Infortelecom

Noticias de caso odebrecht

30-01-2017 | Fuente: elpais.com
El Supremo brasileño abre la caja de los truenos del ?caso Odebrecht?
La presidenta del tribunal da validez a las declaraciones de 77 ejecutivos de la constructora que podrían implicar a la élite política del país
23-01-2017 | Fuente: elpais.com
Detenido un funcionario de Alan García por el ?caso Odebrecht?
Un viceministro implicado elude una orden de captura por encontrarse en el exterior
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un fiscal argentino pide que investiguen a un exministro kirchnerista por el caso Odebrecht
Un fiscal argentino pidió hoy que Julio de Vido, exministro de Planificación Federal de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), sea investigado por presunto fraude al Estado en una de las causas que afectan en Argentina a la constructora brasileña Odebrecht. Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas investigar a 16 personas, entre ellas a De Vido, quien durante doce años fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda en Argentina y que ya está procesado en otras causas por corrupción. El magistrado dirige la investigación de la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008, uno de los casos que pretenden dilucidar la supuesta implicación de la constructora brasileña en irregularidades y pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el kirchnerismo.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La trama Odebrecht cerca al vicepresidente de Ecuador
El diario brasileño O´Globo y el portal peruano IDL- Reporteros han difundido el contenido de unos archivos de audio que mencionan al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas y al exauditor general del estado, Carlos Pólit, dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Los audios son los que José Conceição Santos -representante de Odrebrecht en Ecuador durante varios años- entregó a la justicia brasileña para rebajar su propia condena. «Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos» le dice Santos a Pólit, en una parte de la conversación que habría sido grabada en Guayaquil, en el domicilio del entonces auditor. También hablan de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, refiriendose a el como la persona que hacía ?las gestiones? para Odebrecht. « Me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban», comenta el brasileño. Para Jorge Glas el contenido de los audios son diálogos sin importancia que muestran «espionaje político». Para partidos de oposición como CREO o Izquierda Democrática son pruebas suficientes para pedirle su renuncia. Con ellos coincide la Comisión Cívica Anticorrupción, que ha denunciado a Glas por presunto cohecho y otros delitos. Los investigadores del caso Odebrecht hablan de la existencia de una estructura mafiosa, en la que el representante de Ecuador grabó las conversaciones para demostrar ante la justicia los pagos a los funcionarios. «No se va a proteger a nadie, ni perseguir a nadie»,dijo en un canal de televisión ecuatoriano Carlos Baca Mancheno, fiscal general de la nación, ante la duda de que el segundo mandatario salga, nuevamente, indemne. Hace apenas un mes, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional puso alfombra roja para que Glas ingresara, no a comparecer ante el Pleno, como requería la oposición, sino a la Comisión de Fiscalización. Llegó con barra propia ante la complacencia de sus coidearios de Alianza País (AP). Expuso sus logros y obras, y apenas respondió algunas preguntas. La oposición rechazó el «show» y el «blindaje» al funcionario acusado. «Me siento, dolorosamente, satisfecho de haber aportado a la causa ética de mi país», dice a ABC Fernando Villavicencio, el activista que denunció la mayoría de casos de corrupción -algunos que implican a Glas- que se encuentran abiertos y que se encuentra exiliado en Lima. Lo de Odebrecht «es para los caramelos», comparado con lo que se habría desviado en el sector petrolero, cuyas denuncias ha publicado en su portal FucusEcuador. El tío recaudador de dinero En Ecuador aún se aguarda la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, en diciembre pasado, reveló que Odebrecht habría entregado a funcionarios ecuatorianos 33,5 millones de dólares en concepto de sobornos y corrupción. Mientras tanto, la historia de Ricardo Rivera, procesado, por asociación ilícita, es sui generis. Todas