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Noticias de organizaciones internacionales

16-04-2020 | Fuente: abc.es
Ortega reaparece tras un mes de ausencia para anunciar que Nicaragua no detendrá su actividad
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reaparecido públicamente después de 34 días sin comparecer ante los ciudadanos y los medios de comunicación y ha explicado ante la televisión estatal que el Gobierno no ha paralizado la economía durante estos meses de crisis sanitaria global a causa del Covid-19 porque si el país deja de trabajar, «se muere». La última participación en un acto oficial del presidente nicaragüense se produjo el pasado 12 de marzo, cuando mantuvo una reunión a través de una videoconferencia con sus homólogos del resto de países de la región para abordar la problemática que estaba ocasionando el avance del nuevo coronavirus. Ortega ha explicado que Nicaragua está enfrentándose al coronavirus «con recursos limitados, mucha paciencia y disciplina» y ha señalado que «no se ha dejado de trabajar porque si deja de trabajar, el país y la gente se mueren». Hasta el momento, según el balance de la Universidad Johns Hopkins, Nicaragua ha registrado nueve casos de coronavirus, todos ellos importados según ha precisado Ortega, y tan solo un fallecido, pese a que no se han decretado medidas de distanciamiento social, cuarentenas o restricción de movimientos, como en el resto de países vecinos. Ortega ha explicado que todas aquellas personas que han retornado al país portando la enfermedad se han sometido al tratamiento médico especializado después de haber pasado por los estudios y análisis correspondientes. El mandatario ha subrayado que «en medio de las mayores dificultades y tragedias y en medio de los mayores bloqueos», el país cuenta «con un pueblo trabajador» y ha insistido en que, aún no habiendo cesado la actividad económica del país, «se han guardando las normas que va dictando el sistema de Salud de manera muy disciplinada». Ortega he recalcado la labor del sistema público y ha asegurado que el país cuenta con médicos especializados en tratar este tipo de pandemias, pues se han formado en lugares como Cuba, la Unión Soviética o Estados Unidos. «El 90 por ciento de los hospitales que están en el ámbito del Estado están dotados de todos los recursos básicos, hay suficientes respiradores, por todos lados tenemos unidades de cuidados intensivos con médicos especializados y la reserva de medicamentos está al 90 por ciento», ha destacado. A diferencia, ha comparado, con los «países más desarrollados», en los que se están viviendo situaciones «dramáticas», con «la falta de camas e instrumentos médicos porque el servicio de salud no llega al pueblo, a los pobres y a los trabajadores». «El mundo ha quedado descarnado con esta pandemia. ¿De qué sirven las bombas atómicas, los cohetes que están desarrollando en estas carreras armamentísticas?», se ha preguntado Ortega, quien ha criticado «la locura» del gasto militar en detrimento de otras cuestiones. Por último, Ortega ha abogado por una «refundación ética y moral» de todas las organizaciones internacionales, las cuales, ha dicho, están «totalmente desacreditadas y decrépitas».
16-04-2020 | Fuente: abc.es
Ortega reaparece tras un mes de ausencia y sin anunciar medidas contra el coronavirus en Nicaragua
Tras más de un mes de ausencia, el presidente nicaragüense Daniel Ortega volvió a aparecer el miércoles en público para ofrecer un discurso televisivo en el que no anunció ninguna medida para tratar de frenar la expansión del nuevo coronavirus (Covid-19) por el país centroamericano. «En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere y si el país se muere, el pueblo se muere», dijo Ortega, en el cargo desde 2007. El sandinista, de 74 años, reapareció rodeado de su gabinete para hablar durante unos 25 minutos en un mensaje que fue transmitido obligatoriamente por cadenas nacionales de radio y televisión. Acompañado también por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega no dio explicación sobre por qué llevaba 34 días sin ser visto en público y, a su vez, defendió el papel desempeñado por su Ejecutivo frente a la pandemia. No había sido visto desde el 12 de marzo. En su discurso, Ortega no dio sensación de que su gobierno comenzará a implementar algunas medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener el avance del virus, entre las que se incluyen implementar una cuarentena, cerrar fronteras o cancelar eventos masivos. Esta inactividad ha sido criticada por Guatemala, Costa Rica y El Salvador. De hecho, autoridades costarricenses han dicho públicamente que evalúan posibles acciones internacionales para conseguir que el gobierno sandinista trate de controlar la pandemia. Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado que hay nueve personas contagiadas y solo un fallecido debido al Covid-19. Los datos proporcionados por el Gobierno nicaragüense, sin embargo, contrastan con los 164 contagios en El Salvador, los 196 en Guatemala, los 426 en Honduras, los 626 en Costa Rica y los 3.751 en Panamá.<iframe title="Contagiados Centroam&eacute;rica" aria-label="Column Chart" id="datawrapper-chart-RNmlw" src="//datawrapper.dwcdn.net/RNmlw/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}})}();</script> Ante la desconfianza que provocan las cifras oficiales, un grupo civil llamado Observatorio Ciudadano Covid-19, calcula que al menos 202 podrían haber contraído el virus en Nicaragua. Este organismo está dedicado a investigar la cantidad real de pacientes que tienen esta enfermedad. La reaparición pública de Ortega se produce en medio de varias críticas contra su Gobierno por promover durante el pasado fin de semana varias actividades al aire libre, entre las que se incluye un festival de música celebrado en El Trapiche, una represa ubicada a las afueras de Managua, la capital del país. Ya hace un mes, el 14 de marzo, el Gobierno había convocado una marcha masiva titulada «Amor en tiempos del Covid-19», una manifestación a la que acudieron varios de los seguidores de Ortega con el objetivo de expresar solidaridad con el mundo por el avance de esta enfermedad, Además de la OMS, varias organizaciones internacionales han expresado preocupación por la falta de medidas en Nicaragua para contener la pandemia. Algunos de estos organismos son la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
13-03-2020 | Fuente: abc.es
Guaidó pide a Maduro dejar la soberbia y permitir la entrada de ayuda humanitaria
