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Noticias de materias primas

21-02-2020 | Fuente: abc.es
Latinoamérica tiene políticas contra la pobreza, pero no para la nueva clase media
De alguna manera, Latinoamérica está muriendo de un relativo éxito. Las protestas sociales registradas en varios países de la región en los últimos meses tienen una explicación de fondo: hablan, sí, de la decepción de las expectativas de una creciente clase media, pero también del extraordinario aumento de esta. En Latinoamérica ha habido un excelente resultado de los programas de reducción de la pobreza (las llamadas transferencias monetarias condicionadas, copiadas en otros lugares del mundo), pero también de la excesiva fijación en esos programas cuando el histórico crecimiento de la clase media requería complementarlos con nuevas políticas para hacer frente al surgido problema de la vulnerabilidad de esa nueva mayoría social. El diagnóstico lo hizo a finales de enero el director del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner: «El haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no el abatimiento de la pobreza extrema». Según Werner, no es que tenga que dejarse de lado ese esfuerzo, «pero claramente el reto ahora ya, como mucha gente lo ha manifestado, también se debe enfocar en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en pobreza, que son clase media». El economista mexicano considera que para resolver la vulnerabilidad de esa clase media hay que aplicar instrumentos diferentes de los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado. El requerimiento está en la mejora de servicios que se presta a los ciudadanos, como el acceso a una educación y una sanidad de calidad, así como aspectos de seguridad jurídica, fortalecimiento de la instituciones o transparencia. Transferencia monetaria condicionada Desde finales de la década de 1990 la lucha contra la pobreza y la desigualdad fue una prioridad en la mayor parte de los países latinoamericanos. Con ese propósito nacieron los programas de transferencia monetaria condicionada: la entrega directa de sumas de dinero a individuos o familias de pocos recursos, sujeta a condiciones como la alfabetización propia, la escolarización de los hijos o las revisiones médicas periódicas, según los programas. El objetivo era doble: aumentar el poder adquisitivo de esas personas, mejorando su nivel de vida, y promoverles en la escala social, al menos brindando a su descendencia mejores perspectivas socio-económicas. Países como México y Brasil fueron pioneros en esas políticas (sus programas Progresa o Bolsa Familia tan tenido un gran impacto), que luego se han generalizado en la región y en el resto del mundo. El «boom» del precio de las materias primas, finalizado abruptamente en 2014, ofreció durante la década previa importantes ingresos a los Estados para la distribución de ayudas a través de esos programas. Estos ayudaron a que entre 2002 y 2014 la pobreza en Latinoamérica bajara del 45,4% de la población al 27,8% (la pobreza extrema lo hizo del 12,2% al 7,8%), de acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. En ese tiempo el número de pobres se redujo en 66 millones de personas (de ellos, 16 millones salieron de la pobreza extrema). La desigualdad también ha descendido, bajando del 0,538 en el coeficiente de Gini (2002) al 0,465 (2018). Gracias a esa transformación, el volumen de la clase media, que pasó del 20% al 34%, superó al de pobres, pero lo que podría llamarse la «clase vulnerable» ha pasado a ser la mayoritaria, suponiendo el 37% de la población, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por vulnerables se entienden aquellas personas cuyos ingresos han superado el umbral de pobreza, pero cuya situación no está del todo consolidada y pueden retroceder en sus condiciones. Para consolidar ese salto, los ciudadanos requieren de unos servicios públicos de calidad que respondan a sus propias expectativas y necesidades. La falta de ellos, por incapacidad de los gobiernos y por sus malas prácticas (corrupción y sentido patrimonialista del poder, entre otras), alimenta el malestar social que vemos en muchos lugares de la región. Perspectivas grises Las perspectivas no son buenas. Como ha dicho Alejandro Werner, mientras entre 2000 y 2013 Latinoamérica tuvo un crecimiento económico medio del 2%, entre 2014 y 2019 la cifra fue de apenas un 0,6%. Para 2020 se prevé una ligera mejora (del 1,3% o del 1,6%, según la previsión del FMI y de la CEPAL, respectivamente), pero sigue tratándose de una magnitud baja. Más allá de las puras cifras económicas, diversas voces se han mostrado pesimistas en las últimas semanas sobre las posibilidades de transformación de la región. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, ha sido contundente al sentenciar que América Latina «ha perdido el tren de la política industrial y la innovación». Por su parte, David Ross, directivo del fondo francés de inversión La Financière de l'Echiquier, ha señalado que es «la importancia de las industrias extractivas la que está reteniendo del desarrollo general» latinoamericano: se trata de un sector que necesita mucho capital y apenas genera empleo y mantiene a los países atados a los ciclos de las grandes potencias.
