Infortelecom

Noticias de corrupcion

01-01-1970 | Fuente: abc.es
El «atentado» a Maduro enturbia el relevo en la presidencia de Colombia
Todo está listo. El traje especialmente diseñado para la ocasión, incluida la sutil presencia de la bandera de Colombia en la parte posterior; la banda presidencial bordada y obsequiada por dos copartidarias del Centro Democrático; el protocolo para recibir a los jefes de Estado y delegados internacionales que acompañarán a Iván Duque Márquez a tomar juramento ante el presidente del Senado como el mandatario 117 en la historia de Colombia. El compromiso lo asume ante el Congreso de la República en pleno, incluidos los senadores y representantes de la Farc, la otrora organización guerrillera que un 7 de agosto, pero de 2002, recibió al entonces nuevo mandatario Álvaro Uribe Vélez con dos explosiones a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, escenario donde se realiza la democrática ceremonia. Por fortuna para Colombia, el único ruido que rodea el cambio de gobierno en el país es el eco de los extraños sucesos en Venezuela y las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de la supuesta participación y alianza de la ultra derecha venezolana y colombiana, además del saliente presidente Santos, en un atentado. El presidente entrante ha preferido guardar silencio y no desgastarse en rifirrafes, sin desconocer que las relaciones con el vecino país demandarán atención y cuidado. Así, además de buscar alianzas regionales para propiciar una transición pacífica en Venezuela, tendrá que pedir prudencia a sus copartidarios, incluido el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político y senador, quien el sábado señaló ante empresarios estadounidenses que la solución para Venezuela requiere acción de los soldados de ese país y una corta transición camino a un nuevo gobierno democrático. Cambio de mando Sin contratiempos relevantes, sobre las cuatro de la tarde, antes de la media noche española, una vez el nuevo mandatario tome juramento a la primera vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, y tras hacer el reconocimiento de tropas, Iván Duque se encaminará hacia su nueva oficina y residencia oficial hasta el 2022, cuando habrá de entregar su mandato. Allí, a la entrada del palacio presidencial, Juan Manuel Santos y su familia esperarán la llegada del presidente, acompañado por su esposa y tres hijos, además de su equipo inmediato de gobierno. Le darán la bienvenida y formalizarán la llegada del Centro Democrático a la Casa de Nariño, que el fin de semana quedó totalmente limpia de malas energías, según declaraciones de un sacerdote local, bastante mediático y comunicativo, que dijo haberla exorcizado, nota de color que la víspera se disputaba con Maduro los titulares de los medios colombianos. Iván Duque también está listo. Trabajador y estudioso, enfocará su labor desde el primer día en los tres temas sustanciales que ha marcado para su gobierno: reactivación económica a través de una reforma fiscal, lucha contra la corrupción y combate al narcotráfico. Para preparar sus primeros 100 días de gobierno, lleva dos semanas liderando reuniones con su gabinete, compuesto paritariamente por mujeres, como lo prometió, con una edad promedio de 50 años y un marcado perfil técnico, cosa que apunta no solo a un relevo generacional en la apoltronada dirigencia nacional, sino a sacudirse de cuotas burocráticas para los partidos aliados. Si bien el denominado «uribismo 2.0», bajo la batuta del expresidente Uribe, no se refleja en el gabinete, sí tiene asiento entre los asesores que rodearán al nuevo presidente y se verá en la forma de gobernar el exmandatario, procurando cercanía con las regiones a través de la microgerencia. La línea más dura del partido de gobierno es mayoría en el Congreso y será allí donde más juegue a favor de las políticas del nuevo mandatario y de los intereses partidistas. Los retos La reactivación económica es el reto principal que tiene Duque al recibir un país en claro déficit fiscal, una deuda externa del 40,2% del PIB, con un ritmo de crecimiento muy lento, aunque con mayor número de empleos formales y 5,4 millones de colombianos fuera de la pobreza. Se suma un récord positivo de inversión extranjera (14.509 millones de dólares anuales) y la revolución en infraestructura, legado de Santos que Duque quiere continuar. Apretar el cinturón del Estado le será más fácil que la reforma fiscal, promesa de campaña que los analistas ven con reducido espacio. El aumento de impuestos a la clase media y la falta de certeza de que los beneficios tributarios a las grandes empresas se traduzcan en mayor empleo, generarán tensión social y permanente debate político a su gobierno. El narcotráfico y la seguridad territorial son el otro