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Noticias de homicidios

16-10-2018 | Fuente: abc.es
Juzgan a los «monstruos» que hacían bistecs con las mujeres que mataban para comérselos
Los supuestos asesinos conocidos como los «monstruos de Ecatepec», acusados de matar y descuartizar a al menos a diez mujeres desde 2012 y detenidos hace solo una semana, han comparecido este martes en una audiencia que da inicio al proceso judicial para investigar los delitos que supuestamente cometió la pareja. Vecinos de Ecatepec, municipio limítrofe con la Ciudad de México, Juan Carlos «N» y Patricia «N», son acusados de haber cometido atroces crímenes como hacer bistecs con su víctimas y comérselos, además de haber vendido los huesos de las mujeres que asesinaron o incluso de darles de comer restos humanos a sus perros, entre otras barbaridades. «Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno», confesó Juan Carlos durante su primera declaración a las autoridades, que fue filtrada y reproducida por los medios nacionales. «Si salgo, de una vez le digo a los policías que voy a seguir matando mujeres», continuó Juan Carlos, cuyos análisis psicológicos realizados indican que sufre de ataques psicóticos y de alternaciones de la personalidad. Del otro lado, Patricia, su pareja, padece un retraso mental y de delirio inducido por su esposo, de acuerdo con los informes divulgados. Por el momento, los dos presuntos asesinos permanecen en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso judicial en el que ellos han declarado haber matado a un total de 20 mujeres y cuyo objetivo era asesinar a más de cien. «Llevaba muy poquitas», matizó. El caso de los «monstruos de Ecatepec», como apoda la prensa local al mayor caso de asesinos en serie en México en las últimas décadas, ocupa todas las portadas del país y ha logrado destacarse como un crimen de tal gravedad que ha conseguido revolver las tripas de toda una población constantemente expuesta a noticias violentas. Durante este año ha habido terribles casos de estudiantes disueltos en ácido, asesinatos de políticos a plena luz del día o incluso linchamientos de presuntos delincuentes en plazas públicas, sin embargo, ninguno de estos crímenes ha conseguido atraer tanta atención mediática como los «monstruos de Ecatepec». México continúa sumado en una ola de violencia. En 2017, se registraron cerca de 30.000 asesinatos en todo México, una cifra que probablemente sea superada en 2018, año en el que ya se han producido cerca de 22.000 asesinatos hasta agosto. Y, concretamente, Estado de México, la entidad federativa donde se ubica Ecatepec, fue la región más peligrosa de todo México con un total de 2,368 asesinatos durante todo el año pasado. A su vez, Estado de México es junto con Veracruz el primer lugar donde más feminicidios ocurrieron durante los primeros seis meses de 2018, con un total de 387 homicidios de mujeres hasta finales de junio.
14-10-2018 | Fuente: elpais.com
La vocación forense en el país de los 3,7 homicidios por hora
Pese a la popularidad de estos estudios, la calidad de la oferta educativa es irregular. Al graduarse, los nuevos peritos mexicanos se enfrentan a un escenario laboral desbordado por la violencia
30-09-2018 | Fuente: abc.es
El secuestro, el único negocio rentable en Venezuela
Caracas es una de las ciudades más peligrosa del mundo. Lo dicen los números: 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venezuela registró 26.616 homicidios el año pasado, un promedio de cuatro venezolanos asesinados cada hora. En medio de la peor crisis política, económica y social que atraviesa el país, los delitos han aumentado y el secuestro se ha convertido en uno de los pocos negocios rentables. La precariedad y la corrupción existente en Venezuela han provocado que en este negocio participen tanto delincuentes como policías: unos llevando a cabo el secuestro y los otros negociando los rescates. «En dólares y en efectivo» es lo que se le escucha decir a los secuestradores al final de cada negociación. A pesar de que los expertos señalan que mantener a la víctima en cautiverio unos tres días es la forma más lucrativa, las bandas delictivas han perfeccionado un nuevo método llamado «la cava». Este tipo de secuestro consiste en capturar a varias víctimas, sin relación entre sí, y