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Noticias de narcotrafico

17-10-2020 | Fuente: abc.es
El exministro mexicano que manejaba los cárteles de la droga
Cienfuegos estaba predestinado, por apellido, a formar parte del aparato militar de los Estados Unidos de México. No sólo por la nomenclatura del mismo, sino porque su padre fue teniente coronel de su Ejército. Y lo consiguió personificado en la mayor fuerza militar como el único secretario de Defensa con el anterior presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ahora acaba de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), implicado en cinco cargos de narcotráfico dentro de la operación Padrino, en la que seguramente haya acusaciones por lavado de dinero. Ostentó cargos como comandante en cinco regiones militares, algunas de las más castigadas por el narcotráfico, y fue jefe de operaciones del Estado Mayor.. Ver Más
16-10-2020 | Fuente: abc.es
Detenido en EE.UU. el exsecretario de Defensa del expresidente de México Peña Nieto
El general mexicano Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ha sido detenido este jueves en Estados Unidos, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Cienfuegos fue detenido a su llegada al aeropuerto de Los Angeles (California), confirmó Ebrard en su cuenta de Twitter. «He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California», señaló Ebrard. Las informaciones sobre la captura no detallan las causas ni los delitos por los cuales sería acusado el general Cienfuegos. Ebrard confirmó que se le ofrecerá la asistencia consular a la cual tiene derecho. «La Cónsul general (de México) en Los Ángeles me estará informando en las próximas horas de los cargos», precisó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Carrera militar y política El general Cienfuegos, militar desde el año 1964, se desempeñó como titular de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2014. Antes de ser titular de la Defensa Nacional, Cienfuegos ocupó el cargo de oficial mayor de esta secretaría durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Con su detención, Cienfuegos se ha convertido en el exfuncionario de mayor nivel detenido en Estados Unidos después de la captura de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón. García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU) por cargos de narcotráfico y por haber recibido sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para permitirle operar con impunidad en el país. De acuerdo con la acusación, entre 2001 y 2012, García Luna recibió este dinero a cambio de brindar protección al cartel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico. Entre 2001 y 2005 García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México que fue creada en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox, para después ser ministro de Seguridad Pública de Calderón.
16-10-2020 | Fuente: abc.es
El más alto militar en México con Peña Nieto arrestado en Los Ángeles por sus vínculos con el narcotráfico
Este jueves 15 de octubre México se acostaba sobresaltada por una procelosa noticia, que pese a ocurrir en Los Ángeles, no ha dejado indiferente a sus más de 125 millones de habitantes en un caso sin precedentes conocidos. Salvador Cienfuegos Zepeda, el exsecretario de Defensa del Ejército responsable máximo del ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido arrestado a petición de la DEA (Administración de Control de Drogas) en el aeropuerto estadounidense mientras iba acompañado de su familia. Las pesquisas apuntan a que se trata de un trasiego de droga, narcotráfico y lavado de dinero. Llama la atención que Cienfuegos se encargaba de las visitas diplomáticas a Estados Unidos y que fuera el máximo dirigente militar como coronel de hasta cuatro regiones militares de las más golpeadas por la droga en México. La intervención policial llevada a cabo por Estados Unidos ha sido denominada como Operación Padrino. Estaba en la mira de las autoridades desde hace diez años por lo que dada la ardua investigación no se informó al actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la filtración de la información y la posible presión de las autoridades mexicanas. El militar de 72 años era conocido por su firmeza al enfrentarse a organizaciones criminales a las que nombró como «bestias criminales». La detención de