gran reto, que a su vez pasa por la efectiva implementación de los acuerdos de paz y la atención a las zonas donde antes estaba la guerrilla de las Farc, territorios atomizados entre bandas delincuenciales que se disputan feudos del narcotráfico. Para María Victoria Llorente, directora del centro de pensamiento Ideas para la Paz, la prioridad debe estar en «una tarea de estabilización de las regiones en materia de seguridad y contención de la creciente violencia contra los líderes sociales. Por otro lado, debe establecer una política de reincorporación, estrategia clave que en el último año y medio se quedó en el aire. Y por último, crear un plan de choque una vez presente su estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. Lo clave es lograr la efectiva coordinación en la entrega de subsidios y el alistamiento de las familias para tener cultivos sustitutivos». En paralelo, la experta en seguridad nacional recomienda a Duque no precipitarse en definir el futuro de la negociación con el ELN, que aún se mantiene en La Habana. Así mismo, fortalecer el control del territorio en las fronteras del país, pues allí se cuece un problema para Colombia con sus vecinos. Por su parte, Adriana Mejía, internacionalista y directora del Instituto de Ciencia Política anota que «el reto más inmediato en política exterior será lograr una mayor comprensión de las complejidades que acarrea la implementación del Acuerdo con las Farc y los desafíos para la estabilización del país». Coincide en que la erradicación de cultivos será «tema prioritario con Estados Unidos para asegurar la cooperación de ese país no solo a través de recursos y apoyo técnico, sino también de intercambio de información judicial clave». Europa, como un mayor socio comercial y aliado en materia ambiental, también debe ser prioridad del gobierno, así como la aportarle a la Alianza del Pacífico para legar efectivamente los mercados asiáticos.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Lula da Silva elige vicepresidente y sucesor de cara a las próximas elecciones
La prisión no le ha impedido al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, seguir diseñando el destino de su Partido de los Trabajadores (PT). Favorito en las encuestas, pero con mínimas oportunidades de registrar su nombre en las papeletas electorales, Lula eligió como su vicepresidente y potencial sucesor al filósofo Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo (2013-17). La fórmula, aprobada el domingo en la noche por la dirección del PT, es la estrategia para mantener a Lula en la cabeza de una alianza de izquierda hasta agotar todas las instancias legales, prácticamente nulas, a su favor. Lula está preso desde abril, cumpliendo una condena de doce años por corrupción y blanqueo de fondos, en el caso de un piso triplex frente al mar, en el balneario de Guarujá, que habría recibido de la constructora OAS, investigada en la Operación Lavacoches. El PT debe inscribir la fórmula Lula-Haddad el 15 de agosto, último día para el registro ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que tendrá un mes para aceptar o rechazar la candidatura de Lula. El líder de la izquierda, que encabeza todas las encuestas con más del 20% de las preferencias, fue condenado en segunda instancia, lo que lo vuelve inelegible por la ley brasileña, a no ser que consiga un veredicto favorable en el TSE, lo que también parece poco probable. Pero con un mes más de Lula como candidato oficial, el PT juega a transferir los votos de su carismático expresidente a Haddad, su político más promisorio, un hombre público sin escándalos, que no se reeligió, pero dejó el cargo con el recuerdo de una gestión juvenil. Para reforzar esa estrategia, Lula y el PT consiguieron el apoyo del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en una alianza de izquierda que contaría con la joven feminista Manuela D'Ávila. El PCdoB, ex aliado del Gobierno Lula, que había confirmado candidatura propia, retiró la fórmula de Manuela el mismo domingo en la noche, dejándola libre asumir como vicepresidenta de Haddad en el caso de que se anule el registro de Lula. Los petistas, que consideran que Lula está siendo víctima de una persecución política, celebraron la estrategia Lula- Haddad-Manuela, que llamaron de «verdadero triplex» en la alusión al caso del piso en la playa, que fue subastado en mayo por la justicia brasileña, y que, según Lula y su defensa, nunca fue suyo. El partido apuesta a la fuerte transferencia de votos de Lula y a la imagen fresca del duo Haddad y Manuela, para llegar nuevamente al comando del país que gobernó de 2000 a 2013. En ese nuevo escenario, el ajedrez político brasileño puede volver a inclinarse hacia los dos partidos que han vencido todas las elecciones desde la redemocratización, el