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Noticias de defensa

15-02-2018 | Fuente: abc.es
Trump rehúye medidas de control de armas tras la matanza de Florida
Atrapada por un interminable bucle melancólico, la sociedad estadounidense vuelve a convivir con la emoción a flor de piel y con la constatación racional de un debate estéril. La matanza en un instituto de Parkland (Florida), donde el exalumno Nikolas Cruz sembró las aulas de 17 cadáveres con un rifle AR-15 que había adquirido con extrema facilidad, ha desgarrado a todo un condado y reabierto la confrontación ideológica nacional sobre el control de las armas de fuego que, de manera recurrente, se aviva con cada golpe letal. [Perfil del autor: Nikolas Cruz, el fanático de las armas con entrenamiento militar que quería destrozar su escuela] Pero, como antaño, nada nuevo bajo el sol. En su comparecencia presidencial para contrarrestar el impacto de la tragedia, Donald Trump no sólo obvió posibles medidas para restringir el acceso, sino que no citó una sola vez la palabra «armas». Su discurso se limitó a volcar la carga de la prueba en el estado mental de los potenciales pistoleros y en la necesidad de «impedir que (las armas) caigan en poder de desequilibrados». Trump ya había adelantado la tarde de la tragedia el sentido de su mensaje, cuando en un primer tuit explicativo, se centró en las «señales» de que el asesino estaba «perturbado mentalmente, y había sido expulsado del centro por mal comportamiento». En su argumentación, el presidente no ahorró un significativo tirón de orejas a la comunidad escolar: «Vecinos y compañeros conocían el gran problema. ¡Deben informar siempre a las autoridades, una y otra vez!». Donald Trump ofrece un discurso sobre el «trágico tiroteo» de Parkland (Florida) - Efe Este jueves, cuando el control de las armas de fuego ya se había adueñado de la discusión política, Trump volvió a centrarse en la «exigencia de un seguimiento de la salud mental de los compradores de armas», para lo que prometió estudiar medidas y promover una «cultura de unidad nacional». En el otro mensaje central de su intervención, el inquilino de la Casa Blanca se comprometió a hacer de la «seguridad» en los centros educativos del país una de sus «prioridades», aspiración que resumió con esta frase: «Ningún estudiante, ningún profesor, deberían estar jamás inseguros en un colegio». Un compromiso y un recuerdo que extendió a los padres, en especial a los afectados por la tragedia, a quienes se dirigió así: «Estamos aquí para lo que necesitéis, para todo lo que podamos hacer para aliviar vuestro dolor». Su única decisión La realidad muestra que en sus trece meses de mandato, pese a los trágicos sucesos que no cesan, Donald Trump sólo ha tomado una decisión relacionada con el control de las armas, y no precisamente restrictiva. En otra de sus múltiples medidas que desmontan el legado de su predecesor, Barack Obama, el nuevo presidente suscribió una orden que dejaba sin efecto la necesidad de que los compradores tuvieran que mostrar sus datos de la Seguridad Social cada vez que quisieran adquirir una. La firma de la nueva normativa no contó con convocatoria previa a la prensa, al contrario que en la mayoría de las ocasiones. La defensa de la segunda enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a portar armas, fue uno de los grandes reclamos de Trump para ganarse el voto conservador durante la pasada campaña electoral. Ayer, algunos medios recordaban la indisimulada presencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el gran lobby de las armas de fuego en Estados Unidos, en diversos actos políticos. Además, la asociación convirtió al republicano en el candidato que más donaciones ha recibido de sus arcas, con más de 21 millones de dólares. La dimensión del potencial de la NRA queda mejor retratada con los 200 millones de dólares que ha destinado a la actividad lobbista desde 2001. Su activa y permanente labor en el Capitolio en favor de sus intereses nunca pasa desapercibida. Aunque la realidad social y política estadounidense es más compleja, poliédrica y bipartidista de lo que pudiera parecer, el hecho es que el debate político volvió a enfrentar este jueves a republicanos y demócratas. El presidente del Congreso, Paul Ryan, salió al paso con rapidez de las críticas de miembros del partido minoritario, cuando aseveró que la matanza de Florida «no puede servir para acabar con el derecho de los estadounidenses a portar armas». No es un asunto baladí para un país en el que el rifle y la autodefensa con armas de fuego forman parte de su ADN. Y no sólo por razones culturales, sino también por la necesidad de muchos estadounidenses de protegerse en zonas más despobladas. A esa diversidad hay que sumar que cada estado cuenta con competencias propias para legislar sobre el asunto, lo que amplía la permisividad con las armas de fuego casi hasta el máximo en algunos de ellos, como Florida. En tiempos de Obama Durante sus últimos años en el Despacho Oval, Obama planteó sin éxito al Congreso una serie de medidas para restringir el acceso a las armas de fuego, mediante un control previo más riguroso para los vendedores y compradores. Entre los objetivos, se encontraba también la exigencia de exámenes mentales a los aspirantes. Antes, mediado su mandato, cuando el joven Adam Lanza segó a tiros la vida de veinte niños y seis adultos en la escuela básica de Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), el destino del país pareció cambiar. Con el 14 de diciembre de 2012 como trágica fecha, aún marcada a sangre y fuego en la dramática relación de Estados Unidos con sus armas, la sensibilidad política aparentó abrirse paso para tomar medidas. La mayoría republicana (aunque no sólo) se bastó para frenar cualquier iniciativa. Es la dialéctica diabólica de un país atenazado por la sagrada tradición y la inevitable tragedia. Sin término medio.
