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Noticias de justicia

15-02-2021 | Fuente: abc.es
Amnistía Internacional alerta del perfeccionamiento de los instrumentos represivos en Nicaragua
Han pasado casi tres años desde el estallido social que se produjo en Nicaragua. El calendario marca en rojo el 18 de abril de 2018, cuando las protestas contra los abusos del régimen sandinistas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, estallaron por todo el país, primero como consecuencia de una reforma de la Seguridad Social, y después por la respuesta represiva de la policía contra los pensionistas que salieron a las calles a clamar contra ella. Fue en ese momento cuando los jóvenes se echaron también a la calle a defender a sus mayores. La olla a presión del descontento social que se venía acumulando desde hacía tiempo saltó por los aires, y el Gobierno nicaragüense no dudó en aplastarlo primero por la fuerza de la violencia, y después con la aprobación de leyes que criminalizan cualquier acto de rechazo contra él. Leyes que buscan reducir cualquier tipo de oposición a Ortega, que buscará perpetuarse en el poder en las próximas elecciones de noviembre. Casi tres años después, el balance del estallido social es este: 328 muertos, 2.000 heridos, más de 100 presos políticos, 150 estudiantes expulsados de las universidades, más de 400 sanitarios despedidos y más de 100.000 personas que han tenido que salir del país (la mayoría a Costa Rica), entre ellos 90 periodistas. A pesar de estas cifras, son pocas las referencias que existen en la agenda internacional a lo que sucede en Nicaragua, si bien es cierto que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han aprobado sanciones contra militares, miembros del Gobierno y de la policía por los actos de represión. Pero esto no ha aliviado la represión, que ha bajado de intensidad en apariencia, pero que en la realidad se ha recrudecido gracias al «perfeccionamiento del aparato represor a través de nueva herramientas», como denuncia Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe hecho público este lunes. «Nosotros ya publicamos otros dos informes anteriormente -'Disparar a matar' y 'Sembrando el terror'-, que se enfocaban en aquellos momentos de la crisis. En este lo que hacemos es profundizar en la situación actual: en cómo se han perfeccionado las tácticas, las estrategias; y también mostramos cómo la crisis de Derechos Humanos continúa», explica a ABC la abogada especializada en Derechos Humanos e investigadora de AI, Ingrid Valencia, responsable de este informe titulado: «Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua». Detenciones arbitrarias, delitos falsos En el informe se detallan tres nuevas herramientas, algunas de las cuales se han «perpetuado en el tiempo, pues fueron implementadas en momentos previos o iniciales de la crisis. Y otras que son más nuevas», explica Valencia. Entre las que se han perpetuado se encuentran las detenciones arbitrarias (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 fueron detenidas de forma arbitraria 1.614 personas), que se implementaron desde el comienzo de la crisis, «pero que no han cesado. Continúan. Y más de 100 personas están detenidas por ejercer sus derechos, por lo que sigue estando vigente el llamamiento para la liberación de los detenidos». Esta sería una de las estrategia utilizadas por el régimen de Ortega, pues ni siquiera la pandemia ha frenado que se siga produciendo. De hecho, según el informe, a lo largo de 2020 fueron excarcelados más de 6.000 presos por miedo a que se propagara el virus en unas cárceles hacinadas en las que no se aplicaban los protocolos contra el Covid-19 (como la utilización de test). Esta medida no afectó, sin embargo, a aquellas personas detenidas por motivos políticos, ya que tan solo cuatro de los 80 presos por esa razón fueron excarcelados. «Esto muestra un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes, y en un contexto de pandemia se encuentran aún más vulnerables», señala la abogada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 presos políticos que se encontraban en esta situación. «Existe un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes» Otra variante incorporada al sistema de represión son los cargos a los que se enfrentan los opositores y activistas. «Las detenciones arbitrarias se siguen produciendo sin cumplir las garantías básicas, pero además, en las ultimas fases de estas detenciones, los cargos de los que son acusados han cambiado: son cargos vinculados con delitos relacionados con el tráfico de drogas, con la extorsión, el secuestro..» Anteriormente, a los opositores y manifestantes se les detenía y se les acusaba de delitos como el terrorismo (en septiembre de 2018 el Gobierno aprobó una ley contra las manifestaciones que llevaba implícita esa acusación). Se ha pasado así de acusar con cargos de perfil político a cargos por delitos comunes, con el objetivo, según Valencia, de «dañar la reputación de las personas activistas». El informe recoge varios casos relacionados con esta estrategia, como el del joven Jhon Christopher Cerna Zúñiga, estudiante de 24 años que participó en las protestas de 2018 y que fue acusado en febrero de 2020 de tráfico de drogas en un juicio con nulas posibilidades de defensa, según sus abogados que continúan apelando su sentencia de 12 años de prisión. María Esperanza Sánchez García, activista