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Noticias de organizaciones internacionales

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Rusia rechaza la resolución del Consejo de Seguridad sobre el ataque químico en Siria
Rusia ha rechazado el proyecto occidental de resolución presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que se condena el presunto ataque químico perpetrado en el norte de Siria y en el que murieron al menos 72 personas. «El texto presentado es categóricamente inaceptable. Su defecto está en que se adelanta a los resultados de la investigación y sobre la marcha designa culpables», declaró María Zajárova, la portavoz de la Cancillería rusa, en una rueda de prensa. La diplomática rusa aseguró que el proyecto tiene «un claro carácter antisirio» y subrayó que «su objetivo es dificultar y hacer prácticamente imposible avanzar en el proceso de negociación» para el arreglo del conflicto en el país árabe. «El proyecto ha sido preparado a toda prisa. Se caracteriza por su negligencia. Plantear al Consejo de Seguridad ese texto es simplemente indecente», dijo. Zajárova acusó a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de basarse en información falsa a la hora de proponer la resolución, y puso en duda la veracidad de los vídeos sobre dicho ataque publicados por medios occidentales. Dejar de proteger a Assad Por su parte, Francia y Reino Unido exigieron hoy a Rusia que deje de proteger al régimen sirio en Naciones Unidas y apoye una resolución de condena del supuesto ataque químico perpetrado en el norte de Siria. «No hay ninguna alianza política que pueda justificar cerrar los ojos ante atrocidades masivas, contemporizar, desviar la atención del mundo a otras tragedias, negar las evidencias», dijo el embajador francés ante la ONU, François Delattre. Su homólogo británico, Matthew Rycroft, insistió en que los vetos rusos en el Consejo de Seguridad no hacen más que animar al régimen sirio a continuar matando y defendió que el texto que proponen su país, Francia y EE.UU. sobre el ataque químico debe ser perfectamente aceptable para cualquier país. El texto occidental condena el ataque en la localidad siria de Jan Shijún, pide a la OPAQ que informe rápidamente sobre su investigación del suceso y exige a las autoridades sirias que colaboren con los expertos internacionales. Las potencias occidentales no han dudado en responsabilizar al régimen sirio de Bachar al Assad del ataque, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, habló de un probable «crimen de guerra» y aseguró que Rusia e Irán, como garantes del alto el fuego en Siria, son responsables morales de lo sucedido. Al respecto, el Kremlin aseguró hoy que sigue apoyando al Ejército sirio en su lucha contra el terrorismo pese a las acusaciones de que el régimen sirio está detrás del ataque químico. A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Ígor Konashenkov, afirmó hoy que la aviación siria bombardeó ayer durante una hora un depósito de armas de los insurgentes que albergaba un taller para la producción de armas «tóxicas» destinadas a Irak. «Desde este enorme arsenal de armas químicas los combatientes las enviaban al territorio de Irak. Su utilización por los terroristas ha sido demostrada tanto por las organizaciones internacionales como por el Gobierno de ese país», dijo.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El Senado español pide este miércoles liberar a los presos políticos de Venezuela
El Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles una moción del Grupo Popular para que España exija al Gobierno de Venezuela «la inmediata liberación de todos los presos políticos y la anulación de las inhabilitaciones que pesan sobre los dirigentes políticos de aquel país» para «facilitar un verdadero diálogo inclusivo y efectivo que permita en un contexto de concordia, la reconciliación entre venezolanos y la mejora de su nivel de vida». Además, busca restituir «todas las competencias que la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional y que le han sido detraídas» y respetar los calendarios electorales de la Constitución y las leyes, así como permitir a organismos internacionales y regionales acceder al país «para colaborar con las autoridades» en la crisis humanitaria y establecer los medios para «revertir la carencia de medicamentos y alimentos esenciales». [Lee La represión de las protestas, la mayor en la historia chavista] Los populares advierten de la ausencia en Venezuela de respeto a los derechos humanos, separación de poderes, libertad de prensa y de opinión y respeto a «la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas». «La