este alto cargo hace que coincidan dos exdirigentes, encargados de velar por la seguridad del país mexicano, entre rejas. La investigación sugiere vínculos con el crimen organizado y coincide en la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y que sentenció a Joaquín «el Chapo» Guzmán. La investigación sugiere que se iniciara antes de que Salvador formara parte del más alto rango militar del expresidente Peña Nieto. El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, asegura que el acusado espera la llegada de su abogado desde México y que son cinco cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Desde Los Angeles la Cónsul , Marcela Celorio, reporta : la audiencia será a las 14:30 (16:30 hora de CDMX) se estima será trasladado el Gral Cienfuegos a Nueva York, su abogado llega en unas horas desde México, son 5 cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.</p>&mdash; Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) <a href="https://twitter.com/m_ebrard/status/1317113483230666754?ref_src=twsrc%5Etfw">October 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Se unen a otras dos detenciones sonadas recientemente: la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Este último encargado del petróleo mexicano y detenido en Málaga en febrero de este año. Supuesta colaboración con EE.UU. El caso impresiona si tenemos en cuenta la colaboración sine qua non el Gobierno de Peña Nieto (presidente hasta el 30 de noviembre de 2018) ofreció a los Estados Unidos en su implicación en la lucha contra el narcotráfico en el que se sustentaba para gobernar. Y es que la unión con sus vecinos norteños para luchar contra los cárteles ha sido con mano dura, tal y como demuestra la detención. Cuando los mexicanos ya no esperaban nada más de sus políticos sino malas experiencias, ocurre un nuevo hito. El arresto de Salvador Cienfuegos supone el arresto del militar de más alto rango detenido hasta la fecha en los Estados Unidos Mexicanos. El actual presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina ha asegurado que no hay en México investigación alguna contra el coronel y expresó: «Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico». El acusado será trasladado en las próximas 48 horas a Brooklyn (Nueva York).
14-10-2020 | Fuente: abc.es
Cuanto más se aleja Maduro de Chávez, más margen queda para el chavismo originario
La imagen de Hugo Chávez no se ha hundido entre los venezolanos del mismo modo que lo ha hecho la economía, el marco institucional y de libertades o la popularidad de su sucesor. La sorpresa es que, si bien lo que sucede en Venezuela es fruto de las políticas puestas en marcha por Chávez, este es percibido con benevolencia por casi la mitad de la población. Es lo que constata el investigador Alejandro Motta en su tesis doctoral «El populismo de Hugo Chávez y sus efectos en los valores políticos de los venezolanos». En una encuesta realizada para ese estudio, presentado la semana pasada en la Universidad de Navarra, Motta constata que el 52,8% de los venezolanos rechaza que Chávez fuera un dictador y el 44,5% considera que promovió la libertad de expresión y defendió la democracia. Motta concluye que esas elevadas cifras no son fruto de la adhesión política, sino de la nostalgia por un tiempo en que la vida discurría sin los sufrimientos del actual colapso general del país. «En realidad, lo que hay es la añoranza de un pasado reciente: al menos con Chávez había algo para comer», afirma el investigador. «La cuestión es que cada vez que con Nicolás Maduro la situación sigue empeorando, con más fuerza se mantiene la nostalgia acerca de la figura de Chávez y eso da una oportunidad a un chavismo originario o alternativo», asegura. Como el peronismo argentino Una salida de la actual situación podría venir precisamente de la división efectiva del chavismo, que permitiera apartar a Maduro y a sus sostenes de poder, pero Motta es algo escéptico sobre esa operación. Ciertamente ve condiciones y espacio para que en la política venezolana de las próximas décadas pueda pervivir un componente ideológico chavista, como sucede con el peronismo en Argentina, pero advierte que de momento quienes más aluden a un chavismo originario, libre de la contaminación posterior, son los elementos más marxistas y por tanto más cerrados a una evolución de la mano de los cambios