las gestiones hechas en la última década se deberían a su parentesco con el vicepresidente, pero éste niega conocer nada al respecto. La Fiscalía lo acusa de haber recibido de Odebrecht $13 millones; esto es, 1% del total de las obras contratadas en Ecuador. La misma Fiscalía dijo, en junio, que los pagos se hicieron «valiéndose de su parentesco con un alto funcionario del Estado». Glas no se dio por aludido. El pasado 17 de julio, Tomislav Topic, gerente general de Telconet- empresa que puso el cable de fibra óptica submarino en el país- declaró en una comparecencia sin juramento ante la fiscalía sobre su relación con Rivera, y aseguró que este le puso en contacto con inversores chinos para llevar a cabo el proyecto. Rivera habría pedido como comisión una serie de enlaces para su canal de televisión por satélite, donde años atrás trabajó Glas y calculó la comisión en unos cinco millones de dólares, habiendo entregado un millón en metálico por contactos con Odebrecht. Hace unas semanas, se difundieron unas capturas de pantalla con mensajes de texto entre el mismo Rivera y José Santos, que usaba las iniciales JS y en las que hablaban de una cita postergada con JG (supuestas iniciales de Jorge Glas). El vicepresidente dijo que la Fiscalía tendría que investigar por qué han tomado su nombre. Glas repite que no hay pruebas en su contra. Que es inocente y que Pólit lo investigó y no encontró nada. Algo que resulta inverosímil teniendo en cuenta que en el audio José Santos le recuerda al propio Pólit que había pedido los pagos en efectivo.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Ecuador empieza a distanciarse del bolivarianismo
Lleva apenas tres meses como presidente de Ecuador, pero la brecha abierta por Lenín Moreno con su antecesor y promotor, Rafael Correa, es profunda y diríase que irreversible. Desde que accedió al puesto el pasado 24 de mayo, Moreno ha ido separándose metódicamente de su padrino político. Los últimos días le ha tocado a la política exterior: Ecuador ha comenzado a desgajarse del frente bolivariano. Moreno sorprendió la semana pasada con un mensaje televisado, emitido el lunes 14, en el que condenó la violencia aplicada por el régimen de Nicolás Maduro y denunció la existencia de presos políticos. Unos días después, el viernes 18, anunció el cese en su cargo de los embajadores en Venezuela y en Cuba, donde ambos mantenían el alineamiento con el eje Caracas-La Habana que había cultivado el Gobierno de Correa. También deja sus funciones el embajador en Estados Unidos, a quien iba a resultarle difícil superar el discurso «antiimperialista» que había auspiciado el anterior presidente ¿Salida del ALBA? En su mensaje sobre Venezuela, Moreno calificó la situación de «preocupante», y aunque evitó mencionar directamente al presidente Maduro, sus palabras fueron claras: «Por encima de cualquier postura ideológico o política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente». Mostró además su preocupación por la existencia de «cantidad de presos políticos», una catalogación que el Gobierno venezolano niega. De acuerdo con Moreno, «la democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra». El presidente ecuatoriano terminó su alocución expresando su solidaridad con el pueblo venezolano, deseándole «que pronto alcance la paz y que no se derrame ni una gota más de sangre». Con esto Moreno contradijo los términos de lo que había sido la política exterior de Correa, quien desde que llegó al poder en 2007 se sumó al ALBA de Chávez (Venezuela), Castro (Cuba), Morales (Bolivia) y Ortega (Nicaragua). De momento es un distanciamiento tímido, pero si el nuevo presidente busca un perfil propio lo normal es que debilite los compromisos con el ALBA, si bien en un cuidado deslizamiento para no levantar reticencias en la base de izquierdas que le apoya. En cualquier caso, ha quedado en cuestión la canciller, María Fernanda Espinosa, quien en alguna ocasión ha manifestado que lo que más le impresa de Venezuela es la violencia de la oposición. Espinosa ha estado en Caracas para apoyar la Asamblea Constituyente ilegalmente promovida por Maduro. Tuits que repiten lo de Santos-Uribe Rafael Correa tuvo a Lenín Moreno como vicepresidente en los primeros años de su presidencia (2007-2013); luego designó a Jorge Glas para el siguiente mandato (2013-2017). Aunque forzando la legislación podría haberse vuelto a presentar a las elecciones de comienzos de este año, varios cálculos políticos le convencieron de no hacerlo, quizás reservándose para las siguientes, tras unos años de Gobierno de alguien que le cuidara la silla. Correa deseó que su partido, Alianza País, nombrara candidato a Glas, alguien de fidelidad probada, pero como las encuestas eran más favorables a Moreno, finalmente este fue el designado. Moreno ganó las elecciones, con Glas como vicepresidente. Lograda esa victoria electoral y nombrado presidente de Alianza País (Correa pasó a ser presidente vitalicio), Moreno despidió a quien había sido su padrino político ?