Infortelecom

Noticias de dinero

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un juez cita a declarar a la expresidenta argentina Cristina Fernández
Un juez de Argentina citó hoy a prestar declaración indagatoria en noviembre próximo a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) dentro de una causa por presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Según informaron fuentes jurídicas, la decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini, quien también llamó a prestar declaración indagatoria a Máximo y Florencia Kirchner, hijos de Cristina Fernández y del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007). Deberán además comparecer el empresario Lázaro Báez y otros 20 imputados en la causa, que tiene en la mira a la empresa Hotesur, dedicada al sector inmobiliario y participada por la exmandataria. La ronda de declaraciones indagatorias, que había sido solicitada en mayo pasado por los fiscales del caso, dará inicio en octubre próximo y concluirá el 20 de diciembre. Cristina Fernández debe presentarse el 9 de noviembre, mientras que su hijo mayor, Máximo, tendrá que comparecer el 13 de noviembre y Florencia Kirchner el 15 de noviembre. La asistencia de la expresidenta a los tribunales se dará pocas semanas después de la celebración los comicios legislativos programados para el 22 de octubre en Argentina, en los que Fernández aspira a obtener un escaño en el Senado, en el que podría sentarse desde el 10 de diciembre si gana. En su resolución de hoy, publicada por el Centro de Información Judicial, el juez Ercolini, además de convocar a Fernández a prestar declaración indagatoria, resolvió mantener la inhibición de bienes que pesa sobre la exmandataria. A finales de mayo pasado, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado al juez convocar esta ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investigan supuestos pagos a los Kirchner por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por Hotesur. El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la exmandataria y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa. La diputada aseguró que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento «fantasma» usado en su momento por el matrimonio Kirchner para supuestos negocios irregulares junto a Lázaro Báez -detenido desde abril de 2016 en otro caso por presunto lavado de dinero-. En su resolución de hoy, el juez describe una serie de «maniobras» que, afirma, «fueron diseñadas y pergeñadas principalmente por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La exfiscal general venezolana huida denuncia que Maduro ha enviado sicarios en su busca
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz asegura en una entrevista a la revista alemana «Der Spiegel» que ni tras haber abandonado su país se siente segura, porque sabe que han mandado «sicarios» en su busca. En su primera entrevista desde que abandono Venezuela, que avanzó hoy la publicación alemana pero que se difundirá íntegra mañana, Ortega reitera también que tiene documentos que prueban que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se enriqueció fraudulentamente con fondos públicos. «Tengo informaciones de que se han mandado sicarios a por mí», dice la ex fiscal general, quien añade que recibió «varias amenazas» antes de decidirse a abandonar Venezuela. No obstante, se mostró dispuesta a seguir luchando por su país desde el extranjero. Además, Ortega reiteró que tiene documentos comprometedores que contienen acusaciones serias y demostrables contra Maduro, en los que se apunta que obtuvo dinero público, destinado en un primer momento a la compra de alimentos, a través de una empresa mexicana. También señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó 100 millones de dólares a familiares de Diosdado Cabello, el hombre fuerte de la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, a través de una compañía española. «Estamos ante un grupo de gente que no son hombres de Estado, sino criminales», destacó Ortega. La exfiscal general explicó que decidió abandonar Venezuela cuando el Gobierno pidió el encarcelamiento de su marido, el diputado Germán Ferrer, que según la nueva Fiscalía lideró una trama millonaria de extorsión que operaba desde el Ministerio Público. Sobre como se marchó no quiso dar detalles, para no poner en evidencia a las personas que le prestaron ayuda. Asimismo, la exfiscal general venezolana instó a la comunidad internacional a incrementar la presión que ejerce sobre el Gobierno venezolano. Ortega, acusada de traición por el Gobierno de Maduro, abandonó Venezuela esta semana y denunció desde Brasilia supuestas prácticas corruptas de los dirigentes chavistas. Agregó en declaraciones a la prensa que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, «para que se investigue» en «virtud del principio de jurisdicción universal».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