progresiva deriva totalitaria del Gobierno ha ido cercenando cada uno de estos principios esenciales de la Democracia hasta llevar a los venezolanos a la insoportable situación que hoy viven», señala la moción, que defenderán los senadores Dionisio García Carnero y Carlos Aragonés. La moción del PP pide «la inmediata liberación de todos los presos políticos y la anulación de las inhabilitaciones sobre los dirigentes políticos»Para los populares, a la crisis política «sin parangón en ninguna democracia» se suma «una terrible crisis social que arroja cifras de un país en guerra», entre ellas la de más de dos millones de venezolanos que han tenido que huir o los 30.000 homicidios de 2016. Además, señalan que el diálogo propiciado por organismos y personalidades internacionales «no ha dado resultados», sino que hay más «endurecimiento y represión». Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta y tiene garantizada la aprobación de la moción, García Carnero espera «el respaldo mas amplio posible», ya que la situación de Venezuela «no es aceptable por ningún demócrata del mundo», señala a ABC. El senador popular recuerda que su grupo viene denunciando esta deriva desde 2004, promoviendo 53 debates sobre Venezuela. Podemos y Esquerra no piden liberar a los presos Distintos partidos plantean enmiendas. Podemos y Esquerra Republicana quieren sustituir el texto por otros en los que no se pida liberar a los presos. En el caso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apoya los «intentos de mediación» como «los promovidos por Unasur» con la participación de tres expresidentes, incluido el español José Luis Rodríguez Zapatero. Esquerra, además de respaldar también ese diálogo, va más allá y pide «respetar, basándose en el principio de no intervención, la legalidad y el ordenamiento jurídico vigente, así como los procesos políticos que se suceden en la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de evitar un empeoramiento de las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos estados». El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas de adición en las que propone añadir al texto del PP dos puntos que apuesten por el diálogo. Una de ellas busca manifestar «el convencimiento de que una situación tan extraordinaria y compleja como la que se vive en Venezuela debe solventarse sobre una base fundamental como es el diálogo de los diferentes actores políticos y desde las distintas instituciones de la República que posibiliten la resolución de los conflictos garantizando la paz social y la estabilidad política e institucional necesaria. La otra recoge la solicitud al Gobierno de «respaldar y colaborar» con las iniciativas de diálogo de distintas organizaciones internacionales. Tanto la enmienda de Ciudadanos como la del PNV ponen el acento en la actuación más allá de España. Los primeros proponen impulsar en «todos los foros europeos e internacionales» que el Gobierno venezolano «modifique su estrategia, cumpla sus responsabilidades y garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades», mientras que la formación nacionalista vasca quiere buscar «una posición común de la Unión Europea sobre Venezuela». El PDeCAT (antigua Convergencia) sugiere una condena expresa de «la situación de violencia y represión», agravada en las manifestaciones de los últimos días, así como mostrar un «compromiso con la defensa de la separación de poderes, las libertades, los principios democráticos y los Derechos Humanos». En total, se han registrado más de 370 enmiendas, de las que hasta 366 son de los dos senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete. En esta inusual cantidad de enmiendas para una moción que ocupa poco más de dos folios propone una variopinta lista de pronunciamientos sobre países que van desde Marruecos a Burkina Faso, pasando por Bangladesh o Barbados. Carles Mulet saltó recientemente al primer plano de la actualidad política por formular una pregunta al Gobierno sobre la posibilidad de un «apocalipsis zombi». Según García Carnero, solo pretende «llamar la atención», lo que considera «una falta de respeto a los ciudadanos que representa y a los venezolanos». El debate de la moción en el Pleno del Senado está previsto a partir de las 10:30 y se espera que lo sigan desde la tribuna familiares de distintos presos políticos venezolanos.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Maduro, atrapado entre la protesta y el ala dura chavista
