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Noticias de delincuencia

06-12-2019 | Fuente: abc.es
Delincuencia y política: el Foro de Sao Paulo
Está en curso una desgraciada tendencia, en muchos lugares del planeta: el abrazo, sin disimulos, sin escrúpulos y sin rubor, entre políticos y delincuentes. Cualquier historiador podría levantar la mano para sostener, y con razón, que los vínculos que han unido a los hombres de poder con el poderío de los delincuentes se remontan hasta la Antigüedad. Pero en los últimos tiempos, no solo en América Latina, se ha producido un cambio sustantivo: en varios países la delincuencia ha asaltado el poder. Hay que entenderlo: lo que está ocurriendo sobrepasa al fenómeno de la corrupción. Ya no se trata de la antigua y reiterada operación, según la cual, un mafioso con recursos a su disposición, especialmente financieros, «compra» favores, contratos, prebendas, complicidad, omisión o impunidad de policías, jueces, carceleros, parlamentarios y autoridades. La práctica, a través de los siglos, ha sido la del ocultamiento: corruptor y corrompido operaban en las sombras. Intentaban mantener sus relaciones y acuerdos, fuera de la vista de los demás. La corrupción era inseparable del secreto. La participación de intermediarios tenía como objetivo proteger la identidad del político o el poderoso que vendía sus decisiones (como, por ejemplo, la de no actuar o dejar el campo abierto para la acción de los delincuentes). Lo nuevo, o relativamente nuevo, es que la delincuencia ha invadido el campo de la política. El auge de la política-basura (la política basada en denuncias, invasión de la vida privada de los adversarios, escuchas telefónicas, acusaciones del más diverso tenor, uso de lenguaje procaz, prácticas de espionaje, delaciones y más), se ha sumado al odio que destilan las redes sociales, donde circulan señalamientos gravísimos, con frecuencia de fuentes anónimas, que se hacen virales, en algunos casos, con la intervención de maquinarias destinadas a ese fin. La destrucción de la política, es decir, el desconocimiento reiterado de su imprescindible necesidad, de su pertinencia social, de su credibilidad y de su legitimidad, despeja el terreno para que delincuentes -mejor dicho, delincuentes políticos-, envueltos en los ropajes del izquierdismo, el populismo, el nacionalismo, el socialismo y otros ismos afines, accedan a la política como vía de ingreso a los bienes que produce el trabajo de las personas, las empresas y las sociedades. El uso de todas las formas de lo violento y lo ilícito para conquistar el poder, fue patentado por el leninismo, que lo puso en práctica en la Rusia de 1917: hacerse con el control matando, asaltando propiedades, violando niñas y mujeres, destruyendo bienes -especialmente aquellos que tenían un carácter simbólico-, expropiando y más. Lenin formuló unas prácticas, donde los matones estaban llamados a cumplir un papel fundamental: el de arrasar con la política, desterrarla de lo público, para que en su lugar se instauraran prácticas como el engaño, el sabotaje, el atentado, las golpizas y asesinatos, el ataque terrorista, la invención de expedientes, la persecución y aniquilación de los disidentes, la sistematización del espionaje, el acoso de los defensores de la libertad, la eliminación de la libertad de prensa y mucho más. Insisto: en el origen mismo de la práctica comunista quedó establecida la incorporación de la delincuencia y los delincuentes como las herramientas fundamentales de conquista y gestión del poder. En la historia de la izquierda en América Latina -salvo excepciones- la acción de lo ilícito ha sido reiterada en la mayoría de los países: secuestros, asaltos a bancos, ataques terroristas, acciones de sabotaje, devastación de bienes privados y públicos, asesinato de empresarios, funcionarios públicos, militares o policiales, conformación de grupos de guerrilla que han causado pérdidas humanas y patrimoniales cuyo alcance es incuantificable. Lo asombroso, y esta es quizás la más perniciosa irradiación del leninismo, es que mucha de esa actividad delictiva, ha sido justificada y legitimada, en alguna medida, por discursos de pretensiones académicas o de carácter político-social. Que el Foro de Sao Paulo se haya erigido en una especie de casa matriz de lo ilícito; que haya articulado una red de gobiernos encabezada por corruptos; que se haya dado a la tarea de corromper a jerarcas de las fuerzas militares y policiales de varios países -Venezuela y Nicaragua, de forma exitosa-; que haya incorporado a su membresía a organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo como la FARC; que actúe como operador de regímenes abiertamente fuera de la ley como los de Ortega y Maduro; que active mecanismos para proteger a prófugos de la Justicia como Rafael Correa y Evo Morales; que cante loas a delincuentes como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, no