EE.UU. actúa contra los bonos de Venezuela para ahogar al régimen de Maduro
En su escalada de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos abrió ayer la esperada ronda de sanciones económicas. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos o entidades financieras de EE.UU. la compra de nueva deuda y otros activos del Estado venezolano o de su petrolera nacional, PDVSA, cuya emisión de bonos es la principal fuente crediticia nacional. El decreto también prohíbe la compra de bonos en el mercado secundario, en el caso de que el sector público venezolano sea el propietario, y el pago de dividendos al Gobierno de Caracas. Con ello, el ahogo financiero de Venezuela, ya en serias dificultades en sus cuentas, va a acentuarse drásticamente. La Casa Blanca calificó las nuevas sanciones de «duras». Las medidas no solo afectan al mercado de bonos, sino que también se dirigen directamente al sector petrolero. De momento establece una amenaza de que en treinta días puede establecer una prohibición de importar crudo de Venezuela o exportar productos refinados a ese país, aplicada únicamente a Citgo, empresa del mercado estadounidense que es propiedad de PDVSA. Aunque según esa amenaza por ahora EE.UU. no cancelaría completamente su negocio petrolero con Venezuela (la presión ejercida por varias compañías de capital estadounidense han impedido que se sugiera un embargo completo), ese comercio se vería muy afectado, ya que Citgo es el principal actor de esas transacciones y principal generador de los ingresos efectivos que por petróleo obtiene Venezuela. El decreto da a Citgo treinta días para dejar de importar y exportar crudro y productos refinados que tengan a Venezuela como destino u origen. En previsión de la decisión que ayer iba a desvelar la Casa Blanca, Maduro comunicó a última hora del día anterior que el hasta ahora presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, retomaba el puesto de ministro de Petróleo. Se supone que desde ese puesto estará en mejores condiciones para dialogar con Gobiernos de otros países en la búsqueda de nuevos mercados para el petróleo venezolano. En el decreto, la Casa Blanca afirma que la «dictadura de Maduro premia y enriquece a funcionarios corruptos», que están «saqueando los bienes de la nación» y llevándola al borde de la quiebra. Añade que ahora esos dirigentes «están acudiendo a sistemas de financiación opacos y liquidando los bienes del país a precio de saldo». Esas palabras justificarían que Estados Unidos actúe contra los instrumentos financieros que están sustentando el régimen y beneficiando personalmente en muchos casos a sus propios dirigentes. Diversas investigaciones han apuntado que la corrupción chavista ha utilizado la emisión de bonos para el enriquecimiento personal y el lavado de dinero. Hasta ahora Washington solo había promovido sanciones personales, aplicadas a dirigentes chavistas que se han significado en el abuso de derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico. Entre las personas afectadas, a las que se congelan los posibles bienes que puedan tener en Estados Unidos, se encuentra el propio Nicolás Maduro. Desde que Maduro anunció la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, en un proceso ilícito, Trump ha amenazado al Gobierno venezolano con sanciones económicas. Los 750.000 barriles diarios de petróleo que PDVSA exporta a Estados Unidos suponen los principales ingresos por petróleo que obtiene Venezuela en su presupuesto anual. El resto de crudo que exporta, salvo el contratado con India, o bien ya está cobrado, como en el caso del enviado a China a cambio de créditos ya obtenidos, o bien se ofrece en condiciones por debajo de las del mercado a los países del Caribe. Más de un tercio del petróleo venezolano