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Noticias de organismos financieros

15-10-2019 | Fuente: abc.es
La crisis económica que dejó Correa en Ecuador
La situación que vive Ecuador es consecuencia de la crisis económica propiciada por las políticas populistas de Rafael Correa, que en mayo de 2017 abandonó el poder dejando a su sucesor, Lenín Moreno, el indeseado papel de aplicar los recortes necesarios para enderezar de nuevo la economía del país. Correa más que duplicó el endeudamiento de Ecuador (hasta el 45% del PIB), dejó el país en crecimiento económico negativo (?1,2%), con un elevado déficit público (6,7%) y con el mayor paro desde la recesión internacional de 2008 (5,2%). El sucesor de Correa tenía necesariamente que aplicar medidas de choque. Moreno las comenzó a adoptar de manera progresiva, pero al final se impuso la conveniencia de un mayor tijeretazo, lo que ha provocado movilizaciones sociales. Negociado un «rescate» de 10.200 millones de dólares en febrero, procedente del FMI y otros organismos internacionales, el 1 de octubre anunció un plan de recortes para ahorrar 2.270 millones de dólares al año, sobre todo retirando el subsidio a los carburantes. Era el decreto número 833 que Moreno acaba de retirar para su reformulación, tras las negociaciones abiertas con grupos indígenas que han liderado las protestas. Sorprendió que Correa no repitiera su candidatura a la presidencia ecuatoriana en las elecciones de febrero de 2017. Aunque llevaba ya diez años en el poder, finalmente había forzado cambiar la ley para permitir una reelección indefinida, lo que, de todos modos, le estaba suponiendo un peligroso coste político. Puede pensarse que prefirió elegir un sucesor que le guardara el puesto cuatro años y que se dedicara a la ingrata tarea de aplicar los imperiosos ajustes económicos. Luego Correa podría regresar como salvador de la situación, como el presidente de los buenos tiempos, y volver a sumar periodos presidenciales. Ese guion se está cumpliendo (menos en que Moreno vaya a cederle amigablemente el cetro). La presidencia de Correa coincidió en gran parte con la «década de oro» de la economía de Sudamérica (2003-2013), empujada hacia arriba por el gran salto de los precios de las materias primas. Siendo la sudamericana una economía fundamentalmente extractiva, el notable aumento del precio del petróleo y de muchos minerales significó una época general de bonanza, independientemente del mandatario que hubiera al frente de cada gobierno. Ese «boom» sustentó el desarrollo y consolidación de los sistemas bolivarianos. Parte de los enormes ingresos que tuvieron los Estados se destinó a programa sociales, si bien en ciertos países se hizo con criterios de clientelismo electoral, buscando la generación de «voto cautivo». En Ecuador hubo una importante inversión en carreteras, pero fue un gasto que alimentó la corrupción gubernamental (caso Odebrecht) y el despilfarro. No hubo una gestión pensando en ahorrar para el momento de vacas flacas y cuando se hundieron los precios del petróleo a mitad de 2014 la situación financiera del Estado se fue a pique. Los picos máximos en los precios del crudo, primero en 2008 y luego en 2011 tras la superación de la recesión mundial, supusieron para Ecuador un crecimiento del PIB del 6,4% y del 7,9%, respectivamente, cifras realmente elevadas. Pero la caída de los precios redujo el crecimiento del PIB al 0,1% en 2015 y al -1,2% en 2016. Correa rebajó inicialmente la deuda pública del país, hasta el 16,8% del PIB en 2011, pero desde entonces la deuda no paró de crecer, multiplicándose por 2,5 hasta alcanzar el 45,4% del PIB en el año en que Correa dejó la presidencia (la cifra ha ido aumentando y este año podría acercarse al 50%). El paro llegó a un mínimo del 3,8% en 2014, pero subió al 4,8% en 2015 y al 5,2% en 2016. Moreno luego lo ha ido bajando (3,7% en 2018), pero dada la inestabilidad abierta se estima que este año volverá a subir. Y en cuanto al déficit público, este ascendió hasta el 6,7% en 2016; después los recortes del gasto realizados por Moreno lo han ido reduciendo. Con las arcas estatales vacías y la necesidad de aplicar las tijeras en el gasto, Moreno se vio obligado a los organismos financieros internacionales ?FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo?, con los que en febrero de 2019 acordó un plan de rescate de 10.200 millones de dólares (nada menos que casi un 10% del PIB). De esa cifra, 4.200 millones corresponden a un préstamo del FMI, que incrementa la deuda del Estado pero que al mismo tiempo debiera contribuir a la mejora del cuadro macroeconómico y la multiplicación de ingresos. Además, Ecuador ha acudido a los mercados internaciones con una emisión de deuda próxima a los 2.000 millones de dólares. El auxilio del FMI ha requerido la aplicación de medidas aún más drásticas por parte de Moreno, concretadas en el «paquetazo» anunciado el pasado 1 de octubre, el cual desencadenó la ola de protestas violentas. El paquete pretendía lograr un ahorro de 2.270 