Nicolás Maduro se encuentra entre la espada y la pared por la presión de las protestas opositoras y del ala dura del chavismo. El presidente de Venezuela se halla en una encrucijada, pero pronto debería tomar una decisión si no quiere que la crisis empeore y la ingobernabilidad se desborde, sostienen los analistas. En la cuarta semana de manifestaciones para exigir comicios anticipados, entre otras reclamaciones, la Policía impidió que la marcha opositora pudiera llegar este miércoles a la Defensoría del Pueblo, a la que se le insta a que se pronuncie sobre los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que anularon las competencias de la Asamblea Nacional. Un requisito necesario para que el Parlamento pueda destituir a los jueces. El chavismo moderado propone convocar elecciones regionales a mediados de año, junto a la reelección de los tres diputados del estado de Amazonas, y comicios locales en diciembre. El ala dura chavista, sin embargo, descarta medirse en las urnas y quiere aplastar a la oposición radicalizando la violencia en las calles y encarcelando a sus dirigentes. Con la reelección de los tres diputados vetados por el régimen, la Asamblea recuperaría la mayoría absoluta de 112 legisladores, de la que había sido despojada en diciembre de 2015. La oposición entonces podrá ejercer plenamente sus competencias, como convocar elecciones generales, nombrar magistrados y directores del Consejo Nacional Electoral (CNE). El ala dura del chavismo no quiere negociar sino acabr con la oposiciónPero lo que realmente preocupa al presidente Maduro son las protestas de la oposición, que han recibido el apoyo de organizaciones internacionales y gobiernos demócratas. Las marchas opositoras han sido masivas, efectivas y han sacado de sus casillas al mandatario, según los observadores. En las últimas semanas, a su manera, Maduro ha tendido puentes a la oposición y la ha invitado a dialogar para enfriar las protestas. Pero los líderes opositores no se fían y no quieren repetir el fracaso del año pasado, cuando disolvieron las manifestaciones con la esperanza de que el Gobierno cumpliera sus promesas de convocar elecciones, liberar a los presos políticos, respetar el Parlamento y abrir un canal humanitario para repartir alimentos y medicinas. Ninguna de las peticiones fue satisfecha. La crisis económica y social se ha agravado con la crisis política por el intento de anular las competencias de la Asamblea Nacional hace un mes. La oposición ha salido con más fuerza a la calle este año a reclamar los derechos legislativos conculcados por las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Maduro ha enviado emisarios a los diferentes partidos políticos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero ninguno de los dirigentes ha querido atenderlos ni de cerca para evitar ser fotografiados o grabados con los oficialistas; como ocurrió el pasado octubre en la mesa de conversaciones, en la que ejercieron de mediadores el Vaticano y los tres expresidentes de Unasur, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos. El alcalde chavista Jorge Rodríguez no ha podido romper esta vez la barrera de la desconfianza. Los líderes opositores están decididos a continuar con las protestas y presionar en la calle mientras el régimen no ofrezca las cuatro condiciones para volver a la paz y normalidad. Es decir, no ha habido negociación con el chavismo por ahora. Así lo han declarado, Julio Borges, presidente del Parlamento y Henry Ramos Allup, expresidente de la misma institución. Ambos son secretarios generales de los dos partidos principales del país: Primero Justicia y Acción Democrática. Integrantes del ala dura El presidente Maduro se ha mostrado «ansioso» por convocar elecciones, pero no ha aclarado si serán las presidenciales, el objetivo central de la oposición. Pero en su ofrecimiento, el mandatario se ha enfrentado internamente a los halcones del chavismo que son el vicepresidente Tareck El Aissami y Diosdado Cabello (número dos del chavismo), quien ha declarado que «no habrá elecciones regionales». Otros integrantes del ala dura del chavismo son el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez y el exalcalde Freddy Bernal, encargado de repartir las bolsas de comida «Clap». Ambos dirigen las bandas armadas, conocidas los «colectivos» que en su origen tenían fines sociales. Estas bandas paramilitares y parapoliciales actúan con el estilo cubano de exterminar a los dirigentes opositores y amedrentar a los seguidores. El mandatario está bloqueado entre la facción moderada y la radical. La primera está integrada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y algunos ministros y gobernadores que dejó el difunto Hugo Chávez y que no han querido mostrar la cara, apoyados por los disidentes que se marcharon y que quieren elecciones regionales y locales para que Maduro no arrastre al chavismo a la caída. La facción radical, sin embargo, no quiere negociar sino exterminar a la oposición. Para la mayoría de los chavistas, que representan menos del 20 por ciento del electorado, continuar con Maduro hasta el final de su mandato en diciembre de 2018 es más conveniente que con Tareck El Aissami en la presidencia por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. La canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una cumbre de la OEA hace casi un año en Santo Domingo- Reuters Caracas amenaza con irse de la OEA L. V. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país se retirará de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el organismo reúne a los cancilleres sin la aprobación del Gobierno de Nicolás Maduro. El régimen chavista habla de esa posibilidad desde que el organismo amenaza con aplicar la carta democrática interamericana contra el país si no convoca elecciones anticipadas. «De realizarse alguna reunión de cancilleres de la OEA que no cuente con el aval del Gobierno de Venezuela, he recibido instrucción del jefe de Estado de iniciar la retirada de esta institución», dijo Rodríguez el martes a la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). La ministra agregó que Maduro no permitirá violaciones a la legalidad e institucionalidad que «sobrepasan cualquier muro de la moral».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México fue, en lo corrido de 2017, más peligroso que en 2016. Según informó hoy la agencia de migración de la ONU, el número de personas que murieron entre enero y julio al tratar de atravesar la línea que divide ambos países norteamericanos fue un 17% más alta que en el mismo periodo del año anterior. «Cerca de 232 muertes de migrantes han sido reportadas en los primeros siete meses del año 2017, un aumento del 17% en comparación con las 204 muertes registradas entre enero y julio de 2016», indicó en un comunicado de prensa Julia Black, representante del Proyecto Migrantes Desaparecidos, institución que realizó un estudio con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU. El aumento en muertes de inmigrantes llama sobre todo la atención porque supuestamente menos personas están intentando cruzar la frontera, de acuerdo con datos difundidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Entre enero y junio de este año, la Patrulla Fronteriza asegura haber detenido a unos 140.000 inmigrantes, prácticamente la mitad que en la primera mitad de 2016. Nadie sabe con exactitud cuántas personas se aventuran a tratar de flanquear ilegalmente la frontera cada año. Para saber si el flujo migratorio está siendo elevado o bajo, las organizaciones internacionales se fijan sobre todo en los datos de detenidos que reporta la Patrulla Fronteriza y en el número de muertos que hallan los oficiales estadounidenses. Muchos nunca llegan a ser encontrados. El estudio se publica pocos días después de que se conociera que diez inmigrantes murieron asfixiadas en un camión abandonado en Texas. El tráiler transportaba a 39 personas indocumentadas que fueron halladas en situación dramática después de que el conductor del vehículo los abandonara en el parking de un centro comercial en San Antonio. Más muertes pero menos indocumentados Hasta ahora, diferentes agrupaciones y think tanks habían asegurado que cada vez menos ciudadanos originarios de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Nicaragua y Honduras- estaban abandonando sus hogares para intentar llegar a vivir «el sueño americano». Este supuesto cambio de tenendencia se debe a dos factores. Primero, la política migratoria más restrictiva propuesta por Donald Trump y, segundo, a lo extremadamente peligroso que resulta atravesar México para los centroamericanos, quienes componenen actualmente el grueso de nacionalidades que emigran ilegalmente a EE.UU. Al poco tiempo de iniciar su mandato como presidente de EE.UU. en enero, Trump anunció un plan para contratar a 15.000 nuevos miembros de la Patrulla Fronteriza para dejar evitar que más indocumentados puedan entrar en Estados Unidos y, además, amenazó con iniciar deportaciones masivas. Al mismo tiempo, una de las promesas estrellas del Republicano es construir un muro de hormigón que discurra sobre los cerca de 3.200 kilómetros de frontera para poner freno a la inmigración ilegal, una barrera que ya existe y cubre un tercio de la línea divisoria en los puntos donde más fluyo migratorio existe. Por otro lado, cruzar México es también mucho más arriesgado para los inmigrantes, lo que desalienta a muchos de ellos. Además del riesgo