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Noticias de justicia

23-09-2018 | Fuente: abc.es
Trump sopesa otra purga en su Gobierno ante los planes de inhabilitarle
Si Donald Trump buscaba una excusa para deshacerse de quien puso la investigación de la trama rusa en manos del fiscal especial Robert Mueller, este fin de semana se la han puesto en bandeja. Sin embargo, la revelación de que esa misma persona, el «número dos» del ministerio de Justicia, Rod Rosenstein, planeó grabar secretamente al presidente con la intención de inhabilitarle es demasiado tentadora y obvia como para propiciar otro despido fulminante en la Administración Trump. Los abogados y colaboradores más estrechos del presidente le han recomendando que no haga nada hasta que la investigación sobre la injerencia rusa concluya y se presenten todos los cargos. Tras las revelaciones de las intenciones de Rosenstein, recogidas por memorandos escritos por quien fue director en funciones del FBI, Andrew McGabe, Trump ha criticado duramente a su propio departamento de Justicia y al FBI, un paso más en su guerra contra lo que considera los poderes fácticos que boicotean su presidencia. «¡Fijaos en lo que sale a la luz!», dijo Trump en un mitin en Misuri. «Hay gente buena en el departamento de Justicia, pero hay otros muy malos. Mirad al FBI. Sí, los malos se han ido, pero queda un hedor, y de eso nos vamos a encargar». Estas declaraciones se suman a las que Trump hizo el miércoles, cuando dijo que siente que no tiene fiscal general (ministro de Justicia). «Estoy decepcionado con él por muchos motivos», dijo, después de describir las investigaciones sobre los contactos de su campaña con el Gobierno ruso como «un cáncer». Las desavenencias entre Trump y el responsable de Justicia, Jeff Sessions, vienen desde que en marzo de 2017 este se inhibiera de la investigación de la trama rusa por haber mantenido contactos con el embajador de ese país en Washington. Sessions puso entonces esas pesquisas en manos de Rosenstein, quien a su vez abrió una causa independiente que encargó a Mueller, director del FBI con George W. Bush y Barack Obama. Despedir a Mueller Otro despido, el del sucesor de Mueller, James Comey, en mayo de 2017, llevó a Rosenstein a plantearse la posibilidad de recusar a Trump con la enmienda 25 de la Constitución, que permite al gabinete del presidente declararle incapacitado. Se ha empleado tres veces, cuando un presidente ha sido operado y siempre de forma temporal. Esta hubiera sido la primera ocasión en que se hubiera empleado alegando incapacidad mental. El presidente preguntó a sus abogados el viernes si procedía despedir a Rosenstein, según reveló «The Washington Post». Estos le recomendaron que se abstuviera precisamente en un momento en que la investigación de la trama rusa llega al final. Incluso los más acérrimos defensores de Trump en televisión, como el presentador de Fox News Sean Hannity, con quien el presidente habla frecuentemente, le desaconsejaron medidas drásticas. «Tengo un mensaje para el presidente», dijo Hannity el viernes. «Bajo ninguna circunstancia debe despedir a nadie ahora? es una trampa». Mueller, que tiene poderes prácticamente ilimitados para investigar al presidente, incluidas sus finanzas, ha presentado cargos contra 33 personas. De ellas, 26 son ciudadanos rusos acusados de injerencias en las elecciones de 2016. El resto son miembros del equipo electoral y el Gobierno de Trump, varios de los cuales se han declarado culpables, como el jefe de campaña Paul Manafort o el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Por su parte, el vicefiscal general Rosenstein ha negado que aquellos planes de inhabilitar a Trump, revelados el viernes por el diario «The New York Times», fueran un plan real. «Es una información inexacta e incorrecta», dijo en un comunicado. Una portavoz del departamento de Justicia dijo en una conferencia telefónica con periodistas que en todo caso eran comentarios hechos por Rosenstein «de forma sarcástica». Aun así, figuran en memorandos oficiales. Al ex jefe del FBI Comey, Trump le pidió «lealtad» antes de despedirlo. Este le prometió, en su lugar, «honestidad». De Rosenstein, a quien nombró él mismo, logró después un informe para justificar el despido de Comey. Y aunque Rosenstein le recomendó deshacerse de Comey, en varias entrevistas posteriores dijo que la decisión estaba tomada de antes y que tenía que ver con las pesquisas sobre la trama rusa. Esta falta de respeto por los procedimientos habituales de Gobierno llevó al ?número dos? de Justicia a plantearse la posibilidad de grabar al presidente, una decisión insólita pero propia de una Administración tan atípica como la de Trump.
