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Noticias de grupos sociales

21-10-2017 | Fuente: abc.es
Represión en China: «El Partido me retuvo once días sin avisar a mi familia»
Dos hombres de paisano le abordaron cuando iba a su oficina una mañana. No tuvieron que identificarse ni darle explicaciones. Ya sabía quiénes eran y lo que le esperaba. «Me retuvieron en una celda once días sin avisar a mi familia y sin que pudiera llamar a un abogado», cuenta un empresario pequinés que tenía negocios con las autoridades de un distrito y fue detenido por un caso de corrupción. En Europa y Estados Unidos, lo primero que hace la Policía al apresar a alguien es leerle sus derechos y recordarle que puede recurrir a un abogado y permanecer en silencio. En China ocurre todo lo contrario. Entre otras cosas, porque estos arrestos por corrupción política ni siquiera los hace la Policía, sino un cuerpo especial del Partido Comunista, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria. Bajo un sistema denominado «shuanggui», que funciona al margen de los jueces y la Policía, los investigados son aislados en lugares secretos hasta que confiesen. A tenor de la ONG Human Rights Watch, abundan las torturas físicas y psíquicas contra los funcionarios corruptos y once de ellos han muerto en los interrogatorios. «Me daban muy poca comida y apenas me dejaban dormir un par de horas seguidas, para fatigarme y quebrarme así los nervios. No me pegaron, pero me obligaban a permanecer durante horas en la misma postura, hasta que se me entumecían los músculos», relata el empresario, que oculta su identidad. De la noche a la mañana, pasó de codearse con altos cargos del Partido a suplicarle a sus guardianes que le dejaran llamar a su esposa y a sus padres. «Aunque no supieron nada de mí todos esos días y nadie les daba información, sabían dónde estaba porque estos son los riesgos de hacer negocios con los políticos en China», advierte resignado. «Me interrogaban día y noche porque estaban investigando a varios cargos locales para los que yo había hecho unos trabajos y querían que los delatara, pero finalmente no confesé nada», asegura orgulloso sin aclarar cuáles eran esos negocios ni si había sobornado a algún político. Después de once días en el calabozo, pudo volver a ver la luz del sol al quedar en libertad. Pero sigue siendo investigado y sabe que los «hombres de negro» podrían regresar a por él en cualquier momento. Especialmente ahora; en cuanto concluya el XIX Congreso del Partido Comunista, que se celebra estos días en Pekín, y se renueve su cúpula. Con temor, el empresario solo espera que sus «guanxi» (contactos) en el régimen no acaben entre los derrotados en esta lucha por el poder, ya que le arrastrarían en su caída. Sin clemencia Desde que Xi Jinping tomó el poder, primero como secretario general del Partido en 2012 y luego como presidente de China en 2013, más de un millón de funcionarios y cuadros han sido castigados por corrupción. Con dichas purgas, que han afectado a 200 altos cargos, Xi ha eliminado a sus rivales internos para que nadie la plante cara en su segundo mandato, que durará hasta 2022 pero podría prolongarlo. Con esta misma mano dura también ha aplastado a la disidencia. Además de no permitir la salida de China del moribundo Nobel de la Paz Liu Xiaobo, quien falleció en julio por un cáncer de hígado fulminante, el régimen mantiene bajo arresto domiciliario a su viuda, la poetisa Liu Xia. Como ella, al menos 14 activistas han sido detenidos y otros dos han «desaparecido» para que no protesten durante el Congreso, denuncia la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos. La creciente represión también se ha extendido contra grupos sociales, incluso de gais y lesbianas sin filiación política, y colectivos profesionales, como los abogados de los disidentes. El 9 de julio de 2015 empezó contra ellos una campaña, denominada «709», que dejó unos 300 detenidos. Algunos de ellos, como el activista cristiano Hu Shigen y el abogado Zhou Shifeng, han sido condenados a siete años de cárcel por «intento de subversión». Es el precio por enfrentarse al régimen chino, cada vez más autoritario con Xi Jinping. Mayor censura y control en internet Junto a la represión de la disidencia, las autoridades chinas han reforzado la censura y los controles en internet para impedir la difusión de contenidos políticamente sensibles que amenacen su poder. Gracias a su progreso tecnológico, la «Gran Muralla Cibernética» («Great Firewall», en inglés) ha sido capaz de bloquear numerosas VPN, las conexiones a servidores en el extranjero que permiten acceder a páginas «web» prohibidas en China. Con Facebook, Twitter y Youtube capados, y con WhatsApp funcionando solo a ratos, las redes sociales chinas deben plegarse a la censura. Así, portales como Wechat o Weibo bloquean automáticamente los mensajes sensibles que envían sus usuarios, en ocasiones sin que estos lo sepan.
