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Noticias de proceso judicial

01-06-2020 | Fuente: abc.es
La pandemia golpea los centros para ilegales en California
Una ola de contagios por coronavirus se expande por los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, donde cientos de extranjeros indocumentados enferman mientras esperan resolver su situación legal. Más de 1.200 detenidos han dado positivo por Covid-19 estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que representa el 50% de los 2.394 que han sido testeados por sospecha de Covid-19. EE.UU. alberga en sus prisiones cerca 26.000 indocumentados, pero sólo un 10% ha sido testeado. El centro de inmigrantes con más contagiados es el de Otay Mesa, una comunidad al sur de San Diego que hace frontera con la ciudad mexicana de Tijuana. A finales de mayo había 233 detenidos infectados, además de 29 empleados de CoreCivic, la empresa privada que administra el centro. Asimismo, Otay Mesa fue donde falleció el primer inmigrante infectado por Covid-19 bajo custodia del gobierno federal. Se trataba de Carlos Ernesto Escobar Mejía, un salvadoreño de 58 años que intentó entrar en EE.UU. para reunirse con sus familiares. «No han dado máscara a todos los detenidos, tampoco cumplen los requisitos de distancia mínima y no proveen la asistencia sanitaria necesaria», dice Enrique Morones, director de Gente Unida, una ONG ubicada en San Diego. Muchos de los detenidos de Otay Mesa son refugiados o solicitantes de asilo que están en prisión a la espera de que llegue su cita judicial. Sin embargo, la crisis sanitaria ha ralentizado los procesos judiciales en Estados Unidos, lo que provoca que miles de peticiones de asilo se acumulen en los juzgados. Esta situación hace que los inmigrantes tengan que pasar más tiempo encerrados en unos centros donde el coronavirus se expande como un incendio en la sequía. «Una demora en el proceso judicial es ya una condena, porque están continuamente expuestos al virus», comenta Morones a ABC. «Aquí en Otay Mesa hay muchos que están ya enfermos. Nadie viene a explicarnos lo que está pasando allá afuera en el mundo. Tenemos mala alimentación. No somos animales», dicen algunos de los inmigrantes de este centro de detención en una serie de audios divulgados en abril por Pueblos Sin Fronteras, una ONG enfocada en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales como Pueblos Sin Fronteras y el Comité de Amigos Americanos han pedido al gobernador de California que investigue la situación y haga responsable a CoreCivic de los posibles daños de salud que puedan sufrir los inmigrantes. Menores de edad Muchos de los detenidos son menores de edad que intentan adentrase en Estados Unidos sin compañía de sus padres, asegura Morones. «Van al norte para escapar de la violencia, pero luego las autoridades los regresan a sus países donde vuelven a ser víctimas de las bandas criminales», dice el activista. Al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido devueltos a sus países desde EE.UU. a México y Centroamérica desde inicios de marzo, según Unicef. «Unicef alerta de que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados, a los que se percibe como infectados por la enfermedad», señaló la organización en un comunicado. Según Unicef, que forma parte de Naciones Unidas, hay zonas de Honduras y Guatemala donde se prohíbe la entrada a los deportados para tratar de frenar la expansión de la enfermedad. Antes de la pandemia, se calculaba que unas 500.000 personas cada año salían de Centroamérica rumbo al norte. La razón principal por la que las personas emigran de El Salvador, Honduras y Guatemala son sus altos niveles de violencia, que se encuentran entre los más elevados del mundo. EE.UU. es el país con la población carcelaria más grande del mundo. Al menos 29.251 presos han dado positivo por Covid-19, es decir, aproximadamente un 1,4% de las 2,2 millones de personas encarceladas en las prisiones estadounidenses. Hasta el momento, 1,7 millones de personas en EE.UU. han contraído la enfermedad, mientras que alrededor de 104.500 han fallecido.
