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Noticias de ministerio del interior

01-01-1970 | Fuente: abc.es
La comisión parlamentaria confirma que Óscar Pérez y el resto de rebeldes fueron ajusticiados
La comisión especial parlamentaria que ha investigado el caso de la denominada «masacre de El Junquito» confirma que el policía rebelde Óscar Pérez y sus seis compañeros fueron ajusticiados con un tiro de gracia después de haberse rendido a las autoridades policiales y militares el pasado 15 de enero. La diputada Delsa Solorzano, presidenta de la comisión especial parlamentaria que investigó la matanza, presentó este lunes un informe preliminar en el que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones de derechos humanos y exige la indemnización de los hijos y familiares de las víctimas. Óscar Pérez - ABC «Los disparos a la cabeza que reflejan los certificados de defunción revelan un patrón que indica que hubo ajusticiamiento en todas las víctimas», sentenció la presidenta de la comisión parlamentaria. «Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaba cada uno de los cuerpos -subrayó-. Los seis hombres tenían disparos en la cabeza. Esto habla de un patrón». Según Solórzano, «seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta». Se trata, además de Óscar Pérez, de Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, y Jairo y Abraham Lugo. En cuanto a la enfermera Lisbeth Ramírez, aclaró que la joven fue ajusticiada con un disparo en la cervical, que también es un tiro de gracia en la nuca. «Ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas .Todo esto constituye una gravísima violación de los derechos humanos de la cual han sido víctimas estas personas», resumió la diputada en su informe. En total, el Estado venezolano y sus instituciones bajo el Gobierno de Maduro incurrieron en la violación de diez convenios internacionales y leyes nacionales por su arbitraria actuación, que han sido detalladas en el informe parlamentario. La diputada Solórzano mostró a la prensa la comunicación enviada al Ministerio Público y a los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, solicitando su comparecencia en la Asamblea Nacional, aunque ninguno ha respondido a la solicitud. Afirmó que las autoridades policiales y militares destruyeron las pruebas en la escena del crimen de la vivienda en El Junquito para no dejar rastros del asesinato colectivo. Tampoco entregaron los cuerpos a los familiares y más bien retrasaron y dividieron su entierro en diferentes cementerios para impedir el sepelio del piloto Pérez y su grupo en forma colectiva como lo habían solicitado los familiares. Delsa Solórzano denunció que el régimen de Maduro quería cremar los cuerpos de los insurgentes para borrar todas las evidencias, pero reconoció que la labor de la morgue de Bello Monte en el caso de Óscar Pérez y su grupo lo impidió. Los funcionarios de la medicatura forense «se restearon y no permitieron la cremación». «Querían cremar los cuerpos» La diputada fue contundente: «No fueron rumores, no fueron especulaciones: querían cremar los cuerpos, por eso insistimos ante la morgue de Bello Monte en el cumplimiento de la Ley de Servicio Funerario; los cuerpos inhumados deben ser resguardados». Dijo que «se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles, para evitar que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en el Junquito, fue completamente destruido». En cuanto al entierro dijo la diputada que ahí también se violaron los derechos de los familiares. «Los cuerpos fueron trasladados al Cementerio del Este. Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio. Fueron sepultados sin autorización».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Al menos 40 muertos y más de 140 heridos por una ambulancia bomba en el centro de Kabul
Al menos 40 personas han muerto y más de 140 han resultado heridas hoy en un atentado talibán con un ambulancia bomba frente el antiguo edificio del Ministerio del Interior en la Plaza Sadarat, en el centro de Kabu. El diputado Mirwais Yasini ha confirmado que la ambulancia bomba se aproximó al puesto de control, cerca de una oficina del Alto Consejo de Paz (la organización encargada de gestionar las conversaciones de paz con la insurgencia talibán), antes de estallar, informa Reuters. Un portavoz del Ministerio de Salud afgano, Ismail Kawosi, indicó a Efe que los hospitales de la zona han contabilizado ya 40 muertos y 140 heridos tras el atentado frente el antiguo edificio del Ministerio del Interior en la Plaza Sadarat, en el centro de Kabul. La explosión se produjo en las proximidades del antiguo Ministerio del Interior y cerca de unas instalaciones del Directorio Nacional de Seguridad (NDS), la principal agencia de inteligencia afgana. Los talibanes reivindicaron el atentado en un mensaje en la red social Telegram en el que afirmaron que «un mártir mediante con coche bomba alcanzó el primer punto de control cerca del Ministerio del Interior». El portavoz del grupo Zabihullah Mujahid aseguró que en el momento de la explosión había una gran concentración de policías en la zona. El atentado se produce en medio de una espiral ascendente de ataques terroristas contra objetivos civiles por parte de talibanes y del Estado Islámico (EI) en los últimos días. El pasado fin de semana otras cuarenta personas murieron en el Hotel Intercontinental de Kabul durante un asalto perpetrado por seis atacantes que mantuvieron un enfrentamiento con las tropas de seguridad durante doce horas. El miércoles un ataque de Daesh contra la sede de Save the Children en Jalalabad (este) acabó con la muerte de cuatro empleados de la organización no gubernamental, un transeúnte y un miembro de las fuerzas de seguridad, así como de los cinco terroristas. Aunque en los primeros nueve meses del año pasado el cómputo de víctimas civiles por el conflicto descendió en un 6 %, la primera vez que se producía un retroceso desde 2012, las cifras fueron de 2.640 muertos y 5.379 heridos, todavía «niveles altos», según la ONU.