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Noticias de crimen organizado

20-10-2010 | Fuente: elpais.com
Golpe contra la marihuana en México
Cigarrillo más, cigarrillo menos, 105 toneladas de marihuana dan para liar 210 millones de porros, lo que, a ojo de buen cubero, supone unas ganancias para el crimen organizado de 600 millones de dólares (430 millones de euros) tras su distribución en el mercado de Estados Unidos.
20-09-2010 | Fuente: elpais.com
Llegan a París 10 policías rumanos para abordar la inmigración gitana
Los agentes están especializados en infracciones judiciales y crimen organizado y estarán al menos tres meses en Francia
26-02-2007 | Fuente: estaraldia.es
En su primer viaje a Jordania, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil se ha reunido con el Director de Seguridad Pública y el Director del Departamento de Inteligencia Hachemitas. Esta colaboración permitirá el intercambio de información entre los cuerpos de policía de ambos países en materias como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el control de fronteras y la investigación científica,
11-07-2006 | Fuente: estaraldia.es
Camacho viaja a Estados Unidos para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Así, mantendrá encuentros con el Director Nacional de Inteligencia, John Negroponte, con el Fiscal General y con el Director del FBI.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Peña Nieto pide regular el consumo de marihuana para uso médico en la cumbre sobre drogas de la ONU
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dado un volantazo respecto a las políticas que habían sostenido sus predecesores en el cargo y, en la cumbre sobre drogas de la ONU que se celebra en Nueva York, ha defendido un cambio de enfoque internacional en la lucha contra este mal distinto al prohibicionismo. Las propuestas de Peña Nieto en la cumbre incluyen la regulación del uso de la marihuana para fines médicos y científicos. Según anunció, «en próximos días, el Gobierno de México expondrá las acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los principios de salud pública y derechos humanos». «Se impone un nuevo enfoque que combata decididamente a los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas», dijo Peña Nieto en su discurso. «Con firmeza, debemos continuar haciendo lo que ha funcionado. Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado resultados». Sostenía su planteamiento con un hecho comprobado: «El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo». Y se refirió a la situación de México debida al narcotráfico: «Mi país forma parte de las naciones que han pagado un alto precio, un precio excesivo, en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas». El presidente no perdió ocasión de mencionar el extremo de la cadena de este padecimiento, los países consumidores, a los que pidió «un mayor compromiso, tanto en la reducción de su demanda, como en la lucha contra el crimen organizado transnacional». Su discurso concluía: «Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención, y a una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello». El pasado noviembre, cuando la Suprema Corte de Justicia mexicana tomó la decisión inédita de conceder a cuatro personas el amparo que solicitaron ante ella para poder consumir y cultivar marihuana con fines recreativos, el propio Peña Nieto convocó a un debate público sobre el tema. «El criterio expresado este día abrirá un debate sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas, un tema de salud pública», publicó aquel miércoles a través de su cuenta de Twitter. Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención y una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello.? Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 de abril de 2016El último presidente mexicano que se pronunció sobre las drogas en estos términos fue Lázaro Cárdenas, casi al final de su mandato, en 1940, cuando entró en vigor un reglamento que establecía que los toxicómanos no eran delincuentes, sino enfermos, y como tales había que tratarlos. La norma duró unos pocos meses: a manera de presión, Estados Unidos, que desde 1914, con la prohibición del consumo de opio, había ido restringiendo el uso de drogas, suspendió las exportaciones de medicamentos a México y el gobierno cardenista no tuvo más remedio que dar marcha atrás. La propuesta de Peña Nieto se enmarca dentro de una tendencia que se va imponiendo poco a poco en América Latina y que supone un cambio radical respecto a la visión del vecino del Norte. Por ejemplo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien también asistirá a la cumbre de la ONU, tiene previsto presentar un modelo «más efectivo, duradero y humano» para luchar contra las drogas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Sergio Jaramillo: «Nadie soportaría que las FARC apoyen su futuro proyecto político en los fondos del narco»