que llega a Estados Unidos es importado por Citgo. El resto lo compran empresas como Valero, Chevron y Phillips 66, que podrán seguir importándolo por la excepción que establece la Casa Blanca para «no dañar» esos intereses estadounidenses. Se trata de compañías cuyas refinerías del Golfo de México están en parte adaptadas al petróleo pesado y extrapesado de Venezuela, y a las que les resultaría complejo buscar otro suministrador. De todos modos, fuentes conocedoras de los planes de contingencia elaborados por la Administración Trump no descartan que más adelante puede decretarse un embargo completo para el petróleo venezolano. Entre otras medidas que también están en la recámara de la Casa Blanca se encuentra la prohibición de que PDVSA puede utilizar el dólar en sus operaciones comerciales, alegando que se ha convertido en un instrumento de lavado de dinero. Eso estrangularía casi definitivamente a la compañía estatal. El mismo día que en Washington se anunciaban las nuevas sanciones, en Nueva York se sabía que un alto tribunal de la capital financiera estadounidense ha aprobado el embargo de 1.202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en una cuenta del Banco Nueva York Mellow. El juez falló a favor de la multinacional canadiense Crystallex International Corporation, que mantenía una querella contra el Gobierno venezolano por la expropiación de los bienes y activos que tenía en Venezuela y que fue ordenada por Hugo Chávez. El monto embargado afecta a un dinero perteneciente al Estado venezolano que iba a ser pagado a Northrup Grumman Ship Systems por la reparación de unos buques del Miniterios de Defensa.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Diosdado Cabello, sin vía de escape
Diosdado Cabello, el hombre fuerte de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, ha perdido en las cortes de Estados Unidos un juicio que por los mismos supuestos ha evitado en España. El golpe a su credibilidad como fervoroso dirigente de la desastrosa revolución bolivariana, ha sido tan devastador que aún no ha podido reaccionar públicamente. La semana pasada, la corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York declaró sin lugar su demanda por difamación contra la corporación Dow Jones, propietaria del diario «The Wall Street Journal», introducida a raíz de la publicación de un reportaje según el cual Cabello y otros altos funcionarios del Gobierno venezolano estarían siendo investigados en EE.UU. por tráfico de drogas y lavado de dinero. En su edición del 19 de mayo de 2015, los periodistas José de Córdoba y Juan Forero suscribieron un texto titulado: «Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir a su país en centro mundial de cocaína». Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional (hoy disminuida en sus facultades, único reducto de poder en manos de la oposición), no pudo demostrar que una unidad de élite de la agencia antidrogas y fiscales de Nueva York y Miami no lo estaban investigando, tampoco que hubo malicia y mala fe de parte del prestigioso diario estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha engordado en los últimos meses su llamada Lista Clinton, a la que ha añadido al presidente de Venezuela (Nicolás Maduro), el vicepresidente (Tareck el Aissami), el titular del Poder Moral (Tarek Williams Saab), el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Mikel Moreno) y la presidenta del Poder Electoral (Tibisay Lucena). A todos ellos, junto a decenas de otros altos funcionarios gubernamentales y jefes militares, les han sancionado con bloqueo y embargo de sus cuentas bancarias en EE.UU., pérdida de visados y prohibición de movilización de activos, medidas que se extienden a familiares y sujetos considerados testaferros o afines. Para intriga de muchos en Venezuela, el número 2 del régimen no ha sido incluido aún en la lista de sancionados. Pero esta sentencia definitiva e inapelable de una corte de Manhattan y la circunstancia de que ahora es el «líder operativo» de una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido desconocida ?por fraudulenta en su origen y en sus actos? tanto por Estados Unidos como por una docena de países, incluyendo España, le otorgan a Diosdado Cabello el palmarés suficiente para engrosarla, aún cuando formalmente no haya sido acusado de algún delito. Periódicos de ayer