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31-05-2018 | Fuente: abc.es
«No podemos tolerar más lo de "ese político robó pero hizo las cosas bien"»
Mató a su padre, diría Freud. Como fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana (Gualán, 1955) lideró una investigación que destapó el macroescándalo de corrupción que terminó con el presidente Otto Pérez Molina, responsable de su elección al frente del Ministerio Público, en prisión preventiva a la espera de juicio por fraude. «Yo le voté; pensaba que iba a ser un buen presidente del Gobierno. Sentí una mezcla de sentimientos: mucha tristeza, frustración, decepción?», describe Aldana el momento en el que, fruto de sus indagaciones, reveló que el rey estaba desnudo. Además, investigó el caso de transporte público Transurbano en el que la Justicia guatemalteca ordenó la prisión preventiva para el expresidente Álvaro Colom y tres exministros de su gabinete. Con este historial, Aldana ha sido entronada como la «mujer de hierro» en uno de los países más corruptos de Iberoamérica y aupada a la lista de las 100 personalidades más influyentes de la revista «Time». Durante su visita a España en el ciclo «Mujeres contra la impunidad», organizado por La Casa Encendida y Mujeres de Guatemala, la ya ex fiscal general de Guatemala ha abierto la puerta -sin confirmarlo- a su posible entrada en política ante el temor de toda una clase política amenazada por esta suerte de justiciera anticorrupción, pionera a su vez en la implementación de la justicia con enfoque de género. Con voz pausada y con tímidas sonrisas durante la entrevista con ABC, Aldana deja ver su contundencia al denunciar la corrupción y el machismo judicial, sus dos grandes luchas en su imparable ascenso en el Estado guatemalteco. Ahora que acaba de dejar su puesto como fiscal general de Guatemala, ¿sabe ya qué va a hacer? Desde el 17 de mayo que lo dejé estoy atendiendo algunas invitaciones de organizaciones en otros países para acudir a algunos eventos de corta duración. Luego quiero ver el mundial por televisión. Me encanta el fútbol. Le voy a Brasil, Argentina, España y Alemania? Pongo la televisión a las tres de la mañana y me vuelvo a dormir. Siempre he visto los partidos en diferido y he pedido que no me digan ni los resultados. ¿Pero todos? Me gustan verlos todos. Todos. Todos. ¿Se ve metiéndose en política ahora que conoce tan bien las cloacas de los partidos? Esa vieja política, como llamamos en Guatemala a quienes han estado en el Gobierno, no vale la pena. Es una vieja política que hay que descartar. Tenemos que apostar por un sistema político diferente e incluyente, porque esa vieja política que ha gobernado Guatemala no solo ha diseñado el esquema de corrupción, sino que ha excluido siempre a la gente: ni las mujeres, ni los pueblos indígenas ni los migrantesienen acceso a los puestos de poder? Los migrantes que viven en EE.UU. quieren participar en la política, pero la clase política ha cerrado los espacios. Es responsable directa de ese diseño de corrupción sistémica. Hay que sustituir ese sistema enraizado. Guatemala tiene en 2019 esa oportunidad única de no repetir. Voté por (Otto Pérez) Molina y (Jimmy) Morales, y ambos me decepcionaron totalmente. Incursionar en la política es un mecanismo adecuado para incidir y luchar por una verdadera democracia y contra la corrupción. ¿Cree que en los procesos judiciales liderados por usted se ha perseguido también a los corruptores? También ha habido empresarios que han sido procesados, y algunos de ellos han aceptado su responsabilidad. Algunos han tenido salidas procesales favorables en vista de su colaboración y aceptación de sus cargos. No hemos dejado ningún sector sin investigar. ¿Hasta dónde llega la corrupción en Guatemala? Es sistémica. Está incrustada en el Estado a todos los niveles y sin excepción. ¿La inestabilidad de Guatemala es imprescindible para que siga expandiéndose el crimen organizado en la región? La incidencia del narcotráfico favorece la corrupción. El narcotráfico necesita a funcionarios corruptos para pasar la droga, negociarla y lavar el dinero. Sin funcionarios corruptos, el narcotráfico tiene dificultades. Guatemala es un país en tránsito del narcotráfico hasta Estados Unidos. La lucha contra el narco es fundamental. Lo hicimos en el Ministerio Público en alianza y coordinación con EE.UU., México, El Salvador y Honduras. En España está muy extendida la idea de que todos los políticos roban. ¿En Guatemala continúa todavía eso de que «robó pero hizo cosas bien»? ¿Se acabó la tolerancia frente a la corrupción? Ese pensamiento existía en Guatemala antes de 2015. «Que robó e hizo obra», «robó pero poquito»? Después de 2015, Guatemala no tiene tolerancia a la corrupción. Ya no toleramos que nos digan que robó poquito pero hizo. No tienen que robar, sino que tienen que cumplir sus funciones y servir a la población con transparencia, y no para hacer fortuna. Tampoco debemos obviar el saqueo del Estado con los recursos que se deberían utilizar para servicios básicos. Sí es posible luchar contra la corrupción, pero se necesita voluntad política. Si el presidente de la República no es aliado en la lucha contra la corrupción, es difícil. Así y todo, puede hacerse con apoyo de la población, de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que ha sido clave. ¿No temió que la sustituyeran al frente del Ministerio Público con todo lo que iba destapando? Con el comisionado Iván Velázquez logramos impulsar una reforma a la ley orgánica para el Ministerio Público donde incluimos una norma por la que el presidente de la República no puede destituir al fiscal general salvo por un procedimiento penal con sentencia firme y ejecutoriada durante el ejercicio del cargo. Antes, el presidente le pedía un informe al fiscal sobre cualquier tema y si no le parecía bien, lo destituía. A tal grado, yo fui la fiscal general número 11 y tenía que ser la número 5. Quiere decir que cada presidente encontraba cualquier motivo y cambiaba al fiscal general. Como fue nombrada fiscal general por el entonces presidente Otto Pérez Molina, la prensa internacional no confiaba mucho en usted.. Cuando salimos con el caso La Línea todo cambió. Impactó mucho a la población y cuando empezaron a preguntarme en diversos sectores: «¿Cómo hizo si él la nombró?». Siempre respondí que juré lealtad a la constitución