Infortelecom

Noticias de integridad personal

05-05-2020 | Fuente: abc.es
La Justicia de Perú rechaza liberar al fundador de Sendero Luminoso por la pandemia de Covid-19
La Justicia de Perú ha rechazado este lunes la petición de libertad por razones de salud del fundador de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, después de que su defensa solicitara un «habeas corpus» ante la posibilidad de que pudiera contraer el nuevo coronavirus. Su abogado, Alfredo Crespo, explicó que Guzmán, de 85 años, forma parte del grupo población en riesgo por la pandemia y apuntó que mantenerle en prisión amenazaba «su derecho a la vida y su integridad personal». No obstante, la Justicia ha decretado, apunta el diario peruano «La República», que la petición carece de fundamento, pues no se observan elementos que hagan suponer que Guzmán pueda contraer la enfermedad debido a las «características propias» del centro de detención en el que se encuentra y «la forma de aislamiento» en la que cumple la pena. Guzmán, también conocido como «Presidente Gonzalo», fue sentenciado a cadena perpetua en 2006, tras ser acusado de terrorismo. Actualmente, se encuentra cumpliendo condena en la Base Naval del Callao, en la costa central de Perú. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, entre los años 1980 y 2000 se registraron alrededor de 69.000 muertes provocadas por el conflicto armado en el país, afectando especialmente a las regiones rurales y los poblaciones quechuas de las zonas andinas.
29-10-2019 | Fuente: abc.es
La ONU urge al régimen cubano a dar información sobre el paradero del disidente José Daniel Ferrer
El Alto Comisionando de Derechos Humanos de Nacionales Unidas ha pedido este martes una «acción urgente» al Gobierno de Cuba para que adopte las medidas necesesarias «para localizar al señor Ferrer García y proteger su vida e integridad personal». Esta es la respuesta a la denuncia presentada hace unos días por la ONG Prisoners Defenders ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) en Naciones Unidas sobre la situación del expreso de conciencia y coordinador de la plataforma opositora Unidad Patriótica de Cuba (UNPACU) detenido el pasado 1 de octubre. Naciones Unidas exige a Cuba, DE INMEDIATO, por los derechos de José Daniel Ferrer: https://t.co/c0Obi6QUds #FreeFerrer @EamonGilmore @AICaribbean @AmericalatinaAI @amnesty @Almagro_OEA2015? Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) October 29, 2019 Transcurrido casi un mes desde su detención y 25 días desde que la familia del disidente cubano no ha podido contactar con él, no sabe dónde se encuentra ni a qué cargos se enfrenta, Naciones Unidas ha transmitado una solicitud hacia un Estado parte y en aplicación al artículo 30 de la Covención en la que exige al régimen cubano «aclarar de inmediato la suerte y el paradero del señor Ferrer García». Desde el pasado 4 de octubre la familia ha buscado al activista en la prisión de Aguadores, en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba y en otras dependencias «sin localizarlo», puntualiza la carta remitida por la ONU, que también ha emitido otras dos comunicaciones pidiendo información sobre otros dos opositores detenidos junto a Ferrer: José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillant. En la referida a Ferrer, a la que ha tenido acceso ABC, también se pide al Gobierno de Díaz-Canel informar a los familiares, allegados y representantes del activista, así como al Comité, sobre «su suerte y paradero y tomar las medidas necesarias para protegerlo, para garantizar que esté bajo la protección de la ley y para permitir que sus familiares y representantes tengan contacto inmediato con él». Desde su detención, la familia no ha podido hacerle llegar a Ferrer los medicamentos que necesita, pues sufre de gastritis crónica así como de un problema dental. La esposa de Ferrer, Nelva Ortega vio por última vez a su marido el 4 de octubre durante alrededor 20 minutos. Tras su traslado a un nuevo centro penintenciario, en este le negaron que estuviera ingresado allí, y tampoco nadie le facilitó información de su paradero. Es por esto que Naciones Unidas exhorta al régimen a que adopte «una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición». Acceso a un abogado En caso de que esté localizado, requiere al Gobierno cubano que informe «de manera inmediata y