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21-09-2020 | Fuente: abc.es
Maduro, Zapatero y Morales se unen a un centenar de políticos para pedir la liberación de Assange
Más de un centenar de políticos de todo el mundo, entre ellos el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, piden al Reino Unido que detenga la extradición a Estados Unidos de Julian Assange y le ponga en libertad. El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, también se ha unido a la iniciativa. Trece antiguos y actuales jefes de Estado y de Gobierno, numerosos diputados y diplomáticos de 27 países han suscrito una carta al Ejecutivo británico impulsada por la organización internacional de juristas «lawyers4asange», donde se denuncia «la ilegalidad» del proceso contra el fundador de WikiLeaks, se indica en un comunicado. En la misiva, los abogados y expertos legales sostienen que el juicio de extradición instigado por EE.UU., que reclama al australiano por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática, «viola la legislación nacional e internacional y los derechos a un juicio justo y otros derechos humanos», y «amenaza la libertad de prensa y la democracia". Entre los políticos que suscriben el texto están el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn; los antiguos presidentes de Brasil, Dilma Roussef; Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Ernesto Samper; Bolivia, Evo Morales, o Paraguay, Fernando Lugo. La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista (que está en prisión preventiva), entre ellas una de Amnistía Internacional (AI) en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya ha recabado más de 400.000 firmas. Assange, de 49 años, afronta el lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las revelaciones de su portal WikiLeaks, que rechaza al considerar que está políticamente motivada. Además de cuestionar la legalidad del proceso, «lawyers4assange» denuncia que se ha puesto en peligro el principio británico de «justicia abierta» y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de «observadores independientes», como AI y parlamentarios de varios países, entre ellos España.
02-09-2020 | Fuente: abc.es
Comienza un juicio histórico contra los terroristas de la matanza de «Charlie Hebdo»
El semanario satírico Charlie Hebdo publica este miércoles un número especial para recordar el alcance histórico de las matanzas yihadistas del 7, 8 y 9 de enero del 2015, coincidiendo con el inicio del proceso, también hoy, de catorce cómplices o autores de aquel espantoso baño de sangre, cuando el problema de fondo permanece intacto. El histórico proceso de catorce de los autores o cómplices de las matanzas comienza con la ausencia de los principales criminales. Amedy Coulibaly (Juvisy sur Orge, en la periferia sur de París, 1982) y los hermanos Chérif y Saïd Kouachi (nacidos en el distrito XI de París, en 1980 y 1982) fueron los principales autores de las matanzas. Fueron abatidos a tiros, días más parte, por los servicios de seguridad del Estado. Hayat Boumeddiene (Villiers-sur-Marne, 1988), esposa de Coulibaly, desapareció en Siria, tras fugarse, por España. Se la presume viva: jugó un papel importante en los atentados terroristas, como ideóloga. Peter Cherif nació en la periferia de París en 1982. Se le presume la autoría intelectual de las matanzas. Fue detenido hace dos años. Será juzgado más adelante, por otros crímenes. Entre los catorce acusados que serán juzgados, durante dos meses, destaca Ali Riza Polat (Grigny, al este de París, 1985), cómplice de Amedy Coulibaly, a quién conoció en la cárcel, detenido por muy diversos delitos. Puede ser condenado a cadena perpetua. Ausentes, por muerte o desaparición, los principales criminales, el resto de los islamistas y delincuentes peligrosos son estudiantes (de ingeniería, o informática), traficantes y comerciantes de drogas y armas, miembros de una galaxia islamista siempre amenazante. Según Gérald Darmanin, ministro del Interior, los servicios de seguridad del Estado tienen fichados a más de 8.000 franceses de quienes se tienen fundadas sospechas de radicalización islamista, subversiva. Son ciudadanos franceses de confesión musulmana, suní, mayoritariamente. Un número especial El equipo actual de Charlie Hebdo, heredero de los patriarcas asesinados en grupo, durante una conferencia de redacción, la mañana del 7 de enero de 2015, han decidido publicar este miércoles un número especial, para recordar aquella trágica encrucijada. En su día, la matanza de Charlie Hebdo tuvo un alcance simbólico universal. «Yo soy Charlie» fue un eslogan célebre: una forma de solidaridad internacional para denunciar la barbarie criminal contra un símbolo cultural, un símbolo de la libertad de expresión, víctima del más atroz terrorismo religioso, islamista. Con la matanza de Charlie Hebdo y las matanzas que se sucedieron, dos días más tarde, en la periferia de París, comenzaba un año «bisagra» en la historia del terrorismo islámico en Europa. Siguieron otros atentados, que culminaron el mes de noviembre de 2015, con una nueva matanza, en la sala «Bataclan», una sala de conciertos, ensangrentado todo un barrio, con 130 muertos y 413 heridos. La Justicia ha deseado dar al proceso de la matanza de Charlie Hebdo una dimensión histórica, para subrayar su importancia mayor, cultural, policial, social, criminal, en Francia y Europa. Todo el proceso, entre el 2 de septiembre y el 10 de noviembre, será filmado, íntegramente, para integrarse, más tarde, en la historia judicial de Francia y Europa. Cinco años después de la matanza, el ministro del Interior estima que 8.000 franceses de confesión musulmana son sospechas de radicalización subversiva. El mes de enero de 2015, Manuel Valls, ministro del Interior, estimaba que era muy difícil seguir y combatir esa «marea negra». Cinco años más tarde, el problema sigue siendo el mismo.