«que tengas un buen viaje», le deseó públicamente cuando el ya expresidente marchó por un tiempo largo a Bélgica? y comenzó a distanciarse progresivamente de él. Algo así ya se había experimentado recientemente en Latinoamérica cuando Álvaro Uribe promovió a su ministro de Defensa, Manuel Santos, para sucederle; cuando Santo ganó la presidencia en 2010, pasó a ser el enemigo político de Uribe. A la semana de que Moreno tomara posesión, la Fiscalía General comenzó a hacer actuaciones por el caso Odebrecht, sobornos que afectan al Gobierno de Correa y que hasta entonces no se investigaban convenientemente. Ahí Correa abrió desde Bélgica, país de donde es originaria su esposa, una guerra de mensajes en Twitter y Facebook: «Estrategia de 'diferenciarse' no solo es desleal, es mediocre?, dijo en uno sus muchos tuits. «Síndrome de abstinencia», le respondió Moreno. En la pugna el vicepresidente Glas ha hecho causa común con Correa, lo que le ha valido el apartamiento de sus funciones decretado por Moreno el 3 de agosto (no le puede cesar porque fue elegido por sufragio para el puesto). «Ecuador en su propio 'Juego de Tronos' entre presidente, vicepresidente y expresidente», ha titulado la BBC. Riesgo de escisión en Alianza País Moreno está buscando una base electoral propia (ha tenido gestos amistosos con movimientos indígenas a los que Correa se había enfrentado); está echando la culpa de las dificultades económicas al endeudamiento incurrido por el anterior Gobierno, que no quiso aplicar recortes para no ser castigado en las elecciones (niega que se haya encontrado «la mesa servida», como decía su antecesor); está denunciado situaciones de sobrecostes en refinerías y otras infraestructuras realizadas por la Administración saliente, y está facilitando que la Justicia reciba documentación sobre casos de corrupción de la era Correa. Correa pensó que Moreno era la marioneta perfecta para cubrir los rastros de corrupción que se han convertido en su principal legado»Francisco Swett, exministro El expresidente pensó que «Moreno era la marioneta perfecta y que sería la persona ideal para cubrir las rastros de corrupción que se han convertido en el principal legado de Correa. También escogió a Glas como su confiable guardián», ha afirmado Francisco Swett, quien anteriormente fue ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de Ecuador, en un debate organizado por Inter-American Dialogue, un think tank de Washington. El problema, añade, es que Glas es un «muerto viviente» político por su vinculación a los sobornos de Odebrecht. Los últimos días, la entrega a la Justicia de Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos, y la orden de detención del exministro de Industria Ramiro González, está poniendo a Correa «de los nervios», en expresión de Swett. El viaje a Bélgica anunciado para esta semana por la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, quien vela por los intereses de Correa en esta formación política, pone en evidencia las tensiones internas. La exigua mayoría de Alianza País en la Asamblea Nacional, donde tiene 74 de los 137 puestos (solo cinco por encima de la mayoría absoluta) preconiza complicaciones políticas. A finales de agosto Moreno cumplirá cien días de gobierno con encuestas favorables (hasta un 76% de aceptación) que valoran su moderación: su llamada al diálogo con otras fuerzas políticas y un tono lejos de las descalificaciones propias de Correa.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La exfiscal Ortega acusa a Cabello de recibir cien millones de la corrupción
