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Noticias de proceso judicial

16-09-2020 | Fuente: abc.es
Condenan a un niño nigeriano a diez años de cárcel por blasfemar contra el islam
Un niño de 13 años, Omar Farouq, fue condenado a diez de cárcel por un tribunal del estado de Kano, en el norte de Nigeria, acusado de haber blasfemado contra el islam, informa la cadena «CNN». Farouq profirió insultos contra Alá en el transcurso de la discusión con un amigo, hechos que provocaron que fuera denunciado y se tuviera que enfrentar al proceso judicial que se ha saldado con su condena de prisión, denunciada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). «[La condena] niega todos los principios subyacentes de los derechos de la infancia y la justicia infantil que Nigeria, y por implicación el estado de Kano, se ha comprometido a respetar», denunció el representante de Unicef en Nigeria, Peter Hawkins. Así, el organismo ha destacado que «la sentencia contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país africano en 1991, así como la Carta Africana sobre Derechos y Bienestar del Niño, ratificada por Nigeria en 2001, y la Ley de Derechos del Niño de Nigeria de 2003». Por ello, Unicef ha pedido al Gobierno central y al estado de Kano que «revise urgentemente el caso» para «dar marcha atrás en la sentencia», mientras que Hawkins ha destacado la necesidad de que las autoridades del estado «aceleren la aplicación de la Ley de Protección del Niño en Kano para garantizar que los menores de 18 años, incluido Imar Farouq, están protegidos». El tribunal que condenó a Farouq fue el mismo que sentenció a muerte a otro joven, Yahaya Sharif-Aminu, por haber blasfemado contra el profeta Mahoma, añade la CNN.
07-09-2020 | Fuente: abc.es
Arabia Saudí conmuta la pena capital por castigos de veinte años a los asesinos de Khashoggi
La Justicia de Arabia Saudí conmutó las penas de muerte impuestas a cinco personas por el asesinato del periodista Jamal Khashogghi por condenas de veinte años de prisión. Los otros tres condenados deberán pasar entre siete y diez años entre rejas, según el veredicto final de un juicio calificado de «parodia» por la investigadora de Naciones Unidas, Agnes Callamard. Esta conmutación de la pena capital se produjo después de la decisión de la familia de perdonar a las cinco personas que los saudíes encontraron culpables de asesinar y descuartizar al columnista de The Washington Post el 2 de octubre de 2018 en el consulado del reino en Estambul. La fiscalía anunció que el caso «está cerrado», pero los nombres de los condenados no se hicieron públicos y tampoco se conoce el paradero del cuerpo del periodista. Khashoggi, de 59 años y una voz crítica con la monarquía, entró al consulado para realizar un trámite personal relativo a su divorcio y nunca salió con vida. Fuera se quedó esperando su prometida turca, Hatice Cengiz, quien sigue esperando que se haga justicia y calificó de «farsa» el veredicto saudí. The Washington Post publicó en abril de 2019 que las autoridades del reino habrían comprado el silencio de la familia con la entrega de viviendas, valoradas en 4 millones de dólares, y «pagos mensuales superiores a 10.000 dólares por hijo» como una primera parte de un acuerdo a largo plazo para evitar declaraciones críticas de la familia sobre el asesinato a manos de agentes de seguridad enviados por el propio reino. Un año después llegó el anuncio oficial de Salah, primogénito del periodista y único de sus cuatro hijos que vive en el reino, quien emitió un comunicado que rezaba: «Nosotros, los hijos del mártir Jamal Khashoggi, anunciamos que perdonamos a los que mataron a nuestro padre, buscando la recompensa de Dios todopoderoso». En un primer momento, Arabia Saudí negó cualquier vinculación con el asesinato, pero con el paso de los días y de las pruebas que aportaban fuentes turcas, admitió la muerte dentro de la legación a manos de sus funcionarios. En julio, Turquía puso en marcha un juicio contra veinte ciudadanos saudíes con el objetivo de aclarar el asesinato, pero el proceso se desarrolla in absentia ya que Riad se niega a extraditar a los acusados, entre los que se encuentran el exjefe adjunto de la Inteligencia, Ahmed al Asiri, o Saud al Qahtani, ex asesor del príncipe heredero Mohamed bin Salman (MBS), dos altos funcionarios que perdieron sus cargos tras lo ocurrido con Khashoggi, pero a los que no imputaron en el proceso judicial realizado en Riad. MBS, el hombre con más fuerza en el reino y la persona a la que la CIA apuntó como cerebro de la operación, admitió su «responsabilidad por ser el líder del país», aunque aseguró que «no sabía nada» de lo que calificó de «crimen horrible», según una entrevista concedida a la cadena CBS.
