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Noticias de crimen organizado

15-10-2017 | Fuente: elpais.com
Ocho muertos en un nuevo episodio de violencia en Tamaulipas
Los fallecidos, todos ellos miembros del crimen organizado, habían disparado contra policías federales en Reynosa
11-10-2017 | Fuente: abc.es
La fiscalía de Turquía pide 15 años de prisión para once defensores de los derechos humanos
La fiscalía de Estambul ha emitido este miércoles orden de prisión de hasta 15 años contra once activistas de derechos humanos que fueron detenidos en julio en un hotel cuando mantenían una reunión en la isla turca de Büyükada. Los encausados defienden que se encontraban desarrollando un taller sobre seguridad digital y gestión de la información. Sin embargo, la acusación, liderada por el fiscal Can Tuncay de la Oficina de Delitos de Terror y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Estambul, tiene una versión muy distinta sobre los fines de esa reunión. Según Tuncay, los sospechosos intentaron convertir la «marcha de la justicia» ?promovida por el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP) Kemal Kiliçdaroglu el pasado junio? en un «caos» para posteriormente «dirigir la agitación hacia otras provincias». «Se deduce claramente que los sospechosos trataron de convertir una marcha que se denominaba de "justicia" en actos que incluían violencia similar a los incidentes del parque de Gezi» que, según prosigue la acusación, «crearían caos en la sociedad», en referencia a las protestas que se vivieron en Turquía en 2013. Amnistía Internacional Concretamente, el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, se enfrenta a 15 años de cárcel por «pertenencia a banda terrorista», acusado de utilizar el servicio de mensajería ByLock, que solía utilizar la cofradía de Fethullah Gülen ?a la que Turquía señala como responsable del golpe de Estado fallido de 2016? para comunicarse de modo encriptado. A los demás sospechosos se les pide entre siete años y medio y diez años entre rejas por «colaboración con banda armada». Taner Kiliç y la directora de Amnistía en Turquía, Idil Eser, junto con los dos instructores del taller, el sueco Ali Gharavi y el alemán Peter Steudtner, y cuatro personas más llevan ya días en la cárcel.
27-09-2017 | Fuente: abc.es
Tres años del caso Ayotzinapa y México todavía se pregunta qué pasó con los 43 estudiantes
Pasan ya tres años desde que un grupo de 43 estudiantes mexicanos desapareció en Iguala, un municipio ubicado en el suroeste Estado de Guerrero. Entonces, los jóvenes de unos 20 años, que eran estudiantes de magisterio de escuela normal de Ayotzinapa, se dirigían a la Ciudad de México para participar en una protesta en la capital. Pero antes, estos estudiantes -de ideología marxista- decidieron dirigirse primero al municipio de Iguala para boicotear un acto político local, sin embargo, fueron detenidos por la policía en el trayecto. A partir de ahí comienza un complejo laberinto de dudas alrededor de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre de 2014 según la versión oficial y sólo una certeza: seis de esos estudiantes fueron encontrados muertos y 43 están aún desaparecidos. La desaparición forzada de Iguala es un caso que significó un punto de quiebre entre el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana. Elegido en 2012, Peña Nieto había traído un soplo de aire fresco a la presidencia del país tras lograr un acuerdo histórico entre los tres grandes partidos -PRI, PAN y PRD- para realizar una decena de reformas estructurales que buscaban modernizar la economía mexicana. Algunas de ellas eran clave, como la reforma financiera, que buscaba que más gente tuviera acceso al crédito, o la energética, que abría el sector energético a la inversión extranjera por primera vez en casi 100 años. Pero el mal manejo de la crisis que realizó el Gobierno, junto a las contradicciones y las débiles evidencias que en algunos momentos presentó la investigación oficial cómo explicación sobre qué paso con los 43 estudiantes, acabó con el buen inicio que tuvo el presidente durante este Sexenio. La teoría oficial es la siguiente. La policía detuvo a los estudiantes y los entregó al cartel local llamado Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero ubicado en las montañas. El motivo fue que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó su detención porque el evento que iban a sabotear era de su mujer, María de los Ángeles Pineda, cuya familia ha estado vinculada al crimen organizado. La intención del alcalde, un tipo también relacionado con la mafia, sería dar un aviso a futuros grupos de estudiantes de izquierda que osaran meterse con él. Esta versión se sustenta en el testimonio de varias personas que fueron detenidas tras la desaparición. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a cinco especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los expertos llevaron a cabo diferentes pruebas para corroborar la versión oficial, pero llegaron a la conclusión de que el relato no se sostenía. Primero, dijeron que los testimonios podían haberse conseguido mediante torturas de la policía a los detenidos y, segundo, rechazaron la idea de que los estudiantes habían sido calcinados en aquel basurero, ya que llevaron a cabo diferentes pruebas científicas en la zona donde supuestamente habían sido quemados. Tras terminar su trabajo, los especialistas se marcharon del país y acusaron al Gobierno de querer ocultar la verdad, lo que dejó muy mal parada a la administración de Peña Nieto. Luego llegaron los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense a inspeccionar la zona del basurero, dado que los familiares no se creían la versión que ofrecía el Ejecutivo. Durante sus labores de investigación, los argentinos encontraron un hueso en un río que corroboraron que se trataba de uno de los 43 jóvenes. Y al mismo tiempo, meses después la Fiscalía mexicana publicó un estudio que decía que en el basurero habían sido calcinados alrededor de 17 cuerpos, pero no se logró crear un vínculo con los estudiantes desaparecidos. Y tres años después, esto es a grandes rasgos todo lo que se sabe del caso Ayotzinapa, un evento que por el momento deja 130 personas acusadas de participar en el crimen, pero ninguna de ellas ha sido sentenciada por la desaparición de los jóvenes normalistas. Las familias siguen enfrentadas con la versión oficial y en cada manifestación que realizan siguen emitiendo su lema «vivos se los llevaron, vivos los queremos» en las muchas marchas que todavía realizan hasta el día de hoy. De hecho, para este tercer aniversario han realizado una marcha silenciosa por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México -como el Paseo de la Castellana en Madrid- para demandar que se investigue qué pasó realmente con sus familiares. Sea como fuere, Ayotzinapa supuso un shock del que México trata todavía de recomponerse, ya que evidenció para muchos ciudadanos del país cosas que ya se sabían como la compenetración que existe entre policía, pequeños gobiernos locales y organizaciones delictivas. Todo eso en caso de que sea cierta la teoría oficial. Pero ante la posibilidad de que esta no fuera la correcta y sí la de los expertos, deja entrever la imagen de un Estado ue entorpece las labores de investigación de expertos independientes. Qué tienen que esconder las autoridades en este caso es una pregunta que muchos mexicanos a día de hoy se siguen realizando. ¿Dónde están los 43 estudiantes?
19-09-2017 | Fuente: abc.es
¿Dónde están misiles de las FARC?
La ONU acaba de dar por concluida su misión sobre el desarme de las FARC sin que ese proceso se haya completado. Nuevamente los titulares de prensa hablan de un desarme finalizado, cuando en realidad las comprobaciones aún están en curso y además las cifras no cuadran. De hecho, de momento solo se ha podido decomisar poco más de la mitad de las armas atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; no han aparecido los misiles antiaéreos que se supone que formaban parte de su arsenal. Las prisas o el deseo de confirmar que las FARC han entregado todo su arsenal ya se dieron el 26 de junio, cuando los guerrilleros se desprendieron de sus 7.132 armas individuales (el Gobierno dio entonces por cumplido el desarme). Ha vuelto a suceder de nuevo ahora cuando, debido al calendario fijado de antemano, los inspectores de la ONU han debido dejar su labor de campo, habiendo podido examinar solo 750 de los 998 zulos o caletas de armamento secretos que la guerrilla colombiana ha reconocido tener («Terminó el proceso de extracción de las caletas», han titulado diversos medios, cuando aún queda por intervenir el 25%). Fin de la supervisión internacional Las 248 caletas restantes serán abiertas por las autoridades colombianas, con asistencia de las FARC, sin supervisión directa de las Naciones Unidos. Los 450 representantes de la ONU que debían verificar el cese del fuego definitivo y el desarme de la guerrilla se han marchado al terminar oficialmente sus funciones el 15 de septiembre y ahora una misión internacional