política, no al presidente. Yo quedé muy agradecida por haberme nombrado, pero mi obligación era responder a los intereses de la población, no de un tribunal. Usted deja la Fiscalía cuando Guatemala ocupa el puesto 136 de 170 en el ranking de la corrupción e Transparencia Internacional. ¿Qué más hace falta? Hace falta respaldo político y del sistema de partidos. Hace falta mucho esfuerzo todavía. Veo en la crisis de Guatemala una oportunidad de encauzar la historia del país y de fortalecer la lucha anticorrupción. Ahora usted es muy querida en Venezuela por ?haber mandado a la cárcel? a los corruptos, entre ellos al presidente y a su vicepresidenta. ¿Teme decepcionarlos ahora? ¿Se ha visto tentada por esa corrupción sistémica? No hay razón para decepcionarlos. No, yo estoy tentada a la lucha anticorrupción, a seguir desde cualquier espacio aportando para que Guatemala se encauce. Conozco cómo funciona el sistema corrupto y hay que seguir combatiendo donde pueda aportar. En Guatemala hay un sistema de justicia débil porque así le conviene a la criminalidad ¿Tiene Guatemala modelos a seguir en su lucha contra la corrupción? Sí. Europa. Europa tiene bajos índices de corrupción. También Estados Unidos, Canadá? Modelos sí hay. Hay muchísimos países que fortalecen la institucionalidad y eso falta en Guatemala. En Guatemala hay un sistema de justicia débil porque así le conviene a la criminalidad: que no funcionen los tribunales, el ministerio público, la policía nacional civil. Eso les favorece y hace que la corrupción florezca. Nos ha costado comprender en Guatemala que es a propósito y no es casualidad que se le niegue el presupuesto a los tribunales, al ministerio público. Es la clase política perversa quien ha diseñado este sistema para hacerlo débil y luego echarle la culpa a los jueces de que no funciona. Mientras, vemos a Chile, por ejemplo, que le ha costado fortalecer el sistema de justicia: desde un edificio donde integran jueces, Ministerio Público, fiscales, defensa pública hasta procesos formativos, estabilidad del fiscal, jueces? eso es lo que tenemos que hacer en Guatemala. ¿Teme por su vida? ¿Se ha quitado un peso de encima? Claro que siento temor por mi vida. Sé que enfrentarse a estructuras criminales tan poderosas trae consecuencias. Tengo las medidas de seguridad decretadas por la comisión interamericana de DD.HH., pero sigo adelante. No me da miedo. Y sí, me he quitado un peso de encima. 6.500 mujeres asesinadas en una década Usted promovió la creación de los Tribunales contra el Feminicidio, pionero en Iberoamérica. Así y todo, Guatemala está entre los países con la tasa de feminicidios más alta del mundo: 2,7 por cada 100.000 habitantes (en Europa Occidental, la tasa promedio es de 0.4% por cada 100.000). Cerca de 6.500 mujeres asesinadas en la última década con picos de hasta de 700 al año y 60 al mes, ¿por qué asesinan a tantas mujeres en Guatemala? Porque hay una cultura patriarcal de menosprecio a la mujer, que es asesinada en el contexto de relaciones desiguales de poder con misoginia. Lo dijo Amnistía Internacional: en Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y una mujer es que a la mujer se le hace sufrir antes de morir, se le mutila, se le viola; la niña del área rural e indígena es menospreciada y violada. Hay una cultura patriarcal contra la que también hay que luchar. Desde nuestro espacio hemos guiado una justicia especializada penal con enfoque de género. Integré la corte suprema de justicia 2009-2014 y creamos juzgados y tribunales especializados en feminicidios y violencias contra la mujer, y le hemos pedido a la mujer guatemalteca que rompa el silencio, que denuncie. Y siendo fiscal general logré llevar fiscalías a todos los departamentos del país, fiscalías especializadas y casos contra la violencia de la mujer. También pude crear una fiscalía especializada en feminicidio para investigar esas muertes contra mujeres por el hecho de ser mujeres, para que desde el escenario criminal se tenga enfoque de género. Guatemala tiene dos sentencias en contra: caso Véliz Franco y Paulina, dos niñas que fueron asesinadas y desde la escena del crimen fueron menospreciadas por fiscales, policías, hasta por bomberos, que al llegar a la escena del crimen decían que hacían vestidas así y qué hacían acá a la una de la mañana. Este tipo de estereotipos llevaron a que la fiscalía ahora tenga enfoque de género desde el propio escenario criminal. Estamos avanzando con investigadores especializados. En los últimos meses ha habido varias marchas en España en contra de La Manada, un grupo de jóvenes que violaron a una joven durante las fiestas de San Fermín. La sentencia generó un gran descontento al no considerar el crimen como agresión sexual sino como abuso sexual. Especialmente duras fueron las críticas contra el juez que firmó el voto particular pidiendo la absolución de los condenados. ¿La protesta masiva contra una sentencia o un juez en concreto es sano para la democracia o, en cambio, presiona demasiado a la Justicia, que debe ser independiente de la calle? Es legítimo en una democracia, porque si no hay expresión popular, no hay forma de que la población pueda levantar su voz. Los jueces no deben dejarse presionar por una manifestación ni por lo que digan sectores de la sociedad: están formados para resolver de acuerdo al derecho y a las constancias procesales. Una manifestación vale para la democracia y el juez debe resolver pero tiene que tener enfoque de género, no puede ser una simple agresión lo que es una violación. Hay dictámenes periciales que debe tener el juez a la vista y establecerlo con enfoque de género, si el juez no tiene enfoque de género y cultura patriarcal. Los grupos feministas piden un enfoque de género en la Justicia para, entre otras cosas, no poner el foco sobre la víctima, sino sobre el agresor. Lo que estaba haciendo era revictimizar a la víctima, que tiene que contar con toda la protección y respetar su intimidad. Sentencias de esta naturaleza no ayudan a erradicar la violencia contra la mujer. En España el ministro de Justicia criticó públicamente al juez del voto particular. ¿Un ministro de Justicia puede y debe hacer eso? Si el ministro de Justicia tiene enfoque de género, hay que aplaudirle, porque en las culturas machistas de nuestros países encontrar un ministro que esté en el lado correcto del análisis me parece