17-08-2020 | Fuente: abc.es
El Rey de Tailandia conmuta la pena capital por la cadena perpetua para el español Artur Segarra
El rey de Tailandia ha conmutado la pena capital a la que fue condenado el español Artur Segarra, por el asesinato en 2016 de su compatriota David Bernat en Bangkok, por la cadena perpetua, lo que allana una futura extradición. El Departamento de Correccionales confirmó este lunes a Efe que el español está entre los reos que se beneficiaron del perdón real con motivo del 68 cumpleaños del rey Vajiralongkorn de Tailandia, que se publicó el pasado viernes. El indulto sobre la pena capital y la imposición de la cadena perpetua abre la puerta a que el reo, quien lleva en prisión desde febrero de 2016, pueda iniciar la solicitud de traslado a una cárcel en España una vez cumpla al menos ocho años de encarcelamiento. Además, conforme al dictamen de los jueces, el condenado deberá devolver a la familia de la víctima unos 20.000 euros que logró sustraer de las tarjetas de crédito del fallecido. El 20 de noviembre de 2019 el Tribunal Supremo de Tailandia dejó en firme la sentencia y mantuvo la pena capital contra el español por el secuestro, robo y asesinato premeditado de su compatriota, entre otros delitos. Segarra, quien durante todo el proceso judicial mantuvo su alegato de inocencia, confesó por primera vez, el 23 de diciembre del año pasado, ser el autor del crimen en una carta para pedir clemencia al monarca y evitar su ejecución. El convicto admitió en la misiva, a la que tuvo acceso en exclusiva Efe, que la noche del 19 de enero de 2016 mató a Bernat al reaccionar de manera violenta durante una abrupta pelea con la víctima, aunque evitó pronunciarse sobre lo que sucedió después del asesinato. Según las investigaciones aceptadas por la Justicia, Segarra planeó el secuestró de Bernat con el objetivo de apropiarse del dinero que la víctima tenía en una cuenta bancaria en Singapur, antes de asesinarlo entre el 26 o 27 de enero, descuartizar el cadáver y arrojarlo al río que cruza Bangkok. Entre las pesquisas está la compra antes del crimen de un congelador para guardar el cuerpo sin vida o el alquiler de una casa a las afueras de Bangkok donde escondió parte del material utilizado en el asesinato.
17-08-2020 | Fuente: abc.es
Conmutada la pena de muerte al español Segarra por su atroz crimen en Tailandia
Desde el principio parecía improbable que Tailandia, país que no aplica la pena de muerte desde hace once años, ejecutara al español Artur Segarra, condenado por el atroz asesinato de su amigo el consultor David Bernat en Bangkok en 2016. Tal y como se esperaba, así ha ocurrido y el viernes, con motivo del 68 cumpleaños del rey Vajiralongkorn, Segarra fue uno de los presos que se benefició de su perdón, según confirmó hoy la agencia EFE en el Departamento de Correccionales. Con la conmutación de la pena capital, que pasa a ser cadena perpetua, Segarra ve abierta la puerta a una futura extradición para seguir cumpliendo condena en España, donde tiene causas pendientes con la justicia por estafar a ancianos. Pero antes deberá pasar al menos ocho años entre rejas en Tailandia, lo que significa que todavía le quedan otros cuatro. Además, tendrá que devolver a la familia de Bernat unos 20.000 euros que logró sustraerle de sus tarjetas de crédito, móvil de este crimen que horrorizó a Bangkok y a la comunidad española allí residente. Aunque ambos eran amigos y salían juntos con frecuencia, los tribunales tailandeses consideraron probado que Segarra secuestró, retuvo, torturó y mató a Bernat para robarle el dinero de su cuenta bancaria, descuartizándolo después y arrojando sus restos al río Chao Phraya para hacer desaparecer su cuerpo. Durante todo el proceso judicial, que culminó el 20 de noviembre de 2019 con la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo de Tailandia, Segarra mantuvo su inocencia. Pero en diciembre, y para agotar el último recurso que le quedaba, confesó por primera vez su culpabilidad en una carta en la que pedía clemencia al monarca tailandés. En dicha misiva, a la que EFE tuvo acceso en exclusiva, relató sin dar muchos detalles que había matado a Bernat al reaccionar de manera violenta durante una pelea. La investigación policial, sin embargo, apunta a un crimen mucho más calculado y sádico, ya que Bernat sufrió un calvario antes de fallecer. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, la última vez que se le vio con vida fue entrando en moto con Segarra en el apartamento de este. Bernat, nacido en L´Albí (Lérida) y con 39 años en el momento de su muerte, era un consultor de éxito que podía ganar hasta mil euros al día. En las juergas que se corría con Segarra en las noches locas de Bangkok, le contó que tenía mucho dinero en su cuenta de Singapur. Una revelación muy peligrosa porque Segarra, que tiene unos 40 años, había huido de España tras una carrera delictiva llena de estafas y timos. Dentro de sus pesquisas, la Policía tailandesa encontró restos de sangre de Bernat en el apartamento de Segarra, donde se supone que lo retuvo entre el día 20 y el 26 de enero de 2016 para sonsacarle las claves de su cuenta bancaria. Aunque los medios tailandeses publicaron en su día que Segarra llegó a transferir a su cuenta hasta 37 millones de bahts (930.000 euros) de Bernat, la cantidad finalmente sustraída fue mucho menor. Días de torturas Tras varios días de torturas, los forenses creen que Bernat murió asfixiado el 26 de enero. Esa misma noche, Segarra salió de su piso cargando un gran paquete en su moto y se dirigió al río Chao Phraya, que atraviesa la capital tailandesa. A partir del día 30, en sus aguas empezaron a aparecer los restos de Bernat, cuyo cuerpo había sido desmembrado. Días antes, Segarra había comprado unas sierras halladas en su casa. Buscado por la Policía tailandesa, Segarra huyó a Camboya, donde fue detenido a los pocos días. Entregado a Tailandia, defendió siempre su inocencia, pero fue inculpado por su novia. Aunque nunca implicó a nadie, el libro «La verdad sobre el caso Segarra», del escritor y bloguero Joaquín Campos, apunta directamente a otro español como cómplice, lo que sigue siendo un misterio.
15-08-2020 | Fuente: abc.es
Con la aprobación de Guaidó y Maduro vuelve a operar la suspendida DirecTV
La televisión por cable DirecTV reanudó su servicio este viernes con una nueva programación después de tres meses de haber sido suspendida por la sanción impuesta a la proveedora norteamericana AT&T, lo que ha encantado al 40% del mercado venezolano por volver a tener entretenimiento durante el pesado confinamiento del coronavirus. En mayo pasado la señal de DirecTV fue bloqueada por las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, entre ellas, la prohibición de las empresas norteamericanas de operar con empresas venezolanas. Y la televisión por cable retransmitía los canales de Globovisión y PdvsaTV, cuyos dueños Raúl Gorrin y Rafael Ramírez (expresidente de Petróleos de Venezuela), respectivamente, son acusados por corrupción y lavado de dinero en EEUU. Pero la medida había dejado en el abandono y la oscuridad informativa a unos 2 millones de suscriptores durante el confinamiento prolongado de la pandemia. En ese tiempo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, siempre alentaba con la esperanza de que DirecTV volvería pronto a funcionar, sin dar detalles de lo que se estaba negociando tras los bastidores. Liberación Como acción represiva a la suspensión de mayo, el régimen de Maduro encarceló a los tres gerentes de DirecTV en Caracas sin ofrecerles explicación ni proceso judicial. Tres meses después, los tres gerentes Héctor Rivero, Rodolfo Carrano y Carlos Villamizar fueron liberados este viernes en la noche como una de las condiciones que había puesto en la mesa de negociación Juan Guaidó. En el comunicado que emitió el Gobierno interino de Guaidó dejó en claro: «Debemos resaltar, que adicionalmente a las gestiones para el restablecimiento de la señal, en todo momento, hemos presionado por la liberación de los directivos de la empresa, rehenes de la dictadura, y que el regreso de la señal no debe incluir a los canales sancionados».