PT de Lula que vuelve a liderar a la izquierda, y el Partido de la Social Democracia (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso, encabezado por el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que cuenta con el respaldo de los principales partidos de centro y de derecha. Corren por fuera y sin alianzas importantes, la ambientalista Marina Silva, que sorprendió en las últimas dos elecciones en el tercer lugar, y el ultraderechista Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército que apuesta en un «efecto Trump». Otro candidato importante, el exministro de Lula, Ciro Gomes, que aspiraba a ser heredero de los votos del izquierdista, fue derribado en el tablero por la sorprendente jugada de su exjefe.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Irán apela al apoyo exterior ante las sanciones de Trump
Irán recibió la primera ronda de sanciones de EE.UU. con una serie de cambios de urgencia en la economía doméstica, detenciones de altos cargos acusados de corrupción y la mirada puesta en la Unión Europea, China y Rusia en la búsqueda de aliados que le ayuden a superar los castigos impuestos por Donald Trump. El presidente estadounidense cumplió su palabra y firmó la orden ejecutiva para reimponer ciertas sanciones a la república islámica. Trump provechó el momento para reiterar que está «abierto» a alcanzar un nuevo acuerdo «más amplio» que no se limite al programa nuclear y que englobe todas «las actividades malignas» de los iraníes, incluyendo las que realizan en otros países de la región. A diferencia de 2012, cuando Barack Obama lideró la imposición de sanciones al régimen islámico con el objetivo de frenar su programa atómico, esta vez EE.UU. se ha retirado de forma unilateral del acuerdo alcanzado en 2015, aunque cuenta con el apoyo de sus dos grandes socios en Oriente Medio: Israel y Arabia Saudí. Los iraníes no están solos y ese es el argumento que esgrimió el ministro de Exteriores, Javad Zarif, quien recordó que «todo el mundo no está acompañando esas políticas» de Trump. El diplomático tachó de «espectáculo de propaganda» la propuesta negociadora del presidente estadounidense y le acusó de erigirse en «símbolo de la desconfianza del mundo» junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman. Dos rondas de sanciones A falta de medidas concretas, desde la Unión Europea llegaron palabras de condena a la decisión de EE.UU. En un comunicado conjunto, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores del grupo E3, el francés, Jean-Yves Le Drian, el alemán, Heiko Maas, y el británico, Jeremy Hunt, aseguraron que «estamos determinados a proteger a los operadores económicos europeos involucrados en negocios legítimos con Irán, de acuerdo con el Derecho de la UE y con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU». Los dirigentes europeos decidieron poner en marcha el «estatuto de bloqueo», un mecanismo para proteger a las empresas y los operadores económicos europeos de los efectos de las sanciones. Está por ver la capacidad que tiene para enfrentarse a la maquinaria estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las multinacionales estará obligada a elegir entre operar en Irán o en EE.UU. Los castigos que entran en vigor en esta primera fase afectan a las transacciones económicas, al comercio de oro y de ciertos metales y a la industria automovilística, entre otros sectores. Para noviembre se espera una segunda ronda, más fuerte, que tendrá como objetivo el petróleo, la principal fuente de ingresos de la república islámica. Teherán tomó algunas medidas de choque y anunció la flexibilización de las normas que había adoptado para mantener la tasa de cambio del rial y dio permiso para reabrir las casas de cambio, cerradas desde abril. Estos movimientos llegaron junto a la detención de 29 personas, entre ellas varios altos cargos como el vicegobernador del Banco Central, Ahmad Araghshi, a quien acusaron de especulación.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Condenan a prisión al exvicepresidente de Cristina Fernández Kirchner, Amado Boudou, por corrupción
