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Un informe documenta los «abusos sistemáticos» en Venezuela contra manifestantes y opositores

29-11-2017 - Fuente: abc.es
Un informe documenta los «abusos sistemáticos» en Venezuela contra manifestantes y opositores
Human Rights Watch (HRW) y la organización venezolana Foro Penal han denunciado este miércoles que el Gobierno venezolano emplea «de forma sistemática» la fuerza bruta, incluida la tortura contra manifestantes, críticos y opositores políticos. El informe «Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela» se apoya en las denuncias de 120 personas, incluidas víctimas y familiares, abogados afiliados al Foro Penal y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones. La investigación documenta 88 casos sobre, al menos, 314 personas, muchas de las cuales han asegurado haber sufrido graves violaciones de los Derechos Humanos en Caracas y otros 13 estados entre abril y septiembre de 2017. «Los abusos sistemáticos y generalizados contra los opositores del Gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles», ha dicho el director para América de HRW, José Miguel Vivanco. «No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», ha denunciado Vivanco. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha denunciado que «desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas». «Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías básicas del debido proceso», ha explicado Romero. Según el informe, al menos 757 civiles han sido juzgados en tribunales militares por delitos que incluyen traición a la patria y rebelión militar, lo que supone una violación del Derecho Internacional. Human Rights Watch y Foro Penal han compartido las conclusiones del informe con el Tribunal Penal Internacional y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los Derechos Humanos en el país. «Hay altos funcionarios venezolanos que son responsables por graves abusos, que están siendo cometidos por sus subordinados», ha denunciado Vivanco. «Los gobiernos comprometidos con la crisis venezolana deberían enviar un mensaje claro al Gobierno venezolano, que no está demostrando tener la capacidad o la voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente por los abusos que cometen", ha dicho Vivanco, quien ha instado a la comunidad internacional a promover la justicia». Fuerzas de seguridad Según los denunciantes, las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza bruta en la calles, donde se han realizado detenciones arbitrarias y se ha golpeado violentamente a los detenidos, torturándolos mediante descargas eléctricas, asfixia y agresiones sexuales. En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en las celdas de confinamiento, donde hacinaron a los detenidos por períodos prolongados y les negaron el acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excrementos, cenizas de cigarrillos e insectos. Ernesto Martín (pseudónimo), de 34 años, ha contado a HRW que fue detenido en su casa por haber criticado públicamente al Gobierno y ha asegurado que fue torturado para confesar que tenía supuestos nexos con la oposición. «No soy un líder político ni una figura pública, soy un ciudadano de a pie», ha declarado Ernesto. Human Rights Watch y Foro Penal han sugerido que el propósito de los abusos físicos y psicológicos no fue dispersar las protestas, sino castigar a las personas por sus opiniones políticas. A pesar de la evidente violación de Derechos Humanos, HRW y Foro Penal han declarado que no tienen constancia de que se hayan adoptado medidas para prevenir y sancionar a las fuerzas de seguridad. Por el contrario, han lamentado en el informe, a menudo las autoridades han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido «con total inverosimilitud». Casos de abusos de las fuerzas de seguridad Ernesto Martín (seudónimo) (34), Caracas. En abril, agentes de inteligencia detuvieron a Martin después de que este criticara públicamente al gobierno. Dijo que agentes le esposaron las manos y los tobillos, lo colgaron del techo y le aplicaron descargas eléctricas mientras le preguntaban por sus vínculos con la oposición. Afirmó haber sido golpeado y amenazado de muerte. Durante semanas, no se permitió a Martin ver a su familia, su abogado ni a un juez. Lo liberaron luego de advertirle que no podría hablar de política en sus redes sociales. Martin huyó del país. Alejandro Pérez Castilla (seudónimo) (32), estado Carabobo. El 26 de julio, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a Pérez durante una manifestación. Contó que lo subieron a un vehículo blindado, donde lo golpearon durante horas, le pisotearon los dedos de la mano, le presionaron el rostro contra los genitales de uno de los guardias y amenazaron con violar a su hija. Según dijo, mientras estaba detenido, los agentes le frotaron polvo de gas lacrimógeno en el rostro, los ojos, la nariz, y en las heridas de perdigones provocadas por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Explicó que lo golpearon guardias mientras estaba colgando esposado de la carcasa de un aire acondicionado, y que apenas podía tocar el piso. Contó que, más tarde, lo obligaron a sentarse esposado a un banco metálico y le aplicaron un arma paralizante en la pantorrilla. Relató que los agentes también detonaron un cartucho de gas lacrimógeno dentro de su pequeña celda y luego cerraron la puerta. Orlando Moreno (26), estado Monagas. El 27 de junio, agentes de la policía del estado Monagas detuvieron a Moreno cuando se retiraba de una manifestación contra el gobierno. Según contó, mientras estuvo detenido, agentes de la GNB lo colgaron de un tanque de agua elevado desde donde apenas podía tocar el piso con los pies, y lo golpearon reiteradas veces para intentar obligarlo a filmar un video incriminando a líderes de la oposición, incluida María Corina Machado, la dirigente del partido que él representaba en Monagas, en relación con el financiamiento de las protestas. Armando López Carrera (seudónimo) (17), estado Carabobo. López contó que, el 20 de julio, miembros de la GNB lo arrestaron durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Detalló que durante la detención fue obligado por agentes a caminar en cuclillas, le dieron golpes con palos, le cortaron el cabello, lo golpearon y lo obligaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar, y también a inclinarse y mantenerse en equilibrio sobre pies y cabeza, sin usar las manos, por cerca de cinco minutos. Contó que permaneció hacinado con otras personas en una celda de castigo varios días. Reny Elías (35), estado Zulia. El 20 de julio, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Elías en su vivienda, sin una orden judicial, y lo golpearon con sus escudos y cascos, según contó Elías, mientras lo arrastraban hacia afuera jalándolo del cabello. Contó que, mientras estuvo detenido, varios agentes lo golpearon con sus fusiles y con cascos, lo obligaron permanecer acostado en el piso mientras caminaban sobre su espalda y le arrojaron agua y polvo para gas lacrimógeno en el rostro. Manifestó que presenció la violación de otro detenido con un palo de escoba, y que vio cómo acosaban sexualmente a mujeres detenidas.