08-05-2020 | Fuente: abc.es
Un médico italiano anima a los familiares de los fallecidos por coronavirus a que acudan a los tribunales
En el día en que se supera la trágica cifra de 30.000 muertos por coronavirius en Italia (exactamente 30.201; de ellos, 243 fallecieron el viernes), un médico anima a los parientes de los fallecidos que no pudieron ser salvados para que acudan a los tribunales. Es sabido que en las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales, sobre todo de Bérgamo, Brescia y Cremona, en la región de Lombardía, los médicos tuvieron que elegir a quién salvar y a quién «condenar». Ahora aporta nuevos datos, el doctor Mario Riccio, 61 años, jefe de Anestesiología y Reanimación del hospital de Casalmaggiore en la provincia de Cremona: «De cada tres pacientes que necesitaban ser intubados, teníamos que descartar a uno», declara al diario la República. «En nuestro hospital, triplicamos los puestos de reanimación, de 4 a 12. Pero las ambulancias llegaban una detrás de otra, especialmente en la noche, cuando se da el aumento de la fiebre y los problemas respiratorios. Era físicamente imposible intubar a todos. No era posible darles a todos una cama en la unidad de cuidados intensivos. Los que afirman lo contrario creen en los cuentos de hadas. Nuestros recursos no eran absolutamente adecuados. Pero ningún paciente ha sido abandonado. Hemos estado cerca de todos y hemos aliviado su dolor». El doctor Mario Riccio ha explicado cómo adoptaron las decisiones y qué criterios de «selección» siguieron para intubar en las horas cruciales: «A pesar de la emergencia, nunca tomamos decisiones apresuradas. Consultamos y evaluamos cuidadosamente la condición de los pacientes. Pronto aprendimos que las personas mayores de 80 años con dos o más patologías, no tendrían ninguna posibilidad. En la fase más aguda, en los primeros veinte días de marzo, dejamos de intubar a uno de cada tres pacientes. Los elegimos según su estado general y la presencia de otras enfermedades, siguiendo lo que en las directrices de la Sociedad italiana de anestesia y cuidados intensivos se conoce como «esperanza de vida». Probablemente, si acabamos en un proceso judicial, lo citaremos en nuestro apoyo. Al ser preguntado por La Repubblica si esperan ser denunciados, el doctor Riccio anima a que los familiares de los fallecidos acudan a los tribunales: «Eso espero. Deseo que lo que ha sucedido se haya registrado para que se convierta en un documento histórico. Al principio, los familiares nos insultaron y nos amenazaron por teléfono. Después sucedió algo, como si ellos también hubieran comenzado a darse cuenta de la enormidad de lo que estaba sucediendo. Comenzamos a recibir pizzas y otros alimentos en la sala». Mario Riccio asegura que también los médicos tuvieron miedo: «Tengo 61 años y cuando vi a compañeros y amigos llegar al departamento me asusté. Hubo rabia. La idea de no poder salvar a todos es difícil de aceptar también para nosotros».
18-02-2020 | Fuente: elmundo.es
Isabel Celaá inicia el proceso judicial contra el 'pin parental' y pide que se retire de forma "urgente"
Educación recurre las resoluciones de Murcia que establecen preguntar a los padres si aceptan las actividades complementarias 
04-02-2020 | Fuente: abc.es
Muere el juez argentino Claudio Bonadio, que investigaba a Cristina Fernández de Kirchner
El juez federal argentino Claudio Bonadio, quien tenía a su cargo varias causas emblemáticas sobre corrupción e investigaba a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, murió este martes a los 64 años en Buenos Aires, informaron a Efe fuentes judiciales, que no indicaron la causa del óbito. Bonadio había sido intervenido quirúrgicamente por un problema de salud el año pasado pero reanudó su trabajo normalmente hasta diciembre, tras lo cual se tomó un mes de vacaciones y luego decidió solicitar una licencia compensatoria hasta el 1 de marzo, precisaron desde la secretaría del Juzgado Federal 11, que encabezaba el magistrado. El juez, que contaba con una dilatada trayectoria, llevaba adelante causas de fuerte impacto político, procesó judicialmente a Fernández de Kirchner, que fue presidenta entre 2007 y 2015, y a otros funcionarios kirchneristas e investigaba el caso conocido como «los cuadernos de la corrupción».
