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Noticias de investigacion judicial

22-09-2020 | Fuente: elmundo.es
Vuelve a cerrarse la investigación judicial del accidente del Alvia con el maquinista y un cargo de Adif como imputados
El juez considera que las pruebas aportadas por un mecánico de Talgo no tienen "ninguna relevancia" en la causa 
08-09-2020 | Fuente: abc.es
«Solo han matado a un inmigrante», terrible frase de la familia de presuntos asesinos en Roma
La muerte de un joven italo-caboverdiano a golpes de cuatro energúmenos conmueve a Italia. Willy Monteiro Duarte, de 21 años, nacido en Roma de padres originarios de Cabo Verde, murió en las primeras horas del domingo, masacrado por las patadas y puñetazos de cuatro energúmenos entre 22 y 26 años, dos de ellos hermanos. Willy había tratado de defender a un amigo, a la salida del «Duedipicche», en el centro de Colleferro, en la periferia de Roma, a media hora de la capital. Al ver que era agredido su amigo Federico Zurma, 21 años, excompañero de escuela, decidió intervenir: «Se interpuso entre ellos y yo, porque me estaban golpeando; trató de pacificar, pero cuatro comenzaron a darle una paliza», ha confesado Federico. Los cuatro agresores son acusados de homicidio involuntario, pero la investigación judicial estudia la hipótesis del agravante de racismo por la paliza mortal al joven caboverdiano. Ha producido escalofríos y conmoción en los medios italianos la frase pronunciada por familiares de uno de los cuatro presuntos asesinos de Willy: «¿Al fin y al cabo, qué han hecho? Nada. Solo han matado a un inmigrante», frase terrible recogida por el diario La Repubblica en la reconstrucción de los hechos. El homicidio suscita un debate en Italia sobre la bomba social en que se han convertido algunos barrios de las grandes capitales, al tiempo que se levantan voces para que se prohíban las «artes marciales mixtas». La muerte de Willy, un joven ejemplar, según todos los testimonios de quienes lo conocían, ha conmocionado a Italia. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha comentado así la tragedia: «Sinceramente, me quedé muy impresionado, diría conmocionado, hasta el punto de que preferí no hacer declaraciones. Preferí hablar primero con los padres del joven. Encontré a un padre destrozado, como toda la familia. No me toca a mí hacerme cargo de las investigaciones judiciales pero detengámonos y pensemos: "¿Qué le diremos a nuestros hijos? ¿No intervenir en una disputa?», concluyó el primer ministro Conte. Willy trabajaba como ayudante de cocinero en un hotel y soñaba con ser chef, tras estudiar en el instituto de hostelería Buonarroti de Fiuggi, entre los más prestigiosos de Italia.
02-09-2020 | Fuente: elmundo.es
Marlaska rechaza el recurso de Pérez de los Cobos contra su destitución en plena investigación del 8-M
El coronel, que podrá acudir ya a la justicia ordinaria, fue cesado de forma fulminante por negarse a informar de la investigación judicializada 
14-08-2020 | Fuente: abc.es
Una ley fija el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones en Bolivia
El Parlamento y el Gobierno interino de Bolivia se pusieron por una vez de acuerdo este jueves para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones, en un intento de acabar con doce días de protestas sociales que piden que sean en septiembre como estaba antes previsto. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó la ley poco después de que la aprobara la Asamblea Legislativa, cuando en ocasiones anteriores se había negado a sancionar normas que emanan de un Parlamento de mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Áñez compareció acompañada de representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, entre otros, para mostrarse respaldada en lo que calificó de «segunda pacificación» en Bolivia tras las crisis que atravesó el país el año pasado a raíz de los fallidos comicios de octubre. Manifestantes al grito de «guerra civil» La mandataria transitoria dijo que esta vez militares y policías no intervinieron para acallar las protestas, pese a los «gritos perdidos» de manifestantes coreando «guerra civil». «Ahora sí, guerra civil», fue un grito que ya se escuchó en noviembre pasado en el país, durante la crisis que entonces provocó al menos 36 muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales aún bajo investigación judicial según denuncian entidades de derechos humanos de dentro y fuera del país. La presidenta interina comentó en el acto de promulgación en el palacio de Gobierno en La Paz que la ley «confirma» el 18 de octubre como fecha de la votación, pero el texto dice que los comicios pueden ser «hasta» ese día como máximo y el órgano electoral es en Bolivia el que decide sobre la jornada electoral. La ley sale precisamente de un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Parlamento, con ese mismo espíritu de dar un margen para la fecha y contribuir con ello a acabar con la crispación. Una similar rapidez que Legislativo y Ejecutivo interino para firmar el texto legal tuvieron los principales convocantes de las movilizaciones para responder que la ley no es suficiente. Ya no solo piden que se respete la anterior fecha electoral del 6 septiembre, sino además reclaman que renuncie Áñez. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió de que esta organización y el Pacto de Unidad, principales convocantes, no se dan por vencidos. Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo, pero se pospusieron por la pandemia de la Covid-19, primero a septiembre y luego a octubre. Doce días de protestas Las protestas comenzaron hace doce días tras anunciar el órgano electoral ese nuevo aplazamiento y tanto el Ejecutivo transitorio como los manifestantes se culpan mutuamente de los problemas de suministros médicos y de alimentos que sufre el país. Al menos cuarenta enfermos murieron por falta de oxígeno medicinal, denuncia el Gobierno transitorio, mientras quienes protestan aseguran que permiten el paso de transportes para el sistema de salud, conscientes de la situación en el país por la Covid-19. En medio de unos y otros, un grupo de avicultores botó pollos muertos y estrelló huevos en el piso en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, para llamar la atención de las pérdidas millonarias que sufren al no poder vender la producción mientras en otras partes del país escasean alimentos o suben de precio. Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de las celebradas en octubre pasado, en las que Morales fue declarado vencedor entre denuncias de fraude a su favor, aún bajo investigación judicial. El entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su cuarta victoria electoral consecutiva y sacarlo del poder tras casi catorce años al frente del país. Respaldo de la UE: «Contribuye a la pacificación» La Unión Europea ha aplaudido este viernes la ratificación en Bolivia de la ley que fija las elecciones presidenciales para el próximo 18 de octubre, asegurando que «contribuye a la pacificación del país». Así lo ha expresado en una nota conjunta la delegación de la UE en Bolivia junto a Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal boliviana, informa Ep. «Recibimos con beneplácito la grata noticia de la aprobación de la Ley que refrenda la fecha del 18 de octubre como el plazo final para la realización de las elecciones generales 2020», reza el comunicado, que insiste en que ahora se dan las condiciones «para que todos los sectores retomen el camino de la convivencia pacífica, respetuosa y exenta de violencia».
12-08-2020 | Fuente: abc.es
El exdirector de Pemex implica a Peña Nieto en los sobornos de Odebrecht
El exdirector de Pemex Emilio Lozoya dio este martes un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno. Como ya se especulaba, Lozoya, extraditado a México en julio tras ser detenido en España, apuntó bien alto al denunciar a Peña Nieto tras cerrar un pacto con la Fiscalía General de México para recibir beneficios durante su proceso judicial. De hecho, fue el mismo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien en un mensaje a los medios informó este martes de la denuncia que Lozoya presentó contra Peña Nieto y el exministro de Hacienda Luis Videgaray por el uso de sobornos de la constructora brasileña. Es ahora el Ministerio Público el que debe decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que siempre han planeado sospechas de corrupción pero quien ha salido indemne hasta la fecha. Compra de votos Lozoya, imputado por haber recibido 10,5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto de 2012 y su posterior gobierno, sostiene que el expresidente y su mano derecha fueron los que decidieron cómo usar el dinero recibido de los sobornos. Denunció que ambos le ordenaron invertir 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) de dicha trama para contratar asesores internacionales durante la campaña electoral. Posteriormente, cuando Peña Nieto ya era presidente, Videgaray era secretario (ministro) de Hacienda y Lozoya dirigía la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se destinaron esos sobornos a comprar voluntades en el Congreso. Según denunció