de 150 personas se dedicará a otro asunto: verificar la reincorporación social, económica y política de los exguerrilleros. Para la revisión de las 248 caletas que quedan ya no hay plazos y esos trabajos gozarán probablemente de menos publicidad. La parte de la sociedad que desconfían del presidente Juan Manuel Santos (una ligera mayoría de la población votó contra el proceso en el referéndum cuyo resultado luego Santos orilló) puede pensar que el Gobierno y las FARC negociarán, ya sin supervisión internacional, cualquier tropiezo que pueda surgir en este asunto, con el fin de apuntalar el proceso de paz. Material hallado De acuerdo con la ONU, en su intervención de 750 caletas han aparecido 1.238 armas. Añadiéndolas a las que ya entregaron personalmente los combatientes en junio, suman un total de 8.370 armas decomisadas para su futura destrucción. Esto no quiere decir que las FARC se hayan desarmado por completo, no han entregado todo su arsenal»Andrés González, IEEE Esa cifra queda muy por debajo de las 14.000 que en marzo el Ministerio de Defensa colombiano le atribuía a las FARC, y difícilmente se alcanzará cuando se revisen las caletas que faltan. El investigador Andrés González, analista de Instituto Español de Estudios Estratégicos, considera que de momento no puede afirmarse que el grupo terrorista «se haya desarmado por completo; no han entregado todo su arsenal». En las inspecciones hasta la fecha también han aparecido 488.489 municiones de diferentes calibres de armas ligeras, 26,4 toneladas de explosivos, 39,8 kilómetros de cordón detonante y mecha lenta, 4.277 granadas, 2.647 minas antipersona, 31.868 iniciadores-estopines y 1.767 municiones de mortero (de 81 y 60 milímetros y cohetes). Las imágenes suministradas por la ONU muestran que entre las armas hay lanzagranadas, pero el informe no especifica el tipo de armas y, por tanto, si también se hallaron morteros. El misterio de los misiles Los inspectores no han declarado haber hallado ningún misil tierra aire (SAM). Su existencia misma ha sido objeto de discusión en los últimos años. ¿Realmente las FARC adquirieron ese tipo de armamento? Como reseña Andrés González, todo indica que sí. Al margen de algún misil de aparente fabricación casera que el Ejército halló en áreas de despliegue de la guerrilla, en 2013 surgió un vídeo en el que se veía a combatientes manejando un lanzamisiles de serie. La adquisición de estos lanzamisiles portátiles y sus proyectiles fue denunciada por John Kelly, entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos y hoy consejero de seguridad nacional de Donald Trump. Además nuevas informaciones han insistido en que Venezuela adquirió 5.000 iglas rusos (una versión de SAM) en 2010, y dada la estrecha colaboración del régimen chavista con las FARC es de suponer que un cierto número de ellos pasaran a esa guerrilla. Otra cosa es que las FARC no los utilizaran ?nunca derribaron un aeronave con misiles? por varias posibles razones: falta de entrenamiento para su uso, deficiente conservación en la selva, dificultad para manejarlos desde lugares frondosos, reserva para una gran operación que luego no produjo, inoportunidad ante contactos con el Gobierno de cara a un proceso de paz.. Caletas secretas Los periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina estiman en su libro «El Dorado de las FARC. El Banco secreto de la guerrilla en la selva» (2016) que el número de caletas secretas de la guerrilla es mucho mayor que las mil cuya ubicación ha sido desvelada por los guerrilleros. Así, habría que incluir aquellos lugares en los que las FARC pueden guardar sus montañas de dinero proveniente del negocio de la droga (se les atribuye una fortuna millonaria), y aquellos para el almacenamiento de armas de los grupos disidentes que no han querido sumarse al proceso de paz (cerca de 800 personas). Pero los expertos también sospechan que el mando oficial de las FARC ha reservado parte de su arsenal, tal vez el más pesado o estratégico, una fracción del cual podría hallarse en suelo venezolano, en la zona fronteriza que ha sido su santuario durante el chavismo. Aun cuando la singladura emprendida por la rebautizada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común pueda no tener vuelta atrás (en cualquier caso, en un regreso a la lucha armada siempre podría adquirir armas nuevas gracias a su fortuna), la disposición de armas sigue siendo útil para las operaciones de crimen organizado que parte de sus viejas estructuras probablemente mantendrán en determinadas zonas.