27-07-2017 | Fuente: elpais.com
Destacados republicanos y grupos sociales rechazan el veto de Trump a los transgénero en el Ejército
?No daremos marcha atrás. Nuestro progreso continuará?, dice la soldado Chelsea Manning
26-05-2017 | Fuente: abc.es
«Irak aspira a que España haga más en la lucha contra Daesh»
Ibrahim Al-Jaafari ha concluido la primera visita a España en diez años de un ministro de Asuntos Exteriores. A lo largo de estos días, ha participado en la Conferencia internacional sobre víctimas de violencia étnica y religiosa en Oriente Medio, celebrada en el Palacio de El Pardo, y se ha entrevistado con los titulares españoles de Defensa y de Asuntos Exteriores y ha tenido oportunidad también de estar con Felipe VI. La contribución española en la lucha contra los terroristas de Daesh, atrincherados aún en la ciudad vieja de Mosul y otras localidades iraquíes y la posibilidad de extender la colaboración a otros terrenos ha centrado en buena parte estos encuentros. En la actualidad, más de 500 militares españoles participan en el adiestramiento de las fuerzas iraquíes que combaten a la organización liderada por Abu Bakr al Bagdadi. ¿Qué frutos espera de esta visita a España? Queremos abrir nuevos horizontes en muchos ámbitos bilaterales. España vive una etapa importante de su desarrollo democrático, su economía es muy buena y sus actitudes políticas hacia Irak son muy positivas. He tenido encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa y la Comisión de Relaciones Internacionales, así como con Su Majestad el Rey. He percibido que los dignatarios españoles son personas cultas y capacitadas, por eso siento más la necesidad de profundizar las relaciones entre España e Irak. ¿El Gobierno de Irak está satisfecho con la aportación de España a la lucha contra Daesh, que se centra en la formación de tropas y policías iraquíes, o considera que también debería participar en acciones militares, o incluso en los bombardeos de la coalición internacional? Estamos muy satisfechos con el volumen de la ayuda y el apoyo militar español, pero aspiramos a tener algo más. Necesitamos oportunidades para la formación, apoyo logístico y cobertura aérea, pero tenemos una línea roja: no podemos permitir la implantación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Y no podemos separar el apoyo militar del apoyo en el ámbito económico, que también puede contribuir a la lucha contra Daesh. Quisiera que precisara a qué se refiere cuando habla de cobertura área. «No es ningún secreto que uno de los elementos más importantes en la derrota de Daesh es el factor militar aéreo»No es ningún secreto que uno de los elementos más importantes en la derrota de Daesh es el factor militar aéreo. El primero lo constituyen los soldados que han llevado las armas con valentía y han roto los tentáculos de Daesh, pero no podemos prescindir de la cobertura aérea proporcionada por la coalición internacional, que ha contribuido enormemente al avance de las fuerzas militares iraquíes. ¿Pide que España bombardee con sus propios aviones en Irak? Si nuestro país requiriera este tipo de ayuda, lo pediríamos, siempre en coordinación con las fuerzas aéreas iraquíes y las de la coalición internacional, porque es una cosa muy seria. Nosotros estaríamos abiertos a estudiar una posibilidad así por parte de España. ¿Qué le han respondido en sus entrevistas los ministros españoles? No hemos abordado este tema concretamente, sino la necesidad de continuar los contactos entre España e Irak. He percibido respuestas en general positivas por parte de España. Los detalles de la ampliación del apoyo logístico y militar español a Irak correspondería a los departamentos competentes de ambos países. Usted señala el interés por fortalecer la relación económica. ¿En qué sectores sería? «España tiene oportunidad de contribuir a la reconstrucción de Irak y tener allí un peso muy importante»En el ámbito económico, la colaboración es múltiple. Todos los sectores están abiertos. Cuando el producto tenga un precio competitivo y buena calidad, y rapidez para disponer de él en el mercado, podrá competir en el mercado iraquí. En general, aspiramos a la colaboración económica que contribuya a la conversión de Irak en un país productivo. España tiene oportunidad de contribuir a la reconstrucción de Irak y tener allí un peso muy importante. Irak ha pasado tres guerras y es posible que la guerra contra el terrorismo