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Noticias de justicia

01-01-1970 | Fuente: abc.es
El abogado de Trump se declara culpable e implica al presidente
Michael Cohen, abogado personal de Donald Trump y hombre de su confianza para los asuntos más sórdidos, acaba de poner al presidente de Estados Unidos en el mayor aprieto legal desde que llegó a la Casa Blanca. Cohen se declaró culpable este martes de varios delitos en un juzgado de Nueva York. Pero, sobre todo, implicó a Trump en dos de ellos: los pagos ilegales a dos mujeres poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 con el objetivo de silenciarlas y que no perjudicaran su candidatura. Cohen reconoció su culpabilidad en los ocho cargos a los que se enfrentaba: cinco son de evasión fiscal, uno de fraude bancario y dos de financiación electoral ilegal. En estos dos últimos es en los que implica al presidente de EE.UU. Aseguró en sede judicial que «en coordinación y bajo la dirección de un candidato al gobierno federal» trabajó junto a una compañía mediática para pagar a un persona y evitar que difundiera información dañina para el candidato. En una segunda ocasión, trabajó «en coordinación» con el mismo candidato para otro pago a otra persona. El candidato solo podía ser su jefe, Donald Trump. «Participé de esta conducta, que por mi parte tuvo lugar en Manhattan, con el motivo principal de influir en la elección». Cohen habla de forma inequívoca de los casos de Karen McDougal y Stephanie Cliffords. La primera es una ex modelo de la revista ?Playboy?, que recibió 150.000 dólares en agosto de 2016 por parte de AMI, la editora del tabloide semanal ?The National Enquirer?, para comprar los derechos sobre la historia de su romance con Trump; el objetivo, orquestado por Trump con la ayuda de Cohen, era que no se publicara nada. La segunda es una estrella del porno, conocida como Stormy Daniels, a la que Cohen pagó 130.000 dólares en octubre del mismo año para comprar su silencio. Durante meses, Trump y su equipo han cambiado las versiones sobre ese pago: Trump, que ha negado esos romances, pasó de no saber nada a reconocer, a través de sus abogados, que se había hecho un pago sin su conocimiento. La versión de Cohen le coloca en el centro de unos pagos ilegales que suponen dos delitos de financiación electoral: contribución corporativa ilegal y contribución excesiva, ya que se considera que ambos pagos tenían como objetivo beneficiar a la campaña de Trump. La declaración de culpabilidad de Cohen le permitirá enfrentarse a una pena reducida. Podría haber sido de unos doce años de cárcel, y probablemente se quede en un rango de entre 46 y 63 meses. Pero deja a Trump en una posición complicada, como no dudó en reconocer Lanny Davis, el abogado de Cohen. Aseguró que su cliente dijo «bajo juramento que Donald Trump le instruyó a que cometiera un delito mediante pagos a dos mujeres con el propósito principal de influir una elección. Si esos pagos son un crimen para Michael Cohen, ¿no lo serán también para Donald Trump?» Rudy Giuliani, uno de los actuales abogados de Trump, insistía tras conocer la decisión de Cohen en que «no hay ninguna alegación de conducta ilegal contra el presidente en los cargos contra Cohen». Durante mucho tiempo el equipo legal de Trump ha sospechado que el asunto de Cohen y los pagos ilegales a esas mujeres podrían tener muchas más complicaciones legales que la macroinvestigación de la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller. En realidad, las investigaciones contra Cohen surgieron de movimientos sospechosos que encontró el equipo de Mueller y al no tener que ver con su caso -el supuesto complot de la campaña de Trump con Rusia y la supuesta obstrucción de la justicia por parte del presidente- derivó el asunto a la fiscalía del distrito Sur de Manhattan. Pero Cohen, que ha pertenecido al círculo íntimo de Trump durante una década, podría servir de mucha ayuda a Mueller. Y Mueller -que podría pedir una reducción de la condena- podría servir de mucha ayuda a Cohen. Por eso Davis aseguraba ayer en las televisiones estadounidenses que su cliente tenía información muy interesante para el fiscal de la trama rusa. En la declaración de culpabilidad de Cohen no hay ningún acuerdo de cooperación con la justicia para ningún otro caso, pero eso podría cambiar en el futuro. No fue el único palo legal para Trump: antes de la declaración de culpabilidad de Cohen, Paul Manafort era condenado por un jurado de Virginia por ocho cargos, sobre todo referidos a evasión fiscal. Manafort fue el director de la campaña de Trump, y ayer salió a defenderlo: «Es un buen hombre», dijo a los periodistas sobre su mano derecha en las elecciones. El veredicto «?no me implica, pero en cualquier caso es algo triste». Sobre Cohen, el verdadero problema legal, prefirió guardar silencio.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Trump acusa a su exabogado de «inventar historias» para rebajar su condena
