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Noticias de lucha antidroga

01-04-2020 | Fuente: abc.es
La Armada de EE.UU. se moviliza frente a Venezuela para cortar los envíos de droga
El presidente de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de las fuerzas armadas a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela para operaciones en la lucha contra el narcotráfico. «No podemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para poner en riesgo vidas estadounidenses», dijo Donald Trump en la Casa Blanca rodeado de la plana mayor de su gobierno. Esta movilización obedece a una operación antidroga en el resto de América, y en ella participan la Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera, que colaborarán con los ejércitos de otros 22 países aliados en el continente. El anuncio de esta movilización fue extraordinario, porque a Trump le acompañaron en la Casa Blanca el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley; el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday; el comandante de la Guarda Costera, almirante Karl Schultz, y varios ministros. Más cuando el país está en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ya cuenta 200.000 contagiados y 4.600 fallecidos. Esta operación comenzó el mismo miércoles, ya hay buques frente a las costas de Venezuela, además de otros puntos del Atlántico y el Pacífico, y no tiene fecha de fin. Según dijo ayer el propio presidente, en ella participan destructores, buques de combate litoral, cazas, helicópteros y aviones de vigilancia. Nuevas rutas Con las nuevas movilizaciones anunciadas ayer, se ha doblado la presencia de la Armada en el Caribe para operaciones de lucha antidroga. Según dijo el general Milley, «hace tiempo que recibimos información de inteligencia de que los cárteles de la droga iban a aprovechar la crisis del Covid-19 para intentar introducir más droga en nuestro país». El jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que esta operación está diseñada para contener las actividades ilegítimas de Maduro. «El régimen de Maduro depende de los ingresos de la venta de drogas para mantener su represión desde el poder», dijo el secretario de Defensa. «La ciudadanía de Venezuela sufre terriblemente por las prácticas represivas de Maduro», añadió. La semana pasada el ministerio fiscal norteamericano presentó cargos por narcotráfico contra Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ?número dos? Diosdado Cabello. Según la fiscalía, esa trama permite operar a lo que el gobierno estadounidense denomina Cártel de los Soles, un grupo conformado primero por miembros corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las últimas décadas por elementos del gobierno bolivariano para el tráfico de drogas. Se le llama así por las insignias en forma de sol que llevan en la solapa los altos mandos militares de Venezuela. Desde 1999 ese cártel ha inyectado en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año, según los fiscales. Relación con México El fiscal general (ministro de Justicia) William Barr relacionó la actividad del régimen de Maduro con los cárteles mexicanos. Según las estimaciones del gobierno de EE.UU. la cocaína y otras sustancias introducidas ilegalmente en el país provocan unas 70.000 muertes anuales por sobredosis. Según Barr, el régimen de Maduro busca rutas alternativas a la del Caribe para llevar la droga a EE.UU. Una de ellas es a través de Centroamérica, por lo que el Pentágono ha movilizado también a la fuerza aérea. El cálculo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es que estas medidas «le privarán al régimen de Maduro los fondos ilícitos con los que financia su represión», según dijo ayer su director, el embajador Robert O?Brien. Su predecesor en el cargo, el despedido John Bolton, fue un gran defensor de la movilización de las fuerzas armadas para destituir a Maduro. Fue él quien advirtió en repetidas ocasiones que «todas las opciones están sobre la mesa» contra el régimen. Ayer añadió O?Brien que «Maduro, los narcos y los terroristas deben tener claro que a pesar de que estamos luchando contra la pandemia del coronavirus, cumpliremos las directrices del presidente en la lucha contra el narcotráfico». El anuncio llega un día después de que la diplomacia norteamericana propusiera un plan de transición a la democracia en el que podría participar el grueso del régimen venezolano pero sin Maduro. Según ese plan, Juan Guaidó renunciaría a ser presidente de transición hasta que haya elecciones libres en un plazo de seis a 12 meses. El régimen rechazó inmediatamente el plan por medio de su canciller, Jorge Arreaza, quien dijo en una entrevista radiofónica que en todo caso «las decisiones sobre Venezuela se toman en Venezuela».