Lozoya, Peña Nieto y Videgaray le mandaron usar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para lograr el voto de cinco senadores y un diputado en favor de la reforma energética que liberalizó el mercado mexicano en 2013. El exresponsable de Pemex ya entregó a la Fiscalía testigos, recibos y un vídeo que demostrarían su versión de los hechos y que serán estudiados por esa entidad para decidir si llama a declarar a los señalados. «Es muy pobre la información dada a conocer, hay que ser cautelosos y pensar que es el principio de algo más importante», dijo a Efe Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y es que, según Navarro, lo sucedido durante la campaña de 2012 ya habría prescrito y la entrega de sobornos para la reforma energética es un «delito menor» comparado con las sospechas de enriquecimiento ilícito que siempre han sobrevolado la figura de Peña Nieto. El «testigo colaborador» Desde que llegó a México el 17 de julio pasado, con la expectativa de revelar los entramados de corrupción del gobierno anterior, Lozoya ha recibido un trato muy amable de la Fiscalía a cambio de colaboración. El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2018 no ha pisado en ningún momento la cárcel, puesto que compareció ante el juez desde un hospital privado en el que fue internado con anemia y, tras recuperarse, la Fiscalía rechazó pedir prisión preventiva. Así pues, Lozoya, de quien tampoco ha trascendido ninguna imagen desde su llegada al país, afrontará en libertad los dos procesos judiciales que pesan sobre él: la trama de sobornos de Odebrecht y la compraventa irregular de una planta de fertilizantes. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definió a Lozoya como «un testigo colaborador» y apoyó que reciba «ciertas consideraciones» a cambio de «conocer más» sobre la corrupción en la anterior administración. El objetivo del exdirector de Pemex es lograr que se le conceda el llamado «criterio de oportunidad», por el cual la Fiscalía levantaría su acusación contra Lozoya e iniciaría una contra Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, Navarro no lo vería procedente, dado que lo denunciado este martes tiene una «lesividad menor» a los delitos que se imputan a Lozoya de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Una presidencia embarrada La presidencia de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder tras 12 años en la oposición, estuvo marcada por un constante goteo de escándalos de corrupción de los que hasta ahora el mandatario ha salido indemne. Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, Santiago Nieto, dijo a Efe que «la corrupción era sistemática» en el Gobierno de Peña Nieto. En 2014 estalló el escándalo de la casa blanca, un supuesto conflicto de interés en la compra de una lujosa vivienda por parte del presidente y su esposa, Angélica Rivera. La que fuera secretaria (ministra) de Desarrollo Social Rosario Robles lleva un año en prisión preventiva a la espera de juicio por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma. Además, exgobernadores como el de Chihuahua César Duarte, el de Veracruz Javier Duarte o el de Quintana Roo Roberto Borge, que representaban el «nuevo PRI» de Peña Nieto, están en la cárcel.
12-08-2020 | Fuente: abc.es
Apoyo sin fisuras a Uribe de 21 expresidentes iberoamericanos
La «detención preventiva» domiciliaria, por presunta manipulación de un testigo, de Álvaro Uribe Vélez, actual senador y dos veces presidente de Colombia (2002 - 2010), ha unido en un frente de defensa común, a 21 expresidentes iberoamericanos. En una «Declaración de solidaridad», los exmandatarios lamentan que la Corte Suprema de Justicia, intervenga en «una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada». «La controversia política con otro senador», a la que se refieren los expresidentes, entre los que figura José María Aznar, tiene su origen en el enfrentamiento judicial con Iván Cepeda, el senador al que Uribe acusó de presionar a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar, para que le vinculara con aquellos escuadrones de la muerte que surgieron como respuesta a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). La Corte cerró, después de cuatro años, la denuncia y convirtió al acusador en acusado ordenando, como medida cautelar, el arresto domiciliario del expresidente que, supuestamente, habría ordenado, mediante intermediarios, comprar a Monsalve. La lista completa de exmandatarios que suscriben el manifiesto la integran Andrés Pastrana, antecesor de Uribe en la Presidencia, Óscar Arias (Costa Rica), Enrique