La Justicia argentina condenó este martes al exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, ordenó su detención inmediata y estableció una multa de 90.000 pesos (unos 3.200 dólares) y la «inhabilitación especial perpetua» para cargos públicos. Los magistrados también impusieron una pena de 5 años y medio de cárcel para José María Núñez Carmona por considerarlo «partícipe necesario» de esos delitos, y una de 4 años y medio para Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, como «autor penalmente responsable» de cohecho activo. También ordenaron la prisión preventiva para ambos, aunque, en el caso del segundo, bajo la modalidad de domiciliaria. Los magistrados dieron así por acreditado que Boudou y su socio Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica mientras el primero era ministro de Economía (2009-2011) con el fin de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial. Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, que hoy fue condenado a dos años de cárcel en suspenso y a tareas comunitarias no remuneradas. Además, el tribunal estableció una pena de tres años de cárcel para Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de asesores del Fisco, y una de dos años y medio para Guido Forcieri, entonces jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía, ambas también en suspenso. Durante sus últimas palabras en el juicio, el exvicepresidente se declaró víctima de una persecución por haber querido «transformar la realidad» del país y aseguró que la acusación de cochecho «no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba, porque no existió».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Acusados del «atentado» a Maduro fueron denunciados como «infiltrados» chavistas en la Resistencia
Los datos aportados por las autoridades de Venezuela sobre el supuesto atentado a Nicolás Maduro sigue planteando incógnitas. Dos acusados por el régimen de estar directamente implicados en la organizadores del presunto ataque con drones durante un desfile militar en la avenida Bolívar de Caracas el pasado sábado, Rayder Russo y Osman Delgado, habían sido señalados por el policía rebelde Óscar Pérez de ser unos «infiltrados» del chavismo. De acuerdo con el resultado de las investigaciones que Maduro ha ofrecido hasta el momento, Russo y Delgado habrían tenido un papel clave en la organización de la logística y de la financiación de la operación. Pero, además, serían dos figuras importantes dentro de la argumentación oficial para sostener la acusación de que Colombia y Estados Unidos estuvieron detrás del «atentado». En este sentido, según el mandatario venezolano, Rayder Russo, alias Pico, es un protegido por el Gobierno colombiano y tiene un expediente abierto por varios cargos relacionados con el movimiento de la Resistencia. En el caso de Osman Delgado Tabosky, «Jeremías», residiría en Miami (Florida), de donde Maduro viene sosteniendo desde el sábado que procedía la financiación del supuesto ataque. En este sentido, Maduro anunció que Venezuela pedirá la extradición de ambos a Colombia y Estados Unidos, respectivamente. Pero un mensaje publicado en Twitter el 1 de diciembre de 2017 por el inspector de policía sublevado Óscar Pérez plantea nuevas dudas. El tuit alertaba de «infiltrados del Régimen dentro de las Filas de la Resistencia». En concreto, indicaba que «Rayder Russo alías ?Salomón/Teniente Pico? y Osman Delgado Tabosky alías ?Jeremías? hacen vídeos para beneficio propio, fueron descubiertos y ahora venden información al Gobierno». #ATENCION Infiltrados del Régimen dentro de las Filas de la #Resistencia RAYDER RUSSO alías "Salomón/Teniente Pico" y OSMAN DELGADO TABOSKY alías "Jeremías", HACEN VÍDEOS PARA BENEFICIO PROPIO, fueron descubiertos y ahora venden información al Gobierno. pic.twitter.com/8jNDkZLwlu? Oscar Perez (@oscaromshanti) December 1, 2017Asalto al fuerte Pamaracay Osman Delgado había sido señalado por el director de la inteligencia venezolana (Sebin), Gustavo González López, como autor intelectual del asalto al parque de armas del fuerte Pamaracay, en el estado Carabobo, el 6 de agosto de 2017, que se bautizó como operación David. El autor del citado mensaje en Twiitter, Óscar Pérez, fue el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que en junio de 2017 atrajo la atención mundial al robar un helicóptero para sobrevolar las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior y que llamó a salir a las calles contra Nicolás Maduro. Pérez acabaría ejecutado en una operación de las fuerzas del régimen el pasado enero. Además de Russo y Delgado hay otras 17 personas relacionadas con el «atentado», según el fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Entre ellos figuran dos diputados, el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, y Juan Requesens, que ha sido detenido por el Sebin. La Asamblea Nacional Constituyente ?el órgano oficialista creado por Maduro para anular al parlamento legítimo? levantó el pasado miércoles la inmunidad de ambos legisladores. Lucha de facciones ABC supo por una fuente extraoficial, que pidió el anonimato, que el «atentado» fue obra de un grupo interno del régimen, ligado a una de las facciones que se disputan el poder, para enviar un mensaje a Maduro, servir de excusa para arremeter contra dirigentes opositores y distraer la atención de la crisis humanitaria. Esta fuente apunta que sin una complicidad interna no habrían podido sobrevolar los dos