digno de reconocimiento ¿Qué otras esferas de la vida pública deben reforzarse en la lucha contra los feminicidios? Es cuestión de educación y de voluntad política de quienes dirigen nuestros países. Se olvidan que la otra cara de la democracia son los DD.HH. de las mujeres, la mitad de la población. Usted ha recibido el sobrenombre de «mujer de hierro» por su voluntad implacable contra la corrupción. ¿La han llamado mandona alguna vez por el hecho de ser mujer en una de posición de poder? No, nunca me he sentido desubicada ni que he ocupado una ocupación masculina. Nunca me han llamado mandona porque soy respetuosa con mis compañeros. Claro que doy órdenes y exijo el cumplimiento, pero lo hago con mucho respeto. Nunca grito. Lo han dicho así porque no me ha temblado el pulso a la hora de autorizar investigaciones contra cualquier funcionario. Recientemente visitó a grupos de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Cómo los vio? Los inmigrantes son personas en condiciones de vulnerabilidad porque han tenido que salir del país y no reciben la asistencia adecuada de ningún gobierno a pesar de que representan el ingreso número uno con las remesas y sostienen el país. Muchos de ellos desean regresar a Guatemala y ser diputados, pero no encuentran los espacios. Haciendo balance de su gestión, ¿qué destacaría como puntos positivos y negativos? Como positivo: entregar un Ministerio Público autónomo, haber sido fiscal independiente, haber actuado con objetividad, con transparencia? Y pendiente, que el ministerio público tenga presencia en todo el territorio nacional: ahora mismo el 80% del territorio no tiene fiscalidad del Ministerio Público. ¿Considera que hay separación de poderes en su país? Existe en la Constitución política, pero siempre hay una mezcla de intereses comunes entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde está el poder de la clase política y siempre se confabula con la población. ¿Cree que el racismo entre la propia sociedad guatemalteca es un problema de clasismo contra los indígenas? La misma estructura de poder discrimina a los indígenas. No se ha querido reconocer a nivel constitucional la jurisdicción indígena: tienen una justicia ancestral que ayuda a construir la paz social que soluciona controversias ante la ausencia del Estado, pero no se reconoce. No tienen apenas accesos a servicios básicos.
01-03-2018 | Fuente: abc.es
Los populistas italianos fomentan la eurofobia en la campaña
«Italia es el único gran país europeo en el que existe la posibilidad de que con las elecciones del próximo 4 de marzo se forme una mayoría parlamentaria populista e incluso un gobierno soberanista», o lo que es lo mismo, un gobierno que «cuestione el euro y la libre circulación de las personas». Así lo advierte Sergio Fabrini, profesor de Ciencias Políticas y director de la Luiss School of Government. Esta posibilidad, todavía difícil, pero no imposible, alarma a Europa. Sorprende además que en un país fundador de la Unión Europea y con profunda tradición europeísta, crezca hoy este riesgo evidente. Un hilo autoritario, populista y antieuropeo une las propuestas de cuatro fuerzas políticas: Liga Norte (las encuestas le otorgan en torno al 15% de votos), Hermanos de Italia (5%) ?ambos partidos se presentan en coalición con Forza Italia de Silvio Berlusconi?, Movimiento 5 Estrellas (28%) y la lista de izquierda radical Libres e Iguales (5,5%). «Su objetivo común, además de salir de la Eurozona es debilitar las garantías y salvaguardas constitucionales de la democracia liberal. Italia no es el único país de Europa occidental con problemas políticos, pero ninguno está sometido a un desafío populista tan insidioso», concluye el profesor Sergio Fabrini. Indecisos La coalición de derechas encabeza las encuestas, pero con un 30% aún de indecisos el resultado es todavía muy incierto y todas las posibilidades de alianzas están abiertas. Desde luego, lo que más se teme es «un escenario con el Movimiento 5 Estrellas (M5E), Liga Norte y Hermanos de Italia fuertes, lo que sería catastrófico por las reacciones que desencadenaría», afirma el profesor de Sistema Político Italiano. Sin embargo, todos los líderes soberanistas se han vestido con la piel de cordero durante la campaña electoral, para disimular su imagen populista. Los dos casos más flagrantes son los de Matteo Salvini, líder de la Liga Norte; y Luigi Di Maio, el candidato a primer ministro del Movimiento 5 Estrellas. En una manifestación del fin de semana en Milán, que supuso una demostración de fuerza de la extrema derecha, Salvini, que se ha distinguido siempre por sus mensajes de exclusión y xenófobos, con rechazo, cuando no odio, hacia los inmigrantes y al «extranjero» ?en línea con Marine Le Pen?, se apropiaba de símbolos religiosos y de la Constitución para proponerse como el defensor de la «identidad nacional». Enarbolando los Evangelios, el Crucifijo y la Carta Magna prestó un juramento que ni siquiera hubiera osado hacerlo un político democristiano en los años de la Guerra Fría: «Juro ser fiel a mi pueblo, a 60 millones de italianos y respetar las enseñanzas contenidas en la Constitución y en el sagrado Evangelio». No es casual el comportamiento de Salvini: conoce el sentimiento de rabia y profundo malestar de la Italia profunda y pretende atraer sus votos. La lista de ministros Esa misma línea sigue el Movimiento 5 Estrellas, una fuerza que se autodefine postideológica. Lo demuestra la grotesca y ridícula operación montada por Luigi Di Maio, candidato del Movimiento 5 Estrellas de Grillo, un populismo que nació como antisistema y así lo ha proclamado siempre con orgullo. Ahora, para que la opinión pública perciba que ya no son antisistema, mandó el martes por correo electrónico al presidente de la República, Sergio Mattarella, una lista con sus 17 ministros «in pectore» como si ya hubiera ganado las elecciones. Todo un resbalón institucional. Una lista, por cierto, en la que no hay nadie relevante, solo algunos oscuros profesores y nombres de segunda fila. Se comprende así que, frente a este viento populista, haya podido renacer Silvio Berlusconi. El líder histórico de la derecha no ha podido esconder su edad, 81 años, a pesar del mucho maquillaje, pero se le presenta como un moderado, sin tener en cuenta su pasado y su nunca superado grave conflicto de intereses. Europa le ve como el mal menor.
