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Noticias de narcotraficantes

02-06-2020 | Fuente: abc.es
EE.UU. ofrece 5 millones de dólares por información sobre otro funcionario del Gobierno de Maduro
Las autoridades de Estados Unidos, en concreto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) de Nueva York ha anunciado este lunes una recompensa por 5 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptomonedas del régimen de Nicolás Maduro. Ramírez, mano derecha del ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico y por el que EE.UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por pistas sobre su paradero, se une a la lista de «los más buscados» junto a al menos otras 14 figuras claves del chavismo en donde resaltan personajes como Nicolás Maduro (ofrecen 15 millones de dólares), Diosdado Cabello y Hugo Carvajal (10 millones de dólares por cada uno), entre otros. El responsable de gestionar la criptomoneda venezolana llamada «Petro» y todo el entramado financiero construído alrededor de la misma para legitimar actividades ilícitas está acusado de tener vínculos políticos, sociales y económicos profundos con presuntos narcotraficantes y por lavado de dinero, según manifiesta ICE en su anuncio. Ramírez, que hasta ahora era un total desconocido, resalta como un funcionario venezolano responsable del crimen organizado transnacional internacional. Tras conocerse la noticia, el embajador de Guaidó en EE.UU., Carlos Vecchio, aseguró: «seguimos trabajando junto a EE.UU. y otros aliados para develar y neutralizar el entramado de corrupción y crimen organizado internacional de la dictadura de Maduro». Vecchio define la Superintendencia de Criptomonedas como «una agencia del la dictadura de Maduro utilizada para apoyar las actividades ilícitas internacionales del régimen». Más temprano, Mike Pompeo adelantó en su cuenta de Twitter que Estados Unidos anunciaría una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado transnacional internacional. «Seguiremos trabajando para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia». ABC publicó en julio de 2019 una información de cómo el Gobierno de Venezuela facturaba los impuestos aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales que operan en la principal terminal del país en criptomonedas y, posteriormente, desviado al exterior a cuentas de testaferros sin que regresara a Venezuela. Las tasas aeroportuarias se convertían en bitcoins, un tipo de criptomonedas, y luego lo ubicaban en cuentas: si eran en Venezuela utilizan alguna de las siete casas de intercambio autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), a cargo de Joselit Ramírez; si no, las desvían al exterior, principalmente a Hong Kong, Rusia, China, Bulgaria y Rumanía a través de casas de intercambio internacional.
26-05-2020 | Fuente: abc.es
Maduro ordena eliminar el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López
El régimen de Nicolás Maduro ha ordenado a través del fiscal general Tareck William Saab declarar como «organización terrorista» al partido Voluntad Popular (VP), fundado por el presidente interino Juan Guaidó y Leopoldo López, para eliminarlo e inhabilitarlo políticamente. El fiscal Saab anunció que introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso para determinar si VP es «una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo». En su presentación mediática, Saab acusó a los dirigentes de VP de hacer un negocio y «agredir al pueblo» con las protestas. También responsabilizó a la formación, fundada hace once años, de «presionar a la empresa norteamericana AT&T para pedir a EE.UU. que impidiera que los buques iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos». En su exposición de motivos, el fiscal señaló que «cuando hablamos de falta de alimentos ya sabemos quiénes son los responsables, los factores de la extrema derecha que han alentado el bloqueo contra nuestro país (?) a las empresas que nos entregaban aditivos para combustible en negocios lícitos las persiguieron y amenazaron». Maduro pidió al brazo jurídico del régimen chavista «declarar al partido Voluntad Popular como una organización criminal con fines terroristas« y que, como consecuencia, sea disuelta en base a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones a fin de «garantizar la paz de la República». La presidencia interina de Juan Guaidó, quien se retiró de VP para mantener la autonomía política en su cargo, rechazó la intención de Maduro de inhabilitar al partido. Por su lado Leopoldo López, coordinador nacional de VP y Comisionado Presidencial del Centro de Gobierno de Guaidó, también rechazó la arremetida del régimen. «Hoy quienes están acusados e investigados internacionalmente por narcotraficantes, esos que tienen lazos de amistad con los grupos terroristas FARC, el ELN, Hizbola y con carteles de droga, quienes acercan a nuestro país a regímenes promotores del terrorismo, arremeten de nuevo contra VP«, afirmó López. »Mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas, por la escasez y porque el dinero no les alcanza; Maduro y su dictadura del hambre, corrupta e ineficiente persigue a nuestro partido«, añadió. En su cuenta de twitter, el líder de VP, que se encuentra refugiado en la Embajada de España desde hace más de un año, dijo que «Voluntad Popular es un sentimiento libertario, es por eso que ese afán asesino de la dictadura no nos ha detenido, al contrario, ha reforzado nuestra convicción de lucha democrática, algo que la dictadura no puede entender ni perdonar. Por eso hoy, quienes están acusados y solicitados internacionalmente por terroristas y narcotraficantes; esos quienes mantienen secuestrados a millones de venezolanos, dan un paso más en la escalada de persecución en contra de nuestro partido». Leopoldo López subrayó que no han podido ni podrán nunca «acabar con el sueño de libertad y con la lucha de todo un pueblo, y por ello, no han podido ni podrán tampoco nunca acabar con nuestro partido. Voluntad Popular no puede ilegalizarse ni disolverse, porque es un sentimiento de libertad, y eso no lo puede acabar ni una ni mil sentencias de un tribunal inconstitucional, arrodillado a la dictadura«.
