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Noticias de caso odebrecht

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Lenín Moreno: «Estoy espeluznado por la corrupción galopante en el gobierno de Correa»
Lenín Moreno conversa con ABC al día siguiente de la renuncia del secretario de la Presidencia y su hombre de confianza, Eduardo Mangas, por la filtración de una grabación en la que señalaba, entre otras cosas, que los diálogos con la oposición y el combate a la corrupción son una suerte de simulación. Sosegado, el presidente ecuatoriano no parece afectado por el vendaval de unos informes del Tribunal de Cuentas (Contraloría) que señalan a cercanos colaboradores en actos de corrupción. Pese a sus críticas, la oposición sí apoya fervientemente la consulta popular que el presidente ecuatoriano ha convocado para el próximo 4 de febrero, con el objetivo común de que el país deje atrás definitivamente la etapa del expresidente Rafael Correa, que ahora mantiene una guerra encarnizada contra su suscesor. Moreno denuncia en esta entrevista una «corrupción galopante» en el gobierno de Correa, a la que este haría «la vista gorda». El jefe del Estado también habla del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Asegura que se le ha pedido que no vuelva a hablar de Cataluña. «Si lo hace, sabremos actuar», advierte. Lenín Moreno emprende este viernes un viaje oficial a España. Con excepción de una facción de Alianza País (AP), todos los sectores políticos y sociales apoyan la consulta. ¿Qué va a hacer con el resultado? Como corresponde, voy a aplicarlo. En cuanto a que se prohíbe la reelección indefinida, hay que trabajar en AP en la escuela de formación política para contar con nuevos liderazgos. En lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpscs), en enero publicaré las condiciones que deberán cumplir los que tengan que integrar ese Consejo. ¿Pedirá nombres a las organizaciones sociales para el Consejo de Transición? Participarán sectores sociales, de la academia, sectores productivos, etc. Ante la crisis económica y la situación social por las denuncias de corrupción, ¿hará un gobierno de unidad nacional? Es lo que estamos logrando. Cuando comenzamos, el país estaba dividido. Yo propicio la tolerancia. Vamos a seguir con el diálogo con quienes piensen diferente y con quienes piensen igual, y trabajar por la rehabilitación económica del país y por un gobierno de todos. Lenín Moreno Los sectores productivos consideran que lo que se consensuó en los diálogos no fue tenido en cuenta en la ley? No es verdad. Aproximadamente, el 80% de las propuestas fueron hechas por los gremios y las asociaciones de economía popular y solidaria, y los gremios de la pequeña y mediana industria. ¿Qué le dijo al FMI en la visita de semanas atrás? Más bien, qué nos dijeron ellos. ¿Qué le dijeron? Que veían que la economía iba por una buena vía, que están dispuestos a apoyarnos. Les dijimos que, por lo pronto, no vamos a requerirlos; en el futuro sí. ¿No sería mejor un crédito de los organismos multilaterales para cancelar las onerosas deudas, incluida la que se ha hecho en su gestión? Los créditos del FMI tienen condicionamientos que pueden ir en contra de los derechos laborales de las personas. Hay que tratar el tema con pinzas, pero estamos conversando. Nos han dado una excelente perspectiva de la economía que va a crecer entre 1,5% y 2,5%. Iremos también a otros espacios de financiamiento para reemplazar la deuda que tenemos. «La tasa aduanera es para evitar la competencia desleal. Hay empresarios que importan patinetas a 0,15 centavos y se venden por 50 o 60 dólares» ¿Usted cree en la empresa privada? Sí, claro que sí. Es la principal generadora de empleo. Más del 90% del empleo nacional procede del emprendimiento privado. ¿Puede el sector generar puestos de trabajo si se le pone más impuestos, como esa tasa aduanera que desincentiva? Pero se incentiva la producción nacional. La tasa aduanera es para fortalecer aduanas y evitar la competencia desleal por parte de quienes fomentan el contrabando. Hay empresarios que han importado patinetas a 0,15 centavos o zapatos a cuatro o cinco dólares, cuando en el mercado se venden a 50 o 60 dólares. El vicepresidente Jorge Glas, procesado por el caso Odebrecht, ha dicho que incluso con la sentencia en contra seguirá de vicepresidente. Respetaré las instancias jurídicas. También hay una petición de juicio político en el Congreso, que no sé si se da el trámite. Yo respetaré esas decisiones. La Procuraduría no fue parte de la acusación contra Glas, sus abogados llegaron con retraso a una audiencia. ¿Le ha decepcionado la Procuraduría? No sé si la Procuraduría, pero sí quienes debían estar a la hora en la audiencia. Y también quienes no dieron un tiempo de tolerancia por siete minutos de retraso. ¿Es responsabilidad de la Procuraduría? Sí, claro que sí. Ellos tienen la responsabilidad y a lo mejor el procurador tenía que haber estado allí. A lo mejor se requería su presencia, aunque tiene derecho a delegar. Es el abogado del Estado. ¿Usted no le ha dicho nada al respecto? Un abogado del Estado que no lo nombra el Gobierno, sino un concurso del Cpccs. No he visto al señor procurador; no creo que fue su culpa. Su culpa quizá fue no haberlo hecho él personalmente. Cuando el secretario Mangas dijo que su gobierno formó una Comisión Anticorrupción para contrarrestar a la comisión nacional que denunció graves hechos, ha revelado algo muy serio. No es verdad. Nadie tiene derecho a interpretar mi forma de pensar. El señor Mangas, en el espacio que