Infortelecom

Noticias de delincuencia

20-09-2018 | Fuente: abc.es
Más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela, según una ONG
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
AI denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
20-09-2018 | Fuente: abc.es
Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela
En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Las víctimas: hombres jóvenes y pobres El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. «Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años. «Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia. En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade. Récord de homicidios Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil. La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. Asesinados en casa La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (..) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal. Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Uso excesivo de la fuerza «Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas. La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos». Impunidad Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados. Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
14-09-2018 | Fuente: abc.es
Mentira, poder y odio en Venezuela
Mentira y poder se han fusionado en Venezuela, a unos extremos que sobrepasan cualquier previsión. La mentira y el ejercicio del poder se han vuelto indisociables en nuestro país. Mentir equivale a respirar: es uno de los dos mecanismos -el otro es reprimir-, que permite al régimen seguir con vida. Mentir ya no tiene un carácter instrumental, es decir, Maduro y su Gobierno no mienten de forma esporádica o en unas determinadas ocasiones. Tampoco mienten de forma parcial, sacando provecho a medias verdades. No exagero cuando digo que mienten sin límite de tiempo y espacio: el poder venezolano es una fábrica de falsedades que trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Mienten en todas partes. No se detiene nunca. Mienten ante las pequeñas cosas y, también, ante las más evidentes e inocultables realidades. El poder venezolano ha escenificado la vieja premisa de que la mentira tiene una capacidad de mutar que no se agota nunca. Mienten con tanta recurrencia e intensidad, que la mentira se ha vuelto constitutiva. Se ha convertido en la naturaleza del régimen. Mentir es su modo de pensar, su lenguaje, su modo de relacionarse entre ellos y con los demás. Mentir es su modo de percibir y entender el mundo real. Y, como ya sugerí antes, es uno de sus dos modos primordiales de actuar: u ordenan reprimir -insultar, amenazar, golpear, gasear, detener, secuestrar, torturar, herir, enjuiciar o matar-, o lanzan y repiten mentiras, de forma específica o bajo la modalidad de campañas. Veamos. Algunas de los usos más reiterados de la mentira son los siguientes. Uno: mienten sobre sus objetivos. Quizás el más emblemático ejemplo sea el de «Ahora Pdvsa es de todos», que generó una cantidad incalculable de discursos que ocultaban lo que debe ser el más cuantioso robo de los recursos de una corporación, que se haya producido en la historia mundial de las empresas. Dos: Estas prácticas demagógicas, de eslóganes y campañas sistemáticas se han prodigado en la totalidad de las áreas y las organizaciones del Estado: en las empresas básicas, en la salud, en la educación, en puertos y aeropuertos, en el Saime, en el Seniat, en las instituciones culturales, en la FANB y donde se quiera. Todo ese palabrerío conquistó las expectativas y la necesidad de creer, durante algún tiempo, de una parte de la sociedad venezolana. Hasta que, una a una, todas las mentiras cayeron aplastadas por el poderío de los hechos, por lo incontestable del fracaso y de la destrucción. Tres: Sistemáticas han sido las mentiras sobre los resultados de la gestión. El poder venezolano no logró nunca resolver los dramas sociales, no logró mejorar la productividad de Pdvsa, no logró operar los servicios públicos -hoy, inoperantes, en ruinas o a punto de colapso-, no logró ni un solo beneficio de las fincas y empresas que expropió -hoy devenidas en tierras y galpones sin valor-, no logró cambiar