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Noticias de ivan duque

26-06-2020 | Fuente: abc.es
Siete soldados colombianos aceptan los cargos por la violación de una niña indígena
Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro) aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa. «El día de hoy la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que presentaban su servicio militar obligatorio (..) se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado», dijo Barbosa en una rueda de prensa en Cali (suroeste). La niña de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la denuncia en la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena. A la cárcel El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias. «Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia», expresó Barbosa, quien agregó que «en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos». Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó ayer que el Gobierno va a «enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia», y agregó que si toca «inaugurar la cadena perpetua» aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará. El Senado de Colombia aprobó la prisión perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución. Petición de la Defensoría La Defensoría del Pueblo pidió este jueves al Ejército y al Ministerio de Defensa que «hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho». «Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad», añadió el organismo. Al respecto, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los «protocolos correspondientes» para que se lleve «a feliz término» la investigación. Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina, quien añadió que el caso irá a la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar y que el Ejército «seguirá los parámetros que a esto corresponde».
20-06-2020 | Fuente: abc.es
Colombia aprueba por unanimidad la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad
El Senado de Colombia ha aprobado este jueves por unanimidad, con 73 votos a favor y ninguno en contra, la cadena perpetua para aquellos que cometan delitos sexuales contra menores de edad y, después de que el proyecto fuera presentado y aprobado por el Congreso, la norma ya sólo necesita la rúbrica del presidente, Iván Duque. Aunque la decisión ha sido unánime, 30 senadores se ausentaron de la votación. Con este resultado, el artículo 34 de la Constitución será modificado y la pena de prisión perpetua se podrá imponer cuando "de manera excepcional" el menor de edad "sea víctima de homicidio doloso, acceso carnal que implique violencia". Del mismo modo, el texto recoge la posibilidad de solicitar a las autoridades una revisión de la condena a los 25 años de haber sido emitida, ha explicado el periódico colombiano 'El Espectador'. La ausencia de hasta 30 de senadores se ha producido como forma de protesta ante cómo se resolvió una recusación de la fundación Paz y Reconciliación presentada el pasado lunes, que defendía no tramitar la iniciativa debido a un afán electoralista y un conflicto de intereses a nivel moral por pretender reformar la Constitución por videoconferencia. El recurso se resolvió ese mismo día por el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez López, lo que fue criticado por algunos senadores que consideraban que dicha recusación debía ser estudiada por la totalidad de la comisión. Para algunos de ellos, como los senadores por Unidad Nacional Roy Barreras y por Colombia Humana Gustavo Petro, el recurso presentado continuaba sin haber sido resuelto de manera correcta, sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, y ante el riesgo de que el proyecto fuera desechado, decidió que sería el pleno de la Cámara quien decidiese, lo que provocó que muchos de ellos abandonaran la votación argumentando que se estaba violando el principio de legalidad. "Hoy han violado la Constitución y la ley en el minusválido e inútil Congreso virtual pero lo más grave es que lo han hecho para engañar a los colombianos con un falso proyecto de cadena perpetua mal hecho que es cortina de humo ante el desastre del mal manejo de la pandemia", ha escrito el senador Barreras en su cuenta de Twitter. El senador por Unidad Nacional ha insistido en sus redes sociales en que a día de hoy "no hay garantías", pues "la virtualidad es una farsa" y ha alertado de que "los derechos fundamentales de los colombianos están en riesgo". "Día histórico" Muy distinto ha sido la reacción de una de las promotoras del proyecto, la congresista Martha Villalba, que pese a compartir filas en el mismo partido que Barreras, ha señalado en Twitter que se trata de "un día histórico para el país, las familias, y los millones de niños y niñas" y ha agradecido a sus compañeros y el Gobierno su apoyo. Ese apoyo al que hace referencia ha sido representado por el propio presidente Duque, quien tras enterarse de la noticia, ha manifestado su alegría durante su comparecencia habitual para informar sobre la situación de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en Colombia. "Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad, hoy pensamos en tantos niños violentados, hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y hoy, como país, reaccionamos y damos un mensaje claro", ha dicho.