oficial» sobre el lugar de detención de Ferrer y que le permitan a la familia visitarlo de forma «periódica», según los artículos 16 y 17 de la Convención Universal de DD.HH. de la que es firmante Cuba. Asimismo, reclama que el expreso de conciencia pueda acceder a un abogado y sea puesto «inmediatamente» ante un juez y sea informado de los delitos «que le estarían siendo imputados». Según varios testimonios, recogidos por medios cubanos y ONGs el régimen estaría intentando fabricar pruebas falsas para acusarle de un delito común (como ya intentó en 2018) y frenar así la actividad opositora de Ferrer, una de las voces más críticas contra el Gobierno cubano, que ya estuvo en prisión entre los años 2003 y 2011 por este motivo. Desde su detención, numerosos organismos (OEA, Amnistía Internacional, Departmento de Estado de EE.UU.) y personalidades (activistas como Berta Soler, Guillermo Fariñas, Rosá María Payá, Tamara Sujú) han reclamado la liberación de Ferrer. Vea en OEA News: ? Luis Almagro demanda al régimen cubano que libere al activista José Ferrer y respete los derechos de los que piensan distinto, uno de los pilares fundamentales de la #democracia#OEA impulsa a las #hijas de la guerra colombiana a que luchen por sus derechos https://t.co/8he3Ca719U? OEA (@OEA_oficial) August 29, 2019 La semana pasada, la esposa de Ferrer, que ha pedido una prueba de vida de su marido, fue detenida durante unas horas en Santiago de Cuba por reclamar públicamente, acompañada de tres de los hijos -uno de 4 meses- del activista, su liberación. Hasta la fecha no ha recibido ninguna inforamación.jose
03-03-2019 | Fuente: abc.es
Guaidó anuncia en Ecuador su regreso a Venezuela y convoca movilizaciones
El líder de la Asamblea Nacional venezolana y autoproclamado presidente de ese país, Juan Guaidó, anunció este sábado en Ecuador su regreso a Venezuela tras una gira por la región y convocó a movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro para los próximos lunes y martes. «Anuncio mi regreso a casa desde Ecuador, país hermano, que hoy reinicia además relaciones productivas por nuestros pueblos, por atender no solamente la crisis de la migración, sino también lo que fue el flagelo de la corrupción», manifestó Guaidó en una comparecencia tras reunirse con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Lo hizo como colofón de una breve visita a la ciudad ecuatoriana de Salinas, donde mantuvo una audiencia privada con Moreno, quien le trasladó el respaldo de su Gobierno a cooperar para que regrese la libertad y la democracia a Venezuela. «Estamos dispuestos a convertirnos en quienes ayudemos a que por fin en Venezuela vuelva la libertad y la democracia», dijo el mandatario ecuatoriano en la Base Naval de Salinas. Moreno recordó que más de 250.000 «hermanos venezolanos fueron recibidos con el cariño y atención que merecen» en Ecuador. Y refiriéndose a una posible solución y a la intransigencia de Nicolás Maduro, manifestó que la «tozudez del gobernante se ha convertido en sintomática» y que con el fin de «conservar el poder» se realizan «las actividades más siniestras». Ambos dirigentes recorrieron por la tarde el malecón de la ciudad costera donde Guaidó fue aclamado por miembros de la comunidad venezolana que le coreaban «¡libertad, libertad!» y algunos de los cuales le estrecharon la mano y se hicieron selfis con él. En su alocución ante altas autoridades ecuatorianas y miembros de su delegación en la que viajó su esposa Fabiana Rosales, Guaidó llamó al pueblo venezolano a salir a las calles «el lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela». «Hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer, así que convocaremos a protestas esos días. Siempre en el marco de la Constitución», apostilló. El pasado 23 de enero Guaidó juró como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro usurpa el cargo y cosechó el reconocimiento de medio centenar de países, entre ellos Ecuador. En la última semana ha visitado Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, donde fue recibido con honores de jefes de Estado. Hasta la fecha se desconocía cuándo tenía previsto retornar a su país, que presumiblemente podría ser el domingo, tras abandonar suelo ecuatoriano por la mañana. Guaidó salió de Caracas el fin de la semana pasado para viajar a Colombia, en la frontera con Venezuela, y participar en un concierto a favor de los venezolanos y de la entrega de ayuda humanitaria a ese país, asistencia que ha sido rechazada por el Ejecutivo de Miraflores, al que calificó de «usurpador». El dirigente político venezolano afronta una posible orden de detención cuando regrese a su país por violar una prohibición de salida del territorio nacional. En su discurso urgió a los funcionarios venezolanos a tomar parte en las protestas convocadas y aseguró una amnistía a los uniformados que dejen de cooperar con el chavismo y a los que les aseguró que no les pide que se «subleven». Repasó la dramática situación que vive su país, donde aseguró que 300.000 personas se encuentran en riesgo de muerte, que «el venezolano sobrevive con 6 dólares al mes» y que ocho menores de tres años fallecieron recientemente en una región por la falta de insumos como suero, que no pudieron frenar la diarrea que sufrieron. Con todo, valoró positivamente «todos esos pronunciamientos de los presidentes» con los que se ha reunido en los últimos días en los países que visitó, a los que se suman el de Chile, Sebastián Piñera, y Panamá, Juan Carlos Varela, en territorio colombiano. Y auguró la convocatoria de elecciones «muy pronto», tras señalar que «hoy los venezolanos de todos los sectores están aglutinados en torno a un objetivo sencillo: elecciones libres en Venezuela». La Unión Europea (UE) avisó este sábado de que cualquier acción que pudiese poner en peligro «la libertad, seguridad o integridad personal» del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, incrementaría la tensión y merecería ser condenada. «La Unión Europea subraya su convicción de que la solución a la crisis multidimensional que afecta a Venezuela solo puede ser política, democrática y pacífica», indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho.
13-10-2018 | Fuente: abc.es
Venezuela excarcela al opositor Lorent Saleh tras cuatro años preso y lo envía a España
El Gobierno venezolano informó este viernes de la excarcelación del exdirigente estudiantil Lorent Saleh, quien estaba detenido desde septiembre de 2014 y era considerado un preso político y que será enviado a España como parte de un plan de reconciliación que promueve el Ejecutivo de Nicolás Maduro. El canal estatal VTV publicó un comunicado en el que se indica que la Comisión de la Verdad creada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recomendó excarcelar al opositor de 30 años por riesgo de suicidio. «Durante el tiempo de su detención (Saleh) fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas, manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal», dice el escrito. Debido a estas circunstancias, la comisión «realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo que pudiera representar en estas condiciones» y estas sugerencias fueron acogidas por la Justicia que dictaminó ayer unas medidas cautelares. «En el día de hoy el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del Gobierno de ese país en atención a la petición formulada», prosigue el comunicado. El Gobierno recuerda en su declaración que Saleh «se encontraba privado de libertad por su participación en la comisión de delitos contra el orden constitucional en el marco de graves acciones dirigidas a generar violencia, desestabilización y alteración de la paz». Específicamente en 2011 fue acusado por «divulgación de información falsa que causa zozobra», tras ser detenido con tirachinas y otros materiales utilizados en protestas, pero escapó fuera de Venezuela. Fue detenido en Colombia y deportado a Venezuela por decisión del presidente Juan Manuel Santos en 2014 y a su llegada fue acusado de otros tres delitos. Su madre, Yamileth Saleh, acudió a las puertas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas a esperar la salida de su hijo sin saber, según dijo a periodistas, que sería desterrado. El joven ganó en 2017 el premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo. El llamado plan de reconciliación que promueve el chavismo busca establecer una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y la oposición para buscar salidas a la crisis institucional que vive el país caribeño. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero lidera estas gestiones y ha logrado que ambas partes se acerquen en un par de ocasiones pero las conversaciones han terminado sin acuerdos.
13-10-2018 | Fuente: abc.es
Lorent Saleh, en España tras cuatro años preso político de Maduro, pide seguir la «lucha por la libertad»
«Hoy, después de cuatro años, puedo ver el amanecer en un país libre y todavía estoy asimilando eso», aseguraba emocionado este sábado a su llegada a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el joven venezolano Lorent Saleh, preso político desde hace más de cuatro años y enviado al destierro por el régimen de Nicolás Maduro. El exdirigente estudiantil, detenido en septiembre de 2014 bajo la acusación de delitos contra el orden constitucional y entregado a Caracas por Colombia, llegó a las 10.15 horas a Madrid en un vuelo de Iberia, acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, después de ser excarcelado y conducido hasta el avión sin poder abrazar a su madre, Yamileth, que aguardaba su salida a las puertas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). «Te amo, gracias por todo lo que has hecho, mami», le pudo decir al fin entre lágrimas una vez en suelo español a través de un teléfono móvil y rodeado de decenas de exiliados venezolanos que se acercaron a la T4 a darle la bienvenida «a la libertad» y le llamaban «valiente». Primeras declaraciones de @LORENT_SALEH a su llegada a Madrid https://t.co/F5RUV9X3ub? Evellyna (@evellyndaguirre) October 13, 2018Según Lorent Saleh, «nunca» pensó que «este momento iba a llegar» y poder describir lo que significa para él y su familia «es muy difícil». «España ha hecho una labor increíble» y «va a ser my difícil retribuir todo lo que ha hecho», destacó. Pero a continuación recordó que «hay compañeros que siguen detenidos, que están ahí presos y están sufriendo». «En Venezuela hay seres inocentes tras las rejas, secuestrados, y que merecen cruzar el puente como lo crucé y no podemos dinamitarlo. Hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad», apuntó. El activista, galardonado con el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia en 2017 por el Parlamento Europeo, llamó a la unidad de los venezolanos para lograr el «rescate de la democracia y la libertad» en su país. «En Venezuela no hay libertad» y «no hay descanso en la lucha», señaló. Para el hasta ahora preso político, los venezolanos se encuentran en «un punto clave» y «esta crisis es la oportunidad para presentar un nuevo proyecto de integración al país». «Vamos a regresar todos a levantar ese país tan hermoso», animó a sus compatriotras. Saleh explicó que un día antes de su excarcelación únicamente le dijeron que iba a empezar «un nuevo proceso», pero que no supo de que se trataba hasta que lo subieron a una patrulla y lo trasladaron hasta el aeropuerto de Maiquetía, donde embarcó rumbo a España. Este destierro vulnera el artículo 50 de la Constitución venezolana, que señala expresamente que ningún acto del Poder Público «podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio». En cuanto a la reciente muerte bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas del concejal Fernando Albán, el exlíder estudiantil aseguró que, «si lo asesinaron o se suicidó, cualquiera de los escenarios es igual de grave». A su juicio, se trata de «una muestra de hasta qué punto llevan a un individuo con el terrorismo de Estado». «Es nuestro deber alzar la voz contundente», agregó. Nada más llegar a Madrid, emprendió los trámites para solicitar su estancia en el país como refugiado y, según indicó, tiene que ir a un urológo para revisar un problema que padecía, si bien, sobre su estado de salud, proclamó, mirando a los compatriotas a su alrededor: «Qué mejor vitamina que esto que estoy viendo ahora». «Espero reencontrarme con mi mamá pronto», añadió. Yamileth Saleh, desde Caracas, advertía al régimen, por su parte, que no tiene «nada que agradecer al Gobierno, porque mi hijo nunca tuvo que estar preso, mi agradecimiento es hacia Dios, hacia el pueblo venezolano y la comunidad internacional», informa Gabriela Ponte. «El Gobierno de España fue el que nos ayudó a lograr esto», añadió. Excarcelación por «riesgo de suicidio» El canal estatal VTV publicó un comunicado en el que se indica que la Comisión de la Verdad creada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recomendó excarcelar al opositor de 30 años por riesgo de suicidio, informa Efe. «Durante el tiempo de su detención (Saleh) fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas, manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal», dice el escrito. Debido a estas circunstancias, la comisión «realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo que pudiera representar en estas condiciones» y estas sugerencias fueron acogidas por la Justicia que dictaminó este viernes unas medidas cautelares. «En el día de hoy el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del Gobierno de ese país en atención a la petición formulada», prosigue el comunicado. El Gobierno