La exfiscal venezolana Luisa Ortega, que el pasado viernes huyó de su país tras ser acusada de traición, aseguró el miércoles en Brasilia que tiene «muchas» pruebas de corrupción contra los principales jerarcas chavistas y contra el mismo presidente Nicolás Maduro, que entregará a países como EE.UU., España, Colombia y Brasil para que las investiguen. En concreto, dijo tener pruebas de que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, recibió 100 millones de dólares (casi 85 millones de euros) de la constructora brasileña Odebrecht. La respuesta de Caracas no tardó en llegar. Tarek William Saab, su sustituto en el Ministerio Público, anunció ayer que reabrirá casos de corrupción y narcotráfico «olvidados» por Luisa Ortega. «En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro», sentenció la exfuncionaria al inaugurar ayer en Brasilia la cumbre de fiscales del Mercosur. Ortega, chavista disidente, lanzó estas acusaciones tras huir de su país denunciando persecución política y después de que Maduro pidiera su detención a Interpol. «He sido víctima de allanamientos en Venezuela, en mi hogar se llevaron hasta pertenencias sencillas», agregó la exfiscal, que fue destituida el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), acusada de cometer «actos inmorales». Luisa Ortega cree, sin embargo, que fue destituida por investigar la corrupción en Venezuela y denunciar la «ruptura del hilo constitucional» en el país. Enviará pruebas Recibida por el fiscal general Rodrigo Janot, una de las principales caras de Brasil en la lucha contra la corrupción, Ortega inauguró el encuentro en medio de gran expectación. La exresponsable del Ministerio Público confirmó también que enviará documentos y pruebas a las autoridades de España, EE.UU., Brasil y Colombia para que tomen medidas contra los abusos del actual Gobierno venezolano. «Tengo muchas pruebas contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez», sostuvo Luisa Ortega ante la presencia de los fiscales generales de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. A ellos también les prometió denuncias sobre el caso Odebrecht, uno de los más sonados de Brasil y que ha extendido sus tentáculos de corrupción por todo el continente. «Esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a los Estados para que procedan a investigar a las personas a las que correspondan, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, no solo por el caso Odebrecht», señaló, criticando además a la recién instalada ANC. «Esa Constituyente tiene una Comisión por la Justicia, así llamada, con facultad para perseguir, condenar a cualquier ciudadano que sea un adversario político», declaró. Según su relato, Venezuela tiene once obras inconclusas de Odebrecht, y el constituyente Cabello habría recibido 100 millones de dólares en sobornos a través de una empresa española llamada TSE Arietis, vinculada a la constructora brasileña y cuyos propietarios serían primos del venezolano. La exfiscal también se refirió a una empresa mexicana que estaría a nombre de personas cercanas a Maduro, contratada por el chavismo para distribuir las «clap» (bolsas de comida). Ortega también culpó al presidente venezolano de la crisis política, social y económica que vive su país, donde -enfatizó- no hay garantía para la Justicia. «El Gobierno lo que quiere es impunidad», afirmó. La exfiscal también denunció el «secuestro» del general Raúl Isaías Baduel, crítico del chavismo, que hace dos semanas fue trasladado a un lugar desconocido desde su celda en la prisión militar de Ramo Verde por agentes de la Contrainteligencia Militar. Otro objetivo de las denuncias de Ortega fue su sucesor, Tarek Saab, quien estaría implicado en seis casos de corrupción de la petrolera estatal Pdvsa. La exfiscal pidió a sus colegas de la región que no colaboren con Saab porque «las pruebas serán destruidas». Sin dar mayores explicaciones ni citar pruebas concretas, la exfiscal destacó que Venezuela es clave en la ruta de narcotráfico sudamericano. Luisa Ortega recibió el apoyo de los fiscales, que se solidarizaron con ella en sus discursos. El brasileño Janot la trató como la «legítima fiscal» de Venezuela. «Asistimos a una violación institucional del Ministerio Público venezolano. Sin independencia, el Ministerio Público de nuestro vecino del norte no está en condiciones para defender los derechos de las víctimas y acusados, ni de conducir investigaciones criminales o actuar en un juicio con independencia», dijo el fiscal. Rodrigo Janot agregó que la Constituyente fue elegida en un proceso lleno de «sospechas de fraude». Ortega agradeció además la solidaridad