23-09-2018 | Fuente: elpais.com
Vera Jourová. ?Me convencieron los casos concretos y la presión?
La comisaria europea de Justicia cuenta qué la decidió a impulsar la protección de los filtradores
22-09-2018 | Fuente: elpais.com
El Gobierno ultima un plan para mejorar la imagen de la justicia en el extranjero
El 'procés' y el 'caso Valtònyc' han situado el foco internacional en los magistrados españoles
22-09-2018 | Fuente: abc.es
El ministerio de Justicia de EE.UU. se planteó la inhabilitación de Trump
El ?número dos? del ministerio de Justicia norteamericano, Rod Rosenstein, se propuso el año pasado grabar las conversaciones que mantuviera con Donald Trump con la finalidad última de recusar al presidente a través de la enmienda 25 de la Constitución. Esta establece que el vicepresidente y una mayoría de ministros pueden declarar al presidente «imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo». Rosenstein, que fue nombrado por Trump en febrero de 2017, planteó esa posibilidad a altos funcionarios del Gobierno y a empleados del FBI después de que el presidente despidiera de forma fulminante al jefe de ese cuerpo de policía judicial, James Comey. Previamente, el presidente le había pedido a Comey lealtad en su gestión de la investigación de las conexiones con Rusia de varios miembros de su Gobierno, entre ellos el Asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. El diario ?The New York Times? reveló este viernes las propuestas de Rosenstein después de haber leído unos memorandos del entonces director en funciones del FBI tras de la salida de Comey, Andrew McGabe. Trump ha denunciado en numerosas ocasiones que se siente víctima de una caza de brujas y de una conspiración para inhabilitarle, en la que supuestamente participan miembros de su propio Gobierno. Hace dos semanas uno de ellos publicó una tribuna anónima en el ?Times? admitiendo la existencia de ese movimiento de resistencia interna para boicotear las propuestas más radicales del presidente. La revelación de las intenciones de Rosenstein es de gran importancia para la investigación de la trama rusa. En marzo de 2017 el fiscal general (ministro de Justicia) Jeff Sessions decidió apartarse de esa investigación por haber mantenido contactos con el embajador ruso en EE UU. Al cargo de las pesquisas quedó el propio Rosenstein, que decidió abrir una causa separada cuya investigación le encargó al ex director del FBI Robert Mueller, que ha imputado ya a 33 personas, 26 de ellas ciudadanos rusos y el resto empleados de la campaña presidencial de Trump. Previamente, en marzo, Trump le había encargado a Rosenstein un informe sobre si debía mantener a Comey, nombrado por Barack Obama, al frente del FBI. Rosenstein le recomendó despedirlo por su deficiente gestión de la investigación del uso de un servidor de correo privado por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado (ministra de Exteriores), un escándalo que estalló durante la campaña electoral. Al día siguiente Trump despidió a Comey citando el memorando de Rosenstein, pero después se contradijo en varias entrevistas al admitir que ya tenía la decisión tomada de antes. Según ha revelado el periodista Bob Woodward en ?Miedo?, su reciente libro sobre el Gobierno de Trump, Rosenstein sintió que Trump le utilizó para legitimar el despido Comey, que en realidad obedecía a la investigación de la trama rusa. Aquella decisión produjo además una profunda animadversión en el FBI hacia el actual presidente de EE UU. Según la información publicada por el ?Times?, Rosenstein llegó a planificar la forma de inhabilitar a Trump, convenciendo a Sessions y al ministro de Interior y ahora jefe de gabinete, John Kelly. El ?número dos? de Justicia tenía además acceso directo a Trump y departía habitualmente con él sobre asuntos relativos al FBI, lo que le da aún mayor importancia a su intención de grabar al presidente. Según dijo Rosenstein a varios colaboradores, quería emplear micrófonos ocultos en la ropa. Después de que se hayan conocido sus intenciones, reflejadas en varios memorandos, Rosenstein ha emitido un comunicado en el que asegura que la información es «falsa y factualmente incorrecta». «Tras haber tratado personalmente con el presidente, puedo decir que no hay base alguna para invocar la enmienda 25», añade. McCabe, el autor de esos informes, fue despedido del FBI en marzo de 2017. Que varios miembros del Gobierno de Trump habían planteado la posibilidad de inhabilitar a Trump lo reveló el periodista Michael Wolff en su libro sobre los primeros meses del actual Gobierno, titulado ?Fuego y furia?. «Era algo de lo que se hablaba habitualmente en la Casa Blanca», escribió. En el caso de que el presidente fuera inhabilitado, el vicepresidente, Mike Pence, ocuparía su lugar. La enmienda que regula esa sustitución, aprobada en 1967, sólo se ha empleado tres veces en la historia de EE UU y siempre de forma provisional por casos de enfermedad.