estaba, intentaba convencer a los correístas para que abandonen su posición opositora y utilizó mecanismos que no son adecuados. Mangas se fue, pero lo que dijo es grave, como aquello de que no ganaron las elecciones. El movimiento CREO (de Guillermo Lasso) ha puesto una denuncia en la Fiscalía. Me asombraron las expresiones. Él (Mangas) dice que lo sacaron de contexto. Son 35 minutos de grabación continua, difícil sacar de contexto. Yo recalco: no representa mi forma de pensar. Por eso el señor Mangas se ha hecho a un lado. Ahora, mi forma de desvirtuar es la práctica social. Si se dice que el diálogo es un ardid, yo demostraré lo contrario. Mucha gente no se explica por qué mantiene al equipo del expresidente Correa en el sector económico, aunque se fueron dos personas. Se fueron quienes se dieron cuenta de que no había convergencia entre ellos y el Gobierno. Quienes están concuerdan con mis ideas de lo que creo que debe ser la economía. Rafael Correa, junto a Lenín Moreno poco después de la victoria electoral de este - Afp Mangas dijo que en Bruselas se mantiene al servicio del expresidente Correa un equipo de funcionarios que trabajó con él en el Palacio de Gobierno. El presidente Correa sugirió a dos personas que vayan al Consulado y yo acepté. Si me preguntan por qué se los mantiene tras la ruptura, le respondo que por respeto al ser humano. Son personas que eran leales. La gente dirá que el presidente es maltratado por su antecesor y, por amiguismo, mantiene a funcionarios pagados con dineros del Estado. De acuerdo a las tesis de Freud, las agresiones no denotan sino las propias debilidades. Una debilidad que tiene (Correa) es el hecho de creer que porque sabe de economía sabe de todo. Sabrá de economía, pero no le dejó la «mesa servida», como él dijo. Las cifras que usted ha dado son terribles. En los tiempos de bonanza todos sabemos de economía. En verdad, la mesa no solo no quedó servida, sino casi destruida. La situación es muy compleja, tenemos 600 obras grandes con problemas de sobreprecio, han excedido las obras complementarias, que era la trampa para poder ganar las licitaciones. Allí, ¿cómo aplica el bisturí para la cirugía mayor a la corrupción que ofreció en campaña? Denunciando ante la Contraloría. Hemos enviado una ley a la Legislatura para terminar las obras, porque no podemos dejarlas sin concluir. El grupo correísta votó en contra de esa ley. Cuando escucha sobre la Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales-Cuenca, Ciudades del Milenio, hospitales mal hechos, Yachay y muchos casos más de corrupción. ¿Cómo se siente? Igual que el pueblo ecuatoriano, espeluznado, porque nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos. Ha habido una corrupción galopante, principalmente en el último período del gobierno anterior. Lastimosamente, parecería que el presidente (Correa), más de una ocasión, hacía la vista gorda, porque estaba pensando no en el país, sino en la próxima elección. Usted habla de las diferencias que tiene con el expresidente, pero sigue actuando la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) que creó Correa. La gente ya no se siente espiada, ya no se investiga su vida personal. Ya no se utiliza la información de la Senian para perseguir. El expresidente Correa lo ha llamado traidor? La ofensa a otra persona no refleja sino sus propias debilidades. Se fue el ministro Iván Espinel (Inclusión Económica y Social) por un informe del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades en su gestión en el Seguro Social. Fue un muy buen aliado, un aliado leal, tenemos una buena amistad. Se ha hecho a un lado para defenderse de las acusaciones sin que haya injerencia y para que no afecte a la confianza en el Gobierno. La Secom (Superintendencia de Comunicación) ha perseguido y sancionado a los medios y a los periodistas. Hoy la Contraloría predetermina la destitución del superintendente. ¿Qué piensa de eso? El que a hierro mata, a hierro muere. Lastimosamente, la Ley de Comunicación da paso a que las autoridades que deberían ser orientadoras para canalizar, pedagógicamente, los esfuerzos de los periodistas para hacer mejor su trabajo, se convirtió en una institución inquisidora y sancionadora. Usted perdió la oportunidad de incluir en la consulta popular la Ley de Comunicación? La Ley de Comunicación debe ser una ley orientadora, facilitadora para permitir a los periodistas hacer mejor su trabajo. Y hay aspectos positivos, como la promoción de la cultura, la distribución de las frecuencias o la posibilidad del derecho a la réplica. Creo que hay que conversar y debatir. ¿De qué hablará con el Papa Francisco? Él apoyó nuestra iniciativa amazónica, que pretende un desarrollo sostenible de la Amazonía, con la participación de todos los países de la cuenca amazónica. Hablaremos también de la migración. «A Julian Assange le pedimos que no hable sobre el tema de Cataluña. Si lo hace, sabremos actuar» ¿Hasta cuándo permitirá que Julian Assange intervenga en política de otros países (elecciones de EE.UU. y el tema de Cataluña), desde su condición de asilado en la Embajada en Londres? Al señor Assange se le llamó la atención dos veces, la última por el tema de Cataluña. Le hemos recordado que su condición de asilado no le permite intervenir en política del Ecuador ni en la internacional. Cuando hizo un pronunciamiento sobre Guillermo Lasso (contendiente en la campaña) dije que no tenía derecho a intervenir. Él ha firmado un compromiso de que no lo va a volver a hacer. Le pedimos que no hable sobre el tema de Cataluña. Si lo hace, sabremos actuar. Eso sí, recordamos que la vida del señor Assange corre riesgo y la ley ecuatoriana habla de proteger a un ciudadano en esas condiciones, aunque no compartamos su proceder. ¿El exembajador en España y Naciones Unidas, Francisco Carrión, será el nuevo embajador en Washington? Así es. Él será, si nos dan el beneplácito.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Condenan a 6 años de prisión al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas por el «caso Odebrecht»