constante al que se exponen al tener que viajar en el techo de los vagones de la extensa red de trenes de carga que componen la «Bestia», estas personas corren un elevado peligro al tratar de atravesar el país azteca hasta Estados Unidos. Según un estudio publicado por Médicos Sin Fronteras en mayo, seis de cada diez inmigrantes que se encuentran de paso por México aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia durante su ruta hacia el norte. A su vez, casi el 40% de las personas entrevistadas por la ONG afirmaron haber sufridos ataques directos o amenazas y hasta un tercio de las mujeres aseguraron haber sido víctimas de algún tipo de abuso sexual durante la travesía. El alto nivel de violencia es conocido por los migrantes antes de iniciar el viaje, lo que provoca un efecto disuasorio entre aquellos que se plantean poner rumbo por tierra a Estados Unidos.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Kagame arrasa en Ruanda con el 98% de los votos
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, revalidó su tercer mandato con un 98,66 por ciento de los votos en las elecciones celebradas ayer en el país, según los resultados provisionales divulgados hoy por la Comisión Electoral. Con el 80 % del escrutinio, Kagame obtuvo el 98,66 % de los votos, mientras que su principal rival, Frank Habineza, líder del Partido Verde Democrático de Ruanda (DGPR), se quedó con 0,45 % y el otro candidato independiente Phillippe Mpayimana con un 0,72 %. Ayer, en plena jornada electoral, los seguidores de Kagame ya empezaron a celebrar su victoria en la capital -fuertemente vigilada por la Policía para la ocasión- y en los suburbios. Este aparente ambiente de unidad y reconciliación en el país, que siempre ha abanderado el Gobierno de Kagame, contrasta con las denuncias de organizaciones internacionales que advierten de un «clima de terror» por la represión a las voces críticas. Por ejemplo, durante la campaña y con el pretexto de salvaguardar la cohesión nacional, la comisión electoral impuso la censura previa a los mensajes en las redes de los candidatos. Kagame, de 59 años, lleva proclamando su victoria en las elecciones desde 2015, cuando el 98 % de la ciudadanía le avaló en un referéndum para modificar la Constitución y eliminar la barrera de dos mandatos presidenciales. En sus primeras elecciones, en 2003, Kagame obtuvo el 90 % de los votos, mientras que en las de 2010, que ya se celebraron sin una oposición genuina, logró el 93 %. Expertos locales aseguran que la causa de estos abultados resultados son la paz y la prosperidad que les proporciona su Gobierno y también el temor a que vuelvan las tensiones étnicas que acabaron en el genocidio de 1994, cuando unos 800.000 tutsis y hutus moderados perdieron la vida en cien días de violencia.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Violan y destripan en una carnicería a una joven de 18 años en México
El nivel de brutalidad con el que a cada rato asoma la violencia en México no conoce límites, o al menos eso parece. Cada vez que ocurre un crimen extremadamente atroz, los mexicanos -aterrados- piensan que la crueldad ha tocado techo y se consuelan al creer que el salvajismo ya alcanzado no puede ir a más. Pero una vez más, la sangrienta realidad que azota el país les demuestra que están equivocados. Mariana Joselin Baltierra, de 18 años, fue hallada hace una semana muerta en una carnicería en México. La joven había sido violada y destripada como si se tratara uno de los animales del establecimiento. Sus órganos fueron encontrados esparcidos por el frío suelo de estar carnicería ubicada en Ecatepec, un municipio de un millón y medio de personas en el que en 2016 ocurrieron 39 feminicidios, unos tres al mes, según una ONG local. El sadismo con la que fue asesinada ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los vecinos de Ecatepec, quienes en los últimos días están realizando varios actos de protesta para que las autoridades pongan freno a los numerosos homicidios de jóvenes como Baltierra Baltierra, quien fue descuartizada tras salir a comprar. La joven salió de su casa a las 9 de la mañana el día 27 de julio, recorrió los 200 metros que separan su casa de la carnicería y, al día siguiente, apareció desmembrada. La Policía ya trabaja en el caso para dar con el asesino y, por el momento, sospecha de uno de los empleados de la carnicería. No obstante, la elevada impunidad con la que operan los criminales en México hace que la sociedad se muestre escéptica sobre la capacidad de las autoridades para poner entre rejas al asesino. Y más en un caso de feminicidio. Sólo en una de cada cinco denuncias por violación en México hay sentencia de un tribunal, según la ONU. Ecatepec, capital del feminicidio Si existiera el deshonroso título de ?capital del feminicidio?, Ecatepec de Morelos -nombre completo del municipio- sería sin lugar a dudas una de las candidatas. Fueron unos 39 feminicidios los que contabilizó el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género en esta población, la cifra más elevada dentro de los hasta 263 asesinatos de mujeres que ocurrieron en el Estado de México -Edomex-, la entidad federativa a la que pertenece. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística mexicano -Inegi- entre el año 2000 y 2015 han sido asesinadas casi 30.000 mujeres, una dramática cifra a la que hasta ahora no se le ha logrado poner freno en el país azteca. Los elevados niveles de impunidad de la que gozan los criminales, unido con la escasez de acciones desde las administraciones públicas por reducir esta lacra hace diversas que organizaciones internacionales no prevean una reducción de estas cifras en el corto plazo. Así, un informe de ONU señaló que dos de cada tres mujeres serán maltratadas en México por sus parejas a lo largo de sus vidas. La atroz ola de feminicidios que arrasa el país coincide con el repunte que ha vivido la violencia en México en 2017. En los primeros seis meses del año han ocurrido 12.155 homicidios, un 30% más que en el mimo periodo del año anterior. De hecho, el pasado junio fue el mes más sangriento jamás registrado en México en la historia, desde que en 1997 comenzaron a recogerse estas estadísticas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Cuatro años sin justicia para los muertos de Rabaa
El 14 de agosto de 2013, miles de personas se concentraban desde hacía 47 días en plazas de El Cairo para protestar contra la asonada militar que en semanas antes depuso al primer presidente elegido democráticamente en Egipto, el islamista Mohamed Morsi. Ese 14 de agosto, las cargas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes tiñeron de sangre las plazas de Rabaa Al-Adawiya y Nahda: unas 1.000 personas murieron en lo que se convirtió en la peor masacre contra manifestantes civiles en un solo día de la historia reciente. Cuatro años después, ningún oficial de policía ni cargo del Ministerio de Interior o Defensa ha sido siquiera investigado o rendido cuentas por la desproporcionada violencia utilizada para dispersar las sentadas. «Mi hijo Mahmud fue a Rabaa y murió en lo que era una protesta legítima. Muchos jóvenes murieron, y ningún policía de los que dispararon contra gente desarmada ha sido juzgado.. ni va a serlo», lamenta Heba (nombre ficticio) cuatro años después de aquel día de confusión y miedo, en el que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes. Según Human Rights Watch, al menos 817 personas murieron ese 14 de agosto, aunque la organización admite que las cifras estarían más cerca de las 1.000 víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad egipcio admite apenas 638 muertes, 595 civiles y 43 oficiales de policía. La carga comenzó a las 6 de la mañana, y para el final del día, Rabaa era un caos de fuego y sangre mientras los muertos se acumulaban en hospitales improvisados en mezquitas o en las calles, a veces con el rostro irreconocible quemado por el fuego. «Busqué a mi hijo al día siguiente. Tuve que ir mirando cara a cara, filas enteras; fue el peor momento de mi vida, una angustia de no saber si lo iba a encontrar, pero también de encontrarlo», explica. Ningún oficial de policía ni cargo de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por los casi 1.000 muertos De aquel día no faltan los testimonios, ni los vídeos, en los que se puede ver a oficiales de policía disparar a hombres desarmados y prender fuego a tiendas, pancartas y cuerpos. «Es una de las masacres contra manifestantes mejor documentadas de la historia: tenemos testimonios de las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, los vecinos e incluso, 'off de record', declaraciones de altos cargos de las fuerzas de seguridad que admiten la fuerza desproporcionada, que de hecho "creían que se producirían incuso más muertes"», señala a este diario el coordinador para el Norte de África de HRW, Ahmed Benchemsi. Pese a toda esta evidencia, ningún oficial de policía ha sido investigado o juzgado. Sin embargo, el Gobierno sigue denegando cualquier responsabilidad en la masacre, justificando la actuación de las fuerzas de seguridad y calificando de «normales en la dispersión de una protesta» el número de muertes. Alimentada por los medios de comunicación locales afines al Gobierno encabezado por Abdelfatah