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Noticias de narcotrafico

10-12-2019 | Fuente: elpais.com
La doble condena de los presos en el exterior
Casi mil españoles están en cárceles fuera del país, el 60% de ellos por delitos de narcotráfico
08-12-2019 | Fuente: abc.es
La dolarización impulsada por Maduro profundiza la pobreza de los venezolanos
Nicolás Maduro ha liberado el uso legal del dólar, agradeciendo a Dios su existencia porque le permite impulsar una burbuja económica y una «normalidad» aparente que los especialistas catalogan de ficticia porque ha dividido a la población entre pocos ricos y muchos pobres, profundizando la pobreza de los venezolanos. En el sector de los que intentan salir de la pobreza se encuentra Yudelsi García, una chica humilde de 13 años, que se esmera en captar clientes con los símbolos del dólar y el euro para vender galletas de yuca o mandioca, en la carretera de Cúpira que conduce a Barcelona y Puerto La Cruz del estado Anzoátegui, el oriente del país. La madre de Yudelsi dice que el paquete de galletas cuesta cinco dólares, lo que equivale al salario mínimo, y como no tiene cómo dar cambio entonces ofrece la alternativa de hacer el cambio en efectivo en bolívares. Los vendedores de esas galletas intentan estar en la onda de la dolarización decretada por el régimen. Los letreros en dólares y euros escritos a manos compiten con las etiquetas marcadas en divisas en los supermercados y bodegones. Sus ventas se están reanimando ahora después de seis años de recesión con una caída de la actividad económica de 52% del PIB que para el próximo ano proyecta una reducción del 10%, según el economista Asdrúbal Oliveros, directivo de la consultora Ecoanalítica. En Puerto La Cruz, una ciudad turística del oriente venezolano, la fiebre por el dólar contagia a todo el mundo. Desde el fontanero, el mesero, el barman, el cuidador de coches, hasta el profesional y el ejecutivo de las multinacionales petroleras tanto chinas como rusas, han tasado su mano de obra en la divisa norteamericana y menos en euros porque se transa de forma reducida. Asdrúbal Oliveros pronostica: «El bolívar va a convivir como unidad de cuenta del Gobierno nacional junto con el Petro para el año que viene, aunque el principal dinamizador en Venezuela sea el dólar». La dolarización de las transacciones crece, pero con un techo. «El nivel de dolarización de las transacciones está creciendo de forma acelerada», hasta el punto de que en octubre «más de 50% de las transacciones en las principales ciudades se pagaban con divisas». Ese dinamismo ha provocado que otros grupos de población tengan acceso a dólares y gasten en consumo. «Cada vez hay mayor número de venezolanos que realiza transacciones en dólares; no estamos hablando de montos elevados, pero sí de pequeñas cantidades», señala Oliveros. Divisas desde el extranjero Pero no todo es coser y cantar con la dolarización que estuvo criminalizada durante los últimos 20 años del chavismo que encarcelaba a la gente que tuviera billetes verdes. Hoy en día está permitido que el dólar aparezca en facturas y documentos de propiedad inmobiliaria. Sólo el 15% de los venezolanos recibe divisas desde el extranjero de forma lícita bien por los conceptos de las remesas de familiares de emigrantes o la repatriación de capitales, que podrían sumar unos 6.000 millones de dólares anuales según afirma a ABC, Luis Vicente León, director de Datanálisis. En las grandes ciudades como Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Mérida, Valencia, Maracaibo y Caracas, las transacciones en dólares superan el 50% de las actividades comerciales, según sondeos de Datanálisis y Econanalítica, lo que ha dejado rezagada a la moneda nacional. La causa principal de la desaparición es que el régimen ha destruido el 90% de las empresas e industrias, por lo que ha desaparecido la manufactura y la producción nacional, dice la patronal Fedecámaras. No hay respaldo de la producción nacional para que permanezca el bolívar. El PIB de 400 mil millones de dólares hace 10 años ha sucumbido a 75 mil millones de dólares, una caída brutal. El boom del dólar es por el auge de las importaciones que está sincronizado con la inflación. El economista Jesús Cacique señala que la hiperinflación en Venezuela alcanza el 335.945% en los 11 meses transcurridos desde noviembre de 2017: «Los precios se duplican cada 17 días». El banquero Oscar García Mendoza dijo a ABC que «la cínica declaración de Maduro, de que le parece bien que se dolarice la economía venezolana, es porque deben estar procesando cantidades importantes de drogas en el país pues el narcotráfico tiene al régimen bajo sus órdenes y pueden trabajar con gran impunidad».