sociales. Motta considera que la imagen de Chávez también se beneficia de la carga negativa que recibe Maduro y la cúpula que le rodea por las continuas informaciones acerca de la criminalidad del régimen: la corrupción, la implicación directa en el narcotráfico, el lavado de dinero.. «Mucho de eso ya existía con Chávez, pero entonces solo eran sospechas; él murió sin que se le llegara a adjudicar esa etiqueta. El chavismo que venga después de Maduro tendrá que desmarcarse de este aspecto criminal». Efecto en los valores políticos El estudio de Motta compara los resultados de una importante encuesta sobre valores políticos llevada a cabo en Venezuela en 1994 con los datos de su propia encuesta, realizada en 2019, 25 años después, planteando en algunos casos las mismas preguntas. Entre sus conclusiones destaca que la sociedad venezolana se ha hiperpolitizado, pues hoy no hay ciudadanos que puedan vivir al margen de la cuestión política: todos perciben que esta influye en los más diversos aspectos de su vida diaria. En 1994, solo el 26,1% de los venezolanos afirmaba que la política era para ellos un asunto muy o algo importante; en 2019, esa cifra era del 71,8%. También se ha incrementado el sentido de dependencia del Estado. La idea de ser un país rico debido al petróleo y la demanda de que esa riqueza llegue a todos siempre han estado ahí, especialmente tras la nacionalización de la industria petrolera de 1974, pero el chavismo ha acentuado la dependencia mediante subsidios y las «misiones sociales», de forma que al venezolano se le ha convencido de que debe esperarlo todo del Estado. Quienes creen que Venezuela es en el fondo un país rico ha pasado del 73% al 89,9%, sugiriendo que «la crisis, en parte, podría ser la consecuencia de una distribución injusta de la renta petrolera». Eso incrementa además la añoranza de Chávez, cuya popularidad como presidente tuvo completa correlación con el precio del barril del petróleo y de los ingresos que por este recibía el Estado (es decir, según Motta, no había tanto un elemento carismático en el liderazgo de Chávez, sino un cálculo de conveniencia por parte de los electores). Por otro lado, la situación ha llevado a los venezolanos a valorar más la democracia, lo que no se contradice con cierto desinterés por los partidos políticos: aunque hay más venezolanos que se declaran opositores, el 37,4% dicen no estar ni con el chavismo ni con la oposición, cifra que es del 50% entre los jóvenes de 18 a 24 años y del 52,2% entre el estrato económico medio.
05-10-2020 | Fuente: abc.es
Exlíderes de las FARC se declaran culpables del asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado
En Colombia, un país de tantas muertes violentas, no basta con declararlas: hay que probarlas. Eso es lo que tendrán que hacer los excomandantes de la guerrilla de las FARC, quienes en una carta dirigida a la Justicia Especial de Paz (JEP), tribunal de la justicia transicional establecido por el Acuerdo de paz firmado en 2016, anunciaron que ante dicha instancia hablarán de su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los magnicidios que hace 25 años sacudió al país y que desde entonces ha sido uno de los casos más investigados, menos esclarecidos pero eso sí con las mayores conjeturas de la historia reciente colombiana. Uno de esos crímenes que avanza poco y cuando lo hace, queda atrapado en una calle ciega. ¿Pero lo dicho por la otrora comandancia de las FARC y hoy dirigencia del partido FARC sí da luces sobre el caso y aporta la verdad, como pretenden? Muchos líderes de opinión pública y políticos, del presidente Iván Duque para abajo, cuestionan no la posible participación operativa de la exguerrilla en el asesinato, sino el momento en que vienen a decirlo y los intereses de terceros que puedan esconder al asumir ese crimen que, bajo la JEP, quedaría declarado, pero no será ya motivo de condena judicial. Al respecto Duque señaló que «adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones».  