el destino de las familias pobres de Venezuela, ni bajar los índices de la delincuencia, ni reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, ni mejorar la calidad de la educación, ni mucho menos proteger las fronteras venezolanas, ya que escogió aliarse con grupos narco guerrilleros y bandas de delincuentes que controlan la frontera. Cuatro: Una de las especialidades -práctica que tiene en Stalin y en Mao sus dos figuras más inspiradoras- ha sido y es la de inventar expedientes, conspiraciones y supuestos planes en contra del Gobierno o de sus jefes. Estas acusaciones son, en sí mismas, temerarias: no les importa que carezcan de lógica, de viabilidad, de sentido o de conexión alguna con la realidad. Se formulan, aunque su credibilidad sea igual a cero, para así abrir el cauce a las acciones represivas de entidades como el Sebin, Dgcim, FAES y otras. Cinco: Asociada a lo anterior, otra de las corrientes predilectas del régimen: culpar a terceros -a los escuálidos, a la burguesía, al imperialismo, a Álvaro Uribe, a Mariano Rajoy, a Donald Trump, a los medios de comunicación, a Julio Borges, a los dirigentes opositores, a Luis Almagro, a la Iglesia, a Fedecámaras, a Cáritas, a las universidades o a quien sea, de sus errores y omisiones, de la absoluta e indiscutible responsabilidad que tienen en el diseño y ejecución de la inmensa crisis que vive Venezuela. Seis: Que mentir es un sistema, que se opera con lineamientos y métodos de propaganda, lo revela el que el régimen no reconoce la realidad. Habla, con desparpajo inconmovible, para negar los hechos, para negar las más terribles y dolorosas realidades del país. Dicen: no hay un éxodo masivo, no hay presos políticos, no hay torturados, no hay hambre, no hay epidemias, no hay una catástrofe sanitaria, no hay represión, no hay contrabando de gasolina, no hay escasez de alimentos, no hay impunidad, no hubo fraude electoral, la ANC es legítima, etcétera. Todos son inventos de los enemigos de la revolución, como los listados en el punto 5. Podría seguir añadiendo más y más variantes de los modos de mentir de Maduro, Cabello y demás jerarcas del régimen (una variante que merece un estudio es la de ?hacerse el loco? con respecto a lo que ocurre en el país, que es la modalidad preferida de Padrino López: mientras el país se hunde en la miseria, él publica tuits dedicados a las más inútiles efemérides patrioteras). Pero antes de cerrar este artículo quiero referirme a una cuestión de fondo: la mentira como método para encubrir el verdadero vínculo que el poder venezolano tiene con la sociedad. Sostengo lo siguiente: la vastedad, la recurrencia y la diversidad del sistema de mentiras que Gobierna a Venezuela, tiene un propósito fundamental: ocultar en qué consiste el sentimiento, la visión que el poder tiene de la sociedad venezolana. Lo medular es que Maduro y su banda odian al país, odian a los venezolanos, odian a las familias, odian a las instituciones, odian a las leyes. En síntesis: odian la vida. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delsy Rodríguez, Mario Silva, Pedro Carreño y tantos otros voceros del odio, no son excepcionales: son la medida, el promedio, la expresión neta de un poder que, mientras más arrinconado está, más odia. A medida que se van quedando solos -son miles y miles los funcionarios y supuestos dirigentes del PSUV que han huido del país en los últimos meses-, a medida que crece el consenso mundial de que el régimen debe acabarse, a medida que los expedientes crecen y las denuncias se multiplican, el odio crece. Porque, al igual que ocurre con las personas, de tanto y tanto mentir, en el régimen no queda sino esa materia oscura e insaciable que es el odio. Ese es el odio que no se detiene en la destrucción del país, es el odio que los venezolanos estamos en la obligación política y moral de vencer lo más pronto que sea posible.
12-09-2018 | Fuente: elpais.com
Rafael Correa, investigado en Ecuador por delincuencia organizada en el caso Odebrecht
La Fiscalía abre una proceso de indagación al expresidente y a altos cargos de su Gobierno
12-09-2018 | Fuente: elpais.com
Rafael Correa, investigado en Ecuador por delincuencia organizada en el ?caso Odebrecht?