El presidente interino Juan Guaidó pidió al régimen de Nicolás Maduro dejar la soberbia para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela en un espacio específico donde las Naciones Unidas puedan atender a las personas más necesitadas y afectadas por la pandemia del coronavirus. En un mensaje a la nación transmitido este jueves por la noche, el también presidente de la Asamblea Nacional alertó a la comunidad internacional sobre la grave situación sanitaria que sufren los venezolanos que se ha visto potenciada con la pandemia. «Venezuela es uno de los países más vulnerables ante un brote de Coronavirus debido a la Emergencia Humanitaria Compleja que existe en el país y que hemos venido denunciando desde hace más de 6 años. Eso nos expone aún mucho más ante esta pandemia», dijo Guaidó, reconocido por m{as de 60 países. Ofreció poner a disposición su capacidad de interlocución con el mundo y con las organizaciones internacionales de salud para solicitar apoyo a «nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso de la Ayuda Humanitaria. Les reiteramos que es el momento de dejar entrar los apoyos que hemos conseguido para Venezuela en coordinación con nuestros aliados que el mundo libre le brinda a Venezuela». Garantizó el establecimiento de un espacio humanitario real, en donde Naciones Unidas cuente con mecanismos efectivos para que los afectados tengan acceso a atención de calidad. Mostró su preocupación por el personal de la salud, la situación de los hospitales y la falta de insumos, además de falta de servicios básicos como agua y electricidad, «son un claro potenciado de la severidad de esta epidemia». Creó una comisión médica integrada por especialistas y expertos de la sociedad de Infectología y de Salud Pública Venezolanas que se ocuparán de manejar la crisis. También reveló que ha dado instrucciones a sus embajadores para la articulación con los gobiernos del mundo. «En este punto, quiero aclarar que el sector salud nunca ha sido bloqueado por sanciones. Por el contrario, las vacunas de los Programas Especiales de Sarampión y Difteria del año pasado y de este año son financiados con fondos americanos, es decir, por USAID.» Por otro lado, criticó las medidas anunciadas por Nicolás Maduro en este tipo de pandemias «deben de tener un contexto científico y no un contexto político. Si se ha decidido cerrar los vuelos con Europa y Colombia, no es posible dejar vuelos diarios a Teherán». Recalcó que el autoritarismo no es compatible con las pandemias porque busca siempre esconder la verdad. «Una epidemia no se trata con control político ni con silencio, se trata con insumos, con médicos, con enfermeras, con hospitales dotados y con un sistema de salud que sí funcione.» No anunció nuevas marchas vista la prohibición de concentraciones en sitios públicos, pero aseguró que la lucha continúa bajo otras modalidades. «Sabemos el contexto en el que estamos, enfrentamos a una dictadura que no tiene respeto por los ciudadanos, pero estamos en una lucha por rescatar a nuestro país y en este contexto no será distinto». Propuso estar atentos a los próximos anuncios, «estaremos publicando todo lo relacionado con la situación de Prevención en los canales oficiales de la Presidencia Encargada. Vamos a superar esta emergencia juntos».
27-02-2020 | Fuente: abc.es
La UE, Rusia y China intentan mantener vivo el acuerdo nuclear con Irán
El acuerdo nuclear agoniza entre las sanciones cada vez más severas de Donald Trump, el alejamiento progresivo de Irán de los puntos acordados y la inoperancia de los firmantes europeos, incapaces de adoptar medidas concretas que hagan frente a los castigos estadounidenses. La Comisión Conjunta del acuerdo, que agrupa a representantes de los países firmantes (Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia) y a la Unión Europea, se reunió en Viena y reafirmó su intención de mantener vivo el pacto firmado en 2015, pero no anunció medida alguna que permita albergar esta esperanza. Ante las medidas concretas de Trump, que en 2018 se retiró de forma unilateral del que calificó como «peor acuerdo de la historia» y exigió uno nuevo y más amplio que abarque el programa balístico iraní, el resto de firmantes respondió con un nuevo comunicado lleno de buenas intenciones, pero vació de contenido. «Los participantes reconocieron que la reimposición de las sanciones de Estados Unidos no ha permitido a Irán aprovechar al máximo el levantamiento de estas. Todos los participantes reafirmaron la importancia de preservar el acuerdo, recordando que es un elemento clave en la arquitectura global de no proliferación nuclear», informó el Servicio de Acción Exterior de la UE. Este organismo destacó «la importancia de fortalecer el Instex (Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales)», lo que sucede es que hasta el momento este mecanismo, ideado como una cámara de compensación que permita a Irán continuar vendiendo petróleo e importar otros productos a cambio, no ha favorecido ninguna transacción. El enviado iraní a la cumbre y número dos de Exteriores, Abas Araqchi, señaló que «seguimos abiertos a toda iniciativa que garantice a Irán las repercusiones positivas del acuerdo» y recordó que «estamos por completo dispuestos a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado hasta ahora, a cambio del cumplimiento total de los compromisos por las otras partes». Unas decisiones que, como todos los dirigentes han destacado una y otra vez, son reversibles. Ante la falta de medidas concretas, la única nota positiva que pudo destacar Araqchi fue que «todos mostraron su voluntad de proteger el acuerdo y asegurar que el JCPOA (acrónimo de Plan de Acción Global Común, designando el acuerdo) siga vivo». China calificó el momento de «carrera contra el tiempo» y señaló como responsable de esta situación a EE.UU. y su «política de máxima presión» contra la república islámica. Wang Qun, embajador chino ante las organizaciones internacionales en Viena, destacó que «intentamos establecer un mecanismo progresivo basado en la reciprocidad para que Irán logre los beneficios legítimos del acuerdo, y que las otras partes reanuden por completo el respeto del acuerdo». Fue el primer encuentro desde que el 14 de enero los países europeos firmantes del pacto decidieran activar el «mecanismo de arreglo de diferencias» debido a los pasos de alejamiento dados por Teherán, un sistema que plantea la vuelta del caso al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que abriría la puerta a volver a imponer sanciones internacionales y enterraría de forma definitiva el pacto. La decisión de los países europeos se produjo bajo la amenaza de Trump de imponer un arancel del 25% a los vehículos importados de Europa si no denunciaban a los iraníes, según confirmó la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, que calificó el mensaje estadounidense de «amenaza». Este «mecanismo de arreglo de diferencias» prevé inicialmente un plazo de 35 días, ampliable, para encontrar una solución, aunque no está claro si esa cuenta atrás ha comenzado. El pactó firmado en 2015 es papel mojado desde que Estados Unidos decidió salirse de forma unilateral y reimponer castigos a los iraníes, pese a que todos los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), cuyos inspectores siguen trabajando sobre el terreno, revelaban que cumplía todos los puntos acordados. Irán esperó durante más de un año a que el resto de firmantes adoptaran medidas que le ayudaran a superar los castigos de Trump, pero no lo hicieron y por ello comenzó a dar pasos que lo alejan del texto firmado y hasta el momento ha dado cuatro. Según el pacto, Teherán no puede superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3,67%, pero desde la salida unilateral de Trump, los iraníes lo hacen. También han puesto en marcha 40 centrifugadoras de cuarta y sexta generación del tipo IR-4 y 20 de tipo IR-6, mientras que el acuerdo de Viena solo les autorizaba a emplear las de primera generación. A comienzos de mes Josep Borrell, nuevo jefe de la diplomacia europea, viajó a Teherán para transmitir el firme compromiso de UE de «preservar el acuerdo y discutir las relaciones bilaterales y la cooperación con Irán». En su primer viaje oficial a la república islámica como responsable de la diplomacia europea, Borrell se reunió con el presidente Hasán Rohani y el ministro de Exteriores, Javad Zarif, los dos grandes valedores de un acuerdo que cada vez parece más historia.