Bolaños (Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá), Rafael Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Angel Calderón (Costa Rica), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica). En el texto, los expresidentes, agrupados en IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), destacan que, «a raíz de su ejercicio de gobierno, dentro de los cauces de la democracia», Uribe tuvo que enfrentar «a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN», organizaciones terroristas que cometieron «crímenes atroces y de lesa humanidad». En el mismo documento, recuerdan las palabras del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que salió en defensa de su padrino político, «una persona ?dijo? que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad». En este contexto, los expresidentes advierten que las FARC, hoy convertidas en partido, y sus simpatizantes, «celebran como logro la prisión domiciliaria», desde hace una semana, del hombre que sufrió 17 atentados, «mientras ayer defendían la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada, Seuxis P. Hernández, alias ?Jesús Santirch?, acusado de narcotráfico». La decisión de la Corte, en rigor, es un arresto preventivo o, en palabras de Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se trata de una «detención sin cargos formales». En una columna en el diario «El Tiempo», de Colombia, Noriega exhombre fuerte de George Bush en Latinoamérica, considera que el paso que dio la Corte responde más «a una cacería de brujas política» que a «un proceso judicial». Más sutiles, los expresidentes agrupados en IDEA que salieron a respaldar a Uribe afirman: «?la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan». Noriega avala la tesis de la conspiración contra el expresidente y afirma que «durante dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos paramilitares». Considera al senador Cepeda un «izquierdista» de «educación comunista, entrenamiento búlgaro y una larga trayectoria defendiendo a las FARC», como uno de los cabecillas de esa «cacería de brujas» que se ha desatado contra Uribe, el hombre que, prácticamente, desarticuló a las Autodefensas Unidas y asestó los golpes más duros a las FARC. Ocho años Por el contrario, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también en El Tiempo, critica que «los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos». Alvaro Uribe, de 68 años, podría verse obligado a ceder su escaño si la Corte Suprema, -de momento sin pronunciarse sobre este extremo-, se manifestará en ese sentido. Lo irónico de esta medida sería que la media docena de senadores de las FARC, designados por el proceso de paz de Juan Manuel Santos, permanecerán en los suyos, aunque nadie los haya votado. La detención d+omiciliaria de Uribe, ordenada por la Corte ,se adoptó en el marco de una investigación judicial, con ramificaciones, que se ha prolongado por espacio de ocho años y presumiblemente, no estará concluida hasta dentro de otros dos.
30-07-2020 | Fuente: abc.es
Salvini será procesado por secuestro en el caso del buque español Open Arms
El Senado italiano retira la inmunidad parlamentaria como senador al líder de la Liga, Matteo Salvini, para que sea procesado por el caso del buque humanitario español Opens Armas. El resultado de la votación fue de 149 senadores a favor del juicio contra Salvini, mientras 141 votaron por mantener su inmunidad parlamentaria. Cuando era ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Salvini negó, en agosto 2019, el permiso al barco de la ONG española, que había rescatado en el Mediterráneo más de 160 inmigrantes, a desembarcar en Lampedusa, obligándolo a permanecer durante 19 días frente a la costa de la isla. Salvini está acusado de «secuestro» de personas y «rechazo de documentos oficiales». La investigación judicial fue abierta por el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, pasando después a ser competencia del Tribunal de ministros de Palermo, que confirmó la acusación contra el que entonces era titular de Interior, por el presunto delito de abuso de poder y violar las convenciones internacionales. Matteo Salvini ha destacado en su intervención en el Senado que se ha tratado de un voto «político», al igual que, según él, será el proceso. El líder de la Liga ha calificado a la Open Arms como una «nave pirata»: «Si hay alguien que ha puesto a las personas en riesgo, él es el capitán de este barco pirata». Salvini basa su defensa en que se limitó a «defender los confines de Italia» y que no actuó solo, sino que siguió la línea del