Al Sisi tras la asonada militar, la narrativa oficial ha preferido señalar a las víctimas y manifestantes como «terroristas», mientras que la polarización del país en «si criticas al Gobierno eres uno de ellos» dificulta la solidaridad pública con los muertos de Rabaa. Ante las peticiones de decenas de organizaciones internacionales, el gubernamental Consejo Nacional para los Derechos Humanos condujo una investigación en 2015 sobre los sucesos en Rabaa, que concluyó resaltando la idea, sostenida por el Gobierno, de multitud de los manifestantes estaban armados. AI lo niega: «Aunque había personas que llevaban armas ligeras en la plaza (se requisaron apenas una veintena de pistolas tras la evacuación), la mayoría estaban desarmados. Las cifras lo demuestran, no hay proporcionalidad, unos 1.000 manifestantes muertos frente a 40 policías». HRW también critica los resultados del informe, que según Benchemsi se basó enteramente en testimonios de vecinos del área y no contó con las víctimas. Hoy día, la plaza ni siquera se llama Rabaa. En 2015 fue renombrada «plaza Hisham Barakat», en conmemoración del fiscal general que fue asesinado en junio ese mismo año un grupo terrorista. «Quieren borrar la memoria colectiva de que esto fue una masacre, no hay rendición de cuentas ni admisión de responsabilidad, y el Gobierno se refusa a admitir que se actuó desproporcionadamente», dice a ABC el investigador de Amnistía Internacional para Egipto, Ahmed Mohamed. Nuevas violaciones de derechos humanos «Este fracaso de presentar a alguien ante la justicia por la dispersión de las sentadas de Rabaa y Nahda se han convertido en un hecho definitorio que ha abierto la puerta a otras violaciones de los derechos humanos en Egipto, ya que las fuerzas de seguridad saben que no rendirán cuentas ante la justicia: desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, persecución a las ONG y organizaciones de sociedad civil» asevera Mohamed. Además de la sistemática represión violenta de posteriores protestas contra el Gobierno de Abdelfatah Al Sisi y la detención generalizada de miles de egipcios, se estima que desde 2015 al menos 1.700 personas son «desaparecidos forzosos» , mientras aumentan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones locales. «Todo esto es un legado de Rabaa», sostiene AI. Frente a la impasibilidad del Gobierno ante los abusos de las fuerzas de seguridad, más de 700 personas se enfrentan en un juicio colectivo masivo: el periodista Mahmoud Abou Zeid, más conocido como Shawkan, fue arrestado ese mismo 14 de agosto y desde entonces -junto a otros manifestantes y periodistas- permanece en detención preventiva a la espera de un juicio que ha sido retrasado por enésima vez.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Merkel agradece a España la libertad del escritor Dogan Akhanli
La canciller alemana, Angela Merkel, ha aprovechado este domingo una aparición en la cadena de televisión RTL para agradecer personalmente a España la decisión de poner en libertad condicional al escritor alemán de origen turco Dogan Akhanli, detenido el sábado en Granada, donde pasaba unas vacaciones con su pareja. Akhanli había sido detenido tras cursar Interpol una orden de detención solicitada por el Estado turco, que considera al escritor un enemigo político por sus críticas al gobierno de Erdogan. «Estoy muy contenta de que España de momento lo haya puesto en libertad», ha dicho Merkel durante un encuentro con ciudadanos en el que respondía en directo preguntas de estos. «Yo también podría llamar en cualquier momento al presidente del gobierno», ha señalado, después de reconocer que el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, se había puesto en contacto personalmente con las autoridades españolas para aclarar el caso y para pedir que Akhanli no sea extraditado a Turquía, como solicita el gobierno de Ankara. «Desde mi punto de vista esto es inaceptable», ha criticado Merkel la actuación de Ankara, «no se puede manipular a organizaciones internacionales como Interpol por algo así». Akhanli ha sido puesto en libertad en Madrid, aunque no podrá ausentarse hasta que la Justicia española se haya pronunciado sobre la solicitud de extradición. El procedimiento puede durar varias semanas. Según ha explicado su abogado, Ilias Uyar, debe presentarse cada semana ante la policía española y permanecer localizable por teléfono. «Se trata sin lugar a dudas de una detención por motivos políticos. La justificación de Turquía es que se le busca por un robo cometido en 1989, pero se trata de un juicio que en su momento fue sobreseído y que los fiscales turcos reabrieron en ausencia