millones de dólares al año, la mayor parte del cual debiera venir de la eliminación de subsidios a los carburantes (1.400 millones de ahorro al año) y de otras medidas como el incremento del IVA en una serie productos, flexibilización en la creación de puestos de trabajos temporales, reducción del tiempo de vacaciones pagadas para los empleados públicos y rebaja de aranceles sobre capitales y materias primas. La eliminación de los subsidios a los carburantes, vigentes desde hace 47 años, suponía un incremento de 0,19 centavos de dólar para el galón (3,78 litros) de diésel y de 0,23 centavos para el de gasolina. La decisión desencadenó la protesta primero de los transportistas y luego la de los grupos indígenas. El Gobierno ha retirado el decreto que incluía esta medida, a la espera de compensar ciertos recortes con algunas ayudas sociales.
12-08-2019 | Fuente: abc.es
Macri asume los malos resultados y teme una reacción adversa en los mercados tras su derrota
Sólo un milagro podría revertir la situación. No acertaron las encuestas, se equivocaron los estrategas del Gobierno y los únicos que dieron en el clavo fueron los fantasmas del pasado hechos carne, pero carne ganadora. Los «Fernández», Alberto y Cristina (la viuda de Nestor Kirchner), arrasaron en las primarias argentinas. La ex presidenta y su ex jefe de Gabinete pasaron como Atila por las urnas y dejaron a Mauricio Macri con una derrota humillante. El presidente, como un boxeador sonado, asimiló el golpe que le dejó a quince puntos de la «fórmula» que siente rozar con los dedos el cielo del regreso al poder de la Casa Rosada. Más del 47 por ciento de los votos frente a un 32 convierten el sueño de la reelección de Macri (del FMI, de Estados Unidos y de buena parte de Europa) en una utopía. Los mercados, que habían apostado por el presidente y el dólar emitirán hoy su voto en una plaza que anticipa algo parecido a un terremoto financiero. «Duele no haber tenido todo el apoyo que esperábamos», «han fallado todas las empresas encuestadoras», pero ahora (por la madrugada pasada) toca ir «a dormir y a empezar a trabajar mañana desde la mañana». El presidente de Argentina asumió la derrota antes incluso de conocerse los resultados oficiales (con horas de retraso) de lo que, en rigor, fue una enorme encuesta electoral. Pero ésta, con votos reales, es algo más y parece anticipar una primera vuelta de las elecciones, el 27 de octubre, con unos ganadores claros que no son ni él ni Miguel Angel Pichetto, el peronista con el que se alió en Juntos por el Cambio. Los números no engañan y si estos se mantienen no haría falta ni siquiera un balotaje para ratificar la victoria del Frente de Todos. En Argentina es suficiente con superar el 45 por ciento y tener una ventaja de 10 puntos sobre el siguiente para poder proclamarse Presidente. Y eso es, exactamente lo que sucedió en la noche más negra de Macri. La crisis económica, principal razón El fracaso se explica por muchas razones y prácticamente todas terminan en la famosa frase atribuida a Bill Clinton: «Es la economía, estúpido». Los argentinos no perdonan cuatro años de inflación galopantes con una perdida brutal de poder adquisitivo y un dólar, su moneda de ahorro, por las nubes. Frente a eso la corrupción de los doce años del kirchnerismo carece de valor. Algo parecido deben pensar los jueces, un cuerpo salpicado hasta las entrañas que ahora estará pensando qué hacer con la lista de juicios que tienen a la ex presidenta en el banquillo. En cualquier caso, con ella como vicepresidenta y Alberto Fernández con la «birome» (boligrafo) presidencial de los indultos en la mano, tendría garantizado el futuro lejos de la sombra de una celda. Ironías de la historia, a estas horas debe ser Mauricio Macri el que pierda el sueño con el previsibles cambio de veleta de unos jueces que, en buena medida, no suelen tener escrúpulos para reflotar causas que consideraban pérdidas cuando los acusados están en el poder, un espacio que hoy parece alejarse para él. Macri tiene un doble desafío ahora, mantener la gobernabilidad e intentar una remontada cercana a lo imposible. Euforia peronista Alberto Fernández estaba, con razón, pletórico. «Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron». Desmentido por el pasado más reciente poco importaban las palabras mientras están se traduzcan en votos. «Vamos a empezar una etapa nueva que es lo que queda de la elección. Que los que están intranquilos no se intranquilicen». A más, a más, siguió: «Los argentinos entendieron un mensaje que decía que nuestros abuelos tiene derecho a tener salud y un ingreso como el que corresponde y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí sino al progreso de nuestros jubilados». Los banqueros temblaban, los organismos financieros internacionales como el FMI deben tener un nudo en el estómago después de blindar con créditos sin precedente a Argentina y «los abuelos» que nunca disfrutaron de ese estado de bienestar cuando los Fernández eran el poder habrá que adivinar que piensan. No