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Noticias de periodismo

02-06-2020 | Fuente: abc.es
¿Qué son los Antifa, el movimiento que Donald Trump considera terrorista y Pablo Iglesias defiende?
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acusado los últimos días a la Antifa de estar detrás de la organización de los disturbios que sacuden a las mayores ciudades del país tras la muerte de un ciudadano afroamericano por la actuación de un policía. Estas protestas contra la violencia policial, que comienzan de manera pacífica, suelen desembocar en altercados con los agentes, actos de vandalismo y saqueos, cuya organización Trump atribuye al movimiento antifascista conocido como Antifa. ¿Qué y quiénes son? La Antifa, básicamente no es un grupo ni una organización política al uso tradicional, sino un movimiento de corte anarquista que no cuenta con una estructura jerárquica ni un programa definido, y cuyos objetivos van desde la lucha antisistema más radical a la búsqueda de la justicia social más idealista. Pero el objetivo común de sus partidarios pasa por anular a los grupos fascistas, racistas, neonazis y de extrema derecha reventando sus manifestaciones y evitando que promuevan o hagan gala de sus posturas supremacistas, contrarias a las minorías, a las mujeres o a los miembros de la comunidad LGTB. Los activistas de la Antifa son a menudo identificados por Trump y sus seguidores como "alt-left", contrapuestos a la "alt-right" (derecha alternativa) que apoyan al gobernante y que engloba a los grupos ultranacionalistas bancos. Sus orígenes Aunque sus antecedentes históricos en EEUU pueden estar en las luchas antirracistas de la segunda mitad del siglo XIX, los orígenes del antifascismo se remontan a las décadas de 1920 y 1930, con la lucha contra el fascismo italiano de Benito Mussolini, el nazismo de Adolf Hitler y el franquismo antes, durante y después de la Guerra Civil española, según los académicos. Pese a sus ruidosas protestas, durante mucho tiempo la Antifa pasó prácticamente inadvertida en Estados Unidos, un país en el que la izquierda radical es una rareza. La llegada de la notoriedad Y como Trump se encargó de recordar días atrás, su mayor notoriedad la consiguió gracias a su vinculación con el movimiento ciudadano "Occupy Wall Street", que en 2011 ocupó el Zucotti Park de Nueva York para protestar contra la desigualdad económica. Sin embargo, con el auge del conservadurismo del Tea Party y luego la llegada de Trump a la Presidencia, en enero de 2017, fue cobrando fuerza en los últimos años, en los que ha visto cómo se han multiplicado sus grupos, según el historiador y académico Mark Bray, autor de "Antifa: El Manual del Antifascista". Bray, que también fue activista en "Occupy Wall Street", llama "autodefensa preventiva" a esa táctica de la Antifa de usar la violencia contra los fascistas antes de que ellos sean violentos y lleguen a agredir a los colectivos minoritarios. Un antes y un después En los últimos años la Antifa ha puesto en práctica esa filosofía ante demostraciones de fuerza de la ultraderecha, pero posiblemente la más sonada ha sido la contramanifestación de agosto de 2017 ante una marcha de supremacistas y neonazis en Charlottesville (Virginia). Ese día se produjeron altercados violentos entre ambos bandos y un supremacista mató a una mujer y causó una veintena de heridos al arrollar con su vehículo a un grupo de contramanifestantes. Tras los acontecimientos de Charlottesville, el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, una de las voces académicas más reconocidas de la izquierda de EE.UU., se refirió a los antifascistas como "un gran regalo para la derecha". Pese a la mayor fuerza que ha venido cobrando, otros académicos, como Todd Gitlin, profesor de Periodismo y Sociología de la Universidad de Columbia, la Antifa sigue siendo un fenómeno "relativamente pequeño" desde el punto de vista de la historia del antifascismo y de la actual "resistencia" contra el "Trumpismo". Trump anunció este domingo que declararía la Antifa como un grupo terrorista, aunque en Estados Unidos no hay un estatuto de terrorismo interno, y el Gobierno sólo tiene una lista de organizaciones internacionales y países a los que considera terroristas o que fomentan el terrorismo.