Michael Cohen, abogado personal de Donald Trump y hombre de su confianza para los asuntos más sórdidos, acaba de poner al presidente de Estados Unidos en el mayor aprieto legal desde que llegó a la Casa Blanca. Cohen se declaró culpable este martes de varios delitos en un juzgado de Nueva York. Pero, sobre todo, implicó a Trump en dos de ellos: los pagos ilegales a dos mujeres poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 con el objetivo de silenciarlas y que no perjudicaran su candidatura. Cohen reconoció su culpabilidad en los ocho cargos a los que se enfrentaba: cinco son de evasión fiscal, uno de fraude bancario y dos de financiación electoral ilegal. En estos dos últimos es en los que implica al presidente de EE.UU. Aseguró en sede judicial que «en coordinación y bajo la dirección de un candidato al gobierno federal» trabajó junto a una compañía mediática para pagar a un persona y evitar que difundiera información dañina para el candidato. En una segunda ocasión, trabajó «en coordinación» con el mismo candidato para otro pago a otra persona. El candidato solo podía ser su jefe, Donald Trump. «Participé de esta conducta, que por mi parte tuvo lugar en Manhattan, con el motivo principal de influir en la elección». «La "Justicia" tomó un caso de impuestos de hace 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión sobre él (Paul Manafort, su exjefe de campaña) y al revés que Michael Cohen, rehusó 'derrumbarse' -inventar historias para lograr un 'pacto», afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. Cohen habla de forma inequívoca de los casos de Karen McDougal y Stephanie Cliffords. La primera es una ex modelo de la revista ?Playboy?, que recibió 150.000 dólares en agosto de 2016 por parte de AMI, la editora del tabloide semanal ?The National Enquirer?, para comprar los derechos sobre la historia de su romance con Trump; el objetivo, orquestado por Trump con la ayuda de Cohen, era que no se publicara nada. La segunda es una estrella del porno, conocida como Stormy Daniels, a la que Cohen pagó 130.000 dólares en octubre del mismo año para comprar su silencio. Durante meses, Trump y su equipo han cambiado las versiones sobre ese pago: Trump, que ha negado esos romances, pasó de no saber nada a reconocer, a través de sus abogados, que se había hecho un pago sin su conocimiento. La versión de Cohen le coloca en el centro de unos pagos ilegales que suponen dos delitos de financiación electoral: contribución corporativa ilegal y contribución excesiva, ya que se considera que ambos pagos tenían como objetivo beneficiar a la campaña de Trump. La declaración de culpabilidad de Cohen le permitirá enfrentarse a una pena reducida. Podría haber sido de unos doce años de cárcel, y probablemente se quede en un rango de entre 46 y 63 meses. Pero deja a Trump en una posición complicada, como no dudó en reconocer Lanny Davis, el abogado de Cohen. Aseguró que su cliente dijo «bajo juramento que Donald Trump le instruyó a que cometiera un delito mediante pagos a dos mujeres con el propósito principal de influir una elección. Si esos pagos son un crimen para Michael Cohen, ¿no lo serán también para Donald Trump?» Rudy Giuliani, uno de los actuales abogados de Trump, insistía tras conocer la decisión de Cohen en que «no hay ninguna alegación de conducta ilegal contra el presidente en los cargos contra Cohen». Durante mucho tiempo el equipo legal de Trump ha sospechado que el asunto de Cohen y los pagos ilegales a esas mujeres podrían tener muchas más complicaciones legales que la macroinvestigación de la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller. En realidad, las investigaciones contra Cohen surgieron de movimientos sospechosos que encontró el equipo de Mueller y al no tener que ver con su caso -el supuesto complot de la campaña de Trump con Rusia y la supuesta obstrucción de la justicia por parte del presidente- derivó el asunto a la fiscalía del distrito Sur de Manhattan. Pero Cohen, que ha pertenecido al círculo íntimo de Trump durante una década, podría servir de mucha ayuda a Mueller. Y Mueller -que podría pedir una reducción de la condena- podría servir de mucha ayuda a Cohen. Por eso Davis aseguraba ayer en las televisiones estadounidenses que su cliente tenía información muy interesante para el fiscal de la trama rusa. En la declaración de culpabilidad de Cohen no hay ningún acuerdo de cooperación con la justicia para ningún otro caso, pero eso podría cambiar en el futuro. No fue el único palo legal para Trump: antes de la declaración de culpabilidad de Cohen, Paul Manafort era condenado por un jurado de Virginia por ocho cargos, sobre todo referidos a evasión fiscal. Manafort fue el director de la campaña de Trump, y ayer salió a defenderlo: «Es un buen hombre», dijo a los periodistas sobre su mano derecha en las elecciones. El veredicto «?no me implica, pero en cualquier caso es algo triste». Sobre Cohen, el verdadero problema legal, prefirió guardar silencio.