mantenerlas retenidas en un mismo coche. Mientras tanto, los delicuentes negocian con los familiares de cada una de ellas para obtener el rescate . «Nos bajaron del coche a los tres y nos subieron a una camioneta negra. Si durante el camino los secuestradores veían a alguien distraído y con potencial económico en la calle, uno de los chicos se bajaba con un arma larga y lo montaba a la fuerza en la camioneta», recuerda a ABC Eduardo Fuentes, un estudiante de 24 años que fue víctima de un secuestro junto a dos amigos el pasado mes de agosto, a las siete de la noche, cuando regresaba a su casa en Prados del Este, una zona acomodada de la capital venezolana. Los secuestradores exigieron inicialmente a cada familia como rescate la cantidad de 50.000 dólares en efectivo, una cantidad elevadísima para la mayoría de las familias venezolanas que con el último aumento de salario llegan a 30 dólares al mes. Tras una ardua negociación, la cifra fue rebajada -a unos mil dólares, varios relojes y joyas, y otros objetos de valor- y los jóvenes finalmente liberados. Fuentes y sus amigos permanecieron más de siete horas retenidos y encañonados con pistolas por los plagiarios. Junto a ellos, al menos dos personas más fueron capturadas en su presencia y forzados a entrar a «la cava». José Dávila, otro de los jóvenes secuestrado, comenta que el conductor y el negociador eran policías porque a diferencia de los captores estaban «muy tranquilos y hablaban con un vocabulario que no tenían los otros miembros de la banda». Marcos Tarre Briceño, especialista en secuestro y extorsión, señala a ABC que la crisis en Venezuela ha repercutido en todas las instituciones del Estado de manera que hasta los funcionarios policiales participan en los secuestros para sacar un dinero extra, y llegar a fin de mes. «El secuestro es un delito difícil y los delicuentes se dan cuenta de que necesitan asesoramiento, por eso hay funcionarios implicados ya que son ellos los que se encargan de la negociación», explica Tarre. La última reseña oficial, que publicaron los diarios nacionales de Venezuela, es del pasado mes de febrero, cuando cinco policías fueron detenidos por el secuestro de la madre del conocido jugador de béisbol Elías Díaz, receptor de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas. Miedo a denunciar El secuestro es el delito que más ha aumentado en Venezuela -un 1.300%- durante las casi dos décadas del Gobierno chavista. Según las cifras extraoficiales elaboradas por diversas organizaciones humanitarias -la falta de transparencia en las oficiales es absoluta-, en 2017 se produjeron alrededor de 654 secuestros y en 2018 la cifra va en aumento. Aunque señalan que los números reales son más elevados, pues la mayoría de las víctimas no denuncian el secuestro. El experto Marcos Tarre indica que la mayoría de las víctimas no denuncian sino que se van automáticamente del país porque les da miedo que estas bandas criminales tomen represalias en su contra o de su familia. El promedio internacional de víctimas que mueren durante el secuestro es un 10 por ciento, un porcentaje que en el país sudamericano asciende al 14 por ciento. Cobrar por perseguir a los delincuentes Aitor, un comerciante que prefiere no dar sus apellidos, fue secuestrado en la puerta de su casa, en El Cafetal, el pasado mes de abril. Los captores pidieron a su familia 100.000 dólares de rescate. Gracias al asesoramiento de un experto, terminaron pagando solo el 10%. Cuando Aitor se dispuso a denunciar el secuestro fue a la sede del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en Quinta Crespo, donde se llevó una desagradable sorpresa: «Lo primero que me preguntaron era si me había autosecuestrado para vengarme de mis padres. Luego me abrieron un expediente y me enseñaron una base de datos con fotos de plagiarios, identifiqué a varios y fue cuando me pidieron dinero para matarlos». Según fuentes policiales, la falta de espacio en las cárceles provoca que los delincuentes salgan en libertad a la semana y que vayan tras los agentes para vengarse. Los funcionarios piden dinero para matarlos porque «se juegan la vida» cuando van a los sectores populares a buscarlos. «La banda que me secuestró era la de la Cota 905 (la más experta en Caracas) y la policía me pidió 100 dólares por cabeza», señala Aitor.