12-06-2020 | Fuente: abc.es
Colombia detiene a un sargento venezolano que realizaba «actividades de espionaje»
El Ejército Nacional de Colombia informó ayer de la captura de un venezolano que entró en el territorio con «la misión de desarrollar actividades de espionaje a las unidades militares». Según un comunicado, el detenido es un sargento de las Fuerzas Armadas venezolanas adscrito a la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con cursos de cazador, fuerzas especiales, paracaidista, mando y conducción, e infiltración. Las autoridades colombianas lo detuvieron el miércoles en la localidad de Valledupar, al norte de Colombia y cerca de Venezuela, con una acreditación que lo identifica como Gerardo José Rojas Castillo, procedente del estado Lara (centronorte de Venezuela), y que él mismo confirmó en el momento de su detención. «Al parecer, fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de Transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del Cantón Militar de la Décima Brigada Blindada», reza la nota de prensa del Ejército colombiano. El militar venezolano está siendo investigado por las autoridades de Colombia, que se encargarán de las medidas migratorias y administrativas que sirvan para responsabilizar a Rojas Castillo por haber puesto en riesgo la seguridad del país. Colombia ha sido crítico con el régimen de Nicolás Maduro y ha reconocido y apoyado al presidente interino Juan Guaidó, desde que el opositor se autoproclamó en enero del año pasado. Ya en abril de 2019, Bogotá acusó al régimen chavista de un plan para infiltrarse en la protesta indígena, que tenía en vilo al Gobierno de Iván Duque y en crisis a la región sur del Colombia. Los infiltrados en ese momento habrían sido militares venezolanos que aprovecharon la frontera para pasar como desertores, así como otros que también otros eran miembros de la inteligencia venezolana. En octubre de ese mismo año, y aprovechándose de la ola migratoria venezolana, Maduro habría infiltrado a cientos de chavistas, conocidos como «patriotas cooperantes» en países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador para desestabilizar los gobiernos, cuando estos atravesaban una crisis social que iba a más con acciones violentas. Más recientemente, y con el estallido social en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, Maduro ha sido señalado como agitador de las protestas contra el racismo en el país norteamericano.
10-06-2020 | Fuente: abc.es
«Matarife»
Colombia se revuelve, más en contra que a favor, con la microserie «Matarife, un genocida innombrable». Se trata de 50 capítulos, de 6 minutos de duración, donde el objetivo a derribar es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La producción, de financiación poco clara, se difunde fundamentalmente a través de las redes Telegram (la rusa) y Whatsapp (la estadounidense). En el segundo episodio, se introducen imágenes de la dictadura argentina y de Rafael Videla jurando el cargo de Presidente, tras el golpe de Estado de marzo de 1976. La secuencia continúa con recortes de campos de exterminio de judíos, fragmentos de los juicios de Nurenberg y primeros planos de Hitler como si fuera el espejo de Uribe. Las escenas son tan doloramente absurdas que si no fuera por el daño que hacen, a la imagen del expresidente pero también a la de Colombia, provocarían hilaridad. La cinta de Daniel Mendoza, guionista, narrador protagonista y creador de una producción a la que ya le han sacado los colores por su escaso rigor, no se tomó demasiado en serio al principio. Parecía que, como la diana del escarnio era Uribe, éste podía defenderse solo. Ahora, la cosa ha empezado a cambiar porque, en 18 minutos acumulados, empiezan a colarse otros nombres con acusaciones similares de vínculos con redes de narcotráfico, paramilitares y corrupción. Es el caso de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y exministra de Defensa de Uribe que alcanza protagonismo propio en el tercer capítulo, «Esquirlas sociopáticas» (todos los títulos son de ese trazo). Iván Duque, presidente de Colombia, cargo al que llegó aupado por Uribe, intervino en su defensa en Twitter (el mundo hoy se reduce a eso, a redes sociales) donde observó. «Las infamias en su contra siempre son derrotadas con la rectitud de su actuar». Tanto Marta Lucía Ramírez como Álvaro Uribe, recurrieron a sus abogados. Lo más probable es que ambos ganen esta disputa pero, sin duda, el gran perjudicado es el expresidente que sufrió 17 atentados, terminó con las Autodefensas Unidas (paramilitares) y estuvo a un paso de liquidar a las FARC y al ELN. Uribe tiene medio centenar de juicios pendientes pero no ha sido condenado en ninguno. Llamarle «Matarife» y compararle con gente como Videla o Hitler es injusto pero mucho más que sus colegas, que tanto le deben, no salgan en tromba a defenderle.