política, corrió una suerte similar. Arrestada en enero de 2020, fue condenada a diez años de cárcel. Según su testimonio, recogido por AI en el informe, «los interrogatorios no tenían nada que ver con los delitos por los que la estaban acusando, solo le hablaban de cosas políticas, sobre con quién trabajaba políticamente, con qué opositores trabajaba, en eso enfocaba el interrogatorio, y amenazas contra la familia», relató una persona cercana a María Esperanza a la ONG. «Evidentemente, esta serie de delitos relacionadas con las drogas son utilizados como fachada», asevera Valencia. El estudiante nicaragüense John Cerna, encarcelado durante 12 años por un presunto delito de tráfico de drogas tras participar en las protestasOtro punto que preocupa a AI sobre las detenciones arbitrarias son las «condiciones en prisión». «Los reportes de las familias de los detenidos indican que hay limitación para la entrada de productos a la cárcel, como artículos de limpieza, algo muy preocupante en un contexto como la pandemia». A esto se suma la denuncia de violencia de otros presos, de guardias seguridad, o malos tratos y torturas cuando son llevados a celdas de máxima seguridad. «Celdas que son diseñadas evidentemente para presos de alta peligrosidad, pero que en el contexto de la crisis también sirven como zona de castigo para activistas». Leyes para acallar a los críticos La segunda táctica represiva del Gobierno de Ortega que aborda el informe es la aprobación de leyes para «acallar» a quienes le critican. «Ahí apreciamos un síntoma del recrudecimiento de la represión, se ve reflejado cómo colabora el poder legislativo para generar un ambiente hostil, de hostigamiento y amenaza. Esto se ha visto de diferentes maneras -explica Valencia-: uno, con la cancelación de registros legales de las organizaciones de derechos humanos, y con la destrucción reciente de organizaciones y medios de comunicación (como El Confidencial), así como con la aprobación de un paquete de leyes que se inició en octubre y que limita y pone en riesgo los derechos humanos», sostiene Valencia. Estas leyes son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que afecta directamente a las ONG y que ya ha forzado el cierre de varias, entre ellas la fundación de la expresidenta Violenta Chamorro; la Ley de Ciberdelitos, que bajo el pretexto de evitar la propagación de «noticias falsas» reprime la libertad de expresión de aquellos que se muestran en desacuerdo o critican al Gobierno de Ortega. También se ha aprobado, en primera lectura, una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua, con un texto cuya «vaguedad» hace pensar en que podría ser utilizada contra opositores al régimen. La norma aprobada más recientemente es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. «Todo esto es una pieza más para el obstáculo del ejercicio de derechos humanos. Y con ello se pone sobre papel una represión que se viene realizando contra las ONG y medios de comunicación». Así mismo retrata «claramente» la ausencia de la independencia de poderes en Nicaragua. «En el aparato legislativo el partido en el Gobierno es quien tiene la mayoría, con lo cual la aprobación de leyes ha sido un proceso muy expédito, a pesar de que organismos de derechos internacionales, como la CIDH o el Alto Comisionado han mostrado su preocupación cuando estas leyes estaban en discusión. Ahora se tiene un set de leyes para acallar a quienes critican las políticas del Gobierno».<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">FVBCH comunica al pueblo de <a href="https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Nicaragua</a>, a la comunidad internacional, organismos de DDHH y prensa nacional e internacional, que ante la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, su Asamblea y Consejo Directivo han decidido suspender operaciones. <a href="https://t.co/8DtfLBDY4R">https://t.co/8DtfLBDY4R</a></p>&mdash; Fundación Violeta B. de Chamorro (@FundVioleta) <a href="https://twitter.com/FundVioleta/status/1357730434201886722?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> «Muerte civil» La última estrategia que incorpora el informe de AI es la denominada como «muerte civil» y que se refiere a las «extremadamente difíciles condiciones» en las que viven las personas excarceladas, que siguen sufriendo hostigamiento, intimidación, amenazas, daño a su patrimonio y fuente de ingresos.. «Muchos de ellos nos aseguraron que se sienten igual de presos, pero ahora en una prisión más grande. Que no se sienten parte de la sociedad porque no pueden tener una vida cotidiana normal», relata Valencia, para quien estas tácticas buscan «prevenir el activismo. Y castigar a quienes están vinculados con él. Intentan llevar una vida normal pero continúan siendo intimidados por estas prácticas represivas del Estado». A esto se añade el miedo a volver a ser detenidos después de salir de prisión. Un fantasma que sobrevuela sus vidas de manera amenazadora. «Hasta diciembre de 2020 había 31 personas que habían sido excarceladas y luego vueltas a detener. Ahí se ve la fragilidad de la excarcelación». «No es una coincidencia que este paquete de leyes se produzca en un contexto cercano a las elecciones, porque son leyes que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos», asegura Astrid Valencia Todas estas tácticas represivas, reforzadas en los últimos meses, parecen tener como objetivo también