20-02-2020 | Fuente: elpais.com
El exministro colombiano Rafael Pardo plantea una nueva visión de la lucha antidroga
El encargado de posconflicto en el Gobierno de Juan Manuel Santos lanza el libro 'La guerra sin fin'
15-01-2020 | Fuente: abc.es
Un exministro de Evo Morales acaba ante la Justicia tras salir de un hospital
El exministro boliviano Carlos Romero, que tuvo un gran peso en el Gobierno de Evo Morales, fue trasladado este martes a la Fiscalía con custodia policial para declarar en un caso de supuesta corrupción, tras salir de un hospital desde el que denunció que es acosado por motivos políticos. Canales de televisión mostraron el momento en que Romero, que hasta noviembre pasado fue ministro de Gobierno (Interior), abandonaba la clínica en la que estuvo ingresado desde el fin de semana para abordar un vehículo que le trasladó hasta las oficinas del Ministerio Público en La Paz. El abogado de Romero, Andrés Zúñiga, explicó a los medios que el documento presentado para el traslado a la Fiscalía no menciona la palabra «aprehensión», sino que es una «orden de conducción» para llevarlo «para que declare» ante el Ministerio Público. «Consideramos que es ilegal, no existe esta figura, o hay orden de citación o hay orden de aprehensión», sostuvo el letrado, que anunció que presentará un recurso constitucional por esta acción. El caso de Romero Romero fue citado a declarar el lunes en un caso por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros empleados para la lucha antidrogas entre 2013 y 2018 a un consorcio de empresas. Sin embargo, el exministro no se presentó porque se encontraba desde el viernes en una clínica donde fue ingresado por un cuadro de hipertensión, ansiedad y depresión. Romero reapareció en los medios la semana pasada después de que por reportes de prensa se conociera que estaba en La Paz. Un grupo de personas contrarias al expresidente Evo Morales instaló entonces una vigilia en las puertas de su casa en la zona sur paceña alegando que buscaban evitar que huya del país, si bien el ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que no existía ninguna orden de aprehensión en contra de Romero. Murillo, a quien algunos sectores acusaron de proteger al exministro de Morales, reiteró este martes que «Romero no ha sido aprehendido porque no tenía una orden de aprehensión». «Ha sido citado durante dos o tres oportunidades por la Fiscalía y no ha acudido a su cita para poder declarar, esto le puede traer consecuencias, como a todo ciudadano», indicó el ministro. Carlos Romero presentó una denuncia contra quienes hacían la vigilia en puertas de su casa, acusándoles de supuestamente impedir el ingreso de alimentos y agua potable a su domicilio. Las imágenes de Romero saliendo en camilla de su casa y en silla de ruedas en su habitación del hospital, con aspecto desmejorado mientras recibía oxígeno cubierto con una manta, tuvieron un notable impacto mediático en su país, aunque este martes apareció caminando con mejor apariencia. Otros exministros Al margen de la situación de Romero, se conoce que hay órdenes de detención contra los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Culturas Wilma Alanoca, acogidos actualmente en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Quintana fue acusado por el Gobierno interino de Bolivia junto con Evo Morales por delitos como terrorismo y sedición. Alanoca es requerida por su supuesta relación con explosivos para fabricar cócteles molotov hallados en dependencias del ministerio. No se conoce que haya mandamientos de aprehensión en contra de otros exministros de Morales. El extitular de Economía Luis Arce dejó el país el pasado diciembre con un salvoconducto otorgado por el Gobierno interino boliviano, mientas que el excanciller Diego Pary y la exministra de Salud Gabriela Montaño fueron vistos en Argentina junto a Morales. Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo y dos días después llegó a México, donde permaneció asilado durante un mes. El exmandatario está en Argentina desde el pasado 12 de diciembre, país en el que tramita refugio.
