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Noticias de organizaciones internacionales

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Violan y destripan en una carnicería a una joven de 18 años en México
El nivel de brutalidad con el que a cada rato asoma la violencia en México no conoce límites, o al menos eso parece. Cada vez que ocurre un crimen extremadamente atroz, los mexicanos -aterrados- piensan que la crueldad ha tocado techo y se consuelan al creer que el salvajismo ya alcanzado no puede ir a más. Pero una vez más, la sangrienta realidad que azota el país les demuestra que están equivocados. Mariana Joselin Baltierra, de 18 años, fue hallada hace una semana muerta en una carnicería en México. La joven había sido violada y destripada como si se tratara uno de los animales del establecimiento. Sus órganos fueron encontrados esparcidos por el frío suelo de estar carnicería ubicada en Ecatepec, un municipio de un millón y medio de personas en el que en 2016 ocurrieron 39 feminicidios, unos tres al mes, según una ONG local. El sadismo con la que fue asesinada ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los vecinos de Ecatepec, quienes en los últimos días están realizando varios actos de protesta para que las autoridades pongan freno a los numerosos homicidios de jóvenes como Baltierra Baltierra, quien fue descuartizada tras salir a comprar. La joven salió de su casa a las 9 de la mañana el día 27 de julio, recorrió los 200 metros que separan su casa de la carnicería y, al día siguiente, apareció desmembrada. La Policía ya trabaja en el caso para dar con el asesino y, por el momento, sospecha de uno de los empleados de la carnicería. No obstante, la elevada impunidad con la que operan los criminales en México hace que la sociedad se muestre escéptica sobre la capacidad de las autoridades para poner entre rejas al asesino. Y más en un caso de feminicidio. Sólo en una de cada cinco denuncias por violación en México hay sentencia de un tribunal, según la ONU. Ecatepec, capital del feminicidio Si existiera el deshonroso título de ?capital del feminicidio?, Ecatepec de Morelos -nombre completo del municipio- sería sin lugar a dudas una de las candidatas. Fueron unos 39 feminicidios los que contabilizó el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género en esta población, la cifra más elevada dentro de los hasta 263 asesinatos de mujeres que ocurrieron en el Estado de México -Edomex-, la entidad federativa a la que pertenece. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística mexicano -Inegi- entre el año 2000 y 2015 han sido asesinadas casi 30.000 mujeres, una dramática cifra a la que hasta ahora no se le ha logrado poner freno en el país azteca. Los elevados niveles de impunidad de la que gozan los criminales, unido con la escasez de acciones desde las administraciones públicas por reducir esta lacra hace diversas que organizaciones internacionales no prevean una reducción de estas cifras en el corto plazo. Así, un informe de ONU señaló que dos de cada tres mujeres serán maltratadas en México por sus parejas a lo largo de sus vidas. La atroz ola de feminicidios que arrasa el país coincide con el repunte que ha vivido la violencia en México en 2017. En los primeros seis meses del año han ocurrido 12.155 homicidios, un 30% más que en el mimo periodo del año anterior. De hecho, el pasado junio fue el mes más sangriento jamás registrado en México en la historia, desde que en 1997 comenzaron a recogerse estas estadísticas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Cuatro años sin justicia para los muertos de Rabaa
El 14 de agosto de 2013, miles de personas se concentraban desde hacía 47 días en plazas de El Cairo para protestar contra la asonada militar que en semanas antes depuso al primer presidente elegido democráticamente en Egipto, el islamista Mohamed Morsi. Ese 14 de agosto, las cargas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes tiñeron de sangre las plazas de Rabaa Al-Adawiya y Nahda: unas 1.000 personas murieron en lo que se convirtió en la peor masacre contra manifestantes civiles en un solo día de la historia reciente. Cuatro años después, ningún oficial de policía ni cargo del Ministerio de Interior o Defensa ha sido siquiera investigado o rendido cuentas por la desproporcionada violencia utilizada para dispersar las sentadas. «Mi hijo Mahmud fue a Rabaa y murió en lo que era una protesta legítima. Muchos jóvenes murieron, y ningún policía de los que dispararon contra gente desarmada ha sido juzgado.. ni va a serlo», lamenta Heba (nombre ficticio) cuatro años después de aquel día de confusión y miedo, en el que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes. Según Human Rights Watch, al menos 817 personas murieron ese 14 de agosto, aunque la organización admite que las cifras estarían más cerca de las 1.000 víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad egipcio admite apenas 638 muertes, 595 civiles y 43 oficiales de policía. La carga