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Noticias de detenciones

21-10-2020 | Fuente: abc.es
Condenan a cadena perpetua al hombre más buscado de Italia, el capo de la mafia siciliana Matteo Messina
Un tribunal de Sicilia ha condenado este martes por la noche al hombre más buscado de Italia, el capo de la Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, a cadena perpetua por su papel en los atentados bomba de 1992 que acabaron con la vida de dos prominentes jueces, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, quienes luchaban contra la mafia. Messina Denaro, quien se halla entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, ha sido condenado 'in absentia' por un tribunal de la ciudad siciliana de Caltanissetta, ha informado la agencia italiana de noticias ANSA. Además de la cadena perpetua, que se suma a las otras que pesan sobre él por varios asesinatos más, Messina Denaro, en paradero desconocido desde 1993, deberá abonar entre 10.000 y 500.000 euros a las familias de las víctimas de estos atentados. A pesar de la red de apoyos a su alrededor, se desconoce si Messina Denaro, de 58 años, sigue ostentando cargo alguno de relevancia en la organización. El pasado mes de junio, la policía italiana detuvo a dos hombres próximos al capo y les acusó de asociación y extorsión mafiosas. Ambos formaban parte de un sindicato del crimen organizado en la provincia natal de Messina Denaro en Trapani, en el este de Sicilia. Estas dos detenciones se produjeron en el marco de la llamada operación 'Ermes', contra los sospechosos vinculados a los mandatos de las mafias de Mazara del Vallo y Castelvetrano, «dedicados a preservar los intereses económicos, el control del territorio, las actividades y la comunicación con el fugitivo».
19-10-2020 | Fuente: abc.es
El Gobierno francés confirma que el profesor decapitado el viernes fue objeto de una fatua
El profesor Samuel Paty, decapitado el viernes a las afueras de París tras una clase sobre la libertad de expresión, fue «obviamente» objeto de una fatua --edicto religioso islámico-- que se difundió por Internet, según el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, que ha confirmado el inicio este lunes de operaciones policiales contra «decenas» de personas. «Vamos a tener que volver a poner el foco en el odio en Internet», ha reconocido Darmanin, después de que las autoridades hayan constatado que fue precisamente en las redes sociales donde se habría cebado el ataque contra Paty, que once días antes de su asesinato mostró en clase caricaturas del profeta Mahoma. Se han abierto unas 80 investigaciones a raíz de mensajes publicados tras el crimen. «No podemos seguir permitiendo que haya este tipo de fatuas contra personas como un profesor. Mañana será contra un policía, pasado mañana contra un periodista», ha advertido Darmanin, en una entrevista a la emisora Europe 1 en la que ha señalado que el padre de una de las alumnas de Paty y el activista islamista Abdelhakim Sefrioui podrían ser considerados cómplices del ataque por sus mensajes. Ambos permanecen bajo custodia policial, mientras que el presunto autor del ataque, que llevaba un cuchillo en la mano cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad, murió abatido por disparos de los agentes. Las autoridades han identificado a este terrorista como un joven de origen checheno. El ministro ha asegurado este lunes que hay «operaciones policiales en curso» y ha anunciado un refuerzo de la vigilancia en medio centenar de asociaciones, con la posibilidad de que varias de ellas sean disueltas en los próximos días por su vinculación con «círculos radicale». Entre las que podrían ser ilegalizadas está el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), aludida en la fatua, y la ONG musulmana Barakacity. Sin embargo, Darmanin ha apelado a la discreción: «Cuando se toman medidas contra un enemigo de dentro, insidioso y extremadamente bien organizado, no siempre se puede hacer público». El Ministerio del Interior anunció el domingo que expulsará a más de 200 extranjeros señalados por presunta radicalización, lo que implicará a personas ya en la cárcel --unas 180 de ellas están presas-- y también detenciones en las próximas horas.
