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Noticias de policia

20-09-2018 | Fuente: abc.es
Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona de negocios en Maryland
Un tiroteo se ha saldado con al menos tres víctimas y varios heridos en un centro de distribución comercial en la localidad de Aberdeen, 40 kilómetros al norte de Baltimore, una de las principales ciudades de la costa este norteamericana. Según ha dicho a ABC un portavoz del sheriff del condado de Harford, donde se han producido el ataque, varios empleados han alertado a la policía pasadas las 09.00 de la mañana (las 15.00 en la España peninsular) al ver a varias personas en el suelo y escuchar varios disparos. Los agentes han acordonado la zona y evacuado a los alumnos de un colegio cercano, según ha dicho ese portavoz en conversación telefónica. We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.? Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018Aunque en un principio el portavoz de la policía local ha informado de al menos tres bajas, posteriormente el sheriff, Jeffrey Gahler, ha hablado de «múltiples bajas y múltiples heridos», dado que algunas de las víctimas están en estado crítico. Además, ha revelado que la autora de los disparos, que ha empleado una sola arma, ha sido detenida y se encuentra en un hospital también en estado crítico después de haber intentado suicidarse. «Los agentes de policía no han efectuado ni un solo disparo», ha dicho el sheriff. Los disparos se han producido en unos almacenes de la empresa de distribución farmacéutica Rite Aid. Los agentes de policía de Harford han acudido a la zona pasadas las 09.15 y han coordinado la evacuación de los trabajadores en autobuses escolares mientras buscaban a la autora del tiroteo, a la que han localizado inconsciente dentro de uno de los almacenes. En la zona se encuentran varios centros logísticos de diversas empresas que distribuyen mercancía a la zona metropolitana de Baltimore, donde opera uno de los principales puertos de mercancías de la costa este de EE UU. El gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, ha dicho que está «siguiendo de cerca la situación». «Nuestras oraciones están con todos aquellos que han sido afectados por el tiroteo, incluidos nuestros equipos de emergencia», ha dicho en un mensaje publicado en Twitter. Baltimore es una de las zonas metropolitanas con mayor criminalidad de EE.UU. Sólo en 2017 hubo 343 homicidios en la ciudad, el mayor número desde 2001. En octubre de 2017 hubo otro tiroteo en el mismo condado del de este jueves, en el que también murieron tres personas y otras dos fueron heridas. El autor de aquel ataque fue detenido y está a la espera de juicio. El miércoles, en Pensilvania, un hombre fue detenido por herir a cuatro personas en un juzgado de la localidad de Pensilvania, 300 kilómetros al oeste de Baltimore. En 2017 aumentaron las muertes por arma, excluyendo los suicidios, en todo el país, alcanzando las 15.549 víctimas.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela, según una ONG
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
AI denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: as.com
"Los andamios estarán retirados para mañana, casi seguro"
Un operario ha contado a As que "se está trabajando a buen ritmo y es casi seguro que estará todo listo para mañana". Falta el visto bueno de la Policía Nacional.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Destituido el fiscal general de Jalisco por el escándalo del camión abandonado con 273 cadáveres
La polémica desatada por el descubrimiento de un camión frigorífico abandonado con cadáveres en México no deja de aumentar. La investigación abierta por las autoridades después de que se hiciera público el escándalo han revelado que la cifra de cuerpos almacenados en el tráiler ascendía a 273, y no a 157 como se dijo en un principio. El fiscal general del estado mexicano de Jalisco, Raúl Sánchez, ha sido destituido por «indolencia» y «falta de sensibilidad», según explicó el gobernador Aristóteles Sandoval en un mensaje a los medios. Sandoval ha atribuido el incidente a la mala planificación de funcionarios del estado de Jalisco y ha prometido que todos los cuerpos estarían almacenados adecuadamente para el 15 de octubre. El titular de derechos humanos de la Fiscalía estatal, Dante Haro, elevó a 322 los cadáveres en cámaras de refrigeración, de los cuales 273 fueron movidos y abandonados dos veces en la zona metropolitana de Guadalajara. «La cámara refrigerante que trasladó el trailer no contenía 157 cuerpos sino 273», dijo Haro al revelar detalles de la investigación que fue abierta por las autoridades, después