15-02-2018 | Fuente: marca.com
La defensa del Iberostar tumba al campeón de Liga
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15-02-2018 | Fuente: as.com
El Newcastle de Benítez renueva a Dummett hasta 2022
El defensa pertenece al conjunto inglés desde que tenía 9 años. Benítez: "no hay muchos laterales izquierdos tan consistentes como Paul".
15-02-2018 | Fuente: elpais.com
El líder de la OTAN exige a Europa más gasto en defensa
Jens Stoltenberg advierte de que contribuir a misiones militares no exime de cumplir el 2% del PIB
15-02-2018 | Fuente: as.com
Que nadie olvide lo que el capitán hizo: así salvó Ramos el 1-2
El defensa blanco se tuvo que emplear a fondo y su acción más destacada fue estirarse al máximo para sacar el remate peligrosos de Kimpembe.
15-02-2018 | Fuente: marca.com
Upamecano, el defensa del futuro
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15-02-2018 | Fuente: abc.es
El escándalo del asesor maltratador acorrala al jefe de gabinete de Trump
Los peores fantasmas vuelven al entorno de Trump en la Casa Blanca, si es que en algún momento habían llegado a abandonarlo del todo. El general John Kelly, el disciplinado y veterano general que intentó ordenar con más o menos éxito desde el pasado verano el caótico equipo que rodeaba al presidente, se ha convertido en víctima del desorden que combatía. Desde que estallara hace ocho días, al publicarse las denuncias de maltratos de las dos exmujeres del secretario de gabinete, Rob Porter, investigado por el FBI, el escándalo ha crecido exponencialmente. La declaración del director de la oficina federal, Christopher Wray, ante el Comité de Inteligencia del Senado, que contradice el calendario de recepción de información sobre las pesquisas que servía de coartada a la Casa Blanca, sitúa al atribulado general en una situación límite. En especial, porque su subordinado Porter contó durante más de medio año con un permiso provisional de acceso a información clasificada, después de que el FBI avisara de que su truculenta vida privada comprometía la obligada investigación que debe afrontar todo alto cargo. Aunque la sucesión de fechas y de hechos salpican también a otros asesores de alto rango, lo que deja abiertas otras posibles medidas para frenar el escándalo. Frente a la primera versión oficial de la Casa Blanca, que sostenía que hasta enero no había llegado la primera información a manos del jefe de gabinete, el director del FBI precisó que la investigación a Porter por maltrato se completó en julio, cuando el informe fue remitido al 1600 de Pennsylvania Avenue. A ello añadió Wray que, a requerimiento de la propia Casa Blanca, la oficina federal amplió y completó los trabajos, que fueron enviados en noviembre. El primero de los informes incluía las declaraciones de las dos exmujeres, pero no la declaración del acusado negando los hechos, que sería objeto de un interrogatorio posterior. Eso significa que durante más de medio año, el general Kelly habría estado al tanto de la investigación, del contenido y la gravedad de las denuncias y de las dificultades para un acusado de maltrato pudiera seguir en su cargo. Pese a ello, cuando «The Daily Mail» publicó las declaraciones de las exmujeres de Porter el 7 de febrero, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, aseguró que la Casa Blanca oficialmente pensaba que la investigación seguía abierta, razón por la que Porter «mantenía el permiso provisional de acceso de información clasificada». Entones, la primera reacción de Kelly fue salir en su defensa. Este mismo miércoles, en declaraciones a «The Wall Street Journal», el general insistía en que la gestión del asunto había sido «la correcta». Sin embargo, no hay duda de que en el mes de julio cuando la Casa Blanca recibió el informe oficial del FBI, que fue a parar a la Oficina de Seguridad Personal, que aborda todos los asuntos relacionados con los permisos, bajo la dirección de Joe Hagin. Las versiones son contradictorias sobre quién más recibió la información. Algunos señalan a Don McGhan, consejero de la Casa Blanca y asistente de Trump, extremo que no ha llegado a ser confirmado. Tampoco existe la certeza de que Hagin hiciese llegar el informe a Kelly. Pese a ello, dos detalles confirmados comprometen al jefe de gabinete del presidente: que en noviembre recibió una llamada de