25-08-2020 | Fuente: as.com
La potencia del automóvil ahora es informática
Los últimos avances se centran en la electrónica y la IA, y abarcan desde algoritmos para mejorar el tráfico hasta equipamientos revolucionarios de seguridad y confort.
06-08-2020 | Fuente: abc.es
EE.UU. ofrece de diez millones de dólares por información sobre interferencias en las elecciones
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido este miércoles una recompensa de hasta diez millones de dólares (casi 8,5 millones de euros) por información que conduzca a la identificación de personas que trabajen con o para gobiernos extranjeros con el propósito de interferir en las elecciones presidenciales a través de actividades cibernéticas «ilegales». En un comunicado, el Departamento de Defensa ha precisado que la recompensa, enmarcada en el programa de la agencia que administra el Servicio de Seguridad Diplomático, tiene el objetivo de identificar o localizar a personas que ayuden o inciten a violar una norma relacionada con «el fraude y el abuso informático». Así, las personas que estén involucradas en operaciones cibernéticas «maliciosas» dirigidas contra la infraestructura de las campañas electorales o de los comicios, previstos para el 3 de noviembre, pueden ser objeto de un proceso penal bajo la ley mencionada, que criminaliza «las intrusiones informáticas no autorizadas y otras formas de fraude» relacionadas con la informática. Entre otros delitos, la norma «prohíbe el acceso no autorizado a ordenadores para obtener información y transmitirla a destinarios no autorizados», ha avisado el Departamento de Estado.
21-07-2020 | Fuente: abc.es
EE.UU. acusa a «hackers» chinos de robar datos de la vacuna del Covid-19 a varias compañías
EE.UU. acusó este martes a dos «hackers» chinos de robar, entre otras cosas, información de compañías privadas de todo el mundo dedicadas a la investigación de vacunas, tratamientos y test para combatir la pandemia de Covid-19. Según el escrito presentado por el Departamento de Justicia, los dos ciudadanos chinos fueron asistidos por un miembro del Ministerio de Seguridad Estatal de China, una agencia de espionaje dedicada a la contrainteligencia, la inteligencia en otros países y la seguridad política dentro del territorio chino. Los «hackers», según la acusación, actuaron en beneficio propio y del Gobierno de China, con una campaña de robo de información valorada en cientos de millones de dólares, que se ha alargado durante una década y que incluye compañías en EE.UU., Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Holanda Japón, Lituania, Reino Unido, Suecia, y España. El escrito no menciona los nombres de las compañías afectadas, pero las localiza, dentro de EE.UU., en los estados de California, Massachusetts, Maryland, Texas, Virginia y Washington. También especifica que han sido atacados una contratista militar en España, una empresa de inteligencia artificial de Reino Unido y una compañía de energía solar de Australia. Los acusados también atacaron bases de datos gubernamentales, de religiosos, de disidentes en China y Hong Kong y de organizaciones de derechos humanos. En algunos casos, entregaron al Gobierno chino los nombres, cuentas de correo electrónico y contraseñas de las personas afectadas. Entre otras estaban un activista pro-democracia de Hong Kong y un ex organizador de las protestas de la plaza de Tiananmen. En paradero desconocido Los nombres de los acusados son Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33 años. Su paradero es desconocido pero las autoridades estadounidenses creen que se encuentran en China. Se enfrentarán a once cargos por, entre otras actuaciones, «investigar las debilidades en las redes de empresas de biotecnología y otros sectores conocidas por trabajar en vacunas, tratamientos y tecnología de test para el Covid-19». En enero y febrero, cuando la pandemia azotaba con fuerza a China, Li trató de penetrar en las redes informáticas de firmas biotecnológicas de EE.UU. que estudiaban el virus, así como en las de una empresa que producía de kits para los test de Covid-19. El Departamento de Justicia de EE.UU. no tiene indicios de que los ?hackers? tuvieron éxito a la hora de sustraer esa información relacionada con la lucha contra la pandemia. «China tiene ahora un sitio, junto a Rusia, Irán o Corea del Norte, en el vergonzoso club de los países que dan refugio a criminales cibernéticos a cambio de que esos criminales estén ?de guardia? para trabajar para el beneficio de su Gobierno», aseguró el fiscal adjunto John Demers, el más alto cargo del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre seguridad nacional. «En este caso, alimentan el hambre insaciable del Partido Comunista chino por la propiedad intelectual conseguida con el esfuerzo de compañías estadounidenses y otras que no