sea la cuarta, lo que ha fracturado la economía de Irak, que necesita una reestructuración. Es cierto que tenemos crisis financiera, pero no impide que países amigos como España puedan colaborar. Nos consta que la calidad de sus productos es muy alta y sus precios muy competitivos, la relación política es excelente y ha estado al lado de Irak frente a Daesh? Estos son factores que favorecen la presencia de España en el ámbito económico de Irak. Al-Jaafari, en la primera visita de un ministro de Exteriores iraquí a España en diez años- E. Agudo Van siete meses desde que comenzó la ofensiva contra Mosul . ¿Cómo está la situación sobre el terreno? ¿Cuándo cree que se podrá derrotar a Daesh en esa ciudad y en el resto de Irak? Actualmente las fuerzas militares iraquíes avanzan desde el sector oeste de Mosul y la están liberando barrio por barrio. Yo conozco la ciudad muy bien, porque terminé allí mi licenciatura. El problema es que los terroristas de Daesh utilizan métodos sucios para impedir el avance. No combaten con valentía y coraje, sino con salvajismo, con brutalidad, disponiendo grupos de personas como escudos humanos. El balance de la actuación militar es excelente y goza de respeto tanto del propio Irak como de la comunidad internacional. ¿Qué conexión tiene el reciente atentado de Mánchester con lo que sucede en Irak? ¿Es una forma de Daesh de compensar su retroceso militar en Irak y Siria? «¿Qué diferencia hay para los terroristas entre un niño o una mujer iraquíes y un niño o una mujer en Alemania?»Era previsible que atentaría contra civiles en toda Europa. Daesh ha asesinado a más de 300 personas en un atentado contra un centro comercial de Bagdad el año pasado. Ha atentado también contra lugares de culto, tanto mezquitas como iglesias. Para esta organización terrorista es algo normal. ¿Qué diferencia hay para los terroristas entre un niño o una mujer iraquíes y un niño o una mujer en Alemania? Los terroristas de Daesh son brutales. Sus crímenes contra la población civil en Irak son un mensaje de su brutalidad y salvajismo hacia el mundo. ¿Acaso no se ha visto en la televisión que un terrorista de Daesh ha asesinado a su propia madre? ¿Qué se espera de esos terroristas? Es importante la colaboración de toda la comunidad internacional para hacer frente a esta amenaza. En este aspecto, la cultura tiene un papel muy destacado, sobre todo la prensa. Los periodistas tienen incluso más responsabilidad que los políticos y los militares.¿Se han preguntado ustedes cómo puede ser que un terrorista de Daesh mate a su madre o a su padre? Ni un animal lo haría. Lamentablemente, la prensa no ha abordado esta brutalidad de Daesh. Cien años atrás, la gente no se dio cuenta de lo que suponían el nazismo y el fascismo hasta que llegaron al poder. Los periodistas deben defender la humanidad y criticar la brutalidad de los terroristas. El desarrollo de los combates militares no nos debe desviar de la verdadera batalla, el aspecto cultural. ¿Cómo afecta la llegada de Donald Trump al poder a la situación en la región? La elección del señor Trump es un asunto interno del país. A lo largo de su historia, EE.UU. ha elegido 45 presidentes con toda normalidad. En los países donde hay instituciones, hay cierta tranquilidad, porque las instituciones son las que tiene el poder, más que las personas. Hay margen para los presidentes, pero muy limitado. Habrá notado con claridad la diferencia de discurso de Trump en campaña electoral y tras ser investido presidente. Un candidato se dirige en campaña a sus simpatizantes. Cuando entra en el poder, ya forma parte de las instituciones, gobierna para toda la nación y tiene en cuenta lo que permite y no permite la Constitución. Es cierto que sus primeras declaraciones incendiarias provocaron una fuerte reacción. Fue ridículo, por ejemplo, que mencionara siete países de terrorismo y uno de ellos fuera Irak, aunque creo que en eso estuvo mal aconsejado por sus asesores. Al contrario, Irak ha representado la valentía que ha permitido romper los tentáculos del terrorismo. Hemos dejado caro a EE.UU. y al resto de la comunidad internacional que Irak no se puede clasificar dentro del terrorismo, sino que es una víctima del terrorismo y luchando contra él. Tan rápido como se incluyó en esa lista se retiró. Trump ha llamado a hacer una especie de frente común contra Irán. ¿Está Irak dispuesto a participar en él? «Irak no entra en políticas