Gobierno para impedir el desembarco del Open Arms: «No cometí ningún error. Actué con el primer ministro Conte, que es cómplice». Concluyó así el senador Salvini: «Los fanáticos que quieren los puertos abiertos tienen las manos manchadas de sangre. Doy las gracias a los que me envían a juicio, porque me hacen un regalo: iré con la cabeza alta». Tras su intervención, Salvini se colocó una gorra de los militares de la Guardia costera. Le replicó el senador Pietro Grasso, exmagistrado, del partido de izquierda Libres e Iguales, señalando que «no hubo responsabilidad conjunta del Gobierno para impedir el desembarco, porque son evidentes las pruebas de que Conte mostró contrariedad por la actitud de Salvini». Votaron en bloque, en defensa de Matteo Salvini, Forza Italia, Hermanos de Italia y la propia Liga, destacando sus portavoces que no se puede permitir que sea la magistratura la que decida sobre el comportamiento de «un ministro que actuó por interés público». Decisivo para enviar a juicio al exministro ha sido Matteo Renzi, líder de Italia Viva, que cuenta con 18 senadores: «Votamos a favor de la autorización para el juicio contra Salvini, porque no actuó por interés público; impedir el desembarco de las naves, no bloquea la inmigración, aumenta solo sus seguidores en Facebook», le ha dicho el exprimer ministro Renzi. Además de Italia Viva, votaron a favor del proceso contra Salvini el resto de partidos que forman de la coalición de gobierno: Partido Democrático, Movimiento 5 Estrellas y Libres e Iguales Debilidad política de Salvini El envío de Salvini a proceso puede debilitarlo políticamente en un momento en que las encuestas no le son favorables. Su salida del Gobierno en agosto del pasado año le hizo perder buena parte de su popularidad. En las elecciones europeas de mayo 2019, la Liga obtuvo el 34% de los votos, ahora obtendría un 23,01%, a tan solo cinco puntos de Hermanos de Italia, de Georgia Meloni, según una reciente encuesta Ipsos. Meloni confía en lograr incluso el «sorpasso» de la Liga. La debilidad política en que se encuentra Salvini lo empuja nuevamente a la que ha sido su gran bandera electoral: la lucha contra la inmigración. Con el buen tiempo, se están incrementando los desembarcos en las costas de Sicilia y Lampedusa, mientras Salvini grita diariamente contra la «invasión» de inmigrantes. Difícil, en cualquier caso, es aventurar lo que sucederá en el juicio, así como su influencia en el futuro político de Salvini. Será un proceso largo, algo habitual en la justicia italiana. Ante una eventual condena, el líder de la Liga debería abandonar el parlamentario, según la ley Severino, que prohíbe que cargos políticos tengan antecedentes penales. Por la misma ley se expulsó a Silvio Berlusconi del Senado el 27 noviembre 2013, tras ser condenado por fraude fiscal. El fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha dado gran valor al voto del Senado: «Enviar a Matteo Salvini a juicio significa restaurar la inviolabilidad de las convenciones internacionales que rigen el rescate en el mar, así como los principios de nuestras constituciones democráticas», ha declarado Camps al diario La Repubblica. Tercera votación sobre Salvini El voto de este jueves en el Senado es el tercero sobre Salvini en relación con el rechazo del exministro de Interior a autorizar el desembarco de una nave con inmigrantes en un puerto italiano. En el primer caso, el 20 de marzo 2019, el Senado rechazó la autorización para procesar al líder de la Liga, que había sido acusado de secuestro de personas en la nave militar Diciotti, de la Guardia costera italiana, a la que impidió desembarcar el 20 de agosto en Catania (Sicilia). Lo hicieron el 25 de agosto, tras un acuerdo con la Iglesia y varios países europeos que aceptaron el reparto de 137 inmigrantes. El segundo episodio se produjo con el caso de la nave militar Gregoretti, votando el Senado a favor de procesar a Salvini, el 12 de febrero 2020. El líder de la Liga fue acusado por el Tribunal de Catania de un delito de secuestro de personas cometido contra 131 inmigrantes. El entonces ministro del Interior les impidió desembarcar de la nave de la Marina militar Gregoretti a finales de julio 2019. El buque fue bloqueado ante el puerto de Augusta (Sicilia) durante cuatro días, hasta su desembarco el 31 de julio. «He defendido los confines de Italia, no he robado ?declaró Salvini en el Senado?. Estoy orgulloso de lo que hice. Lo haré enseguida que vuelva al Gobierno». La tercera votación, por el caso Open Arms, llega este jueves en el peor momento político de Salvini.