04-06-2020 | Fuente: abc.es
La Corte Suprema de Colombia abre una investigación contra Álvaro Uribe por escuchas de militares
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez genera amores y odios, pero pocas sentencias judiciales. El martes, un nuevo llamado de la Corte Suprema de Justicia vuelve a cercarlo a las salas de audiencias, esta vez en fase de indagación previa, recinto que ha visitado en más de una ocasión quien fuera el mandatario de los colombianos entre 2002 y 2010 y el político más influyente y cuestionado de este siglo en el país suramericano. La sala de instrucción de la Corte esta vez lo vincula al caso de las escuchas ilegales por parte de la inteligencia militar, sucedidas en 2019, pero que se hicieron públicas el mes pasado, justo cuando los colombianos estaban bajo llave por cuenta del coronavirus. El escándalo se regó como pólvora pues las famosas escuchas ilegales o «perfilamientos», como son registrados en el documento publicado originalmente por la revista Semana, no solo fueron a políticos, periodistas locales e internacionales, defensores de derechos humanos y abogados, sino a uno de los asesores cercanos del propio presidente Iván Duque, el pupilo del hoy senador Uribe Vélez, a quien el partido que lidera llevó a la Casa de Nariño. Toda esta historia de espionaje, intrigas y traiciones sale por capítulos, en ese clásico desgaste de la justicia colombiana que avanza poco, pero da mucho de qué hablar, no siempre para bien. Este nuevo llamamiento realmente se remonta a un anónimo que llegó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte, a finales de 2019, correo electrónico que indicaba que esas escuchas tenían como destinatario final al expresidente Uribe. De allí se desprende este llamado que, con fecha del pasado 15 de mayo, para el abogado de Uribe Vélez, Jaime Granados, no es más que una actuación rutinaria y «un escándalo mediático sobre un caso que, además de ser absolutamente inmeritorio, apenas obedece a un trámite normal de la justicia», dado que la Sala tiene la obligación de investigar todo lo que llega a sus manos. Pero otras cosas piensan los detractores de Uribe, quien a su haber tiene 20 procesos en etapa preliminar y uno solo ha avanzado a etapa de instrucción por cuenta de la supuesta manipulación de testigos (soborno y fraude procesal) que habría hecho para que un exparamilitar no lo involucrara como parte del nacimiento de las Autodefensas en su departamento natal, Antioquia, un asunto que lo persigue desde hace años y sobre el cual se especula que tendría algún vínculo con estos ejércitos ilegales de derecha, tema en el que su hermano, Santiago Uribe Vélez sí está involucrado en un proceso, acusado por la Fiscalía de auspiciar a grupos paramilitares y crear a los infames Doce Apóstoles, juicio que se dilata a pesar de estar ya en etapa de proferir una sentencia definitiva. El caso por manipulación de testigos está en pausa mientras el magistrado César Reyes Medina decide si vincula a Uribe Vélez formalmente al proceso penal, ordena su captura y lo llama a juicio, o si precluye. Este caso ha pasado ya por las manos de otros dos magistrados y es considerado como una papa caliente pues es el que más posibilidades tendría de llevar a Uribe Vélez ante los estrados, dado que las demás indagaciones preliminares vigentes están abiertas por denuncias de calumnia y difamación, principalmente. El tema del supuesto interés de Uribe Vélez por las escuchas no es nuevo. En medio del revuelo, ha vuelto a surgir el recuento de la larga pelea entre la Corte Suprema de Justicia y el expresidente por cuenta de las chuzadas, como se le dice en Colombia a las oídas ilegales, que miembros de esa corporación sufrieran en tiempos de la presidencia de Uribe Vélez, precisamente los magistrados que llevaban los casos de acusación de su supuesto auspicio a las Autodefensas Unidas de Colombia, el más poderoso y violento grupo paramilitar del país, en épocas en que el senador fuera gobernador de Antioquia (1995- 1997). El mismo grupo con el cual durante su presidencia hizo una desmovilización, entre los años 2003 y 2006.
