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Noticias de corrupcion politica

23-09-2018 | Fuente: abc.es
El Gobierno español critica los «insultos» del secretario general de la OEA a Zapatero y pide respeto
El Gobierno español ha criticado los «insultos» del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido respeto ante las discrepancias. Almagro recomendó a Zapatero «que no sea imbécil» y no defienda la «dictadura» del presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Se puede discrepar sobre el fondo de un asunto, pero no se debe perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos personales. Y menos aún cuando se trata de un expresidente del Gobierno de España», han explicado fuentes del Gobierno en declaraciones a Europa Press. Para Almagro, Zapatero «tiene un problema muy grande de comprensión». «Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien», ha afirmado en declaraciones a la televisión NTN24. «Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. Ha necesitado siete explicaciones para entender», ha añadido. Almagro respondía así a las críticas de Zapatero, quien criticó previamente a Almagro por defender una posible intervención militar en Venezuela contra Maduro. Zapatero dijo que las intervenciones militares unilaterales corresponden a una doctrina «insostenible» y «arcaica». El máximo responsable de la OEA ha subrayado que se trata de «la séptima vez que aclaramos que estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier intervención armada, ataque militar, agresión, invasión (..). Nuestras opciones son en perfecta consonancia con el derecho internacional público y con el derecho interamericano. Tienen que ver con la responsabilidad de proteger, con el Derecho Internacional Humanitario, con la responsabilidad penal internacional», ha argumentado. «Defender una dictadura como lo ha hecho él, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí, vestigios de corrupción política, de indignidad política porque si no nadie puede hacer eso», ha apuntado. «Viene haciéndole mandados al régimen desde 2016», ha apostillado. Almagro ha aseverado que «lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana». «El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para cualquier político, pero no nos llama la atención a esta altura, obviamente», ha argumentado. Zapatero ha ejercido de mediador de Unasur en la crisis venezolana, pero su papel ha sido siempre blanco de las críticas de la oposición, por considerar que hacía demasiadas concesiones al Gobierno de Maduro, que solo perseguía ganar tiempo con un diálogo que no daba resultados.
31-07-2018 | Fuente: abc.es
Honduras, «normalizada» tras las denuncias de fraude electoral
Antes de que en abril estallaran los disturbios en Nicaragua, en Honduras los manifestantes salieron a las calles durante semanas, en protesta por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017. Las marchas se prolongaron hasta febrero de 2018, pero luego decayeron, a diferencia de lo que está ocurriendo en Nicaragua. A pesar de que muchos en Honduras, incluso partidarios del reelegido Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, creen que efectivamente este se impuso por medio del fraude, la cuestión es que ciudadanos y políticos han acabado aceptando el resultado electoral, como ha ocurrido con la propia Organización de Estados Americanos (OEA), que en su día intentó esclarecer lo ocurrido. La falta de pruebas definitivas de trampa en los comicios y la constatación de que en Honduras la democracia tiene mejor salud que en Nicaragua, donde rige el nepotismo de la familia Ortega, llevó a la oposición a resignarse a utilizar los cauces parlamentarios para fiscalizar al Gobierno. A muchos electores tampoco pareció importarles la continuidad de Hernández, más allá de desaprobar la manera con que forzó la posibilidad de reelección, algo no previsto en la Constitución: al fin y al cabo su primer mandato fue de cierto éxito, en materia de infraestructuras viarias y en la reducción de la elevada tasa de homicidios del país. El hecho de que la candidatura rival fuera en cierta medida bicéfala ?el candidato era el presentador de televisión Salvador Nasralla, pero el principal partido de la coalición de apoyo era el del expresidente Manuel Zelaya? perjudicó la unidad de acción de los opositores. Tampoco al tercer candidato en discordia, Luis Zelaya, del Partido Liberal, le interesó que Nasralla llegara a presidente y rompiera así el bipartidismo histórico que ha existido en el Gobierno de Honduras entre conservadores y liberales. Ese bipartidismo fue amenazado cuando Manuel Zelaya abandonó el Partido Liberal, tras ser arrojado del poder en 2009 en un golpe contra el Ejecutivo, y creó su propio partido, Libertad y Refundación (Libre). Narcotráfico y maras «El país se ha polarizado, y eso