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado este miércoles a seis años de cárcel por un delito de asociación ilícita en relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht, en el que se investigan los sobornos pagados por la constructora brasileña en toda la región a cambio de jugosos contratos públicos. El juez Édgar Flores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha considerado que Glas y otros cuatro acusados, entre ellos el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, «han participado de modo directo y principal» en dicho delito y les ha sentenciado con la misma pena. Además, ha condenado a otros tres a 14 meses de cárcel y ha absuelto al noveno imputado. La Fiscalía sostiene que Glas recibió 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a través de Rivera. La empresa suramericana pagó más de 33,5 millones de dólares en Ecuador para obtener adjudicaciones públicas, según datos oficiales. La CNJ ha reclamado a los condenados 33 millones de dólares en concepto de reparación. Para el tribunal, hay «circunstancias agravantes» porque Glas se valió de su cargo para delinquir. La CNJ ha sugerido asimismo que la asociación ilícita habría sido un mero «medio» para cometer otros delitos ?peculado, colusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delincuencia organizada? y ha pedido a la Fiscalía que indague. Glas está en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre. El presidente, Lenín Moreno, le despojó de todas sus funciones pero no pudo cesarle porque la Vicepresidencia es un cargo de elección popular, no de libre designación por parte del jefe de Estado. El abogado de Glas, Eduardo Franco, ha declarado a los medios de comunicación que la CNJ ha cometido una ilegalidad y ha avanzado que apelarán y solicitarán la suspensión de la condena para que el vicepresidente pueda salir de prisión, según informa el diario local 'El Telégrafo'. En cambio, el fiscal general, Carlos Baca, se ha mostrado satisfecho, ya que el alto tribunal ha acogido casi todas sus peticiones. «La Fiscalía ha cumplido con su deber con el país», ha destacado. Además, ha anticipado que el Ministerio Público investigará los delitos señalados por la CNJ en su fallo. El 'número dos' del Gobierno ha defendido en todo momento su inocencia y ha atribuido el proceso judicial a una persecución política impulsada por Moreno para deshacerse de las personas de confianza de su antecesor y padrino político, Rafael Correa. El caso Glas ha dinamitado el oficialismo, que hasta la partida de Correa, el pasado 24 de mayo, parecía un bloque unido. Muestra de esta división son las decenas de personas que se han concentrado frente a la sede de la CNJ para manifestarse a favor y en contra del segundo mandatario, de acuerdo con 'El Universo'. ¿Juicio político? Glas se ha convertido en el político de mayor rango en Ecuador en ser condenado en ejercicio y, según anticipó la semana pasada en las sesiones finales del juicio, pretende mantenerse como vicepresidente, incluso una vez declarado culpable. Sin embargo, este fallo facilita su cese porque deja en manos del Congreso la decisión de celebrar un juicio político ('impeachment') contra Glas mediante el cual podría ser destituido. En este caso, Moreno propondría varios candidatos a la Vicepresidencia y los diputados elegirían. En cualquier caso, el tiempo corre contra Glas. El próximo 2 de enero sumará tres meses de cárcel, tiempo suficiente para, conforme a la Constitución ecuatoriana, cesarle por una «ausencia definitiva» del cargo. El 'numero dos' podrá interrumpir el plazo si la Justicia le concede la medida cautelar y le libera. El fallo contra Glas ha coincidido con la ausencia de Moreno, que el miércoles por la noche (hora española) ha partido rumbo a España para hacer su primera visita oficial al país, durante la cual se reunirá con su homólogo, Mariano Rajoy, el Rey Felipe VI y «empresarios y líderes españoles», ha precisado en Twitter.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Condenan a 6 años de prisión al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, por el caso Odebrecht
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, que acaba de ser sentenciado a seis años de prisión, al ser hallado culpable de asociación ilícita, en la trama de corrupción organizada por la empresa brasileña Odebrecht, podría enfrentarse ahora a un juicio político en el Congreso (Asamblea Nacional). El titular de esa función del Estado, José Serrano, ha iniciado los trámites, al convocar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para resolver sobre esa materia. El juez Edgar Flores, que conoció la causa, señaló que Glas había favorecido contratos públicos a cambio del pago de sobornos de Odebrecht. También se lo condenó, junto a los demás acusados, a pagar 33,5 millones de dólares, el mismo monto que, un año atrás, había mencionado el Departamento de Justicia de EE.UU., como la cifra de sobornos de la empresa brasileña a funcionarios ecuatorianos. Reacciones de euforia La sentencia condenatoria al segundo mandatario ha sido recibida con