29-05-2020 | Fuente: abc.es
El régimen de Maduro tacha de «armas biológicas» a los emigrantes retornados y les amenaza con la cárcel
El retorno de miles de refugiados a Venezuela por el coronavirus y la expulsión de la que han sido víctimas en los países de acogida tiene un sabor amargo, debido a la discriminación y al cruel trato inhumano con que son recibidos por el régimen chavista. Linda García, de 27 años, se sienta en el suelo frío de un albergue en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira, a esperar que se termine el confinamiento de 15 días al que fue sometida junto a otras 600 personas más. «No me esperaba encontrar este infierno aquí en mi propia tierra y mucho menos ser humillada como portadora de un arma biológica llamada coronavirus», escribe a ABC en su teléfono móvil. El aislamiento físico en los albergues sin contacto con el exterior no impide la comunicación telefónica discreta con sus familiares y clandestina con los medios de comunicación. A más de 50.000 emigrantes venezolanos registrados que han retornado a su país en las últimas semanas el régimen de Nicolás Maduro les ha prohibido, entre otras cosas, denunciar a la prensa su situación. La joven García, natural de Maracaibo, estado Zulia, peluquera profesional, se fue a Pamplona, en el departamento colombiano de Norte de Santander, siguiendo a su marido porque tenía trabajo en una construcción hace año y medio. Pero por la pandemia y la falta de dinero fueron expulsados de su vivienda. Ella y su pareja no presentan síntomas del virus, pero de todas formas tienen que guardar la cuarentena. En Maracaibo, la capital petrolera del país venida a menos por la destrucción de su principal industria nacional, Linda García dejó a sus dos hijos pequeños con la abuela a los que espera ver tan pronto termine el encierre en el refugio tachirense. Lo que no esperaba es que el secretario de la gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, fuera el primero en aplicar el «apartheid» impuesto por Nicolás Maduro sobre los retornados: «Toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada». Así mismo señaló que «hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia». Maduro acusó este miércoles al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar tras un plan para infectar con Covid-19 a los venezolanos que están regresando desde ese país. Asegura que los colombianos han contagiado de manera intencionada a los venezolanos que regresan. «No me esperaba encontrar este infierno aquí en mi propia tierra», afirma Linda García, una joven peluquera de Maracaibo que regresa desde Colombia La cifra de casos de contagiados escaló a 1.327 personas con solo once fallecidos. La diáspora también subió a cinco millones de emigrantes, de los cuales ha retornado menos del 1%, la mayoría de venezolanos trabajadores que han perdido su empleo y vivienda por la crisis económica causada por la pandemia, por lo que se han visto forzados a volver a su país. «De un momento a otro los montaron en vehículos, autobuses, les dieron bolsitas con pancitos. Ellos dicen que estaban sanos en las ciudades de Cali y Medellín, que no habían tenido contacto con contagiados y presumen que los contaminaron en los autobuses», dice Maduro. «Yo le digo esto al pueblo para que vean la maldad a la que nos enfrentamos. Los infectaron, por eso declaré la emergencia sanitaria en los pasos fronterizos». Según el diputado Carlos Valero, «queremos rechazar enérgicamente las irresponsables declaraciones de Nicolás Maduro, quien ha dicho que nuestros hermanos que han regresado al país por efecto de la pandemia, son una especie de arma biológica de gobiernos extranjeros. Culpar a personas que están atravesando una enfermedad de ser armas biológicas y de propagar un virus, es inhumano. Buscan criminalizar a los migrantes venezolanos y evadir la responsabilidad del régimen en el tratamiento de la pandemia». Desde Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, la mayoría de los emigrantes hacen largos recorridos a pie para volver a sus hogares pero se encuentran en el Puente Internacional Simón Bolívar en Ureña, Táchira, con un tapón o embudo en donde quedan represados, esperando con sus maletas a la intemperie para poder cruzar la frontera y llegar a su destino. Las autoridades sanitarias y migratorias del Táchira los dejan volver a cuentagotas, previamente los registran y desinfectan, les hacen pruebas PCR y los confinan en refugios como instituciones, centros educativos y hoteles. «Nos dan comida podrida para gusanos» En los refugios nacionales los emigrantes comienzan a vivir otro calvario. Linda García se queja de que no hay colchonetas para dormir, ni baños, ni agua, ni luz, ni telefonía, ni internet, ni comida ni atención médica. «Nos han dado comida podrida con gusanos», dijo. Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, dijo a ABC que etiquetar a los emigrantes como arma biológica es una irresponsabilidad del régimen de Maduro. «El trato que se les da a los retornados en los albergues es cruel e inhumano. Los someten a condiciones de indigentes». El padre Baltazar Porras denunció en las redes sociales que en los refugios del Táchira se ofrece comida descompuesta a los migrantes al llamar a los tachirenses a llevar alimentos a los necesitados. Otro caso de intoxicación por comida descompuesta ocurrió con los retornados en Barquisimeto, estado Lara. José Pastor Ortíz denunció a la prensa regional que su bebé de 1 año murió por deshidratación en el hospital pediátrico Dr. Agustín Zubillaga el 8 de mayo. «Nosotros nos venimos de Bogotá el 29 de abril y ya el 30 estábamos en Guasdualito, estado Apure. Allí fuimos encerrados en una escuela durante ocho días. Aunque la comida era poca, el personal encargado tenía la posibilidad de comprar comida cruda, que cocinábamos con leña», contó Ortiz. Pero en Barquisimeto la familia Ortiz fue confinada en la Villa Bolivariana de la gobernación de Lara, donde estuvieron encerrados encerrados más de ocho días. «Anoche nos dieron arepas (tortillas de maíz) con mortadela descompuesta. Nosotros no la comimos toda pero mi hijo que es un glotón se la comió toda. Todo el grupo de 12 personas se intoxicó y tuvo que ser hospitalizado pero mi hijo murió porque no aguantó la espera por el médico», dijo entre lágrimas José Ortiz. Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano también deplora que un arma biológica alienta la discriminación, la vejación y la exclusión en contra de los retornados. «Una acusación tan grave, obliga a Maduro, quien debe llevar las pruebas al Sistema de Naciones Unidas, de acuerdo a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción».
05-05-2020 | Fuente: abc.es
Maduro acusa a la DEA de contratar a «narcos» en el golpe frustrado
El régimen de Nicolás Maduro ha acusado a la DEA de financiar a mercenarios y grupos de narcotraficantes de Colombia para cometer la intentona fallida del fin de semana, en la que resultaron 13 personas detenidas. En su transmisión por la cadena estatal Venezolana de Televisión, efectuada desde el salón de prensa de Miraflores, Maduro ofreció la versión oficial de cómo su régimen frustró la rebelión cívico militar, que se inició este domingo en las costas de La Guaira, bajo el nombre de «Operación Gedeón». Hubo dos incursiones marítimas: el domingo en Macuto, La Guaira, capital de Vargas, y el lunes en Chuao, Aragua. Según Maduro fueron detenidas 13 personas entre militares y civiles, entre ellos el Capitán de la Guardia Nacional Antonio Sequea Torres, Adolfo Baduel (hijo del ex ministro de la Defensa, general Raúl Baduel). Según su balance, capturaron a ocho terroristas en la costa de Chuao del estado Aragua en horas de la mañana y luego a cinco más en la población de Puerto Maya en la misma entidad. Dijo que entre los primeros detenidos, se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, miembros del equipo de seguridad de Donald Trump identificados como Luke Alexander Denman y Airan Berry, que habían estado desplegados en Irak y Afganistán por el Ejército estadounidense «Ordené que todos fueran capturados vivos», reconoció tras destacar que «el pueblo de Chuao, en el estado Aragua, sometió a la embarcación desde tierra con el apoyo aéreo de la Fuerza Armada Nacional», dijo. Añadió que en la denominada acción «Negro Primero» se incautaron armas de guerra, uniformes militares de Estados Unidos y Colombia, equipos tácticos, de comunicación, cocaína y otros artefactos de guerra. Precisó que desde el 19 de abril inició la captura «de todos los soportes de este plan terrorista apoyado por el Gobierno de Iván Duque». «Fue una fase desmantelamiento a pulso del enemigo», añadió. También informó que entre los detenidos se encuentran un funcionario de la Polícia del estado Miranda y otro de la Polícia de Baruta. Maduro afirmó que estaban enterados de su movilización desde Colombia hacia las costas venezolanas el viernes 1 de mayo. Desde las 7 de la noche del sábado esperaron el supuesto ataque. Previamente el régimen había desplegado el «escudo bolivarian» del Ejército y bloqueado las entradas de Caracas tanto en las autopista de La Guaira como en Tazón. Tras la intentona fallida, el alto mando militar (GEOFANB) ordenó el estado de alerta y acuartelamiento militar de la Zodi caraqueña para bloquear y repeler el acceso terrestre a la ciudad. En su alocución televisada, Maduro indicó que la operación estadounidense había sido contratada a la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, propiedad de Jordan Goudreau, quien en opinión del mandatario chavista se encargó de la planificación y preparación de los mercenarios, quienes fueron reclutados de presuntos