16-10-2020 | Fuente: abc.es
El más alto militar en México con Peña Nieto arrestado en Los Ángeles por sus vínculos con el narcotráfico
Este jueves 15 de octubre México se acostaba sobresaltada por una procelosa noticia, que pese a ocurrir en Los Ángeles, no ha dejado indiferente a sus más de 125 millones de habitantes en un caso sin precedentes conocidos. Salvador Cienfuegos Zepeda, el exsecretario de Defensa del Ejército responsable máximo del ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido arrestado a petición de la DEA (Administración de Control de Drogas) en el aeropuerto estadounidense mientras iba acompañado de su familia. Las pesquisas apuntan a que se trata de un trasiego de droga, narcotráfico y lavado de dinero. Llama la atención que Cienfuegos se encargaba de las visitas diplomáticas a Estados Unidos y que fuera el máximo dirigente militar como coronel de hasta cuatro regiones militares de las más golpeadas por la droga en México. La intervención policial llevada a cabo por Estados Unidos ha sido denominada como Operación Padrino. Estaba en la mira de las autoridades desde hace diez años por lo que dada la ardua investigación no se informó al actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la filtración de la información y la posible presión de las autoridades mexicanas. El militar de 72 años era conocido por su firmeza al enfrentarse a organizaciones criminales a las que nombró como «bestias criminales». La detención de este alto cargo hace que coincidan dos exdirigentes, encargados de velar por la seguridad del país mexicano, entre rejas. La investigación sugiere vínculos con el crimen organizado y coincide en la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y que sentenció a Joaquín «el Chapo» Guzmán. La investigación sugiere que se iniciara antes de que Salvador formara parte del más alto rango militar del expresidente Peña Nieto. El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, asegura que el acusado espera la llegada de su abogado desde México y que son cinco cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Desde Los Angeles la Cónsul , Marcela Celorio, reporta : la audiencia será a las 14:30 (16:30 hora de CDMX) se estima será trasladado el Gral Cienfuegos a Nueva York, su abogado llega en unas horas desde México, son 5 cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.</p>&mdash; Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) <a href="https://twitter.com/m_ebrard/status/1317113483230666754?ref_src=twsrc%5Etfw">October 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Se unen a otras dos detenciones sonadas recientemente: la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Este último encargado del petróleo mexicano y detenido en Málaga en febrero de este año. Supuesta colaboración con EE.UU. El caso impresiona si tenemos en cuenta la colaboración sine qua non el Gobierno de Peña Nieto (presidente hasta el 30 de noviembre de 2018) ofreció a los Estados Unidos en su implicación en la lucha contra el narcotráfico en el que se sustentaba para gobernar. Y es que la unión con sus vecinos norteños para luchar contra los cárteles ha sido con mano dura, tal y como demuestra la detención. Cuando los mexicanos ya no esperaban nada más de sus políticos sino malas experiencias, ocurre un nuevo hito. El arresto de Salvador Cienfuegos supone el arresto del militar de más alto rango detenido hasta la fecha en los Estados Unidos Mexicanos. El actual presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina ha asegurado que no hay en México investigación alguna contra el coronel y expresó: «Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico». El acusado será trasladado en las próximas 48 horas a Brooklyn (Nueva York).
13-10-2020 | Fuente: abc.es
Tijanóvskaya llama a una huelga general dentro de 13 días si Lukashenko no dimite
Tan sólo 13 días tiene el autoproclamado presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, para dejar el poder, cesar la represión y liberar a todos los presos políticos. Si no lo hace, tendrá que enfrentarse, a partir del próximo 26 de octubre, a una huelga general convocada por su adversaria en los pasados comicios y actual líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya. Ella sigue exiliada en Lituania y desde allí lanzó hoy un «ultimátum popular"» a través de su canal de Telegram. Lo ha hecho al día siguiente de que la Unión Europea dispusiese la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra la cúpula bielorrusa, que está vez afectará directamente a Lukashenko. En su llamamiento, la líder opositora plantea tres requisitos: Lukashenko debe presentar su dimisión, la represión y la violencia en las calles deben cesar por completo y todos los presos políticos deben ser puestos en libertad. «Si nuestras exigencias no son satisfechas de aquí al 25 de octubre, todo el país saldrá pacíficamente a las calles. Y el día 26 de octubre, comenzará una huelga nacional en todas las empresas del país, las carreteras serán bloqueadas y se hundirá la actividad comercial», advierte Tijanóvskaya. Según sus palabras, «usted tiene 13 días para cumplir tres exigencias y nosotros 13 días para prepararnos. Todo ese tiempo, los bielorrusos continuarán persistentemente sus protestas pacíficas». La excandidata a la Presidencia, que siempre dijo estar segura de su victoria en los comicios del pasado 9 de agosto, pero que le fue robada por Lukashenko mediante el fraude y la manipulación, le acusó hoy de practicar «terrorismo de Estado». Diálogo entre rejas El sábado, Lukashenko reunió a algunos de los opositores encarcelados en la sede de los servicios secretos, para hablarles de su proyecto de nueva Constitución, que contemplaría ceder parte de sus poderes a otros estamentos y convocar nuevos comicios presidenciales anticipados. Les dijo que «una nueva Constitución no puede redactarse en la calle». Después, los participantes en el encuentro fueron devueltos a sus celdas. A este respecto, Tijanóvskaya dijo hoy que la oposición siempre ha estado dispuesta a dialogar con el poder, pero «el diálogo entre rejas no es diálogo». El domingo, miles de personas volvieron a salir a las calles en Minsk, la capital del país, pero fueron reprimidos con mayor violencia que en jornadas anteriores. Emplearon contra ellos cañones de agua, granadas aturdidoras y se practicaron más de 700 detenciones. Ayer lunes, salieron los jubilados a la calle también para protestar y les asfixiaron con gases lacrimógenos. El Ministerio del Interior bielorruso ha llegado a amenazar con «fuego real», si las manifestaciones se «descontrolan». La oposición creó un Consejo de Coordinación para establecer una línea de diálogo con Lukashenko, pero sus integrantes fueron acusados de tratar de usurpar el poder. Todos ellos se encuentran actualmente encarcelados o exiliados en países como Lituania, Polonia y Ucrania. El último miembro del órgano opositor que quedaba dentro del país en libertad, Serguéi Dilevski, partió de Bielorrusia ayer. Dijo temer por su «seguridad». Desde que comenzaron las movilizaciones, en la misma noche del 9 de agosto, han sido detenidas miles de personas y cientos de ellas han sido condenadas a penas de prisión de mayor o menor envergadura. En una primera tanda de sanciones, la Unión Europea incluyó a 40 altos cargos implicados en la manipulación de los resultados de los comicios del pasado 9 de agosto y en la represión desencadenada después contra manifestantes pacíficos. Como ha indicado el alto representante de Exteriores y Seguridad de la UE, Josep Borrell, ahora se trata de castigar también a Lukashenko, quien, según Bruselas «carece totalmente de legitimidad».
11-10-2020 | Fuente: abc.es
Muere un hombre por arma de fuego durante protestas enfrentadas de izquierda y derecha en Denver
Un hombre resultó muerto por arma de fuego durante la noche del sábado durante dos protestas opuestas, de grupos de derecha y de izquierda, en el centro de Denver, en el estado de Colorado (EE.UU.). La Policía arrestó a un guardia de seguridad privado como sospechoso. Una emisora local de televisión afiliada a NBC News, KUSA-TV, aseguró en su página web que el detenido por esta muerte había sido contratado por este medio para proteger a un equipo que estaba cubriendo las protestas, informa Reuters. «Ha sido la práctica de KUSA durante meses contratar seguridad privada para acompañar al personal a las protestas», aseguró la emisora. Una «Marcha Patriota» Los hechos tuvieron lugar en un patio del Museo de Arte de Denver durante la llamada «Marcha Patriota», que se encontró con una contraprotesta de grupos que se identificaban con el movimiento Black Live Matters (Las vidas negras importan) y los Antifa, es decir, antifascitas. El jefe de Investigaciones de la Policía de Denver, Joe Montoya, no confirmó si el sospechoso trabajaba para la citada televisión local. Ni el detenido ni la víctima han sido hasta ahora identificados por las autoridades. Un fotógrafo del «Denver Post» capturó una imagen de un hombre rociando un agente químico sobre oto que sacaba un arma. Montoya indicó que la Policía mantuvo a los dos grupos de manifestantes separados, y que no hubo más detenciones durante las dos protestas enfrentadas.