deja al Partido Liberal en medio; nuestra misión es reconstruir nuestro espacio», afirma Luis Zelaya, convencido de la estabilidad que aporta al país el bipartidismo tradicional, más vivo que en otros países de la región. En las elecciones legislativas, que tuvieron lugar junto con las presidenciales, el Partido Nacional obtuvo 61 puestos en el Congreso; el Partido Libre, 30, y el Partido Liberal, 26. El clima político «se ha degradado por la corrupción, que ha venido a corroer las instituciones», declara el líder del Partido Liberal. Esa corrupción ha sido impulsada por el mayor uso del suelo hondureño que ha hecho el narcotráfico. Luis Zelaya apunta que las rutas del narcotráfico fueron propiciadas en Honduras por parte de Estados Unidos, cuando a comienzos de la década de 1980 Washington quiso financiar la compra de armas para la Contra nicaragüense, parte de la cual se organizaba desde dentro de las fronteras de Honduras. «Aunque eso cesó con los acuerdos de paz en Nicaragua, las rutas quedaron ahí para luego ser aprovechadas en la década de 1990 por los grandes capos colombianos, luego sustituidos por los mexicanos». Según Zelaya, el esfuerzo de los últimos gobiernos de Colombia y de México contra la droga en sus respectivos territorios ha hecho que en Centroamérica, y especialmente en Honduras, aumente el problema. Primero el paso de los narcóticos se pagaba en dólares, pero luego se pasó a pagar con droga misma, lo que ha aumentado los índices de violencia. «De ser un país de tránsito, pasamos a ser un país de crimen organizado, el cual se ha apoyado en la existencia de las pandillas o maras», comenta un destacado empresario hondureño, que prefiere no ser citado con su nombre. Con sede en San Pedro Sula, la ciudad con mayor actividad económica del país, este empresario ha sufrido intentos de extorsión por parte de esas bandas, como una gran parte de quienes tienen algún negocio. La gestión de Juan Orlando Hernández ha sido positiva en la reducción de la violencia. «Ha detenido a diversos capos de la droga y los ha extraditado a Estados Unidos y ha levantado nuevas cárceles de máxima seguridad que parecen estar siendo realmente efectivas. Ha avanzado mucho en poco tiempo. Ahora viene la tarea más ardua, que es encontrar los rastros del dinero, pues muchos narcotraficantes son ahora personas de negocios orientados a lavar dinero», refiere el empresario. Las cifras, desde luego, hablan de una reducción de los homicidios. En 2017 esta se situó en 42,8 homicidios por 100.000 habitantes, frente a los 59 del año anterior o el récord de 86 en 2012, según la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras. Con los mejores resultados en diez años, San Pedro Sula y Tegucigalpa han salido del ranking de ciudades más violentas del mundo: la ciudad norteña, junto al Caribe, ha bajado del puesto 3 al 26, y la capital del 4 al 35, en la lista de ciudades más peligrosas elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social de México. Corregir la corrupción La lucha contra la corrupción no puede calificarse de tan exitosa, pero también ha habido progresos. Hace dos años se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una iniciativa puesta en marcha por la Organización de Estados Americanos (OEA), a semejanza de la labor que realiza en Guatemala la CICIG, impulsada por la ONU en 2006. Es poco habitual que haya países que acepten ceder parte de su soberanía en materia de justicia criminal a entidades de naturaleza internacional. Lo hacen ante la incapacidad de las propias instituciones para hacer frente a sus niveles de corrupción política, y no sin ciertas salvaguardas y limitaciones. Si la CICIG tiene en Guatemala la potestad para presentar cargos directamente ante los tribunales del país, la MACCIH tiene vedada ese vía directa y tiene que dejar que sea la propia Fiscalía hondureña la que asuma la presentación de cargos. Además, la clase política hondureña en general, y el Gobierno en particular, han promovido medidas para quedar menos expuestos ante la MACCIH. De todos modos, expertos consideran positiva la iniciativa, sobre todo porque a pesar de estar en sus comienzos ha podido promover la condena de una docena de funcionarios públicos, entre ellos dos antiguos viceministros y un magistrado de la Consejo Judicial (la acción contra la esposa del anterior presidente, sin embargo, se ha topado con mayores obstáculos). «La corrupción no puede arreglarse de un golpe, porque ir contra muchos políticos a la vez puede derivar en ingobernabilidad, y esa esa la mejor receta para que surja un Chávez que acabe con la democracia», considera el citado empresario, conocedor directo de los máximos dirigentes políticos. «Hay que hacer pagar a los culpables, porque la impunidad daña a las instituciones, pero el proceso de corrección debe llevar su tiempo», aconseja.