05-05-2020 | Fuente: abc.es
Maduro acusa a la DEA de contratar a «narcos» en el golpe frustrado
El régimen de Nicolás Maduro ha acusado a la DEA de financiar a mercenarios y grupos de narcotraficantes de Colombia para cometer la intentona fallida del fin de semana, en la que resultaron 13 personas detenidas. En su transmisión por la cadena estatal Venezolana de Televisión, efectuada desde el salón de prensa de Miraflores, Maduro ofreció la versión oficial de cómo su régimen frustró la rebelión cívico militar, que se inició este domingo en las costas de La Guaira, bajo el nombre de «Operación Gedeón». Hubo dos incursiones marítimas: el domingo en Macuto, La Guaira, capital de Vargas, y el lunes en Chuao, Aragua. Según Maduro fueron detenidas 13 personas entre militares y civiles, entre ellos el Capitán de la Guardia Nacional Antonio Sequea Torres, Adolfo Baduel (hijo del ex ministro de la Defensa, general Raúl Baduel). Según su balance, capturaron a ocho terroristas en la costa de Chuao del estado Aragua en horas de la mañana y luego a cinco más en la población de Puerto Maya en la misma entidad. Dijo que entre los primeros detenidos, se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, miembros del equipo de seguridad de Donald Trump identificados como Luke Alexander Denman y Airan Berry, que habían estado desplegados en Irak y Afganistán por el Ejército estadounidense «Ordené que todos fueran capturados vivos», reconoció tras destacar que «el pueblo de Chuao, en el estado Aragua, sometió a la embarcación desde tierra con el apoyo aéreo de la Fuerza Armada Nacional», dijo. Añadió que en la denominada acción «Negro Primero» se incautaron armas de guerra, uniformes militares de Estados Unidos y Colombia, equipos tácticos, de comunicación, cocaína y otros artefactos de guerra. Precisó que desde el 19 de abril inició la captura «de todos los soportes de este plan terrorista apoyado por el Gobierno de Iván Duque». «Fue una fase desmantelamiento a pulso del enemigo», añadió. También informó que entre los detenidos se encuentran un funcionario de la Polícia del estado Miranda y otro de la Polícia de Baruta. Maduro afirmó que estaban enterados de su movilización desde Colombia hacia las costas venezolanas el viernes 1 de mayo. Desde las 7 de la noche del sábado esperaron el supuesto ataque. Previamente el régimen había desplegado el «escudo bolivarian» del Ejército y bloqueado las entradas de Caracas tanto en las autopista de La Guaira como en Tazón. Tras la intentona fallida, el alto mando militar (GEOFANB) ordenó el estado de alerta y acuartelamiento militar de la Zodi caraqueña para bloquear y repeler el acceso terrestre a la ciudad. En su alocución televisada, Maduro indicó que la operación estadounidense había sido contratada a la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, propiedad de Jordan Goudreau, quien en opinión del mandatario chavista se encargó de la planificación y preparación de los mercenarios, quienes fueron reclutados de presuntos grupos criminales de la Guajira colombiana, así como de los estados venezolanos Zulia, Falcón, Vargas y Miranda. Plan previsto para marzo En su versión, el plan debía lanzarse inicialmente el pasado 10 de marzo, fecha de la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó, pero que la operación se cayó debido a la incautación de un lote de armas destinado a los campamentos insurgentes en Colombia y la posterior entrega del presunto cabecilla del plan, el general retirado Clíver Alcalá Cordones. Luego el plan sería pospuesto por la declaración de la cuarentena por coronavirus tanto en Venezuela como en Colombia. «Que nadie se sorprenda nunca cuando vean nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada en llanos, en montañas, en ciudades y pueblos, desplegando nuestro sistema misilístico, nuestro sistema antiaéreo, nuestro sistema de aviación. Que nadie se sorprenda si son las 3:00 de la mañana, las 6:00 de la mañana, estamos las 24 horas cumpliendo nuestro juramento», dijo. También mencionó la entrevista dada por la periodista Patricia Poleo al contratista canadiense Goudreau, en donde aseguraba tener un contrato firmado con líderes de la oposición venezolana para organizar el intento de golpe de Estado y magnicidio, afirmando además de que el dueño de Silvercorp «fue estafado» por sus empleadores venezolanos.