14-02-2020 | Fuente: abc.es
El mundo se rearma: el gasto militar global registró en 2019 la mayor subida en una década
La situación de seguridad global es «tensa», «inusualmente grave», diagnostica Wolfgang Ischinger, el jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich que arranca esta tarde con la presencia de 40 jefes de Estado y gobierno, 60 ministros de Asuntos Exteriores y 40 de Defensa, además de otros 850 invitados de máximo nivel. Los debates e intervenciones partirán de dos hechos: el mundo se «desoccidentaliza» y el mundo se rearma. En horas previas a la apertura de los primeros paneles, se publica el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), que constata que los gastos militares mundiales aumentaron un 4% en 2019, el mayor alza en diez años. «Se trata de una situación internacional muy peligrosa», dice Ischinger, que subraya el contexto de fondo, con crecientes rivalidades entre potencias y pérdida de capacidad de las organizaciones internacionales para mitigar conflictos. «Es importante que se hable y que no dispare», insiste Ischinger, «pero también hay una pérdida dramática de capacidad de toda la comunidad internacional para actuar» y una «política exterior que a menudo queda en frases retóricas». Ischinger defiende que la caja de herramientas diplomáticas también debe contener opciones militares, y el informe del ISS prueba que algunas decisiones de rearme llevan ya tiempo tomadas. «Los gastos militares globales aumentaron con la progresiva salida de las economías de la crisis financiera de 2008 y debido a una mayor percepción de amenazas», explica el director del IISS, John Chipman, en la presentación del informe en el Bayerischer Hof. Los dos países con los presupuestos militares más grandes del mundo, Estados Unidos (685.000 millones de dólares) y China (181.000 millones), continúan su aumento exponencial, con un alza del 6,6% en 2019 con respecto a 2018. La muerte del tratado sobre las fuerzas nucleares de mediano alcance (500 a 5.500 km) en 2019 y la posible extinción del tratado New Start sobre armamentos nucleares intercontinentales en 2021 han cambiado el equilibrio entre potencias, el status quo en el orden internacional post-Guerra Fría, haciéndose muy evidente el ascenso de China y el impacto de crisis regionales, desde Ucrania hasta Libia, convertidas en laboratorio de enfrentamiento de las potencias. Atendiendo a los niveles de rearme y al retroceso de la actividad diplomática y su influencia que el informe pone de relieve, la situación podría ofrecer una alarmante lectura: las potencias se preparan para un conflicto. Las nuevas armas desarrolladas por China y Rusia, que incluyen misiles supersónicos y submarinos sin tripulación, que son presentadas como "invulnerables", permiten a los líderes una comunicación pública que generan opiniones públicas nacionales sugestionadas por una supuesta ?superioridad? y añaden presión a la carrera armamentística. En este contexto, los gastos militares estadounidenses aumentaron por sí solos en 53.400 millones de dólares el año pasado, detrás de Arabia Saudí, Rusia, India y Reino Unido, y por delante de Francia, Japón y Alemania. «En Europa, la inquietud por Rusia continúa alimentado el crecimiento de los gastos con un alza de 4,2% con respecto a 2018», dice Chipman. Los presupuestos militares europeos en su conjunto se han limitado a recuperar su nivel de 2008 en términos reales. Oschingr critica especialmente la política de gasto militar alemana. «La fuerza militar de Alemania es demasiado débil en comparación con su peso político en Europa. Dada la enorme velocidad a la que se está desarrollando la política mundial, Europa va demasiado lenta. Creo que todos los vecinos estarían contentos si Alemania hubiera usado al menos tantos aviones contra Estado Islámico como Dinamarca», critica al país anfitrión de la conferencia, en referencia a que Dinamarca luchó contra el Daesh en Siria e Irak entre 2014 y 2016 con aviones de combate F16, mientras que la Bundeswehr alemana se ha involucrado solamente en la coalición internacional contra la organización terrorista con aviones Tornado de reconocimiento. La segunda clave del informe anual es la «pérdida del occidentalismo». Ni siquiera los países occidentales están ya seguros de sus valores, asegura el texto. Mientras que unos creen que Occidente está siendo amenazado por un «internacionalismo liberal», otros están convencidos de que precisamente «el retorno de los nacionalismos amenazan Occidente». Este es el entorno en el que Emmanuel Macron defenderá en Múnich su oferta nuclear. «Si Europa no aprende el lenguaje del poder, podría desaparecer geopolíticamente», ha dicho antes de llegar a la Conferencia. Macron, cuyo país es ahora el único de la Unión Europea dotado con el arma atómica, ha propuesto al resto de sus socios «un diálogo estratégico» sobre «el papel de la disuasión nuclear francesa» en la seguridad colectiva de Europa. En caso de que el gobierno de Estados Unidos se mantuviera pasivo en Oriente Medio y Próximo, o incluso abandone sus misiones en esa región, por ejemplo, mientras que Rusia y Turquía amplían su influencia en países como Siria y Libia, Europa podría diseñar una política nueva para Próximo y Medio Oriente.
12-02-2020 | Fuente: abc.es
Bukele acusa a los políticos salvadoreños de proteger al narcotráfico por retrasar su plan de seguridad
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha acusado a los políticos que representan la oposición a su gobierno de proteger a los narcotraficantes porque no están permitiendo que el Ejecutivo implemente su plan de seguridad. «Los políticos ahora están protegiendo ya no solo a pandilleros, sino a narcotraficantes», dijo Bukele en un acto público, ya que los diputados todavía no han debatido la posible aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para comprar equipamiento con el que las fuerzas de seguridad podrán fortalecer su lucha contra las pandillas. «Le llamaron juguete al buque, dijeron que para qué íbamos a necesitar eso, que para qué íbamos a combatir al narcotráfico», añadió el presidente, de 38 años, sobre las burlas que han proferido algunos políticos de la oposición sobre los helicópteros y el barco armado que el gobierno pretende adquirir con el préstamo acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Precisamente, el Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador mantienen un pulso desde hace semanas por la aprobación del préstamo del BCIE, el cual es una pata fundamental para proveer de recursos a la tercera fase del Plan Control Territorial. Según el Gobierno de Bukele, este plan ha logrado que el número de homicidios haya descendido un 58,8% entre enero de 2019 y 2020. Uso del Ejército El Ejecutivo introdujo una medida para aprobar el préstamo en noviembre de 2019, pero la Asamblea todavía no ha puesto este asunto a votación. Por ello, el Consejo de Ministros convocó el domingo pasado una sesión extraordinaria para que se debatiera el préstamo. Fue en esa sesión cuando Bukele entró en el congreso acompañado por militares armados, un gesto que ha sido criticado por la Asamblea y duramente censurado por Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a ese acto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución el lunes en la que prohibió al presidente hacer uso del Ejército para cumplir sus objetivos políticos. Bukele es presidente desde junio de 2019 y, antes de entrar en el parlamento con militares, tenía un nivel de aprobación cercano al 90%. Sin embargo, la Asamblea Legislativa está controlada por la oposición conformada por cuatro partidos: Arena, FMLN, PCN y PDC. Así, la oposición suma 72 de los 84 asientos que hay en el parlamento, por lo que supone un fuerte contrapeso al Ejecutivo. Pocos días antes de que Bukele y el Ejército irrumpieran en el congreso el domingo (9 de febrero) un juez salvadoreño ordenó a la justicia del país que investigue a dos expresidentes por supuestos nexos que tuvo el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más peligrosas. Así, el juez pidió a la Fiscalía que investigue a Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) porque hay sospechas de que los políticos del FMLN llegaron a ciertos acuerdos con la Mara Salvatrucha. Varias organizaciones internacionales han desvelado los estrechos lazos que mantienen las principales pandillas centroamericanas con los cárteles mexicanos de la droga.