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El Senado argentino autoriza al juez a registrar las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner
El Senado argentino autorizó hoy a la Justicia a realizar registros en las casas de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, imputada en una causa en la que se investigan millonarios sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Tras dos intentos fallidos de tratar el asunto en las dos últimas semanas, ya que ni siquiera se pudo iniciar el debate, finalmente hoy los senadores, incluida Fernández, votaron por unanimidad a favor de que el juez Claudio Bonadio realice allanamientos en sus domicilios en Buenos Aires y el sur del país, en busca de pruebas. Este visto bueno de la Cámara llega después de que este martes la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) trasladase a sus compañeros que no tiene «ningún inconveniente» en que autoricen los registros, con el fin de terminar con el «show montado" alrededor de unos «allanamientos sin fundamentos». La senadora había puesto como condiciones que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, así como que se resguarden sus objetos de uso personal y los que forman el ajuar de las casas. Sin embargo, no se prevé que Bonadio acepte estas peticiones, que fueron muy polémicas durante toda la sesión y que la ex jefa de Estado defendió por estar sufriendo una «manipulación descarada, humillante y grosera» de «hostigamiento permanente» y previendo que en el caso de que se graben imágenes de sus casas acabarán saliendo por los medios de comunicación. Mientras sus correligionarios más próximos la defendían en sus intervenciones, con fuertes críticas hacia el Gobierno de Mauricio Macri -que aseguran es el que mueve los hilos para perseguir a Fernández y que no se hable de la situación económica del país-, otros miembros del oficialismo o de la oposición avalaron que se dé el visto bueno a la solicitud del juez. «Esta denuncia que involucra plata sucia tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente», dijo el senador del oficialismo Luis Naidenoff. En el momento de la votación, que se produjo tras casi siete horas de debate, multitud de seguidores de la exmandataria ya se congregaban a las puertas de su apartamento de la capital a la espera de que comience el operativo de Bonadio. Al estar aforada, cualquier decisión de la justicia que apunte a la detención de Cristina Fernández o el registro de sus propiedades ha de pasar por el pleno de la Cámara Alta, en la que ningún partido tiene mayoría absoluta pero el peronismo -al que pertenece la expresidenta pero está dividido en varios sectores- es el movimiento con más peso.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Deseos, realidad y Trump
Ante los rumores sobre su fallecimiento, al genial Mark Twain se le atribuye el irónico desmentido: «Las noticias sobre mi muerte han sido muy exageradas». Algo parecido podría decirse de las complicaciones judiciales sufridas por algunos hombres del presidente y los análisis que se empeñan en confundir deseos con realidad anticipando un pronto final para la presidencia de Donald Trump. Por un lado está el caso de Paul Manafort, el lobista sin escrúpulos que se ofreció de forma gratuita a dirigir la campaña de Trump. En un juicio federal que nada tiene que ver con el ocupante de la Casa Blanca, Manafort ha sido declarado culpable por un jurado popular de ocho cargos de fraude fiscal y bancario que le pueden acarrear un máximo de 80 años de cárcel. Este es el primer caso derivado de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. El ex director del FBI fue nombrado por el Departamento de Justicia para esclarecer la presunta interferencia de Rusia en las elecciones americanas de 2016. Aunque los delitos confirmados de Manafort no están relacionados con Rusia (para eso habrá que esperar a un segundo juicio previsto para el 17 de septiembre por lobby extranjero y lavado