Sergio Jaramillo (Bogotá, 1966) es considerado el «estratega» del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se desarrolla en Cuba. Filósofo y filólogo, en el Gobierno de Juan Manuel Santos desde que comenzó su mandato en 2010, ve «posible» llegar a un acuerdo «dentro de unos meses». Tras explicar su experiencia en las negociaciones de La Habana a los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, este martes se entrevistó en Madrid con José Manuel García-Margallo y Jorge Moragas, e intervino en la Casa de América. En su agenda de este miércoles figuran encuentros con Felipe González, Pedro Sánchez y Albert Rivera. -¿Qué mensaje ha trasladado en su visita a Luxemburgo y Madrid, y qué espera de la UE y de España en el postconflicto colombiano? -El mensaje es que si llegamos a un acuerdo es un logro de todos los colombianos, pero también de Europa y de España en particular con todo el apoyo que nos han dado estos años. Queremos aprovechar la riquísima experiencia europea en materia de reconstrucción tras una guerra. Lo de Colombia es otra escala, pero si se mira el número de víctimas, 6-7 millones de víctimas de 45-46 millones de habitantes, no es tan distinta la proporción. Europa siempre ha estado comprometida con eso. -¿Cuándo se hará efectivo el alto el fuego bilateral y definitivo, y la entrega de armas a la que se resisten las FARC? ¿Cuándo se firmará la paz? -Estamos discutiendo un calendario ya preciso de forma que cuando se firme el acuerdo establezca qué ocurre a los diez días, a los treinta, a los sesenta. Incluye la puesta en marcha del alto el fuego definitivo pero también un calendario sobre cómo las FARC van dejando las armas y cómo en paralelo el Gobierno va implementando los acuerdos. Creemos perfectamente posible terminar dentro de unos meses. «La actitud de los colombianos en la reconciliación depende sobre todo de las señales que les manden las FARC» -Con un país tan polarizado en la cuestión de la paz ¿cómo están gestionando el postconflicto para que no fracase, cuando muchos colombianos quieren ver a los guerrilleros cumpliendo largas condenas en la cárcel y no en el Congreso? -La cifra de los expertos es que de los procesos que fracasan, el 50% lo hacen después de la firma del acuerdo. Es una llamada de atención a no perder de vista que de lo que se trata no es de firmar un papel si no de llevar las cosas a la realidad, tenemos que concentrarnos en esos primeros 12 o 24 meses después de la firma. El presidente Santos creó un ministerio del interior de la presidencia, el ministerio del postconflicto, con Rafael Pardo al frente, un colombiano que tiene la mayor experiencia en estos temas. La actitud de los colombianos depende de muchas cosas, pero sobre todo de lo que hagan las FARC, de las señales que les manden a partir de ahora con el fin de que abran espacios para la convivencia y en un futuro la reconciliación. -Por primera vez en quince años ha habido un repunte de los cultivos de coca en Colombia (un 44% hasta las 69.000 hectáreas, según las últimas cifras de la ONU). ¿Cómo van a desmontar esta financiación de la guerrilla y convencer a los rebeldes de que vivir de un sueldo en la legalidad es más rentable que estar financiados por el narco? -En el acuerdo ya alcanzado hay un compromiso concreto de las FARC de romper cualquier relación con las drogas. Es una condición necesaria para una transición política. Nadie soportaría que las FARC apoyen su futuro proyecto político en esos fondos. Luego acordamos poner en marcha por primera vez en Colombia un gran plan nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. En paralelo reforzar fuertemente el combate contra el crimen organizado sobre todo el nivel territorial, el que alimenta la economía de la coca. Sin ese crimen organizado, que provee fondos y semillas, y coacciona a los campesinos, esta economía de la coca no funcionaría. Hay que separar el problema del cultivador, un problema de desarrollo de esa región, y el del crimen organizado, sobre el que hay que hacer caer todo el peso de la ley. -La guerrilla aún tiene en su poder unos 10.500 millones de dólares, según la cifra de 2012 publicada la semana pasada por «The Economist». ¿Cómo van a conseguir que ese dinero sea destinado a reparar a las víctimas del conflicto? -Ese es el compromiso que adquirieron en el acuerdo sobre víctimas. Hay un compromiso concreto de las FARC de que van a contribuir a la reparación material de las víctimas, un compromiso que tendremos que verificar y por el que la guerrilla tendrá que responder. -¿Pueden alegar que están arruinadas? -Justamente lo que ha hecho el presidente Santos es que las FARC tendrán que contribuir a esa reparación y si encontramos cualquier bien que no está puesto a disposición del proceso y de las víctimas, el Gobierno recurrirá a la ley de extinción de dominio. -¿Qué está haciendo el Gobierno para disipar temores de que crímenes de lesa humanidad queden impunes con la llamada justicia transicional? -En Colombia ya hay experiencias anteriores