del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que la recibió el pasado viernes -cuando llegó junto a su marido a Bogotá procedente de Venezuela a través de la isla de Aruba- y le ofreció asilo. La exfuncionaria venezolana tenía previsto regresar a Colombia después de la cumbre de fiscales. Ortega también comentó que, por el momento, no ha recibido ninguna oferta de asilo de Estados Unidos. La Haya y la OEA Al terminar su participación en la cumbre de fiscales, Ortega se reunió con el canciller brasileño, Aloysio Nunes, uno de los líderes del grupo de cancilleres que pidió la suspensión de Venezuela del Mercosur a principios de agosto. Brasil también le ha ofrecido asilo. Nunes precisó que «ella prefiere quedarse en Sudamérica aunque en los próximos días tiene una agenda internacional debido a que pretende ir a La Haya y a la OEA» para denunciar la grave situación política de Venezuela.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La oposición denuncia un desfalco de 22.000 millones del chavismo
Las denuncias sobre la corrupción en Venezuela de la exfiscal Luisa Ortega desde Brasilia están levantando ampollas en el chavismo, que no ha dejado de desmentirlas, mientras la oposición comenzó el jueves a investigarlas en una sesión parlamentaria. El diputado opositor Juan Guaidó abrió el debate con la afirmación de que el régimen de Nicolás Maduro cerró contratos con la empresa brasileña Odebrecht por al menos 22.000 millones de dólares para la construcción de siete obras que siguen inconclusas. «Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, suficiente para pagar toda la deuda comercial del país», señaló Guaidó, político de Voluntad Popular que preside la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Las obras públicas sin terminar corresponden a una central hidroeléctrica, proyectos ferroviarios y tres puentes. Uno de ellos, sobre el lago Maracaibo, según el diputado lleva once años de retraso y se ha inflado su precio. «Es evidente la corrupción por sobornos e intereses particulares entre los gobiernos de Hugo Chávez y Lula da Silva», apuntó Guaidó. La exfiscal general Luisa Ortega Díaz participó el miércoles en Brasilia en una reunión de fiscales de Mercosur, en la que aseguró tener «pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello (su número dos), Jorge Rodríguez (dirigente chavista) y otros». Ortega, chavista disidente que fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto, tenía previsto regresar a Colombia, país al que huyó hace una semana y le ha ofrecido asilo. Su paradero En medio de la incertidumbre que había el pasado miércoles sobre su paradero -ha recibido amenazas de muerte-, las autoridades migratorias colombianas señalaron que Luisa Ortega podrá entrar y salir libremente del país durante los próximos meses, mientras se define su situación definitiva. Brasil también se ha ofrecido a acogerla. Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, desestimó por su parte las acusaciones de la exfuncionaria en su programa televisivo «Con el mazo dando». Ortega acusó a Cabello de recibir cien millones de dólares (85 millones de euros) de la constructora brasileña. «Te los regalo mamá, que además no cuadran esas cuentas (..) el presidente de Odebrecht dijo (..) que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares» . Cabello, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida el pasado 30 de julio bajo sospechas de fraude, preguntó que durante su mandato en la Fiscalía «¿por qué no investigó a nadie?, ¿por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción y dónde están los presos?, ¿por qué cerró los casos y le dio sobreseimiento a todas las entregas de dólares de Cencoex (control de divisas)?». «Usurpador» Diosdado Cabello recordó las palabras del sucesor de Ortega en la Fiscalía nombrado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien indicó que durante diez años la exfuncionaria no dijo nada sobre lo que denunció el miércoles. Saab también fue blanco de las denuncias de Ortega: «Es un usurpador, tiene seis expedientes del desfalco a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También acusó a Maduro de traficar con las bolsas de comida «clap» para los pobres con una empresa de su propiedad que lleva las importaciones en México. El Gobierno venezolano tomó asimismo represalias contra medios colombianos al ordenar al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el fin de las emisiones de los canales de televisión Caracol y RCN. Una medida que ha sido considerada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como «una demostración más de un régimen al que no le gustan las libertades». Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señalaba en Twitter que «la dictadura teme la verdad y golpea a los medios».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El tren bioceánico Perú-Bolivia-Brasil, un reto en la era post-Odebrecht