de capitales), Mueller ha salido revalidado y con licencia para perseguir otros delitos más allá del foco inicial de su mandato. Por mucho que Donald Trump denuncie que se trata de una politizada caza de brujas. El otro caso es el de Michael Cohen, abogado personal de Trump, que a cambio de una sentencia reducida se ha declarado culpable de ocho cargos, incluidos delitos de financiación electoral ilegal. Según su testimonio, para influenciar las elecciones de 2016, Trump le ordenó comprar el silencio de dos mujeres con las que el candidato había mantenido «affairs». A pesar de que es la primera vez que se implica directamente a Trump en un delito federal, conviene recordar que para destituir a un presidente de EE.UU. hace falta un «impeachment» que en esencia es una decisión política del Congreso y no judicial.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Trump, contra las cuerdas por la defección de Cohen y la condena de Manafort
Fue probablemente el peor día de su presidencia. Este martes, dos personas del círculo más íntimo de Donald Trump -su abogado personal durante una década y su jefe de campaña electoral- estrecharon el cerco legal y político contra el presidente de EE.UU. Michael Cohen, el abogado, se declaró culpable en un juzgado de Manhattan de varios ocho delitos. Pero, sobre todo, implicó directamente a Trump en dos cargos, relacionados con financiación electoral ilegal. Poco después, a cuatrocientos kilómetros de allí, un jurado de Alexandria (Virginia) sentenciaba a Manafort por otros ocho cargos en un caso surgido de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el posible complot entre la campaña de Trump y Rusia. En una presidencia de por sí agitada, ambos casos suponen un terremoto legal y político, con posibles repercusiones legales y políticas. El episodio más inesperado es el de Cohen, que en su día dijo que estaba dispuesto a recibir un disparo para salvar a Trump. Su declaración de culpabilidad supone de hecho una defección contra su jefe. En ella, aseguró que «en coordinación y bajo la dirección de un candidato al gobierno federal» -en referencia a Trump-, realizó pagos ilegales antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para silenciar a dos mujeres que tenían información comprometedora sobre el entonces candidato. Las mujeres eran la modelo de Playboy Karen McDougal y la actriz porno Stormy Daniels. «Participé de esta conducta, que por mi parte tuvo lugar en Manhattan, con el motivo principal de influir en la elección», aseguró Cohen en sede judicial. La asunción de culpa por parte del abogado le permitirá una reducción de condena. Podría haber sido de unos doce años y se va a quedar en un rango de entre 46 y 63 meses. La implicación en un delito no es lo único que debería preocupar a Trump. Cohen ha dado señales inequívocas de que ha decidido dar la espalda al presidente. El abogado que ha elegido para su defensa es Lanny Davis, un ex asesor legal de Bill Clinton, que no dudó en atacar con dureza a Trump. Advirtió que su cliente «dijo bajo juramento que Donald Trump le instruyó a que cometiera un delito mediante pagos a dos mujeres con el propósito de influir en una elección. Si esos pagos son un crimen para Michael Cohen, ¿no lo serán también para Donald Trump?». «Caza de brujas» Davis ha estado de gira mediática desde que se conoció la noticia, buscando retratar a Cohen -el amañador de los asuntos más turbios de Trump- como un ciudadano ejemplar que quiere salvar a su país. Aseguró que Cohen decidió cambiar las tornas tras la cumbre en Helsinki entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que le convenció de que su ex jefe es «inadecuado» para el cargo y le hizo temer «por el futuro del país». Davis también aseguró que «nunca, bajo ninguna circunstancia» su cliente buscaría el perdón presidencial -una posibilidad que siempre ha circulado para el entorno de Trump- porque le «ensuciaría». Son argumentos inverosímiles para alguien que ha sido el amañador de los asuntos más turbios de Trump, pero que dejan claro que, de momento, Cohen se ha convertido en una preocupación importante. Su declaración de culpabilidad no incluye un acuerdo de cooperación con Mueller y la trama rusa, pero no cierra las puertas a que ocurra en el futuro. Si lo hace, el fiscal especial podría recomendar una reducción mayor de pena. Davis hizo declaraciones explosivas al respecto: aseguró que Cohen tiene información «de interés» para Mueller y que sabe si Trump estaba al corriente o no del hackeo ruso. Las consecuencias legales para Trump de la implicación de Cohen no serán inmediatas. La práctica judicial en EE.UU. y la