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Noticias de organizaciones internacionales

30-12-2019 | Fuente: abc.es
Condenan a muerte al hombre que apuñaló a actores españoles durante una actuación en Arabia Saudí
El Tribunal Penal de Arabia Saudí condenó hoy a muerte a un hombre acusado de atacar a artistas de una compañía española de teatro cuando actuaban en Riad el pasado noviembre, informó la televisión oficial Al Ijbariya. La corte sentenció a otra persona a doce años y medio de cárcel por ayudar al acusado a cometer el crimen, agregó la cadena. El 19 de diciembre dio comienzo el juicio contra el condenado hoy a muerte, cuya identidad no ha sido desvelada, por actos terroristas e intento de impedir la organización y celebración de actividades de ocio en este país ultraconservador. El hombre, que según Al Ijbariya es de nacionalidad yemení, atacó con un cuchillo a los actores dmientras estaban en el escenario e hirió a tres de ellos. Según la televisión, el ataque fue llevado a cabo por orden de Al Qaeda en la Península Arábiga, una de las filiales más peligrosas de la red terrorista que tiene su base en el Yemen y ha perpetrado atentados más allá de las fronteras de este país. El periódico saudí «Okaz» detalló entonces que el autor de los hechos era un inmigrante «ilegal de nacionalidad yemení», que contó con la ayuda de un cómplice de la misma nacionalidad que residía legalmente en el país. El ataque se produjo en el parque Rey Abdulá, donde actuó la compañía, española según confirmó posteriormente el Gobierno de este país, durante un festival cultural organizado por las autoridades saudíes. Arabia Saudí ha sido escenario de ataques con drones desde el Yemen, país donde interviene al frente de una alianza militar en favor del Gobierno de Abdo Rabu Mansur Hadi, pero es poco común que sea objetivo de atentados terroristas por parte de organizaciones internacionales. En el reino sí se producen ataques terroristas de forma esporádica y con alcance limitado, casi siempre contra las fuerzas de seguridad. El resurgimiento del ocio y la cultura en Arabia Saudí tiene lugar después de décadas de prohibiciones por las rígidas normas islámicas, que llevaron al veto de las salas de cine y de música, entre otros puntos.
20-12-2019 | Fuente: abc.es
La restitución de la figura del primer ministro no vaticina cambios políticos para Cuba
Cuando este viernes, 20 de diciembre, sea nombrado el cargo de Primer Ministro de la República, casi nada habrá cambiado en las políticas de gobierno que han distinguido al régimen de La Habana en sesenta años de apego a la ideología comunista. Durante dos días sesionará la reunión plenaria de la unicameral Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para refrendar -históricamente de forma unánime- las propuestas designadas por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y del primer secretario del Partido Comunista, el general Raúl Castro. El cargo de primer ministro, restituido en la última reforma constitucional de finales de 2018, fue abolido en la Carta Magna de 1976 -junto al cargo de presidente de la República- en las reformas constitucionales implementadas bajo la tutela del fallecido dictador Fidel Castro quien había ejercido, precisamente, como primer ministro desde enero de 1959. Como de costumbre, los medios de prensa bajo control del Partido Comunista no han ofrecido detalles sobre quiénes podrían ser electos para el cargo, aunque varios observadores y analistas políticos se han aventurado en especulaciones ante la incógnita. Posibles candidatos La lista de posibles candidatos incluye a Lázaro Expósito Canto; a Ramiro Valdés Menéndez y a Ulises Rosales del Toro. Estos dos últimos, miembros de la llamada «generación histórica» de la revolución comunista. Roberto Morales Ojeda, exministro de Salud; Inés María Chapman, actual vicepresidenta del Consejo de Ministros; Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Partido Comunista; Marino Murillo, exministro de Economía y el actual titular de este ramo, Alejandro Gil, son otras de las figuras que se especulan para la candidatura. Estas reconfiguraciones en los poderes políticos, siempre monitoreadas por el Partido Comunista, se articulan en medio de un panorama sumamente complejo para el régimen de la Isla. El aumento de represiones violentas y persecución de la policía política contra las acciones opositoras, del activismo pro derechos humanos y el ejercicio del periodismo independiente, ha redimensionado las alarmas de organizaciones internacionales que velan por el respeto al derecho a disentir, de opinar, de expresar e informar. Aumento de la represión Las represalias incluyen desde condenas de privación de libertad bajo cargos delictivos construidos hasta prohibiciones de viajes al extranjero, golpizas, arrestos domiciliarios, allanamientos de morada y ocupaciones ilegales de bienes materiales, medios de trabajo y efectos personales. Por otra parte, Cuba atraviesa una de las crisis económicas más profunda de los últimos veinte años, resaltada en el colapso de dos de sus principales fuentes de recurso: la notable disminución de los ingresos del turismo, y de los servicios médicos que el régimen comercializa en medio centenar de naciones extranjeras. En política exterior el régimen de La Habana intenta también reconfigurar su tablero político que destacó con la celebración de un posible triunfo del Partido Demócrata en vistas a la presidencia de los Estados Unidos en las venideras elecciones. El director general para Estados Unidos de la cancillería en la Isla, Carlos Fernández de Cossío, declaró en un comunicado que «los candidatos demócratas que aspiran a la Presidencia parecen inclinados, al menos en sus manifestaciones públicas, a retomar el rumbo que inició el Gobierno de Barack Obama [en las relaciones con La Habana] y eso puede ser una señal de esperanza». Declaraciones inéditas en la trayectoria crítica del régimen contra las administraciones de Washington que nunca antes habían hecho distingos entre los partidos demócratas y republicanos. El primer ministro tendrá entre sus funciones las de representar al Gobierno de la República, y atender y controlar el desempeño de las actividades de los organismos que integran la administración central del Estado. Durante las sesiones de la ANPP, también serán designados los cargos de viceprimeros ministros, secretario y el resto de los miembros del Consejo de Ministros.