28-01-2020 | Fuente: abc.es
El problema no es el «caso Delcy», es recibir al ministro de Turismo de Venezuela
Del desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ?por unas elecciones presidenciales en mayo de 2018 que buena parte de la comunidad internacional consideró un evidente fraude? debía seguirse el no reconocimiento de su Gobierno, incluido el ministro de Turismo, que fue recibido como tal en España la semana pasada, y el veto a la presencia de la Venezuela chavista en la feria Fitur celebrada en Madrid. La polémica de los últimos días se ha centrado en el «caso Delcy», por las torpes mentiras de José Luis Ábalos, ministro de Transportes y alto dirigente del PSOE, en relación a su entrevista con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a quien Bruselas, con el voto de la propia España en favor de las sanciones contra Caracas, tiene prohibido entrar o hacer escala en la UE. Además del importante punto de que España se ha saltado la sanción europea impuesta, convirtiendo en papel mojado la decisión comunitaria, cuya acción exterior normalmente ya cuesta de haber creíble en el mundo, está que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reciba a alguien como número dos de un Gobierno cuyo número uno Madrid dice no reconocer. Ministro de un presidente no reconocido Es esto último lo que tiene una dimensión más general y explica por qué, a pesar de que la llegada hace un año de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional venezolana ­?lo que le hacía asumir la presidencia interina del país por la ilegitimidad de Maduro?, este sigue en su puesto y nada ha cambiado. Por eso, conviene quitar por un momento la vista del «caso Delcy» y admirarse de que el Gobierno de Sánchez haya presentado como tan natural, sin que nadie lo haya cuestionado, que Ábalos hubiera ido a recibir al ministro venezolano de Turismo, que llegaba a Madrid para acudir a Fitur. En la diplomacia cotidiana es donde la presión sobre Caracas pierde todo el aire. Y es con ese normal trato a la Venezuela oficialista como la coalición Sánchez-Iglesias está virando la postura que en su día adoptó España, al margen de si el viaje de Rodríguez fue realmente solicitado o no (conspiración de Podemos) y si ahí había algún defendible intento de mediar en la crisis que vive Venezuela. Inconsistencia en la presión diplomática Pocos países ?apenas Estados Unidos? han sido consecuentes con la decisión de desconocer a Maduro libremente adoptada por cada uno, y eso irresponsablemente ha continuado dando oxígeno al régimen autoritario chavista. La presión diplomática sobre este solo podía tener éxito si el cerco era absoluto y si España, como otros países importantes en la relación con Venezuela, hacía lo siguiente: negar reconocimiento tanto al embajador como al resto de cuerpo diplomático designados por el Gobierno de Maduro o incluso proceder a su expulsión, rompiendo las relaciones diplomáticas; congelar las cuentas bancarias gestionadas por la Embajada y negarle transacciones financieras; rechazar los contactos bilaterales en el seno de organizaciones internacionales con representación del Gobierno chavista, y promover la exclusión de esta en organismos donde España tenga mayor influencia, como la Cumbre Iberoamericana de 2020, que este año debe celebrarse en Andorra. Muchas de esas medidas fueron aplicadas internacionalmente contra Sudáfrica durante el apartheid, y contribuyeron decididamente a un cambio de régimen al hacer sentir a Pretoria su consideración de «paria». En el caso venezolano, en una situación distinta pero también humanitariamente grave, la ruptura con el Gobierno de Maduro cuenta con la facilidad de que Juan Guaidó haya sido reconocido por muchos países como presidente encargado, también España. Coherencia con ese reconocimiento sería conceder la única representación de Venezuela en Madrid al embajador designado por Guaidó, darle el control del edificio de la Embajada, de sus cuentas bancarias y otros bienes en España, etc. Presión comercial y mediación Un ámbito en el que España puede aumentar la presión es el comercial. Pero ese ha sido el primer talón de Aquiles de cualquier política de dureza contra del Gobierno de Maduro por parte del Ejecutivo español, ya con Mariano Rajoy. El temor a que las empresas españolas presentes en Venezuela se vieran más perjudicadas de la cuenta ha suavizado ciertas actitudes en la Moncloa. Frente a una Administración Trump que ha actuado contra los intereses de la industria petrolera estadounidense con sus sanciones a PDVSA, España se ha mostrado más comprensible con la actividad de Repsol en Venezuela. Repsol se está saltando las sanciones de Estados Unidos alegando que sigue comerciando el petróleo venezolano para cobrarse la deuda contraída (es verdad que la estadounidense Chevron hace lo mismo, pero con menos descaro). Por último, el nuevo Gobierno español es libre de intentar sondear si puede avanvar en un papel de mediación para resolver la crisis venezolana. Pero contactos de ese tipo deben realizarse siempre de un modo mucho más discreto y sin poner patas arriba la política de dureza que se supone España está aplicando frente a Maduro, en la cual el no reconocimiento oficial de este es el elemento crucial.