recomendación establecida durante décadas por el Departamento de Justicia es la de no presentar cargos contra un presidente en el cargo. Si un fiscal decidiera hacerlo, abriría un territorio desconocido para la justicia estadounidense. El camino más probable sería que contribuyera al ?impeachment? -procesamiento judicial en el Congreso-, lo que pondría la patata en manos de los legisladores. Con unas elecciones al Congreso a la vuelta de la esquina, si los republicanos pierden sus mayorías, el ?impeachment? sería más que probable. Pero aquí arranca un cálculo político de resulto incierto. Durante mucho tiempo, muchos demócratas han creído que ponerlo como promesa electoral iría en su contra: movilizaría al voto republicano para conservar el escudo legislativo del presidente. Pero con la tormenta de Cohen y Manafort, el cálculo podría ser diferente y quizá el ?impeachment? se coloque en el centro del debate electoral. El caso de Manafort es diferente. Forma parte de la investigación de Mueller -el de Cohen surgió de ella, pero se derivó a la fiscalía de Manhattan- sobre la trama rusa, pero los delitos por los que ha sido condenado -la mayoría relacionados con la evasión fiscal- no tienen que ver con Trump ni con el supuesto complot con Moscú. Sin embargo, la condena supone una victoria para Mueller, después de meses de ataques constantes de Trump, que califica la investigación como «caza de brujas», y de exigencias de los republicanos de que cerrara el caso a la mayor celeridad. La sentencia reivindica el trabajo de Mueller y le permitirá aislarse de esas presiones. Además, abre una nueva oportunidad: buscar la cooperación de Manafort, al que le esperan probablemente más de diez años de cárcel, y podría buscar una reducción a cambio de información sobre Trump.Y, si hubo colusión con Rusia, es difícil que Manafort no lo supiera.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El Senado argentino aprueba los registros en la casa de Cristina Fernández
Lo único que le faltó fue poner las llaves de sus tres casas sobre la mesa del Senado. Acorralada por sus compañeros de escaño la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, eligió ser pragmática y asumir aquello de: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Dicho de otro modo, como no tenía respaldo suficiente para evitarlo, votó ella misma a favor de su propio desafuero con el único objetivo de que se cumpla la orden de registro de sus viviendas de Buenos Aires, Calafate y Río Gallegos, destinos de entrega de cientos de millones de dólares de la corrupción, según los arrepentidos. Los senadores quizás no oían pero sabían que alrededor del edificio se habían concentrado centenares de personas que clamaban por poner fin a la impunidad que disfruta la viuda de Néstor Kirchner gracias a su inmunidad como senadora. Con ese eco de fondo y quizás la bolsa de rencor a punto de rebalsar, hasta el jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, apoyó una decisión que a su ex jefa le duele en lo más íntimo: la intromisión de su intimidad o «allanamiento» ordenado por el juez federal, Claudio Bonadío. El hecho, a estas alturas, cuatro semanas después de que lo pidiera el magistrado, tiene más carácter simbólico que efectivo. Los millones que la lista de empresarios y «kirchneristas» arrepentidos juran que dejaban en las casas (algunas con bóvedas) del matrimonio presidencial, es evidente que ya están en paradero desconocido por la justicia. La totalidad de la Cámara votó a favor. No hubo una abstención ni un voto negativo. Imposible de evitar lo inevitable, la estrategia del kirchnerismo consistía en tratar de enviar un mensaje de trasparencia en la historia de corrupción mejor guardada durante doce largos años y de un volumen y dimensión, en millones de dólares, desconocido. De paso, había que tratar de poner límites a la orden de Bonadío, el juez que no tuvo miedo durante el mandato «K» y enfrentó desde los Tribunales de Comodoro Py (sede de l ajusticia federal) la corrupción de la pareja con más poder de este siglo y de los anteriores de Argentina. Cristina Fernández intentó que el Senado impidiera que los agentes tomasen fotografías de sus viviendas, grabasen imágenes, «con clara intención de humillación y hostigamiento», según ella. La actual senadora también pretendía que el magistrado y los suyos ejecutaran el registro con equipos de alta tecnología para que «Bonadío no rompa nada» . Con la ironía que, en ocasiones, utiliza la viuda de Néstor Kirchner, observó: «Si encuentra lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal». Genio y figura hasta en la caída que la tiene procesada