03-02-2020 | Fuente: abc.es
La Policía de Colombia captura a «Martín Sombra», el 'carcelero' de las FARC
La Policía de Colombia ha detenido este sábado en el sur de Bogotá a Ely Mejía Mendoza, alias «Martín Sombra», el 'carcelero' de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusado de secuestro y extorsión. La autoridades colombianas han acusado a «Martín Sombra», quien se había beneficiado de los acuerdos de paz de La Habana para permanecer en libertad , de estar implicado en diciembre de 2017 en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán en el departamento de Caquetá. «Martín Sombra», quien participó en los mediáticos secuestros de Ingrid Betancourt y Clara Rojas, estuvo en medio del tiroteo que la Policía y otro miembro de las FARC, Hernando Buitrago Martha, alias Kafir, protagonizaron a cuenta del secuestro de Estupiñán hace ya tres años. Tras ser interrogado, el 'carcelero' de las FARC fue puesto en libertad ante la falta de pruebas y al asegurar que se encontraba en el lugar para ofrece trabajo como agricultor a 'Kafir', quien sí logró huir y hasta día de hoy sigue prófugo. Por su parte, el paradero de Estupiñán sigue sin conocerse, después de que sus captores reclamarán a la familia 800 millones de pesos colombianos (unos 210.000 euros) , aunque la Policía cree que ha podido morir. «Esta persona sigue en cautiverio aunque, por Inteligencia creemos que estos delincuentes permitieron que perdiera la vida, por lo cual esperamos que 'Martín Sombra' pueda dar claridad sobre este hecho y encontrar a esta persona en las circunstancias en las que se encuentre», dijo Fernando Murillo, director de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA). Murillo ha explicado que cuentan con pruebas contra «Martín Sombra», que serán reveladas durante el proceso judicial, en las que se le señala como uno de los secuestradores que negociaba con la familia de Estupiñán.
30-01-2020 | Fuente: abc.es
Artur Segarra, el español condenado a muerte en Tailandia, confiesa el asesinato de su compatriota
El español Artur Segarra, condenado a la pena de muerte por el asesinato en Bangkok de su compañero David Bernat, ha confesado por primera vez ser el autor del crimen en una carta para pedir clemencia al Rey de Tailandia y evitar su ejecución. Tenía hasta el 20 de enero para solicitar a la Casa Real un perdón real para conmutar la pena capital por la cadena perpetua a la que fue condenado. El pasado 20 de noviembre, Segarra perdió su última apelación y el Tribunal Supremo de Tailandia dejó en firme la sentencia. Se presentaron 13 cargos en su contra, entre ellos el de asesinato premeditado, secuestro, tortura y robo, de los cuales ninguno aceptó e incluso, negó ser la persona que aparecía en las imágenes junto a Bernat y aseguró que la noche del 19 de enero regresó solo a su apartamento. El convicto, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, admite ahora en la misiva a la que ha tenido acceso Efe que la noche del 19 de enero de 2016 mató a Bernat al reaccionar de manera violenta durante una abrupta pelea con la víctima. Segarra, en el documento redactado en tailandés por su abogado defensor, Woratham Cheeranon, y con fecha del 23 de diciembre de 2019, evita pronunciarse sobre qué sucedió después del asesinato de Bernat, a quien asegura conoció en Tailandia en 2014 y compartían en el país un proyecto de negocio. Como ha contado anteriormente ABC, el catalán mantuvo secuestrado a Bernat durante siete días en un piso que tenía alquilado en la ciudad, allí lo descuartizó y arrojó sus restos en el río Chao Phraya, que atraviesa la capital. Las autoridades hallaron rastros de sangre e identificaron el piso como el lugar del crimen. Los primeros restos del cadáver descuartizado de Bernat fueron encontrados el 30 de enero y seis días después la Policía identificó a Segarra como el principal sospechoso. Tras ser reconocido en un restaurante de la provincia de Surin (este), huyó a Camboya donde fue detenido dos días