06-12-2019 | Fuente: abc.es
Delincuencia y política: el Foro de Sao Paulo
Está en curso una desgraciada tendencia, en muchos lugares del planeta: el abrazo, sin disimulos, sin escrúpulos y sin rubor, entre políticos y delincuentes. Cualquier historiador podría levantar la mano para sostener, y con razón, que los vínculos que han unido a los hombres de poder con el poderío de los delincuentes se remontan hasta la Antigüedad. Pero en los últimos tiempos, no solo en América Latina, se ha producido un cambio sustantivo: en varios países la delincuencia ha asaltado el poder. Hay que entenderlo: lo que está ocurriendo sobrepasa al fenómeno de la corrupción. Ya no se trata de la antigua y reiterada operación, según la cual, un mafioso con recursos a su disposición, especialmente financieros, «compra» favores, contratos, prebendas, complicidad, omisión o impunidad de policías, jueces, carceleros, parlamentarios y autoridades. La práctica, a través de los siglos, ha sido la del ocultamiento: corruptor y corrompido operaban en las sombras. Intentaban mantener sus relaciones y acuerdos, fuera de la vista de los demás. La corrupción era inseparable del secreto. La participación de intermediarios tenía como objetivo proteger la identidad del político o el poderoso que vendía sus decisiones (como, por ejemplo, la de no actuar o dejar el campo abierto para la acción de los delincuentes). Lo nuevo, o relativamente nuevo, es que la delincuencia ha invadido el campo de la política. El auge de la política-basura (la política basada en denuncias, invasión de la vida privada de los adversarios, escuchas telefónicas, acusaciones del más diverso tenor, uso de lenguaje procaz, prácticas de espionaje, delaciones y más), se ha sumado al odio que destilan las redes sociales, donde circulan señalamientos gravísimos, con frecuencia de fuentes anónimas, que se hacen virales, en algunos casos, con la intervención de maquinarias destinadas a ese fin. La destrucción de la política, es decir, el desconocimiento reiterado de su imprescindible necesidad, de su pertinencia social, de su credibilidad y de su legitimidad, despeja el terreno para que delincuentes -mejor dicho, delincuentes políticos-, envueltos en los ropajes del izquierdismo, el populismo, el nacionalismo, el socialismo y otros ismos afines, accedan a la política como vía de ingreso a los bienes que produce el trabajo de las personas, las empresas y las sociedades. El uso de todas las formas de lo violento y lo ilícito para conquistar el poder, fue patentado por el leninismo, que lo puso en práctica en la Rusia de 1917: hacerse con el control matando, asaltando propiedades, violando niñas y mujeres, destruyendo bienes -especialmente aquellos que tenían un carácter simbólico-, expropiando y más. Lenin formuló unas prácticas, donde los matones estaban llamados a cumplir un papel fundamental: el de arrasar con la política, desterrarla de lo público, para que en su lugar se instauraran prácticas como el engaño, el sabotaje, el atentado, las golpizas y asesinatos, el ataque terrorista, la invención de expedientes, la persecución y aniquilación de los disidentes, la sistematización del espionaje, el acoso de los defensores de la libertad, la eliminación de la libertad de prensa y mucho más. Insisto: en el origen mismo de la práctica comunista quedó establecida la incorporación de la delincuencia y los delincuentes como las herramientas fundamentales de conquista y gestión del poder. En la historia de la izquierda en América Latina -salvo excepciones- la acción de lo ilícito ha sido reiterada en la mayoría de los países: secuestros, asaltos a bancos, ataques terroristas, acciones de sabotaje, devastación de bienes privados y públicos, asesinato de empresarios, funcionarios públicos, militares o policiales, conformación de grupos de guerrilla que han causado pérdidas humanas y patrimoniales cuyo alcance es incuantificable. Lo asombroso, y esta es quizás la más perniciosa irradiación del leninismo, es que mucha de esa actividad delictiva, ha sido justificada y legitimada, en alguna medida, por discursos de pretensiones académicas o de carácter político-social. Que el Foro de Sao Paulo se haya erigido en una especie de casa matriz de lo ilícito; que haya articulado una red de gobiernos encabezada por corruptos; que se haya dado a la tarea de corromper a jerarcas de las fuerzas militares y policiales de varios países -Venezuela y Nicaragua, de forma exitosa-; que haya incorporado a su membresía a organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo como la FARC; que actúe como operador de regímenes abiertamente fuera de la ley como los de Ortega y Maduro; que active mecanismos para proteger a prófugos de la Justicia como Rafael Correa y Evo Morales; que cante loas a delincuentes