de ejes de unos países contra otros. Nos unen muchas realidades con Irán y no ha invadido nuestro territorio»Irak no entra en políticas de ejes de unos países contra otros. Hay muchas realidades que nos unen con Irán: la geográfica, con 1.400 km de frontera común; histórica; social, con muchos grupos sociales con familiares en Irán, así como intereses y amenazas comunes. Teherán no ha invadido hasta el momento ninguna parte de Irak. Nuestro vecino del norte, Turquía, sí ha entrado 110 kilómetros en territorio iraquí y se ha instalado en la base de Bashica. Hemos rechazado esa intervención, pero aun así mantenemos la relación con Turquía. Irak es un país civilizado, cuenta con la civilización más antigua del mundo y sabe muy bien lo que quiere y lo que no de los países con los que trata. Puede aceptar algunas cosas y otras no tanto, no hace una valoración en blanco y negro. ¿Cómo prevé el día después a que se consiga acabar con la amenaza de Daesh? ¿Qué futuro hay para los millones de refugiados? Como sabe, hay desplazados fuera y dentro de Irak y hemos iniciado un proceso de regreso a sus hogares. Pero los que mejor contribuyen a la reconstrucción es la misma gente de su ciudad. Pero cuando los desplazados vuelven a su lugar de origen, necesitan unos servicios mínimos: hospital, colegios para sus hijos, establecimientos comerciales? Por eso pedimos que la comunidad internacional tenga sentido de responsabilidad y colabore en las tares de reconstrucción de las ciudades liberadas. También tenemos otros objetivos que se están planificando y estudiando, como la forma de administración de esas provincias mediante la gestión local. Tenemos una tarea ingente y esperamos que los países amigos nos brinden su apoyo.
26-11-2016 | Fuente: abc.es
La muerte de Fidel Castro vuelve a poner en la palestra el futuro del embargo
La muerte de Fidel Castro ha vuelto a poner en primer plano la incógnita sobre el embargo a Cuba que durante más cinco décadas ha mantenido Estados Unidos y cuyo futuro ahora dependerá de la nueva administración del presidente electo, Donald Trump. Tras el acercamiento y normalización de relaciones registrados en los últimos dos años de gestión presidencial de Barack Obama, incluida la reapertura de embajadas, el fin de su administración y la llegada, a partir del próximo 20 de enero, del Gobierno de Trump, abre una etapa de incertidumbre sobre el futuro de las sanciones. En estos casi dos años Obama ha restablecido los vuelos directos a Cuba, ha aliviado algunas trabas comerciales y ha suavizado ciertas restricciones de viajes de estadounidenses a la isla, pero todo ello mediante decretos, ya que no ha contado para hacerlo con el apoyo del Congreso, de mayoría republicana en ambas cámaras. Durante su campaña presidencial, Trump anunció en un principio que condicionaría el acercamiento a Cuba a la apertura del régimen comunista cubano y a avances en el terreno de los derechos humanos, pero acabó por prometer revertir los pasos dados por Obama. Pero algunos analistas consideran que el magnate de los hoteles y los casinos tendrá que atemperar esa postura debido a las presiones que recibirá de parte de los empresarios estadounidenses que llevan décadas anhelando hacer negocios con Cuba. Entre ellos está el pensador político Noam Chomsky, que en una reciente entrevista aseguró que las presiones de las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios con la isla en terrenos como la biotecnología, el farmacéutico, la agroindustria o el turismo podrían condicionar las promesas electorales de Trump. En principio, el embargo no tiene por qué cambiar, ya que el Congreso, que es en última instancia el encargado de dictar un cambio de política en este sentido, sigue en manos republicanas en las dos cámaras, y aparentemente los que propugnan el fin del embargo no cuentan con el apoyo suficiente para un cambio. Y de cumplir sus promesas, Trump pondría fin a una nueva relación emprendida por Obama con el presidente Raúl Castro y que fue escenificada en una reunión en la Cumbre de las Américas de Panamá, lo que precedió a la reapertura de embajadas en el verano de 2015. A partir de ese momento, el Gobierno de EEUU retiró a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, se reanudaron los vuelos directos entre ambos países y se suavizaron ciertas sanciones económicas y comerciales, de manera limitada. Y en octubre pasado, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la