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Bolivia se da casi cinco meses para celebrar las nuevas elecciones

25-11-2019 - Fuente: abc.es
Bolivia se da casi cinco meses para celebrar las nuevas elecciones
«Llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia». Así cerró este domingo su intervención la presidenta interina del país andino, Jeanine Áñez, tras estampar su firma en la ley que anula las elecciones fraudulentas del pasado 20 y establece la celebración de unas nuevas. Tras su aprobación por unanimidad en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa a lo largo del sábado, Áñez promulgó la llamada Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que impedirá presentarse como candidatos ejercer dos mandatos consecutivos en sus cargos y deja fuera, por tanto, al expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, ambos ahora en México como asilados políticos. «Queridos compatriotas: nadie se rinde, nadie se cansa; estoy muy orgullosa de esta ley», recalcó Áñez. Para celebrar las nuevas elecciones la Asamblea Legislativa debe designar a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral, para lo que se establece un plazo de 20 días tras la entrada en vigor de la ley. Una vez que tomen posesión, tendrán dos días para aprobar el calendario de las elecciones. Las elecciones se tendrán que celebrar en el plazo de 120 días a partir de entonces, por lo que en total podrían demorarse casi cinco meses a partir de ahora. Estos plazos permiten superar el actual mandato de los legisladores y de la presidencia, que concluye el 22 de enero, y por lo tanto que Jeanine Áñez siga como mandataria transitoria más allá de esa fecha. Morales podrá regresar a su país si lo desea, ya que no tiene prohibida la entrada, pero el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, advirtió de que se arriesga a ser procesado judicialmente, según recoge Efe. Entre tanto, la mesa de diálogo creada el sábado con la participación del Gobierno, organizaciones sociales y legisladores consensuó otro proyecto de ley para dar garantías de seguridad y derechos políticos y garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se haga por la vía constitucional y legal, informa Ep. Además, pactó renegociar el Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en su intervención contra las protestas contra.