<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Presidente (E) <a href="https://twitter.com/jguaido?ref_src=twsrc%5Etfw">@jguaido</a> : ?Seguiremos luchando por el acceso a la información en Venezuela? <a href="https://t.co/eZiY9IhWwG">https://t.co/eZiY9IhWwG</a></p>&mdash; Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) <a href="https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1294361160398114821?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> La operación de compra venta de DirecTV se produjo entre la norteamericana AT&T y la chilena Scale Capital. El Gobierno de Guaidó aclaró en su comunicado que las negociaciones se dieron «sin la participación del gobierno legítimo de Venezuela o la Administración de Donald Trump». Entre las condiciones del Gobierno opositor, sin embargo, se subrayó que los canales sancionados como Globovisión y la petrolera Pdvsa «no formarán parte de la programación cuando se reactive el servicio». Joel González, un suscriptor de DirecTV, dijo ayer a ABC que no había visto los canales vetados de Globovisión en la pantalla de su televisor. «Solo veo las privadas de Televen y Venevisión». Nicolás Maduro también se ha atribuido la victoria de la vuelta de DirecTV, «fue gracias a Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones)», dijo. El organismo es el que otorga las licencias para que los medios impresos, radios, televisoras y electrónicos puedan operar en Venezuela.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EnVideo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#EnVideo</a> | Presidente <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro?ref_src=twsrc%5Etfw">@NicolasMaduro</a>: DirecTV inició desde ayer (jueves 13 de agosto) su reconexión en Venezuela bajo el respeto de las leyes y reglamentos nacionales <a href="https://twitter.com/hashtag/HastaLaVictoriaSiempreDar%C3%ADo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#HastaLaVictoriaSiempreDarío</a> <a href="https://t.co/OjruBrYi7h">pic.twitter.com/OjruBrYi7h</a></p>&mdash; VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) <a href="https://twitter.com/VTVcanal8/status/1294426714353946624?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> El director general de la empresa Scale Capital, Jacopo Bracco, agradeció al régimen de Maduro y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por permitir la reactivación del servicio de televisión satelital de DirecTV. «Estamos muy ilusionados con este lanzamiento y queremos agradecer a todas las partes su apoyo, en particular al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)», aseguró Bracco en un comunicado emitido por la empresa. Capital logró un acuerdo con DirecTV Latin America LLC. y el servicio será prestado utilizando la infraestructura instalada de DirecTV Venezuela. Esta información fue confirmada por Conatel que notificó que el acuerdo cumple con las disposiciones legales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la protección de los usuarios. Sea como sea los 2 millones de clientes de DirecTV están contentos con la retransmisión de la señal satelital. «Tendremos 3 meses gratis, ya veremos la nueva tarifa que pondrán en diciembre», dijo Joel González a ABC. Los 3 meses gratis fue una condición que puso Maduro en la negociación para que ese 40% de venezolanos vote contento por los chavistas en las parlamentarias del 6 de diciembre por haberles restituido la televisión satelital, comentó González. Todo un negocio redondo. Pero más allá del interés político puntual del chavismo en las legislativas, la vuelta de DirecTV es un ejemplo de que la oposición y el régimen opresor de Maduro pueden negociar acuerdos que beneficien a la mayoría de los venezolanos.
