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Noticias de dictadura militar

12-11-2019 | Fuente: abc.es
Piñera anuncia una nueva Carta Magna para acabar con la protesta
«Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución», dijo la pasada noche del domingo el ministro de la Presidencia de Chile, Gonzalo Blumel, luego de reunirse por tres horas con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y los principales dirigentes de Chile Vamos, la coalición de partidos de derechas que ha dado sustento al Gobierno y que afronta una fuerte crisis política y social desde hace tres semanas. Junto con reconocer que «ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía», el ministro dijo que el «mejor camino» es que el proceso se radique en «un congreso constituyente» con amplia participación ciudadana, además que contemple un «plebiscito ratificatorio» una vez redactada la nueva carta constitucional. El congreso constituyente supone otorgar poderes especiales al Congreso Nacional, el cual debería abrir canales para el debate en la población. Aunque no entregó plazos, Blumel indicó que la iniciativa «no es prudente tenerla abierta permanentemente; queremos trabajar con urgencia, pero también con responsabilidad». La demanda de una nueva constitución ha sido un reclamo recurrente desde hace décadas, pues la que existe actualmente en Chile fue elaborada en 1980, durante la dictadura militar del fallecido general Augusto Pinochet. Desde entonces, se han realizado unas 200 modificaciones, la última y más importante en 2005, cuando se acotaron las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, se eliminaron los senadores designados y vitalicios, así como la firma del propio exdictador. El actual cuerpo legal, aunque lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos, asigna al Estado un rol subsidiario y no incluye derechos sociales, como ahora reclaman los chilenos. Críticas al proyecto El anuncio del gobierno de Piñera encontró detractores de inmediato, incluidos algunos parlamentarios de su propio sector. El senador del oficialista partido Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, dijo que «sinceramente los parlamentarios no tenemos la credibilidad, el Parlamento no la tiene ni nosotros tampoco para hacer algo sin una participación más activa de la comunidad», al referirse sobre la idea de otorgar poderes constituyentes al actual Congreso. El mecanismo propuesto por Piñera tampoco encontró consenso en la oposición. Junto con valorar el «paso dado» hacia el cambio constitucional, el presidente del socialdemócrata Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, reclamó por un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía, por lo que descartó que el proceso pueda quedar radicado en el Congreso. Similar posición adoptó el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja, Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que dijo que no le «gusta la figura del Congreso Constituyente, prefiero hablar de la convención constitucional, que fue la terminología que ocupó el proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet». Los izquierdistas Frente Amplio y los partidos comunista y socialista, mientras tanto, insistieron en convocar a un plebiscito que consulte sobre el mecanismo, y proponen tres opciones: congreso constituyente, como quiere el gobierno; Convención Constituyente, que supone un cuerpo de parlamentarios más delegados elegidos por votación popular; o asamblea constituyente, generada por voto popular y sin otro mandato que no sea redactar un nuevo cuerpo constitucional. El proceso se cerraría con un plebiscito para aprobar la nueva carta política. Cadem, una empresa que realiza encuestas para el gobierno, difundió este lunes que el 78 por ciento de la población apoya elaborar una nueva constitución, mientras que un 54 por ciento respalda que sea a través de una asamblea constituyente. La propuesta gubernamental, en tanto, tiene -según el sondeo- un apoyo de solo un 11 por ciento, mientras que la propuesta de una redacción totalmente nueva de la carta magna y desechar la vigente consigue un 52 por ciento de respaldo. Derechos humanos Por otro lado, el Gobierno de Chile aceptó ayer la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar en terreno la situación del país, donde se registran centenares de denuncias de violencia policial excesiva en el marco del estallido social de las últimas semanas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo en declaraciones a los periodistas que enviará una invitación al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, para que «venga lo antes posible a definir los contenidos y la oportunidad de esta visita».