drones la avenida Bolívar y que los equipos voladores no llevaban suficiente carga letal de explosivos, sino «apenas 30 gramos de C4 o pólvora» como para asustar y crear pánico. El régimen aprovechó el atentado para magnificarlo y arremeter contra la oposición. En estos días el Tribunal Supremo en el exilio juzga en Bogotá a Maduro por corrupción y ningún medio lo destacó por estar ocupado con el atentado. El presidente de la Constituyente chavista, Diosdado Cabello, ha dirigido la ofensiva contra los dirigentes opositores advirtiendo de que «la justicia viene con todo». Antes de despojar de inmunidad a Borges y Requesens, se le había retirado a los diputados María Corina Machado, Mercedes Aranguren, Freddy Guevara y Germán Ferrer.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Más de 400 heridos en una protesta contra el Gobierno en Rumanía
Unas 440 personas, 24 de ellas agentes de Policía, resultaron heridos en la multitudinaria manifestación contra el Gobierno que tuvo lugar anoche en Bucarest, según han informado hoy los servicios de urgencias. Un total de 65 heridos, 11 de ellos policías, tuvieron que ser hospitalizados. Los medios rumanos estiman que unas 110.000 personas participaron el viernes en la concentración en la Plaza de la Victoria para protestar contra la corrupción. Decenas de personas intentaron romper el cordón policial que protegía la sede del Gobierno, provocando que las fuerzas del orden intervinieran lanzando gases lacrimógenos. La Policía usó también cañones de agua y porras contra los manifestantes. El propio presidente del país, el conservador Klaus Johannis, criticó la «brutal manera de proceder» de la Policía contra los manifestantes. Johannis exigió una explicación sobre lo sucedido a la ministra del Interior, Carmen Dan, sobre lo que calificó de «intervención desproporcionada» de la Policía. Las autoridades policiales, sin embargo, insistieron este sábado durante una rueda de prensa en que la actuación estuvo justificada, que se trató de «violencia legítima del Estado» y que los agentes intervinieron cuando fueron atacados. Petición de dimisión de dirigentes políticos Los manifestantes reclamaban la dimisión de la primera ministra socialdemócrata, Viorica Dancila, y del presidente del Parlamento, Liviu Dragnea. Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata de Rumanía, es el verdadero hombre fuerte de Rumanía, pero no puede ser investido primer ministro por una condena en 2016 por fraude electoral. El Gobierno de coalición, liderado por los socialdemócratas, ha tomado en los últimos años varias polémicas medidas, que sus críticos dicen dificultan la lucha contra la corrupción, y que han provocado distintas oleadas de protestas populares. El Parlamento de Rumanía aprobó el pasado julio despenalizar parcialmente el abuso de poder, un cambio legal que puede beneficiar también a Dragnea, que un mes antes había sido condenado a tres años y medio de prisión justo por ese delito.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un muerto y dos heridos en la marcha por libertad de los «reos políticos» en Nicaragua
Al menos un muerto y dos heridos dejó hoy una marcha por la libertad de los «reos políticos» que tuvo lugar en diferentes municipios de Nicaragua como parte de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que han dejado centenares de muertos desde abril pasado. La víctima fue identificada como Lenin Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola, quien falleció tras un enfrentamiento en la ciudad nicaragüense de Matagalpa entre manifestantes antigubernamentales con grupos afines al Gobierno de Nicaragua. «Este sábado, en horas de la tarde, le dispararon a matar terroristas encapuchados que participaban en la marcha «Pacífica» de la derecha golpista», denunció el Gobierno, a través de su portal oficial digital El 19. En tanto, el opositor Movimiento Cívico 19 de Abril Matagalpa (norte) reportó al menos dos personas heridas producto, según su versión, de un ataque perpetrado por paramilitares y grupos afines a Ortega contra un grupo de «autoconvocados» que participaban en una marcha por la libertad de "reos políticos. El ataque, según ese movimiento opositor, se produjo cerca de la Alcaldía de Matagalpa cuando simpatizantes del presidente Ortega, apoyados por parapolicías y paramilitares, atacaron a un grupo de civiles que marchaban por ese lugar. Esa versión fue confirmada por el activista Roberto Largaespada, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). «Dispararon unos paramilitares que están por la Alcaldía» de Matagalpa, dijo el defensor a periodistas, quien a su vez corroboró los dos heridos y que están investigando sus nombres. Los manifestantes autoconvocados de Nicaragua citaron este sábado a marchas en diferentes