otra expareja de Porter, Samantha Davis, alertándole de la gravedad de las denuncias de sus dos exposas, y que el propio acusado advirtió informalmente meses antes a Kelly de que tenía ese «problema» sobre sus espaldas. La primera de sus esposas, Colbie Holderness, más discreta en los medios, se ha limitado a decir que «era verbal, emocional y psicológicamente agresivo. Por eso le dejé». La segunda, Jennifer Willoughby, que ha aportado fotos del puñetazo en un ojo que habría recibido de su marido ya en la luna de miel, relata con detalle además toda una serie de insultos y de desprecios durante los dos años que duró su matrimonio. Por si faltara algo al vodevil en que se encuentra inmersa la Casa Blanca, Porter mantiene una relación sentimental con su directora de Comunicación, Hope Hicks. Una de las personas de mayor confianza de Trump y que, según diversas fuentes, habría colaborado con Kelly en la primera nota oficial emitida tras estallar el escándalo. Hasta ahora, el presidente se ha limitado a ensalzar las virtudes profesionales de Porter y a asegurar que tiene «una gran carrera por delante». Mala gestión Pero las implicaciones políticas del escándalo no se detienen. Una serie de exasesores y ex jefes de gabinete ha cuestionado la gestión de Kelly, algunos de ellos pidiendo se cabeza. Y no sólo de las administraciones demócratas de Bill Clinton y de Barack Obama. Ayer se sumó a la exigencia quien fuera durante diez días director de Comunicaciones de la Casa Blanca, el controvertido Anthony Scaramucci: «Es inexcusable. Debe dimitir». El asunto también ha llegado a las cámaras legislativas, donde una docena de congresistas demócratas presentaron un escrito en el que exigen la comparecencia oficial de Kelly para aclarar su gestión. Preguntado por la postura republicana, el presidente del Congreso, Paul Ryan, mandó su particular recado a la Casa Blanca: «Claramente, el sistema de investigación no ha funcionado, y deben arreglarlo». En otra de las numerosas comparecencias en las que se obligado a salir al paso de los controvertidos episodios que rodean a Trump, el líder republicano aseveró su «rotunda condena a cualquier tipo de violencia doméstica».
15-02-2018 | Fuente: abc.es
Netanyahu se blinda con sus socios de gobierno ante los escándalos de corrupción
Benyamin Netanyahu se mostró desafiante tras conocer la recomendación de la Policía de procesarle por delitos de corrupción y reiteró su intención de seguir en el cargo. La coalición de Gobierno cerró filas en torno a su primer ministro y, pese a las críticas de algunos aliados de peso, como el ultranacionalista Naftali Benet, ninguno de los partidos mostró su intención de retirarle el apoyo. Este fue uno de los puntos que destacó Netanyahu durante su primera aparición pública en Tel Aviv tras conocerse un informe policial del que dijo que «tiene tantos agujeros como un queso suizo». El líder conservador señaló que la coalición es estable y que «nadie, ni yo ni ninguna otra persona, tiene intención de ir a elecciones. Seguiremos trabajando por el bien de los ciudadanos de Israel hasta el final del mandato». Benet, ministro de Educación, declaró que «aceptar regalos en grandes cantidades durante un largo periodo de tiempo» no está «a la altura de las expectativas que los ciudadanos israelíes tienen de su líder», pero no se planteó salir del Gobierno. El titular de Defensa, Avidgor Liberman, quitó importancia a la situación y consideró que «hay una institución que decide si un hombre es culpable o no: el tribunal, no los medios». El titular de Economía, Moshe Kahlón, también minimizó lo que consideró «murmuraciones del público». El tono empleado por Avi Gabbay, líder del Partido laborista, principal fuerza de la oposición, fue radicalmente opuesto y anunció que «la era de Netanyahu ya ha terminado» porque «no es digno de seguir siendo primer ministro de Israel. Así de simple», según una entrevista concedida al portal Ynet. Diarios como Haaretz apostaron por esta misma idea y calificaron la situación generada por el informe policial como el «principio del fin de la carrera política» de Netanyahu. Cuatro casos bajo investigación La Policía israelí considera que, tras casi dos años de investigación, cuenta con pruebas «para inculparlo de haber aceptado sobornos, de fraude y abuso de confianza». La recomendación