13-12-2019 | Fuente: abc.es
El régimen venezolano eleva la tortura con ayuda de Cuba
Durante 2019, año en que el opositor Juan Guaidó juró el cargo de presidente encargado de Venezuela con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen de Nicolás Maduro ha aumentado notablemente su represión, según un informe entregado este jueves por el Instituto Casla a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la sede de esta institución en Washington. Esta organización de defensa de los derechos humanos recibió en 2019 un total de 19 denuncias de tortura, que afectan a 83 víctimas, en abusos principalmente cometidos este año. Hubo a lo largo de 2019 un total de 45 casos de desaparición forzosa de los que tiene constancia el Instituto Casla, en algunos casos secuestros que se prolongaron más de un mes. En un 95% de los casos denunciados, el responsable de esas desapariciones fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del régimen venezolano, aunque también tuvieron papel en ellos los colectivos, organizaciones paramilitares que actúan a dictado del gobierno. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió el informe del Instituto Casla y exigió al régimen de Venezuela que desista de la tortura y otros abusos de los derechos humanos, como ha hecho en numerosas ocasiones en el pasado. De las víctimas que en 2019 han sido sometidas a tortura según el registro de Instituto Casla, un 53% son civiles y el resto, militares. Entre ellos hay incluso niños de entre 13 y 16 años, aunque el promedio es de personas de entre 19 y 40 años, según esa institución que ha presentado las demandas pertinentes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entre los torturados hubo también dos mujeres. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a>. El próximo 12 de Dic estaremos en WA, entregando informe 2019 sobre Crímenes de Lesa Humanidad, en especial, el Crimen de la Tortura y la influencia cubana, su induccion y comision de este crimen en nuestro pais. <a href="https://twitter.com/OEA_oficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@OEA_oficial</a> <a href="https://twitter.com/Almagro_OEA2015?ref_src=twsrc%5Etfw">@Almagro_OEA2015</a> <a href="https://t.co/Nepa6GYnwm">pic.twitter.com/Nepa6GYnwm</a></p>&mdash; Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) <a href="https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1203799452684824576?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Según relata el Instituto Casla en su informe de 2019, al que ha tenido acceso ABC, esas víctimas fueron sometidas a «privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora, también el sometimiento a temperaturas extremas, a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión, provocadas incluso por las torturas, tratos crueles o inhumanos a los que han sido sometidos». Entre las torturas específicas que describe el Instituto Casla se encuentran 83 casos de puntapiés, 78 agresiones con objetos contundentes, 40 palizas con tablas y 40 golpes en las costillas, entre otros. Además, hay 50 denuncias de asfixia y ahogamiento fingido, uno de los más graves casos de tortura, ampliamente condenado por las organizaciones internacionales. En 38 de esos casos se colocaron bolsas de plástico en las cabezas de las víctimas. Agresiones sexuales Más alarmante sin cabe, el Instituto Casla denuncia 40 casos de aplicación de descargas eléctricas y 43 casos de colgamiento desde las extremidades. En 38 de esas agresiones, los torturadores emplearon sustancias psicotrópicas para aturdir a las víctimas y facilitar la tortura. A aquellos a los que se les vendaron los ojos o se les encapuchó ?43 víctimas? se les asustó incluso efectuando disparos junto a sus oídos, entre otras amenazas e intimidaciones. Este año de 2019 hubo según el Instituto Casla un alarmante aumento de las agresiones de corte sexual. Los 41 agredidos sexualmente por el régimen denuncian haber sido desnudados, con conatos de violación y lesiones sobre los genitales. Según dijo la directora de Casla, Tamara Suju, en la entrega del informe: «Funcionarios cubanos participan en la planificación y comisión del crimen de tortura». «Este año hemos querido referir la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano con toda la población», denunció Suju en rueda de prensa. Según Casla es el nuevo embajador de Cuba en Caracas, Dragoberto Rodríguez, quien organiza, controla y revisa las torturas de los agentes de su país infiltrados en Venezuela, con el consentimiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del director de la inteligencia militar, general Iván Hernández Dala.