29-10-2019 | Fuente: abc.es
Piñera cambia a ocho de sus ministros, pero solo tres son caras nuevas en el Gobierno
«Chile cambió y el Gobierno también tiene que cambiar», dijo este lunes el presidente, Sebastián Piñera, tras realizar un profundo ajuste a su equipo ministerial, que incluyó al jefe político de su gabinete y ministro de Interior, Andrés Chadwick, además de los ministerios de Hacienda y Economía, entre otros. El cambio se produce diez días después del inicio de las más grandes y persistentes protestas desde el retorno a la democracia en 1990 y el término de la dictadura militar. El ajuste coincide además con una fuerte caída de Piñera en las encuestas, donde ha marcado 14 puntos de adhesión, y un 78% de rechazo a su gestión durante la crisis política gatillada por las alzas a servicios básicos y que ha derivado en masivas y constantes protestas callejeras. También concitó un fuerte rechazo la instauración de estado de emergencia, toque de queda en todo el país y con el control de las regiones por parte de las Fuerzas Armadas, medidas que fueron levantadas este fin de semana. Piñera solicitó la dimisión de sus ministros el sábado, al día siguiente de que salieran a las calles en todo Chile más de dos millones de personas, y cuando iban en aumento las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía que serán verificadas esta semana por organismos internacionales. Los nombramientos El presidente chileno removió a los ministros de Interior, Presidencia, Gobierno, Hacienda, Economía, Trabajo, Bienes Nacionales y Deportes. Chadwick fue reemplazado por su colega Gonzalo Blumel, que ocupaba la cartera de la secretaría de la Presidencia; éste último fue sustituido por el que era ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward; la portavocía del Gobierno que ocupaba Cecilia Pérez ?nombrada nueva ministra de Deportes? ahora es ejercida por la hasta ahora Intendenta de Región Metropolitana, Karla Rubilar; el poderoso ministerio de Hacienda lo asume el economista Ignacio Briones, exembajador ante la OCDE en reemplazo de Felipe Larraín; Lucas Palacios llega al ministerio de Economía; María José Zaldívar a Trabajo, y Julio Isamit a Bienes Nacionales. En definitiva, Piñera hizo ocho cambios, pero solo tres nombres nuevos ingresaron a su gabinete. «Nuestro Gobierno ha escuchado fuerte y claro el mensaje de los chilenos», dijo Piñera, sin hacer nuevos anuncios que se sumen a la agenda que propuso el jueves para afrontar la crisis y que incluso parlamentarios de su alianza «Chile Vamos», consideran «insuficiente» para aplacar las protestas. Desde la oposición reprochan a Piñera que no haya sacado de sus cargos al ministro de Defensa, a quien responsabilizan de la represión militar; Transporte, Salud y Educación, que han estado en el ojo de la tormenta social que agita al país. «Es un cambio para que nada cambie, el Gobierno no ha escuchado», se quejó la jefa de los senadores de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, mientras el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, apuntó que Piñera «ha perdido la oportunidad de anunciar medidas profundas» para resolver la crisis, como cambios en sus proyectos de reforma previsional, de pensiones y aumento de salarios, como también el inicio de un proceso que avance hacia una nueva Constitución. Los anuncios de este lunes se produjeron mientras se repetían las protestas en las ciudades, principalmente en Santiago, incluso frente al palacio presidencial de La Moneda.