son chinas, incluidas las que investigan el Covid-19». Ya en el mes de mayo las autoridades de EE.UU. advirtieron de los intentos de «hackers» chinos de robar información de investigadores de universidades, farmacéuticas y empresas de salud sobre el tratamiento de coronavirus, aunque no señalaron a ningún acusado en particular. Sustraer información La semana pasada, EE.UU., Canadá y Reino Unido acusaron a grupos relacionados con la inteligencia de Rusia de tratar de acceder a datos sobre la investigación de la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades de EE.UU. también aseguraron que Irán había realizado movimientos para sustraer a información sobre esas investigaciones. La interposición de cargos contra los «hackers» es el último episodio de la escalada de tensiones entre Washington y Pekín. La guerra comercial, la disputa por el despliegue de redes 5G y las acusaciones de robo de propiedad intelectual contra China se han visto azuzadas en las últimas semanas por otras cuestiones de geopolítica. La aprobación de una ley de seguridad autoritaria por parte de Pekín en Hong Kong, un territorio autónomo bajo su soberanía, han supuesto el intercambio de sanciones a altos cargos de ambos países y una andanada legislativa en EE.UU. que ha acabado con la eliminación del trato preferencial de Washington al principal centro financiero de Asia. La Administración Trump se ha llegado a plantear el veto de entrada a todos los miembros del Partido Comunista de China en EE.UU. La acusación ha coincidido con la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a Londres, donde tenía prevista una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, para tratar las relaciones de ambos socios estratégicos con China. El secretario de Defensa, Mark Esper, informó el martes de que las fuerzas militares de EE.UU. estaban reforzando su presencia en Asia ante una posible confrontación, pocos días después de que la Administración Trump declarara como «ilegales» las reclamaciones de soberanía de China sobre buena parte de las aguas del Mar del Sur. EE.UU. también anunció el martes sanciones para otras once compañías chinas, por las que no podrán comprar tecnología o productos estadounidenses sin un permiso especial. Entre las sancionadas hay proveedores de empresas estadounidenses como Apple, Ralph Lauren o Google, y se les acusa de ser cómplices en las violaciones contra los derechos humanos del Gobierno de China hacia minorías musulmanas de la región de Xinjiang. Grupos de activistas e informaciones periodísticas han denunciado una campaña de detenciones masivas en la región, donde cientos de miles de personas pertenecientes a estas minorías han sido desplazadas a campos de internamiento.
07-07-2020 | Fuente: abc.es
La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, informó este lunes la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Evo Morales es investigado en el denominado en Bolivia como «Caso Audio«, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado. La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra. «De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México«, donde entonces estaba Morales, »hasta El Torno«, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía. «Aparentemente, en esa conversación», añade la nota, «Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019«, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado. Un reporte de llamadas a las líneas telefónicas de ambos realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial de Bolivia muestra que Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más entre el 12 y 17 de noviembre de 2019, según la Fiscalía. Audio con la supuesta voz de Morales Una pericia informática permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino, un video que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe «una alta probabilidad de identificación de la voz« de Morales, destaca el boletín. El audio incluye frases como «hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad«, que supuestamente pronuncia el expresidente desde México, donde acudió primero antes de viajar en diciembre pasado a Buenos Aires. Yucra fue enviado bajo detención preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz tras ser detenido el pasado abril, por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial, que se encuentra en fase preliminar. Morales, que solicitó refugio en Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio Gobierno interino boliviano, por las que la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle. Evo Morales denunció el pasado noviembre que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido en los comicios de octubre, luego anulados entre denuncias de fraude a su favor, y obligarlo a renunciar después de casi catorce años al frente del país.