12-08-2020 | Fuente: abc.es
El exdirector de Pemex implica a Peña Nieto en los sobornos de Odebrecht
El exdirector de Pemex Emilio Lozoya dio este martes un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno. Como ya se especulaba, Lozoya, extraditado a México en julio tras ser detenido en España, apuntó bien alto al denunciar a Peña Nieto tras cerrar un pacto con la Fiscalía General de México para recibir beneficios durante su proceso judicial. De hecho, fue el mismo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien en un mensaje a los medios informó este martes de la denuncia que Lozoya presentó contra Peña Nieto y el exministro de Hacienda Luis Videgaray por el uso de sobornos de la constructora brasileña. Es ahora el Ministerio Público el que debe decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que siempre han planeado sospechas de corrupción pero quien ha salido indemne hasta la fecha. Compra de votos Lozoya, imputado por haber recibido 10,5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto de 2012 y su posterior gobierno, sostiene que el expresidente y su mano derecha fueron los que decidieron cómo usar el dinero recibido de los sobornos. Denunció que ambos le ordenaron invertir 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) de dicha trama para contratar asesores internacionales durante la campaña electoral. Posteriormente, cuando Peña Nieto ya era presidente, Videgaray era secretario (ministro) de Hacienda y Lozoya dirigía la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se destinaron esos sobornos a comprar voluntades en el Congreso. Según denunció Lozoya, Peña Nieto y Videgaray le mandaron usar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para lograr el voto de cinco senadores y un diputado en favor de la reforma energética que liberalizó el mercado mexicano en 2013. El exresponsable de Pemex ya entregó a la Fiscalía testigos, recibos y un vídeo que demostrarían su versión de los hechos y que serán estudiados por esa entidad para decidir si llama a declarar a los señalados. «Es muy pobre la información dada a conocer, hay que ser cautelosos y pensar que es el principio de algo más importante», dijo a Efe Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y es que, según Navarro, lo sucedido durante la campaña de 2012 ya habría prescrito y la entrega de sobornos para la reforma energética es un «delito menor» comparado con las sospechas de enriquecimiento ilícito que siempre han sobrevolado la figura de Peña Nieto. El «testigo colaborador» Desde que llegó a México el 17 de julio pasado, con la expectativa de revelar los entramados de corrupción del gobierno anterior, Lozoya ha recibido un trato muy amable de la Fiscalía a cambio de colaboración. El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2018 no ha pisado en ningún momento la cárcel, puesto que compareció ante el juez desde un hospital privado en el que fue internado con anemia y, tras recuperarse, la Fiscalía rechazó pedir prisión preventiva. Así pues, Lozoya, de quien tampoco ha trascendido ninguna imagen desde su llegada al país, afrontará en libertad los dos procesos judiciales que pesan sobre él: la trama de sobornos de Odebrecht y la compraventa irregular de una planta de fertilizantes. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definió a Lozoya como «un testigo colaborador» y apoyó que reciba «ciertas consideraciones» a cambio de «conocer más» sobre la corrupción en la anterior administración. El objetivo del exdirector de Pemex es lograr que se le conceda el llamado «criterio de oportunidad», por el cual la Fiscalía levantaría su acusación contra Lozoya e iniciaría una contra Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, Navarro no lo vería procedente, dado que lo denunciado este martes tiene una «lesividad menor» a los delitos que se imputan a Lozoya de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Una presidencia embarrada La presidencia de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder tras 12 años en la oposición, estuvo marcada por un constante goteo de escándalos de corrupción de los que hasta ahora el mandatario ha salido indemne. Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, Santiago Nieto, dijo a Efe que «la corrupción era sistemática» en el Gobierno de Peña Nieto. En 2014 estalló el escándalo de la casa blanca, un supuesto conflicto de interés en la compra de una lujosa vivienda por parte del presidente y su esposa, Angélica Rivera. La que fuera secretaria (ministra) de Desarrollo Social Rosario Robles lleva un año en prisión preventiva a la espera de juicio por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma. Además, exgobernadores como el de Chihuahua César Duarte, el de Veracruz Javier Duarte o el de Quintana Roo Roberto Borge, que representaban el «nuevo PRI» de Peña Nieto, están en la cárcel.