Los presidentes de Perú y de Bolivia, Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales, ratificarán esta semana, en la reunión de sus Gobiernos el día 1 en Arequipa, su compromiso con el Tren Bioceánico, un proyecto que pretende unir por vía férrea el puerto brasileño de Santos con el peruano de Ilo, a través de Bolivia, dando así a Brasil una salida al Pacífico para grandes volúmenes de carga. Se trata de un trayecto de 3.755 kilómetros a través de Suramérica que puede acortar hasta 25 días el transporte comercial entre Brasil y China. El entendimiento político entre Bolivia y Perú ya existe, después de que este último país renunciara el año pasado a su propio proyecto, que debía discurrir algo más al norte, evitando el territorio boliviano. Ahora falta la inclusión de Brasil en la comunidad de intenciones, pero Morales y Kuczynski confían en que se sumará, pues en el recorrido brasileño ya existe ferrocarril, aunque habría que introducir mejoras. Búsqueda de financiación Donde están los problemas es en la financiación. Antes había una predisposición del Gobierno de Brasil para participar en proyectos regionales, que le permitían ganar influencia en el resto de Suramérica, gracias a las inversiones de la constructora Odebrecht. Esta lograba, mediante sobornos, que muchos dirigentes de otros países hicieran aprobar costosos presupuestos para obras de infraestructura, cuyas licitaciones conseguía la compañía brasileña. El Tren Bioceánico es el primer gran proyecto regional después de que estallara el caso Odebrecht y se conocieran las millonarias cifras de sobornos repartidos por la compañía. Los sobornos fueron esenciales precisamente para construir la Ruta Interoceánica Brasil-Perú, una carretera que une Santos, que es el puerto de la conurbación de Sao Paolo, con varios puertos del sur de Perú, entre ellos el de Ilo. Desde el Atlántico, la ruta discurre hacia el noreste, hasta la ciudad brasileña de Porto Belho, en el límite sur de la Amazonia, sin entrar en Bolivia, y luego dobla hacia el sur para penetrar en Perú. Por los tramos viarios en suelo peruano, de cuya ejecución se encargó Odebrecht, el entonces presidente, Alejandro Toledo, habría cobrado 20 millones de dólares, de acuerdo con las revelaciones hechas desde la empresa. Trayecto del Tren Bioceánico, desde el puerto de Santos (Brasil) al de Ilo (Perú)Tanto China como Alemania e incluso Suiza han mostrado un interés inicial en participar en la financiación del Tren Bioceánico, pero aún deben hacerse los estudios definitivos sobre viabilidad, que estarían terminados este año, y factibilidad financiera, que quedarían listos en 2018 y que determinarían el monto total de la operación. De momento, Bolivia calcula que para su parte del proyecto necesitará unos 10.000 millones de dólares, destinados a construir una conexión férrea entre Santa Cruz y Cochabamba y a modernizar el resto de sus tramos. Claros y oscuros Un 85% ya construido. De acuerdo con los datos presentados por Bolivia en la reunión del Consejo Suramericano de Infraestructuras y Planeamiento (Cosiplan) celebrada en julio, el trazado del Tren Bioceánico tiene 3.755 kilómetros, de los cuales el 85 por ciento ya están construidos (los 1.521 kilómetros de Brasil y buena parte de los 1.894 de Bolivia; los 340 de Perú deberán ser del todo nuevos). Pero aún gran inversión necesaria. No obstante, no todo el trayecto ya construido es de doble vía, por lo que requerirá ampliación, además de la modernización de instalaciones. Aunque Bolivia no hace referencia, también deberá construir un nuevo trazado en parte del recorrido desde La Paz hasta la frontera peruana (unos 1.000 kilómetros del proyecto total son a través de los Andes). La mercancía llegaría antes. La conexión entre los dos océanos permitiría el traslado anual de 10 millones de toneladas de mercancías y de 6 millones de pasajeros, según los objetivos marcados. En el caso del transporte