La Fiscalía abre una proceso de indagación al expresidente y a altos cargos de su Gobierno
11-09-2018 | Fuente: abc.es
Demócratas de Suecia: restringir la inmigración, consulta sobre la UE y no «discriminar» a los hombres
Tras las elecciones celebradas el pasado fin de semana, los ultraderechistas Demócratas de Suecia, que quedaron en tercera posición, pueden acabar siendo decisivos a la hora de conformar gobierno en el país escandinavo, algo que han valorado y celebrado los principales líderes de partidos de extrema derecha europeos tras saberse los resultados de los comicios. Aquí, su programa político : Política exterior ? Celebrar a un referéndum sobre la adhesión a la UE de Suecia. ? Reforzar el apoyo a los cristianos que son perseguidos a causa de su fe en diferentes partes del mundo. ? Desalentar el Islamismo y los regímenes totalitarios. ? Estar más cerca de la cooperación nórdica en todos los ámbitos de la sociedad. Inmigración y Asilo ? Restringir enormemente la inmigración y utilizar el dinero ahorrado para el cuidado de ancianos y lucha contra la delincuencia. ? Prohibición de la atención médica y dental gratuita a los inmigrantes ilegales. ? Obligar a las personas que ya se han trasladado a Suecia buscando «más oportunidades» a adaptarse a la sociedad sueca, adoptando la cultura y los valores de Suecia. ? Pruebas de lenguaje y de cultura más exigentes para las personas que solicitan la ciudadanía, que será solo concedida a aquellos con carácter impecable. ? Ampliar el apoyo de Suecia para la agencia de refugiados de la ONU y gastar más dinero ayudando a los refugiados de los países en desarrollo. Salud y Asuntos Sociales ? Más camas hospitalarias. ? Más plazas de residencias de cuidados de ancianos con mejores condiciones. ? Impulsar la atención a niños con enfermedades terminales. ? Aumentar las prestaciones por maternidad para dar a más mujeres la opción de quedarse en casa con los hijos. ? Más fondos para el cuidado nocturnos de niños para familias monoparentales. ? Un seguro de desempleo obligatorio y gratuito. ? Subida de las prestaciones por desempleo durante los 3 primeros meses. Defensa ? Aumentar el gasto de defensa nacional para que Suecia pueda protegerse de cualquier ataque. ? Unirse a la OTAN. Seguridad ? Fortalecer los castigos para los infractores graves y reiterativos. ? Recortar el papeleo para agentes y oficiales de policía. ? Otorgar mayores compensaciones a las víctimas de delitos. Educación ? Renacionalización de todas las escuelas suecas. ? Elevar las subvenciones de renovación de los colegios. ? Aumentar el número de empleados adultos en las escuelas para ayudar a hacer frente a enfermedades mentales entre los niños y ayudar a los profesores para que se dedique menos tiempo a labores administrativas. Economía ? Abolir el impuesto de nómina para pequeñas empresas con hasta nueve empleados. ? Reducción de la responsabilidad de pago por enfermedad para todas las empresas. ? Recortar los impuestos para los pensionistas. Igualidad de género ? Terminar las políticas de discriminación positiva basada en la raza y el sexo. ? Revisar la legislación de custodiar para que sea menos discriminatoria contra los hombres. Transporte e infraestructura ? Centrarse en aumentar los vínculos de transporte entre los países nórdicos. ? Aumentar la cobertura de transporte a los estudiantes. ? Invertir en el sector forestal y proyectos rurales. ? Proteger la agricultura a pequeña escala.