de que se hiciera público el abandono de los cuerpos. Indicó que con los cuerpos almacenados en una segunda cámara de refrigeración y los están en la morgue, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses tiene bajo su resguardo los cuerpos de 442 víctimas de delitos. Solo 60 de estos cuerpos han pasado por el registro forense dictado por el protocolo para facilitar su identificación y ninguno de ellos ha sido inhumado, explicó. En los 384 cuerpos restantes las autoridades forenses no han completado el procedimiento, no obstante que «existe el material suficiente para efectuar las pruebas», indicó. Explicó que los cuerpos fueron colocados en cámaras de refrigeración alquiladas por petición del exforense Cotero quien en agosto de 2018 solicitó a la Fiscalía reubicarlos porque despedían «fuertes olores fétidos». De acuerdo con la investigación, los titulares de la fiscalía y el forense destituidos tuvieron responsabilidad en el traslado irregular de los cuerpos. «Tomaron las acciones, acuerdos, gestiones y decisiones relacionados con la autorización, salida, traslado y almacenamiento de la cámara refrigerante en un lugar distinto a las instalaciones del IJCF, de manera verbal y sin seguir los procedimientos administrativos internos», subrayó. Agregó que estos exfuncionarios «omitieron dar un trato respetuoso, digno y de consideración a los cuerpos no identificados» al mantenerlos en «un lugar inadecuado». El forense acusa a las autoridades El forense destituido, Luis Octavio Cotero, aseguró ayer ser un chivo espiatorio y acusó ayer a las autoridades del estado mexicano de Jalisco de pretender ocultar los cuerpos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). «Iba a ir la CNDH y le tuvieron miedo y llegaron y los aventaron» (tiraron los cuerpos), denunció el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). El extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Octavio Cotero - Efe Cotero, que calificó de «terrible» y «grave» el caso, consideró «lamentable que estén cubriendo su ineficacia de esa manera tan atroz e irrespetuosa». Relató que los cuerpos fueron retirados del forense y almacenados en cámaras refrigerantes que fueron alquiladas por la fiscalía para que no estuvieran amontonados en la morgue. «Estaban en las instalaciones del edificio, ahí estaban acomodados. Para que no los vieran ahí los sacaron y los aventaron al camión, ahí como se ve, yo no lo hubiera permitido», aseguró el exforense al aludir a las fotografías publicadas por los medios. Uno de los contenedores con un centenar de cuerpos fue sacado del forense la noche del 4 de septiembre por dos policías estatales, sin aviso previo y sin un documento de por medio, denunció. «Solamente llegaron los policías, eso se me informó porque ya pasó por la noche, y dos patrullas se los llevaron. ¿A quién le ordenaron y quién lo ordenó?», se preguntó el extitular del instituto forense. Cotero respondió que la orden debió ser del fiscal central o el fiscal general. «No hay ningún documento porque a mí no tenían que darme ninguno, porque ellos son los que disponen». Este contenedor fue encontrado el 13 de septiembre estacionado en una finca sin permisos municipales de la colonia la Duraznera, en Tlaquepaque, que estaba resguardada por policías estatales. Ante las quejas de los habitantes de la zona, el vehículo con la cámara refrigerada fue movido a una zona abierta detrás de la colonia Paseos Del Valle, en Tlajomulco, donde los vecinos se quejaron de olores fétidos y de que del vehículo emanaban chorros de sangre. Cotero confirmó que el servicio forense de Jalisco estaba rebasado desde 2014 por el aumento de la violencia, ya que la morgue tiene capacidad para guardar hasta 144 cuerpos. De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el estado de Jalisco reportó 2.991 en el estado de Jalisco. Desde 2013 y hasta el 31 de octubre de 2017 la fiscalía estatal ha recibido 14.019 reportes de personas desaparecidas.
20-09-2018 | Fuente: elpais.com
La policía investiga la relación de la URJC con una trama de abogados italianos colegiados irregularmente
Los agentes siguen la pista a una red de falsedad documental, según consta en el sumario del 'caso máster'
20-09-2018 | Fuente: elpais.com
Cuatro niños mueren arrollados por un tren en un paso a nivel en Holanda
El paso a nivel estaba señalizado y vigilado, asegura la policía que está investigando el siniestro
19-09-2018 | Fuente: elpais.com
La policía investiga la relación de la URJC con una trama de abogados italianos colegiados irregularmente
Los agentes siguen la pista a una red de falsedad documental, según consta en el sumario del 'caso máster'