disuadir a los opositores de hacer campaña contra el Gobierno o incluso acudir a las urnas el próximo mes de noviembre. «No es una coincidencia que este paquete de leyes se produzca en un contexto cercano a las elecciones, porque son leyes que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos». El informe alerta además de que lo peor está aún por llegar. «Ese es el temor permanente -reconoce Valencia-. Ya en 2018 y 2019 pensábamos que habíamos visto lo peor, pero el Gobierno se empaña en superar las peores previsiones». Tras hacer varias recomendaciones -poner fin al hostigamiento por razones políticas, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a los presos, desmantelar a los grupos paramilitares, otorgar justicia, verdad y reparación a las familias de las víctimas-, el informe concluye con un llamamiento a la comunidad internacional: «Mantener firmemente en su agenda la crisis de derechos humanos de Nicaragua», así como que el Gobierno de Ortega «cumpla las recomendaciones del CIDH», y permitir a la ONG internacionales el acceso al país. «Desde AI queremos poner sobre la mesa que la crisis de DD.HH. en Nicaragua continúa y que sigue requiriendo la atención internacional. En febrero y marzo se llevan a cabo las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y lo que nosotros también estamos solicitando, llamando a los Estados miembros, es a renovar el mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que siga monitoreando la situación en Nicaragua. Y esperamos que la comunidad internacional en su conjunto siga pronunciándose y observando de cerca y llamando al Estado de Nicaragua a detener la represión», reclama Valencia. En un ambiente pre-electoral, esta abogada de DD.HH. e investigadora de AI para Centroamérica, considera necesario que «las voces internacionales pongan la mirada en lo que está sucediendo» en el país.
15-02-2021 | Fuente: abc.es
Alertan del recrudecimiento de la represión en Nicaragua para «acallar» a la oposición
Han pasado casi tres años desde el estallido social que se produjo en Nicaragua. El calendario marca en rojo el 18 de abril de 2018, cuando las protestas contra los abusos del régimen sandinistas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, estallaron por todo el país, primero como consecuencia de una reforma de la Seguridad Social, y después por la respuesta represiva de la policía contra los pensionistas que salieron a las calles a clamar contra ella. Fue en ese momento cuando los jóvenes se echaron también a la calle a defender a sus mayores. La olla a presión del descontento social que se venía acumulando desde hacía tiempo saltó por los aires, y el Gobierno nicaragüense no dudó en aplastarlo primero por la fuerza de la violencia, y después con la aprobación de leyes que criminalizan cualquier acto de rechazo contra él. Leyes que buscan reducir cualquier tipo de oposición a Ortega, que buscará perpetuarse en el poder en las próximas elecciones de noviembre. Casi tres años después, el balance del estallido social es este: 328 muertos, 2.000 heridos, más de 100 presos políticos, 150 estudiantes expulsados de las universidades, más de 400 sanitarios despedidos y más de 100.000 personas que han tenido que salir del país (la mayoría a Costa Rica), entre ellos 90 periodistas. A pesar de estas cifras, son pocas las referencias que existen en la agenda internacional a lo que sucede en Nicaragua, si bien es cierto que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han aprobado sanciones contra militares, miembros del Gobierno y de la policía por los actos de represión. Pero esto no ha aliviado la represión, que ha bajado de intensidad en apariencia, pero que en la realidad se ha recrudecido gracias al «perfeccionamiento del aparato represor a través de nueva herramientas», como denuncia Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe hecho público este lunes. «Nosotros ya publicamos otros dos informes anteriormente -'Disparar a matar' y 'Sembrando el terror'-, que se enfocaban en aquellos momentos de la crisis. En este lo que hacemos es profundizar en la situación actual: en cómo se han perfeccionado las tácticas, las estrategias; y también mostramos cómo la crisis de Derechos Humanos continúa», explica a ABC la abogada especializada en Derechos Humanos e investigadora de AI, Ingrid Valencia, responsable de este informe titulado: «Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua». Detenciones arbitrarias, delitos falsos En el informe se detallan tres nuevas herramientas, algunas de las cuales se han «perpetuado en el tiempo, pues fueron implementadas en momentos previos o iniciales de la crisis. Y otras que son más nuevas», explica Valencia. Entre las que se han perpetuado se encuentran las detenciones arbitrarias (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 fueron detenidas de forma arbitraria 1.614 personas), que se implementaron desde el comienzo de la crisis, «pero que no han cesado. Continúan. Y más de 100 personas están detenidas por ejercer sus derechos, por lo que sigue estando vigente el llamamiento para la liberación de los detenidos». Esta sería una de las estrategia utilizadas por el régimen de Ortega, pues ni siquiera la pandemia ha frenado que se siga produciendo. De hecho, según el informe, a lo largo de 2020 fueron excarcelados más de 6.000 presos por miedo a que se propagara el virus en unas cárceles hacinadas en las que