24-02-2018 | Fuente: abc.es
Choque frontal por la inmigración entre Berlín y Budapest
La mayor amenaza de voladura de la Unión Europea está en la inmigración, muy por delante de cualquier otro de los problemas comunes. Hay dos posiciones ya irreconciliables. Algunos países de Europa occidental, Alemania a la cabeza, tienen unos gobernantes que se declaran decididos a cambiar la composición social, cultural y étnica de las sociedades que gobiernan a través de la inmigración. Otros, cada vez más y especialmente en el este, plantean un rechazo frontal a dicha inmigración. Cuentan para ello con un respaldo masivo de sus respectivas poblaciones. «Si esto sigue así, el islam pronto será mayoría y Occidente se hundirá», dijo Viktor Orban en vísperas del Consejo Europeo de ayer. Ha llamado a una alianza para parar los pies a «quienes quiere destruir los estados nacionales europeos por medio de la inmigración». «Nosotros no vemos a los musulmanes como refugiados sino como invasores». Hungría anunció -entre cifras de éxito como un crecimiento del 4,8% y un paro por debajo del 4%- que su índice de fecundidad, que llegó a estar en 1,2, ha subido al 1,5 gracias a la política de familia cuyo objetivo es superar el 2,1% para lograr una pirámide de población estable. La negativa a aceptar refugiados e inmigrantes ilegales no es negociable. Se lo ha recordado el ministro de Exteriores polaco, Konrad Szymanski, a Angela Merkel que había dicho ante el Bundestag que el dinero europeo debía repartirse considerando la disposición a aceptar inmigrantes. Szymanski advierte de que si la UE intentara por mayoría en el Consejo Europeo imponer cuotas de refugiados o condicionar las ayudas financieras estipuladas «podría llevar a una grave crisis política con muy serias consecuencias para la unidad de la Unión». El rechazo a la inmigración ilegal aumenta sin cesar en todos los países europeos. En muchos causa profundos cambios políticos. También en Alemania. El agónico proceso de formación de gobierno alemán desde septiembre se debe a la irrupción en el Bundestag de la Alternativa por Alemania (AfD) surgido de la deriva de Merkel hacia la izquierda pero ante todo del rechazo a una política de inmigración con efectos traumáticos. En otros países pasa otro tanto. Es fenómeno general que las elites políticas defienden una política de inmigración que las poblaciones no respaldan. Una amenaza «existencial» Al frente de rechazo a la inmigración del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) se ha unido Austria y podría hacerlo Italia si gana allí una mayoría de la derecha en las inminentes elecciones. Viena plantea su negativa como una cuestión de supervivencia nacional que es prioridad suprema muy por encima incluso de la pertenencia a la Unión Europea. La imposición de esas cuotas de refugiados a todos los países miembros por parte de la UE, tal como pretenden tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Berlín, se considera en Varsovia como en Budapest, pero también en Praga y Bratislava, como una amenaza existencial a la nación, la cultura nacional y su soberanía y forma de vida. A la que están dispuestos a hacer frente como en su día lo hicieron con invasiones de enemigos externos.
22-02-2018 | Fuente: abc.es
Pena de muerte para los yihadistas europeos del «califato», ¿un problema menos para Europa?