policial se basa en dos casos, pero la investigación sigue abierta y finalmente podrían ser cuatro. El primero es el conocido como 'Caso 1000', en el que se analiza la presunta entrega de regalos al primer ministro por parte de empresarios millonarios de Hollywood como el productor Arnon Milchan, y el otro, el 'Caso 2000', relativo a una conspiración con el dueño del diario 'Yedioth Aharonoth', Arnon Mozes, con quien habría negociado para lograr una cobertura informativa positiva a cambio de dañar la distribución del gratuito «Israel Hayom». Los otros dos casos abiertos son el ?Caso 3000?, relativo al cobro de comisiones en la compra de submarinos a Alemania, y el ?Caso 4000?, que investiga la relación entre el ministerio de Comunicación y la compañía de telecomunicaciones local, Bezeq. Decisión final de la fiscalía Todos los ojos están puestos ahora en el fiscal general, Avichai Mandelblit, a quien le corresponde la decisión final sobre la imputación a un primer ministro que a sus 68 años aspira a seguir en el puesto tras las próximas elecciones, previstas para noviembre de 2019. Netanyahu no es Ehud Olmert, ex primer ministro que dimitió cuando empezaron a investigarle por escándalos de corrupción sin esperar a la recomendación policial y que acabó en la cárcel, y parece dispuesto a luchar hasta el final para defender su inocencia y su puesto. Para ello ha arremetido contra la Policía, la prensa y la oposición y se ha colocado como víctima de una caza de brujas que solo busca echarle del poder, un papel que ha calado en sus más fieles seguidores que le ven como el gran protector del país en medio de un Oriente Medio hostil.
14-02-2018 | Fuente: as.com
Que nadie olvide lo que el capitán hizo: así salvó Ramos el 0-2
El defensa blanco se tuvo que emplear a fondo y su acción más destacada fue estirarse al máximo para sacar el remate peligrosos de Kimpembe.
14-02-2018 | Fuente: abc.es
Aumentan a cuatro las víctimas de la segunda explosión en Oruro (Bolivia)
El número de fallecidos en una explosión en Oruro (Bolivia) producida en la noche del martes ha aumentado a cuatro y nueve heridos siguen hospitalizados, mientras prosigue la investigación del suceso tras haberse encontrado restos de explosivo en el lugar, informaron hoy fuentes oficiales. El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, ha declarado a los medios en La Paz que dos de los fallecidos en la explosión de ayer son menores. Mendoza ha indicado que en el lugar del suceso fue encontrado un contenedor de plástico «triturado», con un «fragmentado de aluminio» y restos de un detonador para «más de tres kilos de dinamita». Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, ha declarado al canal de televisión Red Bolivisión que son tres los detenidos como «sospechosos» en relación con el suceso. Estas personas estaban presuntamente en el lugar en el momento de la explosión, aunque la autoridad precisó que por ahora no se puede determinar que sean autores materiales. «No descartamos ninguna hipótesis», ha comentado sobre la causa del suceso, que se produjo cerca de donde el pasado sábado otra explosión provocó ocho muertos y cuarenta heridos en esa misma ciudad del altiplano andino. Zavaleta ha indicado que no se descarta «la posibilidad de que sean dos eventos coordinados». Primera explosión La Policía Bolivia mantiene que la explosión del sábado se debió a una fuga de gas accidental en una garrafa de un puesto ambulante de comida, aunque el ministro ha apuntado que aún quedan «cabos sueltos» en la investigación. La difusión en redes sociales de «audios editados, no espontáneos, con efectos especiales de fondo, que parecen actuados», con testimonios de supuestos testigos del suceso de ayer al poco de que ocurriera, hace sospechar de «una operación organizada», ha afirmado. «No descartamos que sea coordinada con la del sábado, pero se está investigando», ha subrayado. No obstante, ha asegurado a este medio que no existe motivo para temer nuevas explosiones y está desplegado un dispositivo de la Policía Bolivia en la ciudad, de unos 285.000 habitantes. El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, calificó ayer de «acto criminal» la explosión. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó haber instruido «una investigación rápida y exhaustiva hasta encontrar las causas».