09-09-2018 | Fuente: abc.es
La inmigración y la inseguridad dan alas a la extrema derecha sueca
«No sé qué más hace falta para que el Gobierno se dé cuenta de que este país se va a la mierda», declaraba un jubilado a la televisión local de Malmö la semana pasada, después de que un joven de 20 años muriese en un tiroteo en la calle, a plena luz del día, en el suburbio sureño de Hermodsdal. La ciudad portuaria de Malmö, en el sur de Suecia, que reconvirtió sus astilleros en centros de alta tecnología y se conectó a principios de este siglo por puente con Dinamarca, era percibida hasta hace poco como el paradigma de multiculturalidad postmoderna que tan feliz se muestra en el catálogo de Ikea. Pero el partido Demócratas de Suecia (DS) ha logrado hacer de la inseguridad el principal asunto de campaña ante las generales de este domingo, en las que algunas encuestas dan a este partido de extrema derecha incluso el puesto de formación más votada. El paradigma de igualdad y bienestar social ha sido derribado por el discurso de su líder, Jimmie Akesson, que culpa del aumento de la delincuencia en Malmö a su componente demográfico extranjero. Aproximadamente el 31% de la población de esta ciudad ha nacido en un país extranjero, el 11% son suecos de padres extranjeros y en el padrón municipal aparecen registradas 179 nacionalidades. «La gente es tiroteada hasta la muerte en pizzerías. Esta es la nueva Suecia, el nuevo, excitante, dinámico y multicultural paraíso que muchos aquí en la asamblea han creado a lo largo de los últimos años», ha dicho Akesson en sede parlamentaria. Carismático y buen orador, este político de 39 años repite en sus mítines que «un país en el que uno de cada cuatro ciudadanos es extranjero es imposible de gobernar» Según las estadísticas, la tasa de criminalidad en Suecia es relativamente baja. El país nórdico, donde residen 10 millones de personas, registró 106 homicidios el último año, pero la televisión ha informado sobre más de 300 tiroteos, en su mayoría por disputas entre bandas vinculadas a redes de narcotráfico o prostitución, una situación que el pasado mes de enero llevó al primer ministro socialista, Kjell Stefan Löfven, a amenazar con sacar los tanques a la calle. «No sería mi primera opción sacar al Ejército, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario para garantizar la eliminación del crimen organizado», dijo después de que la Oficina nacional para la Prevención del Crimen publicase un significativo aumento del número de suecos que desconfía de la Policía y la acción de la Justicia a la hora de frenar la creciente violencia en el país. Su gobierno ha inyectado 7.100 millones de coronas, más de 720 millones de euros, al presupuesto de la Policía, además de endurecer los castigos para delitos cometidos con armas y una mayor libertad a las fuerzas de seguridad para poder vigilar llamadas y correos electrónicos. Más delincuencia «Es cierto que se ha registrado un aumento de la delincuencia violenta en áreas específicas de Malmö y Estocolmo», reconoce Christian Christensen, profesor de la Universidad de Estocolmo, «pero la realidad no se corresponde con imágenes interesadas como las difundidas por Nigel Farage, que ha dicho textualmente que Malmö es la capital de las violaciones de Europa. Se trata de una faz de la realidad de la inmigración que está viviendo Europa y que es poliédrica, no tan simplista como la tratan de presentar algunos». Christensen señala que ese discurso simplista ha multiplicado su efecto por dos factores: los 160.000 refugiados que llegaron al país en 2015 y el auge que gracias a las redes sociales han alcanzado líderes nacionalista como Daniel Friberg, empresario activo en los 90 en grupos neonazis y autor del libro «El regreso de la verdadera derecha, un manual para la auténtica oposición», además de admirador de Richard Spencer, impulsor del movimiento «alt-right» de Estados Unidos. Friberg alimenta a su vez el auge político de SD, a los que las encuestas pronostican para hoy resultados de hasta el 28,5% de los votos. Vínculos nazis Hasta las elecciones de 2010, SD era solamente una minoría ruidosa sin peso político. Ese año entró en el parlamento sueco con un 5,7%, que multiplicó hasta el 12,9% en los comicios de 2014. Fundado en 1988 con claros vínculos neonazis, se beneficia ahora, además, de la decadencia política de los partidos tradicionales y muy especialmente del Partido Socialista, que obtendrá alrededor de un 23% de los votos y confía en poder formar una coalición con varios partidos de izquierda que superen en conjunto a la derecha por apenas cuatro puntos. El actual líder conservador, Ulf Kristersson, ha adelantado que está dispuesto a pactar con DS si eso posibilita ocupar el gobierno a una alianza de derechas. Jimmi Akesson, el rostro de la «nueva derecha» Con solo 39 años de edad y procedente del partido conservador sueco, el líder de DS se ha distanciado públicamente de los neonazis de la formación, llevando a cabo una política de expulsiones desde 2012, aunque muchos lo consideran maquillaje electoral y limpieza de enemigos internos. Carismático, hiperactivo y buen orador, se ha convertido en el rostro de la «nueva derecha». Nunca terminó sus estudios de CC Políticas en la Universidad de Lund, trabajó como diseñador de páginas web y abandonó el Partido Moderado porque no estaba de acuerdo con el apoyo a la UE. No tiene programa más allá del asunto de la inmigración y no especifica qué hará con el 12% de la población, que es extranjera.