después y entregado a las autoridades tailandesas el 8 de febrero de 2016. Según las investigaciones, Segarra planeó el secuestró de Bernat con el objetivo de apropiarse del dinero que la víctima tenía en una cuenta bancaria en Singapur. Entre las pesquisas está la compra antes del crimen de un congelador para guardar el cuerpo sin vida o el alquiler de una casa a las afueras de Bangkok donde escondió parte del material utilizado en el asesinato. En la carta, de ocho páginas y donde comenta que las duras condiciones carcelarias en Tailandia le han hecho reflexionar sobre el daño cometido, el español solicita a la Casa Real que conmute la pena capital por la cadena perpetua o un periodo fijo de cárcel. El rey de Tailandia no cuenta con una fecha límite para responder a la solicitud de perdón real, si bien por norma general esta suele ser aceptada. Traslado a prisión en España En el supuesto de que se conceda el indulto sobre la pena capital y se le imponga cadena perpetua, el reo, quien lleva en prisión desde febrero de 2016, podrá iniciar la solicitud de traslado a una cárcel en España una vez cumpla al menos ocho años de encarcelamiento. Además, conforme al dictamen de los jueces, el condenado deberá devolver a la familia de la víctima unos 20.000 euros que logró sustraer de las tarjetas de crédito del fallecido. Por el contrario, si se le deniega al medida de gracia, las autoridades penitenciarias cuentan con 24 horas para ejecutar la condena. Según datos de Amnistía Internacional, más de 500 presos se encuentran en el corredor de la muerte en las cárceles de Tailandia, cuya última ejecución data de julio de 2018 cuando se levantó una moratoria en los ajusticiamientos que había durado más de nueve años. Estafador en España Artur Segarra, un tipo agraciado, era una estafador que lograba encandilar a sus víctimas casi siempre ancianos. Creó la trama más compleja de estafadores que han visto hasta la fecha los Mossos d'Esquadra, pero cuando la desarticularon, Segarra ya estaba en Tailandia. Al cabo de pocos meses, mientras se intentaba lograr su arresto a través de una orden internacional, se supo que las autoridades tailandesas tenían otros planes para él: juzgarlo por asesinar y descuartizar a David Bernat, un consultor leridano natural de L'Albi (Garrigues). A Segarra, nacido en Terrassa, no se le conocen estudios superiores. De joven fue de los Boixos Nois, seguidor radical del Barça, donde se fogueó con pequeños delitos para comenzar a tejer planes que le hicieron ganar mucho más dinero. Montó empresas que puso a nombre de su madre, enferma de alzhéimer, y empleó en una de estas -una inmobiliaria- a Gabriela, una mujer humilde de origen rumano de quien se enamoró y a quien convirtió en la madre de sus hijos. Se especializaron en detectar ancianos con posesiones que anduvieran mal de dinero. Segarra los liaba ofreciéndoles un préstamo que podrían devolver tranquilamente. El abogado dirigía la operación y el notario la compulsaba. La trampa es que lo que la víctima terminaba firmando no era un préstamo, era un contrato de venta de su domicilio. «Hemos hablado con personas que no sabían que la casa donde vivían ya no era su casa», explican fuentes policiales. El golpe más grande lo dieron contra un banco. Convencieron a la entidad de que una de sus empresas (otra tapadera) necesitaba efectivo para una montaña de gastos que urgía liquidar. Recibieron el dinero, una suma considerable, y no lo devolvieron. Tras esta estafa, Segarra se fue a Tailandia. Los Mossos d?Esquadra, tras meses de investigación, activaron la operación ?Cocoon? y arrestaron a todos los integrantes del grupo menos a él. A todas sus víctimas les había dado nombres falsos, pero le identificaron porque luce un tatuaje inconfundible de la Sagrada Familia, que asoma por su cuello y que lo relaciona con un pasado ultraderechista. También lo delataba su estilo, el de un tipo afable y de verborrea seductora. En Tailandia vestía a menudo camisetas del Barça.