12-02-2020 | Fuente: abc.es
El coronavirus perjudica ya a las exportaciones sudamericanas hacia China
Solo un caso de coronavirus se ha detectado hasta ahora entre su población ?un argentino presente en el crucero en cuarentena en Japón?, pero Latinoamérica está empezando a acusar en su economía la onda expansiva de la epidemia. La reducción de la actividad económica en la República Popular China debido a las restricciones de movimientos por la crisis del coronavirus ha comenzado ya a tener su impacto en las economías latinoamericanas, sobre todo en aquellas en las que los productos vendidos a la potencia asiática tienen un mayor peso. El menor consumo de petróleo y cobre por parte de China tiene sus consecuencias en Colombia, Perú y Chile, y tanto este último país como Brasil y previsiblemente Argentina se verán también afectados en sus exportaciones agrícolas. China es el primer o segundo socio comercial de los países sudamericanos, para cuyas economías el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya preveía en conjunto, antes del comienzo de la emergencia de coronavirus, un crecimiento modesto de un 1,5% en 2020. Una vez estallada la crisis, el responsable del FMI para Latinoamérica y el Caribe, Alejandro Werner, consideró a finales de enero que aún era «un poco prematuro» para concretar los efectos negativos, pero se mostró seguro de que los habrá, sobre todo en las economías latinoamericanas con mayor comercio con China. «Obviamente, en la medida que este ciclo económico se presenta en la economía china tiene también repercusiones en los ciclos económicos de las economías más vinculadas a ella», afirmó, alertando especialmente sobre el impacto en el sector de productos perecederos. Experiencia con el SARS Werner indicó que en la epidemia de SARS, en 2002 y 2003, hubo cierta afectación en los dos trimestres posteriores a la aparición del brote y luego se produjo una reversión en los trimestres siguientes, por lo que las consecuencias en las cifras económicas anuales fueron relativamente pequeñas. Aunque en estos momentos la economía china tiene más peso en el mundo que entonces (ha pasado del 4% al 17% del PIB mundial, y del 5,3% al 12,8% del comercio global), también es de esperar que haya una relativa recuperación una vez el episodio de crisis se supere, algo que algunos observadores sitúan para finales de marzo. Sea o no suficiente esa ulterior recuperación para salvar las previsiones económicas de 2020, el sector agrícola es el que en cualquier caso se verá más largamente dañado, según Werner. Así, la reactivación industrial hará que China acelere sus cadenas de montaje y necesite parte de las materias primas que no ha adquirido en estos meses, pero la alimentación de la población no va a doblarse. La recuperación de la actividad en el sector de perecederos «es difícil, porque hay que esperar todo un ciclo agrícola». El cobre de Chile y Perú «The Economist» estima que el crecimiento económico de China podría ser este año de un 5,4%, con un peaje debido al coronavirus de un 0,6% respecto a la previsión de crecimiento de un 6% en 2020 hecha por el FMI antes del estallido de la crisis. Pero otros analistas manejan la posibilidad de escenarios peores, situando el crecimiento de la economía China en el 4,5%. La revista británica sitúa a Chile y Perú como los países latinoamericanos que de forma más inmediata están sintiendo las constricciones económicas de China, debido a las menores importaciones de cobre que esta nación está realizando y de las que tanto depende el PIB de los dos países sudamericanos. Además, el menor consumo chino de ese mineral ha llevado al descenso de su precio en el mercado mundial en un 10% en el último mes. La soja de Brasil y Argentina Por su parte, Colombia ve peligrar la previsión de un crecimiento del 3,5% hecha para este año por el FMI debido al menor consumo petrolero de China. La tendencia no alcista de los precios del crudo hizo que el FMI ya recortara una décima sus datos para Colombia. Pero si el sector de los minerales y del petróleo acusan enseguida este tipo de movimientos, una restitución del consumo en cuestión de meses puede permitir a sus productores recuperar parte de las ventas no realizadas en este tiempo. No ocurre lo mismo con el sector agrícola. La compra de alimentos por parte de China ha disminuido en Chile y también en Brasil, donde se está erosionando la oportunidad que para la exportación de soja y carne había creado la guerra comercial entre Washington y Pekín.