26-10-2019 | Fuente: abc.es
Piñera abre una crisis de gobierno y retira a los militares de las calles
El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha anunciado que cambiará su gabinete de ministros, pondrá fin al estado de emergencia que vive el país desde hace una semana y retirará a los militares de la calle, entre otras medidas para descomprimir la crisis política más profunda que ha vivido Chile en los últimos 30 años, desde que recuperó su democracia. El pasado viernes, más de dos millones de personas salieron a las calles en la mayoría de las ciudades del país, entre las que destacó Santiago, la capital chilena, donde durante horas más de 1,2 millones de personas reclamaron cambios estructurales en la economía, la profundización de la democracia heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), el fin del estado de excepción, el regreso de los militares a sus cuarteles, el término del toque de queda y el cese de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última semana. La revuelta popular en Chile se inició a raíz de una serie de alzas en los precios de servicios como la luz eléctrica y de los alimentos como resultado de una fuerte escasez hídrica, así como la subida de los billetes de metro en la capital, a la cual estudiantes de enseñanza media se opusieron a través de masivas y coordinadas oleadas de personas que evadieron los pagos del transporte subterráneo. Los estudiantes llegaron a copar de manera simultánea unas 80 de las 150 estaciones de metro. A esta forma de protesta el Gobierno de Piñera respondió con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los jóvenes arrestados, lo que desató la ira ciudadana. Incendios y saqueos En menos de 24 horas, desde el pasado 18 de octubre, se extendió una protesta callejera que dio paso a incendios en las estaciones de metro, bienes públicos, locales comerciales y grandes tiendas, que fueron acompañada por numerosos saqueos a supermercados, al mismo tiempo que la movilización se extendía a las regiones del norte y sur del país. La revuelta fue afrontada por el Gobierno con la declaración del estado de emergencia en casi todo Chile, la instauración del toque de queda -que no se usaba por razones políticas desde 1987, en las postrimerías de la dictadura de Pinochet- y la salida a las calles de casi 10.000 militares en la capital. «Estamos en guerra con grupos poderosos», declaró Piñera, aumentado la tensión con una enorme movilización diaria de la ciudadanía que no tiene una organización unificada, como tampoco líderes visibles. El Gobierno conservador de Sebastián Piñera -que está en la mitad de su mandato- anunció a mediados de semana un paquete de medidas económicas, que incluyó la congelación de las alzas, el reajuste de las pensiones básicas, la reducción de los salarios más altos del sector público y nuevos impuestos a las personas cuyos ingresos superen la barrera de los 10.000 euros. Pero fue insuficiente. La protesta se extendió aún más, hasta llegar a las grandes movilizaciones del viernes pasado, cuando más de dos millones de personas coparon las calles de las principales ciudades. La represión policial y militar, así como el estado de excepción -que según cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha dejado 19 muertos, 997 heridos en su mayoría por balazos y unos 3.200 detenidos, algunos de los cuales acusan torturas o violencia sexual- también ha chocado con un amplio rechazo ciudadano, al mismo tiempo que organismos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han anunciado el envío de observadores el próximo lunes. Cumbre de Asia-Pacífico Este sábado Piñera, además de reestructurar su Gobierno, preparaba el anuncio de nuevas medidas, en un esfuerzo por mitigar la protesta y buscar salidas políticas a la crisis. Las movilizaciones de estos días amenaza con desarmar el modelo chileno, a pocas semanas de una cumbre de la región de Asia-Pacífico (APEC) que traerá a Chile a los máximos líderes de Estados Unidos, China, Rusia y otros 16 países.