ciudades, incluida Managua, para reclamar la libertad de los «reos políticos» que han caído presos por protestar contra el Gobierno. Los autoconvocados, quienes se han convertido en los últimos meses en la peor pesadilla del Gobierno, alzaron sus voces por la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los presos políticos que se encuentran en diversas cárceles del país, a donde fueron llevados «solo por pensar diferente», dijo a Efe el joven Jorge Padilla. Según los sectores opuestos al poder, al menos 135 personas están encarceladas, tras haber sido secuestradas por las «fuerzas combinadas», compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados. Padilla, estudiante universitario, consideró que «la política violenta y represiva que aplica Ortega no es digna de un país que se define democrático; esto no es democracia, es la más cruel de las dictaduras, donde uno no puede ni decir lo que piensa, ni manifestarse libremente». Algunos de los «reos políticos» más conocidos son el miembro de la Alianza y líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate. Por otro lado, con la ya habitual consigna, repetida en las manifestaciones progubernamentales de «Daniel se queda», los sandinistas realizaron una multitudinaria marcha en Managua en la que pidieron también justicia «para las víctimas del terrorismo golpista», formado, según ellos, por los promotores de las protestas en contra del régimen. Los militantes y seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consideran que los asesinatos que se produjeron en el país desde el comienzo de las revueltas populares fueron propiciados por los autoconvocados, pese a que estos no cuentan con las armas de fuego con las que están armadas las fuerzas estatales. Como si de una lección aprendida se tratase, Carlos Chávez, sandinista confeso y convencido, dijo a Efe que «lo justo es que Ortega siga en el poder y que los golpistas y terroristas sean juzgados como se merecen. Ellos han matado a 197 personas y deben pagar por ello». Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos , que el Gobierno cifra en 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los 80. Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Nuevas protestas contra el Gobierno rumano, que denuncia un golpe
Por tercer día consecutivo, aunque en menor número, miles de rumanos se han manifestado este domingo contra el Gobierno socialdemócrata, añadiendo a la queja contra la corrupción la denuncia de la dura intervención policial del viernes, mientras el Ejecutivo acusa a la oposición de atacar el orden constitucional. «No queremos ser un país de ladrones» y «Manifestación sin violencia», fueron algunas de las consignas que se han escuchado este domingo en la Plaza de la Victoria de Bucarest, donde está la sede del Gobierno. Si el viernes fueron unas 110.000 personas y anoche 50.000, el número de manifestantes que exigía hoy la dimisión del Gobierno no ha superado los 10.000, según varios medios locales. «La corrupción no deja que el país se desarrolle como debiera, ¿cómo puede ser que no hayamos logrado construir ni siquiera un kilómetro de autovía en los dos últimos años?», ha delcarado en declaraciones a Efe Florin, uno de los participantes en la protesta del domingo. Varias organizaciones cívicas, como Coruptia Ucide (La corrupción mata) o Rezistenta, entre otras, animaron a salir a la gente a la calle para denunciar que el Gobierno haya utilizado «el aparato de represión contra sus propios ciudadanos». Dura intervención policial La agresiva intervención el viernes de las fuerzas del orden contra los manifestantes dejó 450 heridos, 30 de ellos agentes, motivando que la Fiscalía abriera una investigación. Mientras el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, ha criticado la «brutal manera de proceder» de la Policía, el gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) ha justificado la actuación de los agentes y ha acusado a la oposición y al jefe del Estado de atacar el orden constitucional. «Es inaceptable que grupos organizados, apoyados por la oposición y por el propio presidente del país, ataquen el orden constitucional», ha denunciado Liviu Dragnea, líder del PSD y presidente del Congreso de Diputados. Dragnea es el verdadero hombre fuerte del Gobierno, pero no puede ser investido primer ministro por una condena por corrupción. Cristian Birdac, un asesor del Gobierno con rango de secretario de Estado, ha llegado a decir en un mensaje en la red social Facebook que los manifestantes «deberían haber sido ametrallados». El PSD ha advertido de la posibilidad de convocar a cientos de miles de sus simpatizantes para contrarrestar las protestas antigubernamentales. Ola de protestas Rumanía lleva desde febrero de 2017 sufriendo periódicas protestas contra el