hay palabras o parecía no haberlas en los labios de María Eugenia Vidal. La gobernadora de Buenos Aires, territorio con cerca del 40 por ciento del padrón, que da o quita la Presidencia se quedó muda. Su derrota fue aún más contundente que la de Macri y el adversario que la asestó un emblema del kircherismo en estado puro, Axel Kicillof. El ex ministro de Economía de Cristina Fernández, el primero en inaugurar en el siglo XX una inflación del 40 por ciento, supero el 49 por ciento de los votos y ella, la esperanza blanca del macrismo se estancó en poco más de un 32 por ciento. Con las cartas sobre la mesa de las PASO (Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas) otro ex ministro de Economía, Roberto Lavagna se metía en el bolsillo el 8 por ciento de los votos, «somos, definitivamente, la tercera fuerza» proclamó. El único alivio para Mauricio Macri fue la ciudad de Buenos Aires, su antigua casa. El actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se impuso con un 46 por ciento de los votos a Matías Lammens que logró el 31 largo. Bastión del macrismo fracasar ahí habría hundido el sueño de una recuperación o remontada que hoy parece imposible.
30-03-2019 | Fuente: abc.es
El Gobierno de Ortega y la oposición acuerdan restablecer garantías ciudadanas en Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria acordaron este viernes «fortalecer» los derechos y las garantías ciudadanas, en el marco de la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año. Las partes aprobaron un acuerdo de 18 puntos en el que instan a las autoridades a tomar las medidas necesarias para asegurar el desarme de los grupos armados fuera del orden constitucional y legal, y el retorno de los miles de nicaragüenses que se marcharon del país en el contexto de la crisis. Además, instaron a detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad, y a la Policía Nacional a que ajuste sus normas de actuación y que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos «sólo puede hacerse con la debida orden judicial». La partes también apremian al cumplimiento del debido proceso, que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, y que los domicilios sólo pueden ser allanados por orden escrita de un juez entre las 6.00 y 18.00 horas local. En el caso de los nicaragüenses que se encuentran en el exterior, en particular aquellos que se fueron en el contexto de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018, «podrán regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar», y gozar de los beneficios que las leyes le otorgan. Derecho de manifestación y expresión Asimismo, las partes acordaron garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, que había prohibido la Policía Nacional desde septiembre pasado. Sobre ese punto, la mesa de negociación indicó que «cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho». Se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica que no afecte la libre circulación de personas y vehículos, y no altere la normal convivencia de la población. También se reconoce el derecho a la utilización de la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas para la oposición. Además, acordaron revisar la ilegalización de por lo menos nueve organismos no gubernamentales, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a fin de lograr la restitución de sus personalidades jurídicas y la devolución de sus bienes. Sobre la libertad de expresión, las partes acordaron que el Estado garantizará el irrestricto derecho a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna. El Estado debe garantizar también el derecho a la importación de papel y materia prima pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el marco de la crisis, a fin de lograr la devolución de esos bienes. «El presente acuerdo expresa la voluntad política de las delegaciones de encontrar el camino de la reconciliación, la paz, la seguridad y la estabilidad», resaltaron las partes, que el jueves acordaron fijar para el próximo 3 de abril el fin de esas conversaciones. Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social. En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Daniel Ortega tras casi doce años en el poder de forma consecutiva. Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país. El Ejecutivo de Daniel Ortega solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado. Liberación de los presos políticos El Gobierno de Daniel Ortega también ha aceptado este viernes la «liberación definitiva» de todos los presos políticos detenidos durante los últimos once meses en las protestas contra el Gobierno, según se ha informado en un comunicado conjunto entre los representantes del Gobierno, los testigos de las negociaciones y los representantes de la opositora Alianza Cívica recogido por el periódico «La Prensa». En días pasados, los datos más recientes indicaron que la Alianza Cívica tenía contados 647 presos políticos en las cárceles y 165 en sus casas bajo el régimen de casa por cárcel. El régimen de Ortega acepta