comenzó a las 6 de la mañana, y para el final del día, Rabaa era un caos de fuego y sangre mientras los muertos se acumulaban en hospitales improvisados en mezquitas o en las calles, a veces con el rostro irreconocible quemado por el fuego. «Busqué a mi hijo al día siguiente. Tuve que ir mirando cara a cara, filas enteras; fue el peor momento de mi vida, una angustia de no saber si lo iba a encontrar, pero también de encontrarlo», explica. Ningún oficial de policía ni cargo de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por los casi 1.000 muertos De aquel día no faltan los testimonios, ni los vídeos, en los que se puede ver a oficiales de policía disparar a hombres desarmados y prender fuego a tiendas, pancartas y cuerpos. «Es una de las masacres contra manifestantes mejor documentadas de la historia: tenemos testimonios de las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, los vecinos e incluso, 'off de record', declaraciones de altos cargos de las fuerzas de seguridad que admiten la fuerza desproporcionada, que de hecho "creían que se producirían incuso más muertes"», señala a este diario el coordinador para el Norte de África de HRW, Ahmed Benchemsi. Pese a toda esta evidencia, ningún oficial de policía ha sido investigado o juzgado. Sin embargo, el Gobierno sigue denegando cualquier responsabilidad en la masacre, justificando la actuación de las fuerzas de seguridad y calificando de «normales en la dispersión de una protesta» el número de muertes. Alimentada por los medios de comunicación locales afines al Gobierno encabezado por Abdelfatah Al Sisi tras la asonada militar, la narrativa oficial ha preferido señalar a las víctimas y manifestantes como «terroristas», mientras que la polarización del país en «si criticas al Gobierno eres uno de ellos» dificulta la solidaridad pública con los muertos de Rabaa. Ante las peticiones de decenas de organizaciones internacionales, el gubernamental Consejo Nacional para los Derechos Humanos condujo una investigación en 2015 sobre los sucesos en Rabaa, que concluyó resaltando la idea, sostenida por el Gobierno, de multitud de los manifestantes estaban armados. AI lo niega: «Aunque había personas que llevaban armas ligeras en la plaza (se requisaron apenas una veintena de pistolas tras la evacuación), la mayoría estaban desarmados. Las cifras lo demuestran, no hay proporcionalidad, unos 1.000 manifestantes muertos frente a 40 policías». HRW también critica los resultados del informe, que según Benchemsi se basó enteramente en testimonios de vecinos del área y no contó con las víctimas. Hoy día, la plaza ni siquera se llama Rabaa. En 2015 fue renombrada «plaza Hisham Barakat», en conmemoración del fiscal general que fue asesinado en junio ese mismo año un grupo terrorista. «Quieren borrar la memoria colectiva de que esto fue una masacre, no hay rendición de cuentas ni admisión de responsabilidad, y el Gobierno se refusa a admitir que se actuó desproporcionadamente», dice a ABC el investigador de Amnistía Internacional para Egipto, Ahmed Mohamed. Nuevas violaciones de derechos humanos «Este fracaso de presentar a alguien ante la justicia por la dispersión de las sentadas de Rabaa y Nahda se han convertido en un hecho definitorio que ha abierto la puerta a otras violaciones de los derechos humanos en Egipto, ya que las fuerzas de seguridad saben que no rendirán cuentas ante la justicia: desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, persecución a las ONG y organizaciones de sociedad civil» asevera Mohamed. Además de la sistemática represión violenta de posteriores protestas contra el Gobierno de Abdelfatah Al Sisi y la detención generalizada de miles de egipcios, se estima que desde 2015 al menos 1.700 personas son «desaparecidos forzosos» , mientras aumentan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones locales. «Todo esto es un legado de Rabaa», sostiene AI. Frente a la impasibilidad del Gobierno ante los abusos de las fuerzas de seguridad, más de 700 personas se enfrentan en un juicio colectivo masivo: el periodista Mahmoud Abou Zeid, más conocido como Shawkan, fue arrestado ese mismo 14 de agosto y desde entonces -junto a otros manifestantes y periodistas- permanece en detención preventiva a la espera de un juicio que ha sido retrasado por enésima vez.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Merkel agradece a España la libertad del escritor Dogan Akhanli