26-09-2018 | Fuente: abc.es
El Ejército de México asume el control de la policía de Acapulco
Acapulco ya no tiene policías, solo militares. Miembros del Ejército han asumido el control de la seguridad de una de las joyas turísticas de México tras detener a tres mandos de la policía municipal. Sin avisar, unos cien militares y policías federales rodearon las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco sobre elmediodía del martes pasado, 25 de septiembre, para erradicar posibles filtraciones desde la institución hacia organizaciones criminales, informó Roberto Álvarez Heredia, del Grupo de Coordinación de Guerrero (GCC), en una operación realizada por varios departamentos federales y estatales. Álvarez Heredia explicó que durante la operación, en la que se bloqueó el edificio por tierra y aire, se desarmó a los agentes de la policía de Acapulco y procedieron a revisar el equipo de radiocomunicación, además de verificar todo el armamento disponible. La Fiscalía de Guerrero, el estado en el que se encuentra Acapulco, ejecutó dos órdenes de detención contra tres directores de diferentes áreas dentro de la policía local, que cuenta con un total de 1.309 agentes, de los que 700 están siendo investigados. Max Lozano Sedano, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, también está siendo investigado, aunque todavía no ha sido detenido. Con un total de 910 homicidios registrados en 2018 entre sus cerca de 850.000 habitantes, Acapulco fue calificada como la tercera ciudad más peligrosa del mundo -solo superada por Los Cabos y Caracas- en la lista que cada año elabora la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Estado sangriento Poco después de que se realizara el operativo, la embajada estadounidense en México desalentó, a través de un mensaje en la red social Twitter, a sus ciudadanos a viajar a Guerrero: «Crímenes violentos como homicidios, secuestros y robos son comunes», indicaba la alerta de viaje publicada el 22 de agosto. La operación, además, se realizó tan solo cinco días antes de que Adela Román, miembro del partido Morena, asumiera como el cargo de alcaldesa de Acapulco. Con 2.529 homicidios, Guerrero fue el estado más sangriento de todo México en 2017. Esa cifra supone algo más del 10% de los 29.168 asesinatos registrados en el conjunto del país por la Secretaría de Gobernación, equivalente al Ministerio del Interior de España. El año pasado fue el más violento en México desde 1997, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tomará el poder en diciembre, ha prometido que rebajará estas muertes sin recurrir a la fuerza del Ejército. De hecho, una de sus propuestas estrella durante la campaña fue conceder una posible amnistía a los líderes del narcotráfico a cambio de pacificar el país, ya que, en su opinión, la política de confrontación no está resultando efectiva.
26-09-2018 | Fuente: abc.es
Investigan a la Policía de Acapulco por presuntos vínculos con bandas narcotraficantes
Toda la fuerza policial de Acapulco está bajo investigación en medio de sospechas de infiltración de bandas de narcotraficantes, según reseña la BBC. Dos comandantes acusados de asesinato están siendo buscados mientras el resto de la policía de la ciudad ha sido desarmada. La policía estatal y los militares patrullarán la ciudad en su lugar. Acapulco se hizo famoso como un destino para los ricos y famosos, pero ha caído presa del tráfico de drogas y tiene una tasa de homicidios desenfrenada. El año pasado, fue de 103 por cada 100,000 habitantes, uno de los más altos en México. El estado donde se encuentra la ciudad, Guerrero, es uno de los más violentos del país, con bandas criminales que controlan las áreas donde se cultivan las amapolas para crear heroína. Los investigadores federales dijeron que habían dado el paso «debido a la sospecha de que la fuerza probablemente había sido infiltrada por grupos delictivos y la inacción completa en la lucha contra el crimen». Con bajos salarios y poca capacitación, la policía local en México puede ser un blanco fácil para los cárteles de la droga. Ha habido informes de que las pandillas les ofrecen dinero para obedecer a sus líderes y amenazan con matarlos si no lo hacen. La policía local en otras partes de México se ha disuelto debido a las preocupaciones de que estaban pagados por los cárteles de la droga.