euforia en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, que miraba con escepticismo se pudiera sancionar al poder político, ya que se consideraba que la Justicia estaba a su servicio. También ha motivado al Congreso para reactivar el juicio político, que una mayoría afín al expresidente Correa, archivó, meses atrás. Así lo recuerda la parlamentaria del opositor movimiento CREO Ana Galarza, quien dice que el juicio no pasó del CAL donde operaba una mayoría afín al exmandatario, y que ahora tiene la oportunidad de demostrar si está contra la corrupción o no. También recuerda que hay una segunda petición de juicio político firmada por toda la oposición y una congresista de Alianza País. «Los correistas querían encubrir los latrocinios de Glas; ahora ya no lo podrán hacer», dice Galarza, al tiempo de mencionar los nuevos delitos por los que deberá responder el segundo mandatario sin funciones: peculado, cohecho y lavado de activos. Sentencia no es firme Dos reconocidos penalistas consultados por ABC sostienen que la sentencia aún no es firme, pues podrán recurrir. «La sentencia pronunciada en forma verbal no es la sentencia definitiva; es sentencia de primer nivel sobre la que se pondrán recursos de apelación y luego la casación», dice Paulina Araujo, penalista y docente universitaria. A la vez que explica que, mientras la sentencia no sea ejecutada, Glas sigue gozando de presunción de inocencia. De allí que tampoco hay certezas sobre cuál va a ser la pena definitiva y el monto de la reparación integral. En efecto, el abogado de Glas, Eduardo Franco, visiblemente molesto tras la sentencia, calificó la decisión del tribunal como «injusta, inicua y bárbara», y anunció que recurrirá y pedirá suspender la pena. Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el penalista Ramio García Falconí, la sentencia deja más dudas que certezas, ya que «se le condena por el menor de los delitos cometidos y se abre la puerta para que se acoja a beneficios de ejecución penal, que podrían dejar la sanción penal en nada». Otros siete delitos Por ahora, lo más probable es que el juicio político que sancionaría y luego destituiría a Glas llegue antes de que se procesen nuevos delitos. El juez Flores, que leyó la sentencia el miércoles, pidió a la Fiscalía que investigara otros siete delitos contra Glas y el resto de sentenciados. Citó cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos. La sentencia de ahora es por el delito de asociación ilícita y la pena máxima es de seis años, tal como pidió, la semana anterior, el fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El presidente de Perú podría ser destituido el próximo jueves por vínculos con Odebrecht
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, puede quedar despojado de su cargo el próximo jueves 21 si el Congreso del país aprueba destituirlo por «incapacidad moral permanente» al haber ocultado presuntamente vínculos con Odebrecht en su época de ministro del exmandatario Alejandro Toledo. El pleno del parlamento peruano ha admitido este sábado con 93 votos a favor y 17 en contra el pedido de vacancia (destitución) de Kuczynski, quien, en un mensaje a la nación difundido este jueves, anunció que no iba a abdicar frente a las presiones del fujimorismo, que lo amenazó con destituirlo si no renunciaba. La moción ha contado con el apoyo del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el hemiciclo con mayoría absoluta, y también de otros partidos menores de la oposición como el Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Partido Aprista. Los promotores de la iniciativa han considerado que Kuczynski «faltó a la verdad» al negar en repetidas ocasiones cualquier vínculo con Odebrecht, que esta semana reveló haber pagado más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, empresa del mismo Kuczynski. En ese período, el actual mandatario de Perú era ministro de Economía y posteriormente primer ministro del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido sobornos por valor de 20 millones de dólares de Odebrecht El pedido de destitución fue admitido p ese a las voces contrarias de la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio (PPK), cuyo portavoz, Gilbert Violeta, ha denunciado que se busca hacer un «juicio político» a Kuczynski para destituirlo «de manera abusiva», sin respetar sus derechos fundamentales ni las mínimas garantías. Si la destitución es aprobada, dado que la oposición tiene la mayoría de votos necesaria por el apoyo del fujimorismo, sería llamado a asumir el cargo el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es actual embajador en Canadá. Vizcarra ha escrito hoy en Twitter que «el Perú es más grande que sus problemas» y ratificado su «compromiso es con la gobernabilidad» del país: El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. #ElPerúPrimero!? Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) December 15, 2017Caso Lava Jato Las asesorías brindadas por la consultora de Kuczynski salieron a la luz por un documento de la empresa brasileña remitido a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, a la que el presidente se había negado a declarar hasta esta semana. Según esa información, la empresa Westfield Capital cobró más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007, y luego hizo una transferencia a una cuenta bancaria de Kuczynski por 380.000 dólares poco después de que dejara el gabinete de Toledo en 2007. El gobernante había negado previamente haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el pasado sábado, cuando reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto de riego de Olmos. El grupo investigador del Congreso también ha asegurado que Odebrecht indicó que entre 2005 y 2013 se hicieron pagos por asesorías a la empresa First Capital, del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por más de 4 millones de dólares. El jueves, el mandatario aseguró que la información difundida era falsa y que los contratos firmados por Westfield Capital con Odebrecht estuvieron a cargo de su exsocio Sepúlveda, pero que él no estuvo al tanto de su gestión. El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos. Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Keiko Fujimori y Kuczynski declaran durante horas por el caso Odebrecht