en media docena de causas, CFK, siglas por las que todavía se la conoce, cuando le tocó el turno de intervenir en la Cámara Alta se despachó: «Si creen que con los desafueros, con los Bonadíos, me voy a arrepentir, ¡No, no me arrepiento de nada de lo que hice». La soberbia tenía asidero en que «los Bonadío», aún no han logrado que el Senado conceda el desafuero total de la ex presidenta que bate récords de corrupción. El caso que da pie a los registros e inminente procesamiento,estalló con la publicación este mes del diario La Nación de los denominados «Cuadernos de la corrupción», bitácora de Oscar Centeno , un chofer del poder «K» que dejó asentados nombres de sobornados, sobornadores, lugar de entrega de las «coimas» (mordidas), diseño de las maletas para trasportarlas y un minucioso recorrido de los circuitos de entregas. Se trataba de «aportes» de empresarios de la obra pública y de sectores vinculados a la energía. El escándalo desembocó en una cadena, sin precedentes, de ejecutivos dispuestos a confesar lo inconfesable bajo la excusa de la extorsión o de pérdida de adjudicaciones.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El ex SS expulsado a Alemania por EE.UU. recibió ayuda como víctima del nazismo
El exmiembro de las SS Jakiv Palij, expulsado a Alemania por Estados Unidos, recibió tras la capitulación del Tercer Reich las ayudas destinadas a las víctimas del nazismo, informa hoy el diario Bild. De acuerdo con este medio alemán, que se remite a los archivos del Servicio Internacional (ITS) establecido tras la II Guerra Mundial en Bad Arolsen (norte de Alemania), Palij fue acogido en 1945 en un campamento destinado a desplazados de Bamberg (Baviera) y de ahí pasó a un centro de reasentamiento. Según estas informaciones, fue reconocido como «Displaced Person», categoría establecida por las autoridades aliadas para la atención de los desplazados, y obtuvo ayudas para emigrar a Estados Unidos. Todo ello apunta a que ocultó que había servido en las SS hitlerianas, lo que posibilitó su salida del país, en 1949, y que en 1957 adoptase la ciudadanía estadounidense. Palij llegó a Alemania el pasado martes, después de que Estados Unidos le expulsara bajo la acusación de complicidad en el asesinato de 7.000 judíos cuando ejercía de guardia «voluntario» en un campo de concentración nazi, en la Polonia ocupada. Nacido en Polonia, Palij ocultó su pertenencia a las SS y indicó como única actividad pasada la de campesino. Décadas más tarde salió a la luz su pasado, tras lo que se le retiró la ciudadanía de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses iniciaron en 2005 los trámites para expulsarlo del país, donde vivía de ayudas sociales en el barrio neoyorquino de Queens, ya que la Justicia de ese país no le puede juzgar por crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial que no hayan tenido lugar en su territorio. Alemania, por su parte, había rechazado hasta ahora hacerse cargo de Palij con el argumento de que nunca tuvo la ciudadanía alemana y de que no existía ninguna orden de detención en su contra por asesinato o complicidad en asesinato. Tampoco Polonia y Ucrania -país al que pertenece actualmente la ciudad en la que nació Palij- querían acoger al exnazi. Con el fin de avanzar en el genocidio de los judíos en el este de Europa, las SS reclutaron más de 5.000 civiles y prisioneros de guerra «particularmente leales» -principalmente ucranianos y personas de origen alemán- a los que llamaban «voluntarios». Palij ha negado siempre haber participado activamente en crímenes de guerra y asegura que su cometido, al que dice le habían obligado, era el de vigilar puentes y ríos. La Fiscalía de Würzburg (sur) abrió en 2015 una investigación contra Palij, que tuvo que volver a cerrar por falta de pruebas. Su expediente se encuentra desde entonces en la Oficina central para el esclarecimiento de los crímenes del nacionalsocialismo, con sede en Ludwigsburg. El precedente Demjanjuk El caso de este «guarda voluntario» recuerda al de John Demjanjuk , el ucraniano que emigró a EEUU también como supuesta víctima del nazismo tras la II Guerra Mundial y que fue entregado a Alemania en 2009, tras agotar todos los recursos contra su deportación. Demjanjuk fue juzgado en Múnich, en un largo proceso al que asistió en camilla y durante el cual solo se comunicó con su abogado a través de un intérprete, y fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en la muerte de 28.060 judíos en un campo de exterminio nazi de la Polonia ocupada. Inmediatamente después de escuchar sentencia fue puesto en libertad, en consideración a los dos años que ya había pasado en prisión preventiva, y murió unos meses después en un asilo de ancianos. Demjanjuk había nacido en Ucrania en 1920 y fue capturado como soldado soviético en 1942 por los nazis, que lo convirtieron en «Trawniki» o guarda voluntario en el campo de Sobibor.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La Policía inicia el registro judicial de los domicilios de Cristina Fernández