24-07-2018 | Fuente: elpais.com
La corrupción política y las ansias de poder y dinero, en ?El reino?
Estrenamos en exclusiva el tráiler del nuevo 'thriller' de Rodrigo Sorogoyen, que con su inmersión en la podredumbre moral de un partido político concursará en San Sebastián
11-06-2018 | Fuente: abc.es
Jordania frena las protestas tras el compromiso de Al Razaz de no asfixiar la economía
Jordania, un país capaz de permanecer ajeno a los distintos conflictos que azotan oriente Medio, se ha visto envuelta en los últimos días en multitudinarias manifestaciones que pedían el fin de las medidas de austeridad auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y frenar la subida de impuestos. La presión popular provocó la dimisión del jefe del Gobierno, Hani al Mulki, y el nombramiento el pasado miércoles de un antiguo economista del Banco Mundial, Omar al Razaz, quien en primer término retiró el polémico proyecto de reforma fiscal que ha indignado a los ciudadanos. El moderado Razaz se comprometió entonces a no asfixiar la economía de las familias y empresas y a alcanzar «un sistema fiscal justo para todo el mundo». Su decisión ha traído, por el momento, el fin de unas movilizaciones que han llevado a la calle a una gran mayoría de jóvenes y que han supuesto una amenaza para la estabilidad del reino. La política de austeridad impuesta por el FMI ya causó protestas similares en 2012 y ahora, a pesar de los partidarios de dar un margen de confianza al nuevo primer ministro, son muchos los que desconfían de las promesas de la clase política. Economía estancada La controvertida reforma tributaria desechada por el gobierno era la última de una serie de propuestas adoptadas por Jordania después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le concediese en 2016 un préstamo a tres años de 723 millones de dólares. Con la dura reestructuración se busca, sobre todo, reducir una deuda pública que alcanza los 35.000 millones de dólares así como impulsar el crecimiento de su paralizada economía. Para ello, el proyecto de ley fiscal aspiraba a aumentar el número de contribuyentes en un 6%, rebajando el umbral de ingresos exigido para pagar el impuesto sobre la renta. El gobierno preveía una subida de entre el 5% y el 25% de los impuestos para los particulares y se gravaba a las personas a partir de un sueldo anual superior a 8.000 dinares (unos 9.500 euros). Una decisión mal recibida por los jordanos en un país en el que la tasa de inflación creció en un 50% del 2006 al 2017. Desde enero, el país ha sido testigo de como los precios de los productos básicos, incluido el pan, se han disparado. También el precio de los combustibles se incrementó cinco veces este año y la factura de electricidad registró un alza del 55% desde febrero. Se suma a ello un índice de paro del 18,5 %, según cifras oficiales, y unos índices de pobreza del 20%. Sin los recursos naturales de sus vecinos del Golfo, el país tiene una gran dependencia de la ayuda financiera internacional y, de acuerdo con los expertos, podría derivar hacia la insolvencia económica. Problemas pendientes La estabilidad de la que hace gala el país y su óptica islámica moderada han servido de aval para hacer de Jordania un reconocido y fiable interlocutor en Oriente Medio. Su proceder cauteloso y pragmático ante las crisis de sus vecinos lo han convertido en un aliado clave en la región para Estados Unidos, -Jordania es uno de los principales receptores de ayuda norteamericana-, e Israel. Su posición en la guerra de Siria ha sido un buen ejemplo de ello buscando la forma de alejar al Daesh de sus fronteras y frenando la llegada de refugiados sirios, uno de los retos más complicados que afronta el gobierno. Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 1,3 millones de sirios viven en Jordania de los cuales alrededor de 655.000 se han registrado como refugiados. La gestión del flujo de refugiados provenientes de Siria ha sido difícil no solo por la carga que añade a una ya de por sí ahogada economía, sino también porque una parte de la población les culpa de empeorar la situación laboral. Jordania es al mismo tiempo hogar de una gran población palestina y el único país árabe que les ha concedido la ciudadanía. Aun así, muchos jordanos consideran que su presencia es temporal. No existen datos oficiales pero se calcula que de sus 6,5 millones de habitantes alrededor de la mitad son de procedencia palestina. Ante el problema demográfico que suponen los palestinos para la monarquía hachemita, ésta se ha posicionado oponiéndose, como el Líbano y Siria (los tres países árabes en los que viven la mayoría de los refugiados), a cualquier solución que contemple la reubicación de los palestinos de forma permanente dentro de sus fronteras. Por otro lado, la irrupción del Frente de Acción Islámica (FAI) -brazo político de los Hermanos Musulmanes ? en el parlamento jordano en 2016, aunque con un limitado número de escaños, también ha sido motivo de preocupación para el régimen. La crisis económica que ahoga al país, el alto porcentaje de corrupción política y los conflictos en la región han sido aprovechados por los islamistas para jugar su mejor baza política, la de la desafección. Defensores de Hamás y contrarios a Israel, se alinean en el mismo sentido que sus colegas de otros países. Nunca han defendido la violencia en Jordania, sin embargo, el propio rey Abdalá ha expresado su recelo hacia los islamistas en diversas ocasiones.
21-10-2017 | Fuente: abc.es
Represión en China: «El Partido me retuvo once días sin avisar a mi familia»
Dos hombres de paisano le abordaron cuando iba a su oficina una mañana. No tuvieron que identificarse ni darle explicaciones. Ya sabía quiénes eran y lo que le esperaba. «Me retuvieron en una celda once días sin avisar a mi familia y sin que pudiera llamar a un abogado», cuenta un empresario pequinés que tenía negocios con las autoridades de un distrito y fue detenido por un caso de corrupción. En Europa y Estados Unidos, lo primero que hace la Policía al apresar a alguien es leerle sus derechos y recordarle que puede recurrir a un abogado y permanecer en silencio. En China ocurre todo lo contrario. Entre otras cosas, porque estos arrestos por corrupción política ni siquiera los hace la Policía, sino un cuerpo especial del Partido Comunista, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria. Bajo un sistema denominado «shuanggui», que funciona al margen de los jueces y la Policía, los investigados son aislados en lugares secretos hasta que confiesen. A tenor de la ONG Human Rights Watch, abundan las torturas físicas y psíquicas contra los funcionarios corruptos y once de ellos han muerto en los interrogatorios. «Me daban muy poca comida y apenas me dejaban dormir un par de horas seguidas, para fatigarme y quebrarme así los nervios. No me pegaron, pero me obligaban a permanecer durante horas en la misma postura, hasta que se me entumecían los músculos», relata el empresario, que oculta su identidad. De la noche a la mañana, pasó de codearse con altos cargos del Partido a suplicarle a sus guardianes que le dejaran llamar a su esposa y a sus padres. «Aunque no supieron nada de mí todos esos días y nadie les daba información, sabían dónde estaba porque estos son los riesgos de hacer negocios con los políticos en China», advierte resignado. «Me interrogaban día y noche porque estaban investigando a varios cargos locales para los que yo había hecho unos trabajos y querían que los delatara, pero finalmente no confesé nada», asegura orgulloso sin aclarar cuáles eran esos negocios ni si había sobornado a algún político. Después de once días en el calabozo, pudo volver a ver la luz del sol al quedar en libertad. Pero sigue siendo investigado y sabe que los «hombres de negro» podrían regresar a por él en cualquier momento. Especialmente ahora; en cuanto concluya el XIX Congreso del Partido Comunista, que se celebra estos días en Pekín, y se renueve su cúpula. Con temor, el empresario solo espera que sus «guanxi» (contactos) en el régimen no acaben entre los derrotados en esta lucha