11-10-2020 | Fuente: abc.es
Clamor contra el reingreso de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas implica «ser responsable de promover el respeto universal por la proteccIón de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa». Este es el principio fundacional contemplado en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, sobre el que fue creado el Consejo de Derechos Humanos, que actualmente está conformado por 47 países (ocho de ellos de América Latina y Caribe). Sin embargo, está premisa está muy lejos de ser cumplida por algunos de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela, que ingresó el pasado año en CDH. Hace tan solo unas semanas, un informe realizado por una misión de la ONU acusaba al r égimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Dentro de unas horas se volverá a sumar a este club de supuestos vigilantes de los derechos humanos otro país muy cuestionado, Cuba. Lo hará tras la votación (directa y secreta), a la que se presentan 15 países para las distintas regiones, que previsiblemente dará luz verde a su reincorporación, pues obtendrá los votos necesarios ante la falta de competencia. Parece irrelevante si los Estados que voten este martes lo hacen en coherencia con lo que dispone la resolución 60/251, que señala que al elegir a sus miembros se deberá tomar en cuenta «la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto». Una vez elegidos, los Estados deberán además aplicar las normas «más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros», según dicta la misma resolución. Papel mojado para algunos Estados. El reingreso de Cuba, que ha sido miembro del CDH durante cuatro periodos (de tres años cada uno) desde su fundación, ha suscitado durante los últimos meses y semanas un clamoroso rechazo por parte de organizaciones cubanas disidentes y organismos internacionales defensores de los derechos humanos, así como líderes políticos y sociales, que han calificado de «vergonzoso» e «inconcebible» que Cuba vuelva a engrosar la lista de países miembros durante el periodo 2021-2023. Criminalización de los derechos El pasado mes de septiembre, numerosas personalidades de América Latina, entre ellas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; y varios ministros se adscribían a una declaración realizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación sin ánimo de lucro argentina. En el texto, mostraban su rechazo a la nueva candidatura de Cuba «porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región», explicó CADAL a través de un comunicado. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Junto a 18 referentes de los DDHH en LATAM, rechazamos la nueva postulación de Cuba a integrar el CDH de la ONU.<br><br>??Un régimen de partido único que criminaliza libertades fundamentales no merece ocupar un lugar en este organismo.<br><br>Leé más<a href="https://t.co/gi4jTqfk2K">https://t.co/gi4jTqfk2K</a> <a href="https://t.co/IHfGw7MIBz">pic.twitter.com/IHfGw7MIBz</a></p>&mdash; CADAL (@CADAL) <a href="https://twitter.com/CADAL/status/1310685718293942278?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Entre los argumentos expuestos en la declaración de esta fundación, se señala que Cuba es el único país de América Latina «que no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»; así como que está documentada su falta de compromiso con el sistema universal de DD.HH, «habiendo adoptado un régimen de partido único, que desde 2019 adquiere rango constitucional». A esto se suma la ausencia de señales de reforma de una política de estado «que criminaliza los derechos a la libertad de asociación, reunión, prensa, expresión y participación política». Todo ello lleva a los firmantes a expresar su «rechazo a la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU». Según las últimas cifras de la ONG Prisoners Defenders, en la actualidad habría 138 presos políticos en Cuba; mientras 247 cubanos estarían «regulados» (con la prohibición de viajar fuera de la isla) por razones políticas o religiosas, según el Instituto Patmos. La detenciones arbitrarias, con arrestos que van de unas pocas horas hasta las 72 horas, se han convertido en una práctica sistemática del régimen para erosionar a la disidencia y acallar sus denuncias dentro y fuera de la isla (este año el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov no pudo acudir al Parlamento Europeo). En los casos con mayor repercusión internacional, como sucede con otro de sus líderes, José Daniel Ferrer, la Seguridad del Estado ha fabricado pruebas y forzado testimonios para sostener delitos falsos que mantegan a las principales voces de la oposición incomunicados durante semanas y encarcelados durante meses. José Daniel, tras su excarcelación después de 6 meses en prisiónTratados internacionales sin ratificar Un día después de hacerse pública esta declaración, otra ONG, el Observatorio Cubano de DD.HH. (OCDH), con sede en Madrid, remitía un documento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que calificaba de «inconcebible» que Cuba se postule al CDH «sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales», entre ellos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. «En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas», señala el OCDH. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">?Es inconcebible que <a href="https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Cuba</a> se postule al Consejo de Derechos Humanos <a href="https://twitter.com/ONU_es?ref_src=twsrc%5Etfw">@ONU_es</a> sin ratificar o respetar al menos 1??6?? tratados internacionales<br><br>??