El caso Odebrecht, donde se investiga la mayor trama de corrupción de la historia de América Latina, ha unido los destinos de los otrora enemigos políticos: el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la líder de la oposición Keiko Sofía Fujimori. Los rivales en la segunda vuelta de las presidenciales de junio de 2016 comparecieron este jueves ante la Justicia, a tanto solo unas manzanas de distancia en el centro de Lima. Por un lado, Kuczynski testificó ante el fiscal Hamilton Castro por haber trabajado como funcionario público en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y, a la vez, como consultor de Odebrecht entre 2004 y 2007. Mientras que Keiko Fujimori compareció ante el fiscal Juan Domingo Pérez, quien la investiga por lavado de activos en la financiación de la campaña de 2011. El caso Odebrecht motivó que se promoviera una moción de censura contra Pedro Pablo Kuczynski por haber recibido en su cuenta personal del Banco de Crédito de Perú más de 782.000 dólares, producto de su trabajo como consultor para un proyecto de Odebrecht en el norte del país. Odebrecht contrató a la empresa Westfield Capital, en la que Kuczynski es el único socio, que en ese momento, según el mandatario, estaba dirigida por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Como testigo Aunque como presidente Kuczynski solo puede ser procesado una vez deje el cargo en 2021, sí debe declarar ante la Justicia como testigo. En un mensaje a la nación, para poner fin a esta crisis política, Pero Pablo Kuczynski aseguró que era su deber «respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales, judiciales y a su legitimidad. He acudido y acudiré a sus requerimientos cuantas veces sea necesario. Así como atenderé las solicitudes de información que me requiera el Congreso». Mientras tanto, la excandidata a la presidencia y líder de Fuerza Popular es investigada por la anotación que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht escribió en la agenda, en la que pedía que se le incrementara el donativo («aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita»). Esta anotación motivó que la campaña presidencial de 2001, en la que perdió frente a Ollanta Humala, sea investigada para determinar si en parte fue financiada por Odebrecht. Como respuesta, el grupo parlamentario de Keiko Fujimori ha denunciado al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y lo ha amenazado con la destitución por no haber investigado a los empresarios de la constructora peruana, Graña y Montero, que trabajó como socio de Odebrecht desde la década de los noventa. Tanto la audiencia de Fujimori como la de Kuczynski duraron más de cinco horas cada una. Mientras la política peruana prestaba declaración, en el exterior de la sede de la Fiscalía, un grupo de simpatizantes fujimoristas gritaban: «Keiko es inocente, Keiko no está sola, Keiko es del pueblo», entre otros eslóganes. El tsunami Odebrecht ha implicado hasta el momento a los expresidentes Alejandro Toledo, residente en EE.UU. desde hace meses y con orden de captura en Perú; Alan García (1985-1990 y 2011-2016) y Ollanta Humala, preso desde hace 6 meses junto a su esposa, Nadine Heredia. Así como al actual presidente y la jefa de la mayoría opositora en el Congreso.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Prosigue la ola de dimisiones en Perú por la liberación de Fujimori
El indulto al expresidente Alberto Fujimori y las nuevas revelaciones del caso Odebrecht no dan tregua al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que prepara contrarreloj un nuevo gabinete ministerial tras las renuncias que causó la liberación de Fujimori. El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, confirmó a ABC su renuncia al cargo, realizada el pasado 23 de diciembre, un día antes que Kuczynski comunicase el indulto presidencial a Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción. La renuncia de Nieto se suma a la del ministro de Cultura, Salvador del Solar; el presidente del Instituto de Radio y Televisión, Hugo Coya; los congresistas oficialistas Alberto de Belaúnde, Vicente Zeballos y Gino Costa. También han renunciado diversos funcionarios del Ministerio de Justicia vinculados al área de los derechos humanos como el Jefe de Desaparecidos, Víctor Marquina y el director del área de Derechos Humanos, Roger Rodríguez. También el consejero presidencial, Felipe Ortiz de Zevallos, y el Jefe de Comunicaciones de la Presidencia de Consejo de Ministros, Daniel Olivares renunciaron a causa del indulto. Debido a esta ola de salidas, la primera ministra, Mercedes Araóz, anunció que en los próximos días se presentará un «gabinete de la reconciliación». Araóz afirmó que «Con todo respeto a las víctimas [Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca], de verdad empecemos de nuevo a mirarnos como una república que tiene la