La primera noticia documentada sobre las relaciones de Diosdado Cabello con el narcotráfico internacional (Cártel de los Soles) fue publicada en ABC el 27 de enero de 2015, suscrita por su corresponsal en Washington Emili J. Blasco. Decenas de medios y agencias de noticias internacionales la reprodujeron en todo el mundo. Cuatro meses después «The Wall Street Journal» la ratifica y amplía. Pero nunca se atrevió a demandar por difamación a este diario español. En su lugar, sí presentó querellas civiles y penales contra tres medios venezolanos que reprodujeron tales informaciones. En su sentencia de 26 páginas, la juez de distrito Katherine Forrest ha establecido que Cabello no había cuestionado adecuadamente la esencia o el contenido subyacente en las informaciones que lo señalaban como investigado por su posible participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Es decir, no desvirtuó la falsedad material del señalamiento como el «objetivo principal» de las investigaciones en Estados Unidos. La juez también indicó que, en tanto figura pública relevante, Cabello no pudo certificar que el WSJ hubiera publicado su reportaje con conocimiento de alguna falsedad o con imprudente desprecio por la verdad, que es el estándar legal para acreditar que pudo haber actuado con malicia real. A pesar de haber sido advertido de tales fallas en la construcción de la demanda, luego de dos intentos de recomponer los alegatos, Cabello no logró satisfacer los requerimientos de la justicia. Según él, la publicación dañaba su reputación, y por tanto exigía una indemnización pecuniaria, que nunca cuantificó. La sentencia de Nueva York se conoció en Caracas el miércoles 16 de agosto. Esa noche, durante cuatro horas continuas en la televisión estatal, en su programa «Con el mazo dando», Cabello se dedicó a amenazar a la oposición política, a denostar de la depuesta fiscal general Luisa Ortega Díaz, a reiterar lealtad a Chávez, a denunciar personas que al día siguiente fueron detenidas por los cuerpos de seguridad y a alardear de supuestas acciones militares contra el tráfico de drogas. En ningún momento se refirió a su nuevo estatus: ganador en buena lid de boleto de ingreso a la Lista Clinton.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Trump habría negociado construir un hotel en Rusia cuando era candidato presidencial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negociaba la construcción de «una enorme Trump Tower en Moscú» cuando ya era candidato a la Casa Blanca, segñun informa el diario The Washington Post. El rotativo, que cita como fuentes a personas familiarizadas con la propuesta y registros revisados por los abogados de la empresa de Trump, asegura que dichas negociaciones se llevaron a cabo a finales de 2015 y principios de 2016, después de que Trump anunciase oficialmente su candidatura a la presidencia el 15 de junio de 2015. Como parte de las discusiones, según el diario, el promotor inmobiliario de origen ruso Felix Sater instó a Trump a viajar a Moscú para promocionar la propuesta y sugirió que podría hacer que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera «grandes cosas» sobre él. Aunque Trump no llegó a viajar a Rusia. Sater, nacido en la Unión Soviética y criado en Nueva York desde los ocho años, dijo en un correo electrónico fechado en noviembre de 2015 que pronto estarían celebrando el logro de ese negocio en Moscú y la elección de Trump como presidente. El Post asegura que finalmente el proyecto se abandonó debido a que los inversores carecían de los terrenos y permisos para proceder, aunque llegaron a firmar una carta de intenciones con la empresa inmobiliaria de Trump. Sater, a quien los medios estadounidenses atribuyen una vieja relación empresarial con Trump, fue condenado a prisión en 1990 por fraude y ocho años después fue acusado de conspirar con la mafia para blanquear dinero y defraudar a unos inversores. En declaraciones al diario The New York Times, Trump se mostró sorprendido de que Sater hubiera sido condenado por fraude. Además, en julio de 2016, cuatro meses antes de las elecciones, Trump negó tener conexiones comerciales con Rusia con un tuit: «Para que conste, tengo cero inversiones en Rusia». The Washington Post destacó que estos documentos, que muestran que Trump perseguía activamente intereses comerciales en Rusia al tiempo que hacía campaña para ser presidente de EE.UU., un puesto desde el que determinaría las relaciones con esa potencia, serán entregados próximamente a los investigadores del Congreso. El Congreso de Estados Unidos y un fiscal nombrado especialmente para esta tarea investigan las presuntas maniobras de Moscú para intentar influir en las elecciones estadounidenses de 2016 y si la campaña electoral del republicano Trump estuvo confabulada con el Kremlin para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Los ultras de AfD llevarán a Merkel ante los tribunales