no se aplicaban los protocolos contra el Covid-19 (como la utilización de test). Esta medida no afectó, sin embargo, a aquellas personas detenidas por motivos políticos, ya que tan solo cuatro de los 80 presos por esa razón fueron excarcelados. «Esto muestra un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes, y en un contexto de pandemia se encuentran aún más vulnerables», señala la abogada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 presos políticos que se encontraban en esta situación. «Existe un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes» Otra variante incorporada al sistema de represión son los cargos a los que se enfrentan los opositores y activistas. «Las detenciones arbitrarias se siguen produciendo sin cumplir las garantías básicas, pero además, en las ultimas fases de estas detenciones, los cargos de los que son acusados han cambiado: son cargos vinculados con delitos relacionados con el tráfico de drogas, con la extorsión, el secuestro..» Anteriormente, a los opositores y manifestantes se les detenía y se les acusaba de delitos como el terrorismo (en septiembre de 2018 el Gobierno aprobó una ley contra las manifestaciones que llevaba implícita esa acusación). Se ha pasado así de acusar con cargos de perfil político a cargos por delitos comunes, con el objetivo, según Valencia, de «dañar la reputación de las personas activistas». El informe recoge varios casos relacionados con esta estrategia, como el del joven Jhon Christopher Cerna Zúñiga, estudiante de 24 años que participó en las protestas de 2018 y que fue acusado en febrero de 2020 de tráfico de drogas en un juicio con nulas posibilidades de defensa, según sus abogados que continúan apelando su sentencia de 12 años de prisión. María Esperanza Sánchez García, activista política, corrió una suerte similar. Arrestada en enero de 2020, fue condenada a diez años de cárcel. Según su testimonio, recogido por AI en el informe, «los interrogatorios no tenían nada que ver con los delitos por los que la estaban acusando, solo le hablaban de cosas políticas, sobre con quién trabajaba políticamente, con qué opositores trabajaba, en eso enfocaba el interrogatorio, y amenazas contra la familia», relató una persona cercana a María Esperanza a la ONG. «Evidentemente, esta serie de delitos relacionadas con las drogas son utilizados como fachada», asevera Valencia. El estudiante nicaragüense John Cerna, encarcelado durante 12 años por un presunto delito de tráfico de drogas tras participar en las protestasOtro punto que preocupa a AI sobre las detenciones arbitrarias son las «condiciones en prisión». «Los reportes de las familias de los detenidos indican que hay limitación para la entrada de productos a la cárcel, como artículos de limpieza, algo muy preocupante en un contexto como la pandemia». A esto se suma la denuncia de violencia de otros presos, de guardias seguridad, o malos tratos y torturas cuando son llevados a celdas de máxima seguridad. «Celdas que son diseñadas evidentemente para presos de alta peligrosidad, pero que en el contexto de la crisis también sirven como zona de castigo para activistas». Leyes para acallar a los críticos La segunda táctica represiva del Gobierno de Ortega que aborda el informe es la aprobación de leyes para «acallar» a quienes le critican. «Ahí apreciamos un síntoma del recrudecimiento de la represión, se ve reflejado cómo colabora el poder legislativo para generar un ambiente hostil, de hostigamiento y amenaza. Esto se ha visto de diferentes maneras -explica Valencia-: uno, con la cancelación de registros legales de las organizaciones de derechos humanos, y con la destrucción reciente de organizaciones y medios de comunicación (como El Confidencial), así como con la aprobación de un paquete de leyes que se inició en octubre y que limita y pone en riesgo los derechos humanos», sostiene Valencia. Estas leyes son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que afecta directamente a las ONG y que ya ha forzado el cierre de varias, entre ellas la fundación de la expresidenta Violenta Chamorro; la Ley de Ciberdelitos, que bajo el pretexto de evitar la propagación de «noticias falsas» reprime la libertad de expresión de aquellos que se muestran en desacuerdo o critican al Gobierno de Ortega. También se ha aprobado, en primera lectura, una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua, con un texto cuya «vaguedad» hace pensar en que podría ser utilizada contra opositores al régimen. La norma aprobada más recientemente es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. «Todo esto es una pieza más para el obstáculo del ejercicio de derechos humanos. Y con ello se pone sobre papel una represión que se viene realizando contra las ONG y medios de comunicación». Así mismo retrata «claramente» la ausencia de la independencia de poderes en Nicaragua. «En el aparato legislativo el partido en el Gobierno es quien tiene la mayoría, con lo cual la aprobación de leyes ha sido un proceso muy expédito, a pesar de que organismos de derechos internacionales, como la CIDH o el Alto Comisionado han mostrado su preocupación cuando estas leyes estaban en discusión. Ahora se tiene un set de leyes para acallar a quienes critican las políticas del Gobierno».