05-05-2020 | Fuente: abc.es
Colombia exige al Gobierno respuestas y sanciones por el espionaje del Ejército a periodistas
El escándalo por el espionaje del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos ha sacado del letargo de la pandemia del coronavirus al país, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables. La revelación de la revista Semana sacudió a los colombianos el pasado viernes y desde entonces van en aumento las voces que reclaman castigo para los implicados y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos comunes y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley. «Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes», dijo a Efe Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición. Espionaje con fines políticos El primer gran escándalo de ese tipo fue revelado en 2009 por Semana, que sacó a la luz las «chuzadas», interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y opositores en el segundo mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Luego, en 2014, fue el turno de la «Operación Andrómeda» con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, y otras veces a políticos y a periodistas. El caso que ahora espanta al país ocurrió entre febrero y diciembre de 2019 y había sido revelado también por Semana a comienzos de año, pero la descripción detallada de la forma de operar de los militares, difundida en su última edición, fue la gota que colmó el vaso. Vaca dijo estar sorprendido por el universo de periodistas espiados, pues hay desde corresponsales extranjeros de medios como The New York Times y The Wall Street Journal, hasta colombianos, muchos de ellos jóvenes recién salidos de las universidades, como los miembros de los medios alternativos La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto. «Es como algo dirigido, más que obedecer a un objetivo, es como si dijeran (vamos a espiar a) este y este otro, y este otro», agregó el director ejecutivo de la FLIP, quien nada más conocer la denuncia de Semana publicó un duro comunicado exigiendo respuestas al Gobierno. Acciones oficiales insuficientes La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados. Esta fórmula no satisface sin embargo a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas, demanda que cuenta con el apoyo de sectores políticos y de la sociedad en general. «Es un tipo de respuesta que hemos escuchado en el pasado. Hay un manifiesto de rechazo pero es insuficiente aún», añadió Vaca. El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación titulada «Las carpetas secretas», el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la retirada del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia. Críticas de partidos Al respecto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo estar preocupado «con la lentitud y la falta de diligencia con la que el Gobierno nacional ha tomado las medidas» contra los militares, pues «de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos». Pese a elogiar la actitud de Duque, de respaldo a la decisión del Ministerio de Defensa de hacer una depuración en sus filas, Gaviria cree que el presidente «también tiene una responsabilidad», y es hacer «que esto se corrigiera con más severidad». «Esto no se resuelve con un número: 11 oficiales retirados, se resuelve con una explicación detallada de lo que ocurrió, pero estas reacciones aún no llegan a ese punto; uno agradece que haya un rechazo pero en sí no hay una explicación cuando han transcurrido cuatro meses» desde la denuncia inicial, agregó Vaca a Efe. Hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta trama, pero las sospechas apuntan hacia el comandante del Ejército en la época del espionaje, el cuestionado general Nicacio Martínez, quien pidió la baja del servicio en diciembre pasado alegando «motivos familiares». Debate en el Congreso Pese a que celebran sesiones virtuales debido a la cuarentena por el coronavirus, congresistas de diversos partidos no han dejado pasar por alto la gravedad de la denuncia y comienzan a mover fichas para llamar a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula militar. La intención es que expliquen quién da las órdenes sobre los objetivos de inteligencia y cuál es el criterio para seleccionarlos. Sin embargo, la cúpula militar parece no tener mucho interés en ayudar al esclarecimiento porque en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, una de las personas mencionadas en las carpetas, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, dijeron no saber dónde están esos documentos. «El general Zapateiro dice que cree que las carpetas las puede tener la Corte Suprema después del allanamiento a las instalaciones de inteligencia (del Ejército) en Facatativá. El general Navarro nos precisa que no saben con certeza quién las tiene. Complicado no saber dónde está esa información», comentó Ruiz. La respuesta de los jefes militares dejó «sorprendido» al director ejecutivo de la FLIP, quien considera que «eso preocupa porque ya ha transcurrido un tiempo razonable para que den respuestas más detalladas».