31-08-2017 | Fuente: elpais.com
Entre el affaire y el narco: el último embrollo criminal en México
Las autoridades apuntan a una venganza personal en el caso del funcionario asesinado. No descartan al crimen organizado: la amante tendría nexos con la delincuencia
25-07-2017 | Fuente: abc.es
Paraguay mantiene su récord como foco americano del contrabando de tabaco
Paraguay, con solo 6,9 millones de habitantes, produce anualmente por encima de 60.000 millones de cigarrillos. Esas cifras hablan de un imposible: para absorber esa producción, todos los paraguayos, incluidos los recién nacidos, debieran fumar una media de 27 millones de cigarrillos diarios. En realidad, el consumo doméstico total queda por debajo de los 2.500 millones de cigarrillos al año, y como los datos de la exportación oficial son bajos, las diversas investigaciones realizadas hasta la fecha estiman que el 90% por ciento de la producción se destina al mercado negro. Paraguay es el principal foco americano de contrabando de tabaco y uno de los mayores del mundo: es el origen del 73% de los cigarrillos que se comercializan de modo ilícito en Latinoamérica y del 10% del mercado negro mundial. De acuerdo con las estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salu), Latinoamérica es la zona del mundo con mayor porcentaje de comercio ilícito de cigarrillos ?el 16,7% del comercio total de tabaco en la región, casi el doble de la cifra global, que es del 9%. En el contrabando del tabaco de Paraguay intervienen carteles mexicanos, FARC y HezboláEse señalamiento de Paraguay no es nuevo, pero una actualización de esas cifras ha sido expuesta recientemente en un informe presentado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El informe señala a grupos del crimen organizado, como los carteles mexicanos, y del terrorismo mundial, entre ellos Hezbolá, como los principales actores de ese contrabando. Así, apunta que las FARC de Colombia han utilizado esa actividad para lavar dinero procedente del narcotráfico, y cita un comunicado del Gobierno de Israel para indicar que «el comercio ilícito de tabaco constituye una importante fuente de financiación para Hezbolá». Por qué Paraguay ?Primero hay una razón geográfica. La llamada Triple Frontera ?el espacio donde se juntan las demarcaciones fronterizas de Paraguay, Brasil y Argentina? ha sido tradicionalmente una zona de contrabando de todo tipo, incluido el narcotráfico. Cuando surgió la industria del tabaco no tuvo más que utilizar las redes de distribución que ya se usaban para otros productos. Esa industria se beneficia de que Brasil y Argentina son los principales productores de hoja de tabaco de Suramérica (Brasil es el segundo mayor productor del mundo, después de China, y el primer exportador). ?Esa ubicación fue utilizada primero por ciertas multinacionales tabaqueras. Hay evidencias de que subsidiarias de Philip Morris enviaban cargamentos de cigarrillos a Paraguay para luego sacarlos de ese país de contrabando. Cuando la mayor supervisión sobre las multinacionales en sus países de origen aumentó, fueron sustituidas por empresas locales en esa labor de alimentar el mercado negro. ?Algo parecido a lo que hacían las multinacionales era llevado a cabo por empresas brasileñas, que remitían cigarrillos a Paraguay para luego reintroducirlos en Brasil de contrabando. Medidas contra el negocio ilícito tomadas por Brasilia han llevado a que simplemente parte de la producción se traslade a Paraguay, para luego persistir en la entrada ilícita de cigarrillos en Brasil. ?Dados los serios problemas en la Triple Frontera de violencia, contrabando de armas, narcotráfico, lavado de dinero y movimiento de extremistas islámicos, las autoridades locales, nacionales e internacionales han prestado poca atención al comercio ilícito de tabaco, un producto que es legal, a diferencia de la cocaína o el cannabis. Los negocios del presidente Mucho del tabaco aprehendido a los contrabandistas corresponde a marcas producidas por Tabacalera del Este (Tabesa). Tabesa forma parte del Grupo Cartes, el cual controla más del 50% de la industria de cigarrillos de Paraguay, como ha destacado «Foreign Affairs». El Grupo Cartes es uno de los principales conglomerados de negocios del país y es propiedad de la familia del actual presidente, Horacio Cartes. Frente a las alegaciones de que el Grupo Cartes produce cigarrillos básicamente para su comercio de modo ilegal, el presidente paraguayo responde que «el contrabando es una cuestión de aduanas; nosotros no hacemos nada de eso, tenemos la conciencia tranquila». Pero esas afirmaciones no logran disipar la sensación de corrupción que existe en el país, una de las más altas de Latinoamérica, algo que puede lastrar las buenas condiciones creadas para el desarrollo económico de Paraguay.
