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Noticias de comisarias

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Los directivos de Ford entregaron a la dictadura a 24 trabajadores
Decir en Argentina Ford Falcon supone disparar de inmediato la memoria de la última dictadura militar (1976-83). El modelo de este automóvil, durante los siete años de Estado terrorista, fue el elegido para «chupar» (secuestrar) a los detenidos desaparecidos pero también para vigilar viviendas de guerrilleros, civiles y argentinos que estuvieran bajo sospecha del régimen. La marca Ford aparece en diferentes páginas de la Conadep (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas) y en todas ellas, con declaraciones de testigos, se pone en evidencia su complicidad con los militares y la entrega de trabajadores y sindicalistas de su fábrica, que terminaron muertos, torturados o en paradero desconocido. Por todo ello, dos de los responsables de la firma se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados. Se trata de Pedro Muller, de 85 años y de Héctor Francisco Sibilla, de 90. Hoy ancianos, en su juventud se les presume estrechos colaboradores de Santiago Omar Riveros, ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, condenado en otras ocasiones por delitos de lesa humanidad y que, una vez más, tendrá que dar explicaciones a la justicia. Muller no tenía un cargo menor, era el gerente de Manufactura mientras Sibilla estaba al frente de la Seguridad. Tras la muerte del gerente de Relaciones Institucionsles, Guillermo Galarraga (93 años) , quedaron solos frente al Tribunal Oral Federal Criminal 1. Tendrán que defenderse del secuestro y torturas de 24 trabajadores de la empresa que tenía su planta en la localidad de General Pacheco. Allí mismo, los militares, en una de las zonas recreativas tenían instalado algo parecido a un comando de campaña. Ford vendió a las Juntas Militares, en apenas dos años, 269 vehículos del modelo Falcon. De acuerdo a los documentos y testimonios, fue la propia empresa la que elaboraría el listado del personal díscolo y en especial, de los delegados sindicales que reclamaban atrasos salariales y actualizaciones de sus sueldos. Buena parte de los secuestros se realizaban con total impunidad a la luz del día y en horario laboral, frente al resto de la plantilla. La suerte de los "elegidos" quedó echada el 25 de marzo de 1976, al día siguiente del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón. Aquel día Galárraga leyó a los trabajadores un documento atribuido al Ejército donde les advertía que debían renunciar a cualquier exigencia laboral. La resistencia de estos se tradujo en los episodios posteriores descritos. Los detenidos sufrirían las consecuencias de su rebeldía, en forma de torturas y muerte, en diferentes calabozos. Entre otros, en las comisarías bonaerenses de Tigre e Ingeniero Maschwitz que estaban bajo el mando del temible General Camps.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La represión del Gobierno iraní no consigue silenciar las calles
La represión del Gobierno iraní no consigue silenciar las calles. A pesar de las llamadas a la calma, al menos doce personas murieron en Irán durante el fin de semana en protestas contra las autoridades y más de 200 han sido detenidas, según confirmó la televisión estatal iraní sin aportar más detalles. La agitación de los últimos días representa el mayor desafío al gobierno de Teherán desde los enfrentamientos ocurridos tras las elecciones de 2009. Y plantea la posibilidad de una prolongada inestabilidad ante el descontento de la población. La televisión iraní aseguró que manifestantes armados intentaron tomar el control de algunas comisarías de Policía y bases militares, pero habrían sido frenados por las fuerzas de seguridad. No obstante, un manifestante mató a un policía tras realizar varios disparos contra los agentes durante los disturbios en la ciudad de Najafabad. La escasa información disponible, imposible de contrastar, señala asimismo que el domingo dos personas murieron por disparos no identificados en la localidad de Izeh, en el suroeste del país, y otras dos perecieron en Dorud. La emisora estatal iraní también corroboró la muerte el domingo de seis personas en la localidad occidental de Tuyserkan, a unos 300 kilómetros de Teherán. De acuerdo con otros medios internacionales el número de muertos sería ya de doce. El Parlamento iraní celebró una sesión extraordinaria para evaluar la situación en el país, en la que el presidente, Hasan Rohani, defendió el derecho del pueblo a expresar su opinión sin recurrir a la violencia y prometió «aplastar» a la minoría que está provocando los disturbios. Para el líder iraní, los choques obedecen a problemas internos aunque también acusó a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí de fomentar los tumultos generados en las manifestaciones. La red social Telegram, la más usada y popular entre los iraníes y en la que se llevan a cabo los llamamientos a participar en las protestas, ha dejado por completo de funcionar. También Instagram ha sido bloqueado. A pesar de que resulta cada vez más complicado comunicarse en las redes, los activistas siguen pidiendo, de forma anónima, la continuidad de las manifestaciones, y en diferentes vídeos difundidos en Internet se muestran enfrentamientos entre la policía y manifestantes en distintos puntos del país. Las protestas, que comenzaron el pasado jueves en Mashhad, la segunda ciudad del país, son una reacción a la maltrecha economía del país, a la creciente corrupción y a la subida de los precios de la comida y el combustible. Pero la gravedad de la situación, sin precedentes desde los disturbios que siguieron a las elecciones de 2009, se justifica además por otros motivos. De acuerdo con diversos analistas, son muchos los iraníes que esperaban una evidente mejora de sus condiciones de vida después de que las severas sanciones a las que eran sometidos por su programa nuclear fueran levantadas en 2015, tras el acuerdo con Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania (el llamado Grupo P5+1). Si bien las restricciones que afectaban al sector financiero, de energía y de transportes fueron canceladas en muchos casos, cientos de entidades del país han permanecido en las listas negras americanas amparándose en el presunto apoyo de Irán al terrorismo. La llegada de Trump a la Casa Blanca sólo ha añadido más leña al fuego con el anuncio de nuevas sanciones económicas y la apertura de una estrategia mucho más agresiva contra Teherán. Las políticas económicas del gobierno han traído un desempleo que se sitúa en el 12,4%, según cifras oficiales, y una alta inflación. A ello se suma la falta de inversiones extranjeras. Además, la participación de Irán en la guerra de Siria y en Irak, como parte una estrategia que busca la consolidación de su poder en la región frente a Arabia Saudí, ha supuesto un inmenso gasto que no ha sido entendido por los más críticos. Pero a medida que se han ido extendiendo, las revueltas han pasado a adquirir un carácter más político, llegando a cuestionar el sistema clerical y a su máxima autoridad, el ayatolá Ali Jamenei. Son años de quejas ante el sistema político, económico y social los que han conducido a los ciudadanos a las calles sin simpatizar con ninguna tendencia política en especial. En ciertos sectores de la población, el gobierno de Rohani es contemplado como corrupto, ineficaz y fracasado en su intento de crear un sistema justo en el marco de la revolución de 1979. La disconformidad existente, aunque no alberga la intensidad de 2009, cuando millones de personas tomaron las calles para protestar contra la reeleción de Mahmoud Ahmadinejad como presidente, sí ha evidenciado la desorientación de los políticos ante lo que parece una explosión popular espontánea.
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