En plena agonía por sobrevivir al derrumbe del «califato», decenas de terroristas de Daesh son detenidos cada día en refriegas con las fuerzas kurdo-sirias apoyadas por EE.UU. (SDF) cuando tratan de abandonar Siria. Muchos llegaron con pasaporte europeo, como los dos últimos «Beatles», la sádica banda formada por ciudadanos británicos que se encargó de martirizar, torturar y decapitar en formato televisivo a más de una decena de occidentales. Reino Unido ha aportado más de 800 «yihadistas» -la mitad ha regresado a las islas- desde que empezó la guerra siria. En Europa, Francia lidera la lista con más de 1.910 yihadistas, de los que 271 han logrado retornar a territorio francés. Todos ellos son los enemigos «número uno» de sus países: no los quieren allí por temor a más matanzas como la del Bataclan. Diecisiete años después del 11 de Septiembre, los coletazos de la guerra contra el terror iniciada por Bush continúan: ¿cómo abordar, sin vulnerar los derechos humanos y la democracia, el desafío de miles de yihadistas que quieren destrozar el modo de vida occidental? Los dos últimos «Beatles», detenidosLo más sencillo, piensan los gobiernos británico y francés, debería ser dejar a los yihadistas en Siria e Irak para que respondan allí por los crímenes cometidos. Algunos de los terroristas «europeos» se enfrentarán a la pena de muerte ante tribunales de excepción iraquíes; quienes fueron detenidos por las milicias kurdo-sirias se encuentran en un limbo de arresto indefinido; sin olvidar los retenidos bajo la vigilancia del régimen de Bashar al Assad, acusado de utilizar armas químicas contra sus opositores y de ejecutar todo tipo de torturas. Sin apenas pruebas más allá de una confesión por crímenes cometidos en bastiones como Mosul, los yihadistas capturados en Irak se enfrentan a juicios masivos que generan muchas dudas sobre si cumplen todos los estándares procesales y de derechos humanos. «Si rompen la ley en ese país deben asumir las consecuencias previstas en ese país. Ahora espero que si vemos un juicio en Irak el Gobierno francés va a hacer lo posible para que un sospechoso francés reciba un juicio justo y reclame al Estado iraquí en caso de que no reciba una protección legal y no tenga acceso a un abogado. Pero piensa qué les ocurre a muchos occidentales detenidos por tráfico de drogas en algunos países y qué margen de maniobra tienen sus Estados de origen», explica a ABC Raffaello Pantucci, director de Estudios Internacionales de Seguridad del think tank británico RUSI. Contra Irak o Siria no puede dirigirse ningún Estado por vía jurisdiccional, aclara la analista especializada en Oriente Medio y consultora Itxaso Domínguez. «Como mucho, el ciudadano europeo puede dirigirse contra su propio Estado por no haber puesto en marcha el mecanismo de protección diplomática (Corte Europea de Derechos Humanos, Al Adsani vs. Reino Unido 21 noviembre 2001), pero eso no afectaría a la sentencia emitida en Irak», agrega. El caso David Hicks, «el talibán australiano» Estados Unidos, que mantiene abierto su centro de detención extrajudicial en la Bahía de Guantánamo, ha instado a sus aliados a repatriar a sus combatientes extranjeros capturados para que puedan enfrentarse a la justicia. «Esta gente ha cometido crímenes, deben ser llevados ante la justicia y la ley. Guantánamo no es justicia. Guantánamo solo fue pensado para ser un recurso provisional. En cambio, se volvió permanente y se convirtió en un enorme dolor de cabeza sin una resolución clara», agrega Pantucci. El caso del «talibán» australiano David Hicks sigue siendo emblemático como uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad: el aumento del extremismo islámico, cómo motiva el terrorismo, el creciente poder de los actores no estatales y cómo lidiar con ellos. Detenido en diciembre de 2001 por la Alianza Norte afgana -milicias apoyadas por Irán y Turquía contra los talibán- y entregado como preso a EE.UU., que lo encerró en Guantanamo desde 2002 y 2007, según sus defensores, el joven australiano no era más que un aventurero naíf que fue a parar al lugar equivocado en el momento equivocado; pero, para los gobiernos estadounidense y australiano, Hicks se trataba de un sujeto peligroso que se entrenó en campos de entrenamiento yihadista de Al Qaida. Foto de archivo de David Hicks con un bazooka en un campo de entrenamiento - AP Como narra el libro «Detainee 002: The Case of David Hicks», el entonces veinteañero de Adelaida dejó la apacible Australia en busca de aventuras en el extranjero, terminando por abrazar el extremismo islámico de los dos principales grupos yihadistas de principios de siglo: los talibanes y Al Qaida. Hicks estuvo en Pakistán el 11 de Septiembre para luego regresar a Afganistán. Los grupos de activistas de derechos humanos consideran la Bahía de Guantánamo el Gulag del siglo XXI, donde el joven estuvo siete años retenido hasta que se declaró culpable y pudo regresar a su hogar en Australia, cumpliendo solo nueve meses de una sentencia de siete años. Hicks dijo que no buscaría una disculpa oficial por las torturas sufridas, pero sugirió que debería ser compensado con el tratamiento médico necesario para superar los traumas tras prácticas como el controvertido «waterboarding» y por haber sido golpeado repetidamente, en una ocasión durante ocho horas, a veces mientras estaba inmovilizado y con los ojos vendados. Además lo obligaron a tomar una medicación desconocida y lo sometieron a privación del sueño entre otras prácticas, según recoge Amnistía Internacional. Los tribunales civiles de los Estados Unidos dictaminaron que la acusación de proporcionar apoyo material para el terrorismo no puede considerarse un crimen de guerra en los casos en que se iniciaron acciones antes de 2006, año en el que se aprobaron nuevas leyes a este respecto. De los 30.000 yihadistas que alguna vez combatieron para el Daesh, se cree que menos de 3.000 permanecen en Siria e Irak, escondiéndose en el desierto y luchando por su supervivencia. Los yihadistas franceses, los de mayor número de Europa occidental, se enfrentan a juicios en países altamente inestables ante el grave riesgo de que puedan escapar y reagruparse para cometer atentados nuevamente. Repatriarlos y juzgarlos en Francia amenazaría la estabilidad del sistema carcelario francés, en plena crisis por sus condiciones de hacinamiento y radicalización de sus presos. Las cárceles francesas no parecen preparadas para acoger a centenares de presos como el único terrorista vivo de la célula de los atentados de París, Salah Abdeslam, que, a