posibilidad de conversar uno con otros, hay que seguir los ejemplos buenos que hay en otros naciones; con todo el dolor, porque los entiendo en su dolor, y con todo respeto, hay que comenzar a conversar, a recuperarnos y a olvidar». El indulto a Fujimori ha generado una serie de movilizaciones en todo el país, encabezadas por los familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori, a la que se han unido miles de jóvenes y organizaciones civiles que critican a Kuczynski haber incumplido la principal promesa que lo llevo a la presidencia: que no liberaría al ex gobernante. Mientras tanto, el caso Odebrecht, no da tregua al presidente, tras la aparición de nuevas revelaciones sobre los vínculos que mantuvo con la constructora brasileña cuando era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-06). Según el portal peruano, IDL reporteros, Marcelo Odebrecht señaló que Kuczynski «fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato presidencial».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El vicepresidente de Ecuador, en prisión por el caso Odebrecht, cesa de su cargo por ausencia
Jorge Glas Espinel dejó de ser vicepresidente de Ecuador al cumplirse 90 días de ausencia temporal del cargo, al hallarse en prisión preventiva, desde el 2 de octubre pasado, acusado de asociación ilícita en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Glas cesó en su cargo a la medianoche del martes 2, luego de tres meses de ausencia, el tiempo máximo que señala la Constitución. El presidente Lenín Moreno hizo el anuncio flanqueado por su Gabinete ministerial. Dijo que tiene 15 días de plazo para enviar una terna al Congreso (Asamblea Nacional) para que elijan al reemplazo, pero que lo hará antes, ya que «el país no puede estar sin un vicepresidente». Glas era un segundo mandatario en prisión al que Moreno le retiró todas las funciones que le había asignado. El 13 de diciembre pasado fue condenado a seis años de prisión por recibir 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, para adjudicar contratos de obra cuando fue ministro de Sectores Estratégicos en el gobierno de Rafael Correa, entre 2010 y 2012. Su abogado, Eduardo Franco Loor, presentó recurso de apelación. Aún no hay respuesta. Que Glas se vaya de la Vicepresidencia porque se cumplieron los plazos de su ausencia del cargo es también motivo de crítica, ya que el Congreso tardó en el juicio político. «Responde a la negligencia y complicidad del Congreso que tenía que censurarlo y destituirlo», dice Natalia Sierra, docente de la Universidad Católica de Quito y reconocida analista. «Es una vergüenza», sentencia. También hay controversia por los nombres que se mencionan para la terna para la Vicepresidencia. Se trata de tres mujeres ligadas al movimiento Alianza País (AP) que colaboraron, de manera cercana, con Rafael Correa. María Alejandra Vicuña, a quien Moreno encargó la Vicepresidencia, aparece como la que tiene más opciones. También están la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien fue ministra de Defensa y embajadora ante Naciones Unidas de Correa, y la exparlamentaria y actual ministra de Justicia, Rossana Alvarado. Sería la segunda ocasión que Ecuador tendría una mujer como vicepresidenta. La primera fue Rosalía Arteaga, en el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-1997). «La forma y la imagen está bien; pero ser mujer no garantiza que su presencia vaya a desmarcarse de las lógicas machistas. Tenemos experiencia durante el correato», comenta Natalia Sierra. Consulta popular La salida de Jorge Glas y la designación de su sucesor coinciden con el inicio de la campaña electoral para la consulta popular planteada por Moreno, que se realizará el 4 de febrero próximo, en la que se preguntará al pueblo sobre siete temas de los cuales tres son cuestionados por los exaliados de AP, seguidores de Correa. Tienen que ver con eliminar la reelección indefinida; reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpsccs) que designa las autoridades electorales y de control y eliminar la Ley de Plusvalía. Correa anunció que participará en la campaña para promover el NO. «Voy a mi patria el 4 de enero, a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia», escribió en su cuenta de Twitter.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El indulto a Fujimori apuntilla la escasa popularidad de Kuczynski
El indulto concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori ha hundido aún más la popularidad del actual mandatario del país, Pedro Pablo Kuczynksi. Su gestión presidencial es vista favorablemente solo por el 20% de la población, según la encuesta Pulso Perú, lo que constituye la cifra más baja desde su llegada al cargo, en julio de 2016; su desaprobación es del 75%. La aceptación de PPK, como se conoce al presidente, ya era baja. Pero a las dos principales razones de desaprobación ?la opinión de que realiza una «mala gestión» (22%) o «no gobierna» (18%)? se ha sumado ahora el indulto a Fujimori (15%). Curiosamente, entre los que pocos que aprueban a PPK, la razón más esgrimida para ello (26%) es su gesto humanitario para con el exmandatario, lo que muestra la profunda división social provocada por esa decisión. Inversiones en riesgo La crisis política peruana, agravada con el indulto que se anunció el día antes de Navidad, amenaza con lastrar la economía peruana, poniendo en riesgo el crecimiento del 3,8% del PIB previsto por el FMI para este año. Perú debía recuperar en 2018 las tasas de crecimiento próximas al 4% que había tenido con antelación, tras los bajos resultados de 