de carga, habría una importante reducción en el tiempo empleado para envíos entre Brasil y China. Así, un contenedor que fuera de Santos a Ilo en tren y luego embarcara hasta Shanghái tardaría entre dos y cuatro semanas menos en llegar a su destino que si fuera directamente en barco de Santos a Shanghái (tardaría 16 días más doblando por el Cabo de Hornos y 25 días yendo por el Canal de Panamá). ¿Pero costo más barato? En el comercio internacional, sin embargo, la prioridad no siempre es la velocidad, sino que en muchas ocasiones se busca el mejor precio. Un estudio de la Unión Internacional de Ferrocarriles ha indicado que transportar una tonelada de soja desde el interior de Brasil hasta Shanghái saliendo por el puerto brasileño de Santos costaría unos 120 dólares, mientras que siendo despachada desde el puerto peruano de Ilo costaría 166 dólares: 46 dólares más debido al sobrecoste ferroviario. El informe, de todos modos, advertía que la comparación podría variar según los tipos de cambio, y además desconocía el trayecto definitivo del tren. Algo así ha pasado con la carretera interoceánica Perú-Brasil, terminada en 2010. En la actualidad por ella no transita más que un 1% del comercio entre los dos países, pues los empresarios siguen prefiriendo el transporte marítimo, que aunque es más lento es más barato. Contra Chile Bolivia es el país con más empeño en el Tren Bioceánico «central». Ha evitado que Lima optara finalmente por el proyecto «norte» (Brasil-Perú), y acelerando la realización evitará que se concrete el proyecto «sur» (Brasil-Paraguay-Argentina-Chile). Bolivia está asegurando a Paraguay y Argentina que les dará ramales de conexión con el corredor ferroviario central. El único país perjudicado será Chile. El diseño boliviano castiga decididamente a Chile, país con el que mantiene una agria disputa por arrebatarle la salida al mar que tenía cuando adquirió la independencia. La viabilidad económica del corredor ferroviario central dependerá de que Bolivia desvíe hacia Ilo el tráfico que genera en los puertos del norte de Chile, principalmente el de Arica, el cual ya mantiene una conexión férrea con La Paz (por ellos pasa el 80% de las importaciones y el 61% de las exportaciones bolivianas). Evo Morales se ha comprometido ya de entrada a desviar hacia Ilo 60.000 toneladas anuales (de operaciones comerciales que dependen directamente del Estado), en un pacto por el que Kuczynski se compromete a realizar una primera ampliación del pequeño puerto. No obstante, las autoridades portuarias de Ilo advierten que para poder competir realmente con los puertos del norte de Chile, Ilo debiera tener capacidad para mover 1,5 millones de toneladas al año. Por su parte, empresarios bolivianos dudan de un gran trasvase de carga, pues en Arica Bolivia cuenta con una terminal propia, gestionada soberanamente, mientras que en Ilo solo se ofrece una zona franca.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La Fiscalía ecuatoriana pide que no se permita la salida del país al vicepresidente
La Fiscalía General de Ecuador pidió hoy a la Corte Nacional de Justicia que no permita la salida del país del vicepresidente Jorge Glas, sometido a una audiencia de investigación formal en relación al caso Odebrecht junto a otros sospechosos. La fiscalía informó hoy mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que el fiscal Carlos Baca había solicitado en relación al vicepresidente de Ecuador, la «medida cautelar de prohibición de salida del país». «El juez Miguel Juradó Fabara revisará elementos presentados en audiencia de vinculación de 11 procesados y se conocerá la resolución a las 15:00» (20.00 GMT), agregó la Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador comenzó hoy a escuchar los argumentos para vincular penalmente a Glas por un caso relacionado con las tramas de la empresa brasileña Odebrecht, un caso en el que hay una decena de implicados. El político, que ganó la vicepresidencia en las elecciones del pasado abril junto al presidente Lenín Moreno, ha negado cualquier delito en relación a los contratos de la firma brasileña cuando estuvo al frente de los sectores estratégicos y energéticos del país en el gobierno del anterior presidente Rafael Correa, también del movimiento de izquierdas Alianza País. Glas, que no acudió hoy a la audiencia, estuvo representado por su abogado, Eduardo Franco Loor, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y