debe sorprendernos: está en su genética. Ni debe sorprendernos que en varios países del continente hayan sido detenidos funcionarios venezolanos -policías, miembros de grupos paramilitares, malandros de largo expediente- que fueron diseminados por Maduro, con el objetivo de estimular la desestabilización. Tampoco debe sorprendernos que tenga distribuidos por toda América Latina agitadores, adeptos, militantes del resentimiento, sicópatas, grupos de delincuentes y pequeñas células que, apenas se presenta una oportunidad, salen a las calles, no a protestar, sino a demoler; no a formular una propuesta, sino a prender fuego, martillar, acabar con bienes y vidas, sin justificación ni lógica alguna. Salen a la calle a imponer la violencia. A mostrar la capacidad de los delincuentes de dominar a la sociedad. Salen a recordarnos por qué, en los últimos tiempos, un sujeto como Diosdado Cabello, se ha convertido en un factótum del Foro de Sao Paulo, y Caracas, el lugar donde se reunieron a finales de julio, y donde se reunirán el próximo mes de enero.
01-12-2019 | Fuente: elmundo.es
Marginalidad y delincuencia, así sigue asociando el nacionalismo catalán al español
La intencionalidad política está detrás de la difusión de programas de televisión emitidos en Cataluña en los que presentan al castellano como el idioma de exclusión frente al catalán, como lengua de prestigio 
01-12-2019 | Fuente: elmundo.es
Marginalidad y delincuencia, así sigue criminalizando el nacionalismo catalán a la lengua española
La intencionalidad política está detrás de la difusión de programas de televisión emitidos en Cataluña en los que presentan al castellano como el idioma de exclusión frente al catalán, como lengua de prestigio 
01-12-2019 | Fuente: abc.es
Un tiroteo entre policías y supuestos narcos causa 14 muertos en el norte de México
Al menos 14 personas murieron en un enfrentamiento entre agentes de las fuerzas de seguridad y supuestos miembros del Cartel del Noroeste (CDN) en la localidad de Villa Unión, confirmó el gobernador del estado de Coahuila, al que pertenece el municipio situado en el noreste de México, informaron hoy medios locales. Los fallecidos son 10 civiles armados, presuntos pistoleros del CDN, y cuatro agentes, explicó el gobernador, Miguel Riquelme, ante la sede de la presidencia municipal, cuya fachada recibió decenas de disparos durante el tiroteo, que se alargó unas siete horas en esa localidad situada a unos 60 kilómetros la frontera con Texas (Estados Unidos). Además, seis policías resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro, mientras que varias personas se encuentran en paradero desconocido tras el hallazgo de cuatro menores que se encontraban desaparecidos, añadió Riquelme a los medios. Al parecer, los agresores se llevaron a otros civiles para que les orientaran en su huida de la ciudad. El gobernador explicó que el CDN intenta diariamente entrar en Coahuila e hizo un llamamiento a la población. «Quiero hacer un llamado a la calma, no vamos a permitir el reingreso del crimen a la entidad. Utilizaremos la fuerza del estado mexicano para enfrentar este tipo de delitos», aseguró. Previamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila había informado «de forma preliminar hasta el momento» de la muerte de cinco civiles armados del CDN abatidos por elementos de seguridad. «Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno se encuentran en Villa Unión (Coahuila) en un operativo coordinado en contra de un grupo de civiles armados que esta mañana ingresaron a ese municipio», indicó la Secretaría en un comunicado oficial Al filo de las 11.30 horas locales de este sábado, habitantes del poblado de Villa Unión, vecino de Allende, donde años atrás se registró una masacre, compartieron vÍdeos y fotos de una serie de enfrentamientos entre pistoleros de la «Tropa del Infierno», brazo armado del CDN, contra efectivos del ejército y policías estatales. Narcedalia Padrón Arizpe, alcaldesa de Villa Unión, informó que antes del mediodía «empezaron las ráfagas y a escucharse explosivos de granadas» por todo el poblado. Padrón Arizpe mencionó que tiene reportes de intercambio de disparos en otros municipios de la región. Las imágenes compartidas por los habitantes del municipio mostraron camionetas blindadas artesanalmente con las siglas del CDN pintadas en puertas. En su comunicado, la Secretaría de Seguridad indicó que ante acciones como la registrada «responderá con toda la fuerza» y ratificó «que el combate a grupos delincuenciales es permanente». «No se permitirá que estas bandas ingresen a territorio del estado», enfatizó el texto oficial. Las autoridades pidieron a la población que «permanecezca en sus viviendas para evitar cualquier riesgo, y a los ciudadanos que transiten hacia esa comunidad a que por el momento eviten ingresar a ella y atiendan las indicaciones en los filtros instalados en las vías de comunicación».