como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, no debe sorprendernos: está en su genética. Ni debe sorprendernos que en varios países del continente hayan sido detenidos funcionarios venezolanos -policías, miembros de grupos paramilitares, malandros de largo expediente- que fueron diseminados por Maduro, con el objetivo de estimular la desestabilización. Tampoco debe sorprendernos que tenga distribuidos por toda América Latina agitadores, adeptos, militantes del resentimiento, sicópatas, grupos de delincuentes y pequeñas células que, apenas se presenta una oportunidad, salen a las calles, no a protestar, sino a demoler; no a formular una propuesta, sino a prender fuego, martillar, acabar con bienes y vidas, sin justificación ni lógica alguna. Salen a la calle a imponer la violencia. A mostrar la capacidad de los delincuentes de dominar a la sociedad. Salen a recordarnos por qué, en los últimos tiempos, un sujeto como Diosdado Cabello, se ha convertido en un factótum del Foro de Sao Paulo, y Caracas, el lugar donde se reunieron a finales de julio, y donde se reunirán el próximo mes de enero.
27-11-2019 | Fuente: elpais.com
La policía hace inventario del alijo del ?narcosubmarino?: ?152 fardos con más de 3.000 kilos de coca?
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Aldán, habla de "operación histórica" que marca un "antes y un después" en las investigaciones de narcotráfico
27-11-2019 | Fuente: abc.es
Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos en once años
El Gobierno interino de Bolivia anunció este martes el nombramiento de un embajador en Estados Unidos por primera vez en once años, después de que el anterior fuera expulsado por Washington a raíz de un conflicto diplomático durante el Ejecutivo de Evo Morales. Walter Oscar Serrate fue designado embajador de Bolivia en Washington por el Gobierno interino de Jeanine Áñez en un cambio radical de la política exterior del país respecto a los casi catorce años en el poder de Morales, quien renunció a la Presidencia el pasado de 10 noviembre forzado por las Fuerzas Armadas. La Cancillería de Bolivia comunicó este martes por Twitter el nombramiento, sin precisar cuándo se produjo, en un mensaje con una imagen de la canciller interina, Karen Longaric, junto a Serrate. El mensaje en la red social destaca que el nuevo «embajador extraordinario con representación plenipotenciario» fue representante permanente de Bolivia ante la ONU. Fuentes de la cancillería aseguraron a Efe que no está previsto por ahora algún pronunciamiento en detalle sobre la designación, que tiene que se ratificada por el Senado boliviano. Bolivia y Estados Unidos rompieron relaciones entre embajadores en 2008, cuando el Gobierno de Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg tras acusarlo de supuesta conspiración, algo que fue negado por Washington. En respuesta a esa acción de Bolivia, el Gobierno de George W. Bush respondió de la misma manera con el representante boliviano, Gustavo Guzmán. Tras ese incidente ambos países han mantenido relaciones únicamente a nivel de encargados de Negocios. En 2011, bajo el Gobierno de Barak Obama, Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco de respeto mutuo por el que se fijaban algunos pasos para la restitución de relaciones que debían finalizar con una reposición de embajadores. Pese a aquel intento, el Gobierno de Morales criticó varias veces a Estados Unidos por una supuesta intromisión en asuntos internos en temas como el narcotráfico o la calidad democrática. El Gobierno de Áñez, que asumió el poder de forma interina el pasado 12 de noviembre, ha dado un giro radical respecto a los casi catorce años en el poder de Morales. Una de las primeras decisiones fue distanciarse de gobiernos como los de Cuba y Venezuela, aliados políticos de Morales, hasta el punto de expulsar a cientos de médicos cubanos de Bolivia y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras romper relaciones con Nicolás Maduro. El Ejecutivo provisional mantiene además duras críticas hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que presentó una protesta formal por permitir que Evo Morales, asilado en México, incumpla a su entender las normas de asilo que le impedirían hacer declaraciones políticas sobre la situación en Bolivia. Evo Morales salió hacia México el pasado 11 de noviembre, un día después de anunciar su renuncia, presionado por los militares, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió irregularidades en los comicios del 20 de octubre en los que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. La renuncia es calificada de «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
23-11-2019 | Fuente: abc.es
La mujer de Hugo Carvajal acusa a la Justicia española de ceder a las presiones tras autorizar su extradición a EE.UU.