grupos criminales de la Guajira colombiana, así como de los estados venezolanos Zulia, Falcón, Vargas y Miranda. Plan previsto para marzo En su versión, el plan debía lanzarse inicialmente el pasado 10 de marzo, fecha de la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó, pero que la operación se cayó debido a la incautación de un lote de armas destinado a los campamentos insurgentes en Colombia y la posterior entrega del presunto cabecilla del plan, el general retirado Clíver Alcalá Cordones. Luego el plan sería pospuesto por la declaración de la cuarentena por coronavirus tanto en Venezuela como en Colombia. «Que nadie se sorprenda nunca cuando vean nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada en llanos, en montañas, en ciudades y pueblos, desplegando nuestro sistema misilístico, nuestro sistema antiaéreo, nuestro sistema de aviación. Que nadie se sorprenda si son las 3:00 de la mañana, las 6:00 de la mañana, estamos las 24 horas cumpliendo nuestro juramento», dijo. También mencionó la entrevista dada por la periodista Patricia Poleo al contratista canadiense Goudreau, en donde aseguraba tener un contrato firmado con líderes de la oposición venezolana para organizar el intento de golpe de Estado y magnicidio, afirmando además de que el dueño de Silvercorp «fue estafado» por sus empleadores venezolanos.
05-05-2020 | Fuente: abc.es
Colombia exige al Gobierno respuestas y sanciones por el espionaje del Ejército a periodistas
El escándalo por el espionaje del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos ha sacado del letargo de la pandemia del coronavirus al país, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables. La revelación de la revista Semana sacudió a los colombianos el pasado viernes y desde entonces van en aumento las voces que reclaman castigo para los implicados y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos comunes y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley. «Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes», dijo a Efe Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición. Espionaje con fines políticos El primer gran escándalo de ese tipo fue revelado en 2009 por Semana, que sacó a la luz las «chuzadas», interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y opositores en el segundo mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Luego, en 2014, fue el turno de la «Operación Andrómeda» con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, y otras veces a políticos y a periodistas. El caso que ahora espanta al país ocurrió entre febrero y diciembre de 2019 y había sido revelado también por Semana a comienzos de año, pero la descripción detallada de la forma de operar de los militares, difundida en su última edición, fue la gota que colmó el vaso. Vaca dijo estar sorprendido por el universo de periodistas espiados, pues hay desde corresponsales extranjeros de medios como The New York Times y The Wall Street Journal, hasta colombianos, muchos de ellos jóvenes recién salidos de las universidades, como los miembros de los medios alternativos La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto. «Es como algo dirigido, más que obedecer a un objetivo, es como si dijeran (vamos a espiar a) este y este otro, y este otro», agregó el director ejecutivo de la FLIP, quien nada más conocer la denuncia de Semana publicó un duro comunicado exigiendo respuestas al Gobierno. Acciones oficiales insuficientes La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados. Esta fórmula no satisface sin embargo a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas, demanda que cuenta con el apoyo de sectores políticos y de la sociedad en general. «Es un tipo de respuesta que hemos escuchado en el pasado. Hay un manifiesto de rechazo pero es insuficiente aún», añadió Vaca. El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación titulada «Las carpetas secretas», el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la retirada del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia. Críticas de partidos Al respecto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo estar preocupado «con la lentitud y la falta de diligencia con la que el Gobierno nacional ha tomado las medidas» contra los militares, pues «de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos». Pese a elogiar la actitud de Duque, de respaldo a la decisión del Ministerio de Defensa de hacer una depuración en sus filas, Gaviria cree que el presidente «también tiene una responsabilidad», y es hacer «que esto se corrigiera con más severidad». «Esto no se resuelve con un número: 11 oficiales retirados, se resuelve con una explicación detallada de lo que ocurrió, pero estas reacciones aún no llegan a ese punto; uno agradece que haya un rechazo pero en sí no hay una explicación cuando han transcurrido