06-04-2020 | Fuente: abc.es
Sicarios y narcos del cártel del Golfo reparten comida a familias desfavorecidas de México durante la cuarentena
Sicarios y narcotraficantes del cártel del Golfo presuntamente están distribuyendo alimentos de primera necesidad en Ciudad Victoria, Tamaulipas (México), durante la crisis del coronavirus. Según informa Clarín, y de acuerdo con el diario local Debate, se repartieron más de 120 cajas solidarias a las familias desfavorecidas que viven en zonas marginales de la región. Tal y como muestran las imágenes compartidas en redes sociales por varios usuarios, cada paquete tenía pegada una hoja en la que se detallaba la procedencia de los alimentos: «Cártel del Golfo en apoyo a Ciudad Victoria. Señor 46 Vaquero». Un origen que presuntamente habría confirmado uno de los miembros de la banda que se acercó al lugar para ver cómo los vecinos acudían a por los víveres.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">En Ciudad Victoria, Tamaulipas, presuntos integrantes del Cartel del Golfo entregaron despensas a familias de escasos recursos en diferentes colonias vulnerables de la localidad.<br><br>&quot;NO SON DEL DIF, SON DEL CARTEL&quot;, aclaraban los enpistolados a las familias beneficiadas. <a href="https://t.co/KSjkx8X9H9">pic.twitter.com/KSjkx8X9H9</a></p>&mdash; (@UntalKaiser) <a href="https://twitter.com/UntalKaiser/status/1246871405641306118?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Por el momento, el cártel del Golfo no ha confirmado si es responsable del reparto de víveres que se ha producido en la zona. En las redes sociales, sin embargo, son muchos los que ya han manifestado su opinión acerca de este gesto. Mientras unos aplauden a los integrantes de la banda, otros critican a quienes han aceptado unos víveres que provienen de «dinero mal habido». El nuevo brote ya ha provocado 2.143 casos confirmados y 94 defunciones en México, según las autoridades sanitarias. La pandemia de coronavirus, que se extiende ya por 183 países, ha dejado a nivel global alrededor de 70.000 fallecidos por el momento, mientras que el número de contagios supera el millón.
30-03-2020 | Fuente: abc.es
Italia prepara un fondo de emergencia de 10.000 millones para evitar una «situación explosiva»
«La miseria mata más que la epidemia. Renta para todos». Este era el texto de una pancarta de protesta que exhibían un par de napolitanos con el puño en alto en una terraza de Scampia, un famoso popular barrio de Nápoles de unos 80.000 habitantes. Al lado de la pancarta roja, otra más pequeña portaba la firma de los que han organizado la protesta: «El Comité Velas. Queremos todo». Hoy parece claro a los alcaldes italianos, sobre todo en el sur, que la ayuda prometida por el primer ministro, Giuseppe Conte, en la noche del sábado (4.300 millones de euros a los ayuntamientos para las familias y 400 millones para bonos de comidas a quienes pasan hambre) es absolutamente insuficiente. «Nos llega escasamente para 15 días», ha dicho el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando. El coro de la protesta de los regidores contra el Gobierno llega desde el norte y sur de Italia. Algunos definen la ayuda como calderilla. El vicepresidente de la Asociación nacional de Alcaldes (ANCI), Roberto Pella, afirma que, para empezar, son necesarios al menos mil millones para los indigentes. La presidenta de Calabria, Jole Santelli, critica la ayuda del Gobierno, por considerarla solamente «una puesta en escena humillante para los ciudadanos». Situación explosiva «La situación es explosiva y tenemos que dar una respuesta a las necesidades prioritarias de los italianos que no disponen de ningún paracaídas socio-económico», reconoce una fuente del ministerio de Economía recogida por «Il Messaggero». Para los que tienen un salario fijo, pueden acogerse al paro -le llegará a finales de mayo-, pero nada tienen los precarios. De momento, en los 8.000 municipios italianos, voluntarios de Protección Civil han comenzado a distribuir bolsas de comida y productos de primera necesidad. No tocan a mucho, porque se reparten 400 millones de euros en bonos de comida, Y el hambre llega a casi tres millones de personas, según la influyente asociación de la agricultura italiana Coldiretti. En trabajo en negro hay casi cuatro millones de personas, en su gran mayoría en el sur (más del 80%), que ya protestan y piden que también a ellos el gobierno les debe dar una «renta de ciudadanía». Fondo de emergencia El Gobierno prepara un «fondo de emergencia» de 10.000 millones de euros, para sostener a seis millones de trabajadores con dificultades para acogerse al paro y a una asistencia social. De ese fondo les