<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">FVBCH comunica al pueblo de <a href="https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Nicaragua</a>, a la comunidad internacional, organismos de DDHH y prensa nacional e internacional, que ante la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, su Asamblea y Consejo Directivo han decidido suspender operaciones. <a href="https://t.co/8DtfLBDY4R">https://t.co/8DtfLBDY4R</a></p>&mdash; Fundación Violeta B. de Chamorro (@FundVioleta) <a href="https://twitter.com/FundVioleta/status/1357730434201886722?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> «Muerte civil» La última estrategia que incorpora el informe de AI es la denominada como «muerte civil» y que se refiere a las «extremadamente difíciles condiciones» en las que viven las personas excarceladas, que siguen sufriendo hostigamiento, intimidación, amenazas, daño a su patrimonio y fuente de ingresos.. «Muchos de ellos nos aseguraron que se sienten igual de presos, pero ahora en una prisión más grande. Que no se sienten parte de la sociedad porque no pueden tener una vida cotidiana normal», relata Valencia, para quien estas tácticas buscan «prevenir el activismo. Y castigar a quienes están vinculados con él. Intentan llevar una vida normal pero continúan siendo intimidados por estas prácticas represivas del Estado». A esto se añade el miedo a volver a ser detenidos después de salir de prisión. Un fantasma que sobrevuela sus vidas de manera amenazadora. «Hasta diciembre de 2020 había 31 personas que habían sido excarceladas y luego vueltas a detener. Ahí se ve la fragilidad de la excarcelación». «No es una coincidencia que este paquete de leyes se produzca en un contexto cercano a las elecciones, porque son leyes que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos», asegura Astrid Valencia Todas estas tácticas represivas, reforzadas en los últimos meses, parecen tener como objetivo también disuadir a los opositores de hacer campaña contra el Gobierno o incluso acudir a las urnas el próximo mes de noviembre. «No es una coincidencia que este paquete de leyes se produzca en un contexto cercano a las elecciones, porque son leyes que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos». El informe alerta además de que lo peor está aún por llegar. «Ese es el temor permanente -reconoce Valencia-. Ya en 2018 y 2019 pensábamos que habíamos visto lo peor, pero el Gobierno se empaña en superar las peores previsiones». Tras hacer varias recomendaciones -poner fin al hostigamiento por razones políticas, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a los presos, desmantelar a los grupos paramilitares, otorgar justicia, verdad y reparación a las familias de las víctimas-, el informe concluye con un llamamiento a la comunidad internacional: «Mantener firmemente en su agenda la crisis de derechos humanos de Nicaragua», así como que el Gobierno de Ortega «cumpla las recomendaciones del CIDH», y permitir a la ONG internacionales el acceso al país. «Desde AI queremos poner sobre la mesa que la crisis de DD.HH. en Nicaragua continúa y que sigue requiriendo la atención internacional. En febrero y marzo se llevan a cabo las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y lo que nosotros también estamos solicitando, llamando a los Estados miembros, es a renovar el mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que siga monitoreando la situación en Nicaragua. Y esperamos que la comunidad internacional en su conjunto siga pronunciándose y observando de cerca y llamando al Estado de Nicaragua a detener la represión», reclama Valencia. En un ambiente pre-electoral, esta abogada de DD.HH. e investigadora de AI para Centroamérica, considera necesario que «las voces internacionales pongan la mirada en lo que está sucediendo» en el país.
15-02-2021 | Fuente: abc.es
Turquía condena a seis años de prisión a Eren Keskin, la abogada defensora de los Derechos Humanos
La influyente abogada defensora de los Derechos Humanos Eren Keskin ha sido condenada este lunes en Turquía a seis años de prisión por pertenecer a una organización terrorista. Un tribunal de la ciudad de Estambul ha condenado, además, a tres responsables del diario prokurdo 'Ozgur Gundem', cerrado por orden judicial en agosto de 2016, tal y como ha informado el periódico 'BirGun'. Entre ellos se encuentra el director del periódico, Inan Kizilkaya, y el editor Kemal Sancili, condenados por «propaganda terrorista», «intento de violar la unidad del Estado» y pertenencia a una organización armada. Keskin, por su parte, ha señalado en su cuenta de Twitter que en el pasado había sido imputada y encarcelada por sus ideas políticas, pero jamás había sido condenada por pertenecer a un grupo terrorista. «He estado 30 años trabajando por los Derechos Humanos. Me han juzgado mucho, me encarcelaron por mis pensamientos. Sin embargo, por primera vez me han considerado miembro de una organización armada y he sido condenada. Seis años y tres meses. No voy a ninguna parte. Estoy aquí», ha detallado. Milean Buyum, de la ONG Amnistía Internacional (AI), ha calificado el veredicto como una «injusticia» y ha manifestado en un mensaje difundido en la citada red social que «Keskin ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres y los presos y ha luchado por la Justicia de los familiares de personas desaparecidas». «Es una abogada defensora de los Derechos Humanos que alza la voz ante las injusticias», ha asegurado antes de recalcar que la condena «se debe a tres décadas de trabajo» a favor de los Derechos Humanos.