«La ley, Dublín III, dice que los refugiados que llegan a Europa no pueden irse a un tercer país, tienen que solicitar asilo allí donde llegan. Y Merkel conscientemente incumplió esa ley en el verano de 2015. Por eso consideramos que, como cualquier ciudadano que incumple la ley, Merkel debe responder como persona privada ante los tribunales», ha defendido la candidata del partido anti europeo y anti extranjeros Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ante los corresponsales extranjeros en Berlín. «Lo primero que vamos a hacer es iniciar una comisión de investigación en el Parlamento alemán, en el Bundestag, que se ocupe de las violaciones de la ley no solo en relación con la crisis de refugiados sino también en relación con la política de rescates europeos». La gran novedad de las elecciones generales que se celebrarán en Alemania el 24 de septiembre es que, por primera vez y según avanzan las encuestas, obtendrá escaños en el Bundestag un partido anti euro que defiende la salida de Alemania de la moneda única y que está dispuesto a utilizar su presencia parlamentaria para judicializar políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Merkel, como la operación de acogida a los refugiados en el peor momento de la crisis o los rescates europeos también en el momento más difícil de la crisis del euro. «Corresponde que Merkel, a título personal, comparezca ante un tribunal alemán y explique las infracciones jurídicas», ha amenazado. Las encuestas no prevén que AfD llegue al 10% de los votos, después de meses anteriores en los que llegaron a otorgarle un 15%, pero será suficiente con alcanzar el 5% que abre la puerta del Bundestag y esa es la meta que actualmente maneja el partido. Se trata de una formación política muy minoritaria y que amasa en sus filas diferentes grupos con diferentes ideas, juntos solamente por la perspectiva de poner un pie en el parlamento. Weidel, por ejemplo, se distancia de la retórica de su co-candidato, en una candidatura bicéfala y próxima a la doble personalidad que comparte con Alexander Gauland. El pasado fin de semana, Gauland se refirió a la ministra de Estado Aydan Özoguz Verteidigt, de familia turca, en términos que Alice Weidel no aprueba. Özoguz había declarado que «más allá de la lengua no hay una cultura específicamente alemana discernible» y Gauland respondió en un acto electoral: «Eso es lo que dice una turco-alemana. Invitadla a Eichsfeld y mostradle lo que es la cultura alemana específica. Después de eso no volverá a venir por aquí y podremos disponer de ella, gracias a Dios, en Anatolia». Ante la prensa extranjera, Weidel afea esa frase, califica ese lenguaje de «discutible» y precisa que ella sí considera legítima la presencia en Alemania de «extranjeros altamente cualificados» o «constructivos económica y socialmente hablando». Y pone como ejemplo a su propia pareja. Weidel mantiene desde hace años una relación homosexual con Sarah Bossard, de procedencia asiática, mujer con la que reside en Suiza y con la que comparte la custodia de dos hijos. «En palabras claras, lo que no queremos son personas que vienen a vivir del Estado y en sociedades paralelas», resume. Tampoco comparte con Gauland y la mayoría de la directiva del partido la decisión de hacer campaña con el cartel electoral en el que aparece solamente el trasero de tres señoritas con un escueto traje de baño junto al lema «¿Burka? Estamos a favor del bikini». Su perfil homosexual y sus límites a los extremismos sirve a Widel para atraer un voto liberal no afín a la extrema derecha que sigue a Gauland. «Yo estoy en contra de todo tipo de extremismos, tanto islamistas, como de izquierda, como de derecha», dice, «aunque considero injusto que se dediquen esas grandes cantidades de dinero estatal a campañas