10-11-2019 | Fuente: abc.es
Aumentan las denuncias sobre la situación carcelaria de José Daniel Ferrer
Este jueves la dirección de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) circuló un comunicado sobre la situación carcelaria que sufre el líder de esta organización, José Daniel Ferrer García, luego de que su esposa e hijos pudieran visitarlo en la prisión Aguadores, en Santiago de Cuba, y confirmaran el grave estado de salud en que se encuentra el opositor. Ferrer García llevaba más de un mes desaparecido, sin que las autoridades del régimen dieran información sobre su paradero a sus familiares, cuando fue arrestado tras un operativo violento contra la sede de la organización que llevaron a cabo por elementos de la policía política. Las presiones de su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, del sector opositor en la Isla y de varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y «Cuban Prisioners Defenders», obligaron al régimen a conceder una visita de cinco minutos y donde Ferrer García comunicó a sus familiares que sostuvo «una huelga de hambre durante veinticinco días» que inició el día 6 de octubre mientras se encontraba en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba. Según relató Ortega Tamayo, su esposo «ha perdido más de la mitad de su peso corporal, no posee casi fuerza muscular, y que ha perdido en buena medida la visión y la voz». Fueron visibles las marcas de su cuerpo, «parte de la cara rayada, hematomas en la parte torácica, abdominal, en las extremidades superiores, inferiores y la espalda; así como huellas de quemaduras por fricción y marcas de golpes con bastones». Decenas de cubanos radicados en los Estados Unidos se han manifestado ante la embajada cubana en Washington para exigir el fin de la represión en Cuba, la libertad para todos los presos políticos cubanos, y en solidaridad con Ferrer García bajo el hashtag #FreeFerrer «Es hora de que el mundo se ponga del lado de los cubanos que queremos una Cuba democrática y con derechos para todos»; suscribieron los manifestantes según reseñaron una docena de medios de prensa. Un editorial del medio independiente Diario de Cuba, bajo el titular «Los reyes de España tienen que reunirse con José Daniel Ferrer», señaló que el opositor sufre torturas y está encarcelado sin juicio y bajo amenaza de muerte. «Los reyes de España viajan a Cuba el próximo lunes. Se ha discutido mucho acerca de lo oportuno de esta visita. La discusión llegó al debate entre los principales candidatos a la presidencia española celebrado el pasado lunes [?]. El presidente en funciones Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Español (PSOE) y quien ya visitó La Habana, respondió a los reproches argumentando ?vínculos con el pueblo cubano, no con el Gobierno cubano?. Como bien sabe Sánchez, las autoridades de la Isla no representan al pueblo, sino que lo sojuzgan»; señaló el editorial. Más adelante la publicación ahondó en que, «del mismo modo que es imprescindible la acción de todas las organizaciones internacionales, los reyes de España deberían estar obligados, de persistir en sus planes de viaje, a interceder por Ferrer y los otros detenidos de la Unpacu. Y no solamente a interceder, sino a pedir encontrarse con ellos. Tendría que hacerlo en nombre de los vínculos con el pueblo de Cuba a los que remitía Pedro Sánchez»; concluía el editorial. La narración de la esposa de Ferrer reveló que el opositor le explicó que en la celda de castigo donde le mantienen ubicaron a un preso común llamado Israel Frómeta con un amplio historial criminal y agresivo. «Que le golpea cada vez que alza la voz y protesta o demanda atención médica; que el mismo preso expresó tener orientaciones de las autoridades carcelarias representadas por el Mayor Montoya para matarlo». Ferrer también le comunicó que, «este delincuente posee un arma blanca en la celda con beneplácito del oficial antes mencionado y amenaza constantemente con usarla en su contra». El comunicado, escrito a partir del testimonio de Ortega Tamayo y sus hijos, afirmó que, «estamos seguros que esta visita fue arrancada al régimen comunista cubano gracias a esa solidaridad y la presión que genera». «Pero ahora más que nunca necesitamos apoyo, pues de prolongarse las torturas, penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a que está siendo sometido, es cuestión de poco tiempo para que muera».
06-11-2019 | Fuente: as.com
Llega el sistema Hovding, el airbag del ciclista
Este sistema tiene la aprobación de la Comunidad Europea y está avalado por estudios y pruebas de centros de investigación y organizaciones internacionales.
17-10-2019 | Fuente: abc.es
Venezuela logra un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Venezuela ha sido elegida este jueves por la Asamblea General de la ONU para ser uno de los 47 países que integran su Consejo de Derechos Humanos. La votación se produjo pocas semanas después del último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización internacional, Michel Bachelet, en el que se detallaban detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Otro informe del año pasado de la ONU reveló las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de seguridad de Nicolás Maduro. Tampoco ha pesado en una mayoría de países miembros la emergencia humanitaria, política y social del país sudamericano, de donde cuatro millones de personas han huido por la persecución política y la falta de comida o servicios médicos. «Ya no quedan excusas para votar por Venezuela», defendió antes de la votación Luois Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch /HRW), que se unió a otras 54 organizaciones internacionales y venezolanas para exigir a los miembros que dieran la espalda al régimen de Maduro. «Votar por Venezuela es votar a favor de la tortura, los asesinatos y la impunidad que se han convertido en las características distintivas del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Es una afrenta a las millones de personas que han huido del país, muchas tras sufrir gravísimas condiciones humanitarias, así como a las incontables víctimas que nunca llegaron a irse». En una señal de las disfunciones de la ONU, Venezuela no iba a tener ni que pelear por los votos. Solo el régimen de Maduro y Brasil se presentaban a ocupar los dos nuevos puestos que corresponden a la región de América Latina y el Caribe. Hace un mes, sin embargo, Costa Rica se presentó a la elección para evitar el regreso del Gobierno de Maduro al órgano, que dejó hace solo un año. HRW y el resto de organizaciones llamaron a votar por la opción costarricense, pero no fue suficiente. De entre los 193 países con derecho de voto, 153 votaron a favor de Brasil, 105 a favor de Venezuela y solo 96 dieron su confianza a Costa Rica. Los apoyos de potencias como China y Rusia facilitaron la victoria de Maduro, cuyo ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, calificó la votación de «histórica» y de celebración de la «diplomacia bolivariana de paz». La votación ha coincidido con la noticia de la liberación de 24 presos políticos por parte del régimen de Maduro. Lo anunció el fiscal general, Tarek William Saab, como parte de las conversaciones con un sector de la oposición. Según la organización Foro Penal, hay cerca de 450 presos políticos en Venezuela. «Es un insulto a las víctimas de abusos a los derechos humanos en todo el mundo», reacción en Twitter de Philippe Bolopion, vicedirector de HRW. «Es decepcionante que se impongan los cambalaches cínicos con votos en la Asamblea General, que han permitido a Venezuela un asiento que no merece». El ex embajador de Venezuela en la ONU y opositor a Maduro, Diego Arria, calificó la jornada como «un día de vergüenza para la comunidad internacional». La elección de Venezuela servirá para cuestionar una vez más la validez del Consejo de Derechos Humanos, que exige en sus estatutos a los miembros que tengan en cuenta «la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos» y que exige a los países con asiento «aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos». Es un órgano donde ahora mismo son miembros países como Arabia Saudí o Cuba. EE.UU. abandonó el Consejo el año pasado, después de que Donald Trump asegurara que reina una animosidad contra Israel. El presidente de EE.UU. consideró el organismo «una fuente enorme de vergüenza» y su secretario de Estado, Mike Pompeo, lo calificó como «un ejercicio de hipocresía descarado».