27-08-2019 | Fuente: abc.es
Las claves de la crisis entre Francia y Brasil por la Amazonia
¿Por qué ha estallado esta crisis entre Macron y Bolsonaro? La tensión comenzó en julio, cuando Bolsonaro plantó al canciller francés, Jean-Yves Le Drian, en una reunión en su palacio, para ir a cortarse el cabello en el mismo horario, dejándose filmar en vivo. La diplomacia francesa tomó mal el desplante. Y ahora, Bolsonaro reaccionó mal a la iniciativa de Macron de llevar el tema de Amazonia al G-7. ¿Insultó Bolsonaro a la mujer de Macron? Sí. Bolsonaro comentó una publicación de Facebook: «No lo humilles, hombre. Jajajaja», respondiendo a la pregunta: «¿Ahora entienden por qué Macron persigue a Bolsonaro?», en una foto que favorecía a Bolsonaro y su mujer, Michele e insinuaba la diferencia de edad entre Macron y Brigitte. ¿Por qué arde la Amazonia, es la primera vez que ocurre esto? No. Todos los años invasores de tierras queman áreas y derriban árboles para avanzar sobre la Amazonia y liberar tierras a explotación agropecuaria. Los crímenes ocurren todos los años y aumentan por falta de recursos para fiscalización. Por ser un hábitat húmedo, la Amazonia no se incendia naturalmente, necesita de una fuente de ignición, generalmente humana. ¿Por qué este año se habla tanto de este asunto? Acaso son los peores incendios en la historia de la Amazonia? Este es el peor año en dos décadas, según datos oficiales, con cerca de 80 mil brotes de fuego desde enero. Se atribuye el empeoramiento de la situación a Bolsonaro ya que cortó fondos de control ambiental y despidió a científicos que lo cuestionaron. Estimula, además plantaciones, ganadería y minería en la región como proyecto de desarrollo. ¿Ha actuado correctamente el presidente brasileño a la hora de atajar los incendios? No. Bolsonaro sólo reaccionó e inició una estrategia para enfrentar el fuego después de la presión internacional encabezada por Macron en el G-7. El 23 de agosto, 13 días después que los primeros incendios criminales fueron difundidos, Bolsonaro hizo un discurso y planeó las acciones, que sólo comenzaron el lunes. No pisó en la Amazonía desde que comenzó la crisis. ¿Por qué rechaza la ayuda económica del G-7? ¿Por qué Noruega ha retirado la ayuda a Brasil? Bolsonaro dice que el país no tiene recursos para controlar el fuego, pero rechazó la ayuda del G-7 porque lo considera un tema de su soberanía. El brasileño cuestiona cuáles son los intereses internacionales sobre la Amazonia. Noruega y Alemania suspendieron los recursos porque Brasil estaba quebrando el acuerdo de reducción a la deforestación. Ha recuperado Bolsonaro el plan de la dictadura militar para la explotación de la Amazonia? Sí. El excapitán del ejército y cercado por militares, Bolsonaro, ha sacado de archivos un antiguo plan de la dictadura para desarrollar la Amazonia con hidroeléctricas, carreteras y líneas de tren. El plan de infraestructura es llamado Plan Barón de Rio Branco en homenaje a diplomático del siglo XIX que negoció las fronteras de Brasil con los vecinos. ¿Cómo ha afectado este asunto la imagen de Bolsonaro? Una encuesta publicada el lunes reveló que el índice de aprobación de Bolsonaro cayó de 57,5% en febrero a 41% en agosto, mientras la desaprobación subió del 28,2% al 53,7%.
30-07-2019 | Fuente: elpais.com
Bolsonaro se empequeñece al revelar que conoce detalles de las torturas durante la dictadura
Se sabía que el presidente fue un defensor de la dictadura militar, pero ahora acaba de dar a conocer que sabe cómo en aquella época oscura se mataba en Brasil
19-05-2019 | Fuente: elpais.com
Los argelinos temen que las nuevas purgas del régimen deriven en dictadura militar
La sociedad civil acusa al hombre fuerte del país, el general Ahmed Gaid Salah, de traicionar la voluntad democrática del pueblo y usar la justicia para saldar cuentas personales
07-05-2019 | Fuente: abc.es
Liberados en Birmania los dos periodistas de Reuters condenados por destapar las matanzas de rohingyas