04-02-2020 | Fuente: abc.es
Perú no sale de una parálisis política que castiga a su economía
Las elecciones parlamentarias extraordinarias del último domingo de enero no resolvieron la parálisis política que vive Perú y que está afectando a su economía, cuyo crecimiento en 2019 bajó al 2,4% frente al 4% del año anterior. Las elecciones desbloquearon la situación de tablas en la que se encontraba la confrontación entre el presidente del país, el centrista Marín Vizcarra, y la oposición de Fuerza Popular, el partido de derecha de Keiko Fujimori, que tenía mayoría en el Congreso. Pero el resultado electoral no resuelve las cosas, pues la atomización política que se ha producido complica la constitución de mayorías, al tiempo que deja a los partidos políticos solo pendientes de las elecciones ordinarias que tendrán lugar el año que viene. Menor crecimiento del PIB En su último informe sobre el país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se manifiesta en sintonía con la política económica de Vizcarra, que en realidad responde al amplio consenso que en esta materia han mostrado básicamente todos los gobiernos peruanos desde 1990, pero advierte que las medidas más necesarias fueron retrasadas «por el punto muerto entre el poder ejecutivo y el legislativo». Según el FMI, «la ejecución de proyectos de inversión pública ha sido más lenta de lo planeado en el presupuesto», algo en lo que tuvo que ver el bloqueo político y la controvertida disolución del Congreso dictada por Vizcarra. Eso contribuyó a la ralentización económica en 2019, también derivada de la menor exportación de materias primas y de la afectación de la actividad pesquera por el mal tiempo. El FMI también toma en consideración el estado de crispación política provocada por la corrupción ­?con varios expresidentes y otros dirigentes encarcelados o con causas abiertas? para concluir que todo ello «ha reducido el ?momentum? de crecimiento y ha suscitado preocupaciones sobre la perspectiva de crecimiento a largo plazo». El organismo internacional no es pesimista, pues inicialmente estima que la economía peruana crecerá un 3,2% en 2020 y un 3,7% en 2021, pero sus previsiones para este año las hizo antes de saberse que el resultado de las elecciones del 26 de enero iba a dejar un panorama político igualmente complicado. Fragmentación y provisionalidad política La principal novedad de las parlamentarias extraordinarias fue el desplome del partido de Keiko Fujimori. Fuerza Popular, que controlaba el Congreso saliente, perdió 58 puestos y se quedó solo con 15 (a la espera de los resultados oficiales definitivos). La cuestión es que ningún partido le ha sustituido como fuerza de referencia. El partido con más escaños es Acción Popular, que obtuvo 25 (de un total de 130), seguido de Alianza para el Progreso, con 22. Además de esa atomización aumenta también la cacofonía, con la estridencia del partido agrario y de pseudoreligión Frepap, que fue el segundo en votos, y del indigenismo autárquico de Unión por el Perú. El que fuera el segundo partido en apoyo popular en las elecciones de 2016, el PPK, creado para elevar a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, no ha sobrevivido a la dimisión de este por corrupción y ya no tiene presencia directa en el Congreso. Aunque ha habido una reducción del peso de la derecha en el Congreso, no se ha producido un aumento sustancial de la izquierda. El voto de centro se llevó el 40% de los peruanos, la derecha el 25%, la izquierda el 21% y lo que podría denominarse el voto disruptivo el 16%. Vizcarra deberá ahora buscar alianzas para revalidar las decenas de decretos que dictó durante la disolución del Congreso y para sacar adelante otras reformas que pretende. En algunas cuestiones podrá reunir apoyos suficientes, pero dada la volatilidad que en estos momentos existe en la política peruana, los partidos serán reacios a ciertos compromisos pues solo estarán pensando en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Un millón de venezolanos La