27-11-2019 | Fuente: abc.es
El mapa de los países más peligrosos en 2019
El mapa de la peligrosidad en el mundo en 2019, realizado a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ha cambiado notablemente en el último año. Una quincena de países han empeorado su situación, Bolivia de forma más drástica que ninguno, mientras que una docena han vivido ligeras mejoras en su seguridad. Exteriores establece una relación, país por país, de recomendaciones de viaje para los españoles antes de salir al extranjero. Estos consejos son actualizados de forma continua en función de los acontecimientos. A partir de la literalidad de estos avisos, indirectamente se desprende un índice oficioso de peligrosidad mundial, representado en este mapa interactivo a partir de colores. Pincha sobre cada país en el mapa para conocer las recomendaciones. Máximo peligro -Negro: «Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia». Nueve países. La lista de países más peligrosos del mundo se mantiene en nueve países, los mismos que el año pasado, tres menos que en 2017. Permanecen en el máximo nivel de peligrosidad Siria, Afganistán, Yemen, Libia, República Centroafricana, Somalia, Eritrea, Sudán del Sur y Papúa Nueva Guinea. -Rojo: «Se desaconseja a no ser por extrema necesidad». 16 países. Bolivia es el país que ha vivido un mayor deterioro de su seguridad, debido a la reciente inestabilidad política, hasta el punto de alcanzar el segundo nivel de peligrosidad máxima. Exteriores recomiendo no viajar al país. La misma recomendación que desde hace dos años vive Venezuela, ya instalada en el riesgo. Nicaragua ha abandonado este trance este año, el único país en conseguirlo. Por el contrario, han entrado Bangladés y Liberia, más inseguros aún que el año anterior. Los otros países con nivel rojo, aquellos que Exteriores desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad, son: Haití, Irak, Pakistán, Corea del Norte, Egipto, Nigeria, Níger, República Democrática del Congo, Mali, Chad, Burkina Faso y Burundi. Con zonas a evitar -Marrón: «Se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas». 26 países. Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países americanos que forman parte del nivel de extrema precaución y con zonas a evitar. Un estadio copado por países africanos (Kenia, Camerún, República del Congo y Sudáfrica, entre otros), pero con hueco también para asiáticos como Indonesia y Tailandia. Israel también forma parte de este rango, así como los territorios palestinos. Se mantiene en la lista Turquía. Argelia, Mozambique y Togo, que empeoran su situación, son novedades, mientras que Filipinas, Sri Lanka y Sudán salen después de haber mejorado su seguridad. -Naranja: «Se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas». 54 países. El nivel más numeroso es, a su vez, el más heterogéneo, ya que la peligrosidad se restringe a zonas concretas y no a todo el país. Así, por ejemplo, Japón está por su riesgo sísmico, Corea del Sur por su frontera con el régimen de Pyongyang, y Rusia por su agitado Cáucaso. Los gigantes China e India forman parte del nivel. La mayoría de los 54 miembros de la lista, no obstante, están ahí por la criminalidad en determinadas áreas. Así ocurre con países de Iberoamérica como Brasil, México, Perú y Ecuador. También hay estados europeos: Serbia, Chipre, Armenia y Georgia. La lista ha aumentado respecto al año pasado, cuando eran 51, puesto que ha habido más incorporaciones por empeorar su situación, como Bahamas, que salidas por mejoras de su seguridad. Precaución -Ámbar: «Se recomienda extremar la precaución durante el viaje». Nueve países. Argentina ha pasado este año a formar parte de este nivel por el aumento de la inseguridad. A diferencia del nivel anterior, no incluye zonas a evitar, pero la precaución extrema es generalizada en todo el país, principalmente por la criminalidad. La lista está formada por nueve países, principalmente africanos, como Madagascar o Ghana. Aunque también hay asiáticos como Malasia. Entran en este nivel Sri Lanka y Guinea-Bissau tras reducir su riesgo. -Amarillo: «Se recomienda viajar con precaución». 