31-05-2020 | Fuente: abc.es
Trump inicia una transformación sin precedentes de las redes sociales
En algún punto intermedio entre la libertad de expresión y el derecho a una información veraz se ubica una ley estadounidense hasta ahora poco conocida y sobre la cual se han erigido las grandes redes sociales tal y como las conocemos ahora. Molesto porque dos de sus mensajes en Twitter han sido etiquetados como falsos, el presidente Donald Trump ha iniciado una reforma de esa ley de internet, que en última instancia puede transformar profundamente y en todo el mundo esas plataformas que han llegado a tener un papel tan predominante en la política, la prensa y la comunicación de hoy en día. La pregunta que hoy plantean los portavoces de Trump en la Casa Blanca es clara. ¿Por qué se etiqueta como engañosas las opiniones de Trump sobre voto por correo, pero no los mensajes del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pidiendo la destrucción de Israel? ¿Por qué siguen intactos los mensajes de Nicolás Maduro en Venezuela acusando a EE.UU. de promover golpes de estado? ¿Y los de funcionarios y diplomáticos chinos acusando de forma indisimulada a EE.UU. de ser el creador secreto del coronavirus? El jueves el presidente Trump aceleró la reforma de esas leyes de internet. Durante muchos años, políticos y editores de medios de todo signo han venido pidiendo precisamente eso. En el centro de la polémica está la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, la prehistoria de internet. Esta reza: «Ningún proveedor o usuario de un servicio de informática interactiva podrá ser tratado como editor o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo». En jurisprudencia norteamericana, esto significa que las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en ellas, por falso, injurioso o delictivo que sea. Pueden publicar cualquier cosa, con todos los privilegios y ninguna obligación. No es de extrañar que se hayan escrito abundantes artículos y libros que afirman que la Sección 230 contiene «las 26 palabras que crearon internet». Consenso Hasta ahora había cierto consenso, fuera de Silicon Valley, en que una reforma era necesaria. «Esa sección 230 debería revocarse». Así de claro lo dijo en enero no Trump, sino Joe Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017 y candidato a la presidencia este año. En una conversación con «The New York Times», el demócrata afirmó que a la ciudadanía debería preocuparle «la concentración de poder» de esas plataformas. «Debe ser revocada, tanto para [Mark] Zuckerberg [fundador de Facebook] como para otras compañías». Incontables son los editoriales de la prensa norteamericana que han pedido, año tras año, una reforma de esa Sección 230, uno de los más recientes, el de «The Seattle Times» en marzo, que decía abiertamente que «dado el dominio de algunas plataformas gigantescas, sus fallos de autorregulación y el daño que están causando, es hora de reconsiderar las leyes que les otorgan ventajas. Eso incluye la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que exime a servicios de internet de responsabilidad civil por contenido que otros publican en ellos». La razón de muchos medios para criticar esa regulación es clara. Cabeceras de todo el mundo llevan largos años regalando sus contenidos a las grandes plataformas de internet, sobre todo a Google y Facebook, y pagan además por ello con el elevado precio de ver su circulación y publicidad dramáticamente reducidas, con efectos catastróficos para el periodismo. De momento, esa ley se ha modificado una vez, también bajo la presidencia de Trump y la tutela de las dos cámaras del Capitolio, para que las plataformas de internet sean al menos responsables si lo que se publica en sus servidores son mensajes que incitan a la trata de blancas y explotación sexual de menores. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado esa reforma tuvo el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos. Censura partidista Pero, el problema para una reforma integral que políticos y editores de medios consideran necesaria hace años es que hoy la defiende Trump. El presidente pide reformar la Sección 320 no por solidaridad con la prensa, a la que considera su enemigo, sino para poder denunciar a Twitter por censura contra él y los activistas conservadores que le apoyan. Sólo si la red social fuera considerada legalmente una editora de contenidos podría quedar probado ante un juez que ejerce la censura. Como suele suceder en la era de Trump en Washington, basta con que el presidente proponga algo para que la oposición se alinee justo en todo lo contrario, como está sucediendo en este caso. Aun así, el presidente defendió las reformas propuestas en términos que en otra época hubieran sido de consenso en Washington. «Un pequeño puñado de poderosos monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en EE.UU. Y sabemos quienes son; no tenemos que nombrarlos», dijo en jueves.