de mi cliente para revoca r el fallo», explica el abogado, recordando que Akhanli no tiene ya la nacionalidad turca, sino solamente la alemana, y que se vio obligado a huir de la persecución política en ese país en 1991, después de haber pasado dos años en prisión. El ministro Gabriel, telefoneó ayer a su homólogo Alfonso Dastis para solicitar la participación de Alemania en los procedimientos legales pertinentes y solicitar que el ciudadano alemán no sea extraditado a Turquía. Desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016, Turquía ha encarcelado a nueve ciudadanos alemanes a los que acusa de apoyar al terrorismo y Gabriel ha declarado a este respecto que «sería terrible que Turquía lograse también conseguir en otros países europeos que personas que hacer oír su voz crítica con Erdogan vayan a la cárcel». «Tengo plena confianza en la Justicia española y en que nuestros amigos y socios del gobierno español saben de qué va esto», ha añadido, dejando a España en una situación diplomática un tanto delicada, en medio de la disputa entre los gobiernos turco y alemán, que ha elevado la tensión entre los dos países a la altura de crisis durante los últimos meses.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El TSE declara a Juan Orlando Hernández como vencedor de las presidenciales de noviembre en Honduras
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras ha declarado este domingo al mandatario, Juan Orlando Hernández, como vencedor de las presidenciales celebradas el 26 de noviembre, una vez finalizado el proceso de revisión de las impugnaciones presentadas por la oposición. «El presidente de la República para los próximos cuatro años es el ciudadano Juan Orlando Hernández del Partido Nacional», ha dicho el presidente del TSE, David Matamoros, según ha recogido el diario local 'El Heraldo'. Matamoros ha detallado que, tras el escrutinio especial de 4.753 mesas electorales que presentaban inconsistencias, Hernández ha recabado el 50,11 por ciento de los votos de las mismas, por el 31,74 obtenido por el candidato opositor Salvador Nasralla. De esta forma, el recuento final refleja un 42,95 por ciento de los apoyos para el presidente hondureño, por el 41,42 por ciento conseguido por Nasralla, una diferencia total de más de 100.000 votos. Nasralla y su coalición de centro izquierda, Alianza de Oposición Contra la Dictadura, denunciaron fraude electoral después de que los primeros resultados que le daban la victoria se revirtieran en favor del mandatario. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que el proceso electoral ha sido transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunas organizaciones internacionales como la propia OEA.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La OEA pide la repetición de las elecciones en Honduras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha abogado este domingo por una repetición de las elecciones presidenciales en Honduras, recalcando que «no puede dar certeza» de los resultados, horas después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara vencedor de los comicios al actual mandatario, Juan Orlando Hernández. En su comunicado, Almagro se ha hecho eco del último informe de la misión de observación electoral de la OEA en el país, recordando que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró ayer al mandatario, Juan Orlando Hernández, como vencedor de las presidenciales celebradas el 26 de noviembre, una vez finalizado el proceso de revisión de las impugnaciones presentadas por la oposición. «El presidente de la República para los próximos cuatro años es el ciudadano Juan Orlando Hernández del Partido Nacional», ha dicho el presidente del TSE, David Matamoros, según ha recogido el diario local 'El Heraldo'. Matamoros ha detallado que, tras el escrutinio especial de 4.753 mesas electorales que presentaban inconsistencias, Hernández ha recabado el 50,11 por ciento de los votos de las mismas, por el 31,74 obtenido por el candidato opositor Salvador Nasralla. De esta forma, el recuento final refleja un 42,95 por ciento de los apoyos para el presidente hondureño, por el 41,42 por ciento conseguido por Nasralla, una diferencia total de más de 100.000 votos. Nasralla y su coalición de centro izquierda, Alianza de Oposición Contra la Dictadura, denunciaron fraude electoral después de que los primeros resultados que le daban la victoria se revirtieran en favor del mandatario. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que el proceso electoral ha sido transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunas organizaciones internacionales como la propia OEA.