12-08-2020 | Fuente: abc.es
Apoyo sin fisuras a Uribe de 21 expresidentes iberoamericanos
La «detención preventiva» domiciliaria, por presunta manipulación de un testigo, de Álvaro Uribe Vélez, actual senador y dos veces presidente de Colombia (2002 - 2010), ha unido en un frente de defensa común, a 21 expresidentes iberoamericanos. En una «Declaración de solidaridad», los exmandatarios lamentan que la Corte Suprema de Justicia, intervenga en «una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada». «La controversia política con otro senador», a la que se refieren los expresidentes, entre los que figura José María Aznar, tiene su origen en el enfrentamiento judicial con Iván Cepeda, el senador al que Uribe acusó de presionar a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar, para que le vinculara con aquellos escuadrones de la muerte que surgieron como respuesta a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). La Corte cerró, después de cuatro años, la denuncia y convirtió al acusador en acusado ordenando, como medida cautelar, el arresto domiciliario del expresidente que, supuestamente, habría ordenado, mediante intermediarios, comprar a Monsalve. La lista completa de exmandatarios que suscriben el manifiesto la integran Andrés Pastrana, antecesor de Uribe en la Presidencia, Óscar Arias (Costa Rica), Enrique Bolaños (Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá), Rafael Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Angel Calderón (Costa Rica), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica). En el texto, los expresidentes, agrupados en IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), destacan que, «a raíz de su ejercicio de gobierno, dentro de los cauces de la democracia», Uribe tuvo que enfrentar «a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN», organizaciones terroristas que cometieron «crímenes atroces y de lesa humanidad». En el mismo documento, recuerdan las palabras del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que salió en defensa de su padrino político, «una persona ?dijo? que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad». En este contexto, los expresidentes advierten que las FARC, hoy convertidas en partido, y sus simpatizantes, «celebran como logro la prisión domiciliaria», desde hace una semana, del hombre que sufrió 17 atentados, «mientras ayer defendían la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada, Seuxis P. Hernández, alias ?Jesús Santirch?, acusado de narcotráfico». La decisión de la Corte, en rigor, es un arresto preventivo o, en palabras de Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se trata de una «detención sin cargos formales». En una columna en el diario «El Tiempo», de Colombia, Noriega exhombre fuerte de George Bush en Latinoamérica, considera que el paso que dio la Corte responde más «a una cacería de brujas política» que a «un proceso judicial». Más sutiles, los expresidentes agrupados en IDEA que salieron a respaldar a Uribe afirman: «?la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan». Noriega avala la tesis de la conspiración contra el expresidente y afirma que «durante dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos paramilitares». Considera al senador Cepeda un «izquierdista» de «educación comunista, entrenamiento búlgaro y una larga trayectoria defendiendo a las FARC», como uno de los cabecillas de esa «cacería de brujas» que se ha desatado contra Uribe, el hombre que, prácticamente, desarticuló a las Autodefensas Unidas y asestó los golpes más duros a las FARC. Ocho años Por el contrario, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también en El Tiempo, critica que «los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos». Alvaro Uribe, de 68 años, podría verse obligado a ceder su escaño si la Corte Suprema, -de momento sin pronunciarse sobre este extremo-, se manifestará en ese sentido. Lo irónico de esta medida sería que la media docena de senadores de las FARC, designados por el proceso de paz de Juan Manuel Santos, permanecerán en los suyos, aunque nadie los haya votado. La detención d+omiciliaria de Uribe, ordenada por la Corte ,se adoptó en el marco de una investigación judicial, con ramificaciones, que se ha prolongado por espacio de ocho años y presumiblemente, no estará concluida hasta dentro de otros dos.