ONU en un voto de condena al embargo sobre Cuba, lo que supuso una nueva muestra de acercamiento y de la voluntad de la Administración Obama de dejar atrás esta política. Un acercamiento inconcluso Pero el Gobierno de Obama, quien en marzo pasado viajó a Cuba con su familia y se reunió con Raúl Castro y con disidentes, va a terminar sin haber logrado el apoyo suficiente en el Congreso, en manos republicanas en ambas cámaras, para impulsar el levantamiento total de las sanciones del embargo, lo que decide el legislativo. El embargo depende de una serie de disposiciones legales que impiden al presidente estadounidense revocarlo inmediatamente, y es únicamente el Congreso el que tiene esa competencia. Estas disposiciones están recogidas en la Ley Helms-Burton de 1996, que endureció el b loqueo económico, comercial y financiero contra La Habana y que establece claramente que mientras un miembro de la familia Castro esté en el poder, el presidente de EE.UU. no podrá solicitar al Congreso el fin de la medida coercitiva. Raúl Castro, hermano de Fidel, asumió el poder en 2008 después de haberlo hecho de manera temporal desde julio de 2006, cuando el comandante fue sometido a una complicada intervención quirúrgica intestinal. La Ley Helms-Burton fue promulgada en marzo de 1996 después de que cazas de la Fuerza Aérea de Cuba derribaran dos avionetas de la organización de exiliados cubanos «Hermanos al Rescate» sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, en un momento en el que se vislumbraba una posibilidad de acercamiento entre ambos países. La ley incluyó, además, dos polémicas cláusulas que impedían a los empresarios extranjeros con negocios en EEUU hacer inversiones en Cuba, algo que fue recurrido por la Unión Europea, Canadá, México, Brasil, Argentina y otros aliados estadounidenses con relaciones comerciales con Cuba. Relaciones e¡con la UE La Unión Europea (UE) acudió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) por considerar que los títulos III y IV de ley constituían una aplicación extraterritorial y dañaban a las compañías europeas. La UE suspendió el procedimiento ante la OMC en 1998, después de alcanzar un acuerdo político con Washington por el que el entonces presidente Bill Clinton se comprometía a congelar cada seis meses la aplicación de esos títulos, algo que ha seguido haciéndose. Entre los requisitos para iniciar los trámites para levantar el embargo, la ley recoge que las autoridades cubanas tienen que legalizar toda actividad política, liberar a todos los prisioneros políticos y expresar su compromiso público de convocar unas elecciones libres y justas para formar un nuevo gobierno. También pide la disolución del departamento de seguridad nacional dentro del Ministerio del Interior, incluidos los comités para la defensa de la revolución y las brigadas de respuesta rápida. Además tienen que comprometerse a establecer un sistema judicial independiente, respetar los derechos humanos y permitir grupos sociales, económicos y políticos independientes, entre otras condiciones. Estados Unidos ha mantenido un embargo unilateral a Cuba desde 1962 en un intento de presionar al régimen castrista para propiciar un cambio político en la isla hacia una democracia. Washington ya había endurecido años antes el bloqueo inicial con la ley conocida como Ley Torricelli (1992), por la que se prohibió entrar en puertos estadounidenses durante seis meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.Este embargo, que el gobierno estadounidense ha intensificado y relajado en intentos por mejorar su tortuosa relación con Cuba, prohíbe la mayoría de los viajes e impide a las compañías estadounidenses hacer negocios en la isla. En 2004, el entonces presidente George W. Bush promulgó nuevas normas para aumentar las restricciones de los viajes a la isla y el envío de remesas, al tiempo que aumentó las ayudas a la disidencia. Tras la llegada al poder de Obama, en 2009, se levantaron las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesas y paquetes humanitarios, así como la prohibición de enviar mercancías como semillas para la siembra o artilugios para la pesca. La Casa Blanca flexibilizó además en 2011 las restricciones de viaje y envío de remesas de sus ciudadanos hacia Cuba, para permitir las visitas a la isla de estudiantes y de grupos religiosos y que se pueda enviar dinero a personas que no sean familiares.