Gobierno de coalición encabezado por el PSD. En febrero de ese año, una iniciativa legal para despenalizar varios casos de corrupción desató las mayores protestas desde la caída de la dictadura comunista en 1989. Desde entonces, la tensión ha vuelto periódicamente a la calle y también se ha manifestado en el pulso que el presidente mantiene con el Ejecutivo. Iohannis trató de bloquear infructuosamente el pasado abril la destitución de la fiscal jefa anticorrupción ordenada por el Gobierno, que la acusaba de «exceso de autoridad», de haber violado la Constitución y de perjudicar la imagen del país en el extranjero con sus investigaciones sobre casos de corrupción política. Tanto el Consejo Superior de Magistratura de Rumaní a, que vela por la independencia de la Justicia, como la Comisión Europea mostraron su apoyo a la fiscal destituida. El pasado junio, miles de personas volvieron a echarse a la calle por la propuesta del Gobierno de reducir las penas y eliminar delitos relacionados con el abuso de poder, un mes después de que Dragnea fuera condenado justo por ese delito. Rumanía, que entró en la Unión Europea en 2017, sigue bajo la vigilancia de Bruselas en materia de corrupción e independencia de la Justicia, y fue criticada por la Comisión Europea el pasado enero por la falta de avances.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Ortega reconoce el «enorme daño a la economía» de Nicaragua por las protestas
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reconocido este lunes el «enorme daño a la economía» de su país a raíz de las protestas contra su Gobierno iniciadas el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, que lo obligó a presentar una reforma de recorte presupuestario por primera vez en sus once años consecutivos en el poder. Durante un discurso con ocasión del 38º aniversario de la Fuerza Naval, el mandatario dijo que este martes se discutirá en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, una propuesta que recorta en 235,2 millones de dólares el presupuesto de este año, debido a la caída de un 9,2 por ciento de los ingresos. La enmienda, enviada por Ortega con carácter urgente, pretende que el presupuesto general de Nicaragua para 2018 pase de 2.547,2 millones de dólares a 2.312 millones, para una reducción de 235,2 millones de dólares. También reduce en un 6,8 por ciento el gasto total del Estado en 2018, que equivale a 186,4 millones de dólares. Entre las explicaciones brindadas por Ortega está la reducción en la recaudación de impuestos, que pasó de un 102 por ciento antes del estallido social del 18 de abril, a un 93 por ciento cuando los manifestantes bloquearon las principales vías del país, y bajó al 74,1 por ciento después de que el Gobierno rompiera los bloqueos utilizando armas de guerra contra las protestas. Algunos de los sectores más perjudicados por la propuesta son la Salud, que perderá 26,6 millones de dólares, la Educación, cuyos ingresos mermarán en 19,7 millones, y el Programa de Inversión Pública, con 18,5 millones de dólares menos. En su discurso, el mandatario remarcó que es la primera vez que hace un recorte al presupuesto desde el 2007, cuando volvió al poder tras gobernar Nicaragua de 1985 a 1990 y coordinar una junta de Gobierno entre 1979 y 1985. Ortega achacó esa medida «como resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al Gobierno», en alusión a sus detractores. A su juicio, los opositores «están que le hierve la sangre de indignación porque ven que el país se está normalizando y porque ellos quisieran que el país se hundiera y no se dan cuenta que si el país se hunden, se hunden ellos también». La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo a los periodistas que en los próximos meses este país va a recorrer «caminos un poco más difícil» debido a la desaceleración económica. Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en 198, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los años 80. Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Los venezolanos que no dispongan del «carnet de la patria» pagarán la gasolina a precio internacional