26-05-2020 | Fuente: as.com
Matías, segunda edición
Tres cosas tengo más claras que nunca: hay que contrastar en el periodismo y en la vida, ya no seré tan tajante con ciertas creencias y los homenajes, mejor en vida.
18-05-2020 | Fuente: abc.es
Matan al director de un periódico y a un policía en el estado mexicano de Sonora
El dueño y director de un periódico y un policía fueron asesinados y otro agente más resultó herido el sábado en un ataque armado en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, noroeste de México, informó este domingo la Fiscalía de la entidad. En un comunicado, la Fiscalía señaló que el periodista fue identificado como Jorge Miguel Armenta Ávalos, propietario y director del periódico «El Tiempo» y del semanario «Última Palabra» de la corporación Medios Obson, mientras que las otras dos personas eran agentes de la Policía Municipal. Con el asesinato de Armenta Ávalos son ya seis los comunicadores asesinados en lo que va de 2020, indicó este domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México. En el comunicado, la CNDH precisó que con este homicidio se eleva a 159 la cifra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde el año 2000. Además, el organismo demandó a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con las labores informativas del comunicador.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El <a href="https://twitter.com/GobiernoMX?ref_src=twsrc%5Etfw">@GobiernoMX</a> condena el asesinato del periodista Jorge Armenta en Sonora. La libertad de prensa debe ser ejercida con libertad y sin temor. No quedará impune este caso, ni ningún otro del gremio periodístico. Nuestras condolencias a familiares y amigos.</p>&mdash; Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) <a href="https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1262160255720423424?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> En la nota de la Fiscalía, la titular Claudia Indira Contreras señaló que para llegar al esclarecimiento de los hechos y dar con los responsables se abordará lo inherente al orden familiar, personal «y por supuesto el relacionado al ejercicio profesional de las personas que fueron víctimas de esta agresión». Según medios de Sonora, Medios Obson ha recibido los últimos meses constantes amenazas debido al contenido policial de su información. La fiscal dijo que el sábado se supo de la agresión con proyectiles de armas de fuego contra tres personas que salían de un restaurante. México es uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo. Según la organización Artículo 19, en México han sido asesinados al menos 132 periodistas desde el año 2000, y 13 de ellos bajo la actual administración que empezó su mandato en diciembre de 2018.