la espera de juicio, se encuentra recluido en aislamiento en la prisión de Fleury-Mérogis (París) tras haber sido detenido en Bruselas en marzo de 2016. El presidente francés Emmanuel Macron dijo en noviembre que se examinará «caso por caso y dependiendo de su implicación en Daesh» el destino de las mujeres y los niños que se unieron al autodenominado Estado Islámico y se encuentran arrestados en Irak. «Estas mujeres han luchado contra Francia. No fueron a Irak para hacer turismo. Fueron para luchar contra nuestros valores», apuntó el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian. «El problema de la falta de capacidad de las prisiones francesas es conocido; lo mismo va con el miedo que tienen las autoridades francesas de ver a unos presos influenciar a la ideología y a la mente de otros presos; pero eso no justifica ? ni soluciona ? la necesidad para Francia de clarificar su posicionamiento hacía los yihadistas de nacionalidad francesa desde un punto de vista jurídico», sostiene el fundador de la consultora de seguridad Stractegia, Barah Mikail. Radicalizados anónimos, desafío para España El sectarismo entre chiíes y suníes es un tema que puede aprovechar Daesh para volver con fuerza. Retirar los pasaportes, como ya hiciera el gobierno británico, «no es necesariamente una solución, solo algo temporal, que no aborda el problema de fondo», considera el director de RUSI. Los Estados tienen prohibido privar a un individuo de su ciudadanía si hacerlo le convierte en apátrida. «Se permitirían excepciones limitadas en virtud de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, cuando la conducta resulta 'gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado'. Es más, el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 prohíbe la privación de nacionalidad, incluso por este último motivo, si esto convierte al individuo en apátrida. Al final hay que tener en cuenta que aunque los derechos humanos sean universales, la condición de ciudadanos de un Estado es fundamental, en muchos casos, para ejercitarlos o reclamarlos», aclara Domínguez. El problema de los retornados afecta de manera distinta a cada país, no es lo mismo Rusia, que ha «exportado 8.000», que España -200 identificados como los que se han ido para allá-, según datos del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya. «La reacción no va a ser la misma. No hay que contar con que todos vayan a volver. Daesh continúa activo en Oriente Próximo y muchos seguirán allí. Se están abriendo nuevos frentes en lugares como el Sahel, pero también hay llamadas desde Birmania con los Rohingya, para que vayan allí a echar una mano a los que consideran castigados por los budistas», estima el director del instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria (IECAH), Jesús A. Nuñez. En el caso español, más preocupante -afirma Nuñez- parecen ser los radicalizados sin identificar ni rastrear (que no fueron a Siria) y que pueden causar atentados como el de Barcelona y Cambrils. «Lo que vemos como tendencia general es eliminarlos mientras estén allí. Rusia va por delante pero también otros países, lo digan o no lo digan directamente pero prefieren que estos individuos no lleguen a poner los pies en territorio nacional. O miran para otro lado si alguien los elimina o dedican parte de su esfuerzo, dado que algunos están implicados militarmente allí, para intentar que no lleguen nunca a retornar», subraya el director del IECAH. En octubre, el entonces ministro de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, dijo que los británicos que fueran a luchar junto a Daesh entrarían dentro de los «objetivos legítimos» de los bombardeos de la coalición; mientras que la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, siguió la línea de su homólogo y reconoció en una entrevista que «si los yihadistas mueren en combate, sería lo mejor para nosotros». Imagen de una de las yihadistas francesas más conocidas, Emilie König, detenida por fuerzas kurdas en SiriaLos yihadistas, frente al derecho internacional y los derechos humanos Entrevista a Itxaso Domínguez, analista especializada en Oriente Medio ?En caso de que un ciudadano francés sea condenado a muerte en Irak, ¿puede recurrir a algún tribunal supranacional o de DD.HH.? ?Contra Irak o Siria no puede dirigirse ningún Estado por vía jurisdiccional. Como mucho, el ciudadano europeo puede dirigirse contra su propio Estado por no haber puesto en marcha el mecanismo de protección diplomática (Corte Europea de Derechos Humanos, Al Adsani vs. Reino Unido 21 noviembre 2001), pero eso no afectaría a la sentencia emitida en Irak. ?¿Francia puede desentenderse de menores hijos de yihadistas franceses que estén en Siria? ?En lo que al Derecho Internacional respecta, se supone que no pueden desentenderse, de acuerdo con principalmente la Convención de los Derechos del Niño de 1989. El problema, como seguro que ya has podido ver, es la identificación/reconocimiento de los mismos. ?¿Hay riesgo de apatridia si se les retira el pasaporte? ?Los Estados tienen prohibido privar a un individuo de su ciudadanía si hacerlo le convierte en apátrida. Se permitirían excepciones limitadas en virtud de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, cuando la conducta resulta 'gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado'. Es más, el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 prohíbe la privación de nacionalidad, incluso por este último motivo, si esto convierte al individuo en apátrida. Al final hay que tener en cuenta que aunque los derechos humanos sean universales, la condición de ciudadanos de un Estado es fundamental, en muchos casos, para ejercitarlos o reclamarlos. De todas formas, si un Estado revoca la ciudadanía de un individuo cuando éste está en el extranjero, ésto no elimina la jurisdicción del estado a efectos de protección de sus derechos humanos (Corte Europea de Derechos Humanos caso Hirsi Jamaa y otros vs. Italia 23 febrero 2012) No sé si aquí tendría sentido añadir que aunque se hayan convertido en apatridas, si esos yihadistas han vuelto a Francia no pueden ser mandados a un Estado donde su vida o sus derechos fundamentales corran peligro (como puede ser el caso en Iraq o Siria) en virtud del principio de non refoulement. La Corte Europea de Derechos Humanos (Caso Saadi vs. Italia 28 febrero 2008.) se ha pronunciado de hecho el respecto, dejando claro que se trata de un principio absoluto, aunque se trate de un terrorista que pueda poner en peligro intereses vitales del país en el que se encuentra.