Solo un millón y medio de chavistas podrá disfrutar del subsidio oficial a la gasolina que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado para compensar el aumento del precio de la gasolina que entrará en vigencia la próxima semana. «Los que no tengan el carnet de la patria lo pagarán al precio internacional», sentenció el mandatario venezolano, que ha prorrogado el registro para obtener el llamado «carnet de la patria» hasta el viernes. Hasta ahora se han registrado millón y medio de personas en el Censo Nacional de Transporte para tener derecho a la subvención estatal del combustible. En una reunión con su gabinete ministerial celebrada a las 20.00 horas de este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro anunció varias medidas económicas, entre ellas el aumento de precio de la gasolina , que acompañarán a la entrada en vigor de la nueva reconversión monetaria el próximo 20 de agosto. El mandatario todavía no ha anunciado cuáles serán los precios de la gasolina más barata del mundo (0,0000002 dólar paralelo), que no ha sido ajustada desde hace más de 15 años por temor a que provoque un estallido social como la del «caracazo» de 1989, que puso en aprietos al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Habrá un solo precio del combustible, cercano al valor internacional de 1 dólar por litro, según fuentes de la industria petrolera consultadas por ABC. Los venezolanos con el «carnet de la patria» dispondrán de un descuento del 60% para llenar solo 80 litros al mes por vehículo. Los conductores que tengan el carnet chavista deberán pagar por el consumo del combustible y esperar a que les reintegren el 40% subvencionado, ya que no hay posibilidad de configurar electrónicamente los surtidores con precios diferenciados. Como sea, los venezolanos lo consideran una burla a su tradición, constitución e historia. «La única vía de acabar con el contrabando de gasolina es llevando su costo a precio internacional y derrotar a las mafias que llevan nuestra producción a Colombia y El Caribe, por eso apruebo subsidio directo para los venezolanos», dijo Maduro. En este sentido, afirmó que los venezolanos «no deben preocuparse por la medida», al menos aquellos que hayan participado en el censo y posean el «carnet de la patria», puesto que habrá un subsidio directo a través de dicha herramienta. Además, el mandatario añadió que «este miércoles, jueves y viernes serán los últimos días para el censo de transporte y, por ende, de los venezolanos que recibirán el subsidio de la gasolina, quien no atienda el llamado pagará el hidrocarburo a precio internacional». Los venezolanos saben que el precio de su gasolina es muy barato y que se deben ajustar los precios, pero de un solo golpe y porrazo y a nivel internacional es exagerado y nadie tiene capacidad para pagarlo. De ahí el descontento generalizado. Por otro lado, los detractores de la medida reclaman entonces que sus sueldos se paguen a niveles internacionales. La directora de la organización no gubernamental Control Social, Rocío San Miguel, considera que el carnet de la patria es un mecanismo de discriminación, corrupción y segregación política. La segregación en el suministro de combustible convierte a los venezolanos en «patriotas» y «expatriados». Al pretender cobrar el combustible a quienes no tengan el carnet de la patria a precio internacional, se pulveriza el derecho de igualdad entre venezolanos. Maduro decretó el lunes 20 de agosto como fiesta laboral para que entren de forma gradual las medidas económicas. «En tiempo real el venezolano sabrá el precio del «bolívar soberano» y el «petro» publicado por el Banco Central de Venezuela, de igual forma se explicará al detalle a partir del próximo 20 de agosto el sistema salarial y de fijación de precios anclados al «petro». ¡Se acabó la especulación!» enfatizó, en referencia a las dos monedas gubernamentales que entrarán en vigor con la reconversión monetaria. «El anclaje del salario del venezolano junto al «petro» le dará estabilidad al poder adquisitivo del pueblo; también habrá estabilidad para la venta de bienes, se acabaron las excusas para especular», reiteró el mandatario, convencido de que las nuevas medidas económicas acabarán con «la especulación de la moneda venezolana». Sin embargo, el famoso «petro», la segunda unidad contable de Venezuela anunciada por Maduro, no existe como criptomoneda porque nadie la reconoce. Es pura ficción, según el diputado y economista José Guerra. Por eso, Iván Freites, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros, convocó una protesta a nivel nacional para mañana jueves en rechazo al anuncio del presidente Nicolás Maduro de internacionalizar los precios de los combustibles en el país. «Ratificamos la protesta que comenzará este 16 de agosto y llamamos a todo el país a sumarse. No permitamos que se consuma ese aumento de los combustibles porque sería la peor tragedia», dijo Freites, quien es trabajador del Centro Refinador Paraguaná, el más grande de Venezuela, situado al occidente del país. A la protesta de los petroleros se suma el paro del sector de la salud que coincidirá este mismo jueves. Las enfermeras y médicos que llevan mes y medio en paro nacional marcharán hasta el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano en la capital de Caracas, para reclamar un aumento de sueldos y salarios. Piden a las autoridades cesar la represión para que la protesta pueda llevarse pacíficamente.