Otros, como la familia Gómez Hurtado, hijos o sobrinos del líder conservador asesinado, no creen en este giro del caso ni en esa verdad de la FARC e insisten, como lo vienen haciendo hace años, pero sin aportar pruebas contundentes ?que dicen pronto saldrán a la luz pública-, que fue un crimen de Estado orquestado por personas del gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano, el cual apenas terminaban el primero de cuatro turbulentos años de un mandato horadado por la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, gobierno fuertemente cuestionado en su legitimidad por el propio Álvaro Gómez Hurtado. Este domingo, Samper y su ministro del Interior en 1995, Horacio Serpa, quienes siempre han negado cualquier relación con el magnicidio, madrugaron a declararse igualmente sorprendidos al resto del país por las afirmaciones de puño y letra de la FARC, e inclusive se declararon víctimas del largo silencio de las FARC pues afirman que han sido 25 años de acusaciones en su contra, que podrían también llegar a los estrados judiciales por calumnia y difamación. Giro de la historia Esta línea de investigación con la guerrilla de las FARC como protagonista nunca había sido considerada seriamente. Pero las cosas cambiaron a inicios de septiembre, cuando la exsenadora Piedad Córdoba lanzó dio el nombre de las FARC, exigiéndoles que dijeran la verdad sobre el crimen de Gómez Hurtado, cosa que sorprendió a los colombianos. Además, afirmó tener pruebas que los vinculan al magnicidio y por las cuales ha sido llamada por la Fiscalía a entregar testimonio esta misma semana, dado que el caso Gómez Hurtado no prescribe y esa entidad le ha dado un nuevo aire a ver si finalmente logra desenmarañarlo. Algunos insisten aún hoy que el asesinato de Gómez Hurtado (noviembre de 1995) fue producto de un oscuro tinglado del gobierno Samper, en especial lo señala su sobrino y cabeza del caso a nombre de la familia, Enrique Gómez Martínez, quien desestimó en declaraciones a la revista Semana que fuera obra de la guerrilla de las FARC, argumentando que ni a Córdoba ni a las Farc o a la JEP, como instancia judicial, se les puede creer o respaldar, en especial porque si dicho tribunal asume el caso, las investigaciones pasarían de la Fiscalía a ese tribunal, donde el rótulo de magnicidio y las imputaciones o reparaciones que de allí puedan derivarse quedarían reducidas a uno más de los crímenes de la guerrilla, dándole finalmente algo así como un entierro de tercera. Pero, en teoría, hay otra línea de investigación que es su momento tuvo despliegue y ahora parece desdibujarse: un grupo de militares retirados, y seguramente uno que otro activo, en alianza con fuerzas políticas de derecha y con sectores poderosos del país conspiraron para derrocar a Samper, supuestamente con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, crear un gobierno de transición liderado por Gómez Hurtado, sin duda la figura del Partido Conservador más respetada del país, cosa que el también periodista y pintor supo y rechazó. Por eso la determinación habría sido silenciarlo. ¿Verdad de no creer? ¿Entonces, cuál es la verdad? Bien puede ser la que dice tener la dirigencia de la Farc. En 2012, paradójicamente, uno de los alfiles del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador José Obdulio Gaviria, conoció unas cartas del máximo líder de la guerrilla de las Farc, ?Tirofijo? (Pedro Antonio Marín) en las cuales afirmaba que esa guerrilla había sido la autora del asesinato de Gómez Hurtado. Esas cartas hacen parte de una recopilación hecha por Gaviria, que volvió un libro que inclusive fue avalado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo el país quiere que la Farc diga la verdad, que acepte el reclutamiento de menores, los secuestros inhumanos, la violencia sexual contra sus propias guerrilleras, entre otros crímenes y abusos. Entonces sacan una carta haciéndose cargo de cinco asesinatos ? del académico y negociador de paz Jesús Antonio Bejarano, del general Fernando Landazabal Reyes, del líder guerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez y del congresista Pablo Emilio Guarín-, incluido el de Gómez Hurtado, pero ahora hay dudas de si creerles o no. El problema para los excomandantes de las Farc es que no se les cree ni cuando dicen verdades ni cuando acomodan hechos y mucho menos cuando mienten. Después de meses de ser criticados por no hacerse cargo de sus delitos y decirle la dura verdad al país, cuando en teoría la dicen tampoco se les cree. Deben aportar las pruebas, deben despejar toda duda de que fueron los autores materiales e intelectuales, o si se aliaron con terceros, que lo digan también. La verdad no puede seguir siendo una carta que se baraja a conveniencia.