presencia de casi un millón de venezolanos en Perú ?la cifra más alta de la diáspora provocada por el régimen de Maduro después de la que acoge Colombia? ha sido de momento positiva para la economía del país, según el informe del FMI antes citado, que dedica un apartado a este asunto. Entre principios de 2017 y mediados de 2019 llegaron a Perú 800.000 venezolanos, cifra que representa el 2,5% de la población peruana. Desde junio de 2019 las autoridades del país han puesto restricciones; con todo, la inmigración sigue creciendo y puede alcanzar 1,4 millones de personas en 2023. El 90% de esos inmigrantes han logrado trabajos informales, sin afectar por tanto al mercado de trabajo formal ?no ha se registrado un aumento del paro?, si bien los recién llegados han supuesto una competencia para jóvenes peruanos de baja cualificación. El FMI recoge estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que indican el 0,3% del crecimiento del PIB en 2018 puede ser atribuido a los exiliados venezolanos, sobre todo por el incremento del consumo privado que han supuesto, especialmente en el área de Lima y el Callao. En 2021 esa aportación podría subir al 0,4%. Después, según el BCRP, pueden darse efectos negativos, como un descenso de la productividad y mayores fricciones por los puestos de trabajo, si bien a medio plazo la diáspora venezolana habrá encontrado un adecuado acomodo en la economía de Perú.
03-02-2020 | Fuente: elpais.com
Desplome en la Bolsa china: 2.600 valores caen el límite máximo del 10%
Fuerte caída en acciones, materias primas y el yuan pese a las medidas de las autoridades
03-02-2020 | Fuente: elpais.com
Desplome en la Bolsa china: 2.600 acciones caen el límite máximo del 10%
Fuerte caída en acciones, materias primas y el yuan pese a las medidas de las autoridades
01-01-2020 | Fuente: abc.es
Putin llegó al Kremlin hace 20 años y nadie descarta que siga mandando después de 2024
Sin incluir la época zarista, solamente el dictador comunista Iósif Stalin estuvo más tiempo en el poder de lo que lleva Vládimir Putin. Stalin dirigió los designios de la URSS durante 29 años y Leonid Brézhnev 19. Putin, que se convirtió en primer ministro el 9 de agosto de 1999, lleva ya 20 años como presidente. Se hizo cargo interinamente de la jefatura del Estado el 31 de diciembre de 1999, cuando dimitió su predecesor, Borís Yeltsin. Luego sería elegido por primera vez al frente del país en los comicios celebrados el 26 de marzo de 2000. La designación de Putin, que acaba de cumplir 67 años en octubre, como candidato a suceder a Yeltsin fue fruto de una decisión colegiada, en la que participaron desde la cúpula de los servicios secretos hasta los grandes empresarios del país. La misión que se le encomendó fue resolver el problema del separatismo checheno y poner algo de orden en el país, pero sin tocar la propiedad privada, injustamente repartida durante la década de los 90. Se decía entonces que el nuevo hombre fuerte de Rusia sería una simple marioneta de los intereses de los grupos de presión más poderosos. Pero no fue así. El antiguo agente del KGB adquirió vida propia e hizo las cosas a su manera. Primero reforzó sus ya abultados poderes hasta lograr una centralización comparable sólo a la existente en la época de Stalin, aunque con apariencia de democracia. Después propició que la propiedad cambiara de manos, especialmente en el sector energético, a favor de sus acólitos y se puso manos a la obra para poner bajo su control los medios de comunicación, la Justicia y la Comisión Electoral Central. El Gobierno y el Parlamento también terminaron supeditándose a su albedrío. Para desmontar la precaria democracia que construyó su predecesor, Putin se valió de los servicios secretos. La necesidad de un «estado fuerte» se convirtió en algo obsesivo para el máximo dirigente ruso. En ese camino fueron muchos los que acabaron en prisión, entre ellos el antiguo patrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski. Otros caían tiroteados o eran envenenados sin que, en