26-07-2020 | Fuente: abc.es
La Alcaldía de París se convierte en «Pedoland»
París se ha convertido en «Pedoland» (Tierra de pedófilos), enfrentando de manera muy agria a partidarios y adversarios de Christophe Girard, responsable de la «política cultural» de la alcaldía, sospechoso de «encubrir» de alguna manera las «actividades» Gabriel Matzneff, el escritor pedófilo aplaudido por las élites en Francia, a finales del siglo XX. Girard se ha visto forzado a dimitir tras un rosario de agresivas manifestaciones callejeras, ante el edificio histórico de la alcaldía, en el corazón de París, orquestadas por numerosas organizaciones feministas y ecologistas, acusándolo de complicidad con Matzneff, hace años. Anne Hidalgo, alcaldesa, ha salido en defensa de Girard. En vano. Los concejales socialistas de la alcaldía apoyan a Girard. Pero los concejales ecologistas y feministas han decidido hacer campaña, afirmando, con todo tipo de pancartas, que París se ha convertido en «Pedoland». «Pedo», de pedofilia. «Land», tierra. Hace meses, Emmanuel Macron pidió a su gobierno que iniciase una investigación judicial, para «esclarecer», en la medida de lo posible, la actividades pedófilas de Matzneff, durante los años setenta y ochenta del siglo pasado. La mayoría de los delitos y presuntos delitos de pedofilia han prescrito, pero la investigación sigue su curso, pedregoso y pasablemente siniestro. Alquiler privilegiado La policía judicial ha decidido interrogar en varias ocasiones al responsable dimitido de la política cultural de París, para intentar averiguar en que medida pudo «ayudar» al escritor pedófilo, que sigue beneficiándose de un alquiler muy privilegiado de un piso propiedad de la alcaldía de París. El interrogatorio no prejuzgan, de ninguna manera, la culpabilidad de Girard. Pero la policía desea saber, con precisión, quién y de qué manera pudo «proteger» a un escritor pedófilo desde la alcaldía de París, ofreciéndole un alquiler muy privilegiado. Las sospechas aparentes de la policía judicial se han convertido en un incendio político en la capital de Francia, convertida en «Pedoland» para feministas y ecologistas. La sucesión de manifestaciones callejeras, en el corazón de París, ante la alcaldía, con pancartas muy hirientes, del tipo «Bienvenido a Pedoland» dan una imagen pasablemente penosa del equipo municipal, profundamente dividido por un problema moral y judicial de gravedad considerable.
26-07-2020 | Fuente: abc.es
La protección a un pedófilo pone en jaque a la alcaldía de París
París se ha convertido en «Pedoland» (Tierra de pedófilos), enfrentando de manera muy agria a partidarios y adversarios de Christophe Girard, responsable de la «política cultural» de la alcaldía, sospechoso de «encubrir» de alguna manera las «actividades» Gabriel Matzneff, el escritor pedófilo aplaudido por las élites en Francia, a finales del siglo XX. Girard se ha visto forzado a dimitir tras un rosario de agresivas manifestaciones callejeras, ante el edificio histórico de la alcaldía, en el corazón de París, orquestadas por numerosas organizaciones feministas y ecologistas, acusándolo de complicidad con Matzneff, hace años. Anne Hidalgo, alcaldesa, ha salido en defensa de Girard. En vano. Los concejales socialistas de la alcaldía apoyan a Girard. Pero los concejales ecologistas y feministas han decidido hacer campaña, afirmando, con todo tipo de pancartas, que París se ha convertido en «Pedoland». «Pedo», de pedofilia. «Land», tierra. Hace meses, Emmanuel Macron pidió a su gobierno que iniciase una investigación judicial, para «esclarecer», en la medida de lo posible, la actividades pedófilas de Matzneff, durante los años setenta y ochenta del siglo pasado. La mayoría de los delitos y presuntos delitos de pedofilia han prescrito, pero la investigación sigue su curso, pedregoso y pasablemente siniestro. Alquiler privilegiado La policía judicial ha decidido interrogar en varias ocasiones al responsable dimitido de la política cultural de París, para intentar averiguar en que medida pudo «ayudar» al escritor pedófilo, que sigue beneficiándose de un alquiler muy privilegiado de un piso propiedad de la alcaldía de París. El interrogatorio no prejuzgan, de ninguna manera, la culpabilidad de Girard. Pero la policía desea saber, con precisión, quién y de qué manera pudo «proteger» a un escritor pedófilo desde la alcaldía de París, ofreciéndole un alquiler muy privilegiado. Las sospechas aparentes de la policía judicial se han convertido en un incendio político en la capital de Francia, convertida en «Pedoland» para feministas y ecologistas. La sucesión de manifestaciones callejeras, en el corazón de París, ante la alcaldía, con pancartas muy hirientes, del tipo «Bienvenido a Pedoland» dan una imagen pasablemente penosa del equipo municipal, profundamente dividido por un problema moral y judicial de gravedad considerable.