15-02-2021 | Fuente: abc.es
Ultranacionalistas de izquierda ganan las elecciones en Kosovo
Los ultranacionalistas del exprimer ministro Albin Kurti, el partido de autodeterminación, obtuvo ayuer el 41% de los votos en las legislativas anticipadas en Kosovo, 52 escaños de los 120 que componen el parlamento. No podrán formar gobierno en solitario, pero consiguen una victoria muy amplia sobre el gobierno de los antiguos comandantes rebeldes. La antigua provincia de Belgrado, que continúa luchando por obtener reconocimiento a nivel internacional, celebró ayer sus quintos comicios anticipados desde la proclamación de la independencia en 2008, en medio de la pandemia que ha desgastado a las fuerzas de centro. El gobierno que salga de las urnas será el tercero desde que comenzó la pandemia, que ha causado más de 1.500 muertes. El descontento por la gestión y la sed de cambio han beneficiado al partido Vetevendosje (VV), que significa «Autodeterminación», el movimiento de reforma de izquierda de Albin Kurti, en guerra contra la corrupción y dispuesto a subrayar en cualquier área de la política la independencia del territorio. «Esta votación ha sido un referéndum sobre la justicia y el empleo, contra la corrupción y la captación de recursos del Estado», dijo anoche Kurti en su discurso de victoria. «No tiene precedentes en el Kosovo de la posguerra». Por las nevadas calles de Pristina, los simpatizantes de Kurti celebraron anoche la victoria con un concierto de bocinas desde los coches, dado que las restricciones no permiten la concentración de personas, ondeando banderas albanesas y con fuegos artificiales. «Es un maremoto electoral. Para un partido que empezó en la calle, Vetevendosje ha obtenido un resultado extraordinario», comenta el analista político Vehbi Kajtazi, que prevé un rápido relevo en altas estructuras de la administración. El partido más votado basa buena parte de sus reivindicaciones en reproches históricos y económicos. Acusa a los exguerrilleros de captar recursos del Estado y de clientelismo. Su labor de oposición se ha visto reforzada con el apoyo de la presidenta interina Vjosa Osmani, de 38 años, símbolo de una clase política de nueva generación que abandonó la LDK del primer ministro saliente Avdullah Hoti . Vetevendosje ya encabezó las dos últimas elecciones legislativas, pero quedó apartado por coaliciones entre otras formaciones que apenas duraron unos meses. Esta vez, Kurti espera constituir una mayoría de gobierno si se alía con partidos que representan a las minorías, que cuentan con unos 20 escaños. Si lo logra, el gobierno resultante aumentará sin duda la tensión con los territorios vecinos y con potencias europeas a las que emigra buena parte de su población joven, por resultar imposible en Kosovo encontrar un trabajo, dado que el índice de desempleo ronda el 50%.
14-02-2021 | Fuente: abc.es
Los intentos desesperados del testaferro de Maduro, Alex Saab, de eludir a EE.UU.
A la espera de una decisión final e inminente sobre su extradición a Estados Unidos , el empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington testaferro de Nicolás Maduro, ha solicitado de nuevo por medio de sus abogados a la Justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso alegando que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha decidido que fallará sobre la legalidad del proceso el 11 de marzo. En una audiencia de la que informa la agencia Efe, el abogado que representó a Cabo Verde, Henrique Borges, dijo que ese país no reconoce la autoridad del mencionado tribunal africano para decidir en este litigio, pues no ratificó el protocolo que otorga.. Ver Más
12-02-2021 | Fuente: abc.es
Draghi forma un gobierno con 15 políticos y ocho técnicos
Nace el gobierno técnico-político de Mario Draghi , cuyo juramento será este sábado en el palacio del Quirinal. Después de un coloquio con el presidente de la República, Sergio Mattarella, el primer ministro 'in pectore' de Italia ha hecho público su ejecutivo en el que destacan nombres de extraordinario perfil técnico para ocupar los ministerios económicos que serán clave para gestionar los 209.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción europeo. En total, el ejecutivo está integrado por 23 ministros, de los cuales ocho son mujeres, mientras que hay 15 hombres. Es un ejecutivo que destaca por su marcado acento económico y social, con algunos de los mánagers más destacados del país y muchos políticos, buscando un equilibrio entre los partidos que apoyan a Draghi, que son todos los del parlamento, con la excepción de Hermanos de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni. Los ministros políticos son 15 y hay 8 técnicos. Hay siete ministros del anterior gobierno, entre ellos los de Asuntos Exteriores (Luigi Di Maio), Interior (Luciana Lamorgese), Sanidad (Roberto Speranza) y Cultura (Dario Franceschini). Son muchas las novedades, con una mezcla de políticos, profesores y destacados mánagers. Entre estos destaca Vittorio Colao, ministro para la Innovación Tecnológica y la Transición Digital, que fue Consejero delegado de Vodafone y presidió el Comité de expertos en materia económica y social, creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para abordar la denominada la emergencia vinculada a Covid-19. Otro 'supermánager' es Roberto Cingolani, ministro de la Transición Ecológica, una cartera clave para hacer de Italia un país verde; Cingolani es un físico, un número uno en innovación, fundador del Instituto Italiano de Tecnología de Génova; actualmente es consejero delegado de Leonardo, empresa pública italiana líder en el sector aeroespacial, miembro del Comité de expertos en materia económica y social, creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para hacer frente a la emergencia vinculada al Covid-19. La mano derecha de Salvini, en Economía Para el ministerio de Economía, Draghi ha nombrado a un técnico de indiscutible competencia: Daniele Franco, director general de la Banca de Italia, donde también trabajó durante muchos años en la el departamento de Investigación. En el área económica destaca el nombramiento del economista Giancarlo Giorgetti, brazo derecho del líder de la Liga, Matteo Salvini. Giorgetti, con estrecha relación desde hace tiempo con Draghi, será ministro del Desarrollo Económico. Ha sido clave para que la Liga apoyara a Draghi, emprendiendo así un camino europeísta. Otro técnico de gran prestigio, Enrico Giovannini, dirigirá el ministerio de Infraestructuras y Transportes. El ministerio de Justicia, que también será clave porque habrá de emprender una importante reforma, lo dirigirá la jueza Marta Cartabia, expresidenta del Tribunal Constitucional.