22-09-2018 | Fuente: abc.es
Asesinan al noveno periodista en México en 2018
El periodista mexicano Mario Gómez fue asesinado en la tarde de ayer -viernes 21 de septiembre- en Yajalón, un pequeño municipio en la selva de Chiapas, al sur de México. El reportero, que trabajaba para El Heraldo de Chiapas, salía de su domicilio cuando dos hombres le dispararon en el pecho a quemarropa. Inmediatamente, Gómez fue trasladado a un hospital local donde falleció poco tiempo después, debido a la gravedad de la lesiones, según informa la prensa local citando a compañeros del periodista y personal médico. «Exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento de estos actos criminales», publicó el El Heraldo de Chiapas en un editorial en el que pide una «investigación exhaustiva» para dar con los responsables del asesinato de su compañero. En México apenas uno de cada diez delitos que se comenten son castigados, por lo que los crímenes quedan sin resolver en más del 90% de los casos, una trágica estadística sobre la que florece la elevada ola de criminalidad que atraviesa el país, con un total de 15.973 homicidios entre enero y junio de este año. Con el homicidio de Gómez ya son nueve los periodistas que han sido asesinados en México en 2018, de acuerdo con datos del Comité para la Protección de Periodistas. Las cifras se aproximan cada vez más al trágico número de doce periodistas que fueron asesinados en 2017, víctimas entre las que se encontraba el escritor Javier Valdez, reconocido autor por recopilar en sus libros historias anónimas que evidencian como el narcotráfico afecta las vidas de los habitantes de Sinaloa, su estado. Ante la grave situación de violencia que sufren los periodistas en México, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó al país como el más peligroso del mundo para los trabajadores de comunicación junto con Siria. Además de los asesinatos de periodistas, RSF ha contabilizado un total de 21 reporteros desaparecidos en el país azteca desde 2003, una cifra récord en todo el continente americano.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona de negocios en Maryland
Un tiroteo se ha saldado con al menos tres víctimas y varios heridos en un centro de distribución comercial en la localidad de Aberdeen, 40 kilómetros al norte de Baltimore, una de las principales ciudades de la costa este norteamericana. Según ha dicho a ABC un portavoz del sheriff del condado de Harford, donde se han producido el ataque, varios empleados han alertado a la policía pasadas las 09.00 de la mañana (las 15.00 en la España peninsular) al ver a varias personas en el suelo y escuchar varios disparos. Los agentes han acordonado la zona y evacuado a los alumnos de un colegio cercano, según ha dicho ese portavoz en conversación telefónica. We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.? Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018Aunque en un principio el portavoz de la policía local ha informado de al menos tres bajas, posteriormente el sheriff, Jeffrey Gahler, ha hablado de «múltiples bajas y múltiples heridos», dado que algunas de las víctimas están en estado crítico. Además, ha revelado que la autora de los disparos, que ha empleado una sola arma, ha sido detenida y se encuentra en un hospital también en estado crítico después de haber intentado suicidarse. «Los agentes de policía no han efectuado ni un solo disparo», ha dicho el sheriff. Los disparos se han producido en unos almacenes de la empresa de distribución farmacéutica Rite Aid. Los agentes de policía de Harford han acudido a la zona pasadas las 09.15 y han coordinado la evacuación de los trabajadores en autobuses escolares mientras buscaban a la autora del tiroteo, a la que han localizado inconsciente dentro de uno de los almacenes. En la zona se encuentran varios centros logísticos de diversas empresas que distribuyen mercancía a la zona metropolitana de Baltimore, donde opera uno de los principales puertos de mercancías de la costa este de EE UU. El gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, ha dicho que está «siguiendo de cerca la situación». «Nuestras oraciones están con todos aquellos que han sido afectados por el tiroteo, incluidos nuestros equipos de emergencia», ha dicho en un mensaje publicado en Twitter. Baltimore es una de las zonas metropolitanas con mayor criminalidad de EE.UU. Sólo en 2017 hubo 343 homicidios en la ciudad, el mayor número desde 2001. En octubre de 2017 hubo otro tiroteo en el mismo condado del de este jueves, en el que también murieron tres personas y otras dos fueron heridas. El autor de aquel ataque fue detenido y está a la espera de juicio. El miércoles, en Pensilvania, un hombre fue detenido por herir a cuatro personas en un juzgado de la localidad de Pensilvania, 300 kilómetros al oeste de Baltimore. En 2017 aumentaron las muertes por arma, excluyendo los suicidios, en todo el país, alcanzando las 15.549 víctimas.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela, según una ONG
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
AI denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
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