09-08-2019 | Fuente: elpais.com
El Gobierno de Trump certifica a Colombia en la lucha antidrogas
Bogotá disipa el fantasma de la descertificación con el esperado memorando estadounidense, que castiga a Bolivia y Venezuela
15-02-2019 | Fuente: abc.es
Trump declara la emergencia nacional para financiar el muro con México
Donald Trump ha declarado el estado de emergencia para apropiarse de los fondos que necesita para seguir construyendo el muro con México, una medida que ha sido criticada por su propio partido y contra la que los demócratas han anunciado medidas legales por considerarla inconstitucional y un abuso de poder. «He firmado el decreto de declaración de emergencia», ha dicho Trump, «probablemente me lleven a los tribunales, y nos condenarán, y nos volverán a condenar, hasta que acabemos en el Supremo y entonces tal vez se pueda hacer justicia». Trump ha elegido a los dos últimos jueces de los nueve que conforman el Supremo, de mayoría conservadora. Con esta declaración, Trump consigue proseguir la construcción del muro, del que ya hay ya 1.000 kilómetros y que debería abarcar en total 3.000 kilómetros. La declaración de emergencia le permite al presidente movilizar fondos sin tener que pasar previamente por el Congreso, donde los demócratas tienen poder de veto. Trump ha efectuado el anuncio en la Casa Blanca, acompañado de seis madres de víctimas de homicidios perpetrados por inmigrantes sin papeles. Después, el presidente ha abandonado la Casa Blanca para pasar el fin de semana con su familia en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Después de declarar la emergencia, el Gobierno ha revelado que el presidente ya ha solicitado movilizar 8.000 millones de dólares (7.000 millones de euros): 3.600 millones de los presupuestos de infraestructuras militares; 2.500 millones de las partidas de la lucha antidroga del Pentágono; 1.300 millones a través de un decreto, y 600 millones del Tesoro. «No debería sorprender a nadie que el presidente, bajo unas circunstancias determinadas, tenga derecho a emplear fondos reservados para proyectos de construcción militar para cumplir su misión de defender la nación», dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Desde 1976, el presidente de EE.UU. ha declarado el estado de emergencia en 58 ocasiones, recientemente tras los atentados terroristas del 11-S o el paso del huracán Katrina por Nueva Orleáns. Esta declaración le permite al presidente movilizar fondos sin la aprobación previa del poder legislativo, que aprueba anualmente los presupuestos. La Casa Blanca ha revelado además que ha pactado con los demócratas que en lugar de un muro de hormigón ha optado por una valla de bolardos de acero. La negativa de los demócratas a concederle a Trump 5.700 millones para construir el muro llevó al presidente a vetar los presupuestos durante 35 días, lo que forzó a su vez un cierre administrativo durante el cual 800.000 funcionarios dejaron de percibir dos nóminas. Abuso de poder Los líderes demócratas en el Capitolio han emitido un comunicado en el que han acusado a Trump de «violentar la Constitución». «Esto es un abuso de poder por parte de un presidente contrariado, que se ha salido de los márgenes de la ley para conseguir lo que no ha podido a través de los procedimientos legislativos», dijeron la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schummer. Destacados miembros del Partido Republicano, como el senador por Florida Marco Rubio, había desaconsejado a Trump declarar el estado de emergencia por el riesgo que supone de perder una denuncia por abuso de poder en los tribunales.