por el poder, ya que le arrastrarían en su caída. Sin clemencia Desde que Xi Jinping tomó el poder, primero como secretario general del Partido en 2012 y luego como presidente de China en 2013, más de un millón de funcionarios y cuadros han sido castigados por corrupción. Con dichas purgas, que han afectado a 200 altos cargos, Xi ha eliminado a sus rivales internos para que nadie la plante cara en su segundo mandato, que durará hasta 2022 pero podría prolongarlo. Con esta misma mano dura también ha aplastado a la disidencia. Además de no permitir la salida de China del moribundo Nobel de la Paz Liu Xiaobo, quien falleció en julio por un cáncer de hígado fulminante, el régimen mantiene bajo arresto domiciliario a su viuda, la poetisa Liu Xia. Como ella, al menos 14 activistas han sido detenidos y otros dos han «desaparecido» para que no protesten durante el Congreso, denuncia la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos. La creciente represión también se ha extendido contra grupos sociales, incluso de gais y lesbianas sin filiación política, y colectivos profesionales, como los abogados de los disidentes. El 9 de julio de 2015 empezó contra ellos una campaña, denominada «709», que dejó unos 300 detenidos. Algunos de ellos, como el activista cristiano Hu Shigen y el abogado Zhou Shifeng, han sido condenados a siete años de cárcel por «intento de subversión». Es el precio por enfrentarse al régimen chino, cada vez más autoritario con Xi Jinping. Mayor censura y control en internet Junto a la represión de la disidencia, las autoridades chinas han reforzado la censura y los controles en internet para impedir la difusión de contenidos políticamente sensibles que amenacen su poder. Gracias a su progreso tecnológico, la «Gran Muralla Cibernética» («Great Firewall», en inglés) ha sido capaz de bloquear numerosas VPN, las conexiones a servidores en el extranjero que permiten acceder a páginas «web» prohibidas en China. Con Facebook, Twitter y Youtube capados, y con WhatsApp funcionando solo a ratos, las redes sociales chinas deben plegarse a la censura. Así, portales como Wechat o Weibo bloquean automáticamente los mensajes sensibles que envían sus usuarios, en ocasiones sin que estos lo sepan.
19-09-2017 | Fuente: abc.es
Claudia López, candidata presidencial de Colombia: «El futuro para el país no es escoger entre Santos y Uribe»
Claudia López Hernández (Bogotá, 1970) es actualmente senadora y candidata presidencial del Partido Verde de Colombia. Desde que estaba en la universidad empezó a movilizarse como ciudadana, luego fue periodista y hace 20 años trabaja en temas de administración pública. Desde hace tres años forma parte del Congreso, lugar que ella describe como «desagradable». Dice que viene de un proyecto político de centro-izquierda, que busca más un centro que una izquierda. Quiere ser la presidenta de Colombia porque en ese poder «está el epicentro de la corrupción política en Colombia. Busca la inclusión social, frenar la corrupción atacando la política tradicional y construir un proyecto que tenga trascendencia en el tiempo. Lo que más suena de Colombia es el debate que hay entre los presidentes Santos y Uribe. ¿Dónde podemos ubicarla a usted? Con ninguno de los dos. El futuro para el país no es escoger entre Santos y Uribe, el futuro de Colombia está en salir de ellos, quienes tienen una disputa alrededor de la paz pero que están en todo lo que hemos visto en temas y escándalos de corrupción. Lo que el país ha puesto en evidencia es que son igualitos para robar: ambos le recibieron sobornos de Odebrecht, en sus campañas hubo financiación ilegal. En el escándalo Reficar, el mayor en la historia de Colombia después de Odebrecht, de casi 3.400 millones de euros, están metidos ambos gobiernos. Entonces, yo creo que el futuro de Colombia no está en es escoger entre ellos, el futuro de Colombia es, mediante el voto, derrotarlos y traer una coalición ciudadana, independiente, de centro. ¿Qué opina del Congreso de la FARC y su nuevo partido político? Yo no