21-01-2020 | Fuente: abc.es
China condena al exjefe de Interpol a trece años y medio por corrupción
Ni sus dotes policiales ni su puesto al frente de un organismo internacional como la Interpol han librado al chino Meng Hongwei de las purgas del presidente Xi Jinping. Según informa este martes la televisión estatal CCTV, Meng ha sido condenado a trece años y medio por corrupción en un caso contra el que está luchando su esposa, asilada en Francia. El Tribunal Popular Intermedio Número 1 de Tianjin, megalópolis portuaria cercana a Pekín, ha sentenciado a Meng a dicha pena de cárcel y una multa de dos millones de yuanes (261.000 euros) por haber recibido sobornos entre 2005 y 2017, cuando era viceministro de Seguridad Pública y jefe de la Policía Marítima de China. El fallo, que cifra el dinero que se embolsó en 14,4 millones de yuanes (1,8 millones de euros), ha tenido en cuenta que «Meng Hongwei ha revelado activamente abundante información que las autoridades no habían podido obtener y ha admitido los cargos y que algunos de los sobornos no se podían recuperar». Meng, de 65 años, «desapareció» el 25 de septiembre de 2018, cuando regresaba a Pekín desde la sede de Interpol en la ciudad francesa de Lyon. Antes de que se lo tragara el «agujero negro» del régimen chino, pudo enviarle a su esposa un preocupante mensaje con el emoticono de un cuchillo. Tras dos semanas de silencio que provocaron un conflicto diplomático con el Gobierno galo, Pekín reconoció finalmente que estaba investigándolo por corrupción, la acusación más habitual para las purgas políticas. En junio del año pasado, Meng fue juzgado y reconoció todos los delitos que se le imputaban. Después de nueve meses en una cárcel secreta y sin acceso a un abogado, sorprende que no confesara también que fue él quien asesinó a Kennedy. Por las peculiaridades de este proceso judicial, impensables en una democracia pero habituales en China, su esposa, Grace Meng, ha denunciado la connivencia de Interpol y la ha demandado ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Aunque este falle a su favor, es improbable que el régimen chino libere a su marido, última víctima de la campaña anticorrupción con que el presidente Xi Jinping está purgando a todo aquel que intenta hacerle sombra. Desde que tomó el poder entre 2012 y 2013, han sido castigados más de un millón y medio de cuadros del Partido Comunista, entre los que destacan 35 altos cargos del Comité Central y numerosos rivales políticos que Xi se ha quitado de en medio. Entre ellos destaca el anterior ministro de Seguridad Pública, Zhou Yongkang, quien fue superior de Meng Hongwei y en 2015 acabó condenado a cadena perpetua también por corrupción. Tras él, cayeron otros altos cargos militares acusados de conspirar contra el presidente Xi cuando relevó a su antecesor, Hu Jintao, cuya «mano derecha», Ling Jihua, también dio con sus huesos entre rejas de por vida. Al final de esa larga lista aparece ahora Meng Hongwei, quien tenía cuatro décadas de experiencia policial en China y era una figura en pleno auge. Nombrado viceministro de Seguridad Pública en 2004, año en que también se encargó de la sección de la Interpol en China, dirigió la división antiterrorista en la convulsa región musulmana de Xinjiang y alcanzó la presidencia de dicha organización internacional en noviembre de 2016. Su designación fue saludada por la Prensa oficial como «el pleno reconocimiento» del imperio de la ley en China. Menos de un año después, Interpol celebraba su asamblea general en Pekín con el presidente Xi Jinping como anfitrión. Para oprobio de la reputación internacional china, su estrella se apagó en 2018, cuando paradójicamente se lo tragó el mismo sistema represivo que había dirigido.
21-01-2020 | Fuente: abc.es
China pide a Canadá que libere a la «heredera» de Huawei al empezar la vista de su extradición a EE.UU.