42 países. Países con delincuencia alta sin ser alarmante. África tiene aquí su suelo, con países como Marruecos o Guinea Ecuatorial. También Iberoamérica, con Chile, Uruguay, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Costa Rica. Sin restricciones -Azul: «No hay restricciones específicas relativas a viajes a este país». 42 países. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Samoa y 35 países europeos (esto es, todos menos algunos balcánicos) forman el grupo con menor riesgo. Taiwán y Singapur son los únicos países asiáticos en un rango sin representantes africanos ni iberoamericanos. Singapur es única incorporación este año en una lista que no había variado desde 2016. A pesar de los diferentes niveles de peligrosidad, Exteriores remarca en las recomendaciones de cada país, también de los más seguros: «Se recuerda que en estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas».
23-11-2019 | Fuente: abc.es
El alcalde de Bogotá decreta el toque de queda en toda la ciudad
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó este viernes el toque de queda en toda la ciudad para contener los disturbios y saqueos por parte de manifestantes violentos, que se registraron tras la protesta masiva del jueves contra el Gobierno de Iván Duque. La decisión la adoptó el alcalde Peñalosa a petición del presidente colombiano, Iván Duque, quien argumentó que es para mantener la seguridad en la ciudad. «Le he solicitado al alcalde de Bogotá ,Enrique Penalosa, que apliquemos toque de queda en toda la ciudad, a partir de las 9 de la noche. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todos los bogotanos», escribió Duque en su cuenta de Twitter. La medida comenzará a regir a partir de las 21.00 locales (02.00 GMT del sábado), aunque ni Duque ni Peñalosa dijeron hasta que horas estará vigente. Inicialmente Peñalosa había decretado el toque de queda en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar a partir de las ocho de la noche. Según Peñalosa, en esos tres barrios «se han concentrado los actos delincuenciales en el día de hoy», lo que incluye saqueo de comercios y daños a 79 autobuses del servicio público, que se suman a la destrucción el jueves de 76 estaciones del sistema de transporte Transmilenio. «Lamentablemente ha habido un vandalismo generalizado», añadió el alcalde, quien dijo que hay 4.000 soldados del Ejército apoyando a unos 20.000 policías en la vigilancia y mantenimiento del orden. Desde las primeras horas de la mañana manifestantes violentos bloquearon las principales estaciones de transporte público en el sur de la capital colombiana, preludio del caos que se desató horas más tarde en barrios como Patio Bonito, Molinos, Perdomo, Meissen y Tintal, que hacen parte de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, así como en la vecina Soacha, donde también se decretó toque de queda. «Aquí hay entonces unos delincuentes que quieren destruir nuestra democracia, que quieren destruir nuestra ciudad y que creen que van a lograrlo», manifestó el alcalde y aseguró que hay 230 detenidos por esos hechos. Peñalosa añadió que los desórdenes no son «por debilidad» de las autoridades sino por «autocontrol», que ha evitado muertes, pero advirtió que nadie debe llamarse a engaños porque la fuerza pública no ha hecho «uso de sus armas». «Pero que quede claro, nuestra democracia y nuestra ciudad tienen como defenderse», enfatizó. Los desórdenes en Bogotá comenzaron en la tarde de ayer al concluir las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, y aunque remitieron durante la noche, se reanudaron esta mañana en el sur de la ciudad.