07-05-2020 | Fuente: abc.es
El jefe de Inteligencia será el nuevo primer ministro de Irak
A la tercera fue la vencida y el parlamento de Irak aprobó la candidatura del hasta ahora jefe de Inteligencia Mostafá al Kazemi como nuevo primer ministro. Estados Unidos e Irán, los dos países con más influencia en territorio iraquí, dieron la bienvenida a un Al Kazemi que urgió «a todos los actores políticos» a «reunirse en torno a un programa nacional para servir a los intereses de Irak». El mandatario chií detalló que la lucha contra el coronavirus y la atención a las demandas de las movilizaciones populares que estallaron en octubre serán las prioridades de su programa. También prometió elecciones anticipadas y rechazó el uso de su país como un terreno en el que otros países diriman sus diferencias, en alusión al pulso entre Teherán y Washington. Llega en un contexto complicado debido al hundimiento del precio del petróleo, la base del presupuesto nacional, y al resurgir del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en varias provincias. Esta elección puso fin a seis meses en los que Adel Abdul Mahdi ha dirigido el gobierno de forma interina tras presentar su dimisión empujado por las protestas que afectaron a Bagdad y a las principales ciudades del sur, en las que al menos 500 manifestantes perdieron la vida en los choques con las fuerzas de seguridad. La cámara aprobó 15 de los ministros presentados por Al Kazemi, rechazó a cinco y pospuso la votación de los encargados de Exteriores y Petróleo, por lo que siete carteras siguen vacantes a la espera de lograr el consenso. El nuevo primer ministro nació en 1967 en Bagdad y en 1985 abandonó el país en mitad de la dictadura baazista para iniciar un exilio que le llevó a Irán, Alemania y Reino Unido, donde obtuvo la ciudadanía y desde donde regresó a su país natal tras la invasión de Estados Unidos que derrocó a Sadam Hussein. Licenciado en Derecho, Al Kazemi ejerció el periodismo en medios como Iraqi Media Network o Al Monitor hasta 2016, cuando se convirtió en el director del Servicio Nacional de Inteligencia en plena guerra contra el EI. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, fue una de las primeras personas en llamarle y le comunicó que su país le proporcionará una «exención» para que importe electricidad de Irán durante 120 días como muestra de su «deseo de ayudar a proporcionar las condiciones adecuadas para el éxito» del nuevo Ejecutivo. El portavoz de Exteriores en Teherán, Abas Mousavi, valoró de forma positiva una elección que calificó «un paso en la dirección correcta». Desde que en enero Donald Trump ordenó el asesinato del general Qassem Suleimani, responsable de las operaciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, la tensión entre ambos países ha ido creciendo en suelo iraquí y las fuerzas estadounidenses se han replegado de varias bases.
03-05-2020 | Fuente: abc.es
Los periodistas que celebran el Día Mundial de la Libertad de Prensa en la cárcel
Quedan demasiados países en negro en la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lugares donde el ejercicio del periodismo se castiga con la persecución, la tortura o la muerte, mientras sus ciudadanos vagan entre las tinieblas de la desinformación o bajo el efecto anestésico de la propaganda. Para rendir homenaje a todos los que se han atrevido a plantarle cara a la censura, la sección española de RSF ha reunido a varios periodistas, decididos a recordar a sus colegas perseguidos a través de vídeos donde exigen que sean puestos en libertad. Aunque sea de manera sombría, la fecha no puede resultar más apropiada. Este 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con millones de personas encerradas en sus hogares por una pandemia que se podría haber evitado si el Partido Comunista Chino (PCCh) no hubiera acallado a los médicos de los hospitales de Wuhan o hubiera derribado la alambrada que impide la existencia de medios de comunicación independientes, capaces de haber denunciado y advertido de lo que estaba por venir. Desde primera hora de la mañana, RSF (@RSF_ES) publica una sucesión de vídeos donde periodistas españoles recuerdan la labor y el castigo al que han sido sometidos sus colegas extranjeros. Por citar dos ejemplos, el presidente de la sección española de la organización, Alfonso Armada, ha pedido la liberación de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi y Egide Harerimana, cuatro miembros de la redación de Iwaku, un semanario independiente de Burundi, mientras que Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha denuciado que el saharaui Walid El Batal sufra la prisión en Marruecos. Ambos países, Burundi y Marruecos, ocupan la posición 160 y 133 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que mide la calidad de ese derecho en 180 países. Además de Burundi y Marruecos, otros países sobre los que RSF llama la atención este domingo son Turquía (154), donde se pide la liberación del periodista Ahmet Altan; Camerún (134), con Amadou Vamoulké; Argelia (146), con Khaled Drareni; Irán (173), con Narges Mohammadi; Yemen (167), con los cuatro periodistas que han sido recientemente condenados a muerte; China (177), con los desaparecidos Chen Oiushi y Fan Bin; Egipto (166), con Mahmoud Hussein, o Arabia Saudí (170), con Raif Badawi. La amenaza del coronavirus Como confirman los datos, las preocupaciones de RSF no son infudadas. En 