Con una tobillera electrónica para que no se escape sobre sus tacones de Manolo Blahnik, la «heredera» de Huawei, Meng Wanzhou, comparece esta semana en el Tribunal Supremo de la Columbia Británica en Canadá, que decide sobre su extradición a Estados Unidos. Reclamada por, presuntamente, intentar violar las sanciones contra Irán, Meng se enfrenta a sus 47 años a un largo proceso judicial que podría estirarse hasta noviembre o incluso hasta 2021. Al ser hija de Ren Zhengfei, fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, su caso ha enturbiado las relaciones diplomáticas de Pekín con Washington en plena guerra comercial y, además, con el Gobierno canadiense. En represalia por el arresto de Meng Wanzhou, China tiene detenidos a dos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, acusados de espionaje. Coincidiendo con el inicio de la vista en Vancouver, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang, ha vuelto a pedir su liberación. «La posición china ha sido consistente y clara. EE.UU. y Canadá han abusado de su tratado de extradición, detenido arbitrariamente a una ciudadana china y violado seriamente sus derechos. Esto es un incidente político», arremetió Geng el lunes en su rueda de prensa diaria. «Instamos una vez más a Canadá a abordar la posición de China y nuestras preocupaciones, corregir sus errores y liberar a Meng Wanzhou lo antes posible para que pueda volver a salvo a China», apeló el portavoz en el primer llamamiento de una semana que se espera movida. Mientras Meng Wanzhou asiste hasta el viernes a las vistas del tribunal canadiense, su padre, Ren Zhengfei, habla este martes en el Foro de Davos. Aunque en él también tienen previsto participar el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el viceprimer ministro chino Han Zheng, no se sabe si los tres aprovecharán la oportunidad para reunirse y discutir el asunto. Al fin y al cabo, esos encuentros extraoficiales son los que propicia Davos y Trump ya ha dicho en otras ocasiones que podría considerar una solución para el «caso Huawei» si llega a un buen trato con China sobre la guerra comercial. La firma de la fase 1 del acuerdo la semana pasada ha traído una tregua que podría beneficiar a Meng Wanzhou. Reclamada por un tribunal de Nueva York por 13 presuntos delitos de fraude, conspiración y obstrucción, la «heredera» de Huawei fue detenida el 1 de diciembre de 2018 mientras hacía escala en Vancouver. En libertad bajo fianza de diez millones de dólares canadienses (6,9 millones de euros), que garantizó con su mansión en esta ciudad, podría ser condenada a treinta años de cárcel en EE.UU., siempre y cuando Canadá la extraditara. En nombre de la Fiscalía de Nueva York, el Gobierno canadiense alega que Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, engañó al banco HSBC sobre las relaciones de esta multinacional con una subsidiaria de Hong Kong, llamada Skycom, que hacía negocios en Irán. Según los documentos aportados al tribunal, la prueba es una presentación que Meng Wanzhou le hizo a un ejecutivo del HSBC en un restaurante de Hong Kong en 2013, donde supuestamente aseguró que Huawei cumplía la legalidad internacional en Irán y puso al banco en riesgo de violar las sanciones impuestas por la Casa Blanca para frenar su programa nuclear. Y ahí está la clave del caso. Los fiscales canadienses sostienen que la extradición a EE.UU. debe llevarse a cabo por un delito de fraude, que cumple el principio de «doble criminalidad» porque también está penado en su país. Pero los abogados de Meng Wanzhou argumentan que el verdadero motivo son las sanciones de la Casa Blanca contra Irán, que Canadá aplicaba en 2013 pero levantó en 2016. Según informa el periódico «South China Morning Post», la extradición debe basarse en la «doble criminalidad» vigente en 2019, que es cuando el Gobierno canadiense abrió el procedimiento a instancias de Washington. Mientras se aclara el caso, Huawei ha confiado en un videocomunciado en que la justicia canadiense «probará la inocencia de Meng Wanzhou».