llegaría a cada uno un bono de 1.600 euros para dos meses, abril y mayo (800 por mes). El gran debate está ahora en qué hacer para ayudar a las personas que perciben unos ingresos en negro y que, a causa de la crisis del coronavirus, están en muy grave dificultad económica, pues sus actividades se han cerrado completamente. Se discute si deben ser incluidas en el fondo de emergencia. El ministerio de Economía calcula que al menos habría que meter a otros tres millones de personas, lo que tendría un coste demasiado elevado para «legitimar» el trabajo en negro de quien hasta ahora percibía de forma irregular o ilegal sus ingresos. Grillo pide una renta universal En campo ha descendido incluso el fundador del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, quien se ha despertado del letargo en que había estado en los últimos meses. Desde su púlpito de internet, su célebre blog, Grillo ha predicado una solución populista: «Es necesario relanzar la ayuda de una renta de base universal e incondicionada para todos los italianos. Algunos sectores no volverán a ser jamás como antes». Para Grillo, las fuentes principales de financiación serían varias: «Impuestos a las grandes fortunas; revisar las tasas a las rentas de capital y a la propiedad intelectual, y la llamada ?ecotasa?». En definitiva, Grillo propone la fórmula de asistencia social para el sur con la que el Movimiento 5 Estrellas (M5E) ganó las elecciones en marzo 2018: la llamada «renta de ciudadanía», una ayuda de unos 550 euros de media destinada a quienes no tienen empleo, con la esperanza de que lo encuentren. Ese plan ha sido un fracaso en el sur, como demuestra que no creó empleó y se convirtió en «pan para hoy y hambre para mañana». Ha sido puro asistencialismo. Prueba de ese fracaso es que el M5E, que arrasó en las últimas elecciones generales con un 33%, ha caído en picado en las encuestas: actualmente tiene un 14% en intención de voto. Enrico Giovannini, prestigioso economista, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ha presentado este lunes al Gobierno y al parlamento, como portavoz de la Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible, un programa para ayudar a los más débiles, los excluidos de ayudas sociales. «Sirve una ayuda para los trabajadores en negro, pero solo se debe hacer en el breve periodo; después de la epidemia se debe pasar a medidas estructurales con planes de formación». La mafia, un problema inquietante La emergencia socioeconómica derivada del coronavirus tiene connotaciones preocupantes, sobre todo en las áreas del sur, infiltradas por la criminalidad organizada. Así lo explica Federico Cafiero, fiscal nacional antimafia y antiterrorismo: «La crisis de liquidez que está sufriendo un número enorme de familias representa una gran oportunidad para la mafia. Ahora quien tiene mucho dinero, a comenzar por los narcotraficantes, ostenta un poder inmenso. Los clanes pueden ofrecer dinero y trabajo a personas que a causa de la epidemia han perdido todo». Así, la historia se repite. Es evidente que al Estado se le presenta un gran desafío. La protesta del comité de las Velas es una de las muchas del sur, pero es emblemática. Piden, con el apoyo del exmagistrado Luigi de Magistris, alcalde Nápoles, de izquierdas, la «inmediata concesión de una renta de cuarentena para quien no tiene dinero». Las Velas de Scampia son un complejo residencial construido en el homónimo barrio de Nápoles entre 1962 y 1975. Adoptaron ese nombre por la forma triangular que recuerda a una vela. Eran inmensos edificios de construcción popular, con cientos de apartamentos. Como una vela al viento, con este barrio se pretendió que fuera un símbolo de desarrollo y libertad. Pero con el tiempo las Velas se convirtieron en sinónimo de degradación, pobreza y miseria. Las Velas, símbolo de Gomorra Las Velas de Scampia eran también el símbolo de «Gomorra», la famosa novela de Roberto Saviano llevada al cine y a la televisión. Allí la camorra, prácticamente sin ser molestada, hacía sus negocios de tráfico de droga, sembrando destrucción y muerte en la juventud. Inicialmente, el complejo de las Velas estaba compuesto por siete edificios; de ellos, tres fueron demolidos entre 1993 y 2005. Quedaban en pie cuatro. Serán derribados tres y el cuarto será reformado para albergar oficinas. En febrero se inició el derrumbe de uno de los cuatro edificios que quedaban en pie. Las cámaras de televisión acudieron para filmar la histórica demolición de tan emblemática construcción popular, de la que no que quedará piedra sobre piedra. En algunas gentes de Scampia la presencia de informadores suscitó una reacción de protesta. El grito legítimo