17-10-2019 | Fuente: abc.es
«En lugar de sancionar a Turquía, España y la UE deberían ayudarnos»
El embajador de Turquía en España, Cihad Erginay, recibe a ABC en el despacho de la legación diplomática, presidido por un retrato de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la república. Defiende frente a las críticas la llamada Operación Fuente de Paz, la ofensiva turca lanzada en el norte de Siria tras la retirada de las fuerzas estadounidenses contra lo que considera «organizaciones terroristas» ligadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Niega que su país esté llevando a cabo una limpieza étnica, sino que, por el contrario, está «corrigiendo» la que se ha venido acometiendo antes de la operación y que ha llevado a huir a miles de personas de la región, sostiene. En su opinión, en lugar de un embargo de armas o sanciones, España y otros países de la UE deberían ayudar a Turquía. ¿Cuál es de forma el objetivo y alcance concretos de la operación de Turquía en el norte de Siria? La operación empezó la semana pasada, como sabe, y va muy bien. Son varias las razones. En primer lugar, la seguridad de Turquía, porque hemos sufrido ataques terroristas desde el comienzo del conflicto en Siria, sobre todo por parte de grupos terroristas como Daesh, PYD y YPG. Este es el motivo por el cual la OTAN tomó la decisión de ayudar a Turquía frente a los ataques con misiles. Como consecuencia, numerosos aliados, incluida España, ayudaron a Turquía y le proporcionaron sistemas de defensa, lo que agradecemos mucho. Sin embargo, los ataques continuaron, por tierra y por aire. Las organizaciones terroristas PYD y YPG están estrechamente vinculadas al PKK, que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE y la OTAN. PYD y YPG son lo mismo con diferentes nombres, tienen el mismo liderazgo, la misma estructura de mando, las mismas fuentes de financiación y los mismos campos de entrenamiento. Por tanto, es una necesidad para nosotros protegernos de la amenaza procedente de esta zona, que ha matado a cientos de personas en Turquía en los últimos años y ha desplazado a la gente de la región, que no apoya a estas organizaciones terroristas y ha huido a países como Turquía como refugiados. La segunda razón de la operación es la crisis de refugiados. Hemos recibido más de 3,6 millones refugiados sirios y en Turquía tenemos actualmente más de cuatro millones, lo que supone una gran carga para la economía, seguridad y la estructura social del país, con muy escasa ayuda recibida de la comunidad internacional. Este flujo de refugiados no se detenido, pero Turquía tiene la obligación, por el acuerdo firmado con la Unión Europea en 2016, de pararlos en la frontera, de manera que la gente en Europa no le importa o desconoce la inestabilidad en la región, la amenaza para la seguridad y la carga para Turquía. «Queremos establecer una zona segura para que más de un millón de personas puedan volver a sus casas» Por tanto, lo que queremos es establecer una zona fronteriza segura en el norte de Siria de 30 kilómetros de ancho libre de organizaciones terroristas para que pueda regresar el pueblo original de la región. Calculamos que una vez creada la zona segura, más de un millón de personas podrá volver a sus casas, por supuesto de forma voluntaria y la con la ayuda de las organizaciones internacionales. Cuando una ve las noticias en los medios, se dice que Turquía está atacando a los kurdos en la región. Esto no es cierto en absoluto. Turquía está combatiendo las organizaciones terroristas, no a la población. Uno de los temores entre la comunidad internacional es el fortalecimiento de Daesh y que escapen los sospechosos y sus familiares de los campamentos en manos de los kurdos, que de hecho aseguran que 800 ya han huido. ¿Es cierto? ¿Comparte, al menos en parte, esos temores? Si es cierto que han escapado, es la responsabilidad y la culpa de las organizaciones terroristas, PYD y YPG, que se supone que deben retenerlos. Esto demuestra una vez más que tú no puedes confiar en que una organización terrorista mantenga encarcelada a otra organización terrorista. Eso es por lo que Turquía asume la responsabilidad de controlar estos campamentos y estos prisioneros. En Turquía tenemos en nuestras prisiones cerca de 2.000 terroristas de Daesh y en nuestros centros de detención, unos 900, que enviaremos a sus países de origen. Desde que esta amenaza extranjera se convirtió en un problema en el mundo, hemos deportado a 8.000 personas con la intención de entrar en Siria. Siempre hemos dicho que es responsabilidad del país de origen mantenerlos, no enviarlos, aunque algunos hay llegado y los hemos capturado. Cuando creemos la zona segura en el norte de Siria, mantendremos presos a los terroristas de Daesh como en Turquía y cuando las autoridades turcas tomen el control no escaparán. Esta no es la primera operación. Turquía ya llevó a cabo otras dos anteriormente, en las que eliminamos más de 4.000 terroristas de Daesh y lo seguiremos haciendo. Somos parte de la coalición internacional contra Daesh, como España, y Turquía permite el uso de las bases aéreas contra Daesh y es el único país con soldados en el terreno luchando contra Daesh. De modo que no hay duda del compromiso de Turquía contra el terrorismo y no es verdad que la amenaza de Daesh pueda crecer con esta operación. Otra crítica es que Turquía está tratando de cambiar la demografía de la región. Tampoco es cierto, porque, con el conflicto sirio y las organizaciones terroristas que operan en la zona, mucha gente ha tenido que huir ya del norte de Siria. De modo que la demografía ya se ha cambiado. En Turquía hay 300.000 sirios kurdos que han escapado de la región. Con la zona segura, al menos un millón de personas regresarán, incluidos estos 300.000 sirios kurdos. La población de esta región no es solo kurda, sino que hay árabes, turcomanos, cristianos, asirios.. Es una sociedad multicultural. De modo que queremos que vuelva la demografía original. ¿Esta operación puede estar relacionada de alguna forma con la derrota del partido de Erdogan en Estambul y otras ciudades