2019, fueron asesinados 49 periodistas, la cifra más baja desde 2003. Hartos de sufrir el hostigamiento de regímenes represivos o persecución y muerte en zonas de guerra o dominadas por el narcotráfico, muchos informadores decidieron tirar la toalla. Su claudicación explicaría el descenso del número de muertes, engañosamente esperanzador. De un vistazo, el mapa de la Clasificación Mundial 2020 confirma la magnitud de sus temores. En negro, una lista extensa de países, integrada por Cuba, Egipto, Sudán, Libia, Somalia, Arabia Saudí, Siria, Irak, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos, recuerda que queda bastante trabajo por hacer, puesto que la libertad de prensa suele ir de la mano de la democracia, que no se da por hecho en muchas regiones del mundo. Sirviendo de excusa para que los líderes autoritarios continúen achicando las libertades de sus ciudadanos, la Covid-19 pende como una nueva amenaza sobre los periodistas que trabajan donde la represión es la norma. En un primer momento, la propaganda China pretendió presentar a su país como un campeón contra la pandemia, capaz de contenerla gracias a la eficacia con la que se habían tomado medidas para frenar su expansión, como si el carácter autoritario del régimen hubiera sido una ventaja frente a las caóticas democracias, donde se cuestionan las órdenes que llegan desde arriba y los ciudadanos se quejan demasiado. Como demostró RSF, lo cierto es que esa razonamiento estaba construido con falacias, ocultando que Pekín había maquillado las cifras reales de muertos y que Taiwán y Corea del Sur, donde sí se respetan las libertades, llevaron a cabo un trabajo frente al virus mucho más eficaz. Decisiones como las del Kremlin, que reforzará el control sobre los ciudadanos con códigos QR, como informaba hace días Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú, muestran que el combate contra la infección puede tener un reverso tenebroso. Lo mismo ocurre en Cuba, donde el régimen estrechará la libertad de expresión y prensa mediante la «Ley Azote», como explicaba Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en La Habana, hace unos días. Con 300 periodistas encarcelados en el mundo, solo el compromiso con la libertad de expresión podrá evitar que nuevos informadores acaben entre rejas. Las amenazas son múltiples, pero también la decisión para frenarlas, liderada por organizaciones que luchan para evitar que más voces sean silenciadas.
30-04-2020 | Fuente: as.com
21 futbolistas que estudiaron una carrera universitaria
Los futbolistas son más que físico, y hay muchos que se sacaron un título universitario. Periodismo y Empresariales son las carreras más solicitadas.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
La «Ley Azote», otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos, deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes, interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. En la «zona negra» de RSF La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos», apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. Multas de 120 euros En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró, Camila Acosta, Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Una organización de <a href="https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Cuba</a> y otra de <a href="https://twitter.com/hashtag/Argentina?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Argentina</a> rechazan la aplicación del Decreto Ley 370 en la Isla. <a href="https://t.co/32Dd7aOvmS">https://t.co/32Dd7aOvmS</a></p>&mdash; Diario de Cuba (@diariodecuba) <a href="https://twitter.com/diariodecuba/status/1253755721839083521?ref_src=twsrc%5Etfw">April 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba», justifica el del Decreto-Ley 370. El Covid-19 aumenta la represión Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos», comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setentaicinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
Cuba aumenta la represión a la libertad de expresión  y de prensa con la excusa del coronavirus
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga, han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos; deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes; interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. Cuba, en la «zona negra» La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos»; apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba»; justifica el del Decreto-Ley 370. El pretexto de la pandemia Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos»; comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setenta y cinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
«Ley Azote», otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga, han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos; deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes; interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. Cuba, en la «zona negra» La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos»; apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba»; justifica el del Decreto-Ley 370. El pretexto de la pandemia Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos»; comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setenta y cinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
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