23-07-2017 | Fuente: elpais.com
Colombia intensifica la lucha contra el crimen organizado tras la paz con las FARC
Del Clan del Golfo a Los Pelusos, así son los grupos armados que tratan de ocupar los espacios de la guerrilla
19-07-2017 | Fuente: abc.es
Tamaulipas, donde raptaron a Pilar Garrido, estado abatido por la delincuencia
El rapto de la española Pilar Garrido Satamans a manos de un grupo armado el pasado 2 de julio en una carretera en el norte de México es desgraciadamente una historia recurrente en Tamaulipas, uno estado abatido por la delincuencia del crimen organizado. Con 77 secuestros entre enero y mayo, Tamaulipas es la entidad federativa en el que más se comete este atroz crimen, aglutinando un 15% de los 484 casos que han ocurrido en los 32 estados en México en 2017. Y es que Tamaulipas es el campo de batalla en el que el Cartel del Golfo y el Cartel del Noroeste, una escisión de Los Zetas, libran una dura guerra por hacerse con este estado fronterizo con Estados Unidos. Por Tamaulipas pasa una gran parte de los más de 400.000 millones de dólares que cada año comercian ambos países, lo que convierte al estado en un punto clave para el narco ya que el elevado tráfico de mercancías es un aliado ideal para el contrabando de estupefacientes. Bajo el estatus jurídico de «persona no localizada», dado que la Fiscalía de este estado mexicano informa que no ha habido aún petición de rescate, la desaparición de Garrido, de 34 años, es un caso extraño en Tamaulipas, donde no es habitual el secuestro de una persona extranjera. «Los criminales saben que al llevarse a un extranjero va a haber más presión policial y diplomática, por lo que suelen estar más ?protegidos?», indica un reportero que trabaja en Ciudad Victoria, donde vive la española, y que prefiere guardar su identidad. «El año pasado desaparecieron a unos mexicanos de nacionalidad estadounidense que estuvieron unos días en México. Al enterarse la embajada, los buscaron por tierra, mar y aire; y a los dos días la policía ubicó a los secuestradores, los mató y rescató a estas personas. Esa celeridad no ocurre con los locales», asegura este experimentado periodista sobre el último caso que recuerda de extranjeros que también fueron secuestrados en el norte de México. Uno de los estados más peligrosos de México Si existiera el deshonroso premio al estado más peligroso de México, Tamaulipas sería una de las entidades federativas favoritas para alzarse con el negro galardón. A lo largo de 2016 se registraron 155 secuestros en la entidad, un número que sumado a las funestas cifras de Veracruz y del Estado de México aglomeraron casi la mitad de todos los delitos de privación de libertad que ocurrieron en el país. Además de un espeluznante número de secuestros, el año pasado en Tamaulipas se produjeron 1.384 homicidios, una cifra que en 2017 va camino de repetir con 607 asesinatos en los primeros cinco meses del año. Asimismo, en 2016 ocurrieron 15.021 robos, de los que unos 5.000 se realizaron con violencia, un elevado ritmo delincuencial que destaca cuando es comparado con el de otros estados que conforman la República mexicana. Ante esta ola de violencia, la ciudadanía se encuentra desamparada por la incapacidad de las fuerzas de seguridad del Estado por ponerle freno. En marzo de este año se produjo una fuga masiva de un penal situado en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, a través de un túnel al igual que hizo Joaquín Guzman Loera, alias «el Chapo» Guzmán, un caso por el que está siendo investigado el director de la prisión y varios funcionarios. Tras la fuga, las autoridades volvieron a capturar a unos 15 de los reos, pero evidencia una vez más la incapacidad del Gobierno para mantener a los criminales dentro de las cárceles. Desde que, a finales de 2006, al inicio del Sexenio de Felipe Calderón, diera comienzo la guerra contra el narcotráfico, un conflicto que todavía perdura, este norteño estado ha sido uno de los escenarios principales de esta cruenta lucha. Sólo por el cruce que conecta la ciudad mexicana de Nuevo Laredo con la estadunidense Laredo, pasa alrededor del 42,4% de todas las mercancías que comercian los dos vecinos, de acuerdo con un estudio de la universidad Texas A&M de 2013. Con el objetivo de controlar Tamaulipas e inspirar temor entre la población, las organizaciones delictivas han llevado a cabo brutales crímenes como las masacres de San Fernando en 2010 y 2011. En la de 2010, miembros de Los Zetas asesinaron a 72 inmigrantes indocumentados cerca de municipio de San Fernando. Y en 2011, ocurrió la segunda masacre en la misma ciudad en la que de nuevo la misma banda criminal eliminó a 193 personas que fueron enterradas en hasta 47 fosas clandestinas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, hay alrededor de 30.000 personas desaparecidas en todo el país, aunque varias organizaciones civiles estiman que la cifra real podría llegar a rondar los 300.000 casos. De cualquier modo, de acuerdo con las cifras del CNDH, en Tamaulipas se concentran casi un 20% de todas las desapariciones en la República, con un total de 5.563 casos reportados.