03-10-2020 | Fuente: abc.es
López Obrador utiliza al pueblo para vengarse de sus antecesores
México podrá celebrar un referéndum para decidir si se debe llevar a juicio a los cinco expresidentes vivos del país mesoamericano. El jueves, la Suprema Corte de Justica declaró que la consulta es constitucional tras una dividida votación en la que hubo seis votos a favor y cinco en contra. El resultado avala el referéndum propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que durante su mandato México está viviendo una «transformación» tan profunda como lo fueron eventos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. En su resolución, la Suprema Corte aprobó una pregunta ligeramente diferente a la original. «¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», será la cuestión que deberá ser respondida con un «sí» o un «no». López Obrador quiere celebrar el referéndum en junio de 2021, cuando está previsto tendrán lugar las próximas elecciones legislativas para renovar toda la Cámara de Diputados. La medida es polémica porque llamaría a las autoridades a comenzar a investigar a los cinco expresidentes vivos aunque no haya indicios en su contra. «Si tienen evidencias contra expresidentes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo Romano», dijo en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la oenegé Human Rights Watch División América.El positivo de Trump mata la campaña electoral y convulsiona EE.UU. Los expresidentes vivos son Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Precisamente, el gobierno de Salinas de Gortari marcó el inicio de lo que López Obrador califica como el «periodo neoliberal», una época que para el actual presidente duró hasta el final del gobierno de Peña Nieto, quien dejó el poder el 1 de diciembre de 2018. En esos treinta años fue cuando se produjeron varias privatizaciones de empresas públicas como Telmex o Aeroméxico y se firmó el NAFTA, el primer tratado de libre comercio en América del Norte. López Obrador marca justo el comienzo del supuesto «periodo neoliberal» con la presidencia de Salinas de Gortari porque fue cuando él abandonó el PRI para fundar el PRD, un partido político de izquierda. Actualmente, la fiscalía tiene abierta una investigación contra Calderón y Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de Odebrecht. La investigación surge de las declaraciones del expresidente de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, quien ya testificó ante las autoridades mexicanas para acusar a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 de haber recibido 100 millones de pesos (casi 4 millones de euros) de la constructora brasileña. Los presidentes en México gozan de inmunidad constitucional popularmente conocida como «fuero» bajo los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. Se trata de una protección para el Jefe del Estado mexicano similar a la inviolabilidad del Rey que establece la Constitución Española. El Congreso mexicano actualmente está debatiendo un proyecto para reformar los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito. Lo importante es consultar al pueblo «Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se les pregunte a los mexicanos, esa es la esencia de la democracia», dijo López Obrador el viernes para celebrar la decisión de la Suprema Corte. «Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio que sabe tomar decisiones», continuó el presidente en «La Mañanera», su rueda de prensa matutina con la que cada día trata de marcar la agenda mediática del país mesoamericano. La consulta sobre si los expresidentes deben de ser enjuiciados por corrupción es el último de los muchos plebiscitos que ha experimentado la democracia mexicana bajo la batuta de López Obrador. La primera de estas ocurrencias fue cuando organizó un referéndum para decidir si se debía suspender la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México cuando ya estaba completado al 30%. En aquella ocasión, un 69,9% votó por poner fin a las obras del nuevo aeropuerto, un proyecto iniciado en 2015 bajo el mandato de Peña Nieto. Sólo un 1,9% del censo electoral participó. En otra ocasión, López Obrador realizó una votación a mano alzada durante un mitin para decidir si se debía construir un sistema de transporte público en el Estado de Durango, al norte del país. Mediante silbidos y abucheos, sus seguidores expresaron su rechazo al proyecto, por lo que López Obrador decidió cancelarlo. «El pueblo manda», gritó enfervorecido. En marzo, también se suspendió la construcción de una planta para producir cerveza mediante otra de estas polémicas consultas. La empresa Constellation Brands tenía pensado gastar 1.400 millones de dólares para construir la planta en Mexicali, al norte de México, pero la inversión fue rechazada por el 76% de los 36.000 ciudadanos que votaron en el plebiscito. Los participantes representaban sólo un 4,6% de los 794.900 ciudadanos registrados en el censo electoral de Mexicali. Cinco expresidentes para el banquillo Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) Su presidencia supuso la privatización de varias empresas públicas y el inició de la apertura de la economía mexicana hacia el exterior. Según una encuesta del diario «El Universal», es visto como el segundo presidente más corrupto de México tras Peña Nieto. Su nombre ha estado vinculado a varios escándalos de corrupción, sin embargo, nunca ha sido investigado por la justicia. Ernesto Zedillo (1994-2000) Zedillo centró su gobierno en lidiar con la crisis del peso mexicano de 1994 y con la revuelta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él ordenó en 1995 la detención en 1995 de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas, por el asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu. Vicente Fox (2000-2006) Fox fue el primer presidente mexicano que no militaba en el PRI desde los años treinta. Según el libro «Fox, negocios a la sombra del poder», el expresidente enfrentaba una serie de investigaciones por corrupción que fueron congeladas con la llegada de Peña Nieto. Felipe Calderón (2006-2012) Es recordado como el presidente que sacó al Ejército para iniciar una guerra contra los narcotraficantes. El principal arquitecto de la guerra contra el narcotráfico fue su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa. Enrique Peña Nieto (2012-2018) Su Sexenio estuvo plagado de escándalos. Los dos más graves fueron la desaparición en 2014 de los jóvenes de Ayotzinapa y la «Casa Blanca», cuando una investigación periodística desveló que él y su exmujer recibieron un posible trato de favor por parte de un contratista del gobierno. El presidente de Pemex, Emilio Lozoya, también lo involucra en la trama Odebrecht.