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Al menos 95 muertos y más de 158 heridos por una ambulancia bomba en el centro de Kabul
Hace mucho que los afganos saben que en su país no hay líneas rojas. Los talibanes lo volvieron a demostrar con el envío de una ambulancia bomba al corazón de Kabul. Al menos 95 personas perdieron la vida y 158 resultaron heridas en el ataque más sangriento que sufre la capital desde mayo y que vuelve a sacar a la luz los graves problemas de seguridad en el, sobre el papel, lugar más seguro del país. Según indicó el viceportavoz del departamento del Interior, Nasrat Rahimi, las primeras investigaciones apuntan a que el suicida se subió a la ambulancia en el aparcamiento del hospital Jamhuriat y desde allí se dirigió hacia las proximidades del antiguo Ministerio del Interior, que aun conserva en el lugar algunas oficinas. Allí explotó el kamikaze su carga, en una zona repleta de gente cercana a una de las oficinas del Directorio Nacional de Seguridad (NDS), la principal agencia de inteligencia afgana. En las inmediaciones se encuentran también las embajadas de Suecia y Holanda, la oficina del representante de la Unión Europea o el Consulado de India. Los talibanes reivindicaron el atentado a través de las redes sociales y el portavoz del grupo, Zabihullah Mujahid, aseguró que en el momento de la explosión había «una gran concentración de policías en el área». Se trata del segundo gran golpe talibán en Kabul en la última semana después de la operación yihadista contra el hotel Intercontinetal en la que hubo al menos 20 muertos. En esa ocasión un comando talibán se atrincheró en el hotel más emblemático de la capital y las fuerzas de seguridad necesitaron diecisiete horas para reducir al último combatiente. El miércoles se registró un atentado contra la sede de Save the Children en Jalalabad, al este de Kabul, y seis personas fueron asesinadas, entre ellas cuatro empleados de la organización no gubernamental. En este último caso el grupo yihadista Daesh reivindicó una acción que corroboró el pulso macabro que mantiene con los talibanes por liderar la insurgencia en el país. Fallos de seguridad Como cada vez que hay un gran atentado en la capital, se abrió un debate en los medios sobre los errores en la seguridad y se pidieron responsabilidades ya que las autoridades prometen una y otra vez reforzar las medidas de control. Fue uno de los temas clave recogidos por el canal local Tolo, en el que el diputado Sayed Ali Kazimi, señaló que «desafortunadamente, este ataque es una continuación de los anteriores. Hay una guerra por el poder en marcha en Afganistán». El senador Safiullah Hashemi se mostró «sorprendido por las repetidas muestras de debilidad. ¿Cuánto tiempo más debe seguir sufriendo nuestra gente? ¿Por qué no hay dimisiones después de cosas así?» En este mismo espacio también hubo lugar para las quejas de antiguos responsables de seguridad como Mohammad Agul Mujahid, quien lamentó que «nuestra inteligencia y departamento de investigación son débiles y si no se refuerzan es imposible prevenir estos ataques». «Desafortunadamente, este ataque es una continuación de los anteriores. Hay una guerra por el poder en marcha en Afganistán» Esta vez fueron los talibanes quienes emplearon una ambulancia, pero hace casi un año fue Daesh quien protagonizó un asalto al hospital militar de Kabul en el que hubo más de treinta muertos y decenas de heridos. Cuatro yihadistas vestidos con batas blancas irrumpieron en el hospital, situado a unos metros de la Embajada de Estados Unidos. Uno de ellos se hizo estallar en la entrada y los otros tres, armados con fusiles de asalto AK-47 y granadas, abrieron fuego de forma indiscriminada y se atrincheraron en el interior edificio durante más de seis horas. No hay líneas rojas de ningún tipo para los atentados en este país. Cambio de estrategia de Trump La escalada de violencia en Afganistán se produce pocos meses después de la decisión de Estados Unidos de reforzar su presencia militar con el envío de 4.000 soldados adicionales para reforzar la operación ?Apoyo Decidido?, que en 2014 recogió el testigo de la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés). Estados Unidos cuenta ahora con 12.400 hombres, que trabajan junto a 5.000 militares de los países aliados con el objetivo de formar y asesorar a las Fuerzas Armadas afganas. El cambio de estrategia de Donald Trump respecto a la era de Barack Obama, que como en Irak apostó por la retirada de sus tropas y la cesión de la seguridad a las fuerzas locales, busca también la apuesta por un mayor número de fuerzas especiales para llevar a cabo operaciones antiterroristas selectivas. De momento, este refuerzo, acompañado de un incremento de ataques de aviones no tripulados, no ha supuesto una mejora de la seguridad. Las fuerzas internacionales llegaron a tener más de 100.000 hombres desplegados en Afganistán y sufrieron 3.500 bajas en los 13 años de misión. Ahora son 352.000 los militares y policías afganos quienes llevan el peso de la lucha contra la insurgencia, según cifras del ministerio de Defensa afgano, pero no pueden hacer frente a la amenaza de Daesh y de unos talibanes que, pese a los ofrecimientos de Kabul, rechazan tomar parte en un proceso negociador mientras haya presencia de fuerzas extranjeras sobre el terreno.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Cerca de 90 detenidos por manifestarse en Rusia, entre ellos el líder de la oposición Alexéi Navalni