Agentes de la Policía Federal argentina iniciaron ayer los registros de los domicilios de Cristina Fernández, después de que el Senado diera luz verde el pasado miércoles a los «allanamientos» de las viviendas de la expresidenta de Argentina que presuntamente sirvieron de destinos de entrega de cientos de millones de dólares. Lo único que le faltó fue poner las llaves de sus tres casas sobre la mesa del Senado. Acorralada por sus compañeros de escaño la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, eligió ser pragmática y asumir aquello de: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Dicho de otro modo, como no tenía respaldo suficiente para evitarlo, votó ella misma a favor de su propio desafuero con el único objetivo de que se cumpla la orden de registro de sus viviendas de Buenos Aires, Calafate y Río Gallegos, destinos de entrega de cientos de millones de dólares de la corrupción, según los arrepentidos. Los senadores quizás no oían pero sabían que alrededor del edificio se habían concentrado centenares de personas que clamaban por poner fin a la impunidad que disfruta la viuda de Néstor Kirchner gracias a su inmunidad como senadora. Con ese eco de fondo y quizás la bolsa de rencor a punto de rebalsar, hasta el jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, apoyó una decisión que a su ex jefa le duele en lo más íntimo: la intromisión de su intimidad o «allanamiento» ordenado por el juez federal, Claudio Bonadío. El hecho, a estas alturas, cuatro semanas después de que lo pidiera el magistrado, tiene más carácter simbólico que efectivo. Los millones que la lista de empresarios y «kirchneristas» arrepentidos juran que dejaban en las casas (algunas con bóvedas) del matrimonio presidencial, es evidente que ya están en paradero desconocido por la justicia. La totalidad de la Cámara votó a favor. No hubo una abstención ni un voto negativo. Imposible de evitar lo inevitable, la estrategia del kirchnerismo consistía en tratar de enviar un mensaje de trasparencia en la historia de corrupción mejor guardada durante doce largos años y de un volumen y dimensión, en millones de dólares, desconocido. De paso, había que tratar de poner límites a la orden de Bonadío, el juez que no tuvo miedo durante el mandato «K» y enfrentó desde los Tribunales de Comodoro Py (sede de l ajusticia federal) la corrupción de la pareja con más poder de este siglo y de los anteriores de Argentina. Cristina Fernández intentó que el Senado impidiera que los agentes tomasen fotografías de sus viviendas, grabasen imágenes, «con clara intención de humillación y hostigamiento», según ella. La actual senadora también pretendía que el magistrado y los suyos ejecutaran el registro con equipos de alta tecnología para que «Bonadío no rompa nada» . Con la ironía que, en ocasiones, utiliza la viuda de Néstor Kirchner, observó: «Si encuentra lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal». Genio y figura hasta en la caída que la tiene procesada en media docena de causas, CFK, siglas por las que todavía se la conoce, cuando le tocó el turno de intervenir en la Cámara Alta se despachó: «Si creen que con los desafueros, con los Bonadíos, me voy a arrepentir, ¡No, no me arrepiento de nada de lo que hice». La soberbia tenía base en que «los Bonadío» aún no han logrado que el Senado conceda el desafuero total de la ex presidenta que bate récords de corrupción. El caso que da pie a los registros e inminente procesamiento estalló con la publicación este mes del diario La Nación de los denominados «Cuadernos de la corrupción», bitácora de Oscar Centeno , un chofer del poder «K» que dejó asentados nombres de sobornados, sobornadores, lugar de entrega de las «coimas» (mordidas), diseño de las maletas para trasportarlas y un minucioso recorrido de los circuitos de entregas. Se trataba de «aportes» de empresarios de la obra pública y de sectores vinculados a la energía. El escándalo desembocó en una cadena, sin precedentes, de ejecutivos dispuestos a confesar lo inconfesable bajo la excusa de la extorsión o de pérdida de adjudicaciones.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Trump asegura que «la Bolsa quebraría» si sufre un «impeachment»