<a href="https://t.co/CJwlBEUNY1">https://t.co/CJwlBEUNY1</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UNGA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UNGA</a> <a href="https://t.co/IBHoeDFl9y">pic.twitter.com/IBHoeDFl9y</a></p>&mdash; Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) <a href="https://twitter.com/observacuba/status/1310599500491304960?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> La ONG también se refiere en el texto a la prevalencia de la Constitución cubana sobre los tratados internacionales, así como la falta de independencia del poder judicial, supeditado al Partido Comunista, «un código penal que establece "medidas predelictivas", así como las leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación». Las violaciones de derechos por parte del Gobierno cubano son incontables y están bien documentadas, a pesar de la opacidad del régimen. La represión que ha llevado a cabo sobre sus ciudadanos se ha mantenido durante décadas, y en lugar de suavizarse con la llegada al poder del presidente Miguel Díaz-Canel, parece haberse intensificado. Sin embargo, la continuidad de Cuba en el CDH parece asegurada. La pregunta es inevitable y necesaria: ¿Cómo es posible que un país que viola reiteradamente los DD.HH. sea elegido, una y otra vez, para formar parte de este organismo? «Cuba tiene un deplorable récord en materia de derechos humanos. Se trata de una dictadura que impone un modelo de sociedad cerrada?la única en todo el hemisferio?y reprime el disenso de manera sistemática. Solo en lo que va de este año, se han registrado más de mil detenciones arbitrarias y no hay que olvidar que hay más de 100 presos políticos», explica a ABC José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW). Unas víctimas que «no cuentan con ningún organismo independiente que pueda ampararlos y proteger sus derechos y el Gobierno no ha permitido el acceso de observadores internacionales creíbles para examinar la situación en el terreno», asegura el responsable para América de HRW. «El Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea General que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma», afirma Vivanco El problema de esta perpetuación de Cuba en este organismo estaría, según Vivanco, en que los asientos en el Consejo de DD.HH. «se eligen por votos de la Asamblea General, no sobre la base de un análisis objetivo de los antecedentes de derechos humanos de cada país. Y desafortunadamente el Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea General que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma y a sus aliados?incluyendo a la dictadura de Maduro en Venezuela?de condenas y críticas por sus violaciones a derechos fundamentales. Felizmente estos países no tienen mayoría en el Consejo». Una mera formalidad y una burla En cuanto si habría alguna manera de evitar que Cuba y países que violan los DD.HH. formen parte del Consejo, Vivanco señala un aspecto que considera clave: «Hay que terminar con la práctica de las listas cerradas por región. Lo que ocurre habitualmente es que las distintas regiones geográficas proponen tantos candidatos como asientos están asignados a cada zona. Ahora mismo, América Latina y el Caribe presenta tres candidatos (Cuba, México y Bolivia) para los tres asientos que corresponden a esa región, de manera que los tres serán elegidos. Este mecanismo transforma las elecciones al consejo en una mera formalidad pero también en una burla y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso, como Cuba». Que países como Cuba o Venezuela insistan en formar parte del Consejo no hace cuestionable la continuidad de este organismo, en opinión de Vivanco. «Los regímenes que violan de forma sistemática los derechos humanos, como China, Arabia Saudí y Cuba, buscan un asiento en el Consejo de DD.HH. precisamente porque quieren evitar que este organismo funcione adecuadamente. Esa es una reveladora evidencia de que los grandes violadores de derechos humanos le temen al Consejo y prueba la importancia de que esta entidad siga operando. Hasta ahora, estos gobiernos han hecho enormes esfuerzos por frenar la labor del Consejo, pero gracias a estados que aún creen en la necesidad de defender globalmente los derechos humanos, el consejo ha seguido operando y ha podido poner el foco de atención en situaciones desastrosas de derechos humanos en todo el mundo. Sin ir más lejos, en los últimos días se han aprobado resoluciones clave sobre Venezuela y Siria». Reforma del sistema de elección A la vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, Dita Charanzová, también le alarma que países violadores de DD.HH. como Cuba, Rusia, Arabia Saudí formen parte de este organismo, cuyos filtros de selección no parecen tener efecto: «Lamentablemente así son las normas actuales sobre las elecciones del Consejo. Esto pone de relieve de nuevo de que es necesario reformar el sistema de elección de miembros al Consejo de DD,HH, de la ONU para que no siga pasando en el futuro», explica a ABC Charanzová, muy comprometida con los derechos en la isla. Hace unos meses promovió una resolución de urgencia ante el PE pidiendo la liberación del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer. También ha cuestionado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea debido a las constantes violaciones de derechos en el país, vulnerando así uno de los