contra la extrema derecha y al mismo tiempo se subvencionen movimientos que alimentan la extrema izquierda que después despliega su violencia, como pasó en Hamburgo durante el G20». Pero a pesar de las diferencias entre los dos líderes de AfD, hay algo en lo que ambos están plenamente de acuerdo: quieren terminar con el euro y con la UE tal y como los conocemos. Gauland militó durante largo tiempo en la CDU de Merkel y que abandonó ese partido asqueado por los rescates europeos en plena crisis del euro. Weidel, que nunca había pertenecido a ningún partido, reconoce que entró en política precisamente por el mismo motivo. «Los tratados europeos son muy claros, ningún Estado puede responder por la deuda de otro, y eso es exactamente lo que está pasando. Y está muy claro para mí que se está violando la Constitución alemana». Tampoco está dispuesta a pasar por alto las políticas del italiano Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE). «El BCE no puede monetarizar la deuda de los Estados, no tiene competencia para eso. Lo que está haciendo es utilizar un truco, no compra deuda directamente a los estados, sino a los bancos que previamente la adquirieron, pero está claro que no se atiene al sentido de la ley», denuncia, sugiriendo también la posibilidad de llegar a los tribunales con este asunto. Y está dispuesta a llevar todo este argumentario a la vida parlamentaria alemana desde un puesto privilegiado. Antes incluso de comenzar la campaña electoral, los líderes de AfD ya se han repartido los puestos que el partido ambiciona, de forma que Weidel, según ese acuerdo, parece destinada a dirigir el grupo parlamentario.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Londres vuelve a marear la perdiz en la tercera ronda del Brexit
El Reino Unido y la UE iniciaron ayer una nueva ronda de negociaciones, la tercera, marcadas por una creciente desconfianza. Más de un año después del referéndum que decidió la salida de país de la UE, los representantes europeos siguen esperando que Londres acepte entrar en la sustancia de los temas básicos de la separación y hasta ahora la única respuesta ha sido una tímida petición de una mayor «flexibilidad». «Para ser honesto, estoy preocupado, y el tiempo pasa rápido .. Debemos empezar a negociar seriamente», dijo ayer el negociador europeo Michel Barnier al recibir a su homólogo británico David Davis en la sede de la Comisión Europea. En realidad, la situación es tan inaudita que el viernes pasado en Bruselas no sabían siquiera si la delegación británica vendría ayer, dado que era festivo en el Reino Unido. Al final Davis llegó a media tarde de modo que de hecho el día pudo darse por perdido. El calendario acordado prevé sesiones de negociación de lunes a jueves una de cada cuatro semanas. Se había previsto que en octubre se evaluaría si había habido avances claros en la negociación sobre el divorcio como para poder empezar a hablar de las relaciones futuras, pero según fuentes europeas la falta de concreción de los negociadores británicos, que hasta ahora se han limitado a pedir «flexibilidad», hace prever que eso no se va a cumplir. «Cuanto antes acabemos con la ambigüedad antes estaremos en una posición de negociar nuestra futura relación», dijo Barnier en un reconocimiento implícito de que hasta ahora no hay avances en nada, a causa de la ausencia de posiciones por parte de Londres. Los tres puntos más importantes de esta primera fase de la negociación son la situación de los ciudadanos británicos en la UE y de los europeos en el Reino Unido, la factura de los compromisos financieros pendientes y la frontera entre Irlanda e Irlanda del norte. El «Brexodus» En el aspecto más espinoso, el del dinero, todo lo más los británicos han llegado a admitir que existen compromisos que han suscrito y que, por supuesto, cumplirán con sus obligaciones. Pero por ahora no han aceptado ni hablar de cantidades ni de métodos para calcularlas. El ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, un animador ruidoso del Brexit, ha sido el último en afirmar públicamente la tesis de que el Reino Unido «cumplirá con sus obligaciones» pero no las define ni explica cómo pretende hacerlo. Es un cambio respecto al mes pasado cuando dijo más o menos que en Bruselas «pueden esperar sentados», pero en un calendario tan cerrado la actitud de los británicos