El exjefe de inteligencia del régimen chavista, Hugo «Pollo» Carvajal, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos por narcotráfico, se habría fugado de España para «en busca de justicia», según afirmó ayer en Twitter su esposa, Angélica Flores, que alega presiones políticas.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Sobre la situación actual de Hugo Carvajal: <a href="https://t.co/FijL27eeEn">pic.twitter.com/FijL27eeEn</a></p>&mdash; Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) <a href="https://twitter.com/hugocarvajal4f/status/1198263317271400448?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> En un vídeo que circula en esta red social, Flores señala que su esposo se despidió de ellos para «no seguir siendo objeto de injusticias», debido a las presiones políticas ?denuncia? que «habían logrado doblegar voluntades dentro de la Audiencia Nacional de España, para que la decisión de no extraditarlo fuera revocada». El que fuera durante once años el jefe de seguridad e inteligencia de Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro llegó a España, según dijo su mujer, «con la única intención de ser útil para Venezuela, para ayudar a acabar con la dictadura de Maduro». Flores recordó que compartió información vital con las autoridades españolas y que después comenzó a tener una serie de reuniones para «compartir información sobre el régimen venezolano, que se vieron truncadas por la orden de detención de Estados Unidos». A juicio de su mujer, Carvajal «confió en la imparcialidad» de la Justicia española, que en un primer momento no creyó el «relato novelesco» de Estados Unidos, ya que ?incidió? no tienen «ni una sola prueba», pero criticó que la sentencia fuera «extrañamente» revocada en segunda instancia debido a presiones diplomáticas. Para Angélica Flores «es difícil cuando se intenta nadar a contracorriente, aunque es la decisión que Hugo tomó cuando decidió salir de Venezuela para enfrentarse con firmeza a la narcotiranía» y porque tiene una «responsabilidad con el país. Su esposa termina alegando que su marido «no está escapado de la Justicia, la está buscando». Acusado de narcotráfico Más allá del relato de su esposa, Hugo «Pollo» Carvajal, acusado de narcotráfico, se encuentra desaparecido desde el 8 de noviembre cuando agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial fueron a buscarle a su domicilio. En un primer momento, la Audiencia Nacional negó su entrega por considerar que EE.UU. lo hacía por motivación política. Posteriormente, la Fiscalía apeló y el pleno de la Audiencia decidió aceptar la extradición. Cuando los agentes fueron a buscarle su hijo les aseguró que estaba reunido con su abogado para entregarse. Fuentes policiales sospechan de que Carvajal fue alertado con anterioridad y aseguran que sería difícil que haya abandonado nuestro país por vía aérea al tener retirado el pasaporte. Sin embargo cuando fue interceptado contaba con tres pasaportes falsos. Además, tienen dinero y contactos y sabe moverse en la clandestinidad, indican fuentes consultadas por ABC. La búsqueda del «Pollo» Carvajal hasta el momento ha resultado infructuosa.