quien a su llegada no hizo declaraciones a los medios ni confirmó si su cliente llegaría en algún momento. Durante la sesión, que se reanudará por la tarde, el fiscal estableció «la existencia de 8 fundamentos para vincular en el proceso de asociación ilícita» a Glas. AHORA| En relación al Vicepresidente, Fiscal #CarlosBacaM solicita medida cautelar de prohibición de salida del país. pic.twitter.com/YTPzYMii2y? FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 29 de agosto de 2017La fiscalía también informó sobre los «indicios» por los que ha pedido su «vinculación penal» al caso, en un proceso por el que una persona interrogada pasa a la condición de sospechoso imputable. Glas, que prestó declaración a principios de agosto ante la fiscal Diana Salazar, es sospechoso de un delito de «asociación ilícita» en contratos adjudicados a la empresa Odebrecht de los cuales se habrían presuntamente beneficiado. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que la firma brasileña había pagado supuestamente unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, incluido Ecuador. Ese informe indicaba que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares. En el expediente ecuatoriano constan otros diez sospechosos, entre ellos un tío del vicepresidente, Ricardo Rivera. Para seis de ellos el fiscal ha pedido prisión preventiva, en tanto que para los ex directivos de Odebrecht no ha solicitado medida cautelar alguna. La «audiencia de vinculación» contra Glas tiene lugar después de que la Asamblea Nacional autorizase el proceso judicial el pasado viernes, requisito ineludible por su condición de aforado. La Fiscalía requirió la «vinculación» después de que en las investigaciones llevadas a cabo estos últimos meses por la fiscal Salazar el nombre de Glas emergiera como sospechoso y posible implicado.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El fiscal pide seis años de cárcel para el vicepresidente de Ecuador y su tío por el caso Odebrecht
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, podría pasar seis años en la cárcel si el juez acoge el pedido del fiscal general de la Nacional, Carlos Baca Mancheno, quien pidió esa condena para el segundo mandatario de Ecuador, hoy sin funciones y en prisión preventiva. Lo acusa del delito de asociación ilícita, en calidad de autor, en la trama de Odebrecht. El fiscal arguye que se ha confirmado que Glas estuvo al tanto de los pagos de sobornos de Odebrecht a su tío Ricardo Rivera, con el agravante de que era funcionario y por tanto responsable de todas anomalías que se registraron en los sectores bajo su control. La fiscalía acusa a Glas de haberse beneficiado de $13, 5 millones en pagos que hizo la constructora brasileña, a través de dos empresas, por la adjudicación de cinco proyectos cuando como vicepresidente era responsable de los sectores estratégicos (2012 y 2016). También pidió seis años de cárcel para Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente, intermediario con la constructora. El fiscal explicó el procedimiento de comisión del delito de asociación ilícita mediante asistencias penales internacionales, testimonios y peritaje del análisis financiero, que corroboraría las transferencias de $33,5 millones. Se trata de la misma cifra que había señalado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht. Para Enrique Herrería, reputado jurista, al vicepresidente Jorge Glas se le ha juzgado por un delito menor, por lo que resulta frustrante frente a la magnitud del perjuicio causado y porque un servidor público debe responder al principio de probidad en el ejercicio de su cargo. Herrería considera que el fiscal Baca Mancheno ha ignorado que el artículo 317 del Código Integral Penal establece que si la asociación ilícita se hubiere consagrado en el propósito de perpetrar el delito de lavado de activos, la pena a imponerse será de 10 a 13 años. De allí que los siguientes procesos deben responder a delitos mayores como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos. Con él coincide Fernando Villavicencio, periodista e investigador, quien señala que Glas debe ser procesado por peculado, delincuencia organizada, cohecho y lavado de activos. El abogado de Ricardo Rivera, Aníbal Quinde, ha pedido al Tribunal declare inocente a su defendido, puesto que los negocios de Rivera fueron de carácter privado y no ha intermediado en sobornos.