24-06-2020 | Fuente: as.com
Notas de corte EBAU: las titulaciones mas demandadas
Los doble grado con matemáticas combinadas con otras especialidades como física, la estadística, la informática o la economía, volverán a ser las titulaciones más demandas.
08-06-2020 | Fuente: as.com
¿Qué fue de Garabaya? El pivote de oro que quiere juntar la infórmatica y el balonmano
Rubén Garabaya (41 años) fue campeón del mundo con la Selección en 2005 y ahora sigue ligado al balonmano en el Logroño tras su retirada en 2018.
31-05-2020 | Fuente: abc.es
Trump inicia una transformación sin precedentes de las redes sociales
En algún punto intermedio entre la libertad de expresión y el derecho a una información veraz se ubica una ley estadounidense hasta ahora poco conocida y sobre la cual se han erigido las grandes redes sociales tal y como las conocemos ahora. Molesto porque dos de sus mensajes en Twitter han sido etiquetados como falsos, el presidente Donald Trump ha iniciado una reforma de esa ley de internet, que en última instancia puede transformar profundamente y en todo el mundo esas plataformas que han llegado a tener un papel tan predominante en la política, la prensa y la comunicación de hoy en día. La pregunta que hoy plantean los portavoces de Trump en la Casa Blanca es clara. ¿Por qué se etiqueta como engañosas las opiniones de Trump sobre voto por correo, pero no los mensajes del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pidiendo la destrucción de Israel? ¿Por qué siguen intactos los mensajes de Nicolás Maduro en Venezuela acusando a EE.UU. de promover golpes de estado? ¿Y los de funcionarios y diplomáticos chinos acusando de forma indisimulada a EE.UU. de ser el creador secreto del coronavirus? El jueves el presidente Trump aceleró la reforma de esas leyes de internet. Durante muchos años, políticos y editores de medios de todo signo han venido pidiendo precisamente eso. En el centro de la polémica está la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, la prehistoria de internet. Esta reza: «Ningún proveedor o usuario de un servicio de informática interactiva podrá ser tratado como editor o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo». En jurisprudencia norteamericana, esto significa que las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en ellas, por falso, injurioso o delictivo que sea. Pueden publicar cualquier cosa, con todos los privilegios y ninguna obligación. No es de extrañar que se hayan escrito abundantes artículos y libros que afirman que la Sección 230 contiene «las 26 palabras que crearon internet». Consenso Hasta ahora había cierto consenso, fuera de Silicon Valley, en que una reforma era necesaria. «Esa sección 230 debería revocarse». Así de claro lo dijo en enero no Trump, sino Joe Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017 y candidato a la presidencia este año. En una conversación con «The New York Times», el demócrata afirmó que a la ciudadanía debería preocuparle «la concentración de poder» de esas plataformas. «Debe ser revocada, tanto para [Mark] Zuckerberg [fundador de Facebook] como para otras compañías». Incontables son los editoriales de la prensa norteamericana que han pedido, año tras año, una reforma de esa Sección 230, uno de los más recientes, el de «The Seattle Times» en marzo, que decía abiertamente que «dado el dominio de algunas plataformas gigantescas, sus fallos de autorregulación y el daño que están causando, es hora de reconsiderar las leyes que les otorgan ventajas. Eso incluye la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que exime a servicios de internet de responsabilidad civil por contenido que otros publican en ellos». La razón de muchos medios para criticar esa regulación es clara. Cabeceras de todo el mundo llevan largos años regalando sus contenidos a las grandes plataformas de internet, sobre todo a Google y Facebook, y pagan además por ello con el elevado precio de ver su circulación y publicidad dramáticamente reducidas, con efectos catastróficos para el periodismo. De momento, esa ley se ha modificado una vez, también bajo la presidencia de Trump y la tutela de las dos cámaras del Capitolio, para que las plataformas de internet sean al menos responsables si lo que se publica en sus servidores son mensajes que incitan a la trata de blancas y explotación sexual de menores. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado esa reforma tuvo el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos. Censura partidista Pero, el problema para una reforma integral que políticos y editores de medios consideran necesaria hace años es que hoy la defiende Trump. El presidente pide reformar la Sección 320 no por solidaridad con la prensa, a la que considera su enemigo, sino para poder denunciar a Twitter por censura contra él y los activistas conservadores que le apoyan. Sólo si la red social fuera considerada legalmente una editora de contenidos podría quedar probado ante un juez que ejerce la censura. Como suele suceder en la era de Trump en Washington, basta con que el presidente proponga algo para que la oposición se alinee justo en todo lo contrario, como está sucediendo en este caso. Aun así, el presidente defendió las reformas propuestas en términos que en otra época hubieran sido de consenso en Washington. «Un pequeño puñado de poderosos monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en EE.UU. Y sabemos quienes son; no tenemos que nombrarlos», dijo en jueves.