01-10-2020 | Fuente: abc.es
Más de 200 personalidades protestan a la UE en rechazo de la postura de Borrell en Venezuela
Más de 200 personalidades de Iberoamérica enviaron el pasado martes una comunicación dirigida a la Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Consejo Europeo y a los 27 ministros de Relaciones Exteriores agrupados en la Unión Europea (UE) en rechazo a las iniciativas que viene desarrollando Josep Borrell, Alto Representante de esa comunidad política para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en acuerdo con el Gobierno de España. El emplazamiento está encabezado por María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Humberto Calderón Berti y Carlos Ortega, y cuenta con el respaldo de expresidentes como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Jorge «Tuto» Quiroga, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Cristiani, Juan Carlos Wasmos y y Oswaldo Hurtado. Además, figuran personalidades políticas como el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; el presidente del Partido Popular español, Pablo Casado; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; los dirigentes políticos de Argentina y México, Patricia Bullrich y Marko Cortés Mendoza; las senadoras colombianas María Fernanda Cabal y Paola Holguín; los eurodiputados Hermann Tertsch y Margarita de la Pisa; los diputados españoles Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor González, así como los académicos y escritores Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y Héctor Schamis; la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, entre otros. En la carta, estas personalidades califican las últimas operaciones políticas de Borrell como una misión incongruente que obstaculiza el rescate por la libertad venezolana. Asimismo, rechazan que el Gobierno de España promueva esas maniobras para avalar unas ilegítimas elecciones parlamentarias en Venezuela. «El Alto Representante, actuando también como representante del gobierno español, intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición de Venezuela para reinstitucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poder entonces convocar a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas», reza el exhorto. De acuerdo con los firmantes, estas acciones traicionan acuerdos y pronunciamientos previos de la propia UE y otras organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, además de que pretenden solventar miles de asesinatos, torturas y violaciones agravadas a los derechos humanos, expuestos en el Informe de la Misión de DD.HH. de Naciones Unidas, con una prórroga de los supuestos comicios de diciembre y la búsqueda de «condiciones mínimas» para unas elecciones parlamentarias. Avanzar -insisten en el documento- con estas «condiciones mínimas» representaría una violación más a los DDHH, ahora promovida por la comunidad de naciones europeas que ha liderado históricamente la defensa de los derechos humanos. Tres premisas fundamentales De igual forma, sostienen que esa ruta es facilitada por el Gobierno de Turquía, al que atribuyen una mediación a costa del saqueo de las arcas venezolanas, e ignora tres premisas fundamentales de la tragedia venezolana: 1. La masiva y sistemática violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, 2. La ausencia de soberanía nacional y la ocupación prolongada por fuerzas extranjeras cubanas, iraníes y grupos terroristas y 3. La naturaleza criminal transnacional del régimen, con la convergencia del narcotráfico y mafias financieras que blanquean el dinero saqueado a la nación. Esas premisas, agregan, «están por encima de cualquier posibilidad de negociar o apoyar algún tipo de condiciones para elecciones con el régimen criminal en el poder». Finalmente, los firmantes indican que si la Unión Europea duda sobre estos tres aspectos medulares, debería conformar una comisión de verificación de hechos para informar al Consejo de Europa y a los gobiernos de la Unión sobre estas premisas. Por esto, instan a la comunidad europea a desmarcarse de los intereses del Gobierno Español, así como a promover la actuación de la Corte Penal Internacional junto a la OEA y otros organismos que aceleran las medidas necesarias para desalojar al régimen de Nicolás Maduro.