16-07-2020 | Fuente: abc.es
Una de las adolescentes británicas que huyó a Siria volverá a Reino Unido para defender su nacionalidad
La londinense Shamima Begum, que en 2015 huyó a Siria con dos compañeras de instituto para unirse al Estado Islámico (EI), podrá regresar al Reino Unido a fin de recurrir la decisión del Gobierno de retirarle la nacionalidad británica, dictaminó este jueves el Tribunal de apelaciones. La corte se pronunció a favor del equipo legal de Begum, que ahora tiene 20 años y sigue viviendo en un campo de refugiados en el país árabe, donde dice que se casó con el musulmán converso holandés Yago Riedjik y tuvo tres hijos, todos los cuales han fallecido. El ministerio del Interior del Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que se opone a su retorno, ha calificado hoy el dictamen de «decepcionante» y adelanta que lo recurrirá. El 17 de febrero de 2015, Begum, con 15 años, y sus amigas Kadiza Sultana, de 16, y Amira Abase, también de 15, las tres alumnas de un instituto del este de Londres, volaron desde la capital británica a Estambul para pasar de ahí a Siria y unirse al grupo yihadista, en un caso que conmocionó al Reino Unido. En febrero de 2019, la joven, entonces embarazada de su tercer hijo -que eventualmente moriría, como los otros dos- y con su marido en prisión, declaró en una entrevista a un corresponsal de «The Times» que quería regresar a territorio británico. Ese mismo mes, el entonces ministro del Interior, Sajid Javid, rechazó su retorno y la despojó de la nacionalidad británica por motivos de seguridad nacional. Shamima Begum (en el centro), en 2015, en una imagen tomada en el aeropuerto con sus dos compañerasBegum demandó al Gobierno con el argumento de que había quedado «apátrida», lo que quebranta la legislación internacional, pero el pasado febrero la Comisión especial de apelaciones de inmigración (SIAC) dictó que la decisión de Interior fue legal dado que la afectada puede reclamar la nacionalidad bangladeshí por la ascendencia de su madre. SIAC también rechazó su petición de poder regresar al Reino Unido para recurrir el fallo, pese a reconocer que sería difícil para ella hacerlo desde la distancia. El Tribunal de apelaciones ha revocado hoy esta decisión al concluir que «la única manera por la que (Begum) puede tener un proceso de apelación justo y efectivo es que se le permita regresar al Reino Unido para presentar su recurso». Amenazas a la seguridad «La equidad y la justicia deben, en base a los hechos de este caso, anteponerse a las inquietudes por la seguridad nacional», de modo que debe aceptarse su petición de autorización para volver a su país natal, afirmó la corte. Añadió que las potenciales amenazas a la seguridad habrán de «gestionarse a su llegada al Reino Unido», donde las autoridades pueden decidir detenerla y acusarla formalmente al amparo de la legislación antiterrorista si consideran que hay pruebas suficientes, lo que abriría otro proceso judicial. Según informaciones periodísticas, de sus amigas, Kadiza Sultana murió en Siria en un ataque aéreo de las fuerzas rusas en apoyo al Gobierno sirio y Amira Abase, que se casó con un yihadista de origen australiano, podría seguir viva. El veredicto de hoy significa que el Ejecutivo británico debe garantizar que Begum pueda personarse ante un tribunal del Reino Unido para defender su caso pese a haber asegurado que no la ayudaría a salir de Siria. Su abogado, Daniel Furner, señaló hoy que la joven «nunca ha tenido la oportunidad de dar su versión de la historia» y «agradece poder comparecer ante la justicia».
07-07-2020 | Fuente: abc.es
La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, informó este lunes la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Evo Morales es investigado en el denominado en Bolivia como «Caso Audio«, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado. La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra. «De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México«, donde entonces estaba Morales, »hasta El Torno«, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía. «Aparentemente, en esa conversación», añade la nota, «Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019«, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado. Un reporte de llamadas a las líneas telefónicas de ambos realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial de Bolivia muestra que Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más entre el 12 y 17 de noviembre de 2019, según la Fiscalía. Audio con la supuesta voz de Morales Una pericia informática permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino, un video que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe «una alta probabilidad de identificación de la voz« de Morales, destaca el boletín. El audio incluye frases como «hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad«, que supuestamente pronuncia el expresidente desde México, donde acudió primero antes de viajar en diciembre pasado a Buenos Aires. Yucra fue enviado bajo detención preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz tras ser detenido el pasado abril, por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial, que se encuentra en fase preliminar. Morales, que solicitó refugio en Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio Gobierno interino boliviano, por las que la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle. Evo Morales denunció el pasado noviembre que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido en los comicios de octubre, luego anulados entre denuncias de fraude a su favor, y obligarlo a renunciar después de casi catorce años al frente del país.
06-07-2020 | Fuente: as.com
Inviolabilidad del Rey: qué es y hasta cuándo se mantiene
La Constitución establece que, por su cargo, el Rey no puede ser sometido a ningún proceso judicial. Sin embargo, cuando es emérito hay dudas.
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