12-10-2018 | Fuente: abc.es
El delirante encuentro de Donald Trump y Kanye West
Decía el humorista George Carlin que uno de los principales problemas de América es que cualquiera puede ser presidente. No vivió Carlin ?fallecido en 2008? para ver a Donald Trump en la Casa Blanca, y seguro que el encuentro que tuvo este jueves lugar en el Despacho Oval le hubiera reafirmado en sus temores. Por una vez, el actual presidente de EE.UU. se quedó sin palabras ante la verborrea de su huésped de honor, el rapero Kanye West, quien en una incomprensible arenga dijo que se sentía Superman, con los ojos puestos en el mismo escritorio tras el que se sentaron John Kennedy y Ronald Reagan. Hace sólo cinco años la idea de Donald Trump, el magnate de los casinos y rascacielos dorados, en la Casa Blanca era motivo de chanzas. Las mismas que ahora puede despertar el propio West, con su ego desmedido y sus incesantes provocaciones. En el despacho en el que se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia, rodeado de periodistas y funcionarios deslumbrados, West proclamó las razones de su apoyo a Trump: «Mi padre y mi madre se separaron, así que no tuve mucha energía masculina en mi infancia». Desde que en 1970 Elvis Presley se presentó a las puertas de la Casa Blanca para pedirle a Richard Nixon que le diera una placa que le identificara como un agente de la lucha antidroga, no se había vivido un encuentro de estas características. A Elvis, sin embargo, no lo había invitado nadie. Trump organizó una comida por todo lo alto con West y su mujer, Kim Kardashian, para hablar de política y que los dos famosos le asesoren en materia de penas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Apareció en Washington el rapero con la famosa gorra roja con las palabras ?Make America Great Again? [«Hagamos que América vuelva a ser grande»], el lema de la campaña de Trump, y dijo que al ponérsela se había sentido «como Superman». «He recibido muchas presiones para no llevarla», dijo. Luego añadió: «Me encanta Corea del Norte. Desde el primer día de esta presidencia se ha solucionado uno de nuestros mayores problemas». Trump se reunió en junio con el dictador de ese país en un intento de facilitar su desnuclearización, algo que aún no ha dado resultados. No es esta la primera vez que West se adentra en el complejo mundo de la política norteamericana, pero ha cambiado radicalmente de rumbo. En 2004, tras los estragos del huracán Katrina en Nueva Orleans, proclamó en televisión que «a George Bush no le importan las personas de raza negra», provocando furibundos ataques de los republicanos, que consideraban que había injuriado al comandante en jefe. Hoy es uno de los pocos artistas afroamericanos que apoya abiertamente a Trump. Que alguien con una agenda habitualmente tan apretada como el presidente de EE.UU. encontrara este jueves tiempo para verse con un rapero para hablar de prisiones es la demostración de que la presidencia de Trump vive del espectáculo, sobre todo en unos días en que un huracán azota la costa Este del país, la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 llega a su fin y la embajadora ante la ONU ha presentado su dimisión. En un momento de la visita los periodistas le preguntaron a West si consideraba presentarse a las elecciones presidenciales, a lo que Trump respondió con premura: «Lo haría muy bien, pero sólo a partir de 2024».
23-09-2018 | Fuente: elpais.com
Colombia pedirá a la ONU un fondo humanitario para afrontar la crisis de Venezuela
Iván Duque se estrena en la Asamblea General con la emergencia migratoria y la lucha antidroga como urgencias
17-10-2017 | Fuente: elpais.com
Dimite el candidato de Trump para la lucha antidroga por sus nexos con la industria de los opioides
Una investigación periodística reveló que el congresista republicano Tom Marino, tras recibir dinero para su campaña, lideró una ley favorable a los productores de opiáceos
10-03-2017 | Fuente: abc.es
«El reto del postconflicto de Colombia es parecido al de la reunificación de Alemania»