de esa gente fue «Scampia no es Gomorra». Sin duda, Scampia no es solo la Gomorra de Saviano, pero sí fue eso sobre todo en las Velas, porque durante muchísimos años fue la guarida de los camorristas para sus negocios sucios y criminales. Durante una veintena de años fue el supermercado de la droga europeo más importante. Allí no se sentía la presencia del Estado. La camorra se convirtió en el «antiEstado», sustituyendo al Estado hasta el punto de crear una especie de «asistencial social» dando trabajos ilegales a chavales, que luego se convertían en pequeños traficantes de droga o pushers, mientras familias enteras custodiaban la droga, el dinero e incluso armas. Por ejemplo, Emanuele Marigliano, en la hora de la demolición ha explicado a diversos medios: «Cuando era un chaval, mi modelo no era mi padre que se rompía la espalda en el taller mecánico, sino el boss que se abría paso con la moto o en coches de lujo. Y así, ya desde chico comencé a traficar con droga. Aquí organizábamos las filas de drogadictos y de los compradores al por mayor procedentes de toda Italia. Los niños jugábamos entre jeringas y hemos visto morir muchas personas. Yo he pasado 12 años de cárcel. Ahora lo sé y he comprendido que también nosotros fuimos víctimas y que nos explotaron los clanes poderosos que se enriquecieron a nuestras espaldas y se llevaban el dinero por el mundo, mientras nosotros nos quedábamos aquí entre la miseria». Mucho tendrá que hacer el Gobierno, y con urgencia, para mostrar la presencia del Estado en todo el territorio del sur y evitar que se reproduzcan infiernos como el de las Velas de Scampia.
30-03-2020 | Fuente: abc.es
La guerrilla colombiana del ELN anuncia un cese el fuego por el coronavirus
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un cese el fuego «unilateral activo» entre el 1 y el 30 de abril como «gesto humanitario» por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos en Colombia. «El cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques de las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas narcotraficantes en varias regiones del país», señaló la guerrilla en un comunicado cuya autenticidad no ha sido comprobada. El ELN pidió además una reunión de representantes del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, con sus delegados en los suspendidos diálogos de paz, para buscar un cese el fuego más amplio. «Durante este mes de cese unilateral, convocamos al Gobierno de Duque a reunirse con nuestra delegación de diálogo presente en La Habana para concertar un cese el fuego bilateral y temporal. Para estas gestiones es conveniente contar con la presencia de los países garantes», añade el comunicado. El grupo guerrillero aseguró que uno de los motivos que lo llevó a declarar el cese el fuego unilateral durante todo abril fue el llamamiento que el pasado 23 de marzo hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto el fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. De igual manera valoró la petición del representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien pidió esta semana que se declare un «cese el fuego» en el país para unir esfuerzos y «reducir el riesgo de propagación del virus y de afectación, especialmente a las comunidades más vulnerables». El anuncio del ELN también fue hecho horas después de que el Gobierno colombiano anunciara la designación de los exjefes guerrilleros Carlos Arturo Velandia, alias «Felipe Torres», y Gerardo Antonio Bermúdez, alias «Francisco Galán», como «promotores de paz». Exigencias por el Covid-19 En el comunicado, el grupo armado ilegal hace una serie de planteamientos sobre la situación mundial por el Covid-19, tras lo cual presenta sus exigencias, contenidas en 15 puntos, uno de los cuales es la reunión de sus delegados con los del Gobierno en Cuba. Esas exigencias son básicamente de orden económico y social para que los colombianos puedan sobrellevar las restricciones que impone la cuarentena obligatoria de 19 días ordenada por el Gobierno y para contener la pandemia. «Que el Gobierno suministre de forma gratuita el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del coronavirus», señala uno de los puntos. Diálogos en punto muerto La última vez que el ELN hizo un cese unilateral del fuego fue en la Semana Santa del año pasado, entre el 14 y el 21 de abril. El ELN inició en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto de ese año. El presidente de Colombia, Iván Duque, condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en su poder. Sin embargo, el proceso de paz quedó en punto muerto tras el atentado terrorista cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.