tengo ninguna relación con el nuevo partido político de la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia), ni tengo interés ni coincidencia para hacer política con ellos. Apoyé el proceso de paz porque creo que es necesario para Colombia y en particular para los más humildes, los de la Colombia rural, quienes han sido brutalmente victimizados por la FARC. Uno de los costos del acuerdo es el de hacer política; a unos les duele más, a unos les duele menos. La FARC se declaró como un partido marxista, comunista, revolucionario y socialista, con lo cual no tengo ninguna coincidencia ideológica, pero prefiero que hagan política a que hagan la guerra. Prefiero que hagan política a que hagan la guerra ¿Qué le motivó a presentar su candidatura a la presidencia? Ser una colombiana común, de clase media, preparada, que ha estudiado cuáles pueden ser las soluciones a lo que yo creo que son los 4 cuellos de botella que tiene Colombia y tenemos que afrontar como generación para poder desarrollar todo el potencial del país: El primero, la guerra. Yo creo que una Colombia sin FARC es una Colombia bendecida que tiene muchas más oportunidades y, si logramos concretar el proceso con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), vamos a cerrar el ciclo del conflicto armado colombiano y eso va a ser una bendición para la generación que lo pueda disfrutar. El segundo es la corrupción, la cual le está robando a Colombia hoy más de 14.000 millones de euros al año según la Contraloría General de la Nación; eso equivale a aproximadamente 7 puntos del PIB nacional al año. En tercer lugar, Colombia no tiene una economía moderna. Tenemos una economía que exporta bienes básicos, donde la gente todavía se enriquece o por rentas de poder o por rentas del suelo, sin grandes innovaciones ni competitividad o productividad. El cuarto cuello de botella es la inequidad. Colombia es segundo en el nivel de desigualdad en América Latina y está dentro de los 8 países más inequitativos del mundo. Las consecuencias de esto es que genera muchas tensiones políticas, hay gente que vive en la exclusión como si fuera el siglo XVIII mientras otros más afortunados, gracias a la educación y demás, estamos en el siglo XXI. Nuestro propósito es crear una coalición con una visión moderna de Colombia frente a estos desafíos, que esté comprometida con la paz, con gente de carácter y de visión para combatir la corrupción, modernizar la economía y construir equidad. Después de la guerra, la clase política es el peor cáncer que tiene Colombia hoy. Y así como a los ilegales teníamos que presionarlos militarmente para obligarlos a hacer una negociación de desmovilización seria, a la clase política corrupta y tradicional tenemos que enfrentarla y derrotarlas en las urnas para cambiar Colombia. Yo he demostrado tener el carácter y la independencia que se necesita para enfrentarlos. ¿Cómo ha sido su paso por la política? Yo llevo tres años en política pero toda la vida he sido una ciudadana muy activa. Los mecanismos de participación ciudadana son precisamente que la política no dependa solamente de los políticos electos representativos sino que los ciudadanos también tengamos mecanismos propios de participación política en caso de que se bloqueen las instituciones. En estos tres años en el Congreso me bloquearon sistemáticamente las iniciativas de lucha contra la corrupción, de límite al poder, de contratación transparente, de manejo del presupuesto público, de limitar el poder de los políticos, de ponerlos a rendir cuentas. Lo rechazaron todo y por eso yo salí a recoger firmas para hacer una consulta y como ciudadanos votar esos mandatos anticorrupción. La respuesta fue contundente: 4 millones y medio de colombianos firmaron para pedirle al Estado que los deje ir a votar el año que viene esos 7 mandatos anticorrupción que la clase política no ha querido adoptar. Después de la guerra, la clase política es el peor cáncer que tiene Colombia ¿Cómo están luchando contra la corrupción en el resto de latinoamérica? ¿Tiene