importantes, recientemente en el caso de las Autodefensas (paramilitares). La diferencia esta vez es la puesta en marcha de un sistema integral, que no solo está enfocado en el tratamiento penal de los crímenes más graves si no que los complementa con una comisión de la verdad, con una unidad de búsqueda de los miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto con diferentes medidas de reparación. -El escándalo de los llamados «falsos positivos», civiles asesinados haciéndolos pasar por guerrilleros muertos, es otro de los asuntos que usted conoce a fondo. ¿Se ha llegado hasta el final en su investigación y castigo a los culpables? -Es un tema que hoy no me corresponde como comisionado de paz, pero puedo decir que se abren ahora nuevos escenarios con la firma de un acuerdo para esclarecer esos terribles delitos y para que los culpables reconozcan su responsabilidad. -¿Cómo es negociar en Cuba? ¿Es cierto que las guerrilleras son negociadoras más duras que los guerrilleros? -No me lo ha parecido. Vivimos en una especie de encierro permanente desde hace más de cuatro años, difícil de describir, dedicados a esta negociación que esperamos termine pronto. El Gobierno de Santos consideraba muy inconveniente que fuera en Colombia. El lugar que logramos acordar las dos partes fue Cuba y la historia hasta ahora nos ha dado la razón. El Gobierno cubano ha puesto a disposición de Colombia todos los medios necesarios para adelantar la negociación. Fue la decisión correcta.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Los países del Este no quieren que entre ni un refugiado más
Los ministros de Interior de la Unión Europea se han puesto de acuerdo con una sorprendente rapidez para lanzar nuevos mecanismos de control de fronteras exteriores, como la norma para crear el registro de nombres de pasajeros y el concepto de la creación de un cuerpo de guardafronteras que podría estar en funcionamiento en cuestión de meses. Sin embargo, la diligencia ha desaparecido en cuanto se ha puesto sobre la mesa la aceleración del reparto y reubicación de refugiados. La presidencia holandesa ha pedido a los demás países que se den prisa por empezar a cumplir con los compromisos adquiridos con Turquía, para que Ankara mantenga su parte del pacto y siga conteniendo la llegada de más demandantes de asilo a las islas griegas, a pesar de que hay países que insisten en que no se sienten concernidos por el reparto pactado en la UE. En realidad, el polémico acuerdo con Turquía pende de un hilo. Los gobiernos europeos esperan conocer cuál es el informe de la Comisión sobre el grado de cumplimiento de las autoridades turcas de los requisitos para que se le conceda la exención de visado de entrada para viajes cortos. El presidente turco, Tayip Erdogan, ha dicho claramente que si no se retira la obligación de viajar con visado para los turcos, considerará que el acuerdo no es válido. Por ahora, según los datos ofrecidos ayer por la Comisión Europea, desde el 18 de marzo, cuando se firmó el acuerdo, 325 migrantes llegados ilegalmente a Grecia han sido expulsados Turquía y a cambio 103 sirios que estaban en Turquía han sido llevados a Europa. Nada que ver con la idea de la presidencia holandesa de traer a Europa unas mil personas al mes de media, para lanzar un mensaje claro hacia Ankara de que el mecanismo funciona. Al contrario, ha habido varios países como Polonia y Hungría que han dicho directamente que no quieren aceptar refugiados sirios y otros que aseguran que lo harán pero siempre que no se considere una obligación. Y en cuanto a la idea de acceder a que los turcos puedan entrar en Europa sin visado, se ha abierto una discusión sobre su oportunidad. Esta semana, la Comisión ha dicho que está lista para aceptar que ese tratamiento se empiece a aplicar para los ucranianos. Si se sumase Turquía, hay ministros que han hecho cuentas y que creen que «hay que pensar si es razonable abrir las fronteras a países que suman cientos de millones de habitantes». La decisión de conceder o no la exención de visado a Turquía la deberá tomar en última instancia el Consejo, así que según fuentes diplomáticas, se prevé una discusión «muy complicada» y en la que se descarta en cualquier caso que haya una mayoría para aceptarlo sin que Turquía haya cumplido todos y cada uno de los requisitos técnicos y legales que se le exigen a otros países, a pesar de que para los turcos parece haberse entendido que esa decisión se tomará a fecha fija, en julio, e independientemente de si se han completado los requisitos. Datos de pasajeros Pero si en la cuestión migratoria la situación sigue sin avanzar claramente, los ministros pudieron anunciar ayer formalmente la adopción final de la decisión para crear el registro europeo de datos de pasajeros aéreos (PNR en inglés), con el que esperan poder interceptar el tránsito de yihadistas. Los países disponen de dos años para poner en funcionamiento una legislación que obliga a las compañías aéreas a entregar a