12-02-2021 | Fuente: abc.es
Los estudiantes venezolanos se manifiestan en contra Maduro
En el Día de la Juventud los estudiantes venezolanos se manifestaron en las Plazas Bolívar del país este viernes en protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, cuyas consignas iban desde la petición de que renuncie a su cargo a la de una convocatoria de unas elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes. Las diversas marchas que se realizaron en 19 Plazas Bolívar de los 23 estados de Venezuela transcurrieron pacíficamente y el chavismo no agredió a los estudiantes, a diferencia de otros años cuando las marchas terminaban teñidas de sangre con jóvenes asesinados y detenidos. En Caracas la Plaza Bolívar del municipio Chacao, el presidente interino Juan Guaidó (36 años) junto a la directiva del parlamento encabezó la manifestación de los estudiantes en Chacao. «Honor y Gloria caídos», dijo al referirse a los estudiantes que acompañaron la gesta libertadora de Simón Bolívar como a los jóvenes caídos (más de 150) durante la dictadura de Nicolás Maduro. Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, lamentó que el gobierno de Chile haya expulsado en avión a cerca de 100 venezolanos caminantes que habían recorrido más de 1.000 kilómetros a pie para llegar a la frontera chilena buscando trabajo y refugio. «No hay forma de matizar ese dolor, no hay forma de transformar ese dolor. Para los que están fuera de Venezuela (más de 5.5 millones) piensen en la justicia que vendrá para superar y sanar las cicatrices, solamente con elecciones libres y justas. Dios los bendiga», dijo Guaidó. La diputada opositora Delsa Solorzano ratificó su lucha por Venezuela. «Nos unimos al llamado que han hecho los jóvenes de Venezuela a manifestarse en las plazas públicas», dijo. El 12 de febrero, fecha emblemática en Venezuela Hace 207 años se produjo la Batalla de la Victoria en 1814 en la que participaron los jóvenes estudiantes que selló la gesta independentista iniciada por el Libertador Simón Bolívar contra la corona española. En Venezuela el 12 de febrero es una fecha emblemática que convoca marchas y protestas de la juventud venezolana contra los gobiernos que violan los derechos humanos y no atienden las necesidades elementales de la población. El último político que tomó el Día de la Juventud y lo vinculó al Día de San Valentín (14 de febrero) para mostrar la rebelión que se gestaba contra Maduro en el 2014 fue Leopoldo López, lo que le costó 14 años de condena por el supuesto delito de «rebelión civil e incitación a la violencia». El nuevo presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de Venezuela y de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), David Soto, destacó la participación del gobierno interino que preside Guaidó en la manifestación estudiantil.