22-09-2018 | Fuente: abc.es
El departamento de Justicia de EE.UU. se planteó la inhabilitación de Trump
El ?número dos? del departamento de Justicia norteamericano, Rod Rosenstein, se propuso el año pasado grabar las conversaciones que mantuviera con Donald Trump con la finalidad última de recusar al presidente a través de la enmienda 25 de la Constitución. Esta establece que el vicepresidente y una mayoría de ministros pueden declarar al presidente «imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo». Rosenstein, que fue nombrado por Trump en febrero de 2017, planteó esa posibilidad a altos funcionarios del Gobierno y a empleados del FBI después de que el presidente despidiera de forma fulminante al jefe de ese cuerpo de policía judicial, James Comey. Previamente, el presidente le había pedido a Comey lealtad en su gestión de la investigación de las conexiones con Rusia de varios miembros de su Gobierno, entre ellos el Asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. El diario ?The New York Times? reveló este viernes las propuestas de Rosenstein después de haber leído unos memorandos del entonces director en funciones del FBI tras de la salida de Comey, Andrew McGabe. Trump ha denunciado en numerosas ocasiones que se siente víctima de una caza de brujas y de una conspiración para inhabilitarle, en la que supuestamente participan miembros de su propio Gobierno. Hace dos semanas uno de ellos publicó una tribuna anónima en el ?Times? admitiendo la existencia de ese movimiento de resistencia interna para boicotear las propuestas más radicales del presidente. La revelación de las intenciones de Rosenstein es de gran importancia para la investigación de la trama rusa. En marzo de 2017 el fiscal general (ministro de Justicia) Jeff Sessions decidió apartarse de esa investigación por haber mantenido contactos con el embajador ruso en EE UU. Al cargo de las pesquisas quedó el propio Rosenstein, que decidió abrir una causa separada cuya investigación le encargó al ex director del FBI Robert Mueller, que ha imputado ya a 33 personas, 26 de ellas ciudadanos rusos y el resto empleados de la campaña presidencial de Trump. Previamente, en marzo, Trump le había encargado a Rosenstein un informe sobre si debía mantener a Comey, nombrado por Barack Obama, al frente del FBI. Rosenstein le recomendó despedirlo por su deficiente gestión de la investigación del uso de un servidor de correo privado por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado (ministra de Exteriores), un escándalo que estalló durante la campaña electoral. Al día siguiente Trump despidió a Comey citando el memorando de Rosenstein, pero después se contradijo en varias entrevistas al admitir que ya tenía la decisión tomada de antes. Según ha revelado el periodista Bob Woodward en ?Miedo?, su reciente libro sobre el Gobierno de Trump, Rosenstein sintió que Trump le utilizó para legitimar el despido Comey, que en realidad obedecía a la investigación de la trama rusa. Aquella decisión produjo además una profunda animadversión en el FBI hacia el actual presidente de EE UU. Según la información publicada por el ?Times?, Rosenstein llegó a planificar la forma de inhabilitar a Trump, convenciendo a Sessions y al ministro de Interior y ahora jefe de gabinete, John Kelly. El ?número dos? de Justicia tenía además acceso directo a Trump y departía habitualmente con él sobre asuntos relativos al FBI, lo que le da aún mayor importancia a su intención de grabar al presidente. Según dijo Rosenstein a varios colaboradores, quería emplear micrófonos ocultos en la ropa. Después de que se hayan conocido sus intenciones, reflejadas en varios memorandos, Rosenstein ha emitido un comunicado en el que asegura que la información es «falsa y factualmente incorrecta». «Tras haber tratado personalmente con el presidente, puedo decir que no hay base alguna para invocar la enmienda 25», añade. McCabe, el autor de esos informes, fue despedido del FBI en marzo de 2017. Que varios miembros del Gobierno de Trump habían planteado la posibilidad de inhabilitar a Trump lo reveló el periodista Michael Wolff en su libro sobre los primeros meses del actual Gobierno, titulado ?Fuego y furia?. «Era algo de lo que se hablaba habitualmente en la Casa Blanca», escribió. En el caso de que el presidente fuera inhabilitado, el vicepresidente, Mike Pence, ocuparía su lugar. La enmienda que regula esa sustitución, aprobada en 1967, sólo se ha empleado tres veces en la historia de EE UU y siempre de forma provisional por casos de enfermedad.