Rafael Pardo (Bogotá, 1953) es un experto en el día después de un conflicto armado: entre 1988 y 1990 dirigió el proceso de paz que terminó en la desmovilización del movimiento guerrillero M-19. Con esa bagaje (también ha sido ministro de Defensa y Trabajo), el presidente Juan Manuel Santos lo nombró alto consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, con rango de ministro, en noviembre de 2015. Pardo, que dirigió además el Partido Liberal Colombiano, tiene la responsabilidad de poner en marcha los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 24 de noviembre. En Madrid ha participado este jueves en una jornada organizada por el ICEX, «Una Colombia en paz: retos y oportunidades para las empresas». Durante una entrevista a ABC se refirió a los incentivos y rebajas fiscales que Colombia ofrece a las empresas que inviertan en las zonas afectadas por más de medio siglo de violencia. Infraestructura, agricultura o turismo son algunos de los sectores con mayor potencial de crecimiento en el postconflicto colombiano. Entre los desafíos de Rafael Pardo está cerrar las brechas de la pobreza, la escolarización o del acceso a la seguridad social en esas zonas aisladas del país; un reto que asegura que «llevará al menos quince años». También vencer las reticencias de los portavoces del «no» en el referéndum del pasado 2 de octubre, sobre todo las referentes a la «impunidad» de los delitos de lesa humanidad y la participación política de los culpables. «Al Gobierno no le pareció razonable que quienes firman la paz quedaran vetados de participar en política», afirma el ministro del Postconflicto. «El objetivo de la paz es cambiar las armas por la política», remata. -Con el comienzo de la entrega de armas por parte de las FARC la semana pasada ¿se puede afirmar que Colombia ha entrado ya en el postconflicto? -Sí, desde la firma de los acuerdos el 24 de noviembre, que fueron refrendados por el Congreso el 1 de diciembre. Es la fecha formal y oficial del fin del conflicto. Ahí empezó el postconflicto. En un proceso de un mes y medio, las FARC, que estaban desplegadas en alrededor de cien municipios, se han concentrado en 26 zonas, de 26 municipios, que es donde están los campamentos. Ahí van a estar 180 días, durante el proceso de entrega de armas, que tiene un calendario bastante estricto. Primero un tipo de armas, explosivos inestables, después otro tipo, hasta llegar al día 180 en que han debido entregar a Naciones Unidas todas las armas, municiones y explosivos. Esos 180 días van a servir también para iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil. Procesos de educación, formación vocacional, estructuración de proyectos productivos para que puedan integrarse en la vida civil en condiciones productivas, de dignidad, y que haya una posibilidad de repetición muy baja, ojalá ninguna. -Pero el partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, ha amenazado con dar marcha atrás en las partes del acuerdo que se refieren a justicia transicional y participación política de las FARC, si gana las elecciones de 2018. -El Centro Democrático ha utilizado el proceso de paz como principal bandera de oposición al Gobierno. Por eso hay una serie de controversias políticas coyunturales. Pero el 7 de agosto de 2018, cuando haya un nuevo gobierno, sea cual sea el signo, el proceso de paz está consolidado y es imposible dar marcha atrás. En cualquier ala del espectro político nadie en su sano juicio va a decir que no va a construir carreteras rurales, que no va a formalizar el título de propiedad de la tierra a los campesinos o que no va a mejorar el sistema de educación rural en Colombia. En términos de participación política, ya han pasado las elecciones y personas de las FARC van a estar en el Congreso. El proceso de paz es irreversible. Hoy es motivo de controversia, porque es una bandera para la oposición, pero dar marcha atrás no tiene viabilidad ni factibilidad. Trabajos para adecuar un campamento de las FARC en la zona veredal de La Playa, en Tumaco (Nariño)- EFE -¿Qué atractivo puede tener la Colombia del postconflicto para las empresas españoles? -Hay un número muy grande de empresas españolas en Colombia, en este foro se ha hablado de cerca de 400 en distintos sectores de la economía. El postconflicto abre no solo un país que había estado vedado al sector privado por el conflicto si no también un paquete de incentivos y de reducción de impuestos para empresas que se localicen en las zonas afectadas. Aproximadamente el 30% del territorio está dentro de las zonas más afectadas en términos de poder tener un tratamiento tributario que reduce los impuestos a empresas que se localicen allí. -¿Tienen razón los críticos del proceso de paz