15-01-2020 | Fuente: abc.es
«El "aventurismo" de Trump es la causa del derribo del avión», señala el embajador de Irán en España
El embajador de Irán en España, Hassan Ghashghavi, afirmó este martes que es muy posible que haya personal civil y militar entre los detenidos por su presunta responsabilidad en el derribo de un avión comercial el pasado 8 de enero, que costó la vida a 176 personas, tras el lanzamiento de un misil. Lo hizo en la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo en nuestro país, hace un año. No aportó, sin embargo, más datos a la información ofrecida horas antes por el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili. Por la tarde, Reuters señalaba que entre los detenidos se encontraba la persona que había distribuido el vídeo en el que se veía el impacto del misil en el avión comercial. Lo que sí quiso subrayar Ghashghavi es que se hará «un proceso judicial justo», y los resultados serán anunciados «tanto ene Irán como a todo el mundo» (en al avión viajaban ciudadanos iraníes, británicos, canadienses, afganos, alemanes, ucranianos y suecos). Una demanda justa por parte de los familiares, a los que pidió «paciencia». Ante los cuestionamientos por la tardanza en asumir que el accidente fue consecuencia de un error humano -y no un problema técnico del aparato, la primera versión ofrecida por las autoridades iraníes-, el diplomático la refutó subrayando que en este tipo de accidentes, de aviones con pasajeros, «las causas no se pueden determinar en un solo día. Y eso ocurre en todo el mundo». A lo que añadió que «Irán es el primer pais del mundo que en tan poco tiempo, tres días, ha salido a reconocer tanto el error como la responsabilidad», frente a otros casos en los que se han tardado meses e, incluso, hasta 10 años. «Los tres días de los que estamos hablando responden a la jerarquía de los organismos correspondientes: el sistema de defensa antiaérea, cuyas conclusiones pasaron al mando mayor de las FF.AA. y de ahí, finalmente, al Consejo Superior de la Seguridad Nacional del país», justificó. Protestas dolorosas, y menores Sobre las protestas surgidas el pasado sábado, tras el reconocimiento de la responsabilidad del Gobierno de Irán en el derribo del avión, el embajador se mostró comprensivo con el «dolor de los estudiantes que habían perdido a compañeros en el accidente», pero relativizó su intensidad, achacándola a las «exageraciones de los medios». Una protestas en las que, según Ghashghavi, no participaron más de «un millar de personas» frente a los millones que acudieron al funeral del general Qassem Suleimani, muerto el pasado 3 de enero como consecuencia del ataque de un dron de EE.UU. en el aeropuerto de Bagdad. Una cifra que puede ser aún mayor cuando se cumplan 40 días de la muerte de héroe, convertido ahora en mártir. «Los iraníes ya se están preparando para participar en los actos religiosos, en los que según las previsiones podrían participar en todo el país, entre 40 o 50 millones de personas», señaló. En referencia a las condiciones de la muerte de Suleimani, Ghashghavi quiso recordar las circunstancias: «Fue a Irak por invitación oficial del primer ministro. Era una visita civil, no militar, a la que acudió en un avión civil, y se reunió con el primer ministro en un lugar no militar. El objetivo de su visita no era generar tensión, sino promocionar la paz y generar disensión -con Arabia Saudí-». Ahí es donde empiezan, según el diplomático, las «contradicciones» de Trump y sus «compañeros» -el secretario de Defensa, Mark Esper, y el secretario de Estado, Mike Pompeo- sobre los motivos que llevaron al presidente estadounidenses a ordenar el ataque contra el general iraní. «El presidente Trump dio un paso atrás el lunes por la noche porque vio que había muchas presiones, y dijo que ni siquiera importaba cuales eran los objetivos del general Suleimani. Pero después Pompeo lo desmintió, diciendo que respondía a un alarga estrategia de EE.UU., una estrategia que podría abarcar incluso a China y Rusia. Tal vez lo que está intentado EE.UU. es incendiar todo el mundo». Para Ghashghavi es indiscutible que la causa principal de la tragedia del avión fue la muerte del general iraní. «Si no hubiera existido el asesinato de Suleimani, no habría existido el derribo. Sin este ambiente de guerra no habría tenido lugar este acto. El "aventurismo" del presidente Trump es la causa principal del derribo», afirmó ayer el embajador. Acuerdo nuclear: una paella sin ingredientes Tampoco faltaron preguntas sobre la situación en que se encuentra el agonizante acuerdo nuclear promovido por Barack Obama, y que el propio primer ministro británico Boris Johnson animó ayer a dejar a un lado y a cambio realizar uno nuevo con Trump. «Está vivo», sentenció, aunque matizó su respuesta con un toque culinario y local sobre en qué situación está. «Les pongo un ejemplo, el acuerdo es una paella, en la que tenemos la paellera pero los ingredientes se los ha llevado Trump a una habitación, y la ha cerrado con llave. Hay que quitarle la llave y recuperar los ingredientes», bromeó para después criticar que «la parte europea hable del acuerdo de Irán, pero no habla jamás de la otra parte». A lo que añadió que el cuerdo «no es un callejón de una sola dirección, es una gran autopista de doble sentido».