29-09-2020 | Fuente: abc.es
Las disidencias de las FARC acusan a Duque de ganar las elecciones «con el dinero de la cocaína»
El alto mando de las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado al presidente, Iván Duque de connivencia con el narcotráfico y los grupos paramilitares y han asegurado que logró ganar las elecciones de 2018 gracias al «dinero del tráfico de cocaína». El que fuera jefe negociador de las FARC en La Habana, Luciano Marín Arango, más conocido como «Iván Márquez», quien junto a otros altos mandos como Seuxis Pausias Hernández, alias «Jesús Santrich»; o Hernán Velásquez, también «El Paisa»; han acusado a Duque y al expresidente Álvaro Uribe de ser «un par de locos sueltos actuando contra el sentido común y dañando el futuro de las manera más irracional y absurda». «Persiguen con saña al campesino cocalero y pobre, pero al mismo tiempo se abrazan con el capo, cantan y bailan con él y lo invitan al Palacio. El actual Gobierno tiene el alma contagiada de narcotráfico, de fraude electoral y compra de votos, y sus manos manchadas de sangre», dice el texto, haciendo referencia al caso de la supuesta compra de votos de Uribe durante la segunda vuelta electoral a través del ya fallecido y supuesto narcotraficante Guillermo 'Ñeñe' Hernández. En la carta, publicada en la página web que utilizaban las FARC, también se ha atacado a Duque por sus continuos «desacatos» al Tribunal Supremo y sus intentos por una reforma judicial «que le permita construir una rama institucional» que garantice «la impunidad de su capo político», que no es otro, se lee, que Álvaro Uribe. Por último la disidencia guerrillera ha animado a la población a continuar con las marchas y las manifestaciones en las calles del país, que se han estado produciendo en los últimos días, en especial contra la violencia policial y estatal, así como por las recientes masacres registradas en las zonas más rurales y apartadas de Colombia.
24-09-2020 | Fuente: abc.es
Estados Unidos denuncia que el aplazamiento de las elecciones solo beneficia al chavismo
El Gobierno de Estados Unidos se niega a aceptar unas elecciones legislativas organizadas por el actual régimen en Venezuela aunque estas sean aplazadas, y se ha mostrado muy crítico con cualquier intento de la Unión Europea o sus países miembros de negociar una fecha con el chavismo. Después de la revelación de ABC de que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha despachado una misión a Caracas para convencer a Nicolás Maduro de que aplace las elecciones legislativas de diciembre seis meses a cambio de enviar observadores, la postura oficial de la Administración de Donald Trump es que el régimen, en su actual composición, no puede convocar y organizar unas elecciones libres y transparentes. La Subsecretaria Adjunta de Estado Carrie Filipetti reiteró el miércoles el apoyo de la diplomacia norteamericana al presidente encargado Juan Guaidó en su intento de anular estas elecciones si las convoca el régimen y sin que salga antes Maduro del poder. Según Filipetti, encargada de política hacia Cuba y Venezuela, se mantiene intacto «el apoyo continuo de EE.UU. al presidente interino, a su liderazgo de la Asamblea Nacional y de la oposición en lo que claramente es la farsa de las mal llamadas elecciones del 6 de diciembre». El mismo lunes, la Casa Blanca sancionó al propio Maduro por adquirir armamento iraní, y la Fiscalía norteamericana le ha acusado hace apenas unos meses de ser cabeza de un cártel de narcotráfico que ha operado en Venezuela durante años. En abril de 2019, EE.UU. apoyó un pronunciamiento en contra de la cúpula chavista, que fracasó. Esa es una postura compartida en el Capitolio. Según añadió ayer el influyente senador republicano Marco Rubio, firme aliado de Trump, la estrategia del régimen chavista es encandilar a la comunidad internacional con unas elecciones carentes de garantías básicas. «El régimen de Maduro espera en que la comunidad internacional caiga en