para temer más impuestos con los que financiar esta etapa? -Más impuestos porque cayó el precio del petróleo, por eso hubo que subir el impuesto del valor agregado del 16% al 19% el año pasado. El presupuesto de la nación recibía 7.000 millones de dólares al año de recursos derivados del petróleo y la minería, principalmente del petróleo. Con la caída del precio del petróleo, el presupuesto se redujo en 7.000 millones de dólares de un año para otro. Eso llevó a la necesidad de ampliar los recursos a través de un aumento del impuesto del valor agregado y otros componentes. Se mantiene un impuesto que financia las fuerzas militares, pero no hay un impuesto especial para la paz. -¿Se reparará a las víctimas con el dinero del narcotráfico? -La reparación a las víctimas viene desde antes del acuerdo final con las FARC, viene de una ley de víctimas del año 2012, en la cual el Gobierno establece las condiciones para ser víctima y los elementos materiales de reparación. Se han beneficiado alrededor 600.000 personas. Es una reparación monetaria, individual, que se financia con el presupuesto de la nación. «Cerrar las diferentes brechas llevará al menos 15 años» -¿Cuál es la postura de la Administración Trump sobre los acuerdos de paz? EE.UU. acaba de advertir a Colombia sobre un posible recorte de la ayuda económica en la lucha antidrogas. -Sí, yo estuve en esas reuniones con el embajador Brownfield, encargado del tema de drogas, el miércoles en Bogotá. Él dijo que se prevé una reducción en todo el presupuesto de ayuda externa de EE.UU., no específicamente sobre Colombia y el narcotráfico, pero no antes de 2018. Hay una expectativa de aumento del aporte de EE.UU. al proceso de normalización de Colombia, de reducción de cultivos de coca y de fortalecimiento de la seguridad. Estados Unidos viene aportando aproximadamente 300 millones de dólares al año. En el Congreso norteamericano existe una propuesta, Paz Colombia, que busca que esa cifra aumente de 300 a 450 o 500 millones de dólares. Fue aprobada en los comités de la Cámara y el Senado de EE.UU., pero no se ha aprobado todavía a nivel de plenarios. La expectativa es aumentar ese paquete principalmemte para el desarrollo agropecuario y rural. Sobre la posición de Trump, lo único que se sabe es que el secretario de Estado, Rex Tillerson, indicó que iba a estudiar cuidadosamente los acuerdos firmados. Pero en las conversaciones con el Gobierno de EE.UU. no ha habido ninguna referencia a posturas especiales sobre el proceso de paz. -Tras su experiencia como consejero de Paz entre 1988 y 1990 ¿cree que será más difícil la desmovilización de las FARC de lo que fue la del movimiento guerrillero M-19? -Hay diferencias. La paz con el M-19 se hizo durante la Guerra Fría, en medio de la inmensa campaña terrorista de los carteles de la droga contra el Estado, hoy eso no existe, y el tamaño del M-19 es muy inferior al de las FARC. Por lo tanto, hay elementos que son similares, pero el contexto es distinto y tiene retos mucho más grandes por el tamaño de las FARC y por su presencia territorial cuando eran grupo armado. -¿Las FARC podrían desaparecer como grupo político, como le ocurrió al M-19? -El M-19 desapareció como grupo político pero algunos de sus miembros siguen en la política, se incorporaron inicialmente al Polo Democrático, después al Partido Verde, como Antonio Navarro Wolff. El anterior alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, era del M-19. El Centro Democrático tiene a una persona del M-19 en el Senado, Everth Bustamante. -¿Es exagerado decir que el reto del postconflicto colombiano es similar al de la reunificación alemana? -No, es muy parecido porque es integrar una parte del país geográficamente muy grande pero en términos de nivel de vida muy distinto al resto del país. La zona rural colombiana, en la que viven 12 millones de personas, tiene indicadores sociales y económicos muy inferiores a las zonas urbanas. La cobertura de la seguridad social en el campo es del 10%, en la ciudad puede ser del 75%. Los años de escolaridad en el campo son casi cinco menos que los años que estudia un joven en las ciudades. La pobreza es mucho mayor. Cerrar esas brechas llevará al menos 15 años, es lo que está previsto en el proceso de postconflicto. Es parecido a integrar media Alemania con la otra media, lo que ocurrió en la reunificación alemana. La diferencia