cuatro meses» desde la denuncia inicial, agregó Vaca a Efe. Hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta trama, pero las sospechas apuntan hacia el comandante del Ejército en la época del espionaje, el cuestionado general Nicacio Martínez, quien pidió la baja del servicio en diciembre pasado alegando «motivos familiares». Debate en el Congreso Pese a que celebran sesiones virtuales debido a la cuarentena por el coronavirus, congresistas de diversos partidos no han dejado pasar por alto la gravedad de la denuncia y comienzan a mover fichas para llamar a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula militar. La intención es que expliquen quién da las órdenes sobre los objetivos de inteligencia y cuál es el criterio para seleccionarlos. Sin embargo, la cúpula militar parece no tener mucho interés en ayudar al esclarecimiento porque en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, una de las personas mencionadas en las carpetas, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, dijeron no saber dónde están esos documentos. «El general Zapateiro dice que cree que las carpetas las puede tener la Corte Suprema después del allanamiento a las instalaciones de inteligencia (del Ejército) en Facatativá. El general Navarro nos precisa que no saben con certeza quién las tiene. Complicado no saber dónde está esa información», comentó Ruiz. La respuesta de los jefes militares dejó «sorprendido» al director ejecutivo de la FLIP, quien considera que «eso preocupa porque ya ha transcurrido un tiempo razonable para que den respuestas más detalladas».
21-04-2020 | Fuente: abc.es
Colombia extiende su confinamiento hasta el 11 de mayo
Se sabía: era imposible que Colombia empezara una apertura significativa a partir del próximo 27 de abril. Tal vez por eso el anuncio del presidente, Iván Duque, en el que indicó que la fecha de arranque parcial o «cuarentena inteligente» se movía para el 11 de mayo, dio cierto alivio a millones que, a pesar del impacto económico y anímico, prefieren que se mantenga cerradas casi todas las actividades del país dado que las autoridades sanitarias han indicado que para la primera quincena de mayo se espera el pico de la pandemia en el país. Mantener el encierro fue una decisión inteligente del mandatario colombiano, como lo es seguir con los cielos cerrados hasta el próximo 30 de mayo, sin vuelos domésticos o internacionales, limitando igualmente el desplazamiento de pasajeros intermunicipales o a lo largo y ancho de este país con una geografía especialmente difícil y una infraestructura vial tan pobre. A esto se suma un desplazamiento restringido en el transporte público masivo, que queda en un tope de 35% por autobús. Permanece igual la restricción para estudiantes y adultos mayores de asistir a clases o salir a la calle, hasta el 30 de mayo. Manufactura y construcción Pero hay dos sectores que empiezan a levantar cabeza, por indicación presidencial: el de la manufactura y el de la construcción, que podrán retomar labores a partir del próximo 27 de abril, cumpliendo con protocolos de seguridad estrictos -«con protocolos muy puntuales y responsabilidad», dijo Duque- entre otras exigencias a las que deberán someterse y por las que serán vigilados por las autoridades. ¿Será esto suficiente como inicio? Al menos es un punto de activación en dos frentes donde la mano de obra es requerida y miles de empleados podrán recibir su sueldo de nuevo. La reactivación económica cada día preocupa más, así como la atención efectiva a la población que no tiene recursos con qué comer. A esta situación, se suma la caída de los precios del petróleo, que afectará duramente la economía colombiana, la cual tiene en el crudo de referencia Brent una fuente de ingresos muy importante como renglón que abarca casi el 50% de las exportaciones colombianas. El Brent, que es la que aplica al crudo colombiano, no está tan mal, pero la caída a 26 dólares por barril impacta de forma importante las finanzas públicas. Hoy ningún barril es rentable. 189 muertos Esos son los nuevos lineamientos del gobierno colombiano, que se irán modificando según lo defina el coronavirus, que hoy suma 189 muertes y 3.998 contagios. En lo local, cada alcalde y gobernador podrá dictar sus medidas pero respetando este marco que mantiene el cierre total de restaurantes, bares y cafés, el comercio minorista muy restringido y las actividades deportivas masivas en ceros. Y uno adicional, muy positivo pero retador por lo que exige de responsabilidad individual: el próximo lunes los corredores podrán salir a parques y calles para hacer deporte y despejar la mente. Horario de 5:30 a.m. a 7: 00 a.m. y aplicando el «pico y género» (se especula que así será pies no hay aún indicaciones claras). Una buena noticia en medio de tanto encierro y un mes cumplido ya de limitaciones.