2017, en que la progresión económica fue de un estimado 2,7%. La salida de prisión de Fujimori, de 79 años y en delicado estado de salud, ha creado inquietud entre los inversores extranjeros, según ha advertido Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, el think-tank de Washington con mayor foco en Latinoamérica. El recuerdo de la presidencia autoritaria de Fujimori (1990-2000), autor de un autogolpe y encarcelado por violación de los derechos humanos, no atrae simpatías de la comunidad internacional. Pero la «preocupación» de los inversores, indica Shifter, se centra en las consecuencias políticas que puedan derivarse. «Es muy difícil para PPK ganar la credibilidad que ha perdido y superar una polarización que en Perú es más fuerte que nunca», dice. «Conozco a muchos inversionistas que están muy preocupados por la incertidumbre en este momento. Perú siempre ha encontrado la fórmula básica en años anteriores de tener una economía que caminaba bastante bien, mientras que la política no era tan sólida o estable, pero ahora no sé si ha llegado a un punto donde la crisis política sí podría poner en riesgo la inversión de afuera», afirma Shifter. Efectivamente, el gran logro de Perú en las dos últimas décadas, ha sido mantener una similar política económica, de responsabilidad presupuestaria y ortodoxia financiera, en sucesivas presidencias. Se le reconoce a Alberto Fujimori haber puesto las bases de esa estabilidad económica, pero luego cada presidente, incluido el izquierdista Ollanta Humala, ha tenido el mérito de haber alimentado ese gran consenso. De Keiko a Kenji Una polarización insalvable de la vida política podría dinamitarlo. Quizá de haber ganado Keiko Fujimori las presidenciales de 2016, que perdió por solo 40.000 votos, el país habría pasado página a sus obsesiones políticas. Un Gobierno razonable, no autoritario, de la hija del expresidente habría tal vez normalizado el apellido. Pero este sigue siendo el principal talismán aglutinador de sus oponentes. En cualquier caso, debido a su corta victoria, Kuczynski quedó expuesto a la presión de Keiko Fujimori en el Congreso, donde Fuerza Popular tiene 71 escaños, frente a los 15 del partido de PPK. El presidente se salvó de un proceso de destitución, votado el 21 de diciembre y relacionado con acusaciones de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, gracias a que 10 diputados de Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori, hijo también del expresidente y enfrentado a su hermana, rompieron las directrices de su grupo y apoyaron a PPK. Tres días después, el indulto venía a desvelar un pacto secreto. La situación política previa, que había debilitado notablemente a Kuczynski, se ha enrarecido aún más. Según Pulso País, de la encuestadora Datum, el 36% de los peruanos cree que ahora la dirección del fujimorismo la ha retomado el anciano patriarca al salir de prisión. Por su parte, el 35% estima que su hija Keiko, la cual ha mantenido distancias respecto a su padre, sigue siendo la referencia política de Fuerza Popular. Dada la división del centro y la izquierda, Fuerza Popular sigue siendo el primer partido. No obstante, es el otro hijo del indultado, Kenji Fujimori, quien se ha visto beneficiado por los últimos movimientos, al superar en valoración (35%) a su hermana (28%), cuando en diciembre era prácticamente la revés. Papa y Cumbre de las Américas Así las cosas, es difícil prever si Kuczynski logrará recomponer su autoridad, lastrada por el caso Odebrecht y por un indulto que ha parecido otorgado para evitar la caída por ese caso. La llegada del Papa esta semana y la celebración de la Cumbre de las Américas a mediados de abril, en la que se reunirán todos los presidentes del continente americano, serán posiblemente plataformas que aproveche la oposición para hacer oír internacionalmente sus críticas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La tensión entre Venezuela y Colombia, al rojo vivo tras el «atentado» a Maduro
Al presidente Juan Manuel Santos la noticia lo pilló en la celebración del bautizo de su nieta Celeste. A esa hora de la noche, excepto la prensa nacional e internacional, nadie estaba atento a los sucesos en el vecino país. Tal vez de allí escueta reacción de fuentes del Palacio de Nariño ante las afirmaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalando como responsable del supuesto atentado que había sufrido a Santos. «No tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta y no a tumbar gobiernos extranjeros», dijo inicialmente una fuente del gobierno. Se referían a la alocución nacional por radio y televisión en la que el presidente venezolano afirmó: «Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas». Y aclaró también que del supuesto ataque con drones lo salvó un «escudo de amor». En paralelo, mientras algunos periodistas y vecinos del lugar afirmaban que se trató del estallido de una bombona en un edificio y no de un ataque con drones cargados de explosivos, la periodista venezolana Patricia Poleo, desde el exilio en Miami, lanzaba una exclusiva por las redes sociales con un supuesto comunicado recibido por parte de militares activos opuestos al gobierno. En él hablan de la Operación Fénix para derrocar el régimen de Maduro, declaración que hasta ahora no ha sido confirmada por nadie y se suma al disparate mediático que sucede en este tipo de situaciones. En este escenario siempre delirante, ¿qué más se puede decir ante las reiteradas acusaciones del régimen vecino? A esta hora, ni el presidente electo Iván Duque ni líderes de izquierda como Gustavo