17-07-2017 | Fuente: abc.es
Asesino fue y en polvo se convirtió
El más buscado. Un calificativo que se convierte prácticamente en sinónimo de leyenda. El más difícil de atrapar, el elusor, el que escapa a su justo destino. Y cuando ese apelativo se enmarca dentro de la lista del FBI, se acentúa su carácter. Como ocurrió con Donald Eugene Webb, asesino que consiguió morir antes de ser sentado ante la justicia. Los restos de uno de los hombres más perseguidos por la agencia estadounidense fueron hallados el pasado jueves. En un jardín trasero. El de su esposa. Webb se encontraba en busca y captura tras ser reconocido por las autoridades como el asesino del jefe de policía Adam Jones. Con antecedentes penales por robos en joyerías y pertenencia al crimen organizado por delitos en Nueva Inglaterra, se dispuso a asesinar a Adam durante una rutinaria patrulla. El descuido del policía junto con la argucia de Webb se saldó con su muerte. Tras golpearle y dispararle, el cadaver de Adam fue enterrado en el jardín trasero de la casa que ahora habitaba su esposa. Y curiosamente en el sótano de esa misma casa, se hallaron los restos de Webb. Tras la detención de la esposa del asesino, las autoridades decidieron que su colaboración le exhimiría de las penas que pudiera asumir. Asunto de disgusto para la viuda de Adam, la señora Mary Anne, quien confirmó su estado de ira ante la conspiradora: «Ayudó y protegió a un hombre buscado por asesinato. ¿En serio? ¿Enterrar un cuerpo en el jardín trasero? Esto es increíble», señalaba. Sus hijos en cambio, estaban sumidos en una catatonia absoluta. No pueden creer que alguien haya sido capaz de tal crimen contra su padre. La persecución tomó un camino de Odisea desde el primer instante. Webb escapó de Saxonburgo con facilidad, su coche fue encontrado en Irlanda, su escondite fue idóneo.. tan idóneo, que nunca le cogieron. El asesino ingresó en mayo de 1981 en la lista de los diez criminales más buscados del FBI, cinco meses después del asesinato del jefe de policía. Es más, Webb -según los datos forenses- habría muerto en el año 1999, a sus 60 años. Hasta hoy día, una vez encontrado el cuerpo de Adam, ha sido su esposa quien ha estado ocultando dos cadáveres en su casa. Desde su asesinato en diciembre de 1980, se ha querido dar caza a un fantasma. Unos años de vida podrían haber bastado para atrapar a Webb. Pero no. Su instinto mezquino, salvaje y calculador le llevaron a ser uno de los pocos asesinos que han conseguido su objetivo: matar y desaparecer.