puntos del acuerdo. «A pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares», asegura Charanzová Como Vivanco, Charanzová intenta defender a la institución en su conjunto, a pesar de ciertas anomalías. «El hecho de que países como los que ha nombrado estén allí no significa que tengan mayoría ni que sus posiciones sean la línea directriz de la defensa de los DD.HH. en este Consejo -señala-. Por ejemplo, a pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares». Y añade: «No obstante, sigo pensando que ya es hora de que se reforme el sistema de elección de miembros del órgano más importante de las Naciones Unidas referente a los derechos humanos», insiste. Desmontando las falsedades del régimen Otra de las organizaciones que ha cuestionado con fuerza el reingreso de Cuba en el CDH en esta nueva convocatoria ha sido UN Watch, un organismo dependiente de la ONU que monitoriza el buen funcionamiento del Consejo. El pasado mes de abril, UN Watch realizó una verificación de las afirmaciones y compromisos de tres países (Cuba, Rusia y Arabia Saudí) respecto a sus argumentos a la hora de ingresar en el CDH. En el caso del país caribeño, son varios los incumplimientos o falsedades por parte del Gobierno cubano detectadas por este organismo. Una de ellas se refiere a la facilitación de información a los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos por parte del Gobierno de Díaz-Canel, algo que desmiente UN Watch de la siguiente manera: «Según una base de datos de procedimientos especiales de la ONU, Cuba ha prohibido la entrada a los expertos en derechos humanos del Consejo en materia de tortura, libertad de reunión, libertad de expresión y detenciones arbitrarias, rechazando sus solicitudes de visitar la isla e informar sobre la situación de los derechos humanos». Este organismo también desmonta que se esté promoviendo el ejercicio del poder por parte del pueblo, pues según organismos como Freedom Houres, «Cuba es un sistema autoritario de partido único que excluye al público de cualquier participación política genuina y autónoma». Otro de los argumentos defendidos por el régimen para formar parte de CDH es, según recoge UN Watch, evitar que el trabajo del Consejo «se vea manchado por la manipulación política que desacreditó y pagó a la Comisión de Derechos Humanos», que tambien es ampliamente refutado: «Cuba es más responsable que cualquier otro país del mundo por la manipulación política del CDH, patrocinando resoluciones que buscan erosionar el significado de los derechos humanos individuales y empoderar dictaduras. Cuando Cuba se presentó a la revisión obligatoria del Consejo en 2013, el régimen cometió un fraude masivo en el Consejo al orquestar 454 grupos de fachada para registrar oficialmente 93 declaraciones elogiando falsamente las políticas y prácticas de La Habana. Además, Cuba se opone sistemáticamente a las resoluciones de la ONU que hablan a favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Corea del Norte y Siria. Cuba ha respaldado a los violadores de derechos humanos mediante una resolución que niega el derecho a sancionar esos regímenes». A las puertas casi de la votación del 13 de octubre, en un documento realizado conjuntamente con Human Rights Foundation (HRF) y el Instituto Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos (IRWDH), en el que se detallan los abusos contra ciudadanos no solo de Cuba, sino de China, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán, UN Watch insta a los países miembros de la ONU a que se opongan a que estos países ingresen al Consejo de Derechos Humanos. También ha presentado «protestas formales» contra la elección al CDH de Cuba, China, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. «Elegir a estas dictaduras como jueces de la ONU en materia de derechos humanos, es como designar a una ganga de piromaníacos a la brigada de bomberos», afirmó hace unos días el abogado y escritor canadiense Hillel Neuer, director Ejecutivo de UN Watch, que calificó a Cuba de «Estado policíaco» y definió a Rusia como un país que «asesina a periodistas y envenena a opositores», al mismo tiempo que recordó que Arabia Saudí «realizó 184 ejecuciones en el 2019».
10-10-2020 | Fuente: abc.es
Noche de violencia y llamas en el centro de Berlín por el desalojo de un edificio okupa
El desalojo del último edificio de okupas en Berlín se ha saldado con un fin de semana de violencia y destrozos en la capital alemana. Docenas de policías heridos, coches quemados, cristales de escaparates rotos y marquesinas de paradas de autobús derribadas son algunos de los detalles del balance de daños que deja la operación para restituir la propiedad de la casa en la calle Liebig 34, convertida en un foco delictivo de extrema izquierda y del que fueron sacadas a la fuerza 57 personas pertenecientes a la comuna que se hace llamar «Proyecto de vivienda anarco-feminista ajeno a la estructura patriarcal» y que se negaron a abandonar el inmueble por su propio pie. Todas ellas fueron detenidas y serán acusadas de allanamiento. «Si nos quitáis el edificio arrasaremos la ciudad», gritaban los manifestantes que protestaban contra la evacuación en céntricas calles de Berlín, minutos antes de que estallase la violencia. Durante la noche del viernes al sábado, varias unidades antidisturbios se fueron trasladando de Berlín-Mitte al distrito de Prenzlauer Berg, donde continuó la violencia callejera tras ser disueltos los grupos en torno al edificio desalojado. Cerca del Hackescher Markt, un