19-01-2020 | Fuente: abc.es
Los líderes mundiales acuerdan dar una solución política y no militar al conflicto de Libia
Los líderes mundiales reunidos este domingo en la Conferencia sobre Libia en Berlín han alcanzado un acuerdo para dar al conflicto una solución política, y no militar, lo que pasaría por ratificar el alto el fuego declarado desde el pasado 12 de enero y por hacer respetar el embargo de armas supuestamente en vigor. De acuerdo con los primeros detalles que se están conociendo del comunicado final, habrían pactado además que los bandos, más la ONU, nombrarán representantes para una comisión que estudie solución política que empezará a trabajar en febrero. La cumbre tiene como objetivo apuntalar la precaria paz en este país y atajar las intervenciones extranjeras que amenazan con una escalada de la guerra, pero lo que pide el jefe del Gobierno libio de unión nacional (GNA), reconocido por la ONU, Fayez Al Sarraj, es exactamente lo contrario. En su primera intervención ante la asamblea, Al Sarraj ha pedido el despliegue de una «fuerza internacional de protección» en Libia, alegando que «si Jalifa Haftar no pone fin a su ofensiva, la comunidad internacional tendrá que intervenir con una fuerza internacional de protección de la población civil libia, no porque tengamos que estar protegidos como Gobierno, sino por la protección de la población civil libia, que ha sido bombardeada durante nueve meses y que puede emprender un nuevo éxodo de migración». Una misión armada de este tipo tendría que estar «bajo los auspicios de la ONU», ha añadido ante unos organizadores que lo que buscan es consolidar un alto el fuego y elaborar las bases de un proceso de paz. La cumbre patrocinada por Naciones Unidas, que reúne a once dirigentes de países implicados en el conflicto, como Rusia y Turquía, y a varias organizaciones internacionales, pretende evitar que la guerra civil transforme ese territorio en una «segunda Siria» poniendo fin a la múltiple interferencia extranjera en el país y abrir una vía a la paz. La interminable violencia en Libia se alimenta de apetitos en torno a sus grandes reservas de petróleo, rivalidades políticas regionales y juegos de influencia. Los dos protagonistas principales de la crisis en Libia, Fayez al Sarraj -jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GNA), reconocido por la ONU- y Jalifa Haftar -el cabecilla militar del Este del país- están presentes en Berlín, pero no se sentarán a la misma mesa. El primero es apoyado por Turquía, mientras que el segundo es apoyado por Rusia. Se espera de estos países al menos un compromiso de respetar el embargo a la entrega de armas, decretado en 2011 pero que en gran medida constituye papel mojado. El borrador del documento final de la cumbre exige además un cese «total» y duradero de las hostilidades. «Consideramos la cumbre de Berlín como una etapa importante para consolidar el alto el fuego y avanzar hacia una solución política» en Libia, ha dicho el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. «La conferencia puede ser el primer paso hacia la paz en Libia», ha afirmado por su parte el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. El enviado de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, ha subrayado que Libia «necesita» que la interferencia extranjera que alimenta el conflicto se «detenga», en velada referencia a la reciente llegada de soldados turcos a territorio libio, la presunta presencia de mercenarios rusos y la afluencia continua de armas entregadas por varios estados, que contribuyen a que el conflicto se intensifique. «Este es un conflicto regional creciente, que se parece cada vez más a Siria», ha prevenido desde Washington un alto funcionario del Departamento de Estado, «esta es la razón por la cual toda la comunidad internacional se está movilizando». Temor a un nuevo flujo de inmigrantes Europa, representada en Berlín por Josep Borrell, también teme un nuevo flujo de inmigrantes, un temor que Turquía utiliza para justificar su intervención. Francia está además bajo sospecha de apoyar a Haftar en lugar del GNA, creando una brecha en la postura común europea y devaluando su potencial diplomático. Es necesario «ver las cosas como son, ver el equilibrio del poder tal como es, con Haftar, quien controla con sus aliados aproximadamente el 80% del territorio», explica una fuente diplomática francesa. Por su parte, la ONU subraya su confianza en que durante esta conferencia se pueda «consolidar el alto el fuego» obtenido por Rusia y Turquía y que entró en vigor desde el 12 de enero. Hasta ahora, la tregua ha sido más o menos respetada por las fuerzas del mariscal Haftar y las del GNA a las puertas de la capital. Después de controlar el este y una gran parte del sur de Libia, el mariscal Haftar se propuso conquistar el centro de poder en Trípoli, contando con una victoria relámpago. Pero desde principios de abril se ha enfrentado a una feroz resistencia. Las fuerzas pro-Haftar han bloqueado las principales terminales petroleras del este de Libia el sábado, arrojando así un balde de agua helada sobre la cumbre de Berlín, que podría carecer de fuerza contra los hechos consumados.
13-01-2020 | Fuente: abc.es
Edel González: «A muchos altos funcionarios del Gobierno cubano les duele la represión contra la disidencia»
Cuba, a pesar de los últimos cambios ?aprobación de una reforma de la Constitución y el relevo en el Gobierno en 2018 de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel?, sigue mostrándose ante el mundo como uno de los países con mayor represión y que menos respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente si disiente con la doctrina del régimen. Esto se refleja en el número de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, sin órdenes judiciales, sin derecho a asistencia legal, con acusaciones por delitos respaldados por pruebas falsas.. La ONG Prisoners Defenders ha presentado hoy en Madrid un informe inédito con los datos actuales sobre el número de carcelado en el país ?90.000 personas?, el tipo de condenas ?con énfasis especial en las predelictivas? y el porcentaje de condenas de culpabilidad de los miles de procesos abiertos ?entre el 93 y 95%?. Estos datos confirman que Cuba es el país con mayor población reclusa del mundo. La presentación la ha completado la participación del jurista cubano Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba, que, consciente de los problemas que presenta el sistema penal cubano, aboga por un diálogo nacional entre los distintos estamentos del país que permita «migrar hacia cambios más acordes con las necesidades de derechos humanos en la isla». González Jiménez no duda en afirmar que el obstáculo principal para que esto se produzcan es el «miedo» que durante décadas se ha instaurado en todos los niveles de la sociedad cubana a la hora de reclamar al régimen cualquier pequeño avance en derechos y libertades fundamentales. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», reflexiona durante una entrevista con ABC. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», asegura Edel González a ABC El jurista cubano, que actualmente está ampliando su formación en Perú y realizando una investigación «sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba», ha hablado esta mañana en Madrid sobre los derechos humanos en la isla así como del diálogo como motor de cambio. Durante la conversación con este periódico ha mostrado su preocupación ante la deriva a la que puede llevar el aumento de la presión externa ?por parte de EE.UU? y de la confrontación interna entre el gobierno y las voces disidentes en la isla, lo que puede desembocar en una mayor represión. Comparte con ABC algunas de las medidas que cree contribuirían a mejorar la situación social en su país, así como a aumentar el respeto por los derechos humanos. Muy consciente de que su pronunciamiento público sobre este tema puede tener serias repercusiones para él, a nivel personal y profesional, e incluso suponerle la prohibición de volver a entrar en Cuba, espera que este paso al frente que da sea seguido por otros muchos. También quiere dejar claro que no es un disidente «ni un opositor». «Nunca he tenido ningún tipo de vínculo con esas organizaciones, ni siquiera las conozco». González Jiménez se califica a sí mismo «como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, aunque es lento», admite. «Tengo la convicción de que la nueva Constitución da pie para que se produzca una serie de normas jurídicas que tiendan a elevar la libertad de los cubanos. Si bien no se refleja en ella de manera expresa que ciertos derechos fundamentales del ser humano puedan ser alcanzados en Cuba, esto es, que tengan un respaldo jurídico, la producción normativa inferior sí puede hacerlo», asevera. Mientras se logra esto, Cuba, con 90.000 presos, es la mayor cárcel del mundo. A usted, como jurista, ¿esto le parece justo? No es justo que ningún país tenga 90.000 presos, pero lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás de esta cifra. En casi todos los países sudamericanos tienen menor número de presos, sin embargo, la inseguridad del ciudadano se respira hasta el punto de que tienen miedo de la policía porque hay una alta delicuencia y las estructuras policiales, que deben defender esa garantía de la seguridad del ciudadano, se mezclan mucho con la delincuencia. En esos países hay bajos índices de presos, pero altos índices de corrupción e impunidad. Desde ese punto de vista, esos 90.000 presos en Cuba demuestran que existe una alta seguridad jurídica en la isla. Otra cosa es que dentro de esa cifra se encuentre un número de personas injustamente encarceladas, a las que se les puede aplicar otra tipo de sanciones, o también, inclusive, que el sistema debería despenalizar algunas figuras jurídicas en vistas a otorgar más libertad.. Ahí sí le digo que el sistema jurídico cubano tiene que trabajar y también el sistema carcelario. Durante décadas, el Gobierno cubano ha utilizado como excusa su lucha contra la delicuencia para justificar la detención y encarcelamiento de opositores y disidentes. Tenemos como ejemplo las condenas predelictivas, por las que se detiene a personas que pueden ser peligrosas en un futuro. Esto es una clara vulneración de sus derechos.. Cuba defiende esa figura jurídica. La sociedad debe protegerse ya sea por delitos o por conductas que le sean lesivas y puedan constituir el día de mañana un delito. Los juristas en Cuba hemos tratado, a partir de proyectos de reforma legislativas, de proponer abiertamente que esa figura desaparezca de la ley de procedimiento penal porque realmente es una figura retrógrada. Estamos hablando de algo instituido por un sistema más totalitario. También hemos abogado de que en materia de procedimiento tenga más garantía de derechos el presunto asegurado. Y realmente no se nos ha permitido a los juristas que en el código penal en las propuestas de variantes esa figura desaparezca. Por experiencia personal pude conocer que, cuando entraba a fondo en materia probatoria para determinar la culpabilidad de esa conducta antisocial, en muchas ocasiones se falsificaba o adulteraba la información. Un ejemplo de falsificación de información es el caso del disidente José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre, y al que se le acusa de un presunto delito de secuestro y lesiones apoyado en pruebas falsas, según testigos y la ONG Prisoners Defenders. Pude acceder a todas las pruebas, y verdaderamente es un reto grande para el tribunal de Cuba si es capaz de mostrarse independiente a la hora de valorar las pruebas que presenta la acusación frente a las que él [Ferer] tiene a su favor. Si lo hace así, Ferrer tiene altas probabilidades de salir absuelto. De momento, Ferrer no cuenta siquiera con un abogado.. No tiene abogado porque no ha querido. Existen bufetes colectivos. Lo que sucede es que la disidencia y los opositores en Cuba creen que el cuerpo de abogados en la isla está subordinado a los intereses del partido Comunista y a los de la Seguridad del Estado, y que cualquier ejercicio de defensa de un abogado lo que va hacer es culpabilizarlo más. Los disidentes deben apartarse de ese pensamiento porque existen muchos abogados profesionales que no están subordinados. Aunque constituye un reto ejercer con toda libertad. ¿Hay justicia independiente en Cuba? Hay una justicia independiente para muchas cosas.., sobre todo en materia de delitos comunes. Ya cuando el caso adquiere una relevancia política, como es el caso de José Daniel Ferrer, no se interfiere tal vez de manera directa sobre la justicia, pero el propio miedo que tienen los miembros de ella ?abogados, fiscales, jueces? a que una decisión sea favorable hacia un disidente o hacia un opositor priva de toda la capacidad de racionalidad y de todo el ejercicio de competencia que puede tener la persona que debe tomar la decisión. ¿Está hablando de autocensura de la propia justicia por miedo a molestar al poder? Sí, lo que actualmente está impactando más en la población en Cuba es la autocensura que los cubanos nos imponemos. Preferimos la comodidad, el no tener ningún tipo de conflicto con los agentes de la Seguridad del Estado o con los agentes del partido, que propiciar la justicia que debe producirse por los cauces normales. Ese es un problema hoy en Cuba que hay que resolver. Hay que hacer un llamamiento a los juristas en Cuba y a todos las personas vinculadas con el derecho de que no se autocensuren, que no tengan temor porque, inclusive, la propia Constitución y las propias leyes orgánicas que reglan esas instituciones les exigen que como primer valor lo que se debe conseguir es la justicia. Pero el miedo está instituido. La Seguridad del Estado tiene mucho peso, de manera que cuando no se favorecen sus intereses en una decisión judicial o administrativa, entonces puede reaccionar de manera negativa contra las personas que han tomado esas decisiones utilizando mecanismos alternativos que pueden provocar que esas personas pierdan credibilidad ante la misma institución, o que les investiguen buscando faltas éticas. Esa información después se hace llegar a la estructura de dirección de esos organismos, y esa persona puede perder su trabajo o ser trasladado. Esas consecuencias colaterales son las que hacen que todavía la sociedad cubana se desprenda de sus compromisos por miedo a la probable represión posterior que puede surgir cuando hace un acto de justicia. Nosotros tenemos que ser capaces de borrar ese miedo del escenario cubano. De esta manera los jueces, los fiscales, los abogados y todas las personas que tienen que defender los derechos en Cuba cometerían menos errores. «Nosotros tenemos que ser capaces de borrar ese miedo del escenario cubano. De esta manera los jueces, los fiscales, los abogados y todas las personas que tienen que defender los derechos en Cuba cometerían menos errores» ¿Y cómo se puede erradicar ese miedo? Primero tendría que partir de una voluntad política, que tiene que reunirse con los jueces, con los fiscales y los abogados para decirles que su misión es conseguir la justicia, bajo cualquier circunstancia. Y, por otro lado, frenar las reacciones libertarias que tienen los oficiales de la Seguridad del Estado. Decirles que cada vez que la justicia toma una decisión ellos no pueden acudir contra las autoridades que estuvieron involucradas en ella. Eso es lo que provoca la violación de derechos. Y es por esto que constantemente la justicia cubana está siendo acusada en organizaciones internacionales de DD.HH. Nosotros, los juristas, debemos gestionar este tema y hablarlo en nuestros congresos sin miedo; transparentárselo a la dirección del país, para que esta sepa lo que esta sucediendo. Una mala decisión de la justicia también coloca a la dirección del Estado en una mala posición a nivel internacional. ¿Realmente le preocupa al régimen cubano su imagen a nivel internacional? Cada acusación que recibe es desmentida, y asegura que no hay presos políticos en Cuba, cuando diversas ONGs reconocen a 126 presos políticos. ¿Usted también cree que no hay presos políticos en su país? Según el gobierno no hay presos políticos. Ciertamente toda aquella persona que es encarcelada, reprimida, perseguida porque tenga un pensamiento político, aunque el delito que se le tipifique no sea propiamente político sino común, como desacato, resistencia, desobediencia, o delito de lesiones, que se pueda establecer como es el caso de José Daniel Ferrer, no podemos ser tontos, evidentemente obedece a unas posiciones políticas de enfrentamiento. No a una posición de delito común. En ese sentido, el número de personas que está siendo detenido o cumple penas de prisión debe ser sometido a un proceso de revisión judicial ante una comisión u órgano judicial al que se le dé toda la confianza para que revise los 126 casos. Una confianza que le permita decir que hay irracionalidad, que ese desacato obedece a que esa persona se manifestó, y en el caso de Ferrer se le dé la libertad. Y que la actuación de la policía estuvo de más, porque manifestarse es un derecho cívico de cualquier persona. Pero los agentes de seguridad y de la policía que hostigan a la oposición con constantes allanamientos y detenciones arbitrarias obedecen órdenes que vienen de mucho más arriba.. Yo diría que hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia y a la oposición cubana. Pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales que desembocan en el enfrentamiento. No solo la culpa está arriba a la hora de trazar directrices para evitar que fructifique alguna organización que abiertamente cuestione el régimen. Hay muchos oficiales de la Seguridad del Estado que a nivel local actúan para recibir un halago. En la rendición de cuentas de los Tribunales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 2017, tuvimos una reunión previa con el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, que era secretario del presidente de la República en aquella época. Hoy es secretario de la Asamblea Nacional y secretario del Consejo de Estado, los máximos órganos de poderes instituidos por el Estado. Aquel día, Acosta nos dio a todos los jueces del país la orientación, de parte del compañero Raúl Castro, de que no debíamos temer ni ser influenciados por el Ministerio del Interior ni por cualquier agente externo en materia de justicia. Pero el problema es que la autocensura que tenemos los cubanos por ese miedo que gravita por encima de nuestras cabezas, y que se viene arrastrando desde hace años, nos ha impedido que seamos todo lo eficaces y exigentes para que en Cuba haya justicia en materia de ciertos derechos humanos. Yo quiero que se entienda esto, porque se ha hablado mucho sobre las orientaciones que vienen de arriba sobre el sistema judicial, que debemos plegarnos a ellas. Yo viví casos en los que tuve que juzgar a disidentes por delitos de desacato, resistencia e, incluso, de atentado. En aquellos momentos, yo no tenía la vocación de decir que ese arresto tenía como base una ilegalidad, en la que debía haber habido una sentencia absolutoria. Hoy, yo me arrepiento de no haber tenido esa visión y habérsela transmitido a los jueces. Pero no fue por haber recibido una orientación. «Hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia y a la oposición cubana. Pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales que desembocan en el enfrentamiento» Entonces, ¿usted reconoce haber sido injusto en algunos procedimientos? Yo tenía que coordinar la política y la justicia en una provincia, y me hago responsable, junto a algunos jueces, de algunos actos de injusticia contra algunas de esas personas que hoy están en esa lista. Lo tengo que asumir honestamente. Y si pudiera transmitírselo a mis compañeros, como lo estoy haciendo aquí ahora, lo haría con confianza y sin ningún tipo de temor. ¿Ve en el Gobierno cubano disposición para mejorar la situación en materia de DD.HH.? Estamos llamados a eso. Pero la Seguridad del Estado o los órganos de inteligencia de Cuba yo creo que van por un camino, y las estructuras que tienen que ver con el proceso de garantizar esos DD.HH. vamos por otro. Si todos nosotros, los que tenemos en nuestras manos gestionar mejores leyes, mejores procedimientos, mayor justicia para dar calidad de vida a los ciudadanos cubanos, si todos nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en que eso tiene que ser un objetivo a conseguir, yo creo que Cuba está en condiciones de avanzar en materia de DD.HH. Lo que domina Cuba hoy es la cultura del terror.. Hay miedo a tomar cualquier decisión que vaya en contra de los intereses del partido, de la Seguridad del Estado, que son los que respaldan esa voluntad política del partido Comunista. Eso frena todas las capacidad personales, profesionales y humanas para darle al ciudadano más libertades y más derechos. También es cierto que en Cuba hay mucho miedo a transparentar este tipo de temas. Algo que añoramos infinidad de abogados, fiscales y jueces, con los que he compartido labores durante 17 años. Este tipo de cosas se encuentran paralizadas hasta que alguien dé el paso. Mientras tanto seguiremos en el subdesarrollo en materia de DD.HH. Usted está dando un paso adelante exponiendo este problema de manera pública y ante medios internacionales, ¿cuál es su siguiente paso, o su hoja de ruta? Nunca ha sido mi objetivo abandonar el país, tengo muchos intereses en Cuba, es la patria donde nací, donde me hice profesional y un ser humano, donde cometí errores pero también aprendí mucho. Mi intención es volver al sector de la justicia, de ser posible al sector judicial para cumplir con los objetivos que me planteé como profesional. Yo no quiero vivir fuera de Cuba, ni desarrollar ningún tipo de actividad disidente u opositora porque soy de los convencidos de que hoy están creadas las condiciones para que en Cuba se den pasos mucho más acelerados de como se están dando en materia de DD.HH. Tiene que ser además un proceso interno, porque los cubanos nunca vamos a permitir que venga alguien de fuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de DD.HH. Nos podrán sugerir, ayudar, colaborar o asesorar.. Cuando hay un grupo disidente que no reconoce el modelo de Estado, que ha reconocido el pueblo durante 61 años, se produce un enfrentamiento que tiene una base ideológica y que provoca que se frene cualquier actitud de cambio dentro del país. «Los cubanos nunca vamos a permitir que venga alguien de fuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de DD.HH.» ¿Dentro de Cuba cuenta con gente que apoye estos cambios? Sí, muchísimos profesionales del derecho, políticos, personas dentro del gobierno.. El tema de los DD.HH. es un tema muy debatido entre nosotros los cubanos. Y somos del criterio de que tienen que existir ciertas libertades para que Cuba salga del estado de subdesarrollo en que se encuentra hoy. Incluso para tener más aliados internacionales, y que salga de la presión que el Gobierno de EE.UU. ha establecido sobre Cuba. Todas estas personas están de acuerdo en que se deben dar esos pasos, pero hace falta alguien de la estructura del Estado, del más alto nivel, que les diga vamos a darlo.. ¿Existe esa persona? Yo diría que sí. Al propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, por muchas críticas que reciba ?todavía está influenciado por el pasado y se subordina a los intereses del partido?, cuando