está empezando a ser exasperante. Y mientras las negociaciones patinan, la prensa británica ha tenido que crear una nueva expresión para referirse a los efectos del Brexit en la población europea que reside en aquel país. En efecto, los medios hablan ya de «Brexodus» para referirse a los 120.000 comunitarios que ya se han ido del Reino Unido por la incertidumbre que plantea está extraña situación, y por la bajada de cotización de la libra respecto al euro y las demás monedas europeas, lo que hace que el mercado británico haya dejado de ser atractivo. Esta tercera ronda terminará el jueves, cuando los dos jefes negociadores informarán públicamente del resultado.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Primera condena de tres años de cárcel para el dueño del Rana Plaza
Un tribunal de Dacca condenó hoy a tres años de prisión a Sohel Rana, dueño del complejo textil Rana Plaza que se derrumbó en 2013 causando más de 1.100 muertos y 2.500 heridos, en lo que supone la primera sentencia relacionada con la mayor tragedia textil de Bangladesh. El juez K.M. Imrul Kayes, de un órgano judicial especial de la capital bangladesí, condenó a Rana por un delito de acumulación ilícita de bienes y le impuso una multa de unos 625 dólares, dijo a Efe el fiscal del caso, Salahuddin Eskandar. «Tendrá que permanecer tres meses más encarcelado si es incapaz de pagar la multa», detalló Eskandar. El juicio contra el dueño del complejo textil comenzó el pasado marzo después de que la Comisión Anticorrupción de Bangladesh presentase una denuncia contra Rana en mayo de 2015, con él ya entre rejas, al rechazar entregar un informe detallado de su patrimonio. Según la acusación, el condenado construyó con dinero no declarado dos edificios comerciales (el Rana Plaza y la Torre Rana) y un inmueble residencial de cinco plantas, todos ellos en el suburbio de Savar, a las afueras de Dacca. Sohel Rana se enfrenta además a más de una docena de cargos por asesinato, corrupción y violación de la legislación laboral, entre otros. Una reforma del sector que no llega Actualmente, en relación con la tragedia del Rana Plaza hay 4 acusados en prisión, 29 libres bajo fianza, 7 prófugos de la justicia y un último acusado falleció recientemente cuando estaba en libertad condicional. El Rana Plaza, un edificio de nueve plantas que alojaba cinco fábricas textiles en el suburbio industrial de Savar se desplomó el 24 de abril de 2013 causando la muerte de 1.130 trabajadores y heridas a más de 2.500. Las compañías internacionales Primark, El Corte Inglés, Bon Marche, Joe Fresh y Benetton confirmaron entonces que tenían acuerdos de producción con alguna de las empresas locales implicadas en el siniestro. Varias de estas firmas hicieron donaciones posteriores a las víctimas por una catástrofe que obligó al Gobierno de Bangladesh a realizar una revisión completa de su sector industrial textil, con controles, inspecciones y una nueva normativa. Sin embargo, más de cuatro años después del siniestro el proceso de reforma para lograr mayor seguridad en las fábricas avanza con gran retraso entre disputas por precios y costes entre propietarios locales y compradores extranjeros.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Detienen al esposo de Pilar Garrido, la española asesinada en México
Las autoridades del estado mexicano de Tamaulipas han arrestado al marido de Pilar Garrido, Jorge González Fernández, acusado de asesinar a la ciudadana española, pese a que él mismo denunció la desaparición el pasado 2 de julio y cuya muerte fue confirmada el 11 de agosto tras someter a la prueba de ADN unos restos humanos hallados cerca de donde supuestamente fue secuestrada. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que el testimonio del esposo de la víctima era contradictorio y tenía algunas inconsistencias, lo cual los llevó a seguir esa línea de investigación a pesar de que en un primer momento se informó de que no se le tenía como sospechoso, ya que las autoridades dijeron siempre que estaba colaborando de manera proactiva en la búsqueda de su mujer. Por el momento, la fiscalía del estado apenas ha ofrecido información sobre la detención de J orge González Fernández, quien trabaja como criminólogo y ha dado clases en la Universidad de Seguridad Pública y de Justicia de Tamaulipas. El fiscal indicó el pasado lunes en una