23-03-2020 | Fuente: as.com
Fútbol y droga en los 80
El Atlético Nacional y el América de Cali fueron solo dos de los tantos clubes que fueron controlados por narcotraficantes. En Galicia, Sito Miñanco se hizo con su querido Cambados.
13-03-2020 | Fuente: abc.es
La Justicia colombiana investiga a Uribe por la presunta compra de votos para Duque
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de abrir una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por la supuesta compra de votos en 2018 para favorecer en las elecciones presidenciales a su delfín y actual gobernante del país, Iván Duque, ahonda el escándalo político que salpica al mandatario. Duque y Uribe, del partido gubernamental Centro Democrático, aparecen mencionados en unas conversaciones grabadas por la Policía al ganadero José Guillermo Hernández, conocido como «Ñeñe» y presunto testaferro de una organización de narcotraficantes, asesinado en un atraco en mayo del año pasado en Uberaba (Brasil), donde asistía a una feria. El caso de presunta corrupción electoral, llamado coloquialmente «ñeñepolítica», salió a la luz por la publicación de parte de la transcripción de los audios que el periodista Gonzalo Guillén hizo en el portal La Nueva Prensa. Guillén aseguró que una investigación de la Fiscalía por el asesinato de un joven captó conversaciones telefónicas en las que Hernández dice «ser el eje de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe». El escándalo abrió nuevos interrogantes sobre la transparencia electoral en Colombia, sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación -que tuvo en su poder los archivos durante casi dos años-, y en qué medida estarían involucrados Duque y Uribe en el supuesto entramado de corrupción. ¿Quién era José Guillermo Hernández? Hernández era esposo de la exreina de belleza colombiana María Mónica Urbina y saltó a la actualidad en su país tras ser asesinado en Brasil durante el intento de robo de un reloj Rolex, según informaron en ese entonces medios locales. «Ñeñe», que solía aparecer en las páginas sociales de la costa atlántica por estar casado con Urbina, era investigado por la Fiscalía como presunto testaferro de la organización criminal dirigida por el narcotraficante y contrabandista Marcos Figueroa. Este último operaba en los departamentos de La Guajira y Cesar, donde durante años tuvo estrechos vínculos con políticos regionales hasta que las autoridades le pusieron los ojos encima y huyó del país, fuga que terminó en 2014 cuando fue capturado en Manaos (Brasil) y dos años después extraditado a Colombia. ¿Por qué la Fiscalía interceptó a «Ñeñe»? La Fiscalía investigaba a Hernández desde 2015 por el asesinato en agosto de 2011 en Barranquilla de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo del prestamista Carlos Rodríguez, con quien «Ñeñe» había tenido problemas por una deuda de 1.000 millones de pesos (unos 350.000 dólares) no saldada por un amigo suyo. Cuando el hijo de Rodríguez fue asesinado, uno de los responsables del crimen confesó a las autoridades que Hernández era uno de los inductores del homicidio y que el verdadero objetivo no era el joven de 28 años sino su padre el prestamista. ¿Quién es María Claudia Daza? En las llamadas interceptadas, Hernández habla con una mujer identificada en los archivos de la Fiscalía como «MD», a quien le comenta: «Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos». En la conversación, en la que «Ñeñe» asegura que hasta el fiscal general le «rinde pleitesía», la mujer citada como «MD» asegura estar preocupada por los resultados de las elecciones y menciona en varias ocasiones a Uribe y a Duque. «Me mandó (sic) Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira», dice la mujer, cuyo nombre fue un misterio hasta que el mismo expresidente Uribe admitió en su cuenta de Twitter que la supuesta interlocutora de Hernández podía ser María Claudia Daza, una de sus asesoras en el Senado. Ante eso, Daza renunció el pasado lunes, no sin antes negar su participación en la llamada mediante un comunicado en el que dijo: «No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación». Según medios locales, Daza salió del país hacia Estados Unidos justo cuando el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Jhon Jairo Cárdenas, le pidió a la Fiscalía no permitir la salida de la exasesora. ¿Por qué las transcripciones estuvieron paralizadas? Durante 21 meses la Fiscalía tuvo la transcripción de las conversaciones, pero no fue hasta la semana pasada cuando decidió dar trámite a la investigación por supuesta corrupción. «Al conocer el contenido de la comunicación mencionada, el fiscal del caso, dentro de su autonomía, no compulsó copias porque consideró que la información no aportaba para el esclarecimiento de ese crimen (de Óscar Rodríguez)», explicó en una rueda de prensa el nuevo fiscal general Francisco