turcas en las últimas elecciones? Eso parte de la propaganda negra que se ha difundido. No tiene nada que ver con la operación, solo obedece a cuestiones de seguridad. Muchas de las noticias y fotos que se publican en los medios no son verdaderas. Se utilizan fotos de la crisis de Yemen o otros lugares del mundo para decir que son de la operación turca. Hay que tener mucho cuidado. El presidente Erdogan ha asegurado que la operación turca continuará hasta que los objetivos se cumplan. ¿Cuándo considerará Turquía que los objetivos se han cumplido y que la operación ha concluido? Esperamos que lo antes posible, por supuesto. Los objetivos se habrán cumplido cuando se haya despejado la zona de organizaciones terroristas. Nuestro presidente ha anunciado que si dejan las armas y dejan la zona, la operación terminará inmediatamente. Es decir, depende de cuándo derrotemos a las organizaciones terroristas. ¿Y las tropas de Turquía saldrán entonces de la zona? Crearemos la zona segura, con lo que no habrá más ataques desde el norte de Siria a Turquía. Estableceremos las condiciones, por ejemplo hospitales, escuelas, áreas residenciales, para que la gente original vuelva a sus casas. Eso es lo que nos proponemos. Continuaremos trabajando con las agencias internacionales y ONGs, como venimos haciendo durante años. ¿Qué fuerzas garantizarán las seguridad en la zona? Veremos cómo se va desarrollando, puede que fuerzas turcas, el Ejército Nacional de Siria. Por supuesto, lo ideal es que se complete el proceso político en una Siria democrática y unida, con su integridad territorial garantizada. Eso es lo que querríamos en última instancia. «Ha habido 13 víctimas civiles, todas ellas turcas, ninguna en el otro lado» Según un representante ruso, Turquía solo podría penetrar cinco kilómetros en territorio sirio, no 30, que citaba el tratado con Damasco de 1998. ¿Es eso correcto? Turquía cuenta para llevar a cabo esta operación con un marco legal internacional, el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas sobre autodefensa y hay numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad que nos proporcionan el marco legal necesario, así como ese acuerdo de 1998. ¿Está de acuerdo con el patrullaje de Rusia en la zona, entre las tropas sirias y turcas? Rusia lleva presente en la zona desde hace tiempo. No tengo información sobre eso, pero hemos tenido buena cooperación con Rusia a través del proceso de Astaná, del que resultó el Comité Constitucional y ahora está en manos de la ONU en el proceso de Ginebra para decidir la hoja de ruta para las elecciones y el desarrollo democrático en Siria. ¿Hay riesgo de un choque entre las fuerzas sirias y turcas en la zona? Eso son cuestiones operativas con las que no estoy familiarizado, pero los únicos objetivos en esta operación son las organizaciones terroristas que amenazan a Turquía. ¿Cuántos muertos ha habido hasta ahora? Es interesante. En las dos operaciones anteriores no hubo víctimas civiles y somos muy cuidadosos para que no haya víctimas civiles tampoco en esta operación. Ha habido 13 víctimas civiles hasta ahora, todas ellas turcas, a causa de los bombardeos desde el lado sirio. Ninguna en el otro lado, y esperamos que siga así hasta que concluya la operación. ¿Y no civiles? Las autoridades en Turquía han anunciado que se ha eliminado a más de 700 terroristas. «Estamos tratando de corregir la limpieza étnica que hicieron las organizaciones terroristas en Siria» Por tanto, usted no considera que no está habiendo una limpieza étnica.. La limpieza étnica se hizo antes de la operación turca por parte de las organizaciones terroristas. La razón de que haya tantos refugiados en Turquía es porque estas organizaciones terroristas hicieron la limpieza étnica. Por eso todos los cristianos, asirios, y árabes huyeron hacia Turquía. Ahora estamos tratando de corregir esta limpieza étnica y devolver a la gente a su tierra. Estados Unidos ha negado que haya dado luz verde a la operación de Turquía. ¿Cuál es su versión? No comento las actividades de otros países y lo que dicen, pero lo importante es que nosotros trabajamos con muchos países y aliados para crear una zona segura durante muchos meses, puede que un año. Sin embargo, no está concluido y a medida que pasa el tiempo, estas organizaciones terroristas se hacen más presentes en la región y presentan una mayor amenaza para Turquía. Esto es por lo que tenemos que actuar. España y otros países europeos han decidido un embargo de armas a Turquía. ¿Qué opina? La declaración de la UE este lunes no es lo que esperamos de ella, sino que reconocer la creciente carga de refugiados y la amenaza desde Siria para un país aliado y candidato a ingresar en la UE y ayudarla, cumplir sus promesas. De modo que en lugar de sanciones, debería tratar de entender y ayudarnos en estos esfuerzos. ¿Sabe si se están empleando armas o material español en la operación? No, en Turquía tenemos una industria de defensa muy fuerte y somos capaces de proveernos armas a nosotros mismos, con cooperación de los aliados de la OTAN. «Es muy desafortunado que un país aliado anuncie sanciones para otro aliado. No es lo que esperamos» ¿Ha tenido oportunidad de hablar con las autoridades españoles sobre la operación? ¿Qué le han dicho? No diré que han dicho, porque son conversaciones privadas, pero España ha sido y es un buen amigo de Turquía, y hemos tenido la oportunidad de hablar de manera abierta y franca, lo que agradezco mucho. ¿Y qué opina de las sanciones de Estados Unidos? Una vez más: los régimenes de sanciones nunca funcionan y pensamos que es muy desafortunado que un país aliado anuncia sanciones para otro aliado. Uno debería confiar en sus aliados, hablar con ellos. Eso es lo que esperamos de nuestros aliados. ¿Este cambio de opinión de Estados Unidos acerca Turquía a Rusia? No, conocemos muy bien el lugar de Turquía. Es miembro de la OTAN y candidato a la UE. No hay en absoluto un cambio en esta posición. Sin embargo, es una potencia regional y tiene buenas relaciones con todos los vecinos y las grandes potencias en la zona, incluida Rusia.