16-07-2017 | Fuente: abc.es
Revuelta de alcaldes en Sicilia contra los inmigrantes: «Aquí ya no hay sitio»
La emergencia por la inmigración se recrudece en Italia, con desembarcos continuos y revuelta de alcaldes en Sicilia en protesta con un grito común: «Aquí ya no hay más sitio para prófugos». Solo en este fin de semana son 7.000 los inmigrantes desembarcados en puertos de Sicilia, Calabria y Apulia. Muchos alcaldes consideran que se ha llegado al límite y crece su protesta. El envío de 50 inmigrantes a un exhotel, que ni siquiera tiene luz, próximo a Castel Umberto, pueblo de 3.300 habitantes en la provincia de Messina (Sicilia), ha desencadenado una revuelta. El alcalde, Vincenzo Lionetto, intentó ayer impedirles con su propio coche el acceso por carretera, al tiempo que bloqueaba el acceso de energía eléctrica para la estructura de acogida. Hoy finalmente con ayuda de la Policía se ha permitido la entrada de un grupo electrógeno en el albergue. El alcalde recibió la solidaridad de los vecinos y de muchos alcaldes de la zona. La realidad es que en Castel Umberto prefieren no ver inmigrantes, pero ni el regidor Vicenzo Lionetto ni sus vecinos quieren que se hable de racismo. «El problema no son los inmigrantes, sino el hecho de que han sido enviados sin que aquí nadie haya sido implicado en las decisiones. Debo defender a mi gente», explicaba el alcalde ante el bloqueo al que fue el hotel Canguro. Hoy delante del alberque ha habido una asamblea pública, con la participación de una treintena de alcaldes de la zona y cientos de ciudadanos, para protestar contra la llegada masiva de inmigrantes. Los alcaldes temen riesgos para la seguridad urbana y exigen que haya un reparto gradual y sostenible de los inmigrantes. Agresión sexual En este clima de tensión, una noticia ha alimentado la preocupación en torno a la convivencia con inmigrantes. Una revisora de los billetes de tren fue agredida sexualmente por un grupo de nigerianos que la rodearon en la estación ferroviaria de Porto Torres Marittima (Cerdeña). El episodio tuvo lugar en un tren con destino a Sassari, durante el control de los billetes, que los jóvenes no disponían. La revisora, en estado de shock, tuvo que ser asistida en urgencias en Sassari. La tensión es creciente en muchas regiones, sobre todo en el sur, por las dificultades para acoger esta ola de refugiados, convirtiendo hoy esta emergencia de la inmigración en el problema más destacado del país. Más de 200.000 visados temporales La irritación es también grande en el Gobierno por considerar que, salvo promesas y buenas palabras, no hay suficiente solidaridad en Europa hacia Italia, que teme que en este año lleguen más de 200.000 prófugos, un récord. De ahí que el gobierno italiano esté pensando en c onceder 200.000 visados temporales para permitir a los inmigrantes que llegan a las costas de este país circular por el resto de la Unión Europea. Lo revela el diario británico «Times», que habla de «opción nuclear» para resolver la crisis de refugiados frente a la indiferencia o rechazo a cooperar por parte de los miembros de la Unión. El periódico cita como fuentes al subsecretario de Exteriores, Mario Giro, y al senador Luigi Manconi, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos, quienes han confirmado que la hipótesis de visados temporales está «en discusión». Mario Giro y otros miembros del Partido Democrático, de centro-izquierda, la principal fuerza del gobierno, sostienen que Italia, para adoptar esa medida excepcional de concesión de visados, podría apoyarse en la directiva europea 2001/55, que fue escrita después de la guerra de los Balcanes, para permitir a un gran número de refugiados dirigirse a diversos países europeos. Centros de acogida y crimen organizado Por otro lado, un informe del Departamento de Estado norteamericano revela que en los centros de acogida italianos hay infiltrados traficantes de seres humanos y son un lugar en el que se mueve con facilidad el crimen organizado. En el informe presentado en Washington se evidencian numerosas irregularidades, algo que, por otro lado, es de sobra sabido en Italia. «Las organizaciones internacionales han denunciado un aumento de los casos de tráfico de seres humanos con finalidad sexual y de trabajo, a costa de los solicitantes de asilo, por causa de las insuficiencias en los centros de acogida y por la facilidad con que los traficantes pueden acceder a los centros para reclutar inmigrantes», afirma el informe del Departamento de Estado. Sobre este dramático problema, un lugar en Italia es emblemático: Cara di Mineo (Sicilia), un centro de acogida con poco más de 2.000 puestos disponibles y en el que en la actualidad hay más de 3.000. Es el centro que acoge el mayor numero de solicitantes de asilo de Europa, donde los inmigrantes protestan a menudo por las condiciones de vida en el interior. Cara di Mineo se ha creado fama de ser un centro casi imposible de gestionar.