únicamente 340. La liberación de estos presos era condición indispensable para reanudar el diálogo entre Gobierno y oposición, que se había reactivado a finales de febrero, pero se congeló después de que la Policía prohibiera una marcha opositora este sábado y detuviera a más de 100 personas que ese mismo día por la noche fueron liberadas. Esta liberación implica la anulación de todos los procesos judiciales. El plazo de liberación de los presos políticos es de 90 días. En este proceso, Cruz Roja Internacional será el organismo encargado de definir junto a representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el listado final de presos políticos que serán liberados. «El gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la mesa de negociación», se lee en el documento. Más de 300 personas han muerto y miles han sido detenidas. Según expertos del sistema interamericano, la mayoría de las muertes son culpa de la Policía y grupos armados afines al Gobierno, por lo que han recomendado a los gobiernos de la región juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad. Las protestas en contra de Ortega han golpeado a la economía del país, algunos de sus funcionarios --incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
21-05-2018 | Fuente: abc.es
Catorce países de América llaman a consultas a sus embajadores en Venezuela tras las elecciones
Crece el rechazo entre la comunidad internacional a la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela este domingo, en un proceso en que la mayor parte de la oposición no ha participado por considerarlo una «farsa». Los catorce países del Grupo de Lima no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales y han decidido este lunes «reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas» con ese país. Entre las medidas adoptadas, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía han anunciado en un comunicado conjunto que «llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar» su protesta. Esos gobiernos remarcaron que «no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente». A la postura del Grupo de Lima se suma a la actitud de España y la Unión Europea, que estudiarán medidas contra Venezuela tras irregularidades votación. El Gobierno español ha subrayado que las elecciones venezolanas presentaron «deficiencias democráticas fundamentales» y «graves irregularidades», por lo que España, junto a sus socios europeos, «estudiará la adopción de medidas oportunas». Los expresidentes españoles José María Aznar, Felipe González y otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos han denunciado que estas elecciones han sido «una farsa electoral», por lo que han reclamado a la comunidad internacional que no reconozca los resultados. En cambio, representantes de países próximos al régimen bolivariano sí han reconocido las elecciones y han felicitado a Maduro por su «reelección». Es el caso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de su antecesor en el cargo, Raúl Castro, así como del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del Gobierno iraní, que considera los comicios «un gran éxito para la democracia en el país latinoamericano». El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó los cuestionados comicios celebrados este domingo en su país, por lo que se mantendrá en la jefatura del Estado durante el período 2019-2025. Maduro obtuvo 5.823.728 votos, con una participación de 8,6 millones de electores de los más de 20 millones que estaban convocados, lo que significa una de las participaciones más bajas de la historia venezolana. El comunicado, que fue difundido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, anunció que los países del Grupo «llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar» su protesta. Reiteró, además, «su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela». Señalaron que esta situación «se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos» y anunciaron que ha decidido «presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela». El Grupo sostuvo que ante la situación causada por el incremento de la migración de venezolanos y «el impacto que está teniendo en toda la región» ha decidido convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, durante la primera quincena de junio en Lima, según recoge Efe. Denuncia de la «grave situación humanitaria» También deploró «la grave situación humanitaria en Venezuela» y anunció la convocatoria a otra reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica. Los países del Grupo informaron que, con el objetivo de «contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional», solicitarán que cada país emita y actualice circulares o boletines nacionales «que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional». Además, decidieron coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, «por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria». El Grupo remarcó, finalmente, que «continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país».