algún referente internacional? Precisamente eso está pasando en Guatemala, donde ha habido toda una movilización ciudadana para respaldar la Comisión Internacional Contra la Impunidad para que puedan luchar contra la corrupción. Ya procesaron al expresidente y tal vez vayan a procesar al presidente actual; hay muchos ministros y empresarios que se creían intocables. El escándalo de Odebrecht ha sacado a miles de latinoamericanos a las calles en Brasil, Perú y República Dominicana, repudiando la corrupción que hay. En Colombia no ha habido una marcha multitudinaria pero cuatro millones de colombianos firmaron, que es otra manera de politizarse. Colombia está en un momento de grandes oportunidades pero también de enorme dificultad: en este momento tenemos la política y la justicia corrompidas. Los colombianos desde donde estén tienen que entender que mientras más de la mitad de los ciudadanos sigan con la abstención, la clase política corrupta va a seguir eligiéndose con muy pocos votos que puede comprar. Si queremos romper ese círculo vicioso tenemos que meterle mayorías ciudadanas a las elecciones para que los políticos corruptos no sean capaces de comprar a una minoría. Eso es lo que estamos tratando de movilizar en Colombia en este instante.
14-07-2017 | Fuente: elpais.com
El fiscal desinfla el mayor caso de presunta corrupción política en las Rías Baixas
Pide que se archive la imputación del alcalde de Vigo y otros políticos en la 'operación Patos'
12-07-2017 | Fuente: elpais.com
Producciones Meridional le pone letra y música a la corrupción política en ?Iberian gangsters?
28-04-2017 | Fuente: elpais.com
La ferocidad del poder del lenguaje para trampear la realidad
La corrupción política y el drama de los refugiados sirve a Miguel del Arco para analizar la manipulación de la palabra en ?Refugio?
17-03-2017 | Fuente: abc.es
La corrupción desborda Francia: los tres principales candidatos, salpicados por escándalos
Como una patología diagnosticada, la corrupción salpica a los tres principales candidatos a ganar las elecciones presidenciales en Francia y el temor a una gran abstención no para de crecer a la espera de los primeros debates televisivos. Solo 6 de cada 10 franceses tienen claro ir a votar en la primera vuelta, todo un récord a la baja de la Quinta República, según el instituto galo de sondeos Elabe. Solo una vez la abstención sobrepasó el 30% -en 1969- en unas presidenciales. François Fillon, tercero en las encuestas por los Republicanos, ha sido imputado por malversación de fondos públicos en el caso de los empleos falsos de su familia, un hito en las campañas electorales del Hexágono. Aupado por este escándalo del líder conservador y el temor al auge del Frente Nacional, Emmanuel Macron, líder de ¡En Marcha!, que recientemente se ha colocado en cabeza de algunos sondeos, ha aparecido relacionado con unas irregularidades y acusaciones de favoritismo en un viaje a Las Vegas con empresarios franceses. El joven líder centrista defiende que siempre ha respetado las reglas en las licitaciones. De momento, según «France Inter», Macron no se ve directamente afectado por la investigación abierta por la Fiscalía. Por su parte, la ultraderechista Marine Le Pen lleva varios meses enfrentada a la justicia en diversos escándalos. A 37 días de la primera vuelta electoral, la cuestión no es ya tanto quién se libra de la sospecha, sino a quién le penalizará menos. Marine Le Pen apela, desde que lidera el FN, a un electorado especialmente de la clase trabajadora, harto de la corrupción política. Con su estrategia de «desdiabolizar» a la formación ultraderechista, se ha ganado el favor de los jóvenes, rompiendo la tendencia de los movimientos populistas anglosajones: la gran masa de votos tanto del Brexit como la de Donald Trump en EE.UU. provenía de los mayores de 50 años. Frente al poder de lo rural, según un gráfico de «The Economist» el porcentaje de voto a Le Pen subió en las regionales de 2015 cuanto más se alejaba de París el colegio electoral, el principal caladero de