13-01-2020 | Fuente: abc.es
Un tribunal paquistaní anula la sentencia a muerte del exdictador Musharraf
El exdictador militar paquistaní Pervez Musharraf vio este lunes cómo la condena a muerte a la que fue sentenciado por el delito de alta traición fue anulada por un tribunal, que declaró anticonstitucional el proceso judicial contra él. El expresidente paquistaní, de 76 años, fue sentenciado a mediados de diciembre en ausencia por el delito de alta traición debido a que suspendió el orden constitucional en 2007, en la primera ocasión en los 72 años de historia del país en que un dictador militar es condenado por sus acciones. Una decisión que fue calificada de venganza por Musharraf y criticada por el poderoso Ejército, y que hoy fue anulada por unanimidad por tres jueces del Alto Tribunal de Lahore. «El tribunal anunció que la formación de la corte fue anticonstitucional, lo que invalida el veredicto», dijo a Efe el abogado de Musharraf, Azhar Siddique. El abogado indicó que el Alto Tribunal de Lahore consideró que la formación de la corte especial «no fue aprobada por el Gabinete» del entonces primer ministro Nawaz Sharif en 2013, precisamente el mandatario a quien Musharraf echó del poder en un golpe de Estado en 1999. El tribunal además consideró que el artículo 6 de la Constitución, acerca de la traición al Estado fue enmendado en 2010, años después de las acciones del militar retirado, y que no podía ser aplicado retroactivamente. «Todo lo que anunció la corte especial es nulo», sentenció Siddique, que apeló la condena el 27 de diciembre. El propio Gobierno paquistaní se personó en el caso a través del fiscal general adjunto, Ishtiaq Khan, quien defendió que se retirase la sentencia. Musharraf alabó la decisión del tribunal en un mensaje de audio que envió a la cadena de televisión Geo, en la única reacción hasta el momento. «La decisión es muy buena. Estoy contento de que el veredicto se ajusta a la ley y la Constitución», afirmó el exgeneral, según Geo. Sharif puso en marcha el proceso contra el expresidente en 2013 por imponer el estado de excepción y decretar la detención de decenas de jueces. La condena a muerte del 17 de diciembre fue celebrada por los sectores más liberales del país asiático. «La democracia es la mejor venganza», tuiteó entonces Bilawal Bhuto, hijo de la asesinada Benazir, crimen por el que Musharraf está acusado, pero por el que no ha sido juzgado al haber abandonado el país. Sin embargo, el Ejército declaró rápidamente que no se había seguido el debido proceso legal en la condena del militar retirado y que esperaba que se hiciese justicia de acuerdo con la Constitución. Por su parte, el Gobierno del primer ministro Imran Khan anunció que apelaría la decisión porque el juicio finalizó de «forma apresurada» y porque «nunca se había celebrado un juicio en ausencia». El propio Musharraf afirmó pocos días después que la condena era una «venganza personal» en un vídeo enviado a la prensa donde aparece tumbado en una cama de hospital con un aspecto deteriorado y dificultades para hablar, en Dubai, donde está desde 2016. El expresidente viajó hace tres años a Dubai y adujo motivos médicos con la promesa de volver para hacer frente a la Justicia, pero desde entonces ha rechazado regresar a Pakistán. Pakistán ha estado gobernado por cuatro dictadores militares que dieron tres golpes de Estado a lo largo de los 72 años de historia del país, el primero de ellos en 1958 y el último en 1999. Incluso cuando no ostenta el poder directamente, el Ejército ejerce un gran control sobre la política exterior y la seguridad nacional. El militar retirado llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1999 y gobernó la potencia nuclear hasta 2008.
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