17-11-2016 | Fuente: abc.es
Tres edificios de Nueva York retiran el nombre de Trump de sus fachadas por la «verguenza» de sus vecinos
Tres edificios de Nueva York han retirado este miércoles las grandes letras doradas que componían el apellido de Donald Trump de sus fachadas como muestra del recelo que sienten sus vecinos hacia el presidente electo de EE.UU, quien, pese a haber nacido en la ciudad, creen que no les representa. Los vecinos del conjunto de viviendas de lujo «Trump Place», situado a orillas del río Hudson, presenciaron satisfechos cómo el letrero con el nombre del magnate se eliminaba de los exteriores y portales de su edificio, tras la firma de una petición el pasado mes de octubre en la que aseguraban sentir «vergüenza» del republicano. «Teníamos que deshacernos de ese nombre en nuestras casas, aunque no podamos librarnos de su influencia en nuestra vida ni despertar de esta pesadilla», explicó David Linnell, un jubilado de 70 años que pidió la retirada del nombre al considerar que es «un insulto» a la democracia. Y es que la frase «No es mi presidente» se ha sentido con fuerza en Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, donde siguen registrándose protestas contra el magnate por su agresivo discurso contra las mujeres, los inmigrantes y otros grupos sociales a lo largo de su campaña. «Al menos algo positivo nos ha pasado después de esta terrible campaña, (el nombre de Trump) ya no está en nuestra casa», declaró Tom, otro vecino que también firmó la petición para cambiar la denominación de los tres edificios de Riverside Boulevard. En su opinión, el nombre de Trump representa «algo distinto a lo que era antes», ahora está asociado al odio y no quiere ser partícipe de ello. Un punto en el que coincide Wendy, otra residente de ese barrio, que define al republicano como un hombre «irracional» y de ideas «racistas» que excluyen y crean división entre los estadounidenses. «Él no cree en la democracia ni en la Constitución. Nosotros creemos en un mundo global y en el importante papel que desempeña Estados Unidos, y eso a él no le importa», sentenció. «Es un pequeño gesto simbólico, una muestra de los valores que tenemos en este vecindario, pero es bueno que la gente sepa que en su ciudad natal no lo apoyan», dijo Richard, quien reside desde hace 16 años en uno de los bloques en los que Trump ha desaparecido incluso de los uniformes de los porteros. Aunque el propietario de estos edificios -que cambiarán el «Trump Place» por el nombre de la calle en la que se encuentran- es la firma de bienes raíces Equity Residencial, el magnate neoyorquino participó en el desarrollo urbanístico de este complejo de 1.325 apartamentos y cedió a esta compañía los derechos de uso de su marca. Los tres edificios representan sólo una pequeña parte de las numerosas propiedades en la Gran Manzana que llevan el nombre del republicano, que ha convertido el apellido Trump en una marca vinculada al lujo y la riqueza. El nombre de Trump figura también en la torre en la que vive y trabaja, y también en otro alto edificio que está frente al complejo de la ONU, en Manhattan, entre otros lugares. «Muchos propietarios creen que el hecho de que su nombre esté colgado en sus edificios no sólo avergüenza a los residentes, sino que hace que éstos pierdan valor en el mercado debido al estigma que representa», aseguró Kash Guha, un agente inmobiliario que trabaja en la zona y reside en uno de los bloques que aún llevan el nombre de «Trump Place». Para Guha, la presión de los vecinos para retirar el nombre es un ejemplo de cómo la sociedad neoyorquina está reaccionando al proceso de transición, en un Estado en el que el voto ha sido mayoritariamente demócrata, si bien es consciente de que no se extiende a todo EE.UU.
23-06-2016 | Fuente: abc.es
Más de tres años de complejas negociaciones -primero en Oslo, luego en La Habana- no exentas de escollos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han llevado a acuerdos parciales sobre cuestiones cruciales para poner fin al último y más largo conflicto armado del continente. La cuestión de la tierra, la participación de los guerrilleros en la vida política, la erradicación de cultivos ilícitos, así como el reconocimiento y la reparación de las casi ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto, en su más de medio siglo de duración, conforman los acuerdos parciales alcanzados desde el 18 de octubre de 2012. Ese día se instaló oficialmente la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC en Oslo. El 19 de noviembre siguiente, el diálogo continuó en la capital de Cuba -donde hoy prosigue- con la discusión del punto sobre desarrollo agrario integral. Este jueves, en un acto en La Habana, ambas partes darán más detalles sobre el acuerdo de alto el fuego «bilateral y definitivo» anunciado este miércoles a los medios. Reforma agraria Los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las FARC, encabezados respectivamente por Humberto de la Calle y el jefe rebelde «Iván Márquez», anunciaron el 26 de mayo de 2013 un acuerdo preliminar sobre la reforma agraria, una de las causas del conflicto interno. El pacto se refería a aspectos como el acceso y uso de la tierra, las tierras improductivas o la formalización de la propiedad. Participación política Las partes anunciaron el 4 de noviembre de 2013 el acuerdo parcial sobre la participación de las FARC en la vida política de Colombia tras la firma de la paz, el segundo punto de la agenda. Según la Administración Santos y la principal guerrilla del país, este acuerdo parcial «profundiza y robustece» la democracia colombiana «ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación de política y ciudadana», para promover el pluralismo, la inclusión política y la transparencia en los procesos electorales. Drogas El 16 de mayo de 2014 la guerrilla reconoce que el narcotráfico «ha alimentado y financiado el conflicto», y se compromete a poner fin a «cualquier relación» con ese flagelo, en el acuerdo sobre el punto denominado «Solución al problema de las drogas ilícitas». Ambas partes reconocen que el problema de las drogas debe ser resuelto para la consecución de «una paz estable y duradera», así como que el narcotráfico se alimenta de «la pobreza, marginalidad y débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales». Víctimas Los negociadores del Gobierno Santos y las FARC firmaron el 15 de diciembre de 2015 el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. Incluye el mecanismo de la jurisdicción especial para la paz que se aplicará a los responsables del conflicto. Entre los objetivos figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto, la no repetición para afianzar el fin de la guerra y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y grupos más humildes y vulnerables.