Macron corresponde a una clase media cosmopolita y altamente educada, analiza Reuters. Su auge ha dependido de las investigaciones de medios alternativos como el satírico «Le Canard Enchaîné» y el digital «Mediapart». También, el ex alumno de la Escuela Nacional de Administración (ENA), la cantera elitista de presidentes franceses, se aprovecha de la percepción que se tiene de él de gestor efectivo y de éxito por sus años en la banca, aunque en el periodo que estuvo al frente de la cartera de Economía, Finanzas e Industria la sangría de parados no se detuvo. La reunión que enfanga ahora a Macron se celebró el 6 de enero de 2016, cuando el entonces ministro de Economía se sentó con dirigentes de diversas empresas emergentes francesas en el Consumer Electronics Show (CES), en Las Vegas. Según reveló el pasado 7 de marzo el semanario satírico «Le Canard Enchaîné» y recoge Efe, fue encargada sin concurso previo al grupo Havas por Business France, organismo de promoción de la tecnología francesa dependiente del Ministerio de Economía, entonces dirigido por el candidato de ¡En Marcha!. El coste total del viaje ascendió a 381.759 euros, de los que 100.000 euros fueron dedicados al alojamiento. Entre los presuntos empleos ficticios de Fillon y Le Pen, y las polémicas sobre el patrimonio de Macron, la justicia y el enriquecimiento de las élites políticas han solapado la crisis económica y la cuestión identitaria en la agenda de campaña. Desde que el pasado enero se desató el escándalo, la popularidad de Fillon ha caído cerca de diez puntos. «Le Canard Enchainé» también ha informado que la fiscalía nacional ha concedido una acusación adicional por «tráfico de influencias» a los tres jueces encargados de investigar el caso de los empleos ficticios de Penélope Fillon e hijos. El semanario satírico reveló además que el candidato conservador devolvió el pasado 27 de febrero los 50.000 euros que le prestó un empresario amigo suyo en 2013, en pleno escándalo. Enriquecimiento de la familia Pero Marine Le Pen tampoco se libra. La líder del FN fue convocada por la Justicia para una posible acusación en un caso de presuntos empleos ficticios en el Parlamento Europeo. Pero a diferencia de Fillon, ella se negó a aceptar la designación de los jueces la semana pasada, alegando inmunidad parlamentaria. Así y todo, los escándalos de Fillon y Le Pen no les han hundido en las encuestas. Aunque la bajada de Fillon le apea de la segunda vuelta no le ha hundido totalmente y sigue teniendo posibilidades de sorpresa: no se esperaba su victoria en las primarias republicanas. Marine Le Pen ha liderado los sondeos a lo largo de estos meses, salvo tras un impulso inicial de Fillon y ahora de Macron. Estos datos indican que los votantes de Fillon castigan más la corrupción de su candidato, según una columna de la web de noticias «Le Devoir». Los casos, aunque parecidos, difieren en un punto clave: la familia Fillon se habría enriquecido con los empleos falsos y Le Pen no. Los franceses desconfían de su sistema político. Una encuesta de Haris publicada en octubre pasado concluyó que el 54% de los encuestados cree que una «gran parte» de éstos eran más o menos corruptos. En Suecia, en 1995, un ministro renunció por haber pagado una tableta de chocolate con la fondos ministeriales. «¿Qué pasaría en Francia ahora?», se pregunta la cadena pública de radio France Culture. Según los mapas de percepción de la corrupción elaborados por Transparencia Internacional entre otras organizaciones, Francia se encuentra a mitad de camino entre Alemania e Italia o España. Uno de los principales problemas es la falta de control de la financiación de los partidos políticos. A falta de poco más de un mes para la primera vuelta, solo un efecto contagio de lo vivido en Holanda, donde la repulsa al candidato ultraderechista Wilders y al fenómeno Trump ha aumentado en varios puntos la participación con respecto a 2012, puede eclipsar la desafección de los franceses con su sistema.
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