Después de más de un año y medio entre rejas, este martes por fin han sido liberados los dos periodistas de Reuters en Birmania condenados por destapar las matanzas de rohingyas (pronúnciese «rojinga»), que provocaron en 2017 un éxodo de más de 700.000 personas de esta etnia musulmana al vecino Bangladés. Según informa dicha agencia, sus dos reporteros, Wa Lone, de 33 años, y Kyaw Soe Oo, de 29, se han beneficiado de una amnistía que ha liberado a otros 6.520 reclusos. Desde el mes pasado, el presidente del país, Win Myint, ha liberado a varios miles de presos como suele ser habitual en las festividades del año nuevo birmano, que empezó el 17 de abril. En un caso que destapó la más unánime condena internacional, Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron condenados en septiembre a siete años de cárcel por violar la ley de secretos oficiales. Bajo ese eufemismo, las autoridades de Myanmar (nombre oficial de la antigua Birmania) los ponían a buen recaudo por desvelar el asesinato de diez rohingyas a manos del Ejército en un pueblo del Estado de Rakhine (pronúnciese Rajáin), al este del país. Un episodio más de la «limpieza étnica de libro», según definición de la ONU, que los militares birmanos llevaron a cabo en agosto de 2017 contra los pueblos de esta etnia musulmana después de un atentado contra una base y varios puestos de control. En este país de mayoría budista, los rohingyas viven como auténticos parias y muchos de ellos no tienen ni documentos de identidad porque el Gobierno no los reconoce como una etnia nacional. En diciembre de 2017, cuando los dos reporteros de Reuters estaban investigando las masacres de rohingyas, fueron arrestados al caer en una trampa que les tendieron las propias autoridades. Su detención desató una ola de críticas internacionales por esta flagrante violación de la libertad de información que fueron dirigidas, muy especialmente, contra la auténtica «mujer fuerte» de Birmania, Aung San Suu Kyi. Ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991, se ha pasado quince años bajo arresto domiciliario por oponerse a la dictadura militar que gobernó hasta las elecciones de 2015, que ganó su partido. Aunque «La Dama» no es la presidenta de Birmania, dirige el Gobierno, pero en todo este tiempo no ha salido en defensa de los dos periodistas pese a su pasado como activista por la democracia y los derechos humanos. De igual modo, también ha guardado silencio sobre las matanzas de rohingyas, lo que ha ensuciado la buena imagen que se tenía de ella y revela el difícil equilibrio de poder de su Gobierno con el Ejército. Ganadores el año pasado del premio Pulitzer junto a Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de su país en Turquía, los dos periodistas birmanos por fin pueden abrazar a su familia después de más de 500 días en prisión. «Estoy realmente feliz y animado por ver a mi familia y a mis colegas», manifestó al salir de la cárcel Wan Lone, quien también aseguró que «no puedo esperar por volver a la redacción».
06-04-2019 | Fuente: abc.es
Las nulas opciones de Brasil de entrar en la OTAN, a pesar de Trump
Cada vez que Brasil gira muy a la derecha y en Estados Unidos hay una Administración atraída por la Realpolitik se produce un especial alineamiento entre Washington y Brasilia. Ocurrió en la primera mitad de la década de 1970 con la dictadura militar brasileña y la etapa de Henry Kissinger como protagonista de la política exterior estadounidense, y empieza a suceder ahora con la sintonía entre Jair Bolsonaro y Donald Trump. Esos momentos alternan históricamente con un cambio de pareja: cuando Brasil es más distante y disputador, EE.UU. opta por acercarse a Argentina. Así, cuando hay confianza mutua, Washington puede delegar en Brasil la función de «policía» para Sudamérica, y cuando lo percibe como rival busca el contrapeso que frente a su vecino puede ejercer Argentina. Dadas las aspiraciones brasileñas de erigirse en potencia relevante del orden mundial, en realidad su «gran estrategia» debe pasar por construir un polo alternativo al de EE.UU. en Sudamérica (aunque en amigables términos con Washington). Lula da Silva llevó hasta el fondo esa estrategia, también seguida por Dilma Roosseff, pero esto no es solo algo