yo le conocí no le gustaba el tema de la violación de DD.HH. Y era partidario de que en algunos temas había que liberar a los cubanos, como en materia económica, desde el punto de vista de un emprendimiento que permitiera desarrollar la economía familiar, o también la regional e incluso nacional, como un elemento complementario de la empresa estatal. Pero hay normativas internas de carácter restrictivo que impiden que esa voluntad política que viene de arriba se materialice. Y eso tiene como consecuencia que el desarrollo de las libertades económicas y del ciudadano no avancen. Otro problema es que no existe una jurisdicción donde el ciudadano pueda acudir para resolver ese perjuicio. Hoy Cuba, en materia de procedimientos que amparen y escuchen al ciudadano que ve afectados sus derechos fundamentales no existe. Este es otro tema que deben plantearse los juristas. Entonces, ¿quién resuelve esas contradicciones que existen entre los derechos incluidos en la Constitución pero que son violados por alguna norma de rango inferior? No hay un tribunal que garantice que se respeten esos derechos. Creo que el tema de los DD.HH. hay que debatirlo en profundidad, algo que no está previsto, por ejemplo, en el cronograma de nuevas normas legislativas que deben aprobarse en los próximos años. Se han planteado veinte problemáticas que tiene el cubano hoy, pero nada relativo a los DD.HH. También debería convocarse un proceso nacional consultivo para que todo el mundo participe y se llegue a un consenso sobre los derechos fundamentales que recoge la Constitución, y cuáles son las normas inferiores que van a garantizar esos derechos, así como cuáles son las garantías judiciales para que no se violen. Y si se violan, que se abra un proceso de restitución. Este es un tema que nunca se ha abierto en Cuba por el temor a la palabra derechos humanos. Es un tabú del que todo el mundo tiene miedo a hablar en Cuba, especialmente entre los técnicos del gobierno. Y aunque tenemos muchos derechos sociales en la isla ?salud, deporte, educación..?, hay otros muchos que están limitados, como el de la libertad de expresión o el de asociación pacífica, que hay que abrirlos. Dando esos pequeños pasos en una primera etapa, de aquí a dos o tres años podríamos plantearnos saltos más profundos. Raúl Castro, como primer secretario del partido Comunista de Cuba, sigue siendo el hombre fuerte del régimen, ¿qué papel jugaría en todo esto? Él, junto al partido es quien traza los lineamientos generales del país. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen la facultad de cuestionar esa voluntad política, aunque el miedo también gravita sobre ellos. Pero vuelvo a insistir en que Raúl Castro ha anunciado e indicado que estos diputados y todos los funcionarios del gobierno no tengan temor. ¿Y no cree que podría ser una hipocresía dicha postura? No puedo asegurar ni lo uno ni lo contrario, porque nosotros no nos atrevemos a utilizar esa libertad que nos está otorgando. ¿ Y la sociedad civil cubana? En Cuba, la sociedad civil no admite ninguna participación de organizaciones opositoras o disidentes. Eso ya es una limitación. Por eso, en este proceso de debate inclusivo jugaría un papel importante la Federación de Mujeres cubanas (reúne a más de 4 millones de mujeres) a la hora de introducirlos. En Cuba, donde hay un gran empoderamiento de la mujer, hay un gran problema que es el éxodo de jóvenes que abandonan sus familias buscando prosperidad. Después muchos de ellos, que expresan alguna opinión contraria al régimen en el exterior, no pueden regresar al país. Este es un tema que debería planteárselo la Federación de Mujeres porque es algo que vulnera el derecho familiar. Algo parecido sucede con los médicos de las misiones que deciden salirse del programa -principalmente por problemas económicos-, pro lo que no pueden volver al país durante varios años. Esa ruptura con el Estado debería tratarse desde el derecho administrativo o laboral, y no suponer implicaciones políticas para esas personas. Al impedírseles regresar provocan que los derechos de sus familiares en la isla, que dependen económicamente de ellos, sean lacerados. El tema de la prohibición de la entrada de los médicos se está debatiendo mucho en Cuba y está causando un gran daño a las mujeres cubanas porque les está afectando en sus derechos familiares, que se confunden con los derechos y las libertades políticas. Esto está deslegitimando al Estado y aumentando su ineficacia, porque está desmoralizando a los ciudadanos cubanos. Quien puede exponer y debatir estos temas de manera pública es la Federación de Mujeres cubanas. Las mujeres son las que sufren los problemas económicos, las que ven cómo detienen y encarcelan a sus hijos por opinar.. Desde dentro, son ellas las que pueden poner en marcha este proceso de concienciación y debate para aunar toda la diversidad de intereses e impulsar la mejora de los derechos humanos en Cuba. Yo pondría mi confianza en ellas, sin dejar fuera, claro está, a la opinión disidente ni a la de los emigrantes, que son ya más de tres millones. ¿Le preocupa cómo puede ser recibido e interpretado su mensaje por el régimen? Tengo mucho miedo. Miedo de que lo malinterprete el sistema político, el de justicia, al que pertenezco, y en el que tengo a compañeros valiosos. Pero creo que lo estoy haciendo de corazón. En este momento no tengo ni un peso, ni garantía de nada. No soy disidente, ni opositor. Estoy haciendo esto porque estoy viendo que la confrontación entre ciudadanos y el Estado está creciendo en Cuba. La gente está perdiendo el temor, se está enfrentado y transparentando fallas del sistema. Y no veo que haya una reacción en Cuba a ser condescendiente para aceptar que existen estos fallos. Eso, cada día que pasa, entra en una zona de riesgo y de una confrontación mayor. Y no me gustaría ver un día en mi país un ejército o una policía especializada tirando gases lacrimógenos y reprimiendo a la población. Estamos a tiempo de llegar a un consenso de cómo Cuba debe funcionar para evitar esa situación. «Tengo miedo, pero hago esto porque no me gustaría ver un día en mi país un ejército o una policía especializada tirando gases lacrimógenos y reprimiendo a la población» ¿Lo ve posible? Tengo mucha fe y esperanza. Conozco inmensidad de cuadros políticos del partido y del gobierno porque he tenido la oportunidad de estar en toda Cuba en los 17 años de mi actividad judicial. Conozco a muchísimos profesionales que desean que haya en materia de derechos humanos un proceso de avance. Que dejemos atrás el miedo y el estancamiento. Cuando este mensaje llegue, espero que esa voluntad se transparente, si la censura no me coarta. Creo que vamos a prosperar. La gente se ha hecho una idea de que todos los funcionarios del partido son extremistas y quieren acabar con la disidencia, y no es así. Hay una parte de la militancia que no está de acuerdo con la manera en que se reprime a la disidencia. Otra cosa es que no lo digan. A una gran cantidad de altos funcionarios del gobierno le duele esta manera de represión. No se atreven a opinar por miedo, pero si se gestiona, por el mismo Estado, para que se dé un paso hacia adelante en estos temas, usted va a ver cómo Cuba se va a abrir y vamos a avanzar inconmesurablemente hacia un estadio superior de derechos humanos. ¿Cuenta con algún apoyo internacional para sacar adelante su propuesta de cambios? Sí, numerosos eurodiputados, políticos y empresarios europeos, la ONG Prisoners Defenders, también Civil Rights Defenders, que es una organización sueca. También estamos en conversaciones con la Fundación Euroamérica, de Ramón Jáuregui, muy interesados en el avance de los derechos humanos y económicos en Cuba.
08-01-2020 | Fuente: elpais.com
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