12-02-2021 | Fuente: abc.es
Rusia dice estar dispuesta a romper completamente las relaciones con la UE
Si la Unión Europea aplica nuevas sanciones contra Rusia, esta vez por el encarcelamiento del principal adversario del Kremlin, Alexéi Navalni, Rusia romperá completamente las relaciones con Bruselas. Así lo anunció anoche el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista al polémico presentador Vladímir Soloviov. «En el caso de que volvamos a ver, como ya hemos sufrido más de una vez, que se aplican sanciones contra determinados sectores productivos, creando riesgos para nuestra economía incluso en las esferas más sensibles. No queremos aislarnos del mundo, pero debemos estar preparados», declaró Lavrov. Según sus palabras, reproduciendo la vieja frase de la época romana «si vis pacem, para bellum», «si quieres la paz, prepárate para la guerra». El jefe de la Diplomacia rusa se reunió en Moscú el pasado 5 de febrero con el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en lo que fue la escenificación más patente que se ha visto hasta ahora de la brecha existente entre Bruselas y Moscú. Pese a las numerosas discrepancias, ambos, no obstante, abogaron por «mantener abiertos todos los canales de comunicación» entre las dos partes. «Adoptar medidas concretas» El martes, en una intervención ante el Parlamento Europeo, Borrell habló de adoptar «medidas concretas» para responder a la «deriva antidemocrática y represiva» de Rusia. La posibilidad de aplicar nuevas sanciones se estudiará en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de finales de febrero. El equipo de Navalni ya ha propuesto a Bruselas un paquete concreto de sanciones contra personas del entorno inmediato del presidente Vladímir Putin. Una decisión definitiva podría adoptarse en marzo en el seno del Consejo Europeo. Borrell lamentó que las autoridades rusas no quieran participar con la UE en un «diálogo constructivo» que incluya derechos humanos y libertades en general. Pero, el miércoles, durante una ceremonia en el Ministerio de Exteriores ruso con motivo del «día del diplomático», Lavrov puso en cuestión «la dudosa interpretación de los valores universales» que hace la UE en relación con Navalni, a quien consideran un simple delincuente con cuentas pendientes con la Justicia. Según sus punto de vista, «cualquier intento de Rusia de ser independiente, de defender su derecho a aplicar una política exterior propia, choca con la resistencia cada vez más encarnizada de nuestros socios occidentales».
11-02-2021 | Fuente: abc.es
La Audiencia Nacional acuerda entregar a Maduro a un venezolano acusado por estafa
La Audiencia Nacional ha ordenado la extradición a Venezuela de Ernesto Luis Quintero Mendez, un extrabajador de una casa de bolsa en la ciudad de Maracaibo, ABA Mercado Capitales, que quebró en el año 2010 y dejó sin pagar a sus inversores unos 50 millones de dólares. Quintero fue detenido la mañana del miércoles en Madrid por la Guardia Civil cuando se dirigía a su trabajo, tras ser objeto de una orden internacional de detención de Interpol expedida en 2018 por estafa y delitos societarios. Un juzgado penal del estado Zulia (Venezuela) lo reclama por un delito de estafa continuada, apropiación de fondos y valores; y asociación para delinquir. Quintero, de 41 años, llegó a España en 2018 y solicitó protección internacional para que se le reconociera el derecho al asilo. Un año después, se reencontró con su esposa Cismary Marcano y su hija, de 7 años, quienes se sumaron a su solicitud de extranjería. En enero de 2019, Interior resolvió denegarle a él el derecho de asilo por «contar con antecedentes penales», sin embargo, a su esposa e hija, sí se les concedió la residencia temporal por razones humanitarias. Ante la posibilidad de que su esposo sea extraditado inminentemente a Caracas, Marcano dijo a ABC: «En Venezuela no hay justicia, puede ser torturado y hasta asesinado por la dictadura de Maduro. No hay manera de que a mi esposo le respeten sus derechos». La esposa cuenta a este diario que solo ha podido hablar con él «dos minutos» y fue para avisarle que estaba preso y que «la Guardia Civil había ido a por él». El venezolano se encuentra detenido en la cárcel Soto del Real y podría ser enviado de vuelta a su país el próximo miércoles, que es cuando está programado un vuelo humanitario de Madrid a Caracas por la aerolínea Plus Ultra, debido a las restricciones que mantiene aún por la pandemia el régimen de Venezuela para los vuelos procedentes de Europa. El caso de la enfermera de Chávez En febrero de 2019, la misma instancia resolvió no extraditar a la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián Velásquez basándose en informes de instituciones, organismos y ONG porque existe «cierto riesgo» de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de personas detenidas. «A la enfermera de Chávez sí le respetaron sus derechos y no la extraditaron. Porque a unos sí y a otros no», reprochó Marcano. Quintero ya había sido detenido en febrero de 2019 y puesto en libertad provisional con régimen de presentación cada quince días. Ahora la Sala de lo penal, sección cuarta, autoriza el procedimiento una vez que el Consejo de Ministros acordó la entrega del ciudadano venezolano el pasado 2 de febrero. El embajador del Gobierno interino en España, Antonio Ecarri, condenó la extradición de su compatriota y aseguró a ABC que «llevar a cabo cualquier extradición en este momento es condenarlo a muerte» y pide que «sea escuchado el clamor de la familia Quintero». Este viernes, se ha convocado una manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revise el caso de Quintero, tal como ha recomendado ACNUR en una misiva enviada al Ejecutivo español pidiendo que el venezolano no sea extraditado.
10-02-2021 | Fuente: as.com
La Justicia autorizó las pericias a los celulares de Maradona
Los fiscales van a poder analizar las llamadas y los mensajes de los dos smartphones secuestrados en la habitación en la que falleció el Diez.