La posibilidad de que Donald Trump sea sometido a un «impeachment», el procesamiento en el Congreso, sobrevuela en EE.UU. en la semana más negra desde que alcanzara la Casa Blanca. El que fuera su abogado durante una década, Michael Cohen, le implicó en un delito de financiación electoral ilegal, relacionado con el pago a dos mujeres -una modelo de Playboy y una actriz porno con las que mantuvo relaciones- para comprar su silencio antes de las elecciones. Y su director de campaña, Paul Manafort, fue condenado por ocho delitos relacionados con evasión fiscal, como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el supuesto complot de la campaña de Trump con Rusia. El inicio del «impeachment» depende de los legisladores y de su cálculo político -hay elecciones al Congreso este otoño-, pero el presidente de EE.UU. ofreció su visión particular sobre el procesamiento. Lo hizo en una entrevista en su canal de televisión más favorable, Fox News, en la que negó que cometiera ningún delito y desechó la posibilidad de que sea procesado. Incluso aseguró, de forma incorrecta, que los delitos de financiación electoral que Cohen reconoció no lo son. «No sé cómo quieres procesar a alguien que está haciendo un gran trabajo», dijo, de forma sorprendente, como si una supuesta buena gestión gubernamental le ofreciera inmunidad. «Te digo algo: si paso por un ?impeachment?, creo que la Bolsa quebraría, creo que todo el mundo sería muy pobre», añadió. En la entrevista, volvió a dar respuestas contradictorias sobre si estaba al corriente de los pagos a esas mujeres -en abril dijo que no sabía nada de ellos, ahora dice que lo descubrió después-, negó que él coordinara esas operaciones y trató de caracterizar a Cohen como alguien al que solo veía «a veces». En la víspera, Trump aseguró que Cohen «se inventó» que él coordinara y dirigiera esos pagos y ayer dijo que esa cooperación con la justicia -conseguir una reducción de condena a cambio de dar información- «debería ser ilegal». Contra Sessions La mayor agresividad se la guardó para su fiscal general, Jeff Sessions, al que apunta para explicar el acorralamiento legal que sufre. «Obama tuvo una violación electoral enorme, pero tenía otro fiscal general», deslizó, sin explicar que en aquella ocasión no hubo un delito, sino una sanción administrativa por faltas en el registro de donaciones a su campaña. «Puse a un fiscal general que nunca tomó el control del Departamento de Justicia». «La única razón por la que le di el trabajo fue porque sentía que era leal, fue de los primeros en apoyarme», añadió, exasperado por la incapacidad, obvia en un sistema con separación de poderes, de controlar la acción de la justicia. Sessions, a quien Trump ataca cada vez que tiene un problema legal, no pudo evitar responder ayer al presidente: «Mientras que yo sea fiscal general, las acciones del Departamento de Justicia no se verán influenciadas de forma inapropiada por motivos políticos».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un Tribunal de Ecuador anula la petición de pasaporte a los venezolanos
Un tribunal de Quito anuló hoy la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Exteriores para que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando esa medida. Así lo decidió la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos. La Defensoría «aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño. Y agregó que la jueza Edith Naranjo «fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución», que establece que «Ecuador es un estado de derecho y justicia». «Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un limite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos», puntualizó. La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado sábado. La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos. «Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es «sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración», que es un «problema regional». Naranjo también dio a la Cancillería de Ecuador un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración, aunque se desconoce por el momento si ambas decisiones están vinculadas. Pazmiño aseguró que no es así y que lo que la jueza solicitó es un «plan humanitario», pero el Gobierno no podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes bajo ninguna circunstancia. Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró «decepcionado» por el fallo pero dijo «respetar» la decisión del poder judicial. «Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó ante los periodistas. Y justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es «todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta».