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Noticias de informatica

31-05-2020 | Fuente: abc.es
Trump inicia una transformación sin precedentes de las redes sociales
En algún punto intermedio entre la libertad de expresión y el derecho a una información veraz se ubica una ley estadounidense hasta ahora poco conocida y sobre la cual se han erigido las grandes redes sociales tal y como las conocemos ahora. Molesto porque dos de sus mensajes en Twitter han sido etiquetados como falsos, el presidente Donald Trump ha iniciado una reforma de esa ley de internet, que en última instancia puede transformar profundamente y en todo el mundo esas plataformas que han llegado a tener un papel tan predominante en la política, la prensa y la comunicación de hoy en día. La pregunta que hoy plantean los portavoces de Trump en la Casa Blanca es clara. ¿Por qué se etiqueta como engañosas las opiniones de Trump sobre voto por correo, pero no los mensajes del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pidiendo la destrucción de Israel? ¿Por qué siguen intactos los mensajes de Nicolás Maduro en Venezuela acusando a EE.UU. de promover golpes de estado? ¿Y los de funcionarios y diplomáticos chinos acusando de forma indisimulada a EE.UU. de ser el creador secreto del coronavirus? El jueves el presidente Trump aceleró la reforma de esas leyes de internet. Durante muchos años, políticos y editores de medios de todo signo han venido pidiendo precisamente eso. En el centro de la polémica está la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, la prehistoria de internet. Esta reza: «Ningún proveedor o usuario de un servicio de informática interactiva podrá ser tratado como editor o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo». En jurisprudencia norteamericana, esto significa que las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en ellas, por falso, injurioso o delictivo que sea. Pueden publicar cualquier cosa, con todos los privilegios y ninguna obligación. No es de extrañar que se hayan escrito abundantes artículos y libros que afirman que la Sección 230 contiene «las 26 palabras que crearon internet». Consenso Hasta ahora había cierto consenso, fuera de Silicon Valley, en que una reforma era necesaria. «Esa sección 230 debería revocarse». Así de claro lo dijo en enero no Trump, sino Joe Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017 y candidato a la presidencia este año. En una conversación con «The New York Times», el demócrata afirmó que a la ciudadanía debería preocuparle «la concentración de poder» de esas plataformas. «Debe ser revocada, tanto para [Mark] Zuckerberg [fundador de Facebook] como para otras compañías». Incontables son los editoriales de la prensa norteamericana que han pedido, año tras año, una reforma de esa Sección 230, uno de los más recientes, el de «The Seattle Times» en marzo, que decía abiertamente que «dado el dominio de algunas plataformas gigantescas, sus fallos de autorregulación y el daño que están causando, es hora de reconsiderar las leyes que les otorgan ventajas. Eso incluye la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que exime a servicios de internet de responsabilidad civil por contenido que otros publican en ellos». La razón de muchos medios para criticar esa regulación es clara. Cabeceras de todo el mundo llevan largos años regalando sus contenidos a las grandes plataformas de internet, sobre todo a Google y Facebook, y pagan además por ello con el elevado precio de ver su circulación y publicidad dramáticamente reducidas, con efectos catastróficos para el periodismo. De momento, esa ley se ha modificado una vez, también bajo la presidencia de Trump y la tutela de las dos cámaras del Capitolio, para que las plataformas de internet sean al menos responsables si lo que se publica en sus servidores son mensajes que incitan a la trata de blancas y explotación sexual de menores. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado esa reforma tuvo el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos. Censura partidista Pero, el problema para una reforma integral que políticos y editores de medios consideran necesaria hace años es que hoy la defiende Trump. El presidente pide reformar la Sección 320 no por solidaridad con la prensa, a la que considera su enemigo, sino para poder denunciar a Twitter por censura contra él y los activistas conservadores que le apoyan. Sólo si la red social fuera considerada legalmente una editora de contenidos podría quedar probado ante un juez que ejerce la censura. Como suele suceder en la era de Trump en Washington, basta con que el presidente proponga algo para que la oposición se alinee justo en todo lo contrario, como está sucediendo en este caso. Aun así, el presidente defendió las reformas propuestas en términos que en otra época hubieran sido de consenso en Washington. «Un pequeño puñado de poderosos monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en EE.UU. Y sabemos quienes son; no tenemos que nombrarlos», dijo en jueves.
13-05-2020 | Fuente: abc.es
Merkel confirma la autoría rusa del ataque informático al parlamento alemán
Una de las poquísimas preguntas que no han versado sobre la crisis sanitaria, en la sesión de control parlamentario a la que se sometía hoy la canciller Angela Merkel, se ha interesado por los resultados de la investigación que la fiscalía General de Estado alemán ha llevado a cabo acerca del ataque informático que sufrió el Bundestag en 2015. Y la canciller alemana ha hablado de «pruebas contundentes» acerca de la autoría rusa y de unos hechos a su juicio «indignantes». «Me tomo estas cosas muy en serio porque creo que la investigación se ha realizado de manera muy adecuada», se ha sincerado Merkel, «y puedo decirlo honestamente: me duele». «Cada día trabajo en ello e intento tener mejores relaciones con Rusia, pero por otro lado hay pruebas muy tangibles de que las fuerzas rusas hacen eso», ha asentido ante el pleno parlamentario alemán. «La guerra híbrida es parte de la estrategia de Rusia», ha explicado la canciller alemana, reconociendo que este hecho no facilita la relación con Rusia. «Por supuesto, siempre nos reservamos el derecho de tomar medidas, incluso contra Rusia», ha dicho sobre posibles sanciones. Según se ha filtrado a varios medios de comunicación alemanes, los investigadores de Karlsruhe culpan al servicio secreto militar ruso GRU del ciberataque a gran escala contra el Bundestag que tuvo lugar en 2015. La Oficina del Fiscal Federal ha emitido una orden de arresto internacional contra un joven hacker ruso llamado Dimitri Badin, natural de Kursk, después de años de investigación, acusado de actividades del servicio secreto y de espiar datos en Alemania. El sospechoso se encuentra actualmente en Rusia. El FBI estadounidense busca a este mismo hombre desde hace mucho tiempo por haber estado involucrado en ataques piratas informáticos contra el Partído Demócrata durante la campaña electoral presidencial de 2016, así como contra la agencia mundial antidopaje Wada y en otros ataques cibernéticos. El ciberataque al que se refería la pregunta parlamentaria fue conocido el 8 de mayo de 2015. Mientras el pleno del Bundestag escuchaba un discurso sobre «la liberación de la tiranía nazi», los responsables de informática detectaron que un virus había penetrado en algunos ordenadores de la Cámara baja del Parlamento alemán. Había entrado en el sistema el 30 de abril de ese mismo año, a través de un correo electrónico que recibieron de manera simultánea varios parlamentarios y que tenía como asunto «El conflicto de Ucrania con Rusia deja la economía en ruinas». La dirección del remitente terminaba en «@un.org», aparentemente vinculada a la ONU. El texto contenía un enlace a un supuesto informe que, al abrirse, descargaba en el dispositivo malware, un virus informático maligno que permite atacar un sistema informático sin conocimiento de su usuario. El atacante tuvo acceso al sistema informático del Parlamento, compuesto por 5.600 ordenadores y más de 12.000 cuentas asociadas. El 20 de mayo, tras tres semanas de ataque informático continuado, se dio por controlada la situación, tras la fuga de al menos 16 gigabytes de información, incluidos decenas de miles de correos electrónicos confidenciales. La inteligencia alemana confirmaría después que se trataba de «una agresión altamente sofisticada propia de un servicio secreto». El entonces jefe del espionaje en el interior del país, Hans Georg Massen, apuntaba en la misma dirección. Fue necesario renovar más de 20.000 ordenadores que tiene el sistema y los costes ascendieron a centenares de millones de euros. La inteligencia alemana asegura tener pruebas de que Badin utilizó el malware a través del archivo VSC.exe, con información precisa sobre en qué día y a qué hora exacta accedió a través de él al equipo informático del Bundestag. Badin, que entonces tenía 24 años, está vinculado con la Unidad 26165 del GRU, especializada en el ciberespacio. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BFV) ya señaló en 2016 a Rusia como autor del ciberataque, aunque el Kremlim ha negado en todo momento relación alguna con estos hechos. La actividad de los servicios secretos rusos en Alemania no se limita al espionaje de datos. Todavía está muy reciente en la memoria colectiva de la capital alemana es asesinato a sangre fría, a plena luz del día y en un parque, junto a un concurrido centro comercial, de un georgiano de origen checheno, homicidio también atribuido a los servicios rusos.
13-05-2020 | Fuente: abc.es
La Comisión Europea recomienda reabrir fronteras y ayudar al turismo
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea (UE), con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia. El objetivo de la Comisión es que ese proceso, de cara a la temporada alta de verano en la UE, donde la industria del turismo representa en torno al 10% del PIB, se haga «de forma coordinada, concertada y no discriminatoria» y atendiendo a criterios de «proporcionalidad». Las recomendaciones de Bruselas se presentan después de que varios países hayan ido anunciando sus propias medidas. Francia y el Reino Unido han alcanzado un pacto bilateral para no exigir cuarentenas a quienes transiten entre ambos países, y España aplicará a partir del 15 de mayo una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen de otros países. Tres fases La «caja de herramientas» que propone Bruselas d ivide las situaciones de los países en tres fases, en función de la libertad de movimientos que permita su situación epidemiológica y contempla aplicar criterios regionales y no sólo nacionales, aunque no cuarentenas. Las «restricciones generales» a la libre circulación «deberían reemplazarse por medidas más específicas», según Bruselas, que subraya que esos cortafuegos, en cualquier caso, deberían de ser flexibles e incluir «la posibilidad de reintroducir ciertas medidas si la situación epidemiológica lo requiere». «Lo que recomendamos es que cuando tomen decisiones, lo hagan en función de unos ciertos criterios, por ejemplo, la capacidad sanitaria» de forma que los países sean capaces de asumir nuevos casos, señala Bruselas. Vigilancia y seguimiento La CE pide también que esos criterios se actualicen a través de la «vigilancia y el seguimiento» y de la evolución de la situación en cada país y la «capacidad de rastreo» de los contagios, aunque sugiere que las aplicaciones informáticas de rastreo sean «voluntarias» y no obligatorias, al tiempo que destaca la importancia de la coordinación entre éstas. En la primera fase, la movilidad estaría restringida en los niveles actuales. El cambio de fase para entrar en los estadios que permitirían moverse entre países con situaciones similares. Bruselas confía en la información que aporten los Estados miembros sobre su propia realidad, pese a que no hay una armonización de criterios para medir el impacto de la pandemia y cada país utiliza su propia metodología. Será la Agencia para el Control de Enfermedades de Europa (ECDC) la que, en función de la información aportada por los Estados, elabore la lista de países y fases. En el segundo peldaño, entre los países que se encuentren en la misma fase, la movilidad debería estar garantizada, si bien los medios de transporte jugarán un papel clave. Si las conexiones fueran entre Alemania y Grecia, ponen como ejemplo fuentes europeas, los desplazamientos deberían de hacerse en avión para evitar cruzar países que no estuvieran alineados entre sí. La tercera fase supondría restaurar la normalidad del espacio Schengen.
11-05-2020 | Fuente: abc.es
Europa afronta la desescalada entre la esperanza y la inquietud
Tras más de 50 días en confinamiento para frenar el avance del coronavirus, varios países europeos levantan hoy las restricciones impuestas desde marzo para relanzar la economía bajo las medidas de distanciamiento social. Países como Dinamarca y Noruega, que iniciaron su desescalada hace algunas semanas, pasan a la fase 2 con la reapertura de la mayoría de los comercios. Pero en esta víspera de paulatino regreso a la normalidad, las dudas en cuanto a la precipitación por de salir del confinamiento crecen ante el temor de la población por un posible repunte de contagios. Portugal Vuelve a adelantarse a los países de su entorno y se convierte en el primer lugar de la Unión Europea donde será posible ir a la playa. No se hará realidad en el territorio continental hasta junio, pero ayer abrió la primera de ellas, la enorme playa de Porto Santo, situada en la isla del mismo nombre frente a la de Madeira. Aunque con una doble medida excepcional: nada de restaurantes ni de vestuarios porque permanecerán cerrados. La playa de Porto Santo, con ocho kilómetros de longitud, tiene un aspecto caribeño que la convierte en la más atractiva de todo Madeira. De modo que Porto Santo ensaya un anticipo del control que se avecina desde el 1 de junio en las playas del país vecino, centrado en la distancia social al extender la toalla en la arena y en un estacionamiento de vehículos regulado, además de que se desplegarán vigilantes para que no se alcance un excesivo aforo. La economía de estas islas depende en gran medida del turismo, aún más que la franja continental del país, que ahora se decide a dar un salto para priorizar este sector a la hora de reavivar sus motores financieros. Francia Inicia la primera fase de su desconfinamiento con esperanza e inquietud contenida. No todos los padres llevarán a sus hijos a las escuelas y guarderías a la espera de los resultados sanitarios de los próximos días. Los pequeños comercios tienen preparados sus escaparates anunciando rebajas excepcionales. Las librerías han preparado escaparates esperanzados. Los peluquerías aprovecharon el fin de semana para preparar sus salones. Metro y autobuses han hecho publicidades pidiendo «responsabilidad» a los usuarios que volverán a los transportes públicos, con muchas precauciones y con la obligación de llevar mascarilla. Los alcaldes han tomado medidas de seguridad especiales, esperando evitar «excesos» que pudieran ser peligrosos. Sin embargo, la peor parte de esta primera etapa se la llevan los bares, cafés y restaurantes, que todavía no podrán abrir. El Gobierno espera darles una fecha de apertura a finales de mayo. Continuarán cerrados también grandes museos, cines y, en el caso de la región parisina, los centros comerciales. Dinamarca Con el coronavirus aparentemente bajo control, el país entra hoy en la segunda fase en donde reabrirán todas las tiendas que aún no lo habían hecho, incluidos los centros comerciales, así como el deporte organizado al aire libre para todas las edades. Los colegios abrieron sus puertas el pasado 15 de abril para los menores de 12 años, se espera que el próximo lunes se incorpore el resto de los estudiantes. Noruega Se anuncia una suavización de las restricciones, aunque más cautelosa que la danesa pese a que su país presenta estadísticas mejores que sus vecinos. Ya habían abierto guarderías, escuelas (hasta los 10 años) y algunos pequeños comercios a finales del mes pasado. A partir de ahora estarán permitidas las concentraciones de hasta 20 personas (ahora eran cinco), incluida la actividad deportiva organizada (con algunas restricciones), y, abrirán el resto de centros de enseñanzas, pero no las universidades. Grecia Los griegos suben hoy las persianas de los comercios que no lo habían anteriormente -peluquerías y salones de belleza, ópticas, librerías, floristerías, tiendas de informática y de productos deportivos- con excepción de las grandes superficies, que lo harán el 1 de junio, día en que retomarán también su actividad bares y restaurantes al aire libre. Se permitirán las reuniones de hasta diez personas y los desplazamientos dentro de una misma unidad regional.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
La «Ley Azote», otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos, deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes, interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. En la «zona negra» de RSF La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos», apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. Multas de 120 euros En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró, Camila Acosta, Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Una organización de <a href="https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Cuba</a> y otra de <a href="https://twitter.com/hashtag/Argentina?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Argentina</a> rechazan la aplicación del Decreto Ley 370 en la Isla. <a href="https://t.co/32Dd7aOvmS">https://t.co/32Dd7aOvmS</a></p>&mdash; Diario de Cuba (@diariodecuba) <a href="https://twitter.com/diariodecuba/status/1253755721839083521?ref_src=twsrc%5Etfw">April 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba», justifica el del Decreto-Ley 370. El Covid-19 aumenta la represión Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos», comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setentaicinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
Cuba aumenta la represión a la libertad de expresión  y de prensa con la excusa del coronavirus
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga, han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos; deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes; interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. Cuba, en la «zona negra» La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos»; apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba»; justifica el del Decreto-Ley 370. El pretexto de la pandemia Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos»; comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setenta y cinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
30-04-2020 | Fuente: abc.es
«Ley Azote», otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia
Con la expansión de la Covid-19 el régimen cubano reactivó otra arma blanca, a través del Decreto-Ley 370, con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa y de expresión en la Isla. Aprobado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley 370/2018 también conocido como Ley Azote se configura como otra estrategia represiva del Partido Comunista -único legal en el país- para atomizar a la sociedad civil, hostigar al periodismo independiente y criminalizar las voces disidentes. Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales. Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga, han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores. Privación de la custodia de hijos; deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes; interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes. Cuba, en la «zona negra» La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa». Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington». «Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos»; apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel. Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa. En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución». «La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población [?] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba»; justifica el del Decreto-Ley 370. El pretexto de la pandemia Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes. «El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos»; comentó Kozak a mediados de abril. No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social». Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setenta y cinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes. Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.
24-04-2020 | Fuente: as.com
Animar desde una APP y que los estadios no estén 'vacíos'
Una empresa alemana ya prepara una aplicación informática para que los espectadores puedan transmitir su manera de sentir a los jugadores a través de la megafonía.
21-04-2020 | Fuente: abc.es
Miles de peruanos intentan salir de Lima y pasar el confinamiento en el interior
A más de un mes del confinamiento por el coronavirus ordenado por el gobierno que preside Martín Vizcarra, Perú empieza a mostrar las costuras del centralismo que data del siglo XIX y de sus profundas divisiones sociales y económicas. Desde la semana pasada, cientos de familias buscan salir de Lima con el fin ir a sus lugares de origen en la sierra y la selva porque han dejado de ganar dinero en sus trabajos informales en la ciudad, están sufriendo de hambre y ya no tienen dinero para pagar sus alquileres. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Perú, que cuenta con más de 32 millones de habitantes, el 72,6 por ciento de sus ciudadanos tienen trabajo informal. «Estas semanas son las mas difíciles de la enfermedad (coronavirus) por su nivel de evolución y requieren la mayor capacidad de respuesta de todos», dijo el presidente Martin Vizcarra; y agregó, «esta pandemia no es juego, las decisiones drásticas que hemos tomado son importantes y necesarias. La vida es lo más importante que tenemos los seres humanos». En Perú, hay 16.325 personas contagiadas y 400 personas fallecidas por el coronavirus. Desde el pasado 13 de marzo hay un confinamiento obligatorio y un toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana que es vigilado por las fuerzas armadas en todo el país. «La cantidad de pacientes está cerca de rebasar la capacidad del servicio de salud« (peruano), alertó el jefe de Estado.
15-04-2020 | Fuente: elmundo.es
La Fiscalía abre una investigación por la difusión de bulos sobre el coronavirus en redes sociales
La Unidad de Criminalidad Informática abre diligencias a raíz de las denuncias presentadas por Unidas Podemos sobre los bulos que buscan crear "alarma social" durante la pandemia 
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