02-05-2016 | Fuente: abc.es
China refuerza sobre su control sobre las ONG extranjeras con una nueva ley muy restrictiva
En medio de fuertes críticas internacionales, el régimen chino ha aprobado este jueves una nueva ley muy restrictiva sobre las 7.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras que operan en este país. Con el argumento de regular su trabajo para impedir que dañen las sacrosantas «seguridad nacional y unidad étnica y del país», esta legislación otorga amplios poderes a la Policía para registrar sus sedes, investigar sus cuentas, detener e interrogar a sus miembros e incluso cancelar actividades que puedan resultar sensibles. A partir del 1 de enero de 2017, las ONG extranjeras deberán contar con el patrocinio de un grupo gubernamental chino y tendrán que inscribirse en un registro del Ministerio de Seguridad Pública, y no de Asuntos Civiles. Aunque la nueva norma exime a universidades, hospitales e institutos científicos y suprime algunas restricciones administrativas actuales, como la de no permitir más de una oficina en China o limitar su actividad a cinco años, ha sido acogida con una repulsa generalizada en el extranjero. Desde Estados Unidos, donde la Casa Blanca ha denunciado que «estrecha aún más el espacio civil para la sociedad», hasta numerosas ONG, ha abundado el rechazo a su espíritu autoritario. «La nueva ley tendrá serias consecuencias sobre la libertad de expresión y asociación, que ya están muy restringidas por las actuales leyes y políticas», reprocha Amnistía Internacional en un comunicado. Para su responsable en China, William Nee, «las autoridades, y en particular la Policía, tendrán virtualmente poder ilimitado para perseguir a las ONG, cortar sus actividades y, finalmente, reprimir a la sociedad». Con él coincide Sophie Richardson, directora en China de Human Rights Watch, quien denuncia en otra declaración oficial que «Pekín apenas necesita más munición para aplastar a los grupos sociales» y acusa directamente al presidente, Xi Jinping, de esta creciente represión. A su juicio, «la ley sobre las ONG es como muchas otras de la era de Xi Jinping: una herramienta todavía más fuerte para legalizar los abusos de derechos humanos en China». Refuerzo del control social Esta ley es la última de una serie de regulaciones aprobadas durante los últimos meses por el autoritario régimen chino, que está reforzando sus controles sobre la sociedad, cada vez más informada y mejor preparada. En julio del año pasado, una amplia ley de seguridad nacional daba prácticamente carta blanca a las autoridades sobre todos los ámbitos que pudieran suponer una amenaza para el régimen. En diciembre, una ley antiterrorista fue muy criticada por no respetar las garantías religiosas de las minorías étnicas de China, como tibetanos y uigures, y por permitir la persecución de las voces «extremistas» que se opongan a las políticas del régimen. Para este año, Pekín tiene previsto promulgar una ley sobre «ciberseguridad» que ampliará aún más la censura sobre internet.