Barbosa. ¿Qué relación tiene «Ñeñe» con Duque? Cuando el escándalo estalló, medios y redes sociales desempolvaron fotos en las que tanto Duque como Uribe aparecen en compañía de Hernández. En su defensa, Uribe argumentó que a lo largo de su carrera política se ha tomado fotografías con miles de colombianos. «Yo, al señor no lo conocí, no fui amigo de él», afirmó Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Por su parte, el presidente Duque aseguró que solo coincidió con «Ñeñe» en algunos actos sociales en los que se tomaron varias fotografías y charlaron de la amistad que años atrás tuvieron los padres de ambos. «Yo fui por primera vez a Valledupar (capital del Cesar) en 1995, fui acompañado por mi padre (Iván Duque Escobar), fue la única visita en 20 años y en ese viaje conocí a su padre (de 'Ñeñe', Arístides Hernández), madre y hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión», dijo. Duque añadió: «A él lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve ninguna hermandad con él». Sin embargo, en las conversaciones de «Ñeñe» este asegura: «El presidente es mi hermano, no es que me conozca, es mi hermano», una relación cuyos alcances seguramente tendrá que dilucidar la justicia.
27-02-2020 | Fuente: abc.es
Un informe de la ONU acusa a Venezuela de apoyar el narcotráfico
Naciones Unidas ha publicado en Viena un informe en el que alerta sobre el incremento del narcotráfico en Venezuela, apoyado por el régimen de Nicolás Maduro para obtener financiación a través del conocido «Cártel de los Soles» de generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB). Además de la producción petrolera venezolana, cuyos socios rusos han sido sancionados, el régimen de Maduro se financia con el «oro y los diamantes de sangre» del Arco Minero en Guayana, del narcotráfico y las remesas de los emigrantes a sus familiares, lo que en su conjunto sumarían más de 15.000 millones de dólares. «Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales», señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual de 2019 difundido hoy en Viena. La antinarcóticos JIFE de la ONU señalan que las organizaciones criminales «han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela«, donde tienen luz verde bajo el amparo de los militares. La JIFE se describe como «un órgano independiente y cuasi judicial« constituido por 13 expertos con un mandato de cinco años y que tienen como función verificar el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre drogas, según informa la agencia Efe. Por otro lado, el centro de investigación del crimen organizado Insight Crime sostiene que la primera vez que se usó el término «Cártel de los Soles» fue en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de drogas. Con la asunción de Hugo Chávez en 1999 y su decisión de eliminar a la DEA norteamericana de Venezuela, el «Cártel de los Soles», integrado por los generales venezolanos se posiciona y adquiere mayor poder un año después. El «sol» es una insignia de ascenso a general que reciben los oficiales de la FANB. Pueden escalar a 4 soles para los que ascienden a generales en jefe. Según Insight Crime, si bien «hay células en las principales ramas de las fuerzas armadas» y en todos sus niveles que esencialmente «funcionan como organizaciones narcotraficantes», no se les puede describir como un cártel pues «no está claro cómo funcionan las relaciones entre esas células», dicen los expertos. En Venezuela el cartel de los generales no funciona como los conocidos cárteles clásicos como el de Cali, Medellín, el de Sinaloa o Juarez en México. Insight Crime afirma que «no existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa» como la del referido cártel, y que solo se cuenta con «una lista de nombres publicada» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Sin embargo, todo el control de puertos, aeropuertos, carreteras y puntos fronterizos están en manos de la Guardia Nacional y los militares y a los largo de los 2.200 kilómetros que comparten Colombia con Venezuela. Efe recuerda que entre los militares venezolanos supuestamente implicados en ese cártel se cuenta Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con el fallecido presidente Hugo Chávez y con su sucesor, Nicolás Maduro, y que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado noviembre. Carvajal desapareció cuando la Policía española intentó detenerlo tras aprobar un tribunal su extradición a Estados Unidos. Carvajal fue imputado en EEUU por ser miembro, supuestamente, desde 1999 hasta 2019 del Cártel de los Soles, según documentos de una corte de Nueva York. Estados Unidos también ha relacionado con el tráfico de drogas al actual vicepresidente económico Tareck El Aissami («prominente traficante de drogas», señaló la OFAC) y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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