23-11-2019 | Fuente: elpais.com
Mentiras sobre los mal llamados menas
Los menores extranjeros no aumentan los índices de delincuencia ni suponen un gasto de 1.000 millones al año
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Las protestas sociales llegan ahora a Colombia: comienza la gran marcha contra Iván Duque
Colombia pasó una noche tensa y amanece este jueves con gran expectación ante el desarrollo de las marchas de protesta previstas para hoy jueves en todo el país, que antes de empezar ya han tenido gran impacto. Anoche el propio presidente Iván Duque, procurando enviar un mensaje de firmeza y a la vez garantista de los derechos ciudadanos, hizo una alocución a todo el país en la cual afirmó que está «tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público» durante el paro. Y recordó que está actuando coordinadamente con alcaldes y gobernadores para evitar excesos y violencia en todo el país. A la protesta nacional el presidente dijo que responderá «con humildad», dispuesto a «escuchar y atender» a todos los sectores sociales, que es precisamente una de las quejas que hay contra su Gobierno, calificado por muchos como refractarios al diálogo, poco dispuesto a dialogar con los sectores sociales, algo ensimismado. También afirmó que está dispuesto a apoyar «propósitos comunes» de todos los colombianos, arguyendo que el suyo es «construir una Colombia más justa, con un Gobierno sintonizado con los anhelos del país», dispuesto a «corregir algunos problemas». Y concluyó, en una entrevista posterior, que «como país y como Estado tenemos que garantizar el derecho a marchar, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando unos quieren afectar los derechos de los demás y la institucionalidad». Horas previas Desde inicios de la semana, aunque con especial énfasis ayer miércoles, algunas de las principales ciudades impusieron controles locales, como la declaración de ley seca (prohibición de vender licor), la suspensión de clases en colegios y universidades, presencia de miembros del Ejército en las calles, como los 12.000 desplegados en Bogotá, a pesar de que el ministro de Defensa ha insistido en que no hay militarización y solo habrá presencia de Policía, y otras restricciones encaminadas a controlar o disuadir los desmanes que puedan surgir a lo largo de la mañana y en horas de la tarde, cuando finalizará el gran paro nacional, como ha sido también denominadas estas marchas de protesta. Durante la noche, precisamente, la Catedral Primada de Bogotá fue recubierta con malla y vallas para protegerla, mientras otros edificios del patrimonio arquitectónico y el comercio del centro de la ciudad ?que siempre paga los platos y vidrieras rotas de las protestas? recurrieron a rejas, tablas y cobertores que eviten el impacto de acciones de vandalismo. Pareciera como si un gran huracán se aproximara al país. La Policía anunció, por su parte, que estrena en la jornada un sistema de reconocimiento facial para poder identificar a los vándalos encapuchados, mensaje disuasivo destinado a los interesados en intensificar los actos de violencia contra la fuerza pública o los ciudadanos que marchen pacíficamente. También ha habido un reiterado llamamiento a todos los ciudadanos para que ayuden a evitar desmanes y que procuren sofocar las provocaciones de los violentos. Un caso se presentó precisamente ayer en Medellín, donde unos 50 encapuchados iniciaron acciones violentas como antesala de las marchas, pero fueron controlados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde estaban agitando. En la ciudad de Pasto, al sur del país, la Universidad de Nariño también empezó a padecer los rigores de vándalos camuflados de protesta estudiantil. El país entero empieza el día entre expectante y temeroso. Algunos esperanzados de que sea una protesta pacífica y ejemplar. Como sea, Colombia está en modo marcha y antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de esta convocatoria nacional a que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, inclusive, auguran más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Voces internacionales, como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, enviaron un mensaje claro reiterando que «la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia» y compartió su preocupación por allanamientos a medios de comunicación, el despliegue deL ejército, la estigmatización de la protesta social tanto en las redes como por parte de algunos medios de comunicación. Deportación de infiltrados y cierre de fronteras Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se le dice en Colombia también, llega con un inusitado impulso de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Además, acuñada por encuestas recientes que indican un creciente rechazo al Gobierno del presidente Duque, frente al cual el 69% de los encuestados dice tener una opinión negativa de su gestión en estos 15 meses de Gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsadas 15 foráneos en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Los aeropuertos, vías de acceso a las ciudades, terminales de transporte y similares están bajo cercana vigilancia. Garantizar la movilización de quienes no marchan y las actividades de entidades públicas, empresariales o bancarias es una prioridad. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues, si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. Agenda de la protesta En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos en los que encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes y a colectivos de artistas y periodistas o medios alternativos. La presión de la marcha no es de hoy, viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, lo que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo gira en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Paradójicamente, las cifras de crecimiento del país están entre las más altas de la región y arrojan un parte positivo con un 3,3% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Muchos otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo corrido del año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto una lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Por ese motivo, precisamente, ayer se sumó la Cumbre Agraria, que recoge a los campesinos y grupos étnicos de las zonas más apartadas del país, que hoy viven en carne propia la violencia contra sus líderes. Marchan en defensa de la vida de líderes sociales y reclamando acciones de protección colectivas para sus comunidades. Hoy marcará un antes y después para el gobierno de Iván Duque y para el país. Si a esta cita del 21N llegan los colectivos clásicos de toda marcha (sindicatos estatales, de la industria, de maestros y de la salud) y a ellos se suman estudiantes universitarios, líderes sociales territoriales, trabajadores de empresas privadas, del transporte y otros sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Las protestas llegan a Colombia: grandes marchas contra Iván Duque colapsan Bogotá y otras ciudades
Colombia estaba este mediodía alegremente colapsada por las marchas que avanzaban hacia las plazas principales de las ciudades. El términos generales, el gran paro nacional convocado para este jueves contra el Gobierno de Iván Duque transcurrió en paz a lo largo de la mañana. Eso sí, con música, arengas y una gran multitud que hizo del tráfico un caos y dio al jueves un color más de domingo. Los temores a grandes incidentes de la víspera parecían disipados: algunos puntos del metro de Medellín cerrados preventivamente, otros del transporte público bogotano también restringidos y asi sucesivamente en las grandes ciudades, cuyos alcaldes tomaron medidas para atajar cualquier acto vandálico. Se dieron, pero relativamente insignificantes para lo esperado. Colombia había pasado una noche tensa y amaneció con gran expectación ante el desarrollo de las marchas de protestas previstas para hoy jueves en todo el país, que antes de empezar ya tuvieron gran impacto. Anoche el propio presidente Iván Duque, procurando enviar un mensaje de firmeza y a la vez garantista de los derechos ciudadanos, hizo una alocución a todo el país en la cual afirmó que está «tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público» durante el paro. Y recordó que está actuando coordinadamente con alcaldes y gobernadores para evitar excesos y violencia en todo el país. A la protesta nacional el presidente dijo que responderá «con humildad», dispuesto a «escuchar y atender» a todos los sectores sociales, que es precisamente una de las quejas que hay contra su Gobierno, calificado por muchos como refractarios al diálogo, poco dispuesto a dialogar con los sectores sociales, algo ensimismado. También afirmó que está dispuesto a apoyar «propósitos comunes» de todos los colombianos, arguyendo que el suyo es «construir una Colombia más justa, con un Gobierno sintonizado con los anhelos del país», dispuesto a «corregir algunos problemas». Y concluyó, en una entrevista posterior, que «como país y como Estado tenemos que garantizar el derecho a marchar, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando unos quieren afectar los derechos de los demás y la institucionalidad». Horas previas Desde inicios de la semana, aunque con especial énfasis ayer miércoles, algunas de las principales ciudades impusieron controles locales, como la declaración de ley seca (prohibición de vender licor), la suspensión de clases en colegios y universidades, presencia de miembros del Ejército en las calles, como los 12.000 desplegados en Bogotá, a pesar de que el ministro de Defensa ha insistido en que no hay militarización y solo habrá presencia de Policía, y otras restricciones encaminadas a controlar o disuadir los desmanes que puedan surgir a lo largo de la mañana y en horas de la tarde, cuando finalizará el gran paro nacional, como ha sido también denominadas estas marchas de protesta. Durante