04-03-2016 | Fuente: abc.es
El 74% de los rusos votaría a Putin en las elecciones presidenciales de 2018
El 74% de los rusos se muestra dispuesto a apoyar la reelección del actual líder ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales de 2018 si finalmente se presenta, según una encuesta publicada este jueves. «El 74% de los rusos expresa al principio de 2016 su disposición a votar por Vladímir Putin en las próximas presidenciales, el porcentaje máximo en los últimos cuatro años», señaló el estatal Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública (VTSIOM, siglas en ruso). La cifra supone casi el doble del apoyo que el jefe del Kremlin tenía en octubre de 2012, el 40%, su punto más bajo de popularidad después de la represión de multitudinarias manifestaciones opositoras. Según VTSIOM, solo el 15% de los encuestados ha expresado su intención de no votar por Putin, mientras que el 11% dijo no tener decidido su voto. El estudio señala que el incremento del respaldo a Putin «se observa en todos los grupos sociales y demográficos». «Con el tiempo, en opinión de los rusos, las promesas que hizo Putin en la campaña electoral para las elecciones de (marzo de) 2012 se están cumpliendo», ha indicado. La encuesta se realizó entre los días 23 y 24 de febrero entre 1.600 personas de 130 ciudades de Rusia. La popularidad del presidente ruso comenzó a dispararse en la primavera de 2014, tras la anexión de la península de Crimea, desde el 76,2% en marzo de ese año hasta el 89,9% en octubre, su pico máximo, según han ido mostrando encuestas de VTSIOM. Putin, que regresó al Kremlin en 2012 tras cuatro años de paréntesis como primer ministro, aún no ha dicho si se presentará a la reelección, aunque todos los analistas pronostican que lo hará y permanecerá en el poder hasta 2024. La legislación le permite presentarse a un segundo mandato consecutivo de seis años. Recientemente, el histórico líder de los liberales rusos, Grigori Yavlinski, fue elegido candidato del partido Yábloko para las presidenciales de 2018, cuando intentará desbancar a Putin.
03-03-2016 | Fuente: abc.es
El 74% de los rusos votaría a Putin en las elecciones presidenciales de 2018
El 74% de los rusos se muestra dispuesto a apoyar la reelección del actual líder ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales de 2018 si finalmente se presenta, según una encuesta publicada este jueves. «El 74% de los rusos expresa al principio de 2016 su disposición a votar por Vladímir Putin en las próximas presidenciales, el porcentaje máximo en los últimos cuatro años», señaló el estatal Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública (VTSIOM, siglas en ruso). La cifra supone casi el doble del apoyo que el jefe del Kremlin tenía en octubre de 2012, el 40%, su punto más bajo de popularidad después de la represión de multitudinarias manifestaciones opositoras. Según VTSIOM, solo el 15% de los encuestados ha expresado su intención de no votar por Putin, mientras que el 11% dijo no tener decidido su voto. El estudio señala que el incremento del respaldo a Putin «se observa en todos los grupos sociales y demográficos». «Con el tiempo, en opinión de los rusos, las promesas que hizo Putin en la campaña electoral para las elecciones de (marzo de) 2012 se están cumpliendo», ha indicado. La encuesta se realizó entre los días 23 y 24 de febrero entre 1.600 personas de 130 ciudades de Rusia. La popularidad del presidente ruso comenzó a dispararse en la primavera de 2014, tras la anexión de la península de Crimea, desde el 76,2% en marzo de ese año hasta el 89,9% en octubre, su pico máximo, según han ido mostrando encuestas de VTSIOM. Putin, que regresó al Kremlin en 2012 tras cuatro años de paréntesis como primer ministro, aún no ha dicho si se presentará a la reelección, aunque todos los analistas pronostican que lo hará y permanecerá en el poder hasta 2024. La legislación le permite presentarse a un segundo mandato consecutivo de seis años. Recientemente, el histórico líder de los liberales rusos, Grigori Yavlinski, fue elegido candidato del partido Yábloko para las presidenciales de 2018, cuando intentará desbancar a Putin.
15-12-2015 | Fuente: abc.es
Colombia y las Farc firman el acuerdo sobre reparación a las víctimas del conflicto
Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron hoy en La Habana el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. Los jefes de los equipos de paz de ambas partes, Humberto de la Calle (gobierno) e Iván Márquez (FARC) rubricaron el documento que también fue suscrito por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de los estados acompañantes, Chile y Venezuela. En la declaración conjunta, las partes destacan que este acuerdo constituye un "paso fundamental de avance" para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y para poner fin a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo. El acuerdo establece la creación de un sistema integral para la reparación de las víctimas, que incluye el mecanismo de la jurisdicción especial para la paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado. Entre los objetivos del acuerdo figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto, la no repetición para afianzar el fin de la guerra y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y colectivos más humildes y vulnerables. El sistema integral para la reparación de las víctimas estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la jurisdicción especial para la paz. El acuerdo establece que, cuando finalicen las hostilidades en Colombia, se podrá otorgar, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones de los Derechos Humanos. En ese sentido, el acuerdo hace énfasis en promover el fin de la impunidad.