07-09-2018 | Fuente: abc.es
Vladimir Putin: un duro llega al Kremlin
Rusia vivió en la década de los 90 en un régimen de libertades que nunca tuvo antes ni tiene ahora. Pero también asistió a una injusta privatización de la propiedad estatal heredada de la época soviética, que incluía prácticamente todo lo que había en el país, y tuvo que soportar altos índices de delincuencia y corrupción. El separatismo en Chechenia y la guerra que se desencadenó para combatirlo contribuyeron igualmente a acrecentar la situación general de crisis y, por si no fuera suficiente, en agosto de 1998, el Estado se declaró en quiebra. Ese fue en contexto en el que Vladímir Putin llegó al poder. Su predecesor, Boris Yeltsin, le puso al frente del Gobierno el 9 de agosto de 1999. Putin llevaba entonces un año dirigiendo el FSB, el antiguo KGB, en donde sirvió como agente en la desaparecida República Democrática Alemana y en cuyas filas llegó a ser coronel. El 2 de enero de 2000 ABC informaba de traspaso de poder entre el presidente Boris Yeltsin y su sucesor, Vladímir Putin, que ganaría después también en las urnas en marzo de ese mismo año.Su elección como delfín de Yeltsin fue fruto de una decisión colegiada, en la que participaron desde la cúpula de los servicios secretos hasta los grandes empresarios del país. La misión que se le encomendó fue resolver el problema del separatismo checheno y poner orden en el país, pero sin tocar la propiedad que había sido privatizada en los años precedentes. Su primera tarea, todavía como primer ministro, fue recuperar el control sobre Chechenia, de facto independizada, iniciando una segunda guerra para meter en cintura a unos dirigentes que, además de secesionistas, optaron claramente por el islamismo radical. Los éxitos en el campo de batalla le catapultaron a la Presidencia, en marzo de 2000, cargo que ya venía desempeñando interinamente desde que Yeltsin dimitiera el 31 de diciembre de 1999. Se dijo entonces que Putin iba a ser una simple marioneta de los intereses de los grupos de presión más poderosos. Pero no fue así. El antiguo agente secreto adquirió vida propia e hizo las cosas a su manera. Primero reforzó sus ya abultados poderes hasta lograr una centralización comparable sólo a la existente en la época de Stalin, aunque con apariencia de democracia. Seguidamente hizo que la propiedad cambiara de manos, especialmente en el sector energético. Después la emprendió con la prensa independiente. Canales de televisión, emisoras de radio y los principales diarios fueron adquiridos por empresas estatales, como el monopolio energético Gazprom, o por corporaciones dirigidas por oligarcas fieles al presidente. El siguiente paso fue recomponer la llamada «vertical del poder», que condujo a la abolición de las elecciones de gobernadores regionales, a una draconiana y arbitraria ley de partidos, a una criba sin precedentes de las organizaciones no gubernamentales y a la aprobación de una ley contra el extremismo que criminaliza a todo aquel que no comparta el punto de vista oficial. Las dos Cámaras del Parlamento, copadas por el partido del Kremlin «Rusia Unida», son verdaderos apéndices de la Presidencia y la Justicia es una correa de transmisión de sus intereses políticos. En Rusia no existe realmente la división de poderes ni las elecciones pueden ser calificadas de plenamente democráticas. Putin, en confrontación abierta con Occidente tras la anexión de Crimea y la ayuda a los separatistas del este de Ucrania, fue reelegido en marzo para un mandato de seis años, con el el 77,6% de los sufragios, su mejor resultado desde que apareció en escena. Galería de imágenes Vea la galería completa (10 imágenes)
08-08-2018 | Fuente: elpais.com
Absuelta Elba Esther Gordillo, la exlideresa del sindicato de maestros de México
Un magistrado federal ha desestimado las acusaciones a la poderosa exdirigente sindical por lavado de dinero y delincuencia organizada
1
...