La semana pasada ya advirtió el Ministerio del Interior ruso que, en periodo de campaña electoral, se reprimiría con «dureza» cualquier manifestación no autorizada. La de hoy en Moscú contra unas «pseudoelecciones sin candidatos» alternativos al presidente Vladímir Putin no contaba con los correspondientes permisos, lo que provocó uno de los mayores despliegues policiales que se recuerdan. Por eso hubo cargas de los antidisturbios y detenciones, entre ellas la del líder opositor Alexéi Navalni, que fue quien convocó la jornada de lucha a favor del boicot de las elecciones del próximo 18 de marzo, a las que su polémica inhabilitación le impide presentarse. Sin embargo, no hubo violencia por parte de los manifestantes. Cuando Navalni fue arrestado caminaba pacíficamente con sus partidarios por la céntrica calle Tverskaya en dirección hacia la plaza Pushkin. La Comisión Electoral Central rechazó su candidatura en diciembre, por haber sido condenado en sendos procesos, según él y sus abogados, «amañados», y sus intentos de recurrir tal decisión no han dado resultado. De ahí que las movilizaciones llevadas a cabo hoy a lo largo y ancho de Rusia fueran bautizadas con el nombre de «huelga de electores». «No participaré en unos comicios que no son tal», «No tenemos a quién elegir», «Rusia sin Putin», rezaban muchas de las pancartas exhibidas durante las manifestaciones celebradas en más de un centenar de ciudades rusas con participación de decenas de miles de personas. Hubo manifestaciones de solidaridad en Berlín, Londres, Praga y Nueva York. «Rusia sin Putin», rezaban muchas de las pancartas exhibidas durante las manifestaciones celebradas en más de un centenar de ciudades rusas En toda Rusia se practicaron hoy, según la oposición, unas 250 detenciones. En algunos sitios estaban autorizadas las concentraciones, pero en otros no, como ha sido el caso de la capital rusa y de San Petersburgo. El Ayuntamiento de Moscú propuso a Navalni un itinerario para la marcha muy alejado del centro, pero éste optó por aplicar su propio plan a sabiendas de que acabaría otra vez entre rejas. «Nos proponen siempre que nos reunamos en la periferia o en la profundidad de los parques, pero tenemos el mismo derecho a hacerlo en el centro de la ciudad que las fuerzas progubernamentales», escribía estos días en su blog el dirigente opositor. Lo cierto es que, por desobedecer a las autoridades, es la cuarta vez que le detienen en un año. Mientras comenzaba la manifestación en Moscú, la Policía irrumpió en los locales de la organización que dirige Navalni, la llamada Fundación de Lucha contra la Corrupción (FBK) con el pretexto de que habían recibido un aviso de bomba. Interrumpir la retransmisión Utilizaron una sierra circular para echar a abajo la puerta y acceder a la habitación en donde se suponía que estaba el explosivo, pero en realidad hallaron lo que realmente buscaban, el estudio desde donde ofrecían a través de Youtube la retransmisión en directo de las protestas. Lograron interrumpir la emisión, pero se reanudó después desde otro lugar. Detuvieron además a cinco activistas y se cree que pretendían haber encontrado allí a Navalni. El principal adversario político de Putin fue ayer conducido a una comisaría en la calle Yakimanka, no lejos del Kremlin, y se le acusó de «violar la normativa sobre la celebración de actos públicos». La próxima semana será puesto ante el juez y, con toda probabilidad, condenado a unas tres semanas de prisión menor. La última vez que cumplió 20 días de arresto por el mismo «delito» fue en octubre. Por si no fuera suficiente su inhabilitación, la Justicia rusa disolvió hace una semana el equipo de campaña de Navalni, una fundación llamada «Quinta estación». El Kremlin está siendo implacable en la labor de desactivar al político que más teme. Mientras, la presentadora televisiva, Ksenia Sobchak, que dice apoyar a Navalni y pretende atraer a su electorado, protagonizó hoy en Grozni, la capital de Chechenia, un piquete exigiendo la puesta en libertad de Oyub Titíyev, activista de la ONG rusa Memorial. Titíyev fue detenido el pasado 9 de enero en Grozni tras hallarse en su vehículo narcóticos que, según Memorial, fueron colocados por los propios policías. Esta ONG ha denunciado repetidamente los abusos y arbitrariedades cometidas por el presidente checheno, Ramzán Kadírov. Sobchak sí parece que podrá tomar parte en las presidenciales de marzo, razón por la que no apoya el boicot que propone Navalni. Hoy fue increpada en Chechenia por un grupo de personas.
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