Petro le han dedicado ni un trino a condenar el atentado o a rechazar las acusaciones contra Santos. Todos han aprendido aquello de que, a acusaciones necias, oídos sordos. Por su parte, y ya de manera oficial, la Cancillería colombiana emitió un comunicado de prensa casi a medianoche del sábado en el que rechazaba las acusaciones en contra del mandatario colombiano, calificándolas de absurdas y carentes de fundamento. Y reiteró lo que a nadie sorprende: «Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación». Mientras tanto, como también es normal, las fuerzas armadas colombianas permanecían atentas a cualquier otra acción del presidente venezolano. La crisis que no cesa Las complejas relaciones con Venezuela han sido cruciales en los ocho años del gobierno de Santos y seguirán siendo el punto neurálgico durante el mandato de Duque, quien insiste en su promesa de denunciarlo formalmente ante la Corte Penal Internacional, aunque por ahora está concentrado en afinar los 100 primeros días de gobierno y no a darle pábulo a las acusaciones de Maduro contra Santos. Precisamente para tratar el tema bilateral y revisar las acciones para atender el incesante flujo migratorio de venezolanos, el viernes pasado el presidente colombiano invitó a su sucesor a revisar la agenda bilateral, a la que le dedicaron varias horas de trabajo. Ante su inminente llegada a la presidencia y terminados los discursos de campaña electoral, la posición y acciones efectivas que asuma el gobierno de Duque frente a su homólogo venezolano serán determinantes para la seguridad nacional colombiana, para la estabilidad regional y en el manejo de una eventual reacción de fuerza del régimen vecino para mantenerse en el poder a sangre y fuego ante la profunda crisis que padecen los venezolanos. La semana pasada, en diálogo con la revista Semana, la canciller María Ángela Holguín, quien ha acompañado a Santos a lo largo de sus ocho años de mandato, hizo un balance de la complicada relación entre los dos gobiernos. «Desafortunadamente, siempre Venezuela ha sido un tema difícil para todos los cancilleres, pero aquí empeoró una situación interna en Venezuela. Este flujo de migrantes que se incrementó en el último año es una angustia permanente para el país», dijo. La ministra habló de los intentos del gobierno colombiano por sentar a dialogar a la oposición venezolana con el gobierno de Maduro, declarando ya abiertamente el fracaso de esas gestiones. Y ante la pregunta del cambio en la posición de Colombia hacia el vecino, cuando al inicio de su mandato Santos lanzó la controvertida afirmación de que Chávez era su «nuevo mejor amigo», Holguín respondió: «Cuando empezó el gobierno sí tratamos de tener una relación medianamente buena, en donde trabajáramos en temas que fueran positivos para los dos países. Pero definitivamente en abril de 2016, cuando el Tribunal Supremo decide desconocer a la Asamblea Nacional se da un quiebre a la democracia venezolana, que ya era un hecho, tomamos distancia, retiramos al embajador y desde entonces prácticamente no tenemos relaciones». Efectivamente, pensando en una negociación con las Farc, cuyos líderes estaban amparados por el régimen vecino, así como lo están hoy los líderes de la guerrilla del ELN, el gobierno de Santos procuró acercamientos y los buenos oficios de Hugo Chávez, quien fue instrumental para que la mesa de negociación en La Habana empezara en 2012. A todos les interesaba estar allí sentados: al gobierno Santos, para cumplir con su promesa de paz, al gobierno de Chávez para tener un escenario internacional un poco más favorable e injerencia en los asuntos de Colombia, y a las guerrillas para mantener su santuario, un aliado externo y aprovechar la atención mundial. Los detractores de los acuerdos y duros opositores al gobierno Santos supieron aprovechar las circunstancias calificándolo de «castro-chavista», asentando en el imaginario colombiano que este gobierno conduciría al país al precipicio venezolano. El tiempo probó lo contrario: este 7 de agosto, tras unas elecciones sin contratiempos y con participación histórica, Santos entrega el mando precisamente a sus detractores. Caballitos de batalla Durante muchos años, las crisis en las relaciones entre Colombia y Venezuela fueron tramitadas con el respaldo de la dirigencia política del país, plantando frente unido pero muy diplomático ante situaciones derivadas del diferendo limítrofe y la seguridad en los más de 2.000 kilómetros de frontera compartida. Con la llegada de Hugo Chávez (1999-2013) y Álvaro Uribe (2002-2010) al poder ese modelo de respuesta cambió y cada vez más se mediatizó la relación, llevándola primero ante los micrófonos que a los salones de las cancillerías. Si bien la crispación siempre fue alta, nunca hubo ruptura definitiva de relaciones, pero ese esquema de tensión y agresión sobrevivió a Chávez y se convirtió en el modo de operar de su sucesor. Los tiempos han cambiado y la crisis venezolana solo empeora. Mientras Colombia avanza pacíficamente en el cambio de gobierno, la batalla por el poder en Venezuela abre un nuevo frente en Bogotá, donde el Tribunal Supremo «en el exilio» está reunido desde el pasado 2 de agosto para adelantar el juicio oral y público contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht, según fue denunciado por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. Pero Maduro hoy anda en otras cosas, denunciando atentados con drones e inventando responsables, para dejar nuevamente el futuro de su país en el aire.
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