las autoridades nacionales los datos de sus pasajeros en los vuelos extracomunitarios con salida o llegada a la Unión Europea. Los países que lo consideren -casi todos- pueden extender esta obligación a los vuelos que se operen entre su territorio y otros países comunitarios. Estados Unidos y otros países ya aplican este registro. En Europa, los datos recogidos sólo podrán ser utilizados para combatir o prevenir delitos de terrorismo y crimen organizado. Los datos sólo se podrán guardar en su integridad durante un plazo de seis meses. Pasado ese tiempo, los nombres «enmascararán» automáticamente y el resto de la información se conservará aún durante cuatro años y medio. Los ministros salideron de la reunión además con la impresión de que la presidencia holandesa tiene muchas posibilidades de presentar un acuerdo sobre la creación de una fuerza europea de guardafronteras antes del fin del semestre. Un proyecto que apenas hace un par de años parecía una utopía se ha tramitado a una velocidad inaudita. La base de la propuesta de la Comisiónes que los países miembros pongan a disposición de esta fuerza un total de 1500 agentes para ser deplegados en cualquier frontera en cuestión de días. A diferencia de lo que quería la Comisión, el acuerdo que se empezó a pergeñar ayer incluye salvaguardias para que no pueda ser desplegada sin el acuerdo previo del país afectado.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
México aprueba el uso medicinal de la marihuana
El Senado mexicano ha aprobado el dictamen que reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para regular el uso medicinal de la marihuana propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con un comunicado de la Cámara Alta, este proyecto permitirá a la Secretaría de Salud «diseñar y ejecutar políticas públicas q ue regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana». También permitirá emitir normas para la investigación o producción nacional de estos productos, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas. El documento, tras su aprobación, «se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales». Esta reforma faculta a la Secretaría de Salud para otorgar autorizaciones de importación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis. Asimismo, indica que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no serán castigadas cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, y en los términos autorizados por el Ejecutivo Federal. En el documento, los senadores han detallado que en el dictamen no se aborda la dosis máxima de cannabis para consumo personal; este asunto «se analizará, discutirá y dictaminará» posteriormente. Dos etapas El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Salvador López ha explicado que la venta de marihuana medicinal se desarrollará en dos etapas, la primera a través de la importación y la segunda cuando concluya la investigación científica en México y se permita la producción nacional. Para la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobación de este dictamen «se da un paso histórico» abrirá las puertas para resolver una urgencia médica que aqueja a los mexicanos que no pueden acceder a medicamentos derivados de la cannabis. La senadora del PAN Gabriela Cuevas ha señalado que el dictamen «se quedó corto», pues se mantiene la prohibición al cáñamo y no combate la violencia en el país. El senador Roberto Gil Zuarth, también del PAN, ha asegurado que el cambio regulatorio de esta planta no va a acabar con la violencia en el país. Sin embargo, matizó, «sí implicará reducir sensiblemente una de sus principales ganancias, pues el 40 % de los ingresos del crimen organizado deriva de la exportación de marihuana». El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, ha reconocido que la reforma representa un avance importante para pacientes. No obstante, el Poder Legislativo -ha apuntado- «quedó muy por debajo de las expectativas de la sociedad». La discusión para la regulación en esta materia comenzó con la aprobación en 2015 del suministro de derivados de la marihuana para varios niños enfermos y un fallo histórico de la Suprema Corte emitido en noviembre pasado que permitió a cuatro ciudadanos cultivar y consumir el producto con fines recreativos.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Filipinas que investigue las alegaciones lanzadas por el presidente Rodrigo Duterte sobre su participación directa en la muerte de tres personas cuando era alcalde de la ciudad de Davao. «En Davao, solía hacerlo personalmente. Tan solo para mostrar a los chicos (oficiales de Policía) que si yo podía, ¿por qué no vosotros?», destacó Duterte la semana pasada en referencia a su participación en muertes. Posteriormente confirmó en una entrevista su implicación en tres decesos durante una crisis con toma de rehenes. «Las autoridades judiciales filipinas deben demostrar su compromiso al respeto del estado de derecho y su independencia con el Ejecutivo mediante el lanzamiento de una investigación», reconoció Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «Las muertes descritas por el presidente Duterte también violan el derecho internacional», destacó Hussein. Antiguo alcalde de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. En septiembre, Duterte ya fue acusado por un exsicario de encargar el asesinato de rivales políticos. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones», reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado. De igual modo, siempre según el testimonio del exsicario, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él», aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años. Entonces, en conferencia de prensa, Martin Andanar, portavoz del presidente, negaba las acusaciones: «No creo que (Duterte) sea capaz de dar esas órdenes», reconoció. Tres meses después, era el propio presidente filipino quien reconocía su participación directa en las muertes. Crímenes contra la humanidad Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte, quien asumiera la Presidencia el pasado 30 de junio, aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. Una política importada de sus dos décadas como alcalde en la ciudad de Davao. «Si te resistes y muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado. ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», proclamó tras conocer su victoria. Otro comentario sonoro fue su reciente ilustración sobre las víctimas de su política de «disparar a matar», sobre quienes aseguró que no pueden ser considerados «humanos». «¿Crímenes contra la humanidad? En primer lugar, me gustaría ser sincero con ustedes: ¿Son seres humanos? ¿Cuál es su definición de ser humano?», aseguró el mandatario durante una visita a un campamento militar, de acuerdo a las transcripciones de su discurso. «No se puede hacer una guerra sin matar», recordaba.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha calificado de «idiota» al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pidió investigar al mandatario tras reconocer éste su participación directa en la muerte de tres personas cuando era alcalde de la ciudad de Davao. «Este tipo (Zeid Ra'ad Al Hussein) es un bromista o un loco», destacó Duterte durante un discurso televisado. El cruce de acusaciones se produce tan solo una semana después de que el mandatario filipino asegurara haber contribuido de forma directa a tres muertes. «En Davao, solía hacerlo personalmente. Tan solo para mostrar a los chicos (oficiales de Policía) que si yo podía, ¿por qué no vosotros?», destacó Duterte en referencia a su participación en los decesos. Posteriormente confirmó en una entrevista su implicación en tres decesos durante una crisis con toma de rehenes. Ante estas manifestaciones, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al Gobierno investigar las alegaciones. «Las autoridades judiciales filipinas deben demostrar su compromiso al respeto del estado de derecho y su independencia con el Ejecutivo mediante el lanzamiento de una investigación», reconoció. «Las muertes descritas por el presidente Duterte también violan el derecho internacional», destacó Hussein. Antiguo alcalde de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. «Tú, idiota, no me digas qué hacer. ¿Quién te dio este derecho?», aseveró Duterte en referencia al representante del alto comisionado de Derechos Humanos. En septiembre, Duterte ya fue acusado por un exsicario de encargar el asesinato de rivales políticos. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones», reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado. De igual modo, siempre según el testimonio del exsicario, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él», aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años. Entonces, en conferencia de prensa, Martin Andanar, portavoz del presidente, negaba las acusaciones: «No creo que (Duterte) sea capaz de dar esas órdenes», reconoció. Tres meses después, era el propio presidente filipino quien reconocía su participación directa en las muertes. Crímenes contra la humanidad Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte, quien asumiera la Presidencia el pasado 30 de junio, aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. Una política importada de sus dos décadas como alcalde en la ciudad de Davao. «Si te resistes y muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado. ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», proclamó tras conocer su victoria. Otro comentario sonoro fue su reciente ilustración sobre las víctimas de su política de «disparar a matar», sobre quienes aseguró que no pueden ser considerados «humanos». «¿Crímenes contra la humanidad? En primer lugar, me gustaría ser sincero con ustedes: ¿Son seres humanos? ¿Cuál es su definición de ser humano?», aseguró el mandatario durante una visita a un campamento militar, de acuerdo a las transcripciones de su discurso. «No se puede hacer una guerra sin matar», recordaba.