de la izquierda. Gobiernos previos, tras la dictadura, emprendieron esa senda de dejar al margen a EE.UU., como el de Fernando Henrique Cardoso, impulsor de Unasur. Lo que ocurre que esa alternativa a la influencia dominante de EE.UU. en el continente tiene que alimentarse, para ganar peso internacional, de las alianzas mundiales Sur-Sur (algo ampliado hoy a China y Rusia), y en eso la izquierda se encuentra más cómoda. Así que al encontrarnos ahora además en una suerte de nueva Guerra Fría, a un Gobierno como el de Bolsonaro se le hace difícil otra cosa que no sea ponerse de parte de Trump. Socio Global de la OTAN, como Colombia Esa sintonía entre las dos administraciones hace que Brasil no juegue a fondo la carta de su asociación con China y Rusia en el foro de los BRICS, que es quizá lo que Trump pretendía cuando el mes pasado lanzó a Bolsonaro el anzuelo de una alianza militar estratégica. Trump llegó incluso a mencionar la posibilidad de que Brasil entrara en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta última posibilidad la supeditó Trump a un cambio sustancial de la OTAN, algo que el presidente estadounidense parece estar persiguiendo sin aclarar muy bien cuáles son sus verdaderos objetivos. En cualquier caso, el artículo 10 del tratado fundacional de esa organización limita las nuevas incorporaciones a países europeos, por lo que Brasil no tiene cabida. En cambio, Trump puede sin ningún problema designar a Brasil como aliado militar estratégico no miembro de la OTAN (Major non-Nato Ally o MNNA), una catalogación que EE.UU. comenzó a otorgar en 1989, con la caída del Telón de Acero. Desde entonces, cada presidente estadounidense ha propuesto elevar a esa categoría a algunos países, que de momento llegan a 19. Bill Clinton postuló a Argentina en 1998, cuando ese país estaba presidido por Carlos Menem, justamente reconociendo la alianza geopolítica que, en condiciones normales, Washington debe procurar con Buenos Aires. Otra cosa es que Brasil pase a ser un Socio Global de la OTAN, lo que supone estrechar la relación con esa organización militar pero sin integrarse en ella. El único país latinoamericano que forma parte de ese anillo exterior de la OTAN es Colombia, admitida en 2018. Como nación con litoral caribeño y extrema cercanía al Canal de Panamá, la sincronización entre Colombia y EE.UU. en materia de seguridad y defensa es más importante para Washington que la relación que pueda mantener con Brasil. Foco en el Atlántico Sur Brasil forma parte de una organización para el Atlántico Sur, que no es un alianza militar como la OTAN, sino un foro de cooperación y ayuda mutua al desarrollo. Es la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), constituida en 1986 por iniciativa brasileña e integrada por los 24 países ribereños. Es el área, junto con Sudamérica, de natural proyección de Brasil. En la vertiente africana, además, se encuentran varios Estados lusófonos, con los que Brasilia ha procurado un estrecho contacto. La mitad de las embajadas abiertas por Lula fueron en África, continente al que dedicó un tercio de sus viajes al extranjero. Precisamente cuando la dictadura militar terminó en 1985, el país buscó una política exterior propia, no supeditada a la de EE.UU. Así, potenció la proyección hacia el Atlántico Sur y la integración con sus vecinos sudamericanos (Mercosur fue creado en 1991). Por otra parte, en una OTAN reformada en la que cupiera Brasil se habría modificado su actual artículo 5, relativo al mutuo socorro en caso de agresión militar, lo que le restaría atractivo a la alianza. Eso es lo que en la práctica ha ocurrido con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), «la OTAN de las Américas», puesto en marcha en 1947. Al igual que la OTAN, el TIAR contiene una cláusula de mutua defensa: «Un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva». Fue invocado por Argentina en 1982 a raíz de la Guerra de las Malvinas y por Estados Unidos tras el 11-S, pero en ninguno de los dos casos fue aplicado. Con el tiempo diversos países se han retirado del acuerdo (Cuba, México y los países del Alba).