20-11-2017 | Fuente: abc.es
Hernández busca la reelección para continuar sus profundas reformas en Honduras
Dicen que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros las jugamos y este próximo 26 de noviembre, Honduras se juega el suyo celebrando elecciones generales e históricas. No solo el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, buscará la reelección para un segundo mandato sino que además será la primera vez en la historia electoral y democrática del país que existe una alianza opositora. Los analistas coinciden en señalar que en ese proceso estarán en juego mucho más que el presidente y el Congreso Nacional, más bien, se estará definiendo si el país mantiene la ruta que viene transitando desde mediados de la presente década o si opta por una ruta desconocida y diferente. Para poner en perspectiva la situación actual, tenemos que remontarnos a los primeros años de este siglo. La historia, no fue muy alentadora. La situación política, económica y social de la Honduras de los 2000, habían ingresado en un profundo despeñadero. El crimen organizado internacional, el narcotráfico y el lavado de activos penetraron la institucionalidad hondureña, erosionaron fuertemente la seguridad ciudadana, desnaturalizaron las funciones de la Policía Nacional y debilitaron las capacidades del Ministerio público y la Justicia. Los homicidios alcanzaron la tasa inédita de más de 86 por cada cien mil habitantes, la más alta del mundo en ausencia de conflictos bélicos, y la extorsión se instauró como moneda de uso corriente en la vida de los ciudadanos y los pequeños comerciantes. El debilitamiento institucional favoreció el crecimiento de la corrupción en las contrataciones del Estado, con las obras públicas y compras de medicamentos en primera línea de estas prácticas. La educación apenas alcanzaba los 150 días de clase al año. Los servicios de salud se encontraban en franco retroceso, y casi siete de cada diez ciudadanos vivía literalmente en la pobreza. La infraestructura productiva se había deteriorado. La economía estaba prácticamente estancada y esto provocaba escasa inversión y un fuerte deterioro de las cuentas públicas. El golpe de Estado de 2009 mantuvo al país aislado y sin acceso a los organismos financieros bilaterales y multilaterales durante casi un lustro. En enero de 2014 asumió la presidencia Juan Orlando Hernández. Su predecesor, Porfirio Lobo, había logrado reinsertar a Honduras en la comunidad internacional, al tiempo que propició un conjunto de reformas legislativas para comenzar a recuperar la institucionalidad y el control de la seguridad ciudadana. Profundas reformas En menos de 4 años, Hernández introdujo profundas reformas económicas, sociales y de seguridad. En esta última, depuró casi un tercio de la Policía y estableció la Policía Militar de Orden Público para apoyarla, mientras esta se reestructuraba. Su agresiva gestión, logró desarticular los principales carteles de la droga, extraditando a sus principales capos mientras creaba nuevos centros penales de alta seguridad para otros. Hernández destruyó narco pistas y narco laboratorios, desbarató las estructuras de lavado de activos y logró la incautación de fuertes cargamentos de drogas y de cientos de millones de dólares en propiedades, empresas y cuentas bancarias del crimen organizado. En el mismo lapso, el Gobierno invirtió fuertemente en la recuperación de espacios públicos seguros y otros programas de prevención. En algo menos de 4 años, como consecuencia, la tasa de homicidios se redujo a la mitad y se ha producido un descenso marcado de la extorsión. A solo días de esta cita con las urnas, la salud pública se está reestructurando. La educación ha logrado sostener más de doscientos días de clase cada año y se ha iniciado la reconversión de los sistemas de formación de docentes. Además, se puso en práctica una estrategia de combate a la pobreza en el mediano plazo sobre dos pilares: la mitigación ?a través de transferencias condicionadas y el mejoramiento de la vivienda