05-07-2020 | Fuente: abc.es
La oposición exige una investigación federal por el asesinato del ex secretario arrepentido de Kirchner
Argentina sigue conmocionada ?y desconcertada? con el asesinato de Fabián Gutiérrez , el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner y arrepentido, ?en rigor «imputado colaborador»?, que declaró en contra de la actual vicepresidenta en la causa de «los cuadernos de las coimas» (sobornos), principal investigación judicial de corrupción del poder en democracia. La oposición exigió que el crimen pase a la justicia Federal y tanto el juez local, Carlos Narvarte, como la fiscal Natalia Mercado (hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner) queden al margen de la investigación. El Gobierno rechazó las hipótesis que vinculan a la vicepresidenta de Alberto Fernández y madre del diputado Máximo Kirchner, con la muerte de Gutiérrez y calificó de «repulsiva» la nota pública de la coalición Juntos por el Cambio. La oposición se resiste a que se repitan los mismos errores que se registraron en la muerte ?asesinato según informe de Gendarmería? del fiscal Alberto Nisman en vísperas de explicar en el Congreso su denuncia contra la por entonces presidenta. Esa, «las posibles conexiones de su muerte con delitos federales» (la causa de los cuadernos), y la desconfianza hacia el Ejecutivo y las autoridades de la provincia de Santa Cruz, feudo kirchnerista desde principios de los años 90, son las razones que empujan a los opositores a exigir el cambio de fuero. Como primera medida, exigen «que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso». En un comunicado, firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio, la exministra Patricia Bullrich y Federico Angelini (Pro), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR), y Maximiliano Ferrero y Mariana Zuvic (Coalición Cívica) consideran el asesinato de Gutiérrez «un crimen de extrema gravedad institucional» y advierten: «La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin pruebas, algunas hipótesis sobre el motivo del asesinato», en alusión a que el juez dijo que «no tiene nada que ver con una cuestión política» y apuntó a la teoría del crimen pasional, con chantaje incluido, según confesión de los presuntos autores. Dicho esto, añaden, «el juez, la fiscal y las fuerzas policiales, responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz». Maletas llenas de dinero En este contexto, recuerdan que en 2018 «Gutiérrez confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo», con la entrega de «valijas» llenas de dinero. El cuerpo de Gutiérrez fue descubierto el sábado por la mañana, en la parte trasera de una casa de Calafate, enterrado y envuelto en una sábana blanca. Tenía la garganta seccionada, cuchilladas y golpes hasta en la cabeza. El hallazgo se comunicó por la tarde. En el comunicado se piden «explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver» y se advierte de que se «podría haber generado una manipulación de la escena del crimen». El comentario, implícitamente, se refiere a lo sucedido en el apartamento de Alberto Nisman. El cuerpo del fiscal, con un tiro en la cabeza, fue descubierto en el cuarto de baño. Se intervino sin los recaudos exigidos y la escena quedo contaminada con el trasiego y la intervención de gente ajena a la investigación. La fiscal Viviana Fein apuntó inicilmente, en el domicilio de Nisman, que se trataría de un suicidio, extremo desmentido posteriormente por el informe de Gendarmeria que advirtió que el fiscal fue drogado, golpeado y asesinado. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Alberto Fernández, rechazó y descalificó, en la red social Twitter, los términos del comunicado de la oposición y la sombra de sospecha que considera que se tiende en el mismo. «La sola idea de que el Gobierno nacional tiene responsabilidad (en el crimen) es, definitivamente, repulsiva». En una seguidilla de comentarios, retuiteados por el presidente Fernández, consideró «inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas». Tras calificar de «infausta» la muerte de Gutiérrez añade que «el modo que pretende falsearse la realidad para lograr la confusión pública es penoso». Con la técnica del ventilador a mano, Cafiero expresó su malestar porque la oposición difundiera esas declaraciones, en un momento en el que se descubren «presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales», en alusión a una investigación en marcha sobre espionaje en el Gobierno de Mauricio Macri. «La responsabilidad política ?añadió Cafiero? debería multiplicarse». Ricardo Alfonsín, designado embajador de Argentina en España, también intervino en Twitter. «? No hay posibilidad de convivencia democrática cuando la dirigencia, sin prueba ni fundamento, siembra sospechas semejantes».
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