la mayoría de los casos, se pudiera esclarecer quién encargó los crímenes. El ex agente de los servicios de inteligencia, Alexánder Litvinenko, la periodista Anna Politkóvskaya, el diputado Serguéi Yushenkov, la activista pro derechos humanos, Natalia Estemírova, y el ex ministro y líder opositor, Borís Nemtsov, son algunos de los nombres que integraron la lista de asesinados cuya actividad contrariaba al régimen. Hoy día, ya no son tan frecuentes los asesinatos por motivos políticos, pero la oposición sigue perseguida y con muchos activistas en la cárcel. Sin embargo, y gracias a la abundancia de materias primas, sobre todo gas y petróleo, el país ha podido mantener una economía pujante que ahora se está viendo lastrada por las sanciones internacionales vinculadas a la anexión de Crimea y a la guerra en el este de Ucrania. Este declive paulatino también se está reflejando en la popularidad de Putin, aunque, según los sondeos que se publican periódicamente, conserva un apoyo significativo, por encima del 60 por ciento, aunque en otras épocas llegó a superar el 80 por ciento. La presencia militar de Rusia en distintos frentes mundiales, en Siria fundamentalmente, Ucrania y ahora en Libia, contribuye a crear una imagen triunfadora de Putin entre sus conciudadanos, aunque muchos rusos preferirían que el dinero que el Kremlin se gasta en guerras «ajenas» se emplease en mejorar las pensiones, los servicios sociales y las infraestructuras del país. Ahora todos se preguntan en Rusia qué hará Putin en 2024, cuando expira su actual mandato presidencial y, según establece la Constitución rusa, no podrá presentarse de nuevo a la reelección al no poder mantener el poder más de dos mandatos consecutivos. Sí podría volver en 2030, pero tendría que hacer un cambalache como el que protagonizó en 2008, cuando confió el sillón presidencial al actual primer ministro, Dmitri Medvédev, durante un único mandato, y él se puso al frente del Gobierno. El pasado día 19, durante su rueda de prensa anual, el jefe del Kremlin sugirió una enmienda en la Carta Magna para eliminar la palabra «consecutivos» en el artículo 81, lo que limitará a dos únicos mandatos la permanencia en el poder, como en Estados Unidos. Pero él podría seguir como primer ministro o aprovechar un eventual cambio en la Constitución para introducir alguna enmienda que le posibilite seguir al timón.
23-12-2019 | Fuente: elpais.com
Los fondos españoles rozan el 7% de retorno en el mejor dato en 20 años
La Bolsa, los bonos y las materias primas han subido con fuerza
19-12-2019 | Fuente: abc.es
2019, el año en que la pobreza siguió su alza en Sudamérica
En este año que ahora acaba los niveles de pobreza en Latinoamérica han vuelto a subir, después de que en 2018 se mantuvieran estables respecto al año anterior. La subida sigue la tendencia al alza registrada desde el fin del «boom» del precio de las materias primas en 2014, cuando terminó lo que se conoce como la «década de oro» de la economía regional. Dentro de la región, las cifras negativas afectan más a Sudamérica, sobre todo el peso de las situaciones en Venezuela, Brasil y Argentina. Entre 2002 y 2014 la pobreza bajó del 45% al 27,8% de la población. En 2015 volvió a subir de nuevo, estabilizándose en 2018, pero experimentando un nuevo aumento este año que termina, en el que habrá alcanzado el 30,8%, según las previsiones de la Cepal, la comisión de la ONU para el desarrollo económico y social latinoamericano. En este contexto de empeoramiento de las condiciones de vida, especialmente en Sudamérica, han tenido lugar las protestas políticas y sociales que han marcado 2019. En su informe Panorama Social 2019, publicado recientemente, la Cepal calcula que este año la pobreza extrema habrá subido al 11,5% de la población, en un ascenso constante desde que en 2014 marcó un mínimo del 7,8%. Así, este año se habrá alcanzado un total 191 millones de pobres, de los cuales 72 millones corresponden a personas en extrema pobreza; es decir, que este año cerrará con 27 