09-04-2020 | Fuente: abc.es
Mujeres y hombres de Bogotá se alternarán los días pares e impares para salir de casa
A simple vista, sin tener que sacar la identificación, a puro ojo y sin complicaciones: a partir del lunes 13 de abril, las mujeres de Bogotá saldrán momentaneamente de la cuarentena los días pares y los hombres, los impares, y solo una persona por familia. La población transgénero podrá ir al mercado o al banco de acuerdo con su identidad de género y no con la cédula, con lo que se respetan sus derechos. Así lo anunció ayer la alcaldesa Claudia López, quien indicó que el proceso pedagógico empieza este jueves 9 de abril y que a partir del lunes de Pascua la multa de un millón de pesos (unos 240 euros, poco más del salario mínimo en Colombia) se hará efectiva a quien desacate a orden. De esa forma, López soluciona el asunto de cómo apretar la cuarentena sin ahorcar a los más de siete millones de habitantes, y lo que es más apremiante, le pone freno a la salida a la calle de personas que, especialmente en sectores populares de la ciudad, siguen desafiando el encierro preventivo impuesto por la Alcaldía desde el pasado 20 de marzo y que el presidente Iván Duque extendió esta semana hasta el 27 de abril para todo el país, con posibilidades de extenderlo. La idea de la alcaldesa no es nueva. En Panamá, país vecino a Colombia, entró en vigencia el pasado 1 de abril, como forma de detener el contagio en el istmo, ya que es el país centroamericano con mayor número de casos positivos por coronavirus. Allí, mujeres y hombres se rotan los días de salida y el domingo, solución salomónica, nadie sale a la calle -excepto en caso de necesidad extrema-. Si bien a nadie le gusta que le restrinjan la movilidad, en Panamá el debate ha sido fuerte porque las autoridades locales han detenido a personas transgénero para pedirles la identificación, y como en ella puede aparecer su sexo de nacimiento ?no hay cambio en la documentación oficial a menos que se sometan a cirugía para cambio de sexo-, les multan con 200 dólares. En Bogotá ?que tiene casi el doble de la población de toda Panamá-, en cambio, los que protestan ahora son los políticos con el «pico y género», en alusión a la medida de «pico y placa» a la que están tan familiarizados los bogotanos y con la que se trata de disminuir el tráfico en la ciudad de acuerdo con el número final ?par o impar- de la placa del automóvil. Sus argumentos giran básicamente sobre casos como los que se presentan en Panamá, temiendo que la transfobia determine acciones arbitrarías de la policía y afecte a los derechos de los ciudadanos. Otros concejales de la ciudad cuestionaron el porqué de establecer las salidas por género y no por cédula, dado que esa idea por identificación la habían propuesto los partidos de la oposición; y otros más cuestionaron la valoración técnica de la medida. Cifras capitales El 8 de abril la ciudad reportó 992 casos, de los cuales 490 son de mujeres y 502 de hombres. Es decir, la capital tiene prácticamente la mitad de los positivos registrados del país. El 13% de los afectados está hospitalizado, un 4.1% adicional está en la UCI y el 82% permanece en casa. Lo que empezó como un contagio importado hoy no se conoce bien cómo se ha dado, solo que deambula por todos lados y se multiplica con las interacciones humanas y la falta de previsión y acatamiento de los protocolos. Y hay una particularidad: la mayoría de las personas con síntomas o positivas están en un rango de edad entre los 30-39 años, seguidas por los grupos de 40-49 y 20-29, es decir, una población joven, muy activa y clave en la fuerza laboral que se requerirá para sacar adelante la ciudad tras el paso de la pandemia. Si bien cambian las salidas, el resto de las medidas y las 32 excepciones se mantienen. Es decir, todo el personal de salud, servicios ciudadanos, domicilios, transporte de alimentos y seguridad quedan exentos de esta restricción. A los taxistas, en cambio, les exige controles y el registro de cada pasajero que utilice un taxi, con datos completos, como medida de seguimiento.
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