La canciller alemana, Angela Merkel, ha aprovechado este domingo una aparición en la cadena de televisión RTL para agradecer personalmente a España la decisión de poner en libertad condicional al escritor alemán de origen turco Dogan Akhanli, detenido el sábado en Granada, donde pasaba unas vacaciones con su pareja. Akhanli había sido detenido tras cursar Interpol una orden de detención solicitada por el Estado turco, que considera al escritor un enemigo político por sus críticas al gobierno de Erdogan. «Estoy muy contenta de que España de momento lo haya puesto en libertad», ha dicho Merkel durante un encuentro con ciudadanos en el que respondía en directo preguntas de estos. «Yo también podría llamar en cualquier momento al presidente del gobierno», ha señalado, después de reconocer que el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, se había puesto en contacto personalmente con las autoridades españolas para aclarar el caso y para pedir que Akhanli no sea extraditado a Turquía, como solicita el gobierno de Ankara. «Desde mi punto de vista esto es inaceptable», ha criticado Merkel la actuación de Ankara, «no se puede manipular a organizaciones internacionales como Interpol por algo así». Akhanli ha sido puesto en libertad en Madrid, aunque no podrá ausentarse hasta que la Justicia española se haya pronunciado sobre la solicitud de extradición. El procedimiento puede durar varias semanas. Según ha explicado su abogado, Ilias Uyar, debe presentarse cada semana ante la policía española y permanecer localizable por teléfono. «Se trata sin lugar a dudas de una detención por motivos políticos. La justificación de Turquía es que se le busca por un robo cometido en 1989, pero se trata de un juicio que en su momento fue sobreseído y que los fiscales turcos reabrieron en ausencia de mi cliente para revoca r el fallo», explica el abogado, recordando que Akhanli no tiene ya la nacionalidad turca, sino solamente la alemana, y que se vio obligado a huir de la persecución política en ese país en 1991, después de haber pasado dos años en prisión. El ministro Gabriel, telefoneó ayer a su homólogo Alfonso Dastis para solicitar la participación de Alemania en los procedimientos legales pertinentes y solicitar que el ciudadano alemán no sea extraditado a Turquía. Desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016, Turquía ha encarcelado a nueve ciudadanos alemanes a los que acusa de apoyar al terrorismo y Gabriel ha declarado a este respecto que «sería terrible que Turquía lograse también conseguir en otros países europeos que personas que hacer oír su voz crítica con Erdogan vayan a la cárcel». «Tengo plena confianza en la Justicia española y en que nuestros amigos y socios del gobierno español saben de qué va esto», ha añadido, dejando a España en una situación diplomática un tanto delicada, en medio de la disputa entre los gobiernos turco y alemán, que ha elevado la tensión entre los dos países a la altura de crisis durante los últimos meses.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El TSE declara a Juan Orlando Hernández como vencedor de las presidenciales de noviembre en Honduras
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras ha declarado este domingo al mandatario, Juan Orlando Hernández, como vencedor de las presidenciales celebradas el 26 de noviembre, una vez finalizado el proceso de revisión de las impugnaciones presentadas por la oposición. «El presidente de la República para los próximos cuatro años es el ciudadano Juan Orlando Hernández del Partido Nacional», ha dicho el presidente del TSE, David Matamoros, según ha recogido el diario local 'El Heraldo'. Matamoros ha detallado que, tras el escrutinio especial de 4.753 mesas electorales que presentaban inconsistencias, Hernández ha recabado el 50,11 por ciento de los votos de las mismas, por el 31,74 obtenido por el candidato opositor Salvador Nasralla. De esta forma, el recuento final refleja un 42,95 por ciento de los apoyos para el presidente hondureño, por el 41,42 por ciento conseguido por Nasralla, una diferencia total de más de 100.000 votos. Nasralla y su coalición de centro izquierda, Alianza de Oposición Contra la Dictadura, denunciaron fraude electoral después de que los primeros resultados que le daban la victoria se revirtieran en favor del mandatario. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que el proceso electoral ha sido transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunas organizaciones internacionales como la propia OEA.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La OEA pide la repetición de las elecciones en Honduras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha abogado este domingo por una repetición de las elecciones presidenciales en Honduras, recalcando que «no puede dar certeza» de los resultados, horas después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara vencedor de los comicios al actual mandatario, Juan Orlando Hernández. En su comunicado, Almagro se ha hecho eco del último informe de la misión de observación electoral de la OEA en el país, recordando que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró ayer al mandatario, Juan Orlando Hernández, como vencedor de las presidenciales celebradas el 26 de noviembre, una vez finalizado el proceso de revisión de las impugnaciones presentadas por la oposición. «El presidente de la República para los próximos cuatro años es el ciudadano Juan Orlando Hernández del Partido Nacional», ha dicho el presidente del TSE, David Matamoros, según ha recogido el diario local 'El Heraldo'. Matamoros ha detallado que, tras el escrutinio especial de 4.753 mesas electorales que presentaban inconsistencias, Hernández ha recabado el 50,11 por ciento de los votos de las mismas, por el 31,74 obtenido por el candidato opositor Salvador Nasralla. De esta forma, el recuento final refleja un 42,95 por ciento de los apoyos para el presidente hondureño, por el 41,42 por ciento conseguido por Nasralla, una diferencia total de más de 100.000 votos. Nasralla y su coalición de centro izquierda, Alianza de Oposición Contra la Dictadura, denunciaron fraude electoral después de que los primeros resultados que le daban la victoria se revirtieran en favor del mandatario. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que el proceso electoral ha sido transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunas organizaciones internacionales como la propia OEA.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Muere una niña de 13 años tras ser violada en grupo en Liberia
La reciente muerte de una niña de 13 años tras sufrir una violación en grupo en una remota región rural de Liberia y no recibir el adecuado tratamiento médico ha puesto en evidencia los fracasos de Liberia en la lucha contra el problema de la violación y las carencias del sistema de salud. La menor fue atacada el pasado 21 de julio por tres desconocidos y aún no se ha arrestado a ningún sospechoso, según los últimos informes policiales. El suceso tuvo lugar en la región Maryland (sureste de Liberia) y los padres lucharon, sin éxito, para conseguirle un tratamiento adecuado en una zona empobrecida dentro de un país con graves deficiencias sanitarias. «Las autoridades fueron lentas en responder al problema de la niña, lo que llevó a que se desangrase durante horas», explicó a Efe Amos Sackie, un trabajador social de la región. «Lloraba del dolor en el estómago y la cadera, no había ningún hospital ni clínica del lugar donde fue violada, les llevó cerca de dos horas a pie antes de llegar a un centro médico informal para conseguir medicinas para el dolor», agregó. Según la fuente, la niña fue llevada a una clínica provisional pública donde murió días después como consecuencia del retraso en la atención y la falta de cuidados apropiados. El suceso saltó a la luz pública esta semana y activistas y asociaciones civiles están llamando al Gobierno a dar una pronta respuesta para llevar a los atacantes ante la Justicia, así como para poner medidas frente a la lacra de las violaciones. «La violación está volviendo a emerger en Liberia con una rapidez reforzada, más ahora que nunca», señaló en las redes sociales el activista juvenil Martin Kollie. «No puedo superarlo. Pasé una noche en vela porque esta menor pudo ser mi hermana pequeña», agregó, antes de comunicar que ha enviado mensajes tanto al Gobierno liberiano como a organizaciones internacionales para llamar su atención sobre el caso y sobre la violencia de género en el país. Entre ellas figuran la ONU, la Unión Africana, la Unión Europea y embajadas de distintos países occidentales. Desde la Policía liberiana han asegurado que han desplegado un equipo especial de agentes para dar caza a los agresores y que no están tomando esta última muerte «a la ligera», en palabras del portavoz policial Moses Carter. «Queremos sentar un precedente de que los niños no son juguetes sexuales», indicó Carter a Efe respecto al caso. Sin estadísticas precisas, el número de casos sonados de este tipo en Liberia es frecuente. Un año atrás un parlamentario fue acusado de violar a su sobrina de 12 años y, pese a haber declarado ante la Policía varias veces, aún no hay cargos contra él. También en 2017 una joven de 13 años fue violada y asesinada por su agresor, de 65 años, en el noroeste del país. De acuerdo a datos de la ONU publicados en 2016 sobre el tema, las víctimas liberianas de violación tienen que hacer frente a muchos obstáculos a la hora de denunciar los crímenes, tales como el miedo a ser estigmatizadas, el rechazo social y familiar, la falta de confianza o acceso a la policía y al sistema judicial o el miedo a represalias de los agresores. Ese informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló también que de entre algo más de un millar de menores en edad escolar entrevistados un 75 % de los varones ve al hombre como superior a la mujer (mientras que entre las encuestadas lo pensaba un 22 %). Asimismo, un 46 % de los entrevistados masculinos y un 34 % de las femeninas pensaba que la violencia de género y el abuso sexual son «una parte normal de las relaciones entre los hombres y las mujeres» o incluso una «expresión natural» de los impulsos masculinos. La actual ley liberiana contra la violación, que no permite la salida bajo fianza, es dura pero no parece disuadir a los agresores. El año pasado el Senado de Liberia intentó modificarla para dar la posibilidad de libertad bajo fianza pero la presión internacional parece haber debilitado la intención de seguir hacia adelante con ello.
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