23-11-2019 | Fuente: abc.es
Al menos tres policías muertos tras un atentado con explosivos en Colombia
Al menos tres policías han muerto y siete han resultado heridos en un atentado con explosivos perpetrado este viernes por desconocidos contra una comisaría del municipio de Santander de Quilichao, al suroeste de Colombia. «Hoy aproximadamente a las 9.10 de la noche se presentó un impacto explosivo contra la estación de Policía del municipio de Santander. El reporte es tres policías muertos y siete policías heridos», afirmó a periodistas el secretario de Gobierno del Cauca, Jaime Asprilla. Los fallecidos son los patrulleros Ever Danilo Canacuan Cuaical, Roy Gallyadi Fernández y Jesús Norbey Muelas Ipia, según las autoridades. Este ataque se produjo en un momento de máxima tensión en Colombia por la ola de disturbios y vandalismo que siguió a las protestas pacíficas del jueves contra la política económica y social del presidente Iván Duque, y que motivaron la declaración del toque de queda ese día en Cali y la noche de este viernes en Bogotá. El funcionario agregó que los criminales instalaron una rampa frente a la estación y desde allí «dispararon los cilindros que segaron la vida de estos tres policías», aunque no atribuyó a ningún grupo el ataque, del que inicialmente se informó de que era con coche bomba. El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de la disuelta guerriilla de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico. La rivalidad entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene un mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime. La violencia en el Cauca se ensaña con las comunidades indígenas y a finales de octubre pasado la autoridad neehwe'sx Cristina Bautista y los guardias Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto fueron asesinados por disidencias de las FARC, que según el Gobierno les dispararon en el caserío de Tacueyó. La ONG Programa Somos Defensores precisó en su «Informe Semestral Enero-Junio 2019» que al menos 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el primer semestre de este año en Colombia, diez de ellos en el Cauca. El 17 de enero pasado, el ELN perpetró un atentado con cpche bomba en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que causó 22 muertos y 67 heridos.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Las protestas sociales llegan ahora a Colombia: comienza la gran marcha contra Iván Duque
Colombia pasó una noche tensa y amanece este jueves con gran expectación ante el desarrollo de las marchas de protesta previstas para hoy jueves en todo el país, que antes de empezar ya han tenido gran impacto. Anoche el propio presidente Iván Duque, procurando enviar un mensaje de firmeza y a la vez garantista de los derechos ciudadanos, hizo una alocución a todo el país en la cual afirmó que está «tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público» durante el paro. Y recordó que está actuando coordinadamente con alcaldes y gobernadores para evitar excesos y violencia en todo el país. A la protesta nacional el presidente dijo que responderá «con humildad», dispuesto a «escuchar y atender» a todos los sectores sociales, que es precisamente una de las quejas que hay contra su Gobierno, calificado por muchos como refractarios al diálogo, poco dispuesto a dialogar con los sectores sociales, algo ensimismado. También afirmó que está dispuesto a apoyar «propósitos comunes» de todos los colombianos, arguyendo que el suyo es «construir una Colombia más justa, con un Gobierno sintonizado con los anhelos del país», dispuesto a «corregir algunos problemas». Y concluyó, en una entrevista posterior, que «como país y como Estado tenemos que garantizar el derecho a marchar, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando unos quieren afectar los derechos de los demás y la institucionalidad». Horas previas Desde inicios de la semana, aunque con especial énfasis ayer miércoles, algunas de las principales ciudades impusieron controles locales, como la declaración de ley seca (prohibición de vender licor), la suspensión de clases en colegios y universidades, presencia de miembros del Ejército en las calles, como los 12.000 desplegados en Bogotá, a pesar de que el ministro de Defensa ha insistido en que no hay militarización y solo habrá presencia de Policía, y otras restricciones encaminadas a controlar o disuadir los desmanes que puedan surgir a lo largo de la mañana y en horas de la tarde, cuando finalizará el gran paro nacional, como ha sido también denominadas estas marchas de protesta. Durante la noche, precisamente, la Catedral Primada de Bogotá fue recubierta con malla y vallas para protegerla, mientras otros edificios del patrimonio arquitectónico y el comercio del centro de la ciudad ?que siempre paga los platos y vidrieras rotas de las protestas? recurrieron a rejas, tablas y cobertores que eviten el impacto de acciones de vandalismo. Pareciera como si un gran huracán se aproximara al país. La Policía anunció, por su parte, que estrena en la jornada un sistema de reconocimiento facial para poder identificar a los vándalos encapuchados, mensaje disuasivo destinado a los interesados en intensificar los actos de violencia contra la fuerza pública o los ciudadanos que marchen pacíficamente. También ha habido un reiterado llamamiento a todos los ciudadanos para que ayuden a evitar desmanes y que procuren sofocar las provocaciones de los violentos. Un caso se presentó precisamente ayer en Medellín, donde unos 50 encapuchados iniciaron acciones violentas como antesala de las marchas, pero fueron controlados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde estaban agitando. En la ciudad de Pasto, al sur del país, la Universidad de Nariño también empezó a padecer los rigores de vándalos camuflados de protesta estudiantil. El país entero empieza el día entre expectante y temeroso. Algunos esperanzados de que sea una protesta pacífica y ejemplar. Como sea, Colombia está en modo marcha y antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de esta convocatoria nacional a que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, inclusive, auguran