recuerda en su declaración que Saleh «se encontraba privado de libertad por su participación en la comisión de delitos contra el orden constitucional en el marco de graves acciones dirigidas a generar violencia, desestabilización y alteración de la paz». Específicamente en 2011 fue acusado por «divulgación de información falsa que causa zozobra», tras ser detenido con tirachinas y otros materiales utilizados en protestas, pero escapó fuera de Venezuela. Fue detenido en Colombia y deportado a Venezuela por decisión del presidente Juan Manuel Santos en 2014 y a su llegada fue acusado de otros tres delitos. El llamado plan de reconciliación que promueve el chavismo busca establecer una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y la oposición para buscar salidas a la crisis institucional que vive el país caribeño. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero lidera estas gestiones y ha logrado que ambas partes se acerquen en un par de ocasiones, pero las conversaciones han terminado sin acuerdos.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela, según una ONG
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
AI denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
10-06-2018 | Fuente: abc.es
El Ejército venezolano acumula 72 accidentes aéreos y 160 muertos
Hablar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es casi hablar de un mito, sobre todo por el hermetismo que caracteriza a la institución. Sin embargo, la ONG venezolana Control Ciudadano para la seguridad y defensa nacional presentó el pasado jueves un informe sobre los accidentes aéreos ocurridos en la FANB durante los 18 años del chavismo. A pesar de la opacidad del Estado venezolano, que se dedica a ocultar o maquillar las catástrofes para no resarcir a las víctimas, la ONG reveló que desde el años 2000 se registraron 72 accidentes aéreos, una media de cuatro accidentes anuales y más de 160 personas fallecidas. «Este informe tiene mucha legitimidad en el interior de las Fuerzas Armadas porque sacude la conciencia de muchos militares», dijo para ABC Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano. Asimismo, la abogada señaló que en los países democráticos «las causas de los accidentes militares se explican públicamente y se establecen responsabilidades, sanciones y correctivos. En Venezuela, lamentablemente se ocultan o se utilizan retóricamente para discursos a favor de la revolución». El último accidente ocurrió el pasado 31 de mayo con un saldo de dos víctimas. Una semana después del suceso no se tiene información de la situación del piloto. Helicópteros rusos El informe al que accedió ABC destaca el número de accidentes que han ocurrido con helicópteros: 24 siniestros con el saldo de 89 muertes. Estas estadísticas corresponden en su mayoría a helicópteros de fabricación rusa Mi-17V-5, pertenecientes al componente del Ejército. El segundo lugar lo ocupan los aviones de transporte con 23 accidentes, los aviones de combate con 15 y por último, los aviones de entrenamiento, con 10 siniestros. «Los helicópteros rusos eran un capricho de Chávez, después de que en 2005 se hiciera efectivo el embargo de armas de Estados Unidos. Eso produjo un viraje a Rusia para adquirir numerosas armas, entre ellas los famosos helicópteros que se han caído», comentó San Miguel. La ONG explica que las catástrofes son producto de la falta de mantenimiento, desperfectos, fallas en la doctrina de entrenamiento por parte de algunos componentes e incluso por indisciplina de vuelo. Como consecuencia los accidentes militares han disminuido considerablemente desde 2013 por la inoperatividad de la FANB a causa de la crisis económica. Resarcir a las víctimas Control Ciudadano tipificó por fecha, tipo de aeronave, modelo, siglas, componente militar al que pertenecen, lugar del siniestro y bajas de todos los accidentes. Según la organización, cuando ocurre un accidente se instala una junta inspectora que hace seguimiento al caso, pero al final el Gobierno, en este caso el Ministerio de Defensa a cargo de Vladimir Padrino López, no toma en cuenta los correctivos ni las sanciones. En Venezuela no existe la práctica de pedir justicia. «Los familiares o las víctimas no demandan al Estado para resarcir los daños materiales e inmateriales por dos razones, la poca credibilidad del sistema de justicia y por el peligro que significa actuar contra el Gobierno. A las personas les da miedo las represalias que puedan tomar en su contra», aseguró Rocío San Miguel. La ONG expuso los riesgos para los miembros de la FANB de continuar volando sistemas con graves deficiencias de logística. También exhortó a los afectados a documentar los casos y exigir indemnizaciones compensatorias para el caso que proceda y recuerda a Padrino López resguardar la integridad personal de las víctimas (fallecidos y lesionados) así como el patrimonio de la nación.