rueda de prensa que las investigaciones apuntan a que el marido de Pilar la habría ahorcado cuando la pareja volvía con su bebé de nueve meses de pasar el fin de semana de la playa, lo que descartaría la versión de Jorge González Fernández de que su mujer había sido raptada por un grupo de hombres armados. Lo cierto es que el relato del marido levantó muchas sospechas entre los medios de comunicación desde el primer momento. Según su declaración, una banda de criminales trató de robarles el coche cuando la familia volvía a su hogar en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Sin embargo, al ver que el bebé estaba dentro del vehículo, los delincuentes cambiaron de parecer y súbitamente decidieron raptar a Pilar. Ese repentino cambio de opinión entre los criminales resulta cuanto menos extraño. Otra situación que llama la atención es que Jorge González Fernández no denunció el delito ante las autoridades hasta el día siguiente, el lunes 3 de julio, en vez de haberlo reportado de manera inmediata. ¿Por qué no denunció el secuestro a la policía en un primer momento? Al ver el poco movimiento que se estaba produciendo en México para dar con el paradero de Pilar Garrido, Raquel, su hermana, publicó un mensaje en redes sociales con la intención de generar mayor atención mediática y gubernamental, lo que condujó a dar con los restos de la española el 27 de julio por un dispositivo policial. Igualmente, uno de los puntos más extraños del caso fue que nunca hubo una petición de rescate por Pilar. Los supuestos secuestradores nunca contactaron con la familia para pedir dinero a cambio de entregar a la española con vida. La madre de Pilar Garrido ya ha sido notificada de la detención de Jorge González Fernández, quien fue arrestado en la mañana del martes, y además se le autorizó para poder trasladar los restos de su hija a España, donde la familia había indicado tras confirmarse la muerte de la española el 11 de agosto que repetirían las pruebas de ADN.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Trump considera que hablar «no es la solución» con Corea del Norte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy que hablar «no es la solución» con Corea del Norte, que ha recrudecido su amenaza sobre la región del Pacífico con el reciente lanzamiento de un misil que sobrevoló Japón. «Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero de extorsiones durante 25 años. ¡Hablar no es la solución!», señaló Trump en Twitter. Ayer Trump ya advirtió a Corea del Norte que «todas las opciones están sobre la mesa» y consideró que el lanzamiento de este nuevo misil es un signo más del «desprecio» de Pyongyang por «sus vecinos, por todos los miembros de las Naciones Unidas y por las normas mínimas de comportamiento internacional aceptable». Trump no concretó qué está considerando la Casa Blanca, aunque este mes ya avisó en Twitter de que «las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente». The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2017Corea del Norte ha llegado a decir que su último test fue una «advertencia» a Estados Unidos y un «preludio significativo para mantener a raya a Guam», una isla del Pacífico occidental que pertenece a EEUU y es sede de importantes bases militares estadounidenses. El martes, Corea del Norte lanzó un misil -por primera vez desde Pyongyang- que sobrevoló la península de Oshima (isla septentrional nipona de Hokkaido) antes de caer en el Pacífico, a unos 1.180 kilómetros del cabo de Erimo, en el extremo nororiental del archipiélago. Fue la primera vez que un misil norcoreano pasa por encima de Japón en ocho años, sin contar otros lanzamientos que sobrevolaron pequeñas islas del sudoeste del archipiélago, y después de que en 1998 y 2009 Pyongyang lanzara por encima de territorio nipón supuestos cohetes espaciales con tecnología de misiles balísticos. Estados Unidos y Corea del Norte protagonizaron este mes una de las peores escaladas retóricas de los últimos años, que comenzó cuando Pyongyang amenazó con atacar EEUU en respuesta a las sanciones de la ONU por sus recientes lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. En respuesta al nuevo lanzamiento, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró ayer una reunión de carácter urgente en la que describió el lanzamiento del misil como una acción «indignante».