la noche, precisamente, la Catedral Primada de Bogotá fue recubierta con malla y vallas para protegerla, mientras otros edificios del patrimonio arquitectónico y el comercio del centro de la ciudad ?que siempre paga los platos y vidrieras rotas de las protestas? recurrieron a rejas, tablas y cobertores que eviten el impacto de acciones de vandalismo. Pareciera como si un gran huracán se aproximara al país. La Policía anunció, por su parte, que estrena en la jornada un sistema de reconocimiento facial para poder identificar a los vándalos encapuchados, mensaje disuasivo destinado a los interesados en intensificar los actos de violencia contra la fuerza pública o los ciudadanos que marchen pacíficamente. También ha habido un reiterado llamamiento a todos los ciudadanos para que ayuden a evitar desmanes y que procuren sofocar las provocaciones de los violentos. Un caso se presentó precisamente ayer en Medellín, donde unos 50 encapuchados iniciaron acciones violentas como antesala de las marchas, pero fueron controlados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde estaban agitando. En la ciudad de Pasto, al sur del país, la Universidad de Nariño también empezó a padecer los rigores de vándalos camuflados de protesta estudiantil. El país entero empieza el día entre expectante y temeroso. Algunos esperanzados de que sea una protesta pacífica y ejemplar. Como sea, Colombia está en modo marcha y antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de esta convocatoria nacional a que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, inclusive, auguran más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Voces internacionales, como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, enviaron un mensaje claro reiterando que «la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia» y compartió su preocupación por allanamientos a medios de comunicación, el despliegue deL ejército, la estigmatización de la protesta social tanto en las redes como por parte de algunos medios de comunicación. Deportación de infiltrados y cierre de fronteras Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se le dice en Colombia también, llega con un inusitado impulso de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Además, acuñada por encuestas recientes que indican un creciente rechazo al Gobierno del presidente Duque, frente al cual el 69% de los encuestados dice tener una opinión negativa de su gestión en estos 15 meses de Gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsadas 15 foráneos en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Los aeropuertos, vías de acceso a las ciudades, terminales de transporte y similares están bajo cercana vigilancia. Garantizar la movilización de quienes no marchan y las actividades de entidades públicas, empresariales o bancarias es una prioridad. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues, si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. Agenda de la protesta En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos en los que encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes y a colectivos de artistas y periodistas o medios alternativos. La presión de la marcha no es de hoy, viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, lo que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo gira en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Paradójicamente, las cifras de crecimiento del país están entre las más altas de la región y arrojan un parte positivo con un 3,3% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Muchos otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo corrido del año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto una lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Por ese motivo, precisamente, ayer se sumó la Cumbre Agraria, que recoge a los campesinos y grupos étnicos de las zonas más apartadas del país, que hoy viven en carne propia la violencia contra sus líderes. Marchan en defensa de la vida de líderes sociales y reclamando acciones de protección colectivas para sus comunidades. Hoy marcará un antes y después para el gobierno de Iván Duque y para el país. Si a esta cita del 21N llegan los colectivos clásicos de toda marcha (sindicatos estatales, de la industria, de maestros y de la salud) y a ellos se suman estudiantes universitarios, líderes sociales territoriales, trabajadores de empresas privadas, del transporte y otros sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
21-11-2019 | Fuente: abc.es
Colombia cierra sus fronteras y expulsa a infiltrados extranjeros ante el paro nacional de este jueves