más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Voces internacionales, como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, enviaron un mensaje claro reiterando que «la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia» y compartió su preocupación por allanamientos a medios de comunicación, el despliegue deL ejército, la estigmatización de la protesta social tanto en las redes como por parte de algunos medios de comunicación. Deportación de infiltrados y cierre de fronteras Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se le dice en Colombia también, llega con un inusitado impulso de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Además, acuñada por encuestas recientes que indican un creciente rechazo al Gobierno del presidente Duque, frente al cual el 69% de los encuestados dice tener una opinión negativa de su gestión en estos 15 meses de Gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsadas 15 foráneos en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Los aeropuertos, vías de acceso a las ciudades, terminales de transporte y similares están bajo cercana vigilancia. Garantizar la movilización de quienes no marchan y las actividades de entidades públicas, empresariales o bancarias es una prioridad. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues, si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. Agenda de la protesta En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos en los que encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes y a colectivos de artistas y periodistas o medios alternativos. La presión de la marcha no es de hoy, viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, lo que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo gira en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Paradójicamente, las cifras de crecimiento del país están entre las más altas de la región y arrojan un parte positivo con un 3,3% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Muchos otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo corrido del año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto una lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Por ese motivo, precisamente, ayer se sumó la Cumbre Agraria, que recoge a los campesinos y grupos étnicos de las zonas más apartadas del país, que hoy viven en carne propia la violencia contra sus líderes. Marchan en defensa de la vida de líderes sociales y reclamando acciones de protección colectivas para sus comunidades. Hoy marcará un antes y después para el gobierno de Iván Duque y para el país. Si a esta cita del 21N llegan los colectivos clásicos de toda marcha (sindicatos estatales, de la industria, de maestros y de la salud) y a ellos se suman estudiantes universitarios, líderes sociales territoriales, trabajadores de empresas privadas, del transporte y otros sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Las protestas llegan a Colombia: grandes marchas contra Iván Duque colapsan Bogotá y otras ciudades
Colombia estaba este mediodía alegremente colapsada por las marchas que avanzaban hacia las plazas principales de las ciudades. El términos generales, el gran paro nacional convocado para este jueves contra el Gobierno de Iván Duque transcurrió en paz a lo largo de la mañana. Eso sí, con música, arengas y una gran multitud que hizo del tráfico un caos y dio al jueves un color más de domingo. Los temores a grandes incidentes de la víspera parecían disipados: algunos puntos del metro de Medellín cerrados preventivamente, otros del transporte público bogotano también restringidos y asi sucesivamente en las grandes ciudades, cuyos alcaldes tomaron medidas para atajar cualquier acto vandálico. Se dieron, pero relativamente insignificantes para lo esperado. Colombia había pasado una noche tensa y amaneció con gran expectación ante el desarrollo de las marchas de protestas previstas para hoy jueves en todo el país, que antes de empezar ya tuvieron gran impacto. Anoche el propio presidente Iván Duque, procurando enviar un mensaje de firmeza y a la vez garantista de los derechos ciudadanos, hizo una alocución a todo el país en la cual afirmó que está «tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público» durante el paro. Y recordó que está actuando coordinadamente con alcaldes y gobernadores para evitar excesos y violencia en todo el país. A la protesta nacional el presidente dijo que responderá «con humildad», dispuesto a «escuchar y atender» a todos los sectores sociales, que es precisamente una de las quejas que hay contra su Gobierno, calificado por muchos como refractarios al diálogo, poco dispuesto a dialogar con los sectores sociales, algo ensimismado. También afirmó que está dispuesto a apoyar «propósitos comunes» de todos los colombianos, arguyendo que el suyo es «construir una Colombia más justa, con un Gobierno sintonizado con los anhelos del país», dispuesto a «corregir algunos problemas». Y concluyó, en una entrevista posterior, que «como país y como Estado tenemos que garantizar el derecho a marchar, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando unos quieren afectar los derechos de los demás y la institucionalidad». Horas previas Desde inicios de la semana, aunque con especial énfasis ayer miércoles, algunas de las principales ciudades impusieron controles locales, como la declaración de ley seca (prohibición de vender licor), la suspensión de clases en colegios y universidades, presencia de miembros del Ejército en las calles, como los 12.000 desplegados en Bogotá, a pesar de que el ministro de Defensa ha insistido en que no hay militarización y solo habrá presencia de Policía, y otras restricciones encaminadas a controlar o disuadir los desmanes que puedan surgir a lo largo de la mañana y en horas de la tarde, cuando finalizará el gran paro nacional, como ha sido también denominadas estas marchas de protesta. Durante la noche, precisamente, la Catedral Primada de Bogotá fue recubierta con malla y vallas para protegerla, mientras otros edificios del patrimonio arquitectónico y el comercio del centro de la ciudad ?que siempre paga los platos y vidrieras rotas de las