05-02-2018 | Fuente: abc.es
Polonia trata de blindar la verdad histórica del Holocausto
Quién afirme que existieron los «campos de concentración polacos» durante el Holocausto incurre en un delito en Polonia que está penado con hasta tres años de cárcel. Ninguna advertencia de dentro y fuera de sus fronteras ha impedido que Polonia aprobara la controvertida ley sobre el Holocausto que establece esta pena. Desde hace muchas décadas, las autoridades polacas de muy diverso signo y la propia sociedad civil protestan airadamente siempre que alguien, véase el presidente norteamericano Barack Obama en 2012, habla de «campos de concentración polacos» o «campos de exterminio polacos». Ha sucedido con frecuencia. Y las protestas tienen toda la razón. Es una monstruosidad histórica. Porque los campos estaban en Polonia pero no eran polacos. Definirlos como tales implica una imputación a Polonia que es falsa, injusta y gravemente injuriosa. Los campos de concentración y exterminio habidos en los territorios polacos de antes y después de la Segunda Guerra Mundial eran campos nazis alemanes, concebidos, construidos, organizados, gestionados y dirigidos exclusivamente por las tropas de ocupación de la Alemania nazi y sus colaboradores. Pero la controversia sobre la ley no surge de que ese hecho incuestionable sea puesto en duda. Sino del temor a que la ley que limite la libertad para recordar otras facetas como la colaboración de polacos en el exterminio de los judíos de Europa central y oriental. Polonia fue la principal víctima de la vesania criminal nazi, pero en los casi seis años de ocupación hubo por supuesto casos de colaboración de la población civil con el ocupante nazi alemán. Especialmente en la persecución de judíos alimentada por un antisemitismo extendido por Centroeuropa. Como por Europa occidental. La colaboración con el nazismo en Polonia fue mínima si se compara con la habida en Francia, Bélgica u Holanda. Siendo la brutalidad de la ocupación alemana infinitamente mayor en Polonia que en los países europeos occidentales. La ley dice que será perseguido «todo el que atribuya al Estado o a la nación polaca alguna responsabilidad en los crímenes del Tercer Reich alemán», y permite una discrecionalidad peligrosa que va más allá de la mentira de los «campos polacos». Israel ha protestado con tanta vehemencia contra esa ley que ha desencadenado una crisis diplomática. También sufren las relaciones con Washington, el gran aliado estratégico de Varsovia, aun por encima de la UE. Polonia vuelve así al centro de críticas internacionales. Lo está a veces por el mero hecho de tener un gobierno conservador, ideológicamente lejano a los consensos socialdemócratas el núcleo de UE. Pero ahora el malestar afecta también a quienes en EE.UU., Europa e Israel ven con simpatía a un gobierno polaco derechista que se resiste al seguidismo de la política culturalmente izquierdizante que domina en la UE. Combatir la mentira por ley lleva directamente al infierno. Porque utilizar la ley para imponer hechos históricos genera más problemas de los que soluciona. También Israel, ahora iracunda con Polonia, tiene leyes que persiguen penalmente cuestionar el genocidio y los crímenes contra judíos. Pero ahí también hay zonas grises y agujeros negros. Como los crímenes contra judíos cometidos por judíos colaboracionistas de los nazis. La primera piedra en ese empedrado maldito está en las leyes contra el negacionismo surgidas de las órdenes de las fuerzas aliadas de ocupación en Alemania y Austria tras 1945. Negar el Holocausto se consideró delito porque se entendía como intento de rehabilitación y reactivación (Wiederbetätigung) del nazismo. A partir de ahí, el negacionismo está prohibido en muchos países pese a quienes creen que este tipo de leyes hacen menos bien que mal. Al abusarse de ellas para recortar libertades de expresión, opinión e investigación. Caso extremo, insólito en Europa es la nueva Ley de Memoria Histórica que presentó el PSOE en el Congreso y que pretende imponer con draconianas penas de cárcel e inhabilitación una determinada visión de la historia de España en el siglo XX. Esa ley no parte de la defensa de una verdad histórica como la ley polaca, sino de la voluntad de reprimir toda verdad histórica que no convenga a la versión frentepopulista de república, guerra civil y franquismo. Blindar la verdad con leyes como en Polonia es peligroso. Aún lo es más blindar la mentira como quieren hacer en España.
19-01-2018 | Fuente: elpais.com
Trump lastra la imagen de EE UU como líder mundial
La valoración de la potencia cae sobre todo entre sus aliados de Europa occidental y América
12-09-2017 | Fuente: abc.es
El partido conservador repite legislatura en Noruega
Con el 95% de los votos escrutados, el bloque conservador del Gobierno noruego repite legislatura, un hecho inédito desde hace 30 años. A pesar que los partidos rojiverdes en la oposición ?los laboristas del Ap, Los Verdes, los socialistas de Izquierda y los centristas del Sp? han obtenido 7000 votos más que la coalición de Gobierno, la madrugada de este martes, el sistema electoral de Noruega ha dado la victoria a la primera ministra Erna Solberg, con 89 escaños contra 80 en el Storting ?el Parlamento unicameral noruego?. Solberg, de las filas conservadoras de Høyre, gobierna en minoría con los ultraderechistas euroescépticos del FrP ?el primer partido xenófobo gobernante en Europa? con apoyos puntuales de los democristianos euroescéticos del KrF y los liberales de Venstre. «Esta elección es una gran decepción para el partido laborista» ha dicho el millonario candidato a primer ministro Jonas Gahr Støre (Ap) a pesar que los laboristas se mantienen como el partido más votado desde 1927. Støre pretendía gobernar con el bloque de partidos rojiverdes como lo hizo el antecesor de Solberg entre 2005 y 2013, el actual secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. No serán unas negociaciones sencillas para Solberg ya que los cuatro partidos se han enfrentado de frente en temas medioambientales o acerca de las migraciones, en gran parte debido a la retórica xenófoba de la ministra de Inmigración Sylvi Listhaug (FrP). Con la crisis económica y de refugiados, la caída del precio del petróleo ?Noruega es el principal productor de petróleo de Europa occidental? y la matanza de Anders Breivik en julio de 2011 como telón de fondo de la recuperación económica del país escandinavo, el bloque de Gobierno vuelve a Gobernar con casi la mitad de los votos (1.408.592 del 95,1% escrutado). 3,7 millones de ciudadanos noruegos fueron llamados ayer a elegir a los 169 diputados que componen el Storting en unas elecciones muy ajustadas en el que el gran perdedor ha sido el Ap, con su peor resultado desde 1924. El panorama político noruego sufrió un importante cambio como consecuencia de las elecciones legislativas de 2013: aunque los laboristas siguieron siendo los más votados con 31% y 55 escaños en el Storting, perdieron un importante número de apoyos y sus socios en el Gobierno de coalición que dirigía el país desde 2005 obtuvieron unos resultados mediocres. El pasado lunes, la agrupación rojiverde repuntó ligeramente pero el Ap se desplomó perdiendo 3,4% de votos en comparación a 2013. La fuerza política que más ha crecido ha sido el Sp, de corte centrista pro descentralización y euroescéptico.