la trampa de estas elecciones falsas que planean celebrar en diciembre», dijo Rubio en una conferencia en el instituto Hudson. Advertencia en el Capitolio El senador Rubio, que representa a la Florida y está muy implicado en política venezolana, se hizo eco de la postura oficial de la Administración, al denunciar que un régimen acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad no puede organizar elecciones válidas. «No es un Gobierno, es una red de crimen organizado que participa activamente en el tráfico de drogas con destino a EE.UU., que ha creado alianzas militares, de inteligencia y económicas con Irán y ha propiciado a una presencia militar rusa en el continente», añadió. Elliott Abrams, enviado especial de EE.UU. para Venezuela e Irán, ha pedido directamente a Bruselas que se niegue a validar unas elecciones fallidas enviando observadores a cambio de un aplazamiento. «El aplazamiento no es suficiente. Las condiciones electorales deben cambiar», dijo el veterano diplomático la semana pasada. «Me preocupa que haya un pacto en que la UE diga que tal vez enviará observadores a unas elecciones si se aplazan las de diciembre mediante un acuerdo. Si lo hace, se inclina claramente hacia asumir la observación de esas elecciones, y eso genera un peligro en el camino», añadió el embajador. En una entrevista con ABC, el encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, James Story, ya advirtió de que un aplazamiento de las elecciones sería inaceptable. «El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de elegir a sus propios líderes y no a través de elecciones ficticias como la del próximo 6 de diciembre, sino con elecciones reales y transparentes. Venezuela no han tenido esa oportunidad. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron un fraude. España también dijo que era un fraude. Y no creo que sea cambio de régimen, sino restauración de la democracia», dijo.
24-09-2020 | Fuente: abc.es
Breonna Taylor, la afroamericana asesinada con ocho tiros por la Policia en Louisville
Breonna Taylor, de tan sólo 26 años, fue asesinada el pasado 13 de marzo en manos de la policía de Louisville, Kentucky, quienes ingresaron a su casa vestidos de civiles. De acuerdo a diversos reportes, los oficiales de policía contaban con una orden «No-knock» (entrar sin avisar) para ingresar al apartamento de Breonna. La orden «No-knock» fue emitida como parte de una investigación por narcotráfico. En el suceso, Breonna, quien se encontraba durmiendo, falleció tras recibir ocho impactos de bala. Posteriormente se dio a conocer que las autoridades habían ingresado a la dirección errónea, terminando así, con la vida de una persona inocente. En mayo, la familia de Taylor presentó una demanda en la que acusa a los agentes de agresión, homicidio culposo, fuerza excesiva y negligencia grave. La denuncia dice que los agentes no estaban buscando a Taylor o su pareja, sino a un sospechoso no relacionado que ya estaba arrestado y no vivía en el complejo de apartamentos. Ben Crump, abogado de la familia de Taylor, describió el incidente como una «redada policial fallida». En relación al caso, el FBI abrió el 21 de mayo una investigación sobre las circunstancias de su muerte. Tres agentes fueron suspendidos, pero nadie fue acusado. Los agentes que entraron a la casa de Taylor no llevaban cámaras corporales que pudieran registrar qué sucedió. Ahora, el Departamento de Policía de Louisville dice que todos los oficiales deben usar cámaras en sus uniformes. Las órdenes de allanamiento «No-knock» fueron suspendidas temporalmente La Fiscalía dejó sin castigo a los tres policías blancos que mataron a Taylor. El controvertido veredicto del jurado popular solo acusa a uno de los policías, pero no lo hace por disparar contra Taylor, sino contra los ocupantes de una casa colindante. La resolución judicial fue recibida con protestas en Louisville y otras capitales estadounidenses.
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