millones más de pobres que en 2014, casi todos ellos en condiciones de pobreza extrema. Sectores vulnerables En esta evolución afectan especialmente las pronunciadas cifras negativas de Brasil, Venezuela y Argentina. De hecho, si se dejan al margen estos tres países, cabe hablar de un desarrollo ligeramente positivo (especialmente en Centroamérica), por lo que las protestas políticas vividas en la región, que no se han producido precisamente en esos mencionados países, tienen más que ver con otro dato que la Cepal destaca especialmente: el aumento de lo que llama sectores «bajos no pobres», es decir, aquellos que han salido de la pobreza pero aún no pueden considerarse clase media y corren el riesgo de recaer económicamente, y que con 157 millones de personas (cifra de 2017, la última disponible) superan el número que existían hace quince años, antes del «boom» económico. Aquella «década de oro» terminada hace un lustro supuso ciertamente un importante aumento de la clase media latinoamericana, pero la Cepal llama la atención sobre otra cifra: sumados los sectores pobres, los bajos no pobres y los medio-bajos, se alcanza el 76,8% de la población. Demandas sociales Si bien es cierto que el tiempo de vacas gordas permitió un importante progreso social, este no fue suficientemente duradero ni estuvo convenientemente aprovechado por muchos gobiernos en cuestión de reformas estructurales para impedir que con la llegada de las vacas flacas hubiera retrocesos. «No solamente diversos avances en materia social se han desacelerado o estancado en un contexto económico poco dinámico, sino que también se vislumbran importantes señales de retroceso», constata el informe de la Cepal. «Después de un quinquenio de lento crecimiento, las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones» «Además, se asiste a un período de cambios geopolíticos globales, gran descontento social y creciente polarización, acompañados en muchos casos de un proceso de deslegitimación de la política y un creciente rechazo da formas tradicionales de organización y expresión de intereses. Estos factores precipitan en algunos casos cambios políticos de envergadura y el cuestionamiento de consensos forjados en las últimas décadas». Desigualdad Por lo que se refiere a la desigualdad, entre 2002 y 2014 la desigualdad de ingresos disminuyó de forma significativa en Latinoamérica y a partir de 2015 esa tendencia se ralentizó. Entre 2002 y 2014 la variación promedio anual fue del 1%, mientras que la registrada entre 2014 y 2018 fue del 0,6% anual. Los países que en 2018 tenían menos desigualdad eran Argentina, El Salvador y Uruguay; los más desiguales eran Brasil y Colombia. Entre 2014 y 2018, las mayores disminuciones en desigualdad ?reducciones acumuladas de un 7% o más? fueron Bolivia, El Salvador y Paraguay. El hecho de que algunos de esos países con un comportamiento más negativo en materia de igualdad de ingresos no hayan registrado protestas sociales (las ha habido en Colombia, pero no en Brasil) y sí las hayan experimentado otros países con un mejor desempeño en este campo (Bolivia) o que están en la mitad de la tabla (Chile) demuestra que no hay una correlación directa entre desigualdad y el descontento que ha cobrado formas violentas en varios lugares de la región, como tampoco la hay propiamente con la situación de pobreza sin más. Como la propia comisión de las Naciones Unidas sugiere, la cuestión crítica tiene más que ver con las expectativas de un sector de la población que, gracias a las mejoras de la «década de oro», pudo salir de la pobreza o afianzó su posición en los estratos medios-bajos, pero que con el empeoramiento de la situación vive con angustia su vulnerabilidad.
12-12-2019 | Fuente: elpais.com
El abaratamiento de las materias primas devuelve las exportaciones latinoamericanas a números rojos
El BID no ve "indicios de cambio de tendencia en el corto plazo" en una región que sigue bailando al son del precio del petróleo
03-12-2019 | Fuente: abc.es
Trump pasará, pero ¿y AMLO?