y su entorno físico que benefició ya a más de un millón de familias?y la generación de empleo. Las cifras muestran una reducción de la pobreza de seis puntos. Se han creado programas especiales de capacitación y crédito para la microempresa y pequeños negocios y se ha lanzado un programa de Zonas de Empleo basado en la experiencia de Singapur y otros países con las llamadas «ciudades modelo». Las finanzas públicas lograron ordenarse mediante una reforma tributaria, la mejora de la recaudación, la contención del gasto público y la reducción del déficit fiscal a la mitad. Se saneó el sistema de contrataciones del Estado con nuevas prácticas mediante convenios firmados con Transparencia Internacional y la Iniciativa Cost. La inversión pública en infraestructura, con apoyo de instituciones bilaterales y multilaterales no tiene precedentes, y el país ha cumplido ya en forma rigurosa con el programa pactado con el FMI. Para el mediano plazo, el Gobierno diseñó el Programa «Honduras 20/20», en el cual marcó una ruta inteligente para el desarrollo de la inversión en sectores prioritarios, y la generación de 600.000 puestos de trabajo. Ante este panorama, el presidente Hernández busca la reelección para tratar de dar continuidad, en los próximos cuatro años, al programa de reformas iniciado en su actual administración. Alianza opositora Su más cercano contrincante, el ingeniero Salvador Nasralla, ampliamente conocido en el país como periodista deportivo y presentador televisivo de programas de entretenimiento, encabeza la denominada Alianza de la Oposición, cuya principal fuerza es el Partido Libre, de izquierda, y cuyo coordinador general es el ex presidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 por un golpe de Estado seis meses antes del final de su mandato. El presentador no tiene ningún antecedente en el ejercicio de cargos políticos o de gobierno y durante la campaña ha preconizado cambios en la política de seguridad, la eliminación de la Policía Militar y la depuración de la Policía. En su agenda, ha dado prioridad a la generación de empleo, plantea la eliminación de políticas «asistencialistas» y se declara contrario a las Zonas de Empleo emprendidas por Hernández, poniendo énfasis en el fin de la corrupción. Su campaña se ha orientado a la crítica de la situación del país y a la gestión del actual mandatario, aunque los analistas subrayan que no ha marcado con claridad una ruta alternativa realista para la solución de los problemas que señala, poniendo énfasis, sin embargo, en su honestidad para enfrentarlos. Sus declaraciones públicas no han estado exentas de la polémica. Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de «calumnias injustificadas» y búsqueda de protagonismo las declaraciones del presentador, en las que aseguraba que el organismo internacional recibirían recursos procedentes de una organización delictiva para legitimar un supuesto resultado electoral. La OEA aseguró que «por la gravedad de la calumnia y difamación subsecuente» estarían estudiando acciones legales contra el candidato. Como candidato de la izquierda, pese a sus críticas al Partido Libre anteriores a su incorporación a la Alianza de Oposición, todo parece indicar que se orientaría en la línea del expresidente Zelaya. En cuestión de horas, el pueblo hondureño deberá salir de la encrucijada. Apagadas las cámaras, los mítines, el populismo, las acusaciones o el olor a multitudes, únicamente el pueblo podrá salir de la encrucijada ante las urnas. En ese voto no importará el nombre, ni la persona? Honduras tiene en sus manos su destino, la ruta que escogerá para seguir haciendo progreso. No está en juego quién se convierta en presidente sino lo que su gestión puede significar para mantener el crecimiento de su economía, la generación de empleo, la seguridad y la reducción de la pobreza. En democracia, nadie es más que nadie salvo quien elige el pueblo y el futuro no esta escrito, solo ese pueblo puede escribirlo.
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