27-03-2019 | Fuente: abc.es
Polémica en Brasil ante la «conmemoración» del golpe de Estado de 1964 promovida por Bolsonaro
La Fiscalía brasileña repudió este martes la determinación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de «conmemorar» el golpe militar de 1964 y recordó que «festejar un golpe de Estado» es «incompatible con el Estado de Derecho». El Ministerio Público Federal (MPF), a través de la Procuraduría de los Derechos del Ciudadano, subrayó en un comunicado que el golpe del 64, «sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo histórico, supuso una "ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional». Las críticas del MPF llegan un día después de que el potavoz de la Presidencia, Otavio Rego Barros, anunciara la decisión de Bolsonaro de fomentar entre las Fuerzas Armadas las «conmemoraciones debidas» por el golpe militar de 1964, que completa 55 años el próximo 31 de marzo y dio inicio a una dictadura que se prolongó hasta 1985. El Ministerio Público subrayó que aunque el verbo conmemorar pueda tener un significado distinto, el histórico de declaraciones de Bolsonaro indica que, en este caso, se refiere a la «idea de festejar el derrocamiento del Gobierno de Joao Goulart el 1 de abril de 1964 y la instauración de una dictadura militar». «Si se confirma esa interpretación, el acto se reviste de enorme gravedad constitucional, pues representa la defensa de la falta de respeto al Estado Democrático de Derecho», agregó el organismo, en un documento firmado por cuatro procuradores. El portavoz de la presidencia aseguró la víspera que Bolsonaro, un capitán de la reserva nostálgico de la dictadura que imperó en Brasil durante 21 años, no considera el episodio de 1964 como un golpe militar. La Fiscalía destacó que el golpe del 64 «dio origen a un régimen de restricción a los derechos fundamentales y de represión violenta y sistemática a la disidencia política", y recordó que el apoyo de un presidente de la República puede suponer un "crimen de responsabilidad», según lo establecido en el artículo 85 de la Constitución. En Washington, el ministro de Defensa de Brasil, el general Fernando Azevedo e Silva, rechazó el uso de la palabra «conmemoración» para definir los eventos que serán promovidos por el Gobierno de Bolsonaro. La Defensoría Pública de la Unión, por su parte, presentó ante la Justicia una denuncia civil pública para que las Fuerzas Armadas «se abstengan de llevar a cabo cualquier evento de conmemoración a la implantación de la dictadura en Brasil». En su solicitud, la Defensoría citó el informe de la Comisión de la Verdad, según el cual la dictadura militar de Brasil dejó 434 muertos y desaparecidos, así como numerosos casos de persecuciones y torturas. A lo largo de su carrera política, Bolsonaro se ha mostrado condescendiente con la dictadura y durante el juicio político que despojó a Dilma Rousseff del poder, el entonces diputado dedicó su voto al coronel Carlos Alberto Brilhante, uno de los jefes del aparato represivo de la dictadura. En su discurso, Bolsonaro se refirió a Ustra como el «pavor de Dilma Rousseff», quien fue torturada por el coronel durante la dictadura.
24-03-2019 | Fuente: abc.es
Tailandia vota en unas «elecciones a medida» para que el Ejército no pierda el poder
Es el signo de los tiempos: «Fake news», democracia de redes sociales y elecciones falsas. Por primera vez desde el golpe de Estado que dio el Ejército en 2014, Tailanda acude este domingo a las urnas para elegir Gobierno. Aunque en teoría supone una vuelta a la democracia, se trata de unos «comicios a medida» para que la Junta militar no pierda el poder. Para ello, en 2017 promulgó una nueva Constitución que, aprobada en referéndum, otorga a los generales del denominado Consejo Nacional para la Paz y el Orden la potestad de nombrar a los 250 senadores de la Cámara Alta. Junto a los 500 diputados del Congreso, que sí son elegidos mediante sufragio universal, ambas cámaras designarán al primer ministro por una mayoría de 376 votos. Eso significa que el partido con el que concurren los militares solo necesita 126 diputados del Congreso para alzar como primer ministro a su