es que la Colombia atrasada no está toda junta sino que está distribuida en distintos lugares del país. -¿Estuvo en las negociaciones de La Habana y en las que se realizaron con los críticos de los acuerdos de paz, tras el «no» en el referéndum del 2 de octubre? -Estuve en la parte final de las negociaciones de La Habana. Después de que se perdió el referéndum estuvimos alrededor de un mes, a veces diez horas diarias, con los principales portavoces del «no» mirando punto por punto los acuerdos. Se recibieron más de 450 críticas, observaciones y propuestas. Se clasificaron en alrededor de 70 temas, de los cuales se incluyeron prácticamente todos menos uno. «Al Gobierno no le pareció razonable que quienes firman la paz fueran vetados de participar en política» -¿Cuál fue la excepción? -Los portavoces del «no» decían que los líderes de las FARC no podían ser elegidos hasta que no cumplieran la pena. El Gobierno no lo aceptó porque considera que si se hace un acuerdo de paz con un grupo que ha estado alzado en armas es para que entren en la política. Eso es lo que se ha hecho en el pasado en Colombia y en otras partes del mundo. Al Gobierno no le pareció razonable que quienes firman la paz quedaran vetados de participar en política. -¿Incluso quienes han cometido delitos de lesa humanidad podrán participar en política? -Sí, pueden participar en política en cuanto el tribunal especial determine que tienen esas condiciones. -¿Después de que cumplan su condena? -No, cuando el tribunal les dé la posibilidad de tener una condición jurídica que así lo permita. En el acuerdo no hay una prohibición de que quien ha sido condenado por delitos atroces no pueda participar en las elecciones. No hay un proceso de paz en el cual a los líderes se les prohíba participar en política, porque el objetivo de la paz es cambiar las armas por la política. -¿Qué fue más tenso, negociar con las FARC o con los portavoces del «no» a los acuerdos de paz? -(se ríe) Con las FARC. -¿Otra amenaza en este periodo son los últimos asesinatos de líderes sociales? ¿Quiénes están detrás? -No se ha identificado un patrón común, pero sí hay una gran preocupación del Gobierno. El propio presidente Santos ha encabezado un comité para determinar responsabilidades judiciales y sobre todo prevención a estos hechos. Varios de estos líderes asesinados estuvieron vinculados recientemente a procesos de sustitución de cultivos de coca. Habían liderado procesos sociales con los campesinos para convencerlos de que dejaran la coca y la sustituyeran por otros productos. No digo que esa sea la razón por la que los asesinaron. No hay una sola causa, pero sí hay una gran preocupación y una acción de prevención e investigación. «No tiene sentido que haya muertes para demostrar una propuesta política, como hace el ELN» -¿Serían narcotraficantes? -Pueden serlo. -¿Puede tener alguna relación el hecho de que miembros del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia irrumpieran el pasado fin de semana en una localidad del Chocó en busca de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)? -Gaitanistas es uno de los nombres de un grupo de tráfico de drogas, también se les llama cartel del Golfo. Ha tenido varios nombres. Es el grupo armado organizado más significativo que hay en el tráfico de drogas en Colombia en este momento. La causa principal que le mueve es el control del tráfico de drogas. -¿Cómo se desarrollan las negociaciones de paz con el ELN en Ecuador, después de que esta guerrilla matase a un policía en un atentado el pasado 19 de febrero en Bogotá? El Centro Democrático considera una «burla» continuar el diálogo. -Es un tema muy complejo. Las negociaciones se han iniciado por decisión del Gobierno sin que haya un alto el fuego bilateral. El Gobierno quiere tener restricción en la acción militar frente al ELN. Pero estos hechos terroristas afectan mucho el clima de opinión frente al proceso y no tiene ningún sentido que haya pérdida de vidas humanas para demostrar una propuesta política como lo está haciendo el ELN. Guerrilleros de las FARC se distraen con sus móviles en el campamento provisional de la vereda La Variante, en Tumaco (Nariño).- EFE
24-03-2016 | Fuente: elpais.com
EEUU pide destacar 20 helicópteros de lucha antidroga en Rota
La petición plantea problemas al Gobierno que, al estar en funciones, no puede tomar una decisión como esa