21-09-2018 | Fuente: abc.es
Los gobernadores peronistas rechazan suprimir los fueros de Cristina Fernández
La expresidenta, Cristina Fernández, todavía puede dormir en alguna de sus casas sin temor a que la detengan. El bloque peronista en el Senado, donde tiene mayoría, no está dispuesto a suspenderle sus fueros aunque hubiera una doble resolución judicial en su contra. El jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto defendió su posición porque, «en el proceso penal, la libertad, fundamentalmente en la etapa de instrucción, es un derecho». Tras su procesamiento y petición de detención como jefa de una organización ilícita, la actual senadora, está atada la decisión de sus colegas. Hasta ahora, estos la protegían con el argumento de que la decisión, en primera instancia, era insuficiente para privarla de libertad. Claudio Bonadío, el juez federal que ya sufrió la negativa en una causa anterior al pedir su desafuero, decidió en ésta, de los sobornos a empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas durante su gobierno, buscar una ratificación de la Cámara Federal (que se pronunciará en un par de meses) para lograr su objetivo. Pero los senadores, de momento, no están dispuestos a entregar a una de los suyos y ahora, exigen una sentencia firme para entregar a la justicia a la viuda de Néstor Kirchner. «Yo expreso la voz y la palabra de los gobernadores del peronismo que hablan conmigo», declaró Pichetto. «Expreso, -continuó- la voz de los senadores que comparten que esta es la posición que tiene que tener el Senado? Es una pena anticipada», insistió en alusión a la prisión preventiva. En Argentina los aforados están sometidos a procesos judiciales y tienen la obligación de cumplir con las decisiones o citaciones del juez pero no pueden ser detenidos. «No creo en la justicia instántanea, en la justicia de los medios, ni en algunas voces de la indignación que a lo mejor tienen legitimidad frente a los temas que se comentan hoy en Argentina», insistió en declaraciones televisivas. En su línea de argumentación, el hombre que declaró «he recuperado la capacidad de pensar y decir lo que pienso», cuando Fernández dejó la Casa Rosada en diciembre dl 2015, recordó que el expresidente Carlos Menem, también senador, condenado en una causa que investigó el tráfico de armas a Ecuador y Croacia (Argentina era garante de paz en el conflicto con Perú) continúa sentado en su escaño porque apeló. «La Corte Suprema ya lo ha dicho en este caso: el principio de inocencia de quiebra ante una condena firma. Esto es lo que regula el Estado de Derecho», concluyó. Media docena de juicios La expresidenta tiene por delante media docena de juicios por diferentes causas de corrupción. Los tiempos de la justicia son lentos y la hora de la verdad, la de la sentencia firme en alguno de ellos, difícilmente llegue antes de un par de años. Entre tanto, CFK, siglas por las que se la conoce en Argentina y de las que a ella le gusta presumir, continúa activa en las redes sociales y con vídeos donde se declara una víctima de la «persecución y hostigamiento». Entusiasta de YouTube, donde no me permite comentarios, trató incluso de descalificar el registro de su vivienda de El Calafate donde se comprobó la existencia de una cámara de seguridad que, en las imágenes que ella muestra, no aparece. Curiosamente, los espacios que muestra tiene las paredes pintadas del mismo color mandarina que la «bodega» que mostró en su día el hoy preso, Lázaro Báez, presunto testaferro de Kirchner, para tratar de convencer a la prensa que él, pese a las fotos publicadas, tampoco tenía una bóveda (la había trasformado)
20-09-2018 | Fuente: elpais.com
El Gobierno ultima un plan para mejorar la imagen de la justicia en el extranjero
El 'procés' y el 'caso Valtònyc' han situado el foco internacional en los magistrados españoles
20-09-2018 | Fuente: elpais.com
El primer aniversario del 20-S deriva en un alegato de la Generalitat contra la justicia
Torra pide la anulación de los procesos contra el independentismo y la dimisión del presidente del CGPJ
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela, según una ONG
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
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