, no es que tenga que dejarse de lado ese esfuerzo, «pero claramente el reto ahora ya, como mucha gente lo ha manifestado, también se debe enfocar en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en pobreza, que son clase media». El economista mexicano considera que para resolver la vulnerabilidad de esa clase media hay que aplicar instrumentos diferentes de los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado. El requerimiento está en la mejora de servicios que se presta a los ciudadanos, como el acceso a una educación y una sanidad de calidad, así como aspectos de seguridad jurídica, fortalecimiento de la instituciones o transparencia. Transferencia monetaria condicionada Desde finales de la década de 1990 la lucha contra la pobreza y la desigualdad fue una prioridad en la mayor parte de los países latinoamericanos. Con ese propósito nacieron los programas de transferencia monetaria condicionada: la entrega directa de sumas de dinero a individuos o familias de pocos recursos, sujeta a condiciones como la alfabetización propia, la escolarización de los hijos o las revisiones médicas periódicas, según los programas. El objetivo era doble: aumentar el poder adquisitivo de esas personas, mejorando su nivel de vida, y promoverles en la escala social, al menos brindando a su descendencia mejores perspectivas socio-económicas. Países como México y Brasil fueron pioneros en esas políticas (sus programas Progresa o Bolsa Familia tan tenido un gran impacto), que luego se han generalizado en la región y en el resto del mundo. El «boom» del precio de las materias primas, finalizado abruptamente en 2014, ofreció durante la década previa importantes ingresos a los Estados para la distribución de ayudas a través de esos programas. Estos ayudaron a que entre 2002 y 2014 la pobreza en Latinoamérica bajara del 45,4% de la población al 27,8% (la pobreza extrema lo hizo del 12,2% al 7,8%), de acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. En ese tiempo el número de pobres se redujo en 66 millones de personas (de ellos, 16 millones salieron de la pobreza extrema). La desigualdad también ha descendido, bajando del 0,538 en el coeficiente de Gini (2002) al 0,465 (2018). Gracias a esa transformación, el volumen de la clase media, que pasó del 20% al 34%, superó al de pobres, pero lo que podría llamarse la «clase vulnerable» ha pasado a ser la mayoritaria, suponiendo el 37% de la población, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por vulnerables se entienden aquellas personas cuyos ingresos han superado el umbral de pobreza, pero cuya situación no está del todo consolidada y pueden retroceder en sus condiciones. Para consolidar ese salto, los ciudadanos requieren de unos servicios públicos de calidad que respondan a sus propias expectativas y necesidades. La falta de ellos, por incapacidad de los gobiernos y por sus malas prácticas (corrupción y sentido patrimonialista del poder, entre otras), alimenta el malestar social que vemos en muchos lugares de la región. Perspectivas grises Las perspectivas no son buenas. Como ha dicho Alejandro Werner, mientras entre 2000 y 2013 Latinoamérica tuvo un crecimiento económico medio del 2%, entre 2014 y 2019 la cifra fue de apenas un 0,6%. Para 2020 se prevé una ligera mejora (del 1,3% o del 1,6%, según la previsión del FMI y de la CEPAL, respectivamente), pero sigue tratándose de una magnitud baja. Más allá de las puras cifras económicas, diversas voces se han mostrado pesimistas en las últimas semanas sobre las posibilidades de transformación de la región. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, ha sido contundente al sentenciar que América Latina «ha perdido el tren de la política industrial y la innovación». Por su parte, David Ross, directivo del fondo francés de inversión La Financière de l'Echiquier, ha señalado que es «la importancia de las industrias extractivas la que está reteniendo del desarrollo general» latinoamericano: se trata de un sector que necesita mucho capital y apenas genera empleo y mantiene a los países atados a los ciclos de las grandes potencias.
15-01-2020 | Fuente: abc.es
El voto en Perú, Bolivia y Chile marca la política latinoamericana en el inicio de 2020
La evolución de las crisis políticas vividas en 2019 en varios países latinoamericanos llenará la actualidad regional en los próximos meses, con elecciones parlamentarias en Perú, parlamentarias y presidenciales en Bolivia y un plebiscito sobre la Constitución en Chile. Eso en un año para el que inicialmente solo estaban previstas las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, en el mes de diciembre. Perú: legislativas extraordinarias La primera convocatoria electoral, el 26 de enero, es la de Perú, donde la agria pugna entre el presidente Martín Vizcarra y la mayoría opositora, liderada por Keiko Fujimori, ha derivado en unas elecciones legislativas que no estaban programadas. Esas elecciones extraordinarias tendrán lugar a pesar del cuestionamiento inicial sobre la legalidad de la disolución del Congreso Nacional (institución unicameral) realizada por el presidente. Los nuevos diputados serán elegidos para solo un año, dado que en 2021 tendrán lugar las elecciones ordinarias, pues en Perú el mandato de cinco años del presiente y el del Congreso deben coincidir. Las encuestas están mostrando un gran volumen de indecisos y de posible abstención, así como un declive del dominio que Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, ejercía en el actual Congreso. Los sondeos, poco fiables dada la alta indeterminación aún del electorado, muestran por ahora un relativo empate entre ese partido y Acción Popular, que se encuentra en un momento de auge tras ganar la alcaldía de Lima en 2018. A la convocatoria no se presenta el PPK, el partido creado para las elecciones de 2016 por el entonces aspirante presidencial Pedro Pablo Kuczynski, quien tras su triunfo debió dimitir por corrupción en 2018 y ser reemplazado por su vicepresidente, Vizcarra. Chile: hacia la convención constituyente La siguiente cita con las urnas será en Chile, el 26 de abril. Las protestas sociales registradas en el país en los últimos meses condujeron a un amplio pacto para la celebración de un plebiscito sobre la Constitución (la actual data de la dictadura de Pinochet). Los chilenos deberán responder a dos preguntas: si desean una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla. Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, se tomará en cuenta qué opción triunfa en la segunda, que presenta dos alternativas: una convención mixta constitucional, en la que la mitad de los integrantes sean los actuales miembros del Congreso y la otra mitad sea elegida expresamente por los ciudadanos, o bien una convención en la que todos sus miembros sean votados para ese fin por los chilenos. La elección directa de constituyentes, tanto si son el 50% como el 100% de la convención que redactaría la nueva Constitución, tendría lugar el 25 de octubre, coincidiendo con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Las encuestas indican una mayoría ciudadana favorable a una nueva Constitución y a que sea redactada por una convención completamente elegida expresamente. El partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional (RN), ha dado libertad de voto a sus seguidores, si bien la mayoría de sus dirigentes defiende votar negativamente, alegando que si algunos cambios constitucionales son urgentes mejor es proceder a ellos cuanto antes en el actual Congreso, en lugar de que todo se demore en un lento proceso constituyente que además alargue el actual clima de inestabilidad y confrontación. Dentro de la coalición gubernamental Chile Vamos, de la que RN forma parte, el partido Evópoli defiende el voto afirmativo para una nueva Constitución, mientras que la Unión Demócrata Independiente pide el rechazo. Bolivia: generales sin unidad anti-Morales Las nuevas elecciones generales de Bolivia, tras el abandono del país de Evo Morales, han sido finalmente convocadas para el 3 de mayo. En ellas no será candidato el expresidente huido, que se encuentra en Argentina. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), prevé designar presidenciable la próxima semana; entre los posibles candidatos están el líder cocalero Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca, excanciller con Morales y actual secretario general del ALBA. Dada la división que existe entre los dirigentes opositores al MAS, este se ha visto primado en algunas encuestas. La publicada por el diario «Página Siete» la semana pasada daba un 23% al MAS, con Rodríguez como candidato, frente al 21% de Carlos Mesa, quien rivalizó con Morales en las elecciones de octubre en las que este cometió fraude. Por su parte, Luis Alfredo Camacho y Marco Pumari, que encabezaron revueltas contra el ya expresidente, lograban un 13% y un 10% respectivamente. A estos nombres habría que añadir el de Jeanine Áñez, la presidenta interina, si decide presentarse. Si bien todos ellos podrían unir fuerzas en una segunda vuelta frente al MAS, al ir por separado en la primera vuelta, que es cuando tienen lugar también las elecciones legislativas, el partido de Morales podría ser el más fuerte de la Asamblea Legislativa boliviana. Venezuela: ocasión autoritaria para Maduro Nicolás Maduro fracasó en su intento del 5 de enero de impedir por la fuerza la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero este, de todos modos, tiene solo un año más en el puesto. En otoño de 2020 correspondería celebrar las elecciones legislativas venezolanas (tradicionalmente han sido en diciembre, pero cabe un ligero adelanto), lo que constituye la ocasión propicia para que, mediante fraude electoral, el chavismo retome el control de la Asamblea Nacional o al menos impida su constitución. Si en las parlamentarias de 2015 el régimen se vio obligado a aceptar el triunfo de la oposición (el fraude cometido no fue suficiente para dar la vuelta al resultado) fue porque entonces aún necesitaba guardar ciertas apariencias democráticas ante el mundo. Hoy su carácter autoritario es internacionalmente denunciado, por lo que podrá actuar sin tapujos.
03-01-2020 | Fuente: elpais.com
Los pulsos entre potencias, las protestas sociales y el gas alimentan la inestabilidad de Oriente Próximo
Mientras la guerra de Siria entra en su batalla final, la tensión regional se traslada a la pugna por el gas del Mediterráneo oriental y no deja de crecer en el Golfo
02-01-2020 | Fuente: elpais.com
Los pulsos entre potencias, las protestas sociales y el gas alimentan la inestabilidad de Oriente Próximo
Mientras la guerra de Siria entra en su batalla final, la tensión regional se traslada a la pugna por el gas del Mediterráneo oriental y no deja de crecer en el Golfo
19-12-2019 | Fuente: abc.es
2019, el año en que la pobreza siguió su alza en Sudamérica
En este año que ahora acaba los niveles de pobreza en Latinoamérica han vuelto a subir, después de que en 2018 se mantuvieran estables respecto al año anterior. La subida sigue la tendencia al alza registrada desde el fin del «boom» del precio de las materias primas en 2014, cuando terminó lo que se conoce como la «década de oro» de la economía regional. Dentro de la región, las cifras negativas afectan más a Sudamérica, sobre todo el peso de las situaciones en Venezuela, Brasil y Argentina. Entre 2002 y 2014 la pobreza bajó del 45% al 27,8% de la población. En 2015 volvió a subir de nuevo, estabilizándose en 2018, pero experimentando un nuevo aumento este año que termina, en el que habrá alcanzado el 30,8%, según las previsiones de la Cepal, la comisión de la ONU para el desarrollo económico y social latinoamericano. En este contexto de empeoramiento de las condiciones de vida, especialmente en Sudamérica, han tenido lugar las protestas políticas y sociales que han marcado 2019. En su informe Panorama Social 2019, publicado recientemente, la Cepal calcula que este año la pobreza extrema habrá subido al 11,5% de la población, en un ascenso constante desde que en 2014 marcó un mínimo del 7,8%. Así, este año se habrá alcanzado un total 191 millones de pobres, de los cuales 72 millones corresponden a personas en extrema pobreza; es decir, que este año cerrará con 27 millones más de pobres que en 2014, casi todos ellos en condiciones de pobreza extrema. Sectores vulnerables En esta evolución afectan especialmente las pronunciadas cifras negativas de Brasil, Venezuela y Argentina. De hecho, si se dejan al margen estos tres países, cabe hablar de un desarrollo ligeramente positivo (especialmente en Centroamérica), por lo que las protestas políticas vividas en la región, que no se han producido precisamente en esos mencionados países, tienen más que ver con otro dato que la Cepal destaca especialmente: el aumento de lo que llama sectores «bajos no pobres», es decir, aquellos que han salido de la pobreza pero aún no pueden considerarse clase media y corren el riesgo de recaer económicamente, y que con 157 millones de personas (cifra de 2017, la última disponible) superan el número que existían hace quince años, antes del «boom» económico. Aquella «década de oro» terminada hace un lustro supuso ciertamente un importante aumento de la clase media latinoamericana, pero la Cepal llama la atención sobre otra cifra: sumados los sectores pobres, los bajos no pobres y los medio-bajos, se alcanza el 76,8% de la población. Demandas sociales Si bien es cierto que el tiempo de vacas gordas permitió un importante progreso social, este no fue suficientemente duradero ni estuvo convenientemente aprovechado por muchos gobiernos en cuestión de reformas estructurales para impedir que con la llegada de las vacas flacas hubiera retrocesos. «No solamente diversos avances en materia social se han desacelerado o estancado en un contexto económico poco dinámico, sino que también se vislumbran importantes señales de retroceso», constata el informe de la Cepal. «Después de un quinquenio de lento crecimiento, las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones» «Además, se asiste a un período de cambios geopolíticos globales, gran descontento social y creciente polarización, acompañados en muchos casos de un proceso de deslegitimación de la política y un creciente rechazo da formas tradicionales de organización y expresión de intereses. Estos factores precipitan en algunos casos cambios políticos de envergadura y el cuestionamiento de consensos forjados en las últimas décadas». Desigualdad Por lo que se refiere a la desigualdad, entre 2002 y 2014 la desigualdad de ingresos disminuyó de forma significativa en Latinoamérica y a partir de 2015 esa tendencia se ralentizó. Entre 2002 y 2014 la variación promedio anual fue del 1%, mientras que la registrada entre 2014 y 2018 fue del 0,6% anual. Los países que en 2018 tenían menos desigualdad eran Argentina, El Salvador y Uruguay; los más desiguales eran Brasil y Colombia. Entre 2014 y 2018, las mayores disminuciones en desigualdad ?reducciones acumuladas de un 7% o más? fueron Bolivia, El Salvador y Paraguay. El hecho de que algunos de esos países con un comportamiento más negativo en materia de igualdad de ingresos no hayan registrado protestas sociales (las ha habido en Colombia, pero no en Brasil) y sí las hayan experimentado otros países con un mejor desempeño en este campo (Bolivia) o que están en la mitad de la tabla (Chile) demuestra que no hay una correlación directa entre desigualdad y el descontento que ha cobrado formas violentas en varios lugares de la región, como tampoco la hay propiamente con la situación de pobreza sin más. Como la propia comisión de las Naciones Unidas sugiere, la cuestión crítica tiene más que ver con las expectativas de un sector de la población que, gracias a las mejoras de la «década de oro», pudo salir de la pobreza o afianzó su posición en los estratos medios-bajos, pero que con el empeoramiento de la situación vive con angustia su vulnerabilidad.
26-11-2019 | Fuente: as.com
Un rayo de luz en medio del infierno que se vive en Irak
Desde que comenzaron las protestas sociales en Irak, más de 340 personas han fallecido como consecuencia de los disturbios callejeros.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Las protestas sociales llegan ahora a Colombia: comienza la gran marcha contra Iván Duque
Colombia pasó una noche tensa y amanece este jueves con gran expectación ante el desarrollo de las marchas de protesta previstas para hoy jueves en todo el país, que antes de empezar ya han tenido gran impacto. Anoche el propio presidente Iván Duque, procurando enviar un mensaje de firmeza y a la vez garantista de los derechos ciudadanos, hizo una alocución a todo el país en la cual afirmó que está «tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público» durante el paro. Y recordó que está actuando coordinadamente con alcaldes y gobernadores para evitar excesos y violencia en todo el país. A la protesta nacional el presidente dijo que responderá «con humildad», dispuesto a «escuchar y atender» a todos los sectores sociales, que es precisamente una de las quejas que hay contra su Gobierno, calificado por muchos como refractarios al diálogo, poco dispuesto a dialogar con los sectores sociales, algo ensimismado. También afirmó que está dispuesto a apoyar «propósitos comunes» de todos los colombianos, arguyendo que el suyo es «construir una Colombia más justa, con un Gobierno sintonizado con los anhelos del país», dispuesto a «corregir algunos problemas». Y concluyó, en una entrevista posterior, que «como país y como Estado tenemos que garantizar el derecho a marchar, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando unos quieren afectar los derechos de los demás y la institucionalidad». Horas previas Desde inicios de la semana, aunque con especial énfasis ayer miércoles, algunas de las principales ciudades impusieron controles locales, como la declaración de ley seca (prohibición de vender licor), la suspensión de clases en colegios y universidades, presencia de miembros del Ejército en las calles, como los 12.000 desplegados en Bogotá, a pesar de que el ministro de Defensa ha insistido en que no hay militarización y solo habrá presencia de Policía, y otras restricciones encaminadas a controlar o disuadir los desmanes que puedan surgir a lo largo de la mañana y en horas de la tarde, cuando finalizará el gran paro nacional, como ha sido también denominadas estas marchas de protesta. Durante la noche, precisamente, la Catedral Primada de Bogotá fue recubierta con malla y vallas para protegerla, mientras otros edificios del patrimonio arquitectónico y el comercio del centro de la ciudad ?que siempre paga los platos y vidrieras rotas de las protestas? recurrieron a rejas, tablas y cobertores que eviten el impacto de acciones de vandalismo. Pareciera como si un gran huracán se aproximara al país. La Policía anunció, por su parte, que estrena en la jornada un sistema de reconocimiento facial para poder identificar a los vándalos encapuchados, mensaje disuasivo destinado a los interesados en intensificar los actos de violencia contra la fuerza pública o los ciudadanos que marchen pacíficamente. También ha habido un reiterado llamamiento a todos los ciudadanos para que ayuden a evitar desmanes y que procuren sofocar las provocaciones de los violentos. Un caso se presentó precisamente ayer en Medellín, donde unos 50 encapuchados iniciaron acciones violentas como antesala de las marchas, pero fueron controlados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde estaban agitando. En la ciudad de Pasto, al sur del país, la Universidad de Nariño también empezó a padecer los rigores de vándalos camuflados de protesta estudiantil. El país entero empieza el día entre expectante y temeroso. Algunos esperanzados de que sea una protesta pacífica y ejemplar. Como sea, Colombia está en modo marcha y antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de esta convocatoria nacional a que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, inclusive, auguran más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Voces internacionales, como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, enviaron un mensaje claro reiterando que «la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia» y compartió su preocupación por allanamientos a medios de comunicación, el despliegue deL ejército, la estigmatización de la protesta social tanto en las redes como por parte de algunos medios de comunicación. Deportación de infiltrados y cierre de fronteras Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se le dice en Colombia también, llega con un inusitado impulso de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Además, acuñada por encuestas recientes que indican un creciente rechazo al Gobierno del presidente Duque, frente al cual el 69% de los encuestados dice tener una opinión negativa de su gestión en estos 15 meses de Gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsadas 15 foráneos en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Los aeropuertos, vías de acceso a las ciudades, terminales de transporte y similares están bajo cercana vigilancia. Garantizar la movilización de quienes no marchan y las actividades de entidades públicas, empresariales o bancarias es una prioridad. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues, si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. Agenda de la protesta En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos en los que encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes y a colectivos de artistas y periodistas o medios alternativos. La presión de la marcha no es de hoy, viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, lo que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo gira en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Paradójicamente, las cifras de crecimiento del país están entre las más altas de la región y arrojan un parte positivo con un 3,3% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Muchos otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo corrido del año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto una lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Por ese motivo, precisamente, ayer se sumó la Cumbre Agraria, que recoge a los campesinos y grupos étnicos de las zonas más apartadas del país, que hoy viven en carne propia la violencia contra sus líderes. Marchan en defensa de la vida de líderes sociales y reclamando acciones de protección colectivas para sus comunidades. Hoy marcará un antes y después para el gobierno de Iván Duque y para el país. Si a esta cita del 21N llegan los colectivos clásicos de toda marcha (sindicatos estatales, de la industria, de maestros y de la salud) y a ellos se suman estudiantes universitarios, líderes sociales territoriales, trabajadores de empresas privadas, del transporte y otros sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
15-11-2019 | Fuente: abc.es
Chile emprende la ruta hacia una nueva Constitución para lograr la paz y otro modelo de país
El acuerdo alcanzando esta madrugada entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social tras cuatro semanas de convulsión e inicia el camino hacia la construcción de un nuevo modelo de país. Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva Constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que han dejado al menos 22 fallecidos. Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos. Además, sobre las fuerzas de seguridad recaen cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y la economía corre el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños que ha sufrido el comercio. «Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Dos opciones En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto. El nuevo texto será redactado desde una «hoja en blanco», sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el quorum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir. La elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal. Este órgano tendrá un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres meses más. Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio. «Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con una Constitución cien por cien democrática», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar a los medios de comunicación el acuerdo, bautizado «Por la paz social y la nueva Constitución». El pacto fue comunicado a las 2.24 hora local (5.24 GMT) y se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
10-11-2019 | Fuente: abc.es
Evo Morales anuncia la convocatoria de nuevas elecciones en Bolivia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha visto forzado a anunciar unas nuevas elecciones tras la publicación del informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que aprecia múltiples irregularidades. «La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado (en Bolivia) debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente», insta la nota da la OEA. Morales, sin citar este informe, aseguró este domingo que los nuevos comicios se celebrarán con un órgano electoral renovado, para lo cual el Parlamento boliviano iniciará próximamente el proceso para nombrar los nuevos vocales. No precisó en qué fechas tendrían lugar. «Todos tenemos la obligación de pacificar Bolivia» El presidente, al que la oposición viene reclamación su dimisión, aseguró que el próximo proceso electoral será llevado a cabo por «nuevos actores políticos», pero no aclaró si él se presentará de nuevo. Según dijo, la celebración de nuevas elecciones se producirá para «bajar toda la tensión» y «pacificar Bolivia». En los últimos días, la agitación ha ido en aumento, con protestas en las calles y motines generalizados de la Policía. Pese al anuncio de elecciones, el líder opositor Carlos Mesa pidió este domingo la dimisión de Morales «si le queda un ápice de patriotismo», al tiempo que reclamó un acuerdo nacional para consensuar unas nuevas autoridades electorales para supervisar la cita con las urnas. Motines policiales El líder cívico Luis Fernando Camacho, que se ha situado a la cabeza de las protestas sociales, pidió la sustitución de Morales por un Gobierno en funciones. El presidente de Bolivia no ha logrado la tregua del «diálogo» (modelo Nicolás Maduro) que buscaba con la oposición. Las Fuerzas Armadas tampoco le han dado su apoyo expreso y -el sábado- advirtieron que no se enfrentarían a la gente. Los motines policiales se extendieron a la totalidad del país. Las renuncias en provincias de las autoridades del MAS (Movimiento Al Socialismo) se suceden mientras las maletas comienzan a salir de los armarios del poder. Las dimisiones en cadena de los hombres de Evo dejan, al menos de momento, más aislado al presidente, que atraviesa la primera gran crisis de sus gobiernos en catorce años. Juan Carlos Cejas, gobernador de Potosí (enclave de minas de plata) dejó el cargo «en aras de la paz de la región», ante una situación que considera terminal. «No me voy a aferrar al cargo» ni «voy a arriesgar a mi familia», declaró tras hacer efectiva su dimisión. Los mismos pasos y justificación ofreció el alcalde la ciudad de Potosí, William Cervantes: «Hay que pacificar el país», insistió. Iván Arciénega, alcalde de Sucre y hasta el viceministro de Turismo , Eduardo Arze García, pusieron su renuncia sobre la mesa. La réplica en el exterior, la dio el embajador en París, el general Gonzalo Durán, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que renunció. En simultáneo o con diferencia de un puñado de horas, en Tarija -según informa la prensa boliviana- un grupo de oficiales se arrodillaba, para rezar con el pueblo. En La Paz, columnas de opositores cercaban las sedes de la Televisión estatal a la que acusan de estar al servicio del Gobierno. En el Chaparé, zona cocalera y bastión histórico de Evo Morales, cortaron todos los pasos a los opositores y en Cochabamba se aguardaban las columnas de refuerzo de campesinos y cocaleros que responden a la petición de ayuda de Evo Morales. En su cuenta de twitter el presidente escribió que incendiaron las casas de su hermana Esther y de los gobernadores de Chuquisaca y Oruro. Los que abandonan el barco de Evo Morales son más de los que lo hacen públicamente. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, reconoció: «Ya tenemos solicitudes de asilo en curso que atenderemos». El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en palabras de su secretario, advierte lo que es evidente: «La situación en Bolivia es muy grave» y se apunta a la opción que le permitiría tener un respiro y ganar tiempo a Evo Morales, «el diálogo convocado es urgente». La oposición y los movimientos cívicos, se resisten ?salvo excepción? a negociar sobre la mesa de lo que consideran, a todas luces, un fraude electoral. La experiencia de Venezuela les enseñó que ese tipo de propuestas, en apariencia conciliadoras, cuando se trata de miembros del antiguo «eje bolivariano», tienen como objetivo genuino recuperar el control para liquidar las protestas y perpetuarse en el poder. El ejemplo del Grupo de Contacto impulsado por AMLO, siglas por las que se conoce al presidente mexicano y por Tabaré Vázquez (Uruguay), con el respaldo de otros países y la Unión Europea, es una prueba solvente de ello. Los partidos de la oposición, en ese punto, tienen unidad verdadera y aseguran que no van a cometer el error de caer en la trampa de Morales. Carlos Mesa, ex presidente y candidato de Comunidad Ciudadana, no se va a dejar engañar por el líder bolivariano que se rodeó, en su propia tierra, de cubanos y venezolanos importados por las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Mesa insiste: «No tengo nada que negociar con Evo Morales y su Gobierno». Por su parte, Luis Fernando Camacho, alias «el Macho», como se conoce al lider cívico de Santa Cruz de la Sierra (motor económico de Bolivia), exige la renuncia inmediata de Evo Morales para dar paso a otra convocatoria electoral de la que, está vez, no se duda que participaría. El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, activo en las movilizaciones sociales, le dirigió un mensaje al presidente. «Debe entender que el pueblo boliviano le está diciendo que debe irse». En la plaza de Murillo de La Paz, sede del poder ejecutivo, Quiroga, advirtió: «El pueblo va a llegar a palacio por la vía democrática, pacífica y constitucional, con Carlos Mesa presidente, no con insurrecciones», porque «el único golpista fue Evo Morales. Él, desconoció el referéndum del 21 F (febrero del 2016) cuando Bolivia le dijo NO» a presentarse a un cuarto mandato consecutivo. El escenario, de máxima tensión, tiene a Evo Morales en paraderos imprevistos y a la sede del Ejecutivo sin la guardia policial, también amotinada en La Paz. Sin certeza en tiempo real sobre dónde se encuentra el presidente, éste apareció en El Alto (cinturón de La Paz a más de cuatro mil metros de altura). Sin escolta de edecanes militares, desde el hangar del avión presidencial, se dirigió al pueblo y al cuerpo de policías, amotinado en su totalidad, para anunciar concesiones a sus demandas laborales. La Policía reclama mejoras de sus situación pero su rebeldía va ligada a las protestas del pueblo que reclama la salida de Morales y elecciones limpias y transparentes. El Gobierno se mantiene en su posición de mantener al Ejército lejos de las calles. Ordenar su intervención podría desembocar en un acto de desobediencia de las FF.AA. (anunció que no atacará al pueblo y pidió una solución política) o resucitar escenas sangrientas como las que forzaron la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre del 2003 (más de 60 muertos por la «guerra del gas»). En ese escenario Evo Morales confía en el MAS que acosa, asalta y hasta tortura, según las denuncias, a la gente de las caravanas que se dirigen a La Paz. La estrategia es impedir que alcancen la ciudad, sede del Ejecutivo, donde Luis Fernando Camacho, tiene previsto hoy lunes entregar una carta de renuncia a Evo Morales para que éste simplemente la firme. Difícil y peligrosa misión porque el MAS, también, quiere expulsarle de La Paz. España aplaude las elecciones El Gobierno español ha dado la bienvenida a la convocatoria a la repetición de las elecciones generales, informa Ep. España «anima a todos los actores políticos bolivianos a trabajar por vías institucionales y pacíficas para hacer posible que, con esta nueva convocatoria, se restaure la confianza en el proceso electoral, como cauce de expresión democrática de la voluntad popular», según ha difundido el Minsterio de Asuntos Exteriores y Cooperación. «El Gobierno de España exhorta nuevamente a todos los actores aabstenerse de actos que puedan promover la división entre bolivianos eincitar a la violencia que ya ha causado tres muertos y centenares deheridos», añade la nota. Y conluye ofreciendo su ayuda: «España manifiesta su plena disposición a apoyar estos esfuerzos en la medida en que se le requiera». Al menos tres heridos por arma de fuego Al menos tres personas resultaron heridas este domingo por disparos de arma de fuego en una carretera del altiplano de Bolivia al paso de una caravana de mineros que se dirigía a La Paz para sumarse a las protestas contra el presidente, Evo Morales. La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó en un comunicado de «tres heridos como consecuencia del uso de armas de fuego», mientras varios integrantes de la caravana de autobuses confirmaron en redes sociales ese mismo número de heridos. Imágenes difundidas en las redes por algunos de los pasajeros de los autobuses muestran a un grupo de mineros asistiendo a uno de los heridos tras este incidente cerca de Challapata, en la región andina de Oruro, informa Efe. La Defensoría aseguró haber recibido una denuncia de miembros del Comité Cívico Potosinista, ya que los mineros procedían de la región occidental de Potosí, «sobre el asedio del que estarían siendo víctimas por pobladores» del lugar por donde pasaban los autobuses. La entidad instó a la Policía Boliviana a que envíe efectivos para resguardar la seguridad «de quienes se encuentran asediados y que se trasladan a la ciudad de La Paz». El incidente se produjo en la misma región en la que este pasado sábado resultaron heridas al menos 32 personas cuando fue atacada otra caravana de mineros y universitarios, que desde las regiones de Potosí y Chuquisaca se diría a La Paz también para sumarse a marchas de protesta contra Morales.
06-11-2019 | Fuente: elpais.com
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