13-05-2020 | Fuente: abc.es
Merkel confirma la autoría rusa del ataque informático al parlamento alemán
Una de las poquísimas preguntas que no han versado sobre la crisis sanitaria, en la sesión de control parlamentario a la que se sometía hoy la canciller Angela Merkel, se ha interesado por los resultados de la investigación que la fiscalía General de Estado alemán ha llevado a cabo acerca del ataque informático que sufrió el Bundestag en 2015. Y la canciller alemana ha hablado de «pruebas contundentes» acerca de la autoría rusa y de unos hechos a su juicio «indignantes». «Me tomo estas cosas muy en serio porque creo que la investigación se ha realizado de manera muy adecuada», se ha sincerado Merkel, «y puedo decirlo honestamente: me duele». «Cada día trabajo en ello e intento tener mejores relaciones con Rusia, pero por otro lado hay pruebas muy tangibles de que las fuerzas rusas hacen eso», ha asentido ante el pleno parlamentario alemán. «La guerra híbrida es parte de la estrategia de Rusia», ha explicado la canciller alemana, reconociendo que este hecho no facilita la relación con Rusia. «Por supuesto, siempre nos reservamos el derecho de tomar medidas, incluso contra Rusia», ha dicho sobre posibles sanciones. Según se ha filtrado a varios medios de comunicación alemanes, los investigadores de Karlsruhe culpan al servicio secreto militar ruso GRU del ciberataque a gran escala contra el Bundestag que tuvo lugar en 2015. La Oficina del Fiscal Federal ha emitido una orden de arresto internacional contra un joven hacker ruso llamado Dimitri Badin, natural de Kursk, después de años de investigación, acusado de actividades del servicio secreto y de espiar datos en Alemania. El sospechoso se encuentra actualmente en Rusia. El FBI estadounidense busca a este mismo hombre desde hace mucho tiempo por haber estado involucrado en ataques piratas informáticos contra el Partído Demócrata durante la campaña electoral presidencial de 2016, así como contra la agencia mundial antidopaje Wada y en otros ataques cibernéticos. El ciberataque al que se refería la pregunta parlamentaria fue conocido el 8 de mayo de 2015. Mientras el pleno del Bundestag escuchaba un discurso sobre «la liberación de la tiranía nazi», los responsables de informática detectaron que un virus había penetrado en algunos ordenadores de la Cámara baja del Parlamento alemán. Había entrado en el sistema el 30 de abril de ese mismo año, a través de un correo electrónico que recibieron de manera simultánea varios parlamentarios y que tenía como asunto «El conflicto de Ucrania con Rusia deja la economía en ruinas». La dirección del remitente terminaba en «@un.org», aparentemente vinculada a la ONU. El texto contenía un enlace a un supuesto informe que, al abrirse, descargaba en el dispositivo malware, un virus informático maligno que permite atacar un sistema informático sin conocimiento de su usuario. El atacante tuvo acceso al sistema informático del Parlamento, compuesto por 5.600 ordenadores y más de 12.000 cuentas asociadas. El 20 de mayo, tras tres semanas de ataque informático continuado, se dio por controlada la situación, tras la fuga de al menos 16 gigabytes de información, incluidos decenas de miles de correos electrónicos confidenciales. La inteligencia alemana confirmaría después que se trataba de «una agresión altamente sofisticada propia de un servicio secreto». El entonces jefe del espionaje en el interior del país, Hans Georg Massen, apuntaba en la misma dirección. Fue necesario renovar más de 20.000 ordenadores que tiene el sistema y los costes ascendieron a centenares de millones de euros. La inteligencia alemana asegura tener pruebas de que Badin utilizó el malware a través del archivo VSC.exe, con información precisa sobre en qué día y a qué hora exacta accedió a través de él al equipo informático del Bundestag. Badin, que entonces tenía 24 años, está vinculado con la Unidad 26165 del GRU, especializada en el ciberespacio. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BFV) ya señaló en 2016 a Rusia como autor del ciberataque, aunque el Kremlim ha negado en todo momento relación alguna con estos hechos. La actividad de los servicios secretos rusos en Alemania no se limita al espionaje de datos. Todavía está muy reciente en la memoria colectiva de la capital alemana es asesinato a sangre fría, a plena luz del día y en un parque, junto a un concurrido centro comercial, de un georgiano de origen checheno, homicidio también atribuido a los servicios rusos.
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