grupo de casi 20 alborotadores se separó de la manifestación de protesta, en la que participaban unas mil personas, y destruyó deliberadamente escaparates y vidrieras de automóviles en una conocida zona de vida nocturna de la ciudad, en la que siguieron además incendiando automóviles aparcados en la calle. «Estábamos sentados en una terraza tomando algo, pero decidimos marcharnos cuando vimos que en la manifestación que se acercaba nadie llevaba mascarilla ni guardaba la distancia de seguridad», explica un testigo, «cuando la policía pidió a través de un megáfono que se cumplieran las normas para protección del coronavirus, un grupo empezó a romper mesas y sillas. Nos estábamos levantando en ese momento y sentimos mucho miedo». A lo largo de la noche se han producido repetidos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que se servían de fuegos artificiales como armas con las que disparaban a los agentes, además de piedras, botellas y adoquines. Los testigos afirman haber visto docenas de detenciones, pero la policía no ha informado sobre el número de detenidos. Aunque la mayor parte de los efectivos policiales desplegados desde el jueves han sido ya retirados, durante la jornada del sábado permanecerán todavía de servicio alrededor de 1900 agentes, según ha informado la Policía en Twitter, porque se esperan todavía desórdenes. Además de los alrededores del edificio evacuado, sigue bajo vigilancia la estación de tren Frankfurter Allee en Friedrichshain, en la que fue incendiado un vagón de tranvía y se llevan a cabo todavía tareas de reparación y limpieza. «No hemos podido dormir en toda la noche, como era previsible», relata un vecino, «muchos prefirieron irse a pasar fuera el fin de semana, que era lo que recomendaba la policía por seguridad, pero otros teníamos miedo de los saqueos y decidimos quedarnos». «Lo más impactante para mí es el estado en el que ha quedado el edificio. Yo lo conocí antes de la ocupación, era una buena casa, pero ahora está en estado de ruina. Es una verdadera pena». «Al menos todo ha terminado, la situación era de constante peligro y el barrio por fin va a vivir con algo más de tranquilidad», añade una tercera vecina. Durante muchos, el número 34 de la calle Liebig ha sido el último símbolo del movimiento okupa berlinés y lugar de encuentro habitual de los grupos de izquierda radical. Tras tres décadas ocupado, será ahora devuelto a sus dueños, una inmobiliaria que compró la propiedad a la sociedad de herederos de los propietarios originales, la generación que no pudo recuperar la casa.
07-10-2020 | Fuente: abc.es
La ONU renueva por 2 años más la Misión que investiga las violaciones de DD.HH. en Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que extiende el mandato durante dos años más de la Misión Internacional para la determinación de los hechos, creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misma que el pasado 17 de septiembre presentó el alarmante informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela cometidos desde el año 2014. La resolución fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México que consideró que el texto era «poco equilibrado». Dicha resolución fue auspiciada por los países latinoamericanos pertenecientes al Grupo de Lima y se estableció que todos los informes -incluyendo el de la Misión Internacional- e intervenciones verbales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela serán enviados a la Asamblea General y a los órganos pertinentes de la ONU. La Misión Internacional fue creada en 2019 mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2014 y está liderada por la portuguesa, Marta Valiñas, y por otros dos expertos, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils. El informe publicado durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, concluyó que el Estado venezolano ha cometido «serias violaciones a los derechos humanos» y vincula directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y altos cargos del régimen con crímenes de lesa humanidad. Juan Guaidó celebró la extensión con un mensaje por su cuenta de Twitter: «Ha sido extendido el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU que determinó y señaló a Maduro como criminal de lesa humanidad. Es un reconocimiento a las víctimas, a sus familias, y a una sociedad que resiste ante una dictadura criminal». El embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, criticó la postura de la Unión Europea por apoyar la resolución y por guardar silencio ante las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, fue más crítico con los países latinoamericanos que promovieron el texto, a los que apodó «El cártel de Lima», según informó EFE. Asimismo, Valero protestó por «el despilfarro de casi tres millones de dólares» que usó la «fantasmagórica» Misión Internacional para elaborar «informes falsos, sin rigor científico». Presos políticos La ONG venezolana Foro Penal actualizó ayer sus datos y denunció que en el país sudamericano hay 359 presos políticos, 26 más que hace un mes, cuando fueron liberados medio centenar de presos por las negociaciones entre un sector de la oposición liderado por Henrique Capriles y el Gobierno de Nicolás Maduro. Alfredo Romero, presidente de la ONG, explicó por su cuenta de Twitter que la lista actualizada será remitida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes. Los datos de Foro Penal agregan que, desde 2014, se han registrado 15.621 detenciones por razones políticas en Venezuela.