candidato: el general Prayut Chan-o-cha, jefe de la Junta. Además de su partido, que se llama Palang Pracharat, tiene como aliados a otras dos fuerzas de reciente creación que le darán sus votos: Reforma Popular y Ruampalang Prachachar Thai. Enfrente tienen a los partidarios de dos antiguos primeros ministros: el multimillonario Thaksin Shinawatra, derrocado por un golpe militar en 2006 y fugado a Dubái por una condena por corrupción, y su hermana Yingluck, depuesta en mayo de 2014 por el Tribunal Constitucional por nepotismo. Solo unos días después, el Ejército dio su vigésimo golpe de Estado desde la abolición de la monarquía absoluta en 1932, el duodécimo con éxito, y acabó con su Gobierno. Actualmente se encuentra también en el exilio al haber sido condenada a cinco años de cárcel por abuso de poder y por el fraude de los subsidios al arroz. Su Gobierno le compraba a los campesinos arroz por el doble de los precios del mercado, lo que le habría costado a las arcas del Estado 18.000 millones de dólares (15.920 millones de euros) y le habría servido a su partido para seguir ganando votos en el mundo rural. Apodados los «camisas rojas», sus seguidores proceden de la paupérrima región agraria de Isán, al nordeste del país, y de las clases más humildes. Aunque los Shinawatra no pueden presentarse, su partido, Pheu Thai, parte como favorito. Pero su candidata, Sudarat Keyuraphan, debería obtener 376 de los 500 escaños del Parlamento para neutralizar la ventaja de los militares en el Senado. Y eso no parece fácil por la enorme cantidad de grupos políticos que participan en estas elecciones: 81 partidos que presentan 68 aspirantes a primer ministro y unos 14.000 candidatos en 350 circunscripcions y listas nacionales. En los comicios de 2011, el partido de los «camisas rojas» obtuvo 265 diputados en el Congreso, pero, con la nueva ley electoral, se quedaría con solo 225. En previsión de posibles coaliciones, serán decisivas otras fuerzas políticas prodemocráticas como el Partido Liberal, los Comunes y Futuro Adelante. No podrán contar con el partido Thai Raksa Chart, disuelto en plena campaña electoral por presentar como candidata a la hermana mayor del rey, la princesa Ubolratana. Entre estos dos bloques, la balanza podría inclinarse a un lado u otro gracias a una serie de «fuerzas bisagra» como el Partido Demócrata del ex primer ministro Abhisit Vejjajiva. Apoyado por los «camisas amarillas», que lucen el color real y pertenecen a las clases medias y altas urbanas, antes se alineaban con el Ejército en contra de los «camisas rojas». Pero los casi cinco años de dictadura militar han traído un recorte de las libertades y un empeoramiento de la economía que, junto a la sed de poder demostrada por el general Prayut, han hecho que los demócratas se distancien del Ejército. Presentándose como una tercera opción frente a la familia Shinawatra y a la Junta militar, Abhisit Vejjajiva ya ha dicho que no apoyará a Prayut. Un empresario de éxito Aunque limitado por el control militar del Senado, el futuro de Tailandia está ahora en manos de sus 51,4 millones de electores, entre los que hay siete millones de jóvenes que votan por primera vez. Su partido preferido es el Futuro Adelante de Thanathorn Juangroongruangkit, un empresario de éxito con 40 años y buena planta que aboga por renovar la política tailandesa. De todos los tailandeses consultados por ABC, los mayores se inclinan por la candidata proThaksin y los jóvenes por Futuro Adelante, coincidiendo en su desprecio por el general Prayut. Demostrando las ganas que hay de democracia, más de 2,2 millones de personas abarrotaron las urnas en las primeras votaciones celebradas el domingo pasado, casi el 90% de los que podían hacerlo. Un considerable aumento con respecto a los 1,4 millones (el 55% del censo adelantado) que lo hicieron en las últimas elecciones, celebradas en 2011. Ocho años después, la democracia vuelve a Tailandia, pero a la medida para que la Junta militar conserve el poder durante el próximo lustro. Hoy se verá si los votos del pueblo pueden derrotar al control militar del Parlamento.
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