08-03-2018 | Fuente: abc.es
Las FARC se retiran de las elecciones presidenciales en plena agonía política
La Fuerza Revolucionaria del Común, como se llama ahora el partido político en el que se transformó la guerrilla de las FARC tras los acuerdos de paz, se retiró este jueves de la carrera presidencial tras la cirugía a corazón abierto de su líder y candidato Rodrigo Londoño «Timochenko», en un giro que hace algunos años ni el mismo Gabriel García Márquez hubiera podido prever en este mundo macondiano que a veces es Colombia. Así lo confirmó Imelda Daza, la que fue su candidata a la vicepresidencia, quien explicó que la decisión de no reemplazar a Timochenko con otro líder del partido ?o de que ella tampoco asumiera la candidatura? obedece a su análisis sobre el adverso contexto electoral:«En realidad, declino por las condiciones en las que hemos tenido que desarrollar la campaña, sin garantías suficientes para nuestra integridad personal, y por el apoyo económico que el gobierno debía darnos y no ha sido así». Aunque lo cierto también es que sus opciones electorales eran inexistentes. Estaba prácticamente cantado que el líder se retiraría de la contienda electoral debido a su precaria salud, pero no necesariamente que la FARC abandonaría este primer escenario democrático tras su desmovilización y entrada a la dura arena política colombiana. Imelda Daza, para justificar los motivos, hizo un recuento de los eventos en los que fueron agredidos (algo que también les ha sucedido a candidatos de otros partidos), además de las limitaciones de logística que han afectado su presencia en la arena pública: «Me refiero a la faltas de garantías para hacer en público las actividades de campaña; agresiones que ha sufrido "Timo" y otros movimientos». Desde el inicio del proceso de paz, una de las preguntas constantes ha sido cómo garantizar su tránsito a la participación democrática. Pero no solo por la incertidumbre de que los que antes fueron líderes guerrilleros empezaran a hacer política, sino por el antecedente de finales de los años ochenta cuando otro partido de izquierda, la Unión Patriótica, vio cómo sus líderes y cientos de seguidores fueron asesinados u obligados al exilio, en uno de los capítulos más sangrientos de la reciente historia política colombiana. Pero la salida en falso de esta primera campaña presidencial de la FARC no solo se explica por factores externos y la inesperada crisis cardíaca de Timochenko. También refleja el desatino de sus dirigentes a la hora de leer y entender el contexto y sentir nacional. Si bien es cierto que en el inicial proceso de reconciliación se han dado encuentros con víctimas y el público reconocimiento y solicitud de perdón, las heridas que dejaron las FARC a los colombianos aún están muy frescas. Tal vez por eso los analistas coinciden en que fue un error lanzar una campaña a la presidencia. Más allá del detalle de las siglas (igual siempre serán «los de las FARC»), el movimiento político pecó de iluso, o tal vez de soberbio, y no tuvo en cuenta los tiempos y la lentitud del Estado en la implementación de los acuerdos. Regionales de 2019 La FARC ha debido mantener un perfil bajo, avanzar en sus compromisos pensando más bien en las elecciones regionales de 2019, en las que apuestan por lograr presencia en concejos municipales, asambleas departamentales y, eventualmente, con hacerse con alguna gobernación o algunas alcaldías. Ahora deben decidir a qué candidato le dan su respaldo precisamente en un momento en el que nadie quiere aparecer en una foto de campaña con la FARC para evitar que los potenciales electores les den la espalda. Imelda Daza fue prudente y, si bien comentó que no descartan dar su apoyo a un candidato destacado en las encuestas como Gustavo Petro, se limitó a señalar que «lo que nos interesa es lograr una convergencia que garantice el triunfo electoral, en primera vuelta, de un candidato o candidata que esté comprometido con el proceso de paz». La meta ahora es prepararse para asumir los 10 escaños que se les regalará según lo pactado por los acuerdos de paz. Los votos de la FARC hoy no suman, es la verdad, pero no se puede desconocer que tienen un gran valor para la democracia colombiana. .