04-10-2020 | Fuente: abc.es
El caso «Swing» sigue sacudiendo al Gobierno de Vizcarra: detienen a su mano derecha, Mirian Morales
La Fiscalía de Perú ordenó de manera sorpresiva la detención de la mano derecha del presidente Martín Vizcarra: Mirian Morales, como parte de la pesquisa que busca conocer su irregular contratación en el Gobierno. Entre los detenidos de mayor rango, figura Mirian Morales, una de las funcionarias de mayor poder del gobierno de Vizcarra y su persona de confianza desde que llegó al poder en marzo del 2017, tras reemplazar al caído Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Morales fue mostrada ante la prensa con una toalla entre los brazos para cubrir las esposas colocadas por la policía, luego de ser detenida. Morales trabaja con Vizcarra desde que PPK llegó al poder en julio de 2016, cuando el hoy presidente era ministro de Transportes y Comunicaciones. Al asumir la presidencia, el jefe de Estado la nombró Secretaria General de Palacio de gobierno, un puesto clave para conocer de cerca los entresijos del poder. Además, se ordenó la detención de su ex asesor, Óscar Vásquez, y ex asistente, Karem Roca, así como al artista Richard Cisneros, conocido como Richard «Swing». El «caso Swing» puso al presidente Vizcarra contra las cuerdas tras revelarse unos audios grabados por su ex secretaria, Karem Roca, donde coordinan cómo ocultar las visitas del rocambolesco Richard «Swing» Cisneros a Palacio de Gobierno con la ex Secretaria General (Jefa administrativa del Palacio de Pizarro), Mirian Morales. El audio grabado por Roca a Vizcarra, Morales y Vásquez es la clave de la investigación para la Fiscalía El pasado 18 de setiembre, Vizcarra enfrentó un pedido de vacancia en el Congreso por falsedad y obstrucción a la Justicia, que no logró los votos necesarios para destituirlo, 87, y en cambio obtuvo 78 votos en contra, 32 votos a favor y 15 abstenciones. Para la fiscal Sánchez, la base principal de su investigación es el audio que grabó en el Palacio de Gobierno Karem Roca a Vizcarra, a Mirian Morales y Óscar Vásquez, donde coordinan su declaración ante la Fiscalía por el caso Swing. Richard «Swing» Cisneros fue contratado consultor en el Ministerio de Cultura durante varias gestiones y se le pagó en total 175 mil soles (más de 41.400 euros) por sus charlas de autoayuda, animar eventos y organizar festivales de música. Vizcarra discrepa de las detenciones Por su parte, el presidente Martín Vizcarra se manifestó en contra de las detenciones a parte de lo que fue su círculo cercano: «respetamos la independencia de poderes, sin embargo, aun respetando la independencia de poderes, podemos discrepar cómo lo dije en el caso de Keiko Fujimori y el expresidente (Ollanta) Humala, porque una persona debe ser privado de su libertad solamente cuando tenga una sentencia condenatoria». «Creemos que en el caso de esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado, e igual la respetamos. Estamos seguros de que cuando acabe la investigación del Poder Judicial y del Ministerio Público determinarán que no hay motivo alguno de sanción al respecto. Sin embargo, las honras quedarán manchadas. ¿Cuál es el fondo de esta investigación?», dijo Vizcarra al tiempo que añadió: «Es la contratación de un servidor público bajo la modalidad de menor cuantía. Así hay 43 mil servidores en la misma modalidad. Solo pedimos objetividad y transparencia». «En dos oportunidades, ha ido el Ministerio Público a Palacio de Gobierno, se han llevado toda la documentación que han pedido; han allanado las viviendas de los funcionarios, y ahora vemos esta medida (las detenciones); respetamos las decisiones que toman, pero no las compartimos? La Justicia debe ser una sola», dijo el mandatario Vizcarra. Para el gobernante peruano la base de esta investigación judicial son los audios grabados por su ex secretaria Karem Roca, en los que hay diversas declaraciones que luego se demostraron que «eran falsas»; hecho por el cual se mostró en contra de las detenciones dictadas por la Fiscalía. En la cuenta de Twitter de Richard Cisneros, su abogado colgó una foto del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela (1994-1999), que estuvo preso 27 años, junto a un mensaje que dice: «Agradezco el apoyo incondicional de mis seguidores que se congregaron en los alrededores a pedir mi libertad. Confío en Dios y en la Justicia».
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