protestas? recurrieron a rejas, tablas y cobertores que eviten el impacto de acciones de vandalismo. Pareciera como si un gran huracán se aproximara al país. La Policía anunció, por su parte, que estrena en la jornada un sistema de reconocimiento facial para poder identificar a los vándalos encapuchados, mensaje disuasivo destinado a los interesados en intensificar los actos de violencia contra la fuerza pública o los ciudadanos que marchen pacíficamente. También ha habido un reiterado llamamiento a todos los ciudadanos para que ayuden a evitar desmanes y que procuren sofocar las provocaciones de los violentos. Un caso se presentó precisamente ayer en Medellín, donde unos 50 encapuchados iniciaron acciones violentas como antesala de las marchas, pero fueron controlados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde estaban agitando. En la ciudad de Pasto, al sur del país, la Universidad de Nariño también empezó a padecer los rigores de vándalos camuflados de protesta estudiantil. El país entero empieza el día entre expectante y temeroso. Algunos esperanzados de que sea una protesta pacífica y ejemplar. Como sea, Colombia está en modo marcha y antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de esta convocatoria nacional a que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, inclusive, auguran más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Voces internacionales, como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, enviaron un mensaje claro reiterando que «la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia» y compartió su preocupación por allanamientos a medios de comunicación, el despliegue deL ejército, la estigmatización de la protesta social tanto en las redes como por parte de algunos medios de comunicación. Deportación de infiltrados y cierre de fronteras Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se le dice en Colombia también, llega con un inusitado impulso de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Además, acuñada por encuestas recientes que indican un creciente rechazo al Gobierno del presidente Duque, frente al cual el 69% de los encuestados dice tener una opinión negativa de su gestión en estos 15 meses de Gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsadas 15 foráneos en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Los aeropuertos, vías de acceso a las ciudades, terminales de transporte y similares están bajo cercana vigilancia. Garantizar la movilización de quienes no marchan y las actividades de entidades públicas, empresariales o bancarias es una prioridad. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues, si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. Agenda de la protesta En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos en los que encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes y a colectivos de artistas y periodistas o medios alternativos. La presión de la marcha no es de hoy, viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, lo que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo gira en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Paradójicamente, las cifras de crecimiento del país están entre las más altas de la región y arrojan un parte positivo con un 3,3% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Muchos otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo corrido del año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto una lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Por ese motivo, precisamente, ayer se sumó la Cumbre Agraria, que recoge a los campesinos y grupos étnicos de las zonas más apartadas del país, que hoy viven en carne propia la violencia contra sus líderes. Marchan en defensa de la vida de líderes sociales y reclamando acciones de protección colectivas para sus comunidades. Hoy marcará un antes y después para el gobierno de Iván Duque y para el país. Si a esta cita del 21N llegan los colectivos clásicos de toda marcha (sindicatos estatales, de la industria, de maestros y de la salud) y a ellos se suman estudiantes universitarios, líderes sociales territoriales, trabajadores de empresas privadas, del transporte y otros sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Colombia cierra sus fronteras y expulsa a infiltrados extranjeros ante el paro nacional de este jueves
Colombia está en modo marcha. Antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de una convocatoria nacional, prevista para la mañana de hoy jueves y a la que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, incluso, se arriesgan a augurar que saldrán más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, pero especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se llama en Colombia también, llega con un inusitado impulso propio de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Pero, además, por encuestas que indican el decreciente respaldo que tiene el Gobierno del presidente Iván Duque, que ya llega al 69% en 15 meses de gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del Siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsados 15 extranjeros en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos donde encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes. Colectivos de artistas y periodistas también han sido allanados. Los motivos de la protesta La tensión de la marcha no es solo hoy, sino que viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo es la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo que va de año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto la lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Hoy marcará un antes y después para el Gobierno de Duque y para el país. Si llegan a la cita los colectivos clásicos de toda marcha, como sindicatos estatales, de la industrial, de maestros y de la salud, y a ellos se suman colectivos de estudiantes universitarios, de líderes sociales territoriales, de trabajadores de la industria, del transporte y de diversos sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de Gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
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