El populismo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en sus formas personales, es muy semejante al de Hugo Chávez o Evo Morales. Las «mañaneras» del presidente mexicano ?esos mensajes diarios televisados que en el fondo convierten el Estado en patrimonio del mandatario, sujeto a sus humores y arbitrariedades? son comparables al «Aló, presidente» de Chávez o a la intervención cotidiana en Nicaragua de Rosario Murillo, esposa-vicepresidenta de Daniel Ortega. López Obrador muestra un talante tan similar en muchos aspectos al de esos líderes, que en última instancia la pregunta es si, creyéndose insustituible, forzará su permanencia en el poder, como Chávez-Maduro, Ortega y Morales. En Latinoamérica también ha habido algún presidente de derecha que ha propiciado un cambio legislativo para obtener la reelección presidencial (en Honduras se aprobó una reelección consecutiva), pero ha sido la izquierda de tinte bolivariano la que principalmente ha hecho bandera de este asunto, con un hiperpresidencialismo que incluía la reelección indefinida. Por su parte, el particular populismo de Trump tiene fecha segura de expiración (enero de 2021 o de 2025, según sea o no reelegido el próximo mes de noviembre). Si en su discurso de inauguración, la influencia de Steve Bannon parecía otorgar a Trump el deseo de pilotar un movimiento que cambiara el sistema, poco después quedó claro que el presidente estadounidense no está en ninguna revolución y que tras pasar el tiempo estipulado en la Casa Blanca se seguirá dedicando a sus negocios. López Obrador sí quiere transformar el sistema político, y para ello cuenta con mayoría en las dos cámaras del Congreso. Una reelección tras el sexenio único choca contra uno de los pilares del México moderno ?la revolución de 1910 se hizo precisamente para imponer la no reelección?, pero AMLO también podría mantener su influencia gobernando a través de un sucesor suyo en la presidencia, como en los inicios del PRI. Es aún pronto para que López Obrador haya definido una estrategia. Su alta popularidad le deja abierta ciertas opciones, pero la celebración de su primer año como presidente, este 1 de diciembre, deja un balance negativo en economía y seguridad que puede atarle las manos. Recesión económica El Gobierno se vanaglorió a comienzos de año de que la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México (NAICM) no estaba afectando a las inversiones y por tanto a la economía. Pero la situación pronto cambió. De vender que la economía de México crecería un 4% anual durante el sexenio, AMLO ha llegado a su primer aniversario como presidente con el país en recesión. Durante el último trimestre de 2018 y los dos primeros de 2019 el PIB del país cayó un 0,1%; desde el verano el crecimiento está en 0,0%, según las propias cifras gubernamentales. Esto podría hacer revisar incluso la mejora del 1,3% que inicialmente preveían el FMI y la Cepal para 2020. La deuda pública, que en los últimos de Peña Nieto fue decreciendo, ahora vuelve a estar en ascenso: puede alcanzar el 53,8% del PIB al término de 2019 y el 54,6% a final de 2020, de acuerdo con la estimación del FMI. Unas cifras ligeramente más bajas han obligado a los gobiernos de Ecuador y de Colombia a aplicar paquetes de reformas, que han causado protestas callejeras contra Lenín Moreno e Iván Duque, respectivamente. Si la fortaleza de líderes como Chávez, Correa y Morales se basó en el ciclo de bonanza de las materias primas ?el incremento de los precios financió el clientelismo del sistema?, AMLO se enfrenta a un ciclo menos expansivo. Incluso en la cuestión petrolera parte de una situación menos ventajosa que Chávez, que cogió PDVSA con un nivel de producción suficiente, a cuya promoción el dirigente venezolano no dedicó inversiones, mientras que el mexicano hereda un PEMEX bajo mínimos, que requiere aportaciones públicas para que tenga un mayor impacto en las cuentas del Estado. Récord de homicidios La seguridad ciudadana ha empeorado y México va camino de superar este año el récord de homicidios dolosos, tanto el marcado por Felipe Calderón (PAN) como luego por Enrique Peña Nieto (PRI). Los 36.685 homicidios de 2018 fueron una importante palanca dialéctica en la campaña electoral del líder de Morena, pero con una gestión luego adversa López Obrador primero cuestionó las cifras para luego mirar hacia otro lado. Como aspectos positivos de la presidencia está una relación de trabajo con Estados Unidos que, aunque no fácil, ha dado sus resultados, como la renovación del tratado de libre comercio de América del Norte (el aumento del salario mínimo en México busca superar las reticencias de los sindicatos estadounidenses) o la aceptación mexicana de contribuir a limitar la llegada de migrantes centroamericanos a EE.UU. En otros asuntos la gestión de López Obrador no ha resuelto problemas que pretendía solucionar, como acabar con el robo de gasolina que se realiza perforando los conductos de combustible (se siguen robando 5.000 barriles diarios). Y en cuento al recién anunciado plan de infraestructuras, de 42.000 millones de dólares para todo el sexenio, aportado principalmente por la iniciativa privada, aún no está cerrada la inversión para el tan prometido Tren Maya.
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