12-09-2017 | Fuente: abc.es
La «premier» conservadora noruega, Erna Solberg, camino de repetir mandato
Sonriendo y de azul llegó ayer la primer ministra de Noruega, Erna Solberg, al hotel SAS de Oslo para conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas del país escandinavo. Con el 40,8% de los votos escrutados, al cierre de esta edición, su bloque obtenía 89 escaños frente a los 79 de la oposición. Con la crisis económica y de refugiados, la caída del precio del petróleo -Noruega es el principal productor de Europa occidental- y la matanza de Anders Breivik en julio de 2011, como telón de fondo de la recuperación económica del país escandinavo, la coalición en el Gobierno -los conservadores de Høyre y los ultraderechistas euroescépticos del FrP- están en camino de volver a gobernar y los laboristas del Ap a ser oposición. Casi cuatro millones de noruegos fueron llamados este lunes a elegir a los 169 diputados que componen el Storting -el Parlamento unicameral noruego- en unas elecciones muy ajustadas. Las alternativas de gobierno más verosímiles son dos: repetir la coalición de FrP y conservadores, o estos últimos con Los Verdes, repitiendo Solberg como primera ministra en ambos casos. La alternativa que pierde peso es una coalición de los laboristas con alguno de sus socios tradicionales. Que en Oslo continúe gobernando una coalición de derechas -con apoyos puntuales de los democristianos euroescéticos del KrF y los liberales de Venstre- es algo que no ha sucedido en más de tres décadas. La llave de estas elecciones está en los pequeños partidos, especialmente en Los Verdes que están abiertos a alianzas tanto con conservadores como laboristas, aunque nunca con el FrP.
12-09-2017 | Fuente: abc.es
La «premier» conservadora noruega, Erna Solberg, repite mandato
Sonriendo y de azul llegó ayer la primer ministra de Noruega, Erna Solberg, al hotel SAS de Oslo para conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas del país escandinavo. Con el 94% de los votos escrutados, su bloque obtenía 89 escaños frente a los 79 de la oposición. Con la crisis económica y de refugiados, la caída del precio del petróleo -Noruega es el principal productor de Europa occidental- y la matanza de Anders Breivik en julio de 2011, como telón de fondo de la recuperación económica del país escandinavo, la coalición en el Gobierno -los conservadores de Høyre y los ultraderechistas euroescépticos del FrP- están en camino de volver a gobernar y los laboristas del Ap a ser oposición. Casi cuatro millones de noruegos fueron llamados este lunes a elegir a los 169 diputados que componen el Storting -el Parlamento unicameral noruego- en unas elecciones muy ajustadas. Las alternativas de gobierno más verosímiles son dos: repetir la coalición de FrP y conservadores, o estos últimos con Los Verdes, repitiendo Solberg como primera ministra en ambos casos. La alternativa que pierde peso es una coalición de los laboristas con alguno de sus socios tradicionales. Que en Oslo continúe gobernando una coalición de derechas -con apoyos puntuales de los democristianos euroescéticos del KrF y los liberales de Venstre- es algo que no ha sucedido en más de tres décadas. La llave de estas elecciones está en los pequeños partidos, especialmente en Los Verdes que están abiertos a alianzas tanto con conservadores como laboristas, aunque nunca con el FrP.
11-09-2017 | Fuente: abc.es
Abren los colegios electorales en Noruega en unas elecciones que pronostican gran igualdad entre los bloques
Los colegios electorales abrieron hoy en la mayor parte de Noruega a las 9.00 hora local (7.00 GMT) para iniciar una jornada en la que el bloque gubernamental de derecha y la oposición aparecen igualados en los pronósticos para estos comicios legislativos. Unos 3,7 millones de noruegos están llamados a las urnas para elegir a los 169 diputados que componen el Storting (Parlamento), en unas elecciones en las que los colegios cerrarán a las 21.00 hora local (19.00 GMT). Dos cuartas partes de los ayuntamientos ya habían permitido ayer votar ?una posibilidad que aprovechó por ejemplo el líder opositor, el laborista Jonas Gahr Støre?, mientras que algo más de un millón de electores lo han hecho de forma anticipada, una cifra récord. Los sondeos difundidos en los últimos días apuntan a una gran igualdad entre los dos bloques, con ligera ventaja para la derecha, un panorama en el que los indecisos y el papel de los pequeños partidos, oscilando en torno a la barrera mínima del 4%, podría ser decisivo. La derecha recortó en las primeras semanas de campaña la clara ventaja que el bloque opositor había tenido en los meses previos y se puso por delante, aunque las encuestas más recientes apuntan a una recuperación del centroizquierda. Tal es la igualdad que el Partido Laborista, el más votado desde 1924, envió ayer un mensaje de texto a medio millón de electores pidiéndoles el voto, una medida inédita y que ha generado críticas. La remontada en los sondeos del bloque gubernamental coincide con la recuperación económica de Noruega, principal exportador de petróleo y gas de Europa occidental y que sufrió el desplome de los precios del crudo en otoño de 2014. A ello hay que añadir la mayor confianza que despierta, según los sondeos, Solberg, al frente de un gobierno en minoría y por primera vez en Escandinavia con una fuerza ultraderechista en el ejecutivo, el Partido del Progreso (Frp). La campaña ha estado dominada por temas como los impuestos, el bienestar, la inmigración o el medio ambiente.
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