Colombia está en modo marcha. Antes de haber dado el primer paso, los colombianos han sentido ya el impacto de una convocatoria nacional, prevista para la mañana de hoy jueves y a la que se espera concurran miles de ciudadanos. Algunos, incluso, se arriesgan a augurar que saldrán más de los cuatro millones que marcharon en el famoso 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC, hito que recoge el pronunciamiento ciudadano más contundente en la historia reciente del país. Precedida por marchas estudiantiles locales, pero ante todo por las violentas protestas en otros países del mundo, pero especialmente en los de la región, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y hasta Venezuela, esta marcha o paro, como se llama en Colombia también, llega con un inusitado impulso propio de las redes sociales y de la polarización que sigue afectando al país. Pero, además, por encuestas que indican el decreciente respaldo que tiene el Gobierno del presidente Iván Duque, que ya llega al 69% en 15 meses de gobierno. También hay quienes afirman que la marcha de hoy tiene apoyo del llamado castrochavismo, en referencia a los países que siguen el modelo del Socialismo del Siglo XXI, hoy liderados por Venezuela y Cuba. Así, una de las medidas tempranas que tomó el Gobierno fue fortalecer las labores de inteligencia para deportar a potenciales infiltrados extranjeros, por lo cual fueron expulsados 15 extranjeros en la última semana, así como cerrar las fronteras del país hasta el viernes en la madrugada. Christian Krüger, director de la oficina de Migración Colombia, señaló que el cierre es efectivo «en todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela». Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dio plenos poderes a alcaldes y gobernadores para que tomen las medidas necesarias que garanticen el orden público en sus ciudades o regiones. Esto es motivo de tensión pues si bien las marchas se han planteado como pacíficas y se ha hecho un esfuerzo de todos los frentes ciudadanos para que así transcurran, se da por descontado que hoy habrá vándalos dispuestos a generar caos, algunos de ellos pertenecientes a las milicias urbanas del ELN, guerrilla que sigue en pie de lucha y con la cual este gobierno cerró toda posibilidad de diálogo tras los atentados de enero de este año. En todo el país se han organizado las marchas con agenda pública de puntos de encuentro y cierre del recorrido en la plaza principal de cada ciudad, lo que supone un reto de manejo del orden público para los mandatarios locales que deben garantizar la protesta ciudadana, amparada por la Constitución colombiana. El Gobierno también llamó a acuartelamiento de primer grado a las fuerzas militares, y ha hecho presencia con fuerza pública en ciertos puntos que se saben serán ejes de la concentración. No se ha llegado a la militarización de ciudades, pero sí se siente presión en el ambiente. En vísperas de la marcha la policía realizó allanamientos, algunos donde encontraron explosivos y posibles elementos incendiarios, pero otros muy cuestionados, como el de la sede de una revista de la reconocida Universidad de los Andes. Colectivos de artistas y periodistas también han sido allanados. Los motivos de la protesta La tensión de la marcha no es solo hoy, sino que viene creciendo en la última semana, a pesar de la estrategia mediática desplegada por el Gobierno Duque, en la que el mandatario ha acudido a todos los grandes medios de comunicación para explicar que no existen políticas o decretos en borrador que afecten la inversión en educación superior o cambien los parámetros de jubilación y pensión, reduzcan el salario mínimo o profundicen políticas económicas en detrimento de los trabajadores, que algunos esgrimen como motivo de protesta. El otro punto de rechazo es la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, rechazada ya por el Congreso, motivo de fuerte polémica a lo largo del año y que el ministro de Hacienda insiste en presentar sin mayores cambios. Otros marchan en rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, con especial ensañamiento contra líderes indígenas, que en lo que va de año suman 284 víctimas. El deterioro de seguridad en los territorios, la débil respuesta del Estado a los cárteles de narcotráfico y las bandas delincuenciales de grupos paramilitares o disidencias de las FARC también convocan a muchos, que ven en esto la lenta acción del gobierno ante los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Hoy marcará un antes y después para el Gobierno de Duque y para el país. Si llegan a la cita los colectivos clásicos de toda marcha, como sindicatos estatales, de la industrial, de maestros y de la salud, y a ellos se suman colectivos de estudiantes universitarios, de líderes sociales territoriales, de trabajadores de la industria, del transporte y de diversos sectores, así como la clase media colombiana, será un parteaguas para este gobierno, que en todo caso, a partir del viernes, se verá obligado a atender de manera más efectiva y menos reactiva las demandas que le hace el país, más que a responder a las quejas y requerimientos del propio partido de Gobierno, donde también hoy, en medio de las lluvias y otras tormentas nacionales, también se cuecen habas.
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