15-10-2019 | Fuente: abc.es
Rusia patrulla entre los Ejércitos de Siria y Turquía para evitar choques
La retirada de Estados Unidos ha engrandecido la figura de Rusia en una guerra de Siria en la que se ha convertido en la gran potencia sobre el terreno. La Policía Federal rusa comenzó a patrullar «la frontera noroeste del distrito de Manbij, a lo largo de la línea de contacto entre las fuerzas armadas de la República Árabe de Siria y las fuerzas armadas de Turquía», informó el Ministerio de Defensa en el primer día posterior a la retirada de las fuerzas estadounidenses de este punto clave en el norte del país. El papel de Rusia resulta fundamental para evitar un choque directo entre estos dos ejércitos en un momento en el que Recep Tayyip Erdogan mantiene su ofensiva militar en el norte de Siria, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos y los llamamientos de la Unión Europea y la OTAN para que de marcha atrás. La operación «Manantial de Paz», lanzada el 9 de octubre, seguirá hasta que «la amenaza terrorista sea eliminada», insistió el presidente turco en referencia a su objetivo de alejar de la frontera a las milicias kurdas, exaliadas de Estados Unidos. Después de seis años de ausencia, el Ejército sirio regresó a Manbij gracias al acuerdo entre el Gobierno de Damasco y los kurdos, un pacto que se extiende a otras zonas del noreste del país y permitió a las fuerzas de Bashar Al Assad recuperar el control del aeropuerto militar de Tabqa, dos plantas hidroeléctricas próximas y varios puentes a lo largo del Éufrates, según informó el ministerio de Defensa ruso en el comunicado del balance del primer día sin tropas de Estados Unidos en la zona. Esta parte del país era territorio controlado por las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), alianza liderada por las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas a las que Turquía considera «terroristas» por sus lazos con el PKK, pero tras la «puñalada por la espalda» de Donald Trump, según los mandos kurdos, se han visto obligados a girar hacia Damasco para frenar a Erdogan. Rusia se interpone entre los dos ejércitos para evitar el choque y se suma a las críticas a Erdogan por una operación que considera «inadmisible», según el enviado especial del Kremlin a Siria, Alexander Lavrentiev, quien declaró que «nunca hemos apoyado la idea de entrada de las unidades turcas ni mucho menos de la oposición armada siria». La apuesta de Moscú para garantizar la seguridad es el Ejército sirio, a quien apoya sobre el terreno de forma directa desde 2015. Lavrentiev recordó la importancia de la primera reunión del Comité Constitucional sirio, que Gobierno y oposición acordaron realizar en Ginebra bajo la supervisión de la ONU y expresó su esperanza de que el nuevo frente abierto por Ankara no retrase su celebración. Desastre humanitario Los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron una nueva reunión para tratar una ofensiva que ha costado la vida a decenas de civiles y ha obligado a dejar sus hogares a 190.000 personas, según la estimación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las cuales unas 70.000 serían menores de edad. La complicada situación de seguridad obligó a organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras (MSF) a «suspender la mayoría de actividades y evacuar al personal internacional», explicó en un comunicado el director de emergencias de la ONG en Siria, Robert Onus. Además de la alerta humanitaria, preocupa el futuro de la guerra contra el grupo yihadista Daesh, en la que los kurdos eran una parte clave. Francia, país que anunció la retirada de sus tropas en la zona nada más conocer la decisión de Trump, aseguró que las consecuencias de la operación de Turquía son «devastadoras para nuestra seguridad», porque este movimiento conlleva el «inevitable resurgir» del autodenominado Estados Islámico «en el noreste de Siria y probablemente en el noroeste de Irak», señaló el primer ministro, Edouard Phillipe. Centrados en frenar a Turquía, los hombres de las FDS no prestan la misma atención que antes a los campos de detención de yihadistas y el Partido de la Unión Democrática (PYD) kurdo, alertó en su cuenta de Twitter de la situación en el campo de Ain Issa que «está totalmente fuera de control por el motín y rebelión dentro del campo. La mayoría de las familias del EI está huyendo a áreas controladas por las facciones de Turquía».
27-06-2019 | Fuente: abc.es
Los haitianos en República Dominican aumentaron un 12,4 por ciento en los últimos cinco años
Una visita al mercado binacional de Dajabón, en el noroeste de la República Dominicana, pegado al límite fronterizo con Haití, ilustra bien el fenómeno de la inmigración haitiana en suelo dominicano. La masiva llegada de compradores haitianos para adquirir productos básicos que no se encuentran en su país, junto con la abrumadora presencia de vendedores haitianos afincados en la nación de acogida hablan de una penetración haitiana que en las provincias fronterizas provoca recelos entre los dominicanos y motiva la estrecha vigilancia del Ejército (hasta cinco controles militares se ocupan de inspeccionar los autobuses que desde allí viajan a Santo Domingo). A pesar de los esfuerzos del Gobierno dominicano por estabilizar la cifra de personas que llegan del otro lado de la frontera, la población haitiana en República Dominicana sigue aumentando. Las estadísticas oficiales hablan de una presencia en el país de 751.080 residentes de origen haitian o ?el 7,3 por ciento del total de la población registrada? si bien se estima que, contando con la inmigración ilegal, la cifra supera el millón (el número oficial de habitantes es de 10,1 millones). La mayor vigilancia fronteriza ha limitado el crecimiento de la inmigración (aún así en los últimos cinco años los residentes llegados de Haití aumentaron un 8,6 por ciento, llegando a ser 497.825), pero se ha acelerado el nacimiento en la República Dominicana de niños de padres haitianos (un incremento del 20,6 por ciento, alcanzado los 253.255), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigrantes referida al periodo 2012-2017. El 88,5 por ciento de los extranjeros que viven en República Dominicana son de origen haitiano. Inseguridad y xenofobia El desequilibrio socioeconómico entre los dos países que comparten la isla de la Española ?Haití es el más pobre de América, República Dominicana el que más crece económicamente (un siete por ciento en 2018, cifra similar a la de los últimos años, si bien en 2019 el crecimiento podría bajar al cinco y medio por ciento, según el FMI)? hacen irremediable el flujo de personas de un lado de la frontera al otro. La fuerte presencia de haitianos en labores del campo y en trabajos precarios y callejeros en las ciudades ha provocado brotes de xenofobia y cierta sensación de inseguridad entre parte de la población dominicana. Su fácil reconocimiento, por ser generalmente de piel más oscura (en el proceso de la independencia de Haití, a comienzos del siglo XIX, la población esclava mató a los blancos, por lo que apenas hubo mezcla racial) facilita la segregación. De todos modos, aunque algunos dirigentes políticos han lanzado mensajes populistas contra la inmigración, el tono general de la vida política ha evitado dejarse llevar por la demagogia. A favor, en contra Organizaciones internacionales, deseosas de resolver el problema de Haití mediante una mayor integración entre los dos países, han destacado el beneficio mutuo que supone la migración haitiana. El Fondo de Población de Naciones Unidas indicó en 2013 que los inmigrantes haitianos aportaban el 5,4 por ciento del PIB dominicano, al tiempo que las remesas enviadas por estos a su lugar de origen, por un valor de 1.300 millones de dólares, constituían una cuarta parte del PIB de Haití, país que cuenta con siete millones de personas censadas. Quienes más han criticado la presencia haitiana han destacado el gasto que supone para la sanidad pública, pues esta tiene que atender a miles de mujeres haitianas que buscan los hospitales dominicanos para dar a luz, incluso aunque tengan su residencia habitual en Haití. En 2018, en las provincias dominicanas con mayor número de partos el 29 por ciento correspondió a mujeres extranjeras, la mayoría haitianas. Un estudio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo indica que entre 2013 y 2016 el Estado dominicano destinó más de seis millones de dólares a la atención de parturientas extranjeras en centros de salud públicos. La mayor tasa de fecundidad entre las mujeres haitianas permite aventar el miedo a una «invasión», algo que afecta un nervio esencial de la sociedad dominicana, que entre 1822 y 1844 estuvo bajo dominio haitiano y después conoció diversos intentos de control desde la otra parte de la isla. El recelo, en cualquier caso, es mutuo, pues al «Degüello de Moca» de 1805, cuando los haitianos pasaron a cuchillo a medio millar de dominicanos, se contrapone la «Masacre de Perejil» de 1937, cuando Rafael Trujillo ordenó la eliminación masiva de los haitianos que vivían en República Dominicana (murieron al menos 18.000 personas). Denuncia y regularización Si bien cuando se les pregunta de manera expresa, los dominicanos se pronuncian por una política especialmente estricta frente a la inmigración ilegal, las encuestas no sitúan directamente la inmigración como el principal problema del país, de acuerdo con el sondeo Gallup-Hoy publicado las últimas semanas. Para el 68,3 por ciento de los dominicanos, el mayor problema es la delincuencia, sobre todo robos y asaltos, seguido del paro y del alto coste de la vida y la corrupción. Por debajo del diez por ciento quedan otros asuntos, como el de la inmigración haitiana. No obstante, hay que tener en cuenta que muchos dominicanos vinculan la inseguridad con la fuerte presencia de haitianos en el país. El partido que ha hecho bandera del descontento por el elevado número de haitianos en la sociedad dominicana y que más denuncia «el peligro haitiano» es el Frente Nacional Progresista (FNP), que el pasado mes de noviembre hizo una declaración pública en favor de levantar un muro en la frontera entre los dos países. Sin embargo, el FNP apenas cuenta en las preferencias electorales de los dominicanos y no alcanzó representación en el parlamento en las elecciones generales de 2016. Ante la inquietud social, la República Dominicana procedió a una regularización de inmigrantes ilegales, siguiendo dos sentencias del Tribunal Constitucional, de 2013 y 2014. En este proceso se aceptó el registro de unos 200.000 haitianos. Desde entonces, las autoridades aseguran haber devuelto a Haití cerca de 30.000 personas.
12-06-2019 | Fuente: abc.es
Los periodistas del Sáhara Occidental, silenciados por la represión y la tortura
La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó ayer en la sede de la Asociación de Prensa de Madrid (APM) el informe «Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo», un trabajo donde se detalla la persecución que padecen los periodistas que informan sobre la vida en la excolonia. En febrero de 1976, España se retiró del territorio, ahogado por la violencia de los choques entre el Frente Polisario y los ejércitos marroquí y mauritano. Hoy, como denuncia el texto, sus habitantes padecen la «ocupación civil y militar de Marruecos». Aministía Internacional o Human Rights Watch, organizaciones en defensa de los derechos humanos, denuncian con frecuencia la represión que alienta Rabat. Sobre todas esas cuestiones se habló en el evento, que contó con la presencia de Victoria Prego, presidenta de la APM; Alfonso Armada, presidente de la sección española de RSF; Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Edith R. Cachera, autora del informe y corresponsal de RSF en España, y Ahmed Ettanji, periodista y confundador de «Équipe Media», una agencia creada en el Sáhara Occidental en 2009. Además, Pablo de Dalmases, el que fuera director de «La Realidad», el último diario español que se editó en la región, también intervino. «España tiene un compromiso histórico y moral con el Sáhara Occidental», sostuvo Prego, que fue la primera en hablar. «En todo régimen autoritario, la primera víctima es la información. Los periodistas están siendo perseguidos y masacrados», denunció. «Compartimos con Prego ?siguió Armada? que España tiene una deuda. El papel de RSF es que la libertad de prensa se defienda en todo el mundo. Marruecos impide a los periodistas extranjeros, pero también saharauis, informar de lo que pasa en el Sáhara Occidental. Tenemos la obligación moral de hablar del agujero informativo». El presidente de la sección española recordó el caso de Timor Oriental, la excolonia portuguesa que se independizó de Indonesia tras el referéndum de autodeterminación celebrado en agosto de 1999. Rodríguez, siguiente en el turno de palabra, también se refirió a ese caso: «El informe anima a conocer la realidad de lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Como con Timor Oriental, aquello de lo que se habla, termina por solucionarse». Cachera, responsable del informe, detalló el método seguido para su redacción, haciendo hincapié en el «contexto histórico» que introduce el tema estudiado y en la importancia de reflexionar cuidadosamente sobre el mismo: «El Sáhara Occidental es una zona que no está en guerra, pero tampoco en paz. Se ha transformado en una cuestión de periodismo humanitario, cuando, en realidad, es un conflicto político sin resolver», expuso. El periodista Ettanji retomó una reflexión de la periodista Yolanda Sobero y habló sobre el doble bloqueo que sufre la región. El primero es visible y se eleva como un muro de 2.700 kilómetros donde se concentra la mayor cantidad de minas antipersona del mundo. El segundo es intangible, pero no por eso hay que desdeñar su poder destructivo. Es el que impone «el silencio mediático internacional», que su agencia de prensa combate mediante la «sensibilización de la lucha no violenta, desmintiendo la propaganda marroquí y trabajando con organizaciones internacionales». Las razones del apagón Para estudiar la cobertura mínima que los medios españoles hacen del Sáhara Occidental, el informe de RSF emplea como fuente el testimonio de varios periodistas, que consideran que el apagón mediático responde a múltiples causas: al sentimiento de que es «un tema estancado», apunta Ignacio Cembrero; «a la crisis del sector» y a «la precariedad», señala Rosa Meneses, y a la «incomodidad» de escribir sobre de un conflicto en el que está implicado un país vecino, añade Yolanda Sobero. También a las bazas de las que disfruta Marruecos para agarrar con fuerza la batuta y exhibir su poder: «Marruecos maneja temas absolutamente estratégicos para España: la inmigración, la pesca y la presión en torno a Ceuta y Melilla», concluye Paco de Dalmases. Sin embargo, el silencio atiende a más razones. «Si la prensa europea, especialmente la española y la francesa, parecen jugar un papel claro en el silencio mediático que envuelve al Sáhara Occidental, tampoco está exento de responsabilidad quien maneja la comunicación oficial de los intereses saharauis desde su creación: el Frente Polisario», añade el informe. El texto recoge las declaraciones de la saharaui Ebabba Hameida, una periodista que vincula la autocrítica con la información de calidad y reclama que las coberturas no se limiten a mantras caducos de tono lastimero: «Nosotros somos un pueblo más, no hay que idealizar a los saharauis. Tenemos corrupción y mala gestión, las mujeres no son del todo libres? Estas cosas hay que contarlas y no pasa nada. (..) No uséis siempre la eterna consigna, no podemos estar todo el día con ?Sáhara Libre?, porque eso ya no crea titulares». Humanizar, en definitiva, para no pintar una postal. Acusaciones falsas y torturas Los casos recabados y documentados en el informe exponen con detalle las violaciones y la negación sistemática de derechos. Algunos, como los 25 civiles que fueron arrestados en 2010 durante unas protestas contra la ocupación, fueron condenados por un tribunal militar a penas de entre 20 años a cadena perpetua a través de confesiones extraídas mediante torturas , según han constatado diversas oenegés. Además, cuatro informadores que también fueron detenidos pasaron seis meses en prisión, durante los cuales «se les sacaba desnudos a un patio en pleno invierno, se les mojaba con agua helada, y se les apaleaba, fotografiaba y filmaba ante el director de la prisión». Prácticas que vulneran, según señala RSF, tanto la Consititución marroquí como la adhesión a la Convención de la ONU contra la Tortura. Igual de común es, en el afán de Marruecos por acallar cualquier voz crítica, la fabricación de acusaciones de peso que permita mantener a los periodistas apartados del ejercicio el mayor tiempo posible. Así, muchos son habitualmente imputados por delitos como «organización de banda criminal», «provocación de incendios», «obstrución de la vía publica» o «destrucción de bienes de propiedad común». De la misma forma, las amenazas ?tanto al periodista como a su entorno familiar?